El cateo comenzó el viernes 11 de septiembre y terminó la madrugada del sábado. La PGR informó de ello hasta el domingo 20 de septiembre, en un comunicado de prensa.
Los elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) que “sembraron” un arma de fuego al abogado de Infraiber, Paulo Díez, son los mismos que catearon las oficinas de esa compañía durante 16 horas y sacaron al menos 14 cajas cerradas con cinta canela, después que la empresa OHL la denunció por espionaje, según videos obtenidos por Aristegui Noticias. El pasado domingo, la PGR informó que cateó un centro de espionaje que operaba en el noveno piso de un edificio de la calle Campos Elíseos, colonia Polanco; aunque no lo aclaró en su boletín, se trata de las oficinas de Infraiber. La detención de Paulo Díez ocurrió el lunes 7 de septiembre. Un video publicado por Aristegui Noticias muestra que un elemento de PGR colocó un arma de fuego en el automóvil del abogado. El representante legal de Infraiber fue liberado la tarde del miércoles 9 de septiembre luego de pagar una fianza, aunque sigue sujeto a proceso judicial. El jueves 10 de septiembre, OHL informó a sus accionistas que había iniciado una demanda contra Infraiber por espionaje, a la cual acusó de intervenir comunicaciones de sus directivos con funcionarios federales, como el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. En esas grabaciones, los miembros de OHL habrían solicitado ayuda del presidente Enrique Peña Nieto para solucionar un conflicto de cobranza carretera con Infraiber. Un día después que OHL informó de la denuncia, funcionarios de PGR catearon las oficinas de la empresa Infraiber. Videos obtenidos por Aristegui Noticias muestran que 18 elementos de la PGR entraron a las oficinas de Infraiber a las 12:48 horas del viernes 11 de septiembre. La mayoría de los funcionarios vestían traje negro, algunos llevaban cámaras de video y fotografía. Los que más destacan portaban las insignias de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Los videos fueron captados en la entrada de las oficinas. Son cortes de un video que originalmente abarcó desde las 12:48 horas del viernes 11 de septiembre hasta las 5:19 horas del sábado 12. En el material se aprecia la entrada y salida de funcionarios. A las 14:49 horas tres elementos llegaron al piso nueve con cinta canela y un rollo de burbujas protectoras. Es hasta las 5:01 horas del sábado cuando los elementos de PGR sacan 14 cajas cerradas con cinta canela. Entre las 5:03 y 5:06 salen tres mujeres cargando carpetas y paquetes de hojas. Al comparar los videos de la detención de Paulo Díez y el cateo, se aprecia que al menos cuatro elementos participaron en ambas acciones, incluyendo al policía que colocó un arma de fuego en el auto del abogado. A las 13:45 horas, dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal vigilan la entrada del edificio donde están las oficinas de Infraiber; son los mismos policías que bajaron de una camioneta blanca en la detención de Paulo Díez, aunque en ese operativo iban vestidos de civil. Uno de los dos elementos fue el encargado de colocar un arma de fuego en el automóvil del abogado, según el video publicado por Aristegui Noticias.
A las 13:45 horas, dos elementos vigilan la entrada del edificio donde están las oficinas de Infraiber; sus rasgos físicos coinciden con los de los policías que bajaron de una camioneta blanca en la detención de Paulo Díez, uno de los cuales fue el encargado de colocar un arma de fuego en el automóvil del abogado, según el video publicado por Aristegui Noticias.
Un hombre de lentes oscuros y corbata de color claro está en ambos videos y, al parecer, iba al mando de las acciones.
Durante la detención fue el encargado de presentarse con Paulo Díez, solicitarle sus documentos y exponerle el motivo de la detención. Durante el cateo el mismo hombre aparece platicando con dos personas que salieron de las oficinas de Infraiber.
La mujer que sacó un arma de fuego en el auto de Paulo Díez también participó en el cateo. En el operativo del 7 de septiembre la mujer grabó la revisión que se hizo al vehículo del abogado y fue la encargada de sacar el arma de fuego que previamente “sembró” uno de sus compañeros.
Durante el cateo la oficial vestía el uniforme de la Agencia de Investigación Criminal y se le aprecia entrando y saliendo del edificio en varios momentos.
A las 2:59 horas del sábado 12 de septiembre, salió de las oficinas para sacar una foto con su celular desde la zona de elevadores.
El abogado Díez fue quien entregó el video a Aristegui Noticias y también lo llevó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde ya presentó una queja. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
No se trata de un caso de desaparición forzada, dijo Samuel González Ruiz, consejero de Alto al Secuestro; Wallace, presidenta de la asociación, opinó que la Oficina de Drogas y el Delito de la ONU es el organismo que debe investigar.
La asociación Alto al Secuestro, presidida por Isabel Miranda de Wallace, pidió que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deje el caso Ayotzinapa. Miranda de Wallace y Samuel González, exfuncionario de la PGR y consejero de la agrupación, expusieron el lunes 21 que hay conflicto de interés y se ha politizado el caso, además de subrayar que no sólo es un tema de derechos humanos sino legal. Lo que sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, mencionó González Ruiz, es técnicamente un secuestro y en consecuencia debió haber sido tratado como elemento criminal y no mandar reporte de derechos humanos, que tiene criterios diferentes al penal. “Hay que exigir que salgan los actores políticos estrictamente del terreno legal y de análisis para poder llegar a una verdad y no tratarlo solamente de manera política”, dijo en conferencia de prensa. A decir de Miranda de Wallace, la Oficina de Drogas y Crimen de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la que debe intervenir y coadyuvar en este caso, “porque en estos momentos hay un conflicto con un reporte de derechos humanos y con otro que tiene que ver con delito y droga”. La activista también aseguró que existen conflictos de interés en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien al ser mexicano no puede conocer de conflictos en México.
Samuel González Ruiz, consejero de Alto al Secuestro, abundó que “una confusión radical y tajante, error gravísimo del gobierno mexicano” es no conocer el reglamento del personal de la OEA. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: La empresa inmobiliaria Abilia, propiedad de María Asunción Aramburuzabala, ganó el recurso de reclamación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Distrito Federal para reanudar la obra en la calle Rubén Darío número 225, confirmaron fuentes de la empresa y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) del gobierno capitalino. Ante tal decisión jurídica, esta semana deberán levantarse los sellos de clausura en el desarrollo inmobiliario que detonó una denuncia pública y una demanda penal de la empresaria Aramburuzabala contra Adriana Pérez Romo, esposa del conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga, quien –según acusó– intentó extorsionarla con cinco millones de dólares para permitir la obra. Se trata de 122 departamentos en la colonia Polanco, una de las zonas de mayor nivel inmobiliario en la capital del país. Según declaró Aramburuzabala a la revista Proceso (2026), desde septiembre del año pasado, López Dóriga afirmó en sus cuentas de redes sociales que esa obra debía ser clausurada. Además, acusó a la inmobiliaria Abilia de falsificar permisos para derribar árboles. Lo que pocos conocían es que la esposa del conductor estelar de Televisa, Adriana Pérez Romo, estaba en contra del proyecto inmobiliario y amenazó con “hacer todo lo posible para parar la obra”. En la entrevista con este semanario, Aramburuzabala recordó que tuvo dos encuentros con la esposa de López Dóriga para tratar de resolver sus diferencias. Después de las amenazas y de los mensajes del conductor y columnista vía Twitter, el pasado 19 de enero se llevó a cabo un operativo en el que participaron 120 granaderos y 10 patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública del DF para clausurar la obra, pese a que el proyecto original ya había sido modificado antes por Abilia para atender los reclamos de vecinos de las calles colindantes de Lord Byron y Tres Picos. En su demanda penal, Aramburuzabala advirtió que en este operativo de clausura se puso en riesgo “la integridad de los habitantes de los predios aledaños y demás daños que se pudieron haber causado, por el impedimento a la adopción e implementación de medidas mitigatorias urgentes y necesarias”. A nombre de supuestos comités vecinales y de 11 habitantes del edificio contiguo de Rubén Darío 223, la esposa de López Dóriga emprendió acciones públicas para solicitar la suspensión de la obra. El INVEA autorizó dos clausuras consecutivas, con el argumento de que se incurrió en violaciones al uso del suelo en marzo y mayo de 2015. Un mes después, entró a escena el abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba, quien tuvo un encuentro con representantes de la empresa Abilia para extorsionarlos con la entrega de casi 10 millones de dólares: cinco millones para la esposa de López Dóriga, 600 mil dólares por honorarios de él y más de cuatro millones por obras de “mitificación” en la colonia Polanco. A cambio de esa cantidad, los quejosos se desistirían de las acciones vecinales y de las acusaciones ante las autoridades capitalinas en su contra. La amenaza de extorsión fue ventilada públicamente por Aramburuzabala.
Aún está pendiente el desenlace de la demanda penal que interpuso una de las mujeres más ricas del país contra el matrimonio López Dóriga-Pérez, el abogado Becerra Pocoroba y supuestos representantes de vecinos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL.
MÉXICO, D.F: Académicos e investigadores de 16 instituciones de nivel superior en México exigieron al presidente Enrique Peña Nieto el esclarecimiento de todas las “inconsistencias y engaños” contenidos en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero, con saldo de seis muertos y 43 normalistas desaparecidos. En una carta enviada al Ejecutivo, solicitaron que se amplíe de manera indefinida el plazo de estancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), hasta que se aclaren los sucesos, y que se les garantice el acceso a “toda la documentación, personas e instituciones públicas como privadas” que estuvieron vinculadas con los hechos. “Reprobamos la actitud de las autoridades de procuración de justicia federal y del estado de Guerrero por la creación de una historia revictimizante y su insistencia de reconocerla como la verdad histórica. El Estado mexicano debe cumplir con las recomendaciones del informe (del GIEI-CIDH) e investigar a las y los servidores públicos que obstruyeron la justicia”, puntualiza la misiva firmada por 87 académicos e investigadores de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) e Iberoamericana (UIA), entre otras instituciones. El texto, enviado también al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; a la procuradora general de la República, Arely Gómez, y a las cámaras de Diputados y Senadores, destaca que en el informe del GIEI que se hizo público el pasado domingo 6, se informó de diversas “inconsistencias y engaños contenidos en la investigación penal contra las personas responsables de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014”. Añade: “Resulta una ofensa para las víctimas y la sociedad en general, que a un día de la presentación del Informe del GIEI, servidores públicos del más alto nivel en la Procuraduría General de la República se pronunciaran en contra del mismo”. En ese sentido, los firmantes coinciden en que el Estado mexicano debe refrendar su compromiso con las víctimas y el respaldo al GIEI, “con la inmediata destitución de servidores públicos que continuarán obstaculizando la acción de la justicia”. Y consideran que aunque el mandato del GIEI se amplió por un par de meses, ante “la magnitud del trabajo que realizan debe considerarse un plazo indefinido, hasta el esclarecimiento de los hechos”. Además, el Estado mexicano, a través de todas sus autoridades, “debe respaldar públicamente al GIEI, quienes gozan de una alta calidad moral, amplio conocimiento en materia de derechos humanos y experiencias en hechos de igual o mayor magnitud de violaciones de derechos humanos ocurridas en países como Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador y Guatemala”, apunta la misiva. En ese contexto, los académicos e investigadores exigen al gobierno mexicano “el cumplimiento de las recomendaciones” hechas por el Grupo de Expertos de la CIDH y que se individualice la responsabilidad de quienes “actuaron con dolo, mala fe o negligencia, para obstruir la persecución penal de las ejecuciones arbitrarias, tortura y desaparición” ocurridas en Iguala. También piden la participación del GIEI en todas las actuaciones ministeriales que se realicen y su conformidad con la elección de peritos independientes, así como su presencia en la ejecución de las periciales correspondientes.
Finalmente, exigen “no criminalizar las manifestaciones públicas que se realicen, las cuales derivan de la ineficiencia e ineficacia de las instituciones del Estado mexicano para garantizar un acceso a la justicia”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Toda vez que continúa la volatilidad financiera internacional y la incertidumbre por la próxima normalización de la política monetaria en Estados Unidos, además de un menor ritmo de crecimiento de la industria manufacturera de ese país, la economía mexicana seguirá desacelerándose aún más en este y el próximo año, coincidieron este lunes diversos especialistas. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) –que congrega a ejecutivos y analistas de grandes empresas y grupos financieros del país– bajó hoy su pronóstico de crecimiento económico para 2015 y 2016, justamente por esas razones y, en el caso del próximo año, porque además el paquete económico para 2016 “no cuenta con medidas que permitan reactivar nuestro ritmo de crecimiento”. En efecto, el IMEF revisó a la baja su proyección de crecimiento para 2015 a 2.3%, desde el 2.5% que previó en agosto pasado, y desde el 2.8% planteado en julio. Y para 2016 bajó su proyección a 3%, desde el 3.2% que propuso en los dos meses previos. Y como un menor crecimiento económico implica una menor creación de empleos, también en este indicador el IMEF bajó sus expectativas. Para el cierre de 2015, sostiene, se habrán creado 662 mil 500 empleos formales nuevos, que significan 7 mil 500 empleos menos de los pronosticados en agosto y 11 mil 172 menos que los calculados en julio. Y para el cierre de 2016, según el Instituto, se habrán creado 690 mil nuevos empleos, diez mil menos de los pronosticados en agosto y julio. “El ritmo de crecimiento de la economía nacional para el próximo año será modesto, impactado en mayor medida por la incertidumbre global, la cual se extenderá hasta el próximo anuncio de la Reserva Federal”, concluye el IMEF. Por su parte, el grupo financiero Banamex-Citigroup mantuvo sin cambios su expectativa de crecimiento económico para 2015, de 2.3%, en función de que distintas variables –consumo, producción industrial, entre otras– se mantienen en la misma línea de los últimos meses. Sin embargo, para 2016 Banamex recortó de manera severa –cuatro décimas porcentuales menos–, su proyección de crecimiento del PIB a 2.8% desde el 3.2% que planteó el mes pasado. La razón de este ajuste, según Banamex-Citi, es que los riesgos para el crecimiento de la economía nacional en 2016 se incrementaron por la conjunción de estos factores, que impactarán en la economía del país: entorno global complicado, debilidad económica mundial y alta volatilidad financiera; además de la desaceleración de la producción manufacturera de Estados Unidos. Por si eso fuera poco, dice Banamex, el programa económico para 2016 “apunta a que la dinámica de ingresos el próximo año será menos favorable que en 2015, y por lo tanto se acompañó de una propuesta de gasto menor. “El menor déficit público implica un impacto menos favorable sobre el crecimiento económico del año”. Por eso, afirma, “hemos revisado a la baja nuestro pronóstico de crecimiento del PIB para México en 2016, a 2.8% desde 3.2%.
“En el contexto de mayores riesgos externos y limitado impacto fiscal favorable, prevemos ahora resultados para principios del 2016 que mostrarán el impacto de un menor dinamismo de la demanda global, en particular en Estados Unidos, que lo que habíamos anticipado hace un mes”, concluye Banamex. FUENTE: PROCESO. AUTOR: CARLOS ACOSTA CÓRDOVA
Al igual que la Fed, el Banco de México mantuvo sin cambios la tasa de referencia ante la incertidumbre de la economía global.
La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió mantener en 3.0 por ciento el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, en línea con la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, que el jueves pasado también dejó sin cambio sus tasas. En su anuncio de política monetaria, el banco central mexicano explicó que esta decisión de su Junta de Gobierno se toma en virtud de que estima que la postura monetaria vigente es conducente a afianzar la convergencia de la inflación a la meta permanente de 3.0 por ciento. El instituto central apuntó que las condiciones cíclicas de la economía continúan mostrando debilidad, aunado a que la inflación general se ubica por debajo del objetivo, y se espera que continúe así durante 2015. Además, la inflación subyacente en sus dos componentes, de mercancías y de servicios, permanece por debajo de 3.0 por ciento, mientras que las expectativas de inflación están bien ancladas, a pesar de la depreciación de la moneda nacional. Sin embargo, precisó, las posibles acciones de política monetaria por parte de la Reserva Federal podrían tener repercusiones sobre el tipo de cambio, las expectativas de inflación y, por ello, en la dinámica de los precios en México. Por tanto, la Junta de Gobierno del Banxico anunció que se mantendrá atenta en la evolución de los determinantes de la inflación y sus expectativas para horizontes de mediano y largo plazo. En particular, añadió, al traspaso de movimientos del tipo de cambio a los precios del consumidor, a la postura monetaria relativa entre México y Estados Unidos, así como a la evolución del grado de holgura en la economía.
Lo anterior, agregó, con la finalidad de estar en posibilidad de tomar las medidas necesarias con flexibilidad y en el momento en el que las condiciones lo requieran para consolidar la convergencia de la inflación al objetivo de 3.0 por ciento. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
De acuerdo con el equipo de sistemas del diario, se trata de una ofensiva que satura de visitas el portal, para hacerlo caer e impedir que usuarios accedan a él.
El diario La Jornada de Oriente denunció un “ataque sin precedente” en contra de su sitio web, que se encuentra ‘caído’ desde el domingo 20 de septiembre y hasta la tarde de este lunes. “A decir del equipo de sistemas de esta casa editorial, (el ataque) se basa en la saturación de entradas para hacer caer la capacidad de recepción de audiencia”, informó el equipo del medio local poblano. Desde el domingo, los encargados del sistema de La Jornada de Oriente ha encontrado al menos dos direcciones IP (el identificador de un dispositivo en internet), desde las cuales proviene la ofensiva: una alojada en China y la otra en Canadá. Existen dos hipótesis sobre el ataque pues podría tratarse de un “pirata informático” que está dañando directamente a los servidores que el diario utiliza para alojar su página web, o podría tratarse de un ataque “deliberadamente orquestado para dañar los sistemas digitales de este periódico“, aseguró el medio. Mientras se restablece el servicio de la página web de La Jornada de Oriente, la información que usualmente publican en su sitio puede leerse en sus cuentas de Facebook y Twitter. Según los trabajadores del diario, se trata de la tercera ofensiva contra el sitio web.
Así se ha visto el sitio web de La Jornada de Oriente en las últimas horas:
CUERNAVACA, Mor: El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, resucitó a su amigo Jorge Messeguer Guillén, quien perdió la alcaldía de Cuernavaca en la pasada elección, y lo nombró este lunes como secretario de Movilidad y Transporte, en sustitución de Manuel Quijano. Jorge Messeguer es amigo personal de Graco. En 2012 fue su coordinador de campaña y al llegar al gobierno del estado, en octubre de ese año, se convirtió en secretario de Gobierno, cargo que dejó para competir por la presidencia municipal de Cuernavaca en junio pasado, donde se ubicó en el cuarto lugar por debajo de Cuauhtémoc Blanco (PSD), Maricela Velázquez Sánchez (PRI) y Luis Miguel Ramírez Romero (PAN).
Desde hace algunas semanas se rumoraba que Messeguer Guillén podría ocupar la cartera de Movilidad y Transporte, sin embargo, su falta de experiencia en el tema y poco contacto con las agrupaciones de concesionarios hacían poco probable el nombramiento. Este lunes fue oficializado el cambio. FUENTE: PROCESO. AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)
MÉXICO, D.F: Luego de tres años de gestión del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, la mayoría de sus gobernados creen que la situación de la capital ha empeorado. Según una encuesta telefónica de BGC-Excélsior publicada este lunes, 60% piensa que la situación en la ciudad ha empeorado. Esa cifra es cuatro puntos mayor a la del año pasado y 10 más que hace dos años. Su índice de aceptación está en 37%, el más bajo desde que inició su gestión, según la encuesta, lo que representa una caída de 14 puntos con respecto al inicio de su gobierno, cuando 51% estaba de acuerdo con su forma de gobernar. Comparándolo con las gestiones de sus antecesores, la mayoría cree que ha gobernado mejor que Rosario Robles (43%) y que Marcelo Ebrard (41%), sin embargo, comparándolo con su antecesor inmediato, Andrés Manuel López Obrador, la mayoría (46%) considera que ha gobernado peor. A los entrevistados se les preguntó también en general cómo han visto a Mancera como jefe de gobierno y estas fueron las respuestas: El 48% considera que tiene una actitud de dejar las cosas como están, 52% que es incapaz de gobernar, 53% que es incapaz de resolver los problemas de la ciudad, 52% que es falso, 55% que es débil, 57% considera que no tiene experiencia, 62% que no es cercano al pueblo, 50% que se deja manipular y 67% que se enfoca a beneficiar algunos sectores. Al preguntar a los encuestados qué es lo mejor que ha hecho Mancera en sus tres primeros años de gestión, la mayoría, 34% contestó que nada. “La mayoría no logra mencionar algo que le parezca qué es lo mejor que ha realizado Miguel Ángel Mancera durante su gobierno” destaca el diario. Pero las acciones que más señalan son la disminución de la inseguridad (6%), la continuación de los programas sociales (6%), la reparación de la Línea 12 del Metro (6%) y los apoyos a las personas de la tercera edad (5%). Sin embargo, en otra pregunta sobre qué es lo peor que ha hecho Mancera como jefe de gobierno, la línea 12 y la seguridad vuelven a aparecer entre los primeros lugares. El 7% considera que no han avances en la línea 12 del Metro, el 6% que se deja manipular, otro tanto igual que no mejora la seguridad y un 5% que no tener mano dura con los manifestantes y plantones. El 34% no supo o no contestó la pregunta. El pasado 14 de septiembre, previo al tercer informe de gobierno del mandatario capitalino, El Universal publicó una encuesta en la que indicó que Mancera había logrado frenar su caída en la percepción que tiene la ciudadanía sobre su gestión, aunque también reveló que aún el 50% lo rechaza. Según esa encuesta, el mandatario recuperó dos puntos porcentuales con respecto a la medición anterior, al pasar de 24 a 26% de aprobación en general y el índice de desaprobación bajó de 57 a 50%.
Los aspectos negativos que destacó la gente en la medición de El Universal, coinciden con los de la encuesta de Exclesior: No es posible identificar sus logros, no escucha a la población, subir el precio del Metro y no combatir la inseguridad en la ciudad. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México dictó auto de formal prisión en contra Valentín Cárdenas Lerma, exdirector general del Centro Federal de Readaptación Social Número (Cefereso) 1, “Altiplano”, por su participación en la evasión de Joaquín Guzmán Loera, el pasado 11 de julio. De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), Cárdenas Lerma “está siendo procesado por la comisión de delito o delitos contra la salud”, previsto y sancionado en el Artículo 150 del Código Penal Federal. El procesado fue consignado ante la autoridad jurisdiccional por el Ministerio Público de la Federación, por su participación en la comisión del delito de evasión de presos. El pasado viernes 18, La PGR cumplimentó orden de aprehensión en contra de 13 personas como presuntas responsables de la fuga de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, El Chapo. Entre ellos la excoordinadora de penales federales, Celina Oseguera y Valentín Cárdenas Lerma. Entre los detenidos ese día se encuentra también la exdirectora jurídica del penal Leonor García García, quien de inmediato, obtuvo un amparo en contra de la orden de detención. García García, era la responsable de guardia en el momento en que se registró la fuga de Guzmán Loera, por lo que solicitó un juicio de garantías, mismo que fue admitido por el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México. Argumentó que ella cubría la ausencia por descanso del director general del reclusorio, Valentín Cárdenas Lerma, cuando el comandante Vicente Flores Hernández le comunicó que el interno ‘R-5’ ya no estaba en su celda. El resto de los detenidos son Roberto Cruz Bernal, Jaime Galindo Hernández, Osvaldo Gastón Veytia Rodríguez y Miguel Ángel Flores Mirafuentes. También Agustín Jiménez Molina, Herminio González Albarrán, Miguel Ángel Cortes Carrillo, Erick Sorcia Martínez, Arturo Hernández Hernández y Reyes Mota Carrillo. Tanto Celina Oseguera Parra como Víctor Cárdenas Lerma, fueron destituidos de su cargo por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong dos días después de que Guzmán Loera se fugara por segunda ocasión de un penal de máxima seguridad.
El pasado 11 de junio, El Chapo, a través de un túnel, burló a las autoridades del penal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
Aunque el operativo se realizó hace más de una semana, apenas el domingo 20 de septiembre, la PGR reportó, en un comunicado, el aseguramiento del equipo.
Aunque el operativo ocurrió el pasado 11 de septiembre, la PGR reportó hasta ayer que “en cumplimiento a una orden de cateo… localizó diversos artefactos electrónicos, de telefonía y de cómputo, que al parecer constituyen objetos en la comisión del delito de intervención de comunicaciones privadas previsto en el artículo 117 del Código Penal Federal”, en las oficinas de Infraiber -ubicadas en Polanco-, empresa en disputa con OHL, la misma a cuyo abogado le fue sembrada una pistola. “Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos de la PGR se constituyeron en un apartamento ubicado en el noveno piso de la calle de Campos Elíseos colonia Polanco del Distrito Federal, y cumplimentaron el mandamiento obsequiado por un Juez Penal Federal en la materia”, detalló la Procuraduría. “En ese inmueble fueron asegurados: un dispositivo electrónico con audífonos y puntas de conexión, 21 discos flexibles de 3 ½ pulgadas, 442 discos compactos de diferentes marcas y capacidades, dos discos duros internos, 10 equipos de cómputo portátiles, cuatro computadoras de escritorio, dos grabadoras de audio y video, así como cinco teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos”, detalló. “También fueron encontrados siete equipos de radio comunicación, tres CPU, cinco discos duros, tres equipos de cómputo todo en uno, siete Tablets, un adaptador de memoria Micro SD, dos cámaras digitales, 43 memorias USB y un dispositivo móvil de alta tecnología”, añadió. La PGR recordó que el artículo 117 del Código Penal Federal establece que “a quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa”. Los objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien integra la averiguación previa correspondiente, relacionada con las llamadas intervenidas a directivos de OHL. El 11 de septiembre, elementos de la PGR irrumpieron en las oficinas de Infraiber en busca de evidencias que acrediten el presunto espionaje telefónico a directivos de OHL México, denunciado por esta empresa.
Infraiber ha manifestado su temor de que la Procuraduría hubiera sembrado pruebas en sus instalaciones o sus equipos de cómputo durante el cateo, luego de que agentes de la dependencia sembraran un arma al representante legal de la compañía, Paulo Díez Gargari, en hechos ocurridos el pasado 7 de septiembre, unos días antes del cateo:
Las iglesias, los partidos políticos, las asociaciones civiles que protegen animales, personas, el medio ambiente o que trabajan por el bienestar del país están hoy bajo la severa lupa de la Secretaría de Hacienda: se les vigila para saber si lavan dinero obtenido ilícitamente por los cárteles, por políticos o empresarios. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFIPORPI) comúnmente llamada Ley anti-lavado afecta directamente a toda la población mexicana. En el 2012, México se vio forzado a aprobar esta ley por pertenecer al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental establecido en 1989 por el G7 a fin de crear y respetar estándares legales para combatir el lavado de dinero. México se convirtió en miembro del GAFI apenas en el año 2000 y es uno de los 34 países miembros. Esta ley, afinada en 2014, establece que todas las organizaciones de la Sociedad Civil que reciben donativos deben cumplirla para evitar que el dinero obtenido ilegalmente pase por las cuentas bancarias de las organizaciones civiles, desde Fundación Televisa hasta partidos políticos y la asociación civil más modesta, todas deben cumplirla, aunque no todas lo hacen. Para esta ley recibir donativos es una actividad vulnerable, de allí que las asociaciones civiles, con o sin registro CLUNI, deben cumplirla y completar los reportes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), además deben inscribirse en el portal https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html Pero no solamente las asociaciones civiles están obligadas; se investiga a cualquiera que pague sus tarjetas de crédito en efectivo por más de 10 mil pesos, a quien compre cheques de viajero o haga operaciones de inmuebles y joyas, obras de arte y ventas de vehículos o jueguen en casinos o lotería. Cuando un donante excede los $112 mil pesos la organización está obligada a crear un expediente con formato oficial para la inspección de Hacienda. Si rebasa los $225 mil pesos la organización está obligada a notificar inmediatamente al SAT. Aunque los donativos sean en especie: alimentos, ropa, medicamentos, quien los recibe debe hacer avalúo y reportar a la autoridad. Aunque no se reciban esos montos se debe presentar un informe mensual en ceros. Las multas por omisión pueden ser millonarias y en algunos casos la cárcel es el castigo. Según un estudio elaborado por la consultora Guadalupe Mendoza Trejo, el 93% de las organizaciones civiles mexicanas admiten que esta ley impone una intensa sobrecarga administrativa y que en muchos casos no logran convencer a sus donantes, mexicanos o extranjeros, de proporcionar toda la información financiera que exige la Secretaría de Hacienda. El 40% de las asociaciones ha tenido que invertir en el pago de consultores externos para poder cumplir la ley, el 21% apenas sobreviven pagando sueldos miserables a quienes defienden víctimas o llevan a cabo labores de desarrollo social, de allí que les sea imposible contratar a consultores que pueden costar hasta 100 mil pesos anuales. Esta ley exige la transparencia total de toda organización, empresa y persona que maneja dinero en México, incluso de las instancias gubernamentales que otorgan donativos bajo concurso. Con razón varias donatarias internacionales temen por la seguridad de su información delicada, ya que esta ley exige la violación del secreto bancario y la obtención de datos personales de personas millonarias que deciden apoyar acciones humanitarias. Todas las asociaciones, por pequeñas que sean, deben contar con sistemas informáticos e internet de primera calidad.
Sin duda esta ley es una buena noticia en un país de opacidad sistémica; ahora las notarías, que acostumbran cobrar en efectivo, se verán obligadas a transparentar sus transacciones y veremos qué hacen los grandes periódicos que reciben sumas millonarias en efectivo por anuncios, prebendas y favores políticos. También habrá que asegurarse que la transparencia aplique a todos, incluyendo el propio secretario Videgaray y sus inversiones en bienes raíces, o el ex gobernador Félix González Canto y sus “casas fuertes”, pequeñas casas blindadas con altos sistemas de seguridad para guardar el dinero en efectivo obtenido por actos de corrupción y extorsión al empresariado. Veremos también si los operadores políticos no utilizan al SAT para perseguir a las organizaciones civiles que defienden los Derechos Humanos, la libertad de expresión y otras acciones cívicas que ejercen presión sobre el Estado. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: LYDIA CACHO.
MÉXICO, D.F: Detenida el pasado viernes como presunta responsable en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, la excoordinadora de los penales federales, Celina Oseguera Parra solicitó un amparo en contra de la orden de aprehensión y para evitar ser incomunicada. El recuso quedó radicado en el juzgado Sexto de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal. La exfuncionaria obtuvo la “suspensión provisional”, sin que ello signifique un cambio en su situación de indiciada como una de las personas responsables de la fuga del capo sinaloense, el 11 de julio pasado, del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el estado de México. Hasta ese día, Oseguera Parra era la coordinadora de los Centros Federales de Readaptación Social. Su cese fue inmediato tras la fuga, según informó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Por ahora, es la exfuncionaria de más alto nivel detenida. Desde el viernes pasado, Oseguera Parra está interna en el penal femenil de Tepic, Nayarit. Ese mismo día tramitó el amparo. El juzgado Sexto está por definir la fecha en que resolverá el recurso, según la información publicada por el Consejo de la Judicatura Federal. Oseguera y otras 12 personas más, incluido el exdirector del penal del Altiplano, Valentín Cárdenas, fueron detenidos el viernes por la Procuraduría General de la República (PGR).
La acusación penal contra los exfuncionarios acusados está a cargo del juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, en el estado de México, radicado en el penal del Altiplano. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
MÉXICO, D.F: El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, afirmó que no hubo motín el viernes pasado en el interior del penal del Altiplano, en Almoloya, Estado de México, y que se trató sólo de una protesta en el módulo uno, debido a que algunos reos “no quisieron tomar el desayuno”. “No hubo motín. No, para nada. Algunos de los internos no quisieron tomar el desayuno, eso no podemos calificarlo como motín”, minimizó el funcionario en entrevista con Radio Fórmula. El pasado viernes, aclaró, hubo algunos incidentes menores en el módulo uno, mientras se llevaba a cabo una revisión “para evitar hechos graves”,. Según Sales Heredia, después de hablar con los internos que no quisieron tomar el desayuno, accedieron a tomar sus alimentos. En el módulo uno, a donde fueron transferidos los presos de alta peligrosidad del área de Tratamientos Especiales, se encuentran, entre otros: Héctor Beltrán Leyva, exlíder del Cártel de los Beltrán Leyva; Servando Gómez Martínez “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios; Edgar Valdés Villarreal “La Barbie”; Mario Cárdenas Guillén, del Cártel del Golfo; Arturo Martínez Herrera, José Bernabé Brizuela Meraz “La Vaca”, operador del Cártel de Juárez, y George Khouri. El viernes pasado, la periodista Anabel Hernández informó a través de este medio que la inconformidad entre los presos comenzó la madrugada del viernes pasado, alrededor de las cinco de la mañana, tras un operativo encabezado por policías federales en el que irrumpieron en las celdas de los más de mil prisioneros de todos los módulos y quitaron televisiones y relojes a todos los reclusos. Según testimonios recabados por la periodista, las protestas se mantuvieron sábado y domingo e incluyó la quema de colchones en el módulo 2. Los del módulo uno, por su parte, iniciaron una huelga de hambre que se mantenía al menos hasta el domingo pasado. El operativo y las protestas fueron confirmadas el pasado domingo a la periodista y colaboradora de Proceso, por familiares de reclusos de distintos módulos y abogados de defensa, entre ellos el litigante José Luis Cobián. Los televisores y relojes quitados a los presos, explicó Cobián, fueron en cada caso autorizados por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Cefereso, que depende del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS). Por ello, explicó, no es ilegal que los internos los tengan y no hay una ley que lo prohíba por lo que la acción de retirárselos, “fue arbitraria y afecta la seguridad jurídica y garantía de audiencia de todos los internos”, señaló. Las protestas, según los testimonios, empeoraron tras la visita que hizo al penal el 19 de septiembre Renato Sales. La CNS emitió el domingo pasado un boletín de prensa e informó de la visita de Sales a El Altiplano pero no mencionó nada de la protesta. Hoy, en la entrevista con Radio Fórmula afirmó que todo se limitó a que algunos internos se negaban a tomar su desayuno. Sales, llegó el sábado al penal en medio de un fuerte dispositivo militar y de la PF. Se señaló que durante su visita hubo actos de insultos y agresión contra los internos que empeoraron el clima en el interior del penal. En el comunicado que emitió el domingo pasado la CNS indicó que la visita de Sales Heredia al Altiplano “sirvió para conocer los protocolos de seguridad que se aplican, los filtros de acceso que existen y supervisar en general cómo está operando el centro. Durante la entrevista de este lunes, el comisionado dijo que el penal del Altiplano “tiene algunas áreas que se mantienen tal como cuando fue creado, en los años noventa; hay que actualizar mecanismos de seguridad”. En general, abundó, es preciso llevar a cabo una revisión en todo el sistema carcelario nacional y reformular todo el sistema penitenciario porque “las condiciones de los penales son lamentabilísimas”. Sales Heredia añadió que, así como se revisarán penales federales, se hará lo mismo con las estatales, “corresponsabilizando a los gobernadores de este tema, tan sensible y tan olvidado” y “poniendo especial énfasis en el tema de orden y disciplina”; así como en el cumplimiento de la condiciones para el internamiento de reclusos.
El penal de máxima de seguridad del Altiplano, ha estado en la mira en los últimos meses por la fuga el pasado 11 de julio, del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo Guzmán”, quien a la fecha permanece prófugo. Además, a principios de septiembre fue encontrado muerto en su celda Sigifredo Nájera Talamantes “El Canicón”, supuestamente por una sobredosis de droga, cuando se supone que en el penal de máxima seguridad hay todos los filtros para que esas sustancias no ingresen. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El viernes 18 de septiembre aproximadamente a las 5 de la mañana en el penal de máxima seguridad Cefereso No. 1, mejor conocido como El Altiplano, en Almoloya, Estado de México, se llevó a cabo un operativo encabezado por policías federales en el que irrumpieron en las celdas de los más de mil prisioneros de todos los módulos y quitaron televisiones y relojes a todos los reclusos. Desde ese día iniciaron las protestas de los internos. De acuerdo a la información recabada el sábado 19 y este domingo 20, la revuelta llegó a la quema de colchones en el módulo 2, lo cual representa un incidente nunca antes conocido dentro de una cárcel de máxima seguridad en México. El 11 de julio pasado escapó de esa prisión el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera El Chapo Guzmán, quien hasta la fecha permanece prófugo. Y a principios de septiembre fue encontrado muerto en su celda Sigifredo Nájera Talamantes El Canicón, supuestamente por una sobredosis de droga según dijo el gobierno federal, cuando se supone que en el penal de máxima seguridad hay todos los filtros para que esas sustancias no ingresen. Como parte de las protestas en El Altiplano, al menos 20 internos del módulo 1, a donde fueron transferidos los presos de alta peligrosidad del área de Tratamientos Especiales, iniciaron el viernes 17 una huelga de hambre que se mantenía al menos hasta este domingo 20. Entre los presos del módulo 1 están Héctor Beltrán Leyva, exlíder del Cártel de los Beltrán Leyva; Servando Gómez Martínez La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios; Edgar Valdés Villarreal La Barbie; Mario Cárdenas Guillén, del Cártel del Golfo; Arturo Martínez Herrera, José Bernabé Brizuela Meraz La Vaca, operador del Cártel de Juárez, y George Khouri. El operativo y las protestas fueron confirmadas hoy domingo a Proceso por familiares de reclusos de distintos módulos y abogados de defensa, entre ellos el litigante José Luis Cobián. Los televisores y relojes quitados a los presos, explicó Cobián, fueron en cada caso autorizados por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Cefereso, que depende del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS). “No es ilegal tenerlos, fue autorizado y no hay una ley que lo prohíba por lo que la acción (de quitarlos) fue arbitraria y afecta la seguridad jurídica y garantía de audiencia de todos los internos”, señaló. “Hay un descontento muy grande”, confirmó uno de los familiares que apenas el sábado visitó a uno de los internos y que pidió se reservara su nombre. Las protestas empeoraron tras la visita que hizo al penal el 19 de septiembre Renato Sales, recién nombrado comisionado nacional de Seguridad. La CNS emitió hoy un boletín de prensa e informó de la visita de Sales a El Altiplano pero no mencionó nada de la protesta. Un polvorín Desde el 21 de julio pasado el nuevo director de El Altiplano es Jaime Fernández López, quien ocupaba el mismo puesto en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 5 en Perote, Veracruz. Sustituyó a Valentín Cárdenas, quien fue destituido después de la fuga de Guzmán Loera. El viernes pasado Cárdenas y otros 11 exfuncionarios de ese penal, entre ellos custodios, fueron ingresados por la mañana a El Altiplano por su presunta complicidad con la fuga de El Chapo, lo que aumentó aún más la tensión dentro del penal. El arresto de los funcionarios fue informado por la PGR hasta la tarde de ese día. Según la información recopilada, el operativo llevado a cabo la madrugada del viernes tenía el fin de buscar drogas y explosivos en los módulos del penal, pero les quitaron a los internos los televisores de 7 pulgadas y relojes de plástico autorizados por el Consejo Técnico. De acuerdo al abogado José Luis Cobián, antes del operativo del viernes cerca del 80 por ciento de los internos de El Altiplano tenían televisión o reloj, lo que representa cerca de mil reos. La televisión autorizada por el Comité debe ser de 7 pulgadas, pantalla plana, sin bocinas y los internos sólo pueden ver la televisión con audífonos. No hay horarios de restricción así que los presos pueden verla a todas horas, explicó el abogado. A diferencia del resto de los presos, Guzmán Loera tenía en su celda de manera ilegal una televisión con bocinas y cuyo volumen incluso estaba muy alto el día de su fuga, según se afirma en el expediente judicial abierto sobre el escape (Proceso 2022). Los únicos relojes de pulso a los que se supone tienen derecho los internos deben ser negros, de plástico y sin ninguna pieza de metal en su exterior. Al igual que los televisores, son adquiridos por los familiares y entregados en el área de resguardo del penal de donde luego son repartidos según la autorización de los directivos del penal. Cobián explicó que un interno tarda entre seis o siete meses en tener acceso a esos beneficios luego de que pasan por el Centro de Observación y Clasificación (COC) y los asignan a un módulo. “Las autoridades del penal erróneamente lo catalogan como un estímulo no como un derecho”, dijo Cobián. “Lo toman como un premio otorgado por buen comportamiento y por colaborar con las autoridades penitenciarias”. Pero es un derecho constitucional, afirmó. Otros abogados con quienes se corroboró la información de la protesta señalaron que el ambiente al interior de la cárcel es muy tenso y que las medidas de presión contra los internos han ido en aumento desde la fuga de Guzmán Loera, aunque no fueron los reclusos los responsables. Por ejemplo, se señala, desde el viernes que retiraron televisores y relojes se han restringido las visitas de los abogados de defensa de varios de los internos, argumentando que cuando pasan a los filtros de seguridad están “contaminados”. Después de la fuga de Guzmán Loera, supuestamente ocurrida por un túnel que daba a la regadera de la celda número 20, el área de Tratamientos Especiales destinada a los presos de mayor peligrosidad está en remodelación. Desde hace más de un mes todos los internos de esa área fueron cambiados al módulo 1 de manera temporal. Dicho módulo está en el área central de la prisión. Se afirma que desde el viernes los internos del módulo 1 ya no ingirieron la cena que se les deja en cada celda. Visita en medio de la revuelta Sales, nuevo titular de CNS, llegó el sábado al penal en medio de un fuerte dispositivo militar y de la PF. Se señala que durante su visita hubo actos de insultos y agresión contra los internos que empeoraron el clima en el interior del penal. “La visita realizada el día de ayer 19 de septiembre, inició al filo de las 10 de la mañana, sirvió para conocer los protocolos de seguridad que se aplican, los filtros de acceso que existen y supervisar en general cómo está operando el centro”, indicó ayer el boletín de prensa del CNS. Pero nada se dijo de la protesta. “Durante el recorrido en las instalaciones, que se prolongó por casi cuatro horas, el comisionado nacional de Seguridad aprovechó para visitar uno a uno los módulos que componen la población penitenciaria, incluyendo aquellos que resguardan a los internos de alta peligrosidad”, señaló el comunicado.
Hasta esta noche de domingo no se reportaban heridos ni que la protesta se hubiera tornado violenta. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, señaló que a pesar de la situación económica del país, se harán mayores esfuerzos para tener una educación con mayor inclusión, responder a la diversidad de la necesidad de todos los estudiantes a través de una mayor participación en el aprendizaje y reduciendo la exclusión en la educación. Luego de asistir a la primaria Doctor Agustín Rivera, que se ubica en el Centro Histórico, aseguró que ya inició la depuración de la nomina magisterial como parte de las acciones para eficientar el presupuesto en el sector. El funcionario visitó la escuela a fin de conocer directamente las inquietudes, necesidades y retos de alumnos, profesores y padres de familia. “Más allá de los edificios, las escuelas son comunidades de aprendizaje, en donde sin duda es indispensable contar con una infraestructura adecuada, pero sobre todo es necesario garantizar la calidad educativa. El derecho número uno de los niños es tener educación de calidad. Sin embargo dijo que falta mucho por hacer. "Desafortunadamente por razones ajenas al país que tienen que ver con el precio del petróleo, componente muy importante en el presupuesto, es inevitable que este año sea difícil. Yo no vengo a engañar a nadie. La situación económica no es sencilla pero en la medida de las posibilidades haremos el mayor esfuerzo". Por otra parte reconoció la postura del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien el próximo miércoles firmará un convenio con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) para transparentar los recursos que recibe del gobierno federal. "La transparencia es parte fundamental del gobierno que queremos tener. La reforma que se hizo en materia de transparencia incluye como sujetos obligados a los sindicatos que tienen recursos públicos. Esto habla de que su dirigente (Juan Díaz de la Torre) y el gremio han entendido los nuevos tiempos.
"Son un líder y un sindicato moderno que han abrazado la Reforma Educativa porque entienden que tienen que cambiar, pero que también han entendido la importancia de la transparencia y que como sindicato se pone a la vanguardia en ese tema". FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: CÉSAR ARELLANO GARCÍA.
Chilpancingo, Gro. Estudiantes de la Normal de Ayotzinapa incursionaron en las instalaciones de la Fiscalía General del estado de Guerrero (FEG), esta mañana, para exigir castigo a los responsables de la desaparición de los 43 normalistas -el 26 de septiembre de 2014, en Iguala-, así como del crimen de otras seis personas. Durante la incursión, los estudiantes causaron destrozos al interior del inmueble de la FEG; poncharon llantas de vehículos oficiales, rompieron parabrisas de los automóviles y cristales del inmueble. Asimismo, pegaron las fotografías de los 43 desaparecidos en los ventales de la Fiscalía. En la jornada de protestas participaron algunos padres de familia, encabezados por Felipe de la Cruz y Melitón Ortega.
Los contingentes se han retirado y en estos momentos denuncian que se les impide el regreso a su escuela por parte de policías federales ubicados en el entronque a la carretera a Tixtla. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: SERGIO OCAMPO
México, DF. El paquete económico propuesto para 2016 descansa básicamente en la contratación de mayores niveles de endeudamiento y hace evidente la presencia de un sistema fiscal mexicano frágil, insostenible en el tiempo y poco contributivo al desarrollo del país, concluyeron los integrantes del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (Ciep). Al dar a conocer los resultados del análisis hecho a las propuestas de política económica del Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, Ricardo Cantú Calderón, director de Ingresos de este centro constituido principalmente por egresados del Tecnológico de Monterrey, señaló que este es el tercer año consecutivo por el que se solicita deuda por el equivalente a 3 por ciento del producto interno bruto (PIB), unos 600 mil millones de pesos, para cubrir la diferencia entre los ingresos y los gastos. Explicó que los cambios de la reforma hacendaria han permitido elevar entre 1.6 y 1.8 por ciento el monto de la recaudación tributaria, en tanto que el aumento del impuesto especial sobre producción y servicios (Ieps) a diesel y gasolinas ha aportado entre 1.2 y 1.4 por ciento del PIB. Pero ambas elevaciones han sido insuficientes para cubrir una caída real de los ingresos petroleros del sector público estimada en 30 por ciento. Por su parte Sunny Villa Juárez, directora de Gasto del Ciep, comentó que este es el paquete económico “con el menor margen de maniobra en la última década” y que, a la par de una disminución de 1.3 puntos del PIB comparado con el presupuesto de 2015, el hecho de que casi 3 de cada 4 pesos del gasto propuesto para 2016 correspondan a los “gastos obligatorios” --como los federalizados, pensiones, deuda y pagos de servicios públicos entre otros--, hicieron inviable un ejercicio de reingeniería presupuestal base cero. El rubro más afectado con el recorte al gasto es el de la inversión, “que cae 0.7 por ciento del PIB comentó la especialista mientras Ricardo Cantú advirtió que “de poco sirve recaudar más si se sigue gastando mal”. El director general del Ciep, Héctor Juan Villareal Pérez, subrayó que “se trata de un paquete de transición hacia una reforma de más largo plazo” que atienda a mayor profundidad las fuentes de ingresos, la organización del gasto público y la deuda.
Este fue el paquete económico que se pudo, dijo. El endeudamiento público ascenderá a 47.8 por ciento del PIB, más de 9 billones 100 mil millones de pesos, la cual implica un crecimiento de 6.9 puntos en dos años. Villareal Pérez, apuntó que el paquete económico propuesto exhibe “un sistema fiscal muy frágil e insostenible en el tiempo”, el cual “se sigue cuadrando con requerimientos financieros similares a los de los últimos años y esto pone una presión considerable en el acumulamiento de la deuda pública federal”. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: JUAN ANTONIO ZUÑIGA M.
MÉXICO, D.F: “Si nuestros soldados no han sido señalados en ninguna de las averiguaciones, ¿cuál es la razón de ir a los cuarteles?” para averiguar sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, cuestionó el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. No obstante, la sombra de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, persigue al Ejército mexicano porque el ataque fue conocido e incluso presenciado por soldados y oficiales, como lo ha documentado la revista Proceso en varias de sus ediciones. Este lunes, el diario ‘El País’ difundió una nota en la que destaca las declaraciones del teniente Joel Gálvez y del soldado Eduardo Mota, que revelan cómo el 27 Batallón de Infantería destacamentado en Iguala y su cuartel general en Chilpancingo recibieron información de primera mano del atentado contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinpa, en el que seis personas fueron asesinadas, tres de ellas normalistas. Pese a ello, el Ejército mantuvo la distancia y dejó que la Policía Municipal, un apéndice del narco, detuviese a los jóvenes. “No te acerques mucho ni te arriesgues”, llegó a decirle un oficial de inteligencia a un agente en uno de los ataques, según el diario. Las declaraciones de Gálvez y Mota a la Procuraduría General de la República (PGR), añade, muestran el conocimiento que tuvo la inteligencia militar de la tragedia. Un convulso episodio en el que la Policía Municipal, a las órdenes del Cártel de Guerreros Unidos –apunta– desató una persecución que sumió a Iguala en el caos. Durante la caza, dos estudiantes murieron a balazos, otro fue desollado, y tres personas ajenas a los hechos fueron tiroteadas al ser confundidas con normalistas. Todo, sin que los militares intentaran impedirlo. El flujo de información, destaca ‘El País’, partió del denominado C-4, un sistema de coordinación de seguridad en el que también participaba la policía estatal y federal. Allí, un sargento mantenía al tanto al oficial de inteligencia, quien a su vez ponía en conocimiento de la espiral de violencia a su superior, el coronel José Rodríguez Pérez, y al cuartel central de la 35 zona militar, al mando del general Alejandro Saavedra Hernández. El teniente Gálvez, según su relato, recibió al menos nueve llamadas. En la primera, el oficial ordenó al soldado Mota, encargado de comunicaciones y encriptación, acudir a uno de los focos de tensión, a pocos metros de la central de autobús. Allí la Policía Municipal rodeaba un transporte repleto de normalistas e intentaba someterlos mediante gases lacrimógenos y amenazas: “¡Si no bajan, les irá peor!”, les gritaban. Los que se rendían quedaban tendidos boca abajo. Era su sentencia de muerte. Este contingente de detenidos acabaría siendo entregado a los sicarios, puntualiza el diario español. El agente de inteligencia tomó fotos y, tras ser conminado por su teniente a no acercarse, regresó a su batallón. A partir de ese momento se sucedieron las llamadas del C-4 y también las peticiones de ayuda de ciudadanos. Los militares, bajo órdenes del coronel, empezaron a patrullar la ciudad. Acudieron a los sitios donde se habían refugiado por decenas los normalistas, y en el Hospital General y la Clínica Cristina se toparon con heridos graves, algunos al borde de la muerte, y escucharon los relatos del terror. En su recorrido encontraron varios cadáveres. Primero, dos estudiantes tiroteados a quienes ni siquiera se acercaron. Luego, los tres acribillados en el ataque al autobús del equipo de fútbol Los Avispones, que la Policía Municipal confundió con normalistas. Yal alba, las primeras luces descubrieron el rostro desollado y sin ojos del estudiante Julio César Mondragón. Esa noche desaparecieron 43 normalistas.
De acuerdo con el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, la ley impide a los militares actuar fuera de sus cuarteles si no es bajo petición de la autoridad civil, pero no ocurrió así esa noche. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: A petición de los comités ciudadanos, la consulta pública sobre la construcción del Corredor Cultural Chapultepec (CCC) en el Distrito Federal se pospuso para el próximo sábado 3 de octubre. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, explicó que los representantes de los comités ciudadanos reciben asesoría del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), organismo que respaldará el ejercicio, por lo que pidieron que la consulta se aplace una semana. Originalmente se realizaría el domingo 27 de septiembre. En conferencia, informó que la Secretaría de Gobierno se encargará de afinar los detalles para dar mayor certidumbre al ejercicio ciudadano. Mancera Espinosa recordó que los resultados de la consulta serán vinculantes. Detalló que, aunque la paraestatal ProCDMX no ha presentado el cuestionario, se preguntará a los ciudadanos si están a favor o no del corredor y si éste debe ser un parque elevado o no. El pasado 18 de agosto, el GDF publicó en su Gaceta Oficial el anuncio de la construcción del proyecto de coinversión con la iniciativa privada de alrededor de mil millones de pesos. Se trata de un corredor que involucra a las colonias Roma Norte y Juárez, que conectará el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Chapultepec a la Glorieta de los Insurgentes mediante un parque lineal elevado. Apenas se hizo el anuncio, comités vecinales de la zona, así como agrupaciones civiles relacionadas con el medio ambiente y la movilidad cuestionaron el proyecto; denunciaron que el gobierno capitalino violó sus derechos humanos al no consultarlos para su elaboración.
En respuesta, el GDF aceptó realizar una consulta ciudadana, aunque en ella participará el mismo promotor de la obra: la Agencia de Promoción, Inversión y Desarrollo para la Ciudad de México (ProCDMX), dirigida por Simón Levy. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
