MÉXICO, D.F: Existen elementos para sancionar administrativa y penalmente a los involucrados en la fallida indagatoria sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y las sanciones pueden ir desde la inhabilitación vitalicia para desempeñar el servicio público hasta 10 años de cárcel, afirman abogados consultados por este semanario. El 7 de noviembre de 2014 el exprocurador Jesús Murillo Karam presentó la versión de la PGR, apoyada en declaraciones de cinco sicarios. El pasado 27 de enero la elevó a verdad histórica, supuestamente con base en los estudios de fuego y explosivos realizados por los peritos de la PGR Marcos Soto Villalobos, ingeniero en comunicación y electrónica, y Moisés Moreno Gallegos, con estudios inconclusos de ingeniería civil y arquitectura. El estudio de las plantas y larvas es de Mauricio Cerón Solana, entomólogo del Instituto de Biología de la UNAM y subdirector de Genética Forense de la procuraduría. El pasado domingo 6, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer que la indagatoria de la PGR está plagada de irregularidades en todos los peritajes. Por ese motivo, los expertos independientes pidieron reorientar cada hipótesis del informe: “No sabemos si se podrá determinar el destino de los desaparecidos, pero sí creemos que es el único modo de poder llegar a la verdad sobre el caso y acabar con la impunidad”. Horas después de que se presentó el informe, la procuradora Arely Gómez anunció que se realizaría un nuevo peritaje; pero al día siguiente Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, afirmó que la postura oficial se mantenía y que el dictamen del CIEI no implicaba que se abriera otra línea de investigación. Para Daniel Márquez Gómez, experto en función pública adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, el informe del GIEI hace una presunción muy sólida de que en la investigación se cometieron irregularidades que violan la Ley Orgánica de la PGR, la de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Púbicos y la Federal de Responsabilidades, así como protocolos en manejo de evidencia y técnicas básicas de peritación, además del Código Penal Federal. “Estamos frente a deficiencias en la integración de la investigación, en peritajes; hay diligencias que no se realizaron. A partir de aquí, la visitaduría de la PGR tendría que abrir una investigación, documentar todas estas irregularidades. Habría por lo menos tres clases de responsabilidades claramente identificables.” La primera de ellas, dice, les atañe a funcionarios de alto rango, como secretarios de Estado y directores, como los titulares de la AIC y de la SEIDO, y consiste en juicio político, responsabilidad administrativa y una violación al artículo 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, además de responsabilidad penal vinculada a colusión de servidores públicos u obstrucción de la justicia. –¿Para fincar responsabilidades es suficiente el informe del GIEI de la CIDH? –Sí, es una presunción muy sólida de que existe en la investigación un manejo deficiente, desaseado, inadecuado; de que hay complicidades, encubrimiento. Por una parte, dice que el informe tiene validez porque “el propio Estado mexicano fue el que solicitó la coadyuvancia, y por otra parte México es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA, a la que pertenece la CIDH) y está sujeto a su orden jurídico. Considera importante que la OEA despliegue su diplomacia para que el Estado mexicano cumpla sus responsabilidades: “Difícilmente se puede valorar el papel que hicieron los expertos de la CIDH si se empieza a generar ruido para descalificarlos, cuestionar el informe o su mandato legal –apunta el académico–. Creo que hay que darnos una oportunidad. Guatemala para nosotros es un buen ejemplo. Allá, un grupo de expertos independientes de la ONU hizo una investigación sobre corrupción y ya vimos las consecuencias: a un expresidente corrupto en la cárcel, sujeto a un posible juicio, y un pueblo que empieza a confiar en sus instituciones. Habría que valorarlo aquí también.” A decir de Márquez Gómez, la CIDH abrió un paréntesis para revisar tres problemas estructurales: la manera en que se investigan los delitos, la forma en que se construyen las supuestas verdades históricas y una oportunidad para mejorar esos esquemas. Indica que la Ley Orgánica de la PGR delimita el papel de todos los participantes en la investigación: el MP, el policía como auxiliar del MP que se ocupa de averiguar ilícitos y los procesos vinculados al desempeño eficiente de un empleo, cargo o comisión. –¿La sanción se aplica aunque exista falta de capacidad para investigar? –Por lo que haya sido: falta de capacidad o dolo. Pero en caso de que se probara el dolo, lo que pondría en evidencia serían ilícitos de naturaleza penal. Y aquí, por lo que destacan los expertos, el dolo es evidente: encontraron evidencia, como ropa, no integrada a actuaciones, que apenas se mandó a Innsbruck para su peritaje. Tampoco se investigó la línea que apuntaba a la posible participación de militares. Todo es demasiado evidente como para ignorarlo. –¿Qué consecuencias jurídicas tiene la proclamación de la versión de Murillo Karam como “la verdad histórica”? –En principio es una afirmación temeraria. La verdad histórica sólo la fija el juez una vez que valoró evidencia. Lo de Murillo Karam fue precipitado. También se toma en una segunda dimensión, que pone en evidencia la prisa por cerrar el expediente, y quizá tendrá que indagarse si se quiere buscar la responsabilidad de los servidores públicos que hayan incurrido en las omisiones y comisiones de delito en el caso Ayotzinapa. –¿El Estado mexicano no tiene la voluntad de esclarecerlo? El titular de la AIC, Tomás Zerón, afirma que nada cambia el rumbo de la investigación. –Esta es una cuestión de incumplimiento fuerte de la Ley. En esto también tiene responsabilidad la actual procuradora, Arely Gómez, porque a su llegada pudo ordenar los peritajes a la ropa y llamar a los militares, pero tampoco lo hizo. Se puede tipificar, entre otras conductas, la obstaculización de la administración e impartición de justicia. “El procurador, el subprocurador, los directores, los peritos como auxiliares de la investigación de los delitos, el MP, cada uno tiene una obligación. Por eso cuando los padres de los jóvenes afirman que fue un crimen de Estado, tienen razón. En el caso Ayotzinapa, reconocemos como un hecho indubitable que la investigación se hizo mal. Por ejemplo, aparecen peritajes de una persona experta en informática haciendo un peritaje sobre el incendio.” –¿Considera que la responsabilidad jurídica puede llegar al presidente Enrique Peña Nieto? –En este país se dice que el presidente es el hombre mejor informado, pero muchas veces lo está a través de tres personas, lo que me lleva a pensar que posiblemente no esté tan bien enterado. Si el presidente sabía y no actuó en consecuencia, estaríamos en un caso como el de Guatemala: en un grave problema. Entrevistado aparte, el abogado Porfirio Martínez, miembro de la Asociación Civil Mexicanos Unidos, opina sobre este último punto: “De acuerdo con el artículo 108 constitucional, el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, podrá ser juzgado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Aquí hablamos de desaparición y homicidio, de ocultar evidencias, tergiversar una investigación, no decir la verdad.” Y todavía habría que analizar la responsabilidad que le resulte a Peña Nieto por no haber sancionado a Murillo Karam cuando se mostró que sus conclusiones no eran verdaderas: “Como jefe de Estado, al tener conocimiento de la ‘verdad histórica’ llena de graves mentiras y errores, la avaló como versión de su gobierno. Por eso Peña Nieto incurre en colusión, encubrimiento o coparticipación.” En cuanto a los altos funcionarios, señaladamente Murillo Karam, pueden haber ejercido indebidamente el servicio público, lo que conlleva una pena de dos a siete años de prisión (artículo 214). También puede imputársele un delito contra la administración de justicia, como aparece en el artículo 225, fracción VIII, es decir, que retarde o entorpezca la administración de justicia maliciosamente o por negligencia. Y en la fracción 21, dicho artículo sanciona los actos de “alterar, destruir, perder o perturbar indistintamente el lugar de los hechos, los indicios, huellas”, mientras que la siguiente prevé las penas por desviar u obstaculizar la investigación de hechos delictuosos a favor del inculpado y se sustraiga a la acción de la justicia… Para esos delitos se prescriben de tres a ocho años de cárcel, y las últimas fracciones son de cuatro a 10 años de prisión”.
“Lo cierto es que el Estado mexicano está acorralado por la verdad científica”, concluye Martínez. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
MÉXICO, D.F: El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, informó hoy que en la reunión del presidente Enrique Peña Nieto con familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa participarán integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Detalló que dicho encuentro se regirá por una agenda de cuatro grandes temas: búsqueda, investigación, atención a víctimas y política pública. La reunión, que se efectuará a las 13 horas del próximo jueves 24, no tiene sede ni se ha precisado si será abierta a periodistas o privada. De acuerdo con Campa, los temas a tratar se plantearon después del informe que presentaron los expertos de GIEI, en el que se concluye que los cuerpos de los normalistas de Ayotzinapa no fueron quemados en el basurero de Cocula, Guerrero, como en su momento lo aseguró el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam. Entrevistado durante el foro “Presupuestos públicos para la atención integral de la niñez y la adolescencia desde un enfoque transversal”, Campa Cifrián consideró que el informe del GIEI no sólo da luces de cómo abordar de mejor forma la situación, sino que también tiene algunas coincidencias con la versión gubernamental. “Estoy convencido de que el informe tiene elementos muy importantes para fortalecer las tareas, tiene coincidencias muy importantes, y por la posición sobre el basurero de Cocula se decidió crear una comisión de alto nivel para tener una visión final. El informe es un documento serio”, dijo el excandidato presidencial. La reunión que sostendrán los padres de los normalistas con el presidente, subrayó, no sólo “será positiva”, sino que también “cumplirá con las expectativas” de ambas partes. También detalló que desde hace algunas semanas se ha tenido contacto con los representantes de los padres, entre ellos el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Centro Prodh y Serapaz, y comentó que se ha solicitado a la CIDH una ampliación de seis meses para que permanezcan en el país los expertos del GIEI. Aclaró que la violencia que se ha registrado en Guerrero con la quema de vehículos, a un año de la desaparición de los normalistas, “no resuelve nada en el caso”.
“Me parece que hoy más que nunca, está claro que con la violencia no se avanza”, sostuvo. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Normalistas y familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa iniciarán un ayuno de 43 horas a partir de las 19 horas de este miércoles 23 de septiembre y harán una marcha de Los Pinos al Zócalo al mediodía del sábado 26, día en que se cumple un año de los hechos en Iguala. El ayuno concluirá el viernes 25 a las 14 horas. El estudiante Omar García, sobreviviente del ataque de la fuerza pública a los normalistas la noche de ese viernes, confirmó las actividades que sostendrán en los próximos días vía un video difundido por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).
Estas actividades son adicionales al encuentro que sostendrán el jueves a las 13 horas con el presidente Enrique Peña Nieto, en lugar y condiciones aún por definir. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Estará fuera desde el 26 de septiembre, cuando en México se conmemora un año de la desaparición de 43 estudiantes.
El presidente Enrique Peña Nieto se ausentará del país del 26 al 29 de septiembre para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno para la Adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en Nueva York, Estados Unidos. De acuerdo con un oficio publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado, en Nueva York el mandatario tendrá actividades asociadas con la agenda multilateral de las Naciones Unidas y bilateral con Estados Unidos así como con otros países prioritarios para México. En el oficio remitido al Senado de la República se subraya que el presidente de la República “realizará una intervención en esa cumbre donde hablará sobre la erradicación de la pobreza y el hambre en un dialogo interactivo al margen” del encuentro. El mandatario también copresidirá la Reunión de Líderes Globales por la Equidad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, en el marco del 70 Aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se prevé que a invitación del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, el presidente Peña Nieto asista a un almuerzo de Jefes de Estado y de Gobierno Sobre Cambio Climático. En ese encuentro se discutirá la agenda de la 21 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP21) a realizarse en París, este año. Peña Nieto además participará en el Debate General de la Asamblea General de la ONU y se reunirá con sus homólogos de Perú, Chile y Colombia en un encuentro de presidentes de la Alianza del Pacífico.
De igual forma, asistirá a la Cumbre sobre Mantenimiento de la Paz, convocada por el gobierno de los Estados Unidos. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
México, DF. Si se quiere un Instituto Nacional Electoral (INE) más ligero que se haga mediante un cambio constitucional, no por la “puerta de atrás” del recorte presupuestal ciego, advirtió el consejero Ciro Murayama. El presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) respondió a la "cascada de críticas" que provocó la petición del organismo para obtener un presupuesto superior a los 15 mil millones de pesos el próximo año. También rechazó retirar por completo los recursos a los partidos políticos porque de hacerlo habría un caldo de cultivo para que los actores políticos dependieran del dinero privado que en este país está en muy pocas manos. En un seminario donde se evalúan las pasadas elecciones, organizado por la UNAM y el CIDE, dicho consejero acudió en representación de Lorenzo Córdova. Ahí argumentó que pidieron fondos que representan casi 20 por ciento menos que en 2015 en términos reales. Aunque este año el INE no organizará elecciones federales. Aseguró que el instituto no quiere que el gasto electoral crezca pues la austeridad es condición de credibilidad de los comicios. Pero dijo que si lo que cada reforma electoral tiene es el ingrediente de la desconfianza no tendremos como resultado elecciones más austeras y menos barrocas. Explicó que cada una de las necesidades de financiamiento pueden ser explicadas y documentadas para su deliberación en la Cámara de Diputados. "Si se quieren revisar las atribuciones, adelante. Si se quiere hacer un INE más ligero, bien. Que sea seria, legal y legítimamente a través de un cambio constitucional y se decida si vamos hacia un modelo electoral minimalista, pero no por la puerta de atrás del recorte ciego", indicó en el Palacio de la Escuela de Medicina.
Recordó a quienes piden recortar los fondos del INE que la ley fundamental es la Constitución, no la Ley de Egresos. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: CLAUDIA HERRERA.
GUADALAJARA, Jal: En un presunto enfrentamiento entre militares y civiles ocurrido esta mañana en el municipio de Ameca –a menos de 90 kilómetros de esta capital– habrían muerto cinco integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según los primeros reportes. Tras un operativo realizado después de las 7 de la mañana de hoy en el poblado de San Antonio Matute, habría sido detenido también El Duende, cuyo verdadero nombre es Juan Carlos Márquez Pérez, presunto jefe en la Región Valles, que tiene como sede la ciudad de Ameca. San Antonio Matute es una pequeña población ubicada aproximadamente a 75 kilómetros de Guadalajara, al borde de la carretera mencionada, donde la Secretaría de la Defensa Nacional tiene ahora varios retenes apoyados por infantería y camiones blindados, de acuerdo con los primeros informes. Por esta misma ruta, pero entre San Sebastián del Oeste y Puerto Vallarta, tuvo lugar la emboscada a policías estatales donde fallecieron 15 uniformados y cinco más resultaron heridos el 6 de abril pasado. Menos de un mes después, en Villa Purificación, en la Costa Sur del estado, el mismo cártel atacó a helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana cuando elementos de las fuerzas armadas iban tras el capo Nemesio Oseguera “El Mencho”.
En ese ataque, los presuntos narcotraficantes derribaron un helicóptero Cougar con una veintena de integrantes del equipo especial de asalto. Murieron más de una docena de elementos del Ejército y la Policía Federal. Cifras extraoficiales estiman que en total habrían fallecido 43 personas. FUENTE: PROCESO. AUTOR: FELIPE COBIÁN.
MÉXICO, D.F: La propuesta de crear una fiscalía independiente para investigar el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace un año generó una abrupta ruptura en la sesión del pleno del Senado, tras el intento del PRD y PT de discutir el tema en tribuna, y la negativa de PRI y Verde, más la posición de la bancada del PAN, que se sumó a la petición de la izquierda. Al filo de las 15:30, el presidente de la Mesa Directiva, el panista Roberto Gil Zuarth, dio por concluida la sesión después de que la mayoría del PRI y del Verde emitiera 50 votos en contra de abordar el debate sobre la fiscalía de Ayotzinapa, contra 46 votos a favor de las bancadas de PRD, PT y PAN. La sesión cayó en el pasmo cuando la senadora Layda Sansores, de Morena, subió a tribuna con un micrófono en mano para reclamar que se incluyera el tema en el debate. Desde sus curules, el coordinador y la vicecoordinadora del PRD, Miguel Barbosa y Dolores Padierna, también demandaron que se discutiera el tema. Gil Zuarth argumentó que la Mesa Directiva acordó mantener abierta la sesión hasta recibir el documento referente al caso Ayotzinapa, pero media hora antes los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) suspendieron la sesión sin llegar a acuerdos. Bajo la presión de PRD, PT y algunos senadores del PAN se sometió a votación la posibilidad de incluir este tema. El legislador Manuel Bartlett afirmó que Emilio Gamboa, coordinador de la bancada del PRI, había sentenciado: “Háganle como quieran, no hay acuerdo”. En un comunicado de prensa, la bancada del PRI negó que Gamboa hubiera dicho esto y agregó que “de ninguna manera rehuiremos al debate” sobre el caso Ayotzinapa. La bancada del PRI, encabezada por Gamboa Patrón, se ha opuesto rotundamente a la posibilidad de crear una fiscalía independiente de la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigue los acontecimientos de hace un año en Iguala, Guerrero. Acuerdo de PRD, PT y PAN Después de que terminara la sesión, Miguel Barbosa, coordinador del PRD, anunció que su partido, el PAN y el PT presentarán este miércoles 23 en la Jucopo el acuerdo para crear una fiscalía independiente, con el fin de que el jueves 24, el mismo día en que se reúne el presidente Enrique Peña Nieto con los familiares de los normalistas, el Senado vote esta propuesta. “Reitero que la única manera de desahogar de manera decorosa esa reunión entre Peña Nieto y los familiares de las víctimas, es entregarles el compromiso de la constitución de la fiscalía especializada”, sentenció Barbosa. “El voto ponderado de PAN, PRD y PT es mayor al voto ponderado de PRI y del Verde. ¿Qué es el voto ponderado? La suma de los porcentajes representativos en el Senado”, explicó Barbosa.
“Emplazamos al presidente Peña Nieto a que la respuesta que dé a los planteamientos de las víctimas el día 24 de septiembre en su reunión a la una de la tarde sea la constitución de la fiscalía independiente”, alertó. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL.
JOJUTLA, Mor: El presidente Enrique Peña Nieto inauguró una nueva base militar en los límites entre Morelos y Guerrero, ocupando el viejo predio conocido como Lagartos, ubicado en este municipio del sur de la entidad, donde se instaló desde este martes el 108 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano. Durante el acto, el mandatario envió un mensaje al Congreso de la Unión para que considere que la seguridad sigue siendo tarea de todos y en el que los tres órdenes de gobierno deben crear un frente único. “Hoy habrá de debatirse en el Congreso (de la Unión) cuáles son, precisamente, atribuciones que a cada orden (de gobierno) compete, pero que a final de cuentas todas ellas están orientadas a hacer un frente común. Esta es una tarea que no distingue ni el origen partidario de cada gobierno ni un tema de afinidad ni de preferencias ideológicas”, señaló. Saludó los esfuerzos de Morelos por crear, “lo que queremos en todo el país”, en alusión al Mando Único, y aseguró que en los próximos días esta estrategia estará dando los primeros resultados, a un año de su implementación. Señaló que el nuevo cuartel forma parte de la estrategia de reestructuración y reordenamiento de las fuerzas armadas, que comenzó en 2013. Dijo que el cuartel que alberga al 108 Batallón de Infantería, servirá para cerrar el paso a la delincuencia, con la instalación de “más de 500 efectivos” que en coordinación con las corporaciones locales, darán mayor seguridad, particularmente a los municipios de Amacuzac, Jojutla, Puente de Ixtla y Coatlán del Río, limítrofes con los estados de México y Guerrero. Acompañado por el gobernador Graco Ramírez, en medio de protestas de ejidatarios de Chisco y Vicente Aranda –mismas que fueron aisladas muy lejos del acto–, el mandatario federal abanderó a la nueva representación militar en la entidad. Los ejidatarios se quejan de que en la primera década de este siglo, el gobierno estatal expropió 280 hectáreas que se dedicaban al cultivo. El 108 Batallón de Infantería tiene como objetivo, “apoyar y fortalecer las acciones de combate a la delincuencia organizada en la zona”, misma que es disputada por dos derivaciones del Cártel de los Beltrán Leyva, en este caso los Guerreros Unidos y los Rojos, vinculados ambos a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre pasado. El gobierno federal anunció en diciembre del año pasado la implementación del Operativo Especial Tierra Caliente, que incluye 36 municipios de los estados de México, Michoacán, Guerrero y Morelos. Entre éstos se incluye: Iguala, Ciudad Altamirano, Taxco, Teloloapan, Cocula, Iguala, San Miguel Totolapan y Apaxtla de Castrejón, de Guerrero; y Amacuzac, Puente de Ixtla, Coatlán del Río y Tetecala, en la zona sur de Morelos. El nuevo batallón de infantería ocupa el predio conocido como Lagartos, una expropiación de tierra de cultivo realizada por el gobierno estatal en los años 90 y que por mucho tiempo estuvo como tierra ociosa. En 1998, el Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó la creación de cinco academias policiales nacionales y el año siguiente conminó a varios estados a hacer realidad la creación de éstas. Entre estos estados estaba Morelos. En 2001, por acuerdo entre los gobiernos federal y estatal se creó el Centro de Actualización en Materia de Seguridad Pública “Lagartos”, que ocupa 30 hectáreas y que ha servido para formar, actualizar y capacitar a policías de la zona central del país. La otra parte del terreno estaba abandonado y en el contexto de la guerra contra las drogas, el 4 de noviembre de 2011, el Congreso de Morelos decretó la donación de las otras 250 hectáreas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Cinco meses después, el entonces gobernador panista Marco Antonio Adame Castillo promulgó el decreto que dota a la Sedena de dos fracciones de tierra divididas por una calle. La primera fracción tiene una extensión de 139 hectáreas con 7 mil 500 metros y la otra 121 hectáreas con 6 mil metros, un total de 261 hectáreas con 3 mil 500 metros. En su oportunidad, el gobernador Graco Ramírez ofreció 15 hectáreas más con que cuenta el gobierno del estado para ampliar las instalaciones, sobre todo en relación a la unidad habitacional que se construyó en el cuartel, además de la instalación de una primaria y un preescolar para las hijas e hijos de los militares. El Presidente de la República agradeció la donación. Al acto acudieron los secretarios de la Defensa Nacional, Marina, Educación Pública, Desarrollo Agrario y Urbano, Relaciones exteriores y el jefe de la oficina de la presidencia.
El presidente abanderó al 108 Batallón de Infantería y después develó una placa inaugural en la que se puede leer, “sirvan estas instalaciones para construir un México en paz y tranquilidad”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO).
El cateo comenzó el viernes 11 de septiembre y terminó la madrugada del sábado. La PGR informó de ello hasta el domingo 20 de septiembre, en un comunicado de prensa.
Los elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) que “sembraron” un arma de fuego al abogado de Infraiber, Paulo Díez, son los mismos que catearon las oficinas de esa compañía durante 16 horas y sacaron al menos 14 cajas cerradas con cinta canela, después que la empresa OHL la denunció por espionaje, según videos obtenidos por Aristegui Noticias. El pasado domingo, la PGR informó que cateó un centro de espionaje que operaba en el noveno piso de un edificio de la calle Campos Elíseos, colonia Polanco; aunque no lo aclaró en su boletín, se trata de las oficinas de Infraiber. La detención de Paulo Díez ocurrió el lunes 7 de septiembre. Un video publicado por Aristegui Noticias muestra que un elemento de PGR colocó un arma de fuego en el automóvil del abogado. El representante legal de Infraiber fue liberado la tarde del miércoles 9 de septiembre luego de pagar una fianza, aunque sigue sujeto a proceso judicial. El jueves 10 de septiembre, OHL informó a sus accionistas que había iniciado una demanda contra Infraiber por espionaje, a la cual acusó de intervenir comunicaciones de sus directivos con funcionarios federales, como el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. En esas grabaciones, los miembros de OHL habrían solicitado ayuda del presidente Enrique Peña Nieto para solucionar un conflicto de cobranza carretera con Infraiber. Un día después que OHL informó de la denuncia, funcionarios de PGR catearon las oficinas de la empresa Infraiber. Videos obtenidos por Aristegui Noticias muestran que 18 elementos de la PGR entraron a las oficinas de Infraiber a las 12:48 horas del viernes 11 de septiembre. La mayoría de los funcionarios vestían traje negro, algunos llevaban cámaras de video y fotografía. Los que más destacan portaban las insignias de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Los videos fueron captados en la entrada de las oficinas. Son cortes de un video que originalmente abarcó desde las 12:48 horas del viernes 11 de septiembre hasta las 5:19 horas del sábado 12. En el material se aprecia la entrada y salida de funcionarios. A las 14:49 horas tres elementos llegaron al piso nueve con cinta canela y un rollo de burbujas protectoras. Es hasta las 5:01 horas del sábado cuando los elementos de PGR sacan 14 cajas cerradas con cinta canela. Entre las 5:03 y 5:06 salen tres mujeres cargando carpetas y paquetes de hojas. Al comparar los videos de la detención de Paulo Díez y el cateo, se aprecia que al menos cuatro elementos participaron en ambas acciones, incluyendo al policía que colocó un arma de fuego en el auto del abogado. A las 13:45 horas, dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal vigilan la entrada del edificio donde están las oficinas de Infraiber; son los mismos policías que bajaron de una camioneta blanca en la detención de Paulo Díez, aunque en ese operativo iban vestidos de civil. Uno de los dos elementos fue el encargado de colocar un arma de fuego en el automóvil del abogado, según el video publicado por Aristegui Noticias.
A las 13:45 horas, dos elementos vigilan la entrada del edificio donde están las oficinas de Infraiber; sus rasgos físicos coinciden con los de los policías que bajaron de una camioneta blanca en la detención de Paulo Díez, uno de los cuales fue el encargado de colocar un arma de fuego en el automóvil del abogado, según el video publicado por Aristegui Noticias.
Un hombre de lentes oscuros y corbata de color claro está en ambos videos y, al parecer, iba al mando de las acciones.
Durante la detención fue el encargado de presentarse con Paulo Díez, solicitarle sus documentos y exponerle el motivo de la detención. Durante el cateo el mismo hombre aparece platicando con dos personas que salieron de las oficinas de Infraiber.
La mujer que sacó un arma de fuego en el auto de Paulo Díez también participó en el cateo. En el operativo del 7 de septiembre la mujer grabó la revisión que se hizo al vehículo del abogado y fue la encargada de sacar el arma de fuego que previamente “sembró” uno de sus compañeros.
Durante el cateo la oficial vestía el uniforme de la Agencia de Investigación Criminal y se le aprecia entrando y saliendo del edificio en varios momentos.
A las 2:59 horas del sábado 12 de septiembre, salió de las oficinas para sacar una foto con su celular desde la zona de elevadores.
El abogado Díez fue quien entregó el video a Aristegui Noticias y también lo llevó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde ya presentó una queja. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
No se trata de un caso de desaparición forzada, dijo Samuel González Ruiz, consejero de Alto al Secuestro; Wallace, presidenta de la asociación, opinó que la Oficina de Drogas y el Delito de la ONU es el organismo que debe investigar.
La asociación Alto al Secuestro, presidida por Isabel Miranda de Wallace, pidió que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deje el caso Ayotzinapa. Miranda de Wallace y Samuel González, exfuncionario de la PGR y consejero de la agrupación, expusieron el lunes 21 que hay conflicto de interés y se ha politizado el caso, además de subrayar que no sólo es un tema de derechos humanos sino legal. Lo que sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, mencionó González Ruiz, es técnicamente un secuestro y en consecuencia debió haber sido tratado como elemento criminal y no mandar reporte de derechos humanos, que tiene criterios diferentes al penal. “Hay que exigir que salgan los actores políticos estrictamente del terreno legal y de análisis para poder llegar a una verdad y no tratarlo solamente de manera política”, dijo en conferencia de prensa. A decir de Miranda de Wallace, la Oficina de Drogas y Crimen de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la que debe intervenir y coadyuvar en este caso, “porque en estos momentos hay un conflicto con un reporte de derechos humanos y con otro que tiene que ver con delito y droga”. La activista también aseguró que existen conflictos de interés en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien al ser mexicano no puede conocer de conflictos en México.
Samuel González Ruiz, consejero de Alto al Secuestro, abundó que “una confusión radical y tajante, error gravísimo del gobierno mexicano” es no conocer el reglamento del personal de la OEA. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: La empresa inmobiliaria Abilia, propiedad de María Asunción Aramburuzabala, ganó el recurso de reclamación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Distrito Federal para reanudar la obra en la calle Rubén Darío número 225, confirmaron fuentes de la empresa y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) del gobierno capitalino. Ante tal decisión jurídica, esta semana deberán levantarse los sellos de clausura en el desarrollo inmobiliario que detonó una denuncia pública y una demanda penal de la empresaria Aramburuzabala contra Adriana Pérez Romo, esposa del conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga, quien –según acusó– intentó extorsionarla con cinco millones de dólares para permitir la obra. Se trata de 122 departamentos en la colonia Polanco, una de las zonas de mayor nivel inmobiliario en la capital del país. Según declaró Aramburuzabala a la revista Proceso (2026), desde septiembre del año pasado, López Dóriga afirmó en sus cuentas de redes sociales que esa obra debía ser clausurada. Además, acusó a la inmobiliaria Abilia de falsificar permisos para derribar árboles. Lo que pocos conocían es que la esposa del conductor estelar de Televisa, Adriana Pérez Romo, estaba en contra del proyecto inmobiliario y amenazó con “hacer todo lo posible para parar la obra”. En la entrevista con este semanario, Aramburuzabala recordó que tuvo dos encuentros con la esposa de López Dóriga para tratar de resolver sus diferencias. Después de las amenazas y de los mensajes del conductor y columnista vía Twitter, el pasado 19 de enero se llevó a cabo un operativo en el que participaron 120 granaderos y 10 patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública del DF para clausurar la obra, pese a que el proyecto original ya había sido modificado antes por Abilia para atender los reclamos de vecinos de las calles colindantes de Lord Byron y Tres Picos. En su demanda penal, Aramburuzabala advirtió que en este operativo de clausura se puso en riesgo “la integridad de los habitantes de los predios aledaños y demás daños que se pudieron haber causado, por el impedimento a la adopción e implementación de medidas mitigatorias urgentes y necesarias”. A nombre de supuestos comités vecinales y de 11 habitantes del edificio contiguo de Rubén Darío 223, la esposa de López Dóriga emprendió acciones públicas para solicitar la suspensión de la obra. El INVEA autorizó dos clausuras consecutivas, con el argumento de que se incurrió en violaciones al uso del suelo en marzo y mayo de 2015. Un mes después, entró a escena el abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba, quien tuvo un encuentro con representantes de la empresa Abilia para extorsionarlos con la entrega de casi 10 millones de dólares: cinco millones para la esposa de López Dóriga, 600 mil dólares por honorarios de él y más de cuatro millones por obras de “mitificación” en la colonia Polanco. A cambio de esa cantidad, los quejosos se desistirían de las acciones vecinales y de las acusaciones ante las autoridades capitalinas en su contra. La amenaza de extorsión fue ventilada públicamente por Aramburuzabala.
Aún está pendiente el desenlace de la demanda penal que interpuso una de las mujeres más ricas del país contra el matrimonio López Dóriga-Pérez, el abogado Becerra Pocoroba y supuestos representantes de vecinos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL.
MÉXICO, D.F: Académicos e investigadores de 16 instituciones de nivel superior en México exigieron al presidente Enrique Peña Nieto el esclarecimiento de todas las “inconsistencias y engaños” contenidos en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero, con saldo de seis muertos y 43 normalistas desaparecidos. En una carta enviada al Ejecutivo, solicitaron que se amplíe de manera indefinida el plazo de estancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), hasta que se aclaren los sucesos, y que se les garantice el acceso a “toda la documentación, personas e instituciones públicas como privadas” que estuvieron vinculadas con los hechos. “Reprobamos la actitud de las autoridades de procuración de justicia federal y del estado de Guerrero por la creación de una historia revictimizante y su insistencia de reconocerla como la verdad histórica. El Estado mexicano debe cumplir con las recomendaciones del informe (del GIEI-CIDH) e investigar a las y los servidores públicos que obstruyeron la justicia”, puntualiza la misiva firmada por 87 académicos e investigadores de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) e Iberoamericana (UIA), entre otras instituciones. El texto, enviado también al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; a la procuradora general de la República, Arely Gómez, y a las cámaras de Diputados y Senadores, destaca que en el informe del GIEI que se hizo público el pasado domingo 6, se informó de diversas “inconsistencias y engaños contenidos en la investigación penal contra las personas responsables de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014”. Añade: “Resulta una ofensa para las víctimas y la sociedad en general, que a un día de la presentación del Informe del GIEI, servidores públicos del más alto nivel en la Procuraduría General de la República se pronunciaran en contra del mismo”. En ese sentido, los firmantes coinciden en que el Estado mexicano debe refrendar su compromiso con las víctimas y el respaldo al GIEI, “con la inmediata destitución de servidores públicos que continuarán obstaculizando la acción de la justicia”. Y consideran que aunque el mandato del GIEI se amplió por un par de meses, ante “la magnitud del trabajo que realizan debe considerarse un plazo indefinido, hasta el esclarecimiento de los hechos”. Además, el Estado mexicano, a través de todas sus autoridades, “debe respaldar públicamente al GIEI, quienes gozan de una alta calidad moral, amplio conocimiento en materia de derechos humanos y experiencias en hechos de igual o mayor magnitud de violaciones de derechos humanos ocurridas en países como Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador y Guatemala”, apunta la misiva. En ese contexto, los académicos e investigadores exigen al gobierno mexicano “el cumplimiento de las recomendaciones” hechas por el Grupo de Expertos de la CIDH y que se individualice la responsabilidad de quienes “actuaron con dolo, mala fe o negligencia, para obstruir la persecución penal de las ejecuciones arbitrarias, tortura y desaparición” ocurridas en Iguala. También piden la participación del GIEI en todas las actuaciones ministeriales que se realicen y su conformidad con la elección de peritos independientes, así como su presencia en la ejecución de las periciales correspondientes.
Finalmente, exigen “no criminalizar las manifestaciones públicas que se realicen, las cuales derivan de la ineficiencia e ineficacia de las instituciones del Estado mexicano para garantizar un acceso a la justicia”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Toda vez que continúa la volatilidad financiera internacional y la incertidumbre por la próxima normalización de la política monetaria en Estados Unidos, además de un menor ritmo de crecimiento de la industria manufacturera de ese país, la economía mexicana seguirá desacelerándose aún más en este y el próximo año, coincidieron este lunes diversos especialistas. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) –que congrega a ejecutivos y analistas de grandes empresas y grupos financieros del país– bajó hoy su pronóstico de crecimiento económico para 2015 y 2016, justamente por esas razones y, en el caso del próximo año, porque además el paquete económico para 2016 “no cuenta con medidas que permitan reactivar nuestro ritmo de crecimiento”. En efecto, el IMEF revisó a la baja su proyección de crecimiento para 2015 a 2.3%, desde el 2.5% que previó en agosto pasado, y desde el 2.8% planteado en julio. Y para 2016 bajó su proyección a 3%, desde el 3.2% que propuso en los dos meses previos. Y como un menor crecimiento económico implica una menor creación de empleos, también en este indicador el IMEF bajó sus expectativas. Para el cierre de 2015, sostiene, se habrán creado 662 mil 500 empleos formales nuevos, que significan 7 mil 500 empleos menos de los pronosticados en agosto y 11 mil 172 menos que los calculados en julio. Y para el cierre de 2016, según el Instituto, se habrán creado 690 mil nuevos empleos, diez mil menos de los pronosticados en agosto y julio. “El ritmo de crecimiento de la economía nacional para el próximo año será modesto, impactado en mayor medida por la incertidumbre global, la cual se extenderá hasta el próximo anuncio de la Reserva Federal”, concluye el IMEF. Por su parte, el grupo financiero Banamex-Citigroup mantuvo sin cambios su expectativa de crecimiento económico para 2015, de 2.3%, en función de que distintas variables –consumo, producción industrial, entre otras– se mantienen en la misma línea de los últimos meses. Sin embargo, para 2016 Banamex recortó de manera severa –cuatro décimas porcentuales menos–, su proyección de crecimiento del PIB a 2.8% desde el 3.2% que planteó el mes pasado. La razón de este ajuste, según Banamex-Citi, es que los riesgos para el crecimiento de la economía nacional en 2016 se incrementaron por la conjunción de estos factores, que impactarán en la economía del país: entorno global complicado, debilidad económica mundial y alta volatilidad financiera; además de la desaceleración de la producción manufacturera de Estados Unidos. Por si eso fuera poco, dice Banamex, el programa económico para 2016 “apunta a que la dinámica de ingresos el próximo año será menos favorable que en 2015, y por lo tanto se acompañó de una propuesta de gasto menor. “El menor déficit público implica un impacto menos favorable sobre el crecimiento económico del año”. Por eso, afirma, “hemos revisado a la baja nuestro pronóstico de crecimiento del PIB para México en 2016, a 2.8% desde 3.2%.
“En el contexto de mayores riesgos externos y limitado impacto fiscal favorable, prevemos ahora resultados para principios del 2016 que mostrarán el impacto de un menor dinamismo de la demanda global, en particular en Estados Unidos, que lo que habíamos anticipado hace un mes”, concluye Banamex. FUENTE: PROCESO. AUTOR: CARLOS ACOSTA CÓRDOVA
Al igual que la Fed, el Banco de México mantuvo sin cambios la tasa de referencia ante la incertidumbre de la economía global.
La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió mantener en 3.0 por ciento el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, en línea con la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, que el jueves pasado también dejó sin cambio sus tasas. En su anuncio de política monetaria, el banco central mexicano explicó que esta decisión de su Junta de Gobierno se toma en virtud de que estima que la postura monetaria vigente es conducente a afianzar la convergencia de la inflación a la meta permanente de 3.0 por ciento. El instituto central apuntó que las condiciones cíclicas de la economía continúan mostrando debilidad, aunado a que la inflación general se ubica por debajo del objetivo, y se espera que continúe así durante 2015. Además, la inflación subyacente en sus dos componentes, de mercancías y de servicios, permanece por debajo de 3.0 por ciento, mientras que las expectativas de inflación están bien ancladas, a pesar de la depreciación de la moneda nacional. Sin embargo, precisó, las posibles acciones de política monetaria por parte de la Reserva Federal podrían tener repercusiones sobre el tipo de cambio, las expectativas de inflación y, por ello, en la dinámica de los precios en México. Por tanto, la Junta de Gobierno del Banxico anunció que se mantendrá atenta en la evolución de los determinantes de la inflación y sus expectativas para horizontes de mediano y largo plazo. En particular, añadió, al traspaso de movimientos del tipo de cambio a los precios del consumidor, a la postura monetaria relativa entre México y Estados Unidos, así como a la evolución del grado de holgura en la economía.
Lo anterior, agregó, con la finalidad de estar en posibilidad de tomar las medidas necesarias con flexibilidad y en el momento en el que las condiciones lo requieran para consolidar la convergencia de la inflación al objetivo de 3.0 por ciento. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
De acuerdo con el equipo de sistemas del diario, se trata de una ofensiva que satura de visitas el portal, para hacerlo caer e impedir que usuarios accedan a él.
El diario La Jornada de Oriente denunció un “ataque sin precedente” en contra de su sitio web, que se encuentra ‘caído’ desde el domingo 20 de septiembre y hasta la tarde de este lunes. “A decir del equipo de sistemas de esta casa editorial, (el ataque) se basa en la saturación de entradas para hacer caer la capacidad de recepción de audiencia”, informó el equipo del medio local poblano. Desde el domingo, los encargados del sistema de La Jornada de Oriente ha encontrado al menos dos direcciones IP (el identificador de un dispositivo en internet), desde las cuales proviene la ofensiva: una alojada en China y la otra en Canadá. Existen dos hipótesis sobre el ataque pues podría tratarse de un “pirata informático” que está dañando directamente a los servidores que el diario utiliza para alojar su página web, o podría tratarse de un ataque “deliberadamente orquestado para dañar los sistemas digitales de este periódico“, aseguró el medio. Mientras se restablece el servicio de la página web de La Jornada de Oriente, la información que usualmente publican en su sitio puede leerse en sus cuentas de Facebook y Twitter. Según los trabajadores del diario, se trata de la tercera ofensiva contra el sitio web.
Así se ha visto el sitio web de La Jornada de Oriente en las últimas horas:
CUERNAVACA, Mor: El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, resucitó a su amigo Jorge Messeguer Guillén, quien perdió la alcaldía de Cuernavaca en la pasada elección, y lo nombró este lunes como secretario de Movilidad y Transporte, en sustitución de Manuel Quijano. Jorge Messeguer es amigo personal de Graco. En 2012 fue su coordinador de campaña y al llegar al gobierno del estado, en octubre de ese año, se convirtió en secretario de Gobierno, cargo que dejó para competir por la presidencia municipal de Cuernavaca en junio pasado, donde se ubicó en el cuarto lugar por debajo de Cuauhtémoc Blanco (PSD), Maricela Velázquez Sánchez (PRI) y Luis Miguel Ramírez Romero (PAN).
Desde hace algunas semanas se rumoraba que Messeguer Guillén podría ocupar la cartera de Movilidad y Transporte, sin embargo, su falta de experiencia en el tema y poco contacto con las agrupaciones de concesionarios hacían poco probable el nombramiento. Este lunes fue oficializado el cambio. FUENTE: PROCESO. AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)
MÉXICO, D.F: Luego de tres años de gestión del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, la mayoría de sus gobernados creen que la situación de la capital ha empeorado. Según una encuesta telefónica de BGC-Excélsior publicada este lunes, 60% piensa que la situación en la ciudad ha empeorado. Esa cifra es cuatro puntos mayor a la del año pasado y 10 más que hace dos años. Su índice de aceptación está en 37%, el más bajo desde que inició su gestión, según la encuesta, lo que representa una caída de 14 puntos con respecto al inicio de su gobierno, cuando 51% estaba de acuerdo con su forma de gobernar. Comparándolo con las gestiones de sus antecesores, la mayoría cree que ha gobernado mejor que Rosario Robles (43%) y que Marcelo Ebrard (41%), sin embargo, comparándolo con su antecesor inmediato, Andrés Manuel López Obrador, la mayoría (46%) considera que ha gobernado peor. A los entrevistados se les preguntó también en general cómo han visto a Mancera como jefe de gobierno y estas fueron las respuestas: El 48% considera que tiene una actitud de dejar las cosas como están, 52% que es incapaz de gobernar, 53% que es incapaz de resolver los problemas de la ciudad, 52% que es falso, 55% que es débil, 57% considera que no tiene experiencia, 62% que no es cercano al pueblo, 50% que se deja manipular y 67% que se enfoca a beneficiar algunos sectores. Al preguntar a los encuestados qué es lo mejor que ha hecho Mancera en sus tres primeros años de gestión, la mayoría, 34% contestó que nada. “La mayoría no logra mencionar algo que le parezca qué es lo mejor que ha realizado Miguel Ángel Mancera durante su gobierno” destaca el diario. Pero las acciones que más señalan son la disminución de la inseguridad (6%), la continuación de los programas sociales (6%), la reparación de la Línea 12 del Metro (6%) y los apoyos a las personas de la tercera edad (5%). Sin embargo, en otra pregunta sobre qué es lo peor que ha hecho Mancera como jefe de gobierno, la línea 12 y la seguridad vuelven a aparecer entre los primeros lugares. El 7% considera que no han avances en la línea 12 del Metro, el 6% que se deja manipular, otro tanto igual que no mejora la seguridad y un 5% que no tener mano dura con los manifestantes y plantones. El 34% no supo o no contestó la pregunta. El pasado 14 de septiembre, previo al tercer informe de gobierno del mandatario capitalino, El Universal publicó una encuesta en la que indicó que Mancera había logrado frenar su caída en la percepción que tiene la ciudadanía sobre su gestión, aunque también reveló que aún el 50% lo rechaza. Según esa encuesta, el mandatario recuperó dos puntos porcentuales con respecto a la medición anterior, al pasar de 24 a 26% de aprobación en general y el índice de desaprobación bajó de 57 a 50%.
Los aspectos negativos que destacó la gente en la medición de El Universal, coinciden con los de la encuesta de Exclesior: No es posible identificar sus logros, no escucha a la población, subir el precio del Metro y no combatir la inseguridad en la ciudad. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México dictó auto de formal prisión en contra Valentín Cárdenas Lerma, exdirector general del Centro Federal de Readaptación Social Número (Cefereso) 1, “Altiplano”, por su participación en la evasión de Joaquín Guzmán Loera, el pasado 11 de julio. De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), Cárdenas Lerma “está siendo procesado por la comisión de delito o delitos contra la salud”, previsto y sancionado en el Artículo 150 del Código Penal Federal. El procesado fue consignado ante la autoridad jurisdiccional por el Ministerio Público de la Federación, por su participación en la comisión del delito de evasión de presos. El pasado viernes 18, La PGR cumplimentó orden de aprehensión en contra de 13 personas como presuntas responsables de la fuga de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, El Chapo. Entre ellos la excoordinadora de penales federales, Celina Oseguera y Valentín Cárdenas Lerma. Entre los detenidos ese día se encuentra también la exdirectora jurídica del penal Leonor García García, quien de inmediato, obtuvo un amparo en contra de la orden de detención. García García, era la responsable de guardia en el momento en que se registró la fuga de Guzmán Loera, por lo que solicitó un juicio de garantías, mismo que fue admitido por el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México. Argumentó que ella cubría la ausencia por descanso del director general del reclusorio, Valentín Cárdenas Lerma, cuando el comandante Vicente Flores Hernández le comunicó que el interno ‘R-5’ ya no estaba en su celda. El resto de los detenidos son Roberto Cruz Bernal, Jaime Galindo Hernández, Osvaldo Gastón Veytia Rodríguez y Miguel Ángel Flores Mirafuentes. También Agustín Jiménez Molina, Herminio González Albarrán, Miguel Ángel Cortes Carrillo, Erick Sorcia Martínez, Arturo Hernández Hernández y Reyes Mota Carrillo. Tanto Celina Oseguera Parra como Víctor Cárdenas Lerma, fueron destituidos de su cargo por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong dos días después de que Guzmán Loera se fugara por segunda ocasión de un penal de máxima seguridad.
El pasado 11 de junio, El Chapo, a través de un túnel, burló a las autoridades del penal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
Aunque el operativo se realizó hace más de una semana, apenas el domingo 20 de septiembre, la PGR reportó, en un comunicado, el aseguramiento del equipo.
Aunque el operativo ocurrió el pasado 11 de septiembre, la PGR reportó hasta ayer que “en cumplimiento a una orden de cateo… localizó diversos artefactos electrónicos, de telefonía y de cómputo, que al parecer constituyen objetos en la comisión del delito de intervención de comunicaciones privadas previsto en el artículo 117 del Código Penal Federal”, en las oficinas de Infraiber -ubicadas en Polanco-, empresa en disputa con OHL, la misma a cuyo abogado le fue sembrada una pistola. “Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos de la PGR se constituyeron en un apartamento ubicado en el noveno piso de la calle de Campos Elíseos colonia Polanco del Distrito Federal, y cumplimentaron el mandamiento obsequiado por un Juez Penal Federal en la materia”, detalló la Procuraduría. “En ese inmueble fueron asegurados: un dispositivo electrónico con audífonos y puntas de conexión, 21 discos flexibles de 3 ½ pulgadas, 442 discos compactos de diferentes marcas y capacidades, dos discos duros internos, 10 equipos de cómputo portátiles, cuatro computadoras de escritorio, dos grabadoras de audio y video, así como cinco teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos”, detalló. “También fueron encontrados siete equipos de radio comunicación, tres CPU, cinco discos duros, tres equipos de cómputo todo en uno, siete Tablets, un adaptador de memoria Micro SD, dos cámaras digitales, 43 memorias USB y un dispositivo móvil de alta tecnología”, añadió. La PGR recordó que el artículo 117 del Código Penal Federal establece que “a quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa”. Los objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien integra la averiguación previa correspondiente, relacionada con las llamadas intervenidas a directivos de OHL. El 11 de septiembre, elementos de la PGR irrumpieron en las oficinas de Infraiber en busca de evidencias que acrediten el presunto espionaje telefónico a directivos de OHL México, denunciado por esta empresa.
Infraiber ha manifestado su temor de que la Procuraduría hubiera sembrado pruebas en sus instalaciones o sus equipos de cómputo durante el cateo, luego de que agentes de la dependencia sembraran un arma al representante legal de la compañía, Paulo Díez Gargari, en hechos ocurridos el pasado 7 de septiembre, unos días antes del cateo:
Las iglesias, los partidos políticos, las asociaciones civiles que protegen animales, personas, el medio ambiente o que trabajan por el bienestar del país están hoy bajo la severa lupa de la Secretaría de Hacienda: se les vigila para saber si lavan dinero obtenido ilícitamente por los cárteles, por políticos o empresarios. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFIPORPI) comúnmente llamada Ley anti-lavado afecta directamente a toda la población mexicana. En el 2012, México se vio forzado a aprobar esta ley por pertenecer al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental establecido en 1989 por el G7 a fin de crear y respetar estándares legales para combatir el lavado de dinero. México se convirtió en miembro del GAFI apenas en el año 2000 y es uno de los 34 países miembros. Esta ley, afinada en 2014, establece que todas las organizaciones de la Sociedad Civil que reciben donativos deben cumplirla para evitar que el dinero obtenido ilegalmente pase por las cuentas bancarias de las organizaciones civiles, desde Fundación Televisa hasta partidos políticos y la asociación civil más modesta, todas deben cumplirla, aunque no todas lo hacen. Para esta ley recibir donativos es una actividad vulnerable, de allí que las asociaciones civiles, con o sin registro CLUNI, deben cumplirla y completar los reportes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), además deben inscribirse en el portal https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html Pero no solamente las asociaciones civiles están obligadas; se investiga a cualquiera que pague sus tarjetas de crédito en efectivo por más de 10 mil pesos, a quien compre cheques de viajero o haga operaciones de inmuebles y joyas, obras de arte y ventas de vehículos o jueguen en casinos o lotería. Cuando un donante excede los $112 mil pesos la organización está obligada a crear un expediente con formato oficial para la inspección de Hacienda. Si rebasa los $225 mil pesos la organización está obligada a notificar inmediatamente al SAT. Aunque los donativos sean en especie: alimentos, ropa, medicamentos, quien los recibe debe hacer avalúo y reportar a la autoridad. Aunque no se reciban esos montos se debe presentar un informe mensual en ceros. Las multas por omisión pueden ser millonarias y en algunos casos la cárcel es el castigo. Según un estudio elaborado por la consultora Guadalupe Mendoza Trejo, el 93% de las organizaciones civiles mexicanas admiten que esta ley impone una intensa sobrecarga administrativa y que en muchos casos no logran convencer a sus donantes, mexicanos o extranjeros, de proporcionar toda la información financiera que exige la Secretaría de Hacienda. El 40% de las asociaciones ha tenido que invertir en el pago de consultores externos para poder cumplir la ley, el 21% apenas sobreviven pagando sueldos miserables a quienes defienden víctimas o llevan a cabo labores de desarrollo social, de allí que les sea imposible contratar a consultores que pueden costar hasta 100 mil pesos anuales. Esta ley exige la transparencia total de toda organización, empresa y persona que maneja dinero en México, incluso de las instancias gubernamentales que otorgan donativos bajo concurso. Con razón varias donatarias internacionales temen por la seguridad de su información delicada, ya que esta ley exige la violación del secreto bancario y la obtención de datos personales de personas millonarias que deciden apoyar acciones humanitarias. Todas las asociaciones, por pequeñas que sean, deben contar con sistemas informáticos e internet de primera calidad.
Sin duda esta ley es una buena noticia en un país de opacidad sistémica; ahora las notarías, que acostumbran cobrar en efectivo, se verán obligadas a transparentar sus transacciones y veremos qué hacen los grandes periódicos que reciben sumas millonarias en efectivo por anuncios, prebendas y favores políticos. También habrá que asegurarse que la transparencia aplique a todos, incluyendo el propio secretario Videgaray y sus inversiones en bienes raíces, o el ex gobernador Félix González Canto y sus “casas fuertes”, pequeñas casas blindadas con altos sistemas de seguridad para guardar el dinero en efectivo obtenido por actos de corrupción y extorsión al empresariado. Veremos también si los operadores políticos no utilizan al SAT para perseguir a las organizaciones civiles que defienden los Derechos Humanos, la libertad de expresión y otras acciones cívicas que ejercen presión sobre el Estado. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: LYDIA CACHO.
MÉXICO, D.F: Detenida el pasado viernes como presunta responsable en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, la excoordinadora de los penales federales, Celina Oseguera Parra solicitó un amparo en contra de la orden de aprehensión y para evitar ser incomunicada. El recuso quedó radicado en el juzgado Sexto de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal. La exfuncionaria obtuvo la “suspensión provisional”, sin que ello signifique un cambio en su situación de indiciada como una de las personas responsables de la fuga del capo sinaloense, el 11 de julio pasado, del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el estado de México. Hasta ese día, Oseguera Parra era la coordinadora de los Centros Federales de Readaptación Social. Su cese fue inmediato tras la fuga, según informó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Por ahora, es la exfuncionaria de más alto nivel detenida. Desde el viernes pasado, Oseguera Parra está interna en el penal femenil de Tepic, Nayarit. Ese mismo día tramitó el amparo. El juzgado Sexto está por definir la fecha en que resolverá el recurso, según la información publicada por el Consejo de la Judicatura Federal. Oseguera y otras 12 personas más, incluido el exdirector del penal del Altiplano, Valentín Cárdenas, fueron detenidos el viernes por la Procuraduría General de la República (PGR).
La acusación penal contra los exfuncionarios acusados está a cargo del juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, en el estado de México, radicado en el penal del Altiplano. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
