Diversas organizaciones civiles denunciaron que la “austeridad presupuestal” anunciada por el Presidente Enrique Peña Nieto en su Tercer Informe de Gobierno, se haya hecho visible en rubros como el de salud e infraestructura, y no, por ejemplo, en el Ramo 23, que para este año busca absorber 102 mil 866 millones 718 mil 823 pesos sólo para provisiones salariales y económicas del Gobierno federal.
Este rubro, año con año levanta severas críticas ya que se considera una ruta en la que el dinero público no logra cumplir con sus objetivos. Es el dinero que el Gobierno federal reparte a los gobiernos locales y municipales para previsiones salariales de servidores públicos para fomentar una cultura del ahorro; para prestaciones de seguridad social, pólizas de seguro; dinero para incrementos salariales; provisiones para fondos como el de prevención de desastres naturales, accesibilidad para personas con discapacidad, turísticos; y finalmente, la distribución de los ingresos petroleros excedentes.
Este Ramo es un instrumento presupuestario creado para atender obligaciones del Gobierno federal, que no están contempladas en el gasto directo de las dependencias ni de las entidades.
Maite Azuela, de la organización Dejemos de Hacernos Pendejos, cuestionó que la política de austeridad se haya enfocado en las áreas de salud, educación, campo e infraestructura, cuando los esfuerzos, explicó, debieron enfocarse en la reducción de los espacios en los que se le da un uso público al dinero y se realizan gastos onerosos.
“Por qué cuando imaginan políticas de austeridad, siempre a lo que se recurre son a las áreas de educación, salud, desarrollo social, donde el país necesita mayor inversión para el crecimiento económico. Por qué mejor no se hace una revisión más detallada de los gastos en el Ramo 23, en el que está el dinero que el Gobierno federal reparte a los gobiernos locales y municipales, donde el problema es que en el camino ese dinero se vuelve polvo. Ese es un proceso de corrupción que habría que transparentar y revisar de manera inmediata”, comentó Azuela, también integrante del colectivo Acción Ciudadana Contra la Pobreza.
“Por qué cuando imaginan políticas de austeridad, siempre a lo que se recurre son a las áreas de educación, salud, desarrollo social, donde el país necesita mayor inversión para el crecimiento económico. Por qué mejor no se hace una revisión más detallada de los gastos en el Ramo 23, en el que está el dinero que el Gobierno federal reparte a los gobiernos locales y municipales, donde el problema es que en el camino ese dinero se vuelve polvo. Ese es un proceso de corrupción que habría que transparentar y revisar de manera inmediata”, comentó Azuela, también integrante del colectivo Acción Ciudadana Contra la Pobreza.
Para el Presupuesto 2016 a este rubro se le piensan destinar 24 mil 450 millones de pesos menos que en 2105, lo que significa una caída del 19.21 por ciento; sin embargo, la inconformidad de las organizaciones civiles resulta al comparar el resto de los recortes. Por ejemplo, para Comunicaciones y Transportes, se propone 33.72 por ciento menos y para el Campo, 16.74 por ciento menos.
Franciso Landero, de la Fundación del Empresariado Mexicano, explicó que una mayor inversión pública es necesaria para aumentar el crecimiento del país, ya que si no se alcanza un crecimiento de al menos 5 por ciento, no habrá programa social ni cambios de secretarios que puedan reducir la pobreza y la desigualdad.
Las organizaciones no gubernamentales presentaron en conjunto un paquete de medidas que entregarán al Congreso, en las que contemplaron la eliminación de programas sociales redundantes, de subsidios regresivos y sin resultados positivos, como los de condonación de impuestos a grandes empresas; el fortalecimiento a los gastos en salud, educación e infraestructura, y que al mismo tiempo éstos cuenten con un mecanismo efectivo contra la corrupción, ya que, consideran, se ha convertido en un lastre para el país y ha contribuido a la desviación de los presupuestos a través de cuotas, moches, tráfico de influencias y conflictos de interés.
“Los anuncios de reducción del gasto y Presupuesto Base Cero muestran que al Gobierno le está faltando mucha creatividad y en caso de que los legisladores no reaccionen a tiempo, también de ellos, en cuanto a la manera generar ideas para hacernos de ingresos, y en la forma de gastarlos de una manera distinta, donde los más afectados no sean como siempre los que viven en condiciones más marginadas”, comentó Azuela al respecto.
En el paquete de 2016, los gastos más fuertes que se prevén son los de Desarrollo Regional, por 32 mil 362 millones 637 mil pesos; Protección Social, 18 mil 991 millones de pesos; y Provisiones para programa salarial, 18 mil 391 millones de pesos. Los rubros más afectados son, por ejemplo, los de inversión, al que se le busca destinar a Transporte 492 millones de pesos o el Fondo de Cultura que, desapareció.
En la Cámara de Diputados, en 2015, el gasto federalizado tuvo un incremento de 94 mil 967.6 millones de pesos por una mayor asignación de recursos al Ramo 23 (una ampliación del 95.5 por ciento de lo predestinado por la Secretaría de Hacienda).
Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), las razones del incremento fueron más Proyectos de Desarrollo Regional, Fondos de Infraestructura Deportiva, Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y Fondo para la Reconstrucción de la Infraestructura de Baja California Sur.
También se aprobó dinero para Contingencias económicas, Fondo de Capitalidad y a los Fondos Metropolitanos, y Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad y al Fondo Sur-Sureste.
