miércoles, 23 de septiembre de 2015

La censura a Aristegui y los “premios” a MVS

MÉXICO, D.F: En un movimiento simultáneo, el jueves 17 y el viernes 18, el Grupo MVS, de la familia Vargas, obtuvo en tribunales especializados en telecomunicaciones dos triunfos rotundos ante Grupo Televisa, su adversario en el mercado, en una clara señal de reconsideración a la empresa que este año protagonizó el escándalo de la ruptura con su periodista estelar, Carmen Aristegui, y un equipo de 19 periodistas y comunicadores que fueron despedidos desde marzo pasado.

El 17 de septiembre, el Primer Tribunal Colegiado Especializado en Telecomunicaciones desechó el amparo interpuesto por la empresa de Emilio Azcárraga Jean para no aplicar las obligaciones del must carry y del must offer, es decir, la retransmisión gratuita de la señal radiodifundida de otras empresas.

Esta batalla es una causa encabezada por Grupo Dish, filial de MVS, que ha competido en el mercado de la televisión restringida, vía satelital, con Sky, filial de Televisa. La retransmisión gratuita de los canales abiertos más vistos, en especial, el Canal 2, se consideró como desventaja competitiva. Dish defendió el decreto de la reforma constitucional de telecomunicaciones, del 27 de febrero de 2014, que obliga a los concesionarios de televisión abierta (léase Televisa y TV Azteca) a retransmitir sus señales sin costo adicional a los servicios de otras empresas de televisión de paga.

El 18 de septiembre, este mismo tribunal colegiado falló a favor de Grupo MVS para mantener vigente el acuerdo entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y la empresa de Joaquín Vargas, signado en 2013, para el uso de la banda 2.5 Ghz, que el gobierno de Felipe Calderón intentó rescatar de mala manera en 2011.

Grupo Televisa había impugnado ese acuerdo y el tribunal decidió que la empresa no tenía “el interés legítimo y no sólo el propósito de obtener un beneficio económico”.

La banda 2.5 Ghz

El conflicto por la banda 2.5 Ghz, cuyo valor es mayor a los mil millones de dólares, provocó la primera salida de Carmen Aristegui de MVS, en febrero de 2011. El entonces gobierno de Felipe Calderón presionó a Joaquín Vargas para no refrendar las concesiones que MVS detentaba en esa banda, si no despedía a Aristegui, tal como el propio empresario reconoció en agosto de 2012 (Proceso 1789 y 2002).

El precedente de este conflicto hace pensar que un caso de presión similar pudo estar detrás de la salida de Aristegui y su equipo, en marzo de 2015, cuatro meses después de la difusión del reportaje de la Casa Blanca de Peña Nieto, que provocó un profundo malestar en el gobierno de Peña Nieto.

La diferencia estriba en que en la primera salida de Aristegui de MVS Radio, en febrero de 2011, la presión fue tan fuerte contra la empresa y contra el gobierno calderonista, que ambos decidieron revertir la decisión. En el caso de la salida de 2015, la protesta de las audiencias y de la sociedad ha sido mayor, pero MVS no modificó un milímetro su decisión, aunque dio versiones contradictorias: primero dijo que fue por el mal uso de la “marca” de la empresa en la plataforma Mexicoleaks, luego por la no aceptación de Carmen Aristegui de unos “lineamientos editoriales” que violaban el contrato entre la periodista y la empresa, y finalmente, quedó en un asunto que está en demanda mercantil por el uso de los contenidos del noticiero de MVS Radio en la plataforma digital Aristegui Noticias.

Todos los argumentos contradictorios de MVS han sido utilizados para negar, una y otra vez, que se trate de un caso de censura o de presión gubernamental.

Los antecedentes y lo ocurrido el jueves 17 y el viernes 18 hacen pensar lo contrario. Nada se mueve en un sector con tantos intereses de por medio sin la presión de las autoridades gubernamentales, mucho menos en este sexenio caracterizado por su alto grado de control en los contenidos de medios electrónicos.

Beneficio a Televisa

Todas estas decisiones harían pensar que las autoridades de telecomunicaciones están afectando los intereses de Grupo Televisa, el agente preponderante en televisión abierta, a favor de su viejo rival MVS y de América Móvil, con quienes protagonizó una guerra muy agria y abierta en 2011, teniendo a Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca, como aliado.

Sin embargo, expertos en el sector e informaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones advierten que el gran beneficio para Grupo Televisa está en la negociación para que no sea declarado dominante en el mercado de la televisión de paga, donde posee el control de empresas como Cablevisión, Cablemás, Cablecom y TVI (en televisión por cable), así como Sky (en televisión satelital) y más de 60% de los usuarios de televisión restringida en el país.

Según reportó el periódico Reforma, los representantes de Televisa sostuvieron el 26 de agosto, el 3 y el 13 de septiembre reuniones con representantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El intenso cabildeo de Alfonso de Angoitia, vicepresidente de la empresa; de Alejandro Bustos, vicepresidente de Temas Jurídicos y de Regulación, y Adolfo Lagos, vicepresidente de Telecomunicación, tiene dos grandes objetivos:

1. Evitar que en caso de ser declarados dominantes se les impida empaquetar la venta de publicidad a través de televisión restringida y televisión abierta, tal como lo vienen haciendo.

2. Eludir restricciones en la compra de contenidos.

Los derechos de usuarios y audiencias salen perdiendo

En ambos casos: los beneficios a MVS y América Móvil, por un lado, y una declaratoria light de dominancia en televisión restringida para Televisa, por el otro, quienes saldrán perdiendo en muchos sentidos son los usuarios y las audiencias porque en ninguno de los dos casos se debaten sus derechos sino los grandes intereses corporativos y el gran negocio de los corporativos en disputa.

El must carry y el must offer que ha conseguido MVS es muy loable en términos de concordancia con la reforma de telecomunicaciones, pero muy criticable ahora que sus contenidos informativos carecen de periodistas críticos. La alineación con los intereses gubernamentales es clara en todas sus emisiones.

El derecho a la información y los derechos de las audiencias salen perdiendo cuando hay acuerdos cupulares entre autoridades y concesionarios, sin importarles que el gran negocio se sustenta en la concesión de un servicio de interés público (artículo 6º. constitucional). La libertad de expresión se esgrime como una moneda de cambio, no como una convicción interna y frente a las audiencias.

Por otro lado, los derechos de los usuarios y de las audiencias en la televisión de paga prácticamente son ignorados en el debate cerrado que el IFT sostiene para definir la posición de Televisa en este mercado que estará cada vez más concentrado.

Prácticamente, MVS se conforma con jugar el papel que TV Azteca hizo en la televisión abierta: ser un contrincante cómodo en televisión restringida para Televisa.


Con la salida de Aristegui y de su equipo lo que se confirma es que en los espacios informativos de MVS nada incomoda al gobierno de Peña Nieto ni con la sugerencia de una Casa Blanca.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Murillo Karam y Escobar, burla tras burla

MÉXICO, D.F: “Si caigo yo, caes tú”, advirtió Jesús Murillo Karam a Enrique Peña Nieto, según confió el exprocurador a allegados tras el derrumbe de su “verdad histórica” sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa y justo cuando estaba en curso su nombramiento como embajador en Portugal.

Desnudas las mentiras, validada la hipótesis central de los hechos de Iguala sólo por un puñado de incondicionales, es remoto que Murillo Karam pueda ser ya ratificado por el Senado para convertirse en embajador –un aval que está en manos del PAN y que por tanto es posible–, pero de lo que no hay duda es que quedará sin castigo.

Murillo Karam no será procesado ni enjuiciado políticamente por los delitos que como servidor público cometió –obstrucción de la justicia, omisión, encubrimiento, tortura–, pero no por la supuesta amenaza a Peña, sino porque la impunidad ha sido el estilo personal de gobernar de éste.

Sólo la impunidad mantiene en la Secretaría de Gobernación a Miguel Ángel Osorio Chong, responsable político y administrativo de la custodia del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, cuya fuga puso en ridículo mundial a Peña.

Y es la impunidad la que hizo a Peña designar a Arturo Escobar como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Porque –ojo– fue Peña, no Osorio Chong, quien le dio el empleo.

Transgresor sistemático de la Constitución y la ley como líder máximo del Partido Verde, no hay manera de que Escobar prevenga la violación de éstas. Es como enderezar a un jorobado.

Pero por más que organizaciones sociales exijan a Peña que reconsidere el nombramiento de Escobar y se acumulan firmas de ciudadanos que se niegan “a que nuestros impuestos sean usados para retribuir a un personaje que no cuenta con los méritos ni la capacidad necesarios para el desempeño de la función que se le está encomendando y que, además, es representante del partido político que históricamente más ha violado la ley y que debió haber perdido su registro”, la arrogancia se impone: Escobar seguirá.

Cuando Escobar llama “premio” a su nombramiento es porque así es: Peña lo premia porque, sin la inconstitucional e ilegal campaña del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el PRI –con sus 202 diputados– no tendría ninguna posibilidad de ser mayoría, así sea raquítica.

Los 47 diputados del PVEM, varios de ellos confesos priistas –en realidad iguales unos y otros–, sumaban 250 antes de anularse la elección en un distrito de Aguascalientes, pero con los 11 de Nueva Alianza, el partido de la defenestrada pero multimillonaria Elba Esther Gordillo, garantiza que los priistas harán las reformas que les dé la gana, no habrá ninguna si no les gusta y sin ellos cualquier petición de juicio político irá al caño.

Y peor: Peña y el PRI –Manlio Fabio Beltrones– tienen un nuevo aliado: El Partido Encuentro Social, cuyo coordinador de sus ocho diputados es Alejandro González Murillo, sobrino justamente del exprocurador Murillo Karam.

¿Cómo al menos enjuiciar políticamente al autor del montaje de Iguala, como plantea la jurista Layda Negrete en http://horizontal.mx/murillo-karam-juicio-politico/ si en la Cámara de Diputados no existe ni una mayoría para instar la Sección Instructora y si su sobrino está ahí como diputado custodio?

Ya lo declaró el propio González Murillo: Encuentro Social apoyará a Peña y a su gobierno, “porque si al presidente le va bien, nos va bien a todos”.


Ajá…

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.

Gobierno violó convenios con ampliación del puerto de Veracruz: ambientalistas

MÉXICO, D.F: Al otorgar el permiso para la ampliación del puerto de Veracruz, “sin la suficiente información técnica y científica”, el gobierno federal vulneró varios de los convenios internacionales que firmó en materia ambiental, advirtieron hoy organizaciones ambientalistas (martes).

En conferencia, alertaron que el proyecto pondrá en peligro a “dos de los tesoros naturales más importantes de México”: la barrera coralina de Veracruz y la reserva de la biósfera de los Tuxtlas.

Debido a ello, solicitaron a la Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas (Conanp) que invite a un comité de expertos internacionales para revisar si el proyecto respeta las normas ambientales y emitir recomendaciones si no fuera el caso.

Para llevar a cabo el megaproyecto de infraestructura –que cubrirá una superficie de cerca de 910 hectáreas, el doble del puerto actual–, el gobierno federal autorizó la modificación del polígono que demarca el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, el mayor ecosistema de coral del Golfo de México. Además, autorizó la extracción de dos millones de metros cúbicos de roca basáltica en 52 hectáreas de la reserva de los Tuxtlas.

Las organizaciones demandantes resaltaron que esta es “una de las últimas selvas húmedas de México” –sitio vital para las aves migratorias del continente– la cual, además de su valor en biodiversidad, sirve de muro natural de protección a las comunidades de las intemperies y los huracanes.

Por la riqueza en biodiversidad que albergan y sus características únicas, agregaron, tanto el arrecife veracruzano como la biosfera de los Tuxtlas se encuentran protegidos por la ley mexicana. El primero tiene el estatuto de área natural protegida desde 1992 y la segunda está registrada como reserva de la biosfera.

“El programa de manejo de la reserva de la biosfera de los Tuxtlas prohíbe expresamente el uso de explosivos dentro del área, pero el proyecto necesita utilizarlos para extraer el material”, afirmaron las organizaciones en un documento que remitieron a varias entidades gubernamentales.

Los denunciantes añadieron que una vez terminada, la obra vulnerará el hábitat de las cinco especies de tortugas marinas que viajan cada año hacia el arrecife para reproducirse, pese a la protección internacional de la que gozan estas especies amenazadas por la actividad humana.

Ayer, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente (Aida), entre otros, entregaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional para las Áreas Naturales Protegidas (Conanp) una petición firmada por más de 30 mil personas para revocar la autorización en materia de impacto ambiental otorgada para reabrir la mina de explotación de piedra en los Tuxtlas.

“No dudamos que la ampliación generará empleos”, subrayó Xavier Martínez, director de la oficina del Golfo de Cemda. “La pregunta es ¿cómo?”, agregó.

En entrevista con Apro, Martínez afirmó que las áreas nacionales protegidas son “una garantía para el medio ambiente. Por lo mismo, no puede ser sacrificado de la manera en la que está siendo sacrificado”.

Emilio Rodríguez, integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental, lamentó que en México se considere a las áreas naturales protegidas como “bancos” de materiales y materias primas.


“No pedimos algo que no exista, sino que se cumpla con las leyes y los tratados que firmó México en materia ambiental”, insistió Alda Navarro, integrante de la Aida.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Inconclusa, la autopista que inauguró Peña Nieto el lunes

La autopista Salamanca-León no tiene acceso directo a la zona urbana leonesa y provisionalmente entronca con la autopista León-Aguascalientes; tampoco han sido instalados teléfonos y cámaras.

El presidente Enrique Peña Nieto inauguró el lunes 21 la autopista número 16 de 52 que prometió construir en su sexenio… pero está inconclusa.

La autopista Salamanca-León no tiene acceso directo a la zona urbana leonesa, no está terminada y entronca en forma provisional con la autopista León-Aguascalientes.

El proyecto señala que el acceso será por un distribuidor vial que se localizará en el cruce de los bulevares Timoteo Lozano y Delta, por la comunidad San Juan de Abajo; sin embargo, las obras están suspendidas.

Para acceder a la nueva autopista se tiene que hacer por el bulevar Aeropuerto y tomar la autopista a Aguascalientes.

A la altura del kilómetro 5 hay un entronque improvisado con poca seguridad. Se trata de un retorno que habitantes de la zona utilizan como si fuera calle; de hecho, hay niños que juegan sin precaución, lo cual representa un riesgo latente.

Para concluir esta obra aún está pendiente la troncal de 1.5 kilómetros para conectar esta autopista con el Municipio de León.

Además, a la autopista Salamanca-León que consta de 79 kilómetros y que permitirá reducir de una hora 15 minutos a 40 minutos el recorrido que actualmente se realiza por la carretera federal 45, le faltan otros detalles.

El sistema inteligente de seguridad que debe contar con conectividad a través de fibra óptica, 56 cámaras de vigilancia, 12 cámaras de detección automática, 54 teléfonos SOS, seis estaciones de monitoreo de velocidad fijas y seis móviles, no han sido instalados.

En la autopista se aprecian solamente bases de concreto donde se colocarán los teléfonos de auxilio y cámaras.

Los detectores de velocidad tampoco se han colocado y la conexión que debería ser a través de fibra óptica, ayer no funcionó durante la inauguración.

Construida con cuatro carriles, el tramo carretero tampoco tiene terminado los cuatro entronques a desnivel, 15 puentes, 38 pasos inferiores vehiculares y nueve inferiores.

Dos puentes, uno en el tramo de Silao a Irapuato y otro de Silao a León, cercano a la comunidad Santa Ana del Conde, se encuentran en construcción. Algunos accesos también están sin terminar.

Se estima que alrededor de 8 mil 900 vehículos recorran la autopista diariamente.

La arteria parte del entronque Cerro Gordo de la autopista Querétaro-Irapuato hasta el entronque de la maxipista Aguascalientes.


Personal del Gobierno del Estado destacó que la obra podría quedar concluida en un lapso de tres meses, si no existen contratiempos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aprueban en el Senado dictamen sobre derecho de réplica, pese a críticas

El dictamen de esta minuta fue aprobado en diciembre del 2013 y aún se mantiene en los mismos términos que envió la Cámara de Diputados al Senado de la República, donde este martes fue discutido por comisiones de senadores, quienes por mayoría lo avalaron.

Las comisiones de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron este martes en lo general y sin cambios el dictamen de la ley reglamentaria en materia de derecho de réplica.

La votación fue de 19 votos a favor, del PRI y del Partido Verde; mientras que 8 votaron en contra, del PAN, PRD y PT.

En el debate en las comisiones de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda, los legisladores Alejandro Encinas, Benjamín Robles, Dolores Padierna, Angélica de la Peña, Javier Corral y Manuel Bartlett expresaron su voto en contra del dictamen.

El senador del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez, advirtió que esta ley debería establecer plenamente que la réplica es gratuita, expedita y general, sin embargo se obliga a los afectados a contratar en la misma vía y con el mismo costo un espacio para ejercer su derecho.

“Se está generando de manera disfrazada un nuevo mercado en los medios de comunicación, el mercado de la réplica, donde uno tiene que pagar para ejercer su derecho ante un agravio cometido, ya sea por la autoridad o por un particular”, sostuvo.

Señaló que dicha minuta contradice disposiciones avaladas en reformas aprobadas en materia de telecomunicaciones y político electoral.

En primer lugar, el legislador apuntó que se pretende que la réplica electoral se mantenga en los mismos tiempos y normas jurídicas que el resto de la réplica en materia civil.

Marcela Torres Peimbert, senadora del PAN, afirmó que la minuta tiene “dos pecados de origen gravísimos”: por un lado, le deja a los medios de comunicación “la potestad de decidir si el derecho de réplica, un derecho humano, es viable” y, en segundo lugar “la carga de la prueba queda en el ofendido, en la persona”.

En contraste, Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, respaldó el dictamen al argumentar que el derecho de réplica debe publicarse un día hábil siguiente de la notificación del sujeto de este derecho.

Asimismo, señaló que se establece un procedimiento jurisdiccional para reclamar el derecho de réplica.

Diputados buscan frenar dictamen

Diputados de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano acordaron esta semana conformar un equipo legislativo para frenar la aprobación del dictamen sobre la Ley Reglamentaria de Derecho de Réplica en sus términos que actualmente se encuentra en el Senado, por considerar que no garantiza a los ciudadanos el derecho pleno a ejercer la réplica en medios de comunicación cuando una información inexacta o falsa daña el honor y la imagen.

En caso de que el pleno del Senado aprobara el dictamen sin modificaciones, como ya ocurrió en la comisión, los diputados presentarían una reforma legislativa para subsanar las deficiencias que se han encontrado y garantizar un procedimiento expedito en el que las personas puedan resarcir el daño que pudiera provocarle la difusión de información inexacta o calumniosa.

Al respecto, el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, en representación del Grupo Parlamentario del PRD, aseguró que el dictamen no refleja las garantías consagradas en el artículo 6º de la Constitución, y señaló que es una reglamentación llena de burocratismo que “pone la carga de la prueba en los ciudadanos que lo exigen”.

“Si el trámite de Derecho de Réplica fuera ágil bajo este procedimiento duraría entre 14 y 20 días para poder ejecutarse; pero si se va mediante el procedimiento burocrático que se está permitiendo en el dictamen pudiéramos durar hasta 6 meses para que pudiera ejercerse el Derecho de Réplica, todo mundo sabe que esto ya o tendría ningún sentido”, sostuvo.

Acosta Naranjo afirmó que son las televisoras las beneficiadas en caso de que el Senado apruebe el dictamen en sus términos, y comparó a celeridad con la ejerce la réplica en medios escritos y la radio, en este último es posible hacer aclaraciones prácticamente en el instante.

Por su parte, el diputado Gustavo Madero, en representación del Grupo Parlamentario de PAN, realizó un exhorto a los Senadores para que modifiquen el dictamen y éste regrese a la Cámara de Diputados y señaló que “es el momento de la ampliación máxima de los derechos de los ciudadanos en nuestro país y por eso queremos expresar esta convicción y esta voz de aliento para que los Senadores desde la Cámara modifiquen este dictamen”.

Madero dijo estar consciente que se enfrentan a intereses poderosos, sobre todo de la televisión, que han presionado para restringir y limitar el ejercicio de la réplica y aseguró que es el momento de concretar este derecho que se ha pospuesto desde noviembre de 2007.


Conferencia de diputados:



Sesión de comisiones en el Senado:



Dictamen aprobado:

Dictamen:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Indagan por cohecho a pareja sentimental de exedil de Naucalpan

TOLUCA, Edomex: La Procuraduría General de Justicia de Estado de México (PGJEM) investiga por probable cohecho a Leticia Yasmín Camacho Muñoz, pareja sentimental del exalcalde David Sánchez Guevara, acusado de peculado, y quien lo acompañó al Mundial de Futbol en Brasil en plena contingencia municipal por las lluvias.

El titular de la dependencia, Alfredo Gómez, además precisó que las auditorías practicadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) a la gestión de Sánchez Guevara arrojan irregularidades por 60 millones de pesos.

El abogado de la entidad recordó que la actual pareja del priista fue servidora pública en el municipio y es propietaria y accionista de la empresa Promocasting, que prestó servicios al ayuntamiento.

Como servidora pública y dueña de la empresa, destacó, incurrió en conflicto de interés.

Gómez Sánchez precisó que la mujer además es investigada por los flujos de dinero del expresidente municipal, “para ver si pasó por sus cuentas bancarias” la suma relacionada con el probable peculado.

Adicionalmente, expuso, se le inició una investigación por el delito de cohecho que la señora habría cometido con las autoridades del penal de Santiaguito para que le otorgaran mayores consideraciones y más libertad para acceder a la cárcel cuando quisiera entrevistarse con Sánchez Guevara.

Camacho Muñoz es señalada como la probable responsable de entregar al exedil un chip y un teléfono celular que le permitieron mantenerse en contacto con sus colaboradores del ayuntamiento para esconder o eliminar evidencias.

Por estos hechos, precisó el abogado de la entidad, hay custodios que ya fueron destituidos –aunque afirmó desconocer el número específico– y ya declararon el jefe de turno y el director del penal.

El procurador mexiquense aseguró, de igual manera, que el OSFEM ha encontrado irregularidades por cerca de 60 millones de pesos a la gestión de Sánchez Guevara, pero no necesariamente todas implican una responsabilidad penal, ya que también puede ser administrativa o sólo sumas que deban ser solventadas.

No obstante, admitió que se han encontrado otros casos que pueden caer en responsabilidad penal, relacionados con la adquisición de bienes y servicios, y una inversión en Ficrea, que eventualmente se agregarían a los 400 mil del peculado por un andador que no fue construido, y a los 5 millones de pesos del programa Banqueta Digna que no pudieron ser imputados a causa de la suspensión por un amparo que el exedil promovió.


David Sánchez fue detenido el 20 de agosto, apenas unos días antes de rendir protesta como diputado federal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.

martes, 22 de septiembre de 2015

El IFT perfila tres grandes licitaciones para 2016

MÉXICO, D.F: El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) perfila para 2016 tres grandes licitaciones: 80 megahertz (Mhz) para servicios de telefonía móvil en banda ancha; 191 estaciones de radio en FM, y la concesión de la red compartida.

El pasado 20 de septiembre, el IFT anunció que licitará en enero de 2016 80 Mhz para proveer servicios de telefonía móvil de banda ancha en la tecnología 4G y la LTE (Long Term Evolution), entre operadores ya establecidos y posibles nuevos competidores.

En su comunicado, el organismo regulador informó que desde este lunes 21 de septiembre y hasta octubre, dará a conocer a los interesados las primeras características de la licitación antes de definir los términos y condiciones del proceso.

Según el IFT, se tratará de una “subasta combinatoria de reloj” y pondrá a disposición de los licitantes 50 Mhz de la llamada sub-banda AWS-3 y 30 Mhz de la subanda AWS-1, pertenecientes a las bandas 1.7 a 2.1 Ghz, consideradas unas de las de mayor valor en el mercado de telecomunicaciones.

Por otro lado, el periodo para la elaboración de las llamadas “prebases” de la Red Compartida fue ampliado desde finales de agosto. Se trata de la licitación de una red móvil de acceso inalámbrico para telefonía móvil e internet que utilizará la banda 700 Mhz y la responsabilidad central será de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Según la reforma de telecomunicaciones, esta Red Compartida debe estar lista para finales de 2018, cuando iniciará sus operaciones. Sin embargo, los plazos no se han cumplido. La inversión calculada para desplegar esta red es del orden de los 7 mil millones de dólares.

En el caso de las 191 estaciones de radio en FM y 69 en AM que el IFT pretende licitar, se prevé que las prebases estén listas en el último trimestre de 2015. Se calcula una inversión de 34 millones 400 mil pesos por cada una de estas frecuencias comerciales.

La radio comercial mexicana está dominada por siete grandes grupos a nivel regional y nacional: ACIR, Grupo Radio Centro (que no pudo sostener su oferta en la segunda de las dos cadenas de televisión digital abierta), Radio Fórmula, Radiorama, MVS Radio, Grupo Imagen y WRadio.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Rinde Narro último informe; promete “sucesión democrática”

MÉXICO, D.F: En punto de la una de la tarde, las luces de la Sala Miguel Covarrubias se apagaron para proyectar un extenso video con los premios y logros de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante los últimos ocho años, inicio del fin de los informes de José Narro Robles al frente de la institución.

A la una y veinticinco se iluminó el centro del escenario, dispuesto un pódium de madera y de fondo los estandartes de la universidad nacional para la aparición del aún rector, quien se dispuso a leer su mensaje en uno de sus últimos actos solemnes.

A dos días de que inicie formalmente el proceso de su sucesión, aseguró que la Junta de Gobierno garantizará una elección en absoluta libertad, con “los más altos estándares” dentro de la normatividad universitaria.

Ante las críticas a esa normatividad, pidió tolerancia y deseó que sean “los proyectos y las ideas expuestas” lo más importante. “Que no quepa la menor duda de que estoy preparado para ser un buen exrector. Tengan la seguridad de que seré absolutamente cuidadoso de los tiempos, las formas y las normas de nuestra comunidad”, dijo, reiterando su confianza en el futuro de la UNAM.

Resaltó el papel de las universidades públicas en la sociedad contemporánea.

“He ganado argumentos en mi convicción de que la labor de la universidad supera a la de transmitir y generar conocimiento. El objetivo mayor tiene que ver con la formación de ciudadanos libres, con principios éticos y compromiso social, preparados para vivir en democracia, para ser solidarios con los demás y para defender los derechos humanos”.

Aseguró que la UNAM vive una buena etapa en investigación y difusión de la cultura, con gran infraestructura y acervos para desarrollar todas las áreas del conocimiento, “resultado” de tres lustros de continuidad.

En cifras, se manifestó orgulloso de que, bajo su administración, el total de alumnos de primer ingreso a la universidad ascendió a 710 mil, se titularon 154 mil y se graduaron 32 mil especialistas. Presumió también que 22 mil maestros y 5 mil 700 doctores, además de 210 mil estudiantes de bachillerato, concluyeron sus estudios. En términos de cobertura, dio cuenta de un aumento de más 45 mil jóvenes en la matrícula.

En cuanto a rendición de cuentas se refiere, Narro se comprometió a que los informes de todo lo logrado y lo no conseguido en los planes de desarrollo será público, como públicas serán las cuentas para quienes quieran revisarlas. Los libros blancos para la siguiente administración y los estados financieros serán sometidos al escrutinio de las instancias correspondientes y abiertos a la comunidad.

Anunció una próxima publicación que contenga puntos de vista y razones que lo llevaron a tomar las decisiones más relevantes de su administración. Y adelantó: “Nunca impulsé una acción sin consenso”.

En presencia de miembros del patronato, de los consejeros universitarios, exrectores, directivos, colaboradores, profesores, investigadores, doctores honoris causa, invitados nacionales y extranjeros, estudiantes y trabajadores, dijo que recibió una institución con prestigio. “Y así la entregaré (…) Asumo los errores y defectos que se registraron. No hay retórica. Le toca al rector asumir la decisión final”.

Marcada su gestión por su pasado en la función pública, en más de una ocasión mostró su agradecimiento a los distintos poderes de la República. “Nadie le impidió criticar la desigualdad, la pobreza, la falta de acceso a la educación, a los servicios de salud, al empleo digno o a la alimentación, a los niveles de injusticia, corrupción e impunidad, exclusión de indígenas, mujeres y pobres.

“Quiero reconocer que ningún funcionario gubernamental o político usó su autoridad para intentar dañar a la universidad por las opiniones del rector. Por ello no debe faltar mi agradecimiento a los funcionarios gubernamentales, a los partidos políticos y a sus dirigencias, a los servidores públicos federales, estatales y municipales, a los legisladores y a los miembros del poder judicial. A todos ellos mi gratitud por el apoyo recibido y por el respeto que mostraron hacia la universidad nacional, lo mismo en los momentos positivos que en las circunstancias difíciles por las que atravesamos en estos ocho años”, fueron las palabras de Narro, y admitió haber sentido el peso de la responsabilidad.

“Estoy acostumbrado a la crítica y ejercí mi derecho a discrepar”, dijo.

También agradeció el respaldo de empresarios, intelectuales, artistas y actores religiosos de todos los credos.

Aseguró que defendió la autonomía ante todo poder, que fue rector de tiempo completo y que vivió de un salario “honestamente devengado”.

Del orgullo de ser universitario, dijo: “Eso lo lleva uno en la piel, en la sangre, en ese continente del alma que llamamos corazón”.

Al final, sin evidencias en la voz, se dijo conmovido: “Qué momento más complejo, lleno de recuerdos y de sentimientos. Qué difícil es decir adiós a una tarea tan grata. Qué emoción. Qué gusto. Qué tristeza”.


Si estuvo a la altura del desafío, concluyó, será tarea de la comunidad juzgarlo: “Yo sólo puedo decir que hice todo lo que pude, que me esforcé al límite de mis capacidades. Sin embargo, eso no basta. A la comunidad corresponde el juicio. Son ustedes los que tienen la palabra. Por mi raza, hablará el espíritu”, terminó José Narro para abrazarse y perderse en la fila de los exrectores de la UNAM, con una goya de fondo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTÚA.

Habrá un solo salario mínimo en todo el país

Se trata de un proceso de convergencia de los salarios mínimos de las áreas geográficas A y B, que entraría en vigor a partir del próximo mes de octubre; se establecerá, como mínimo, un pago de 70.10 pesos diarios para todo el país.

El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) informó que el próximo jueves se reunirá para concluir el proceso de creación de un solo salario mínimo en todo el país, a partir del próximo 1 de octubre.

En un comunicado, el organismo tripartito (gobierno, empresarios y trabajadores), presidido por Basilio González Núñez, explicó que los integrantes del Consejo resolvieron continuar con la solicitud de revisión de dichos salarios.

Refirió que tal petición fue promovida por el Congreso del Trabajo, la Confederación de Trabajadores de México y por los representantes de los trabajadores ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Detalló que el pasado 17 de septiembre, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, envió un escrito al presidente de dicha Comisión con la solicitud de revisión de los sueldos que presentaron los actores antes señalados.

En dicho escrito se estableció que la STPS se ha cerciorado que la solicitud satisface el requisito de que los solicitantes representan 51 por ciento de los trabajadores sindicalizados, como lo establece el inciso a, Fracción II, del artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo.

Por lo cual, después de estudiar la solicitud y decidir si los fundamentos que la apoyan fueron suficientes para iniciar el proceso de revisión, el Consejo de Representantes resolvió afirmativamente la continuación de dicho proceso.

“Los sectores representados en este Consejo nos comprometemos a llevar a cabo la conclusión del proceso de convergencia de los salarios mínimos” en octubre próximo, para llegar a un solo salario mínimo en todo el país, equivalente al de la zona geográfica A (70.10 pesos diarios), señaló el organismo.


Asimismo, dijo que el compromiso es establecer un solo salario mínimo para cada una de las ocupaciones comprendidas en el listado de profesiones, oficios y trabajos especiales para los que rigen salarios mínimos profesionales, como establece el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“En México, el Estado no busca a los desaparecidos”: El Tiempo

Tamaulipas, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Chihuahua son las principales zonas donde la gente se esfuma sin dejar rastro, precisa un reportaje del diario. Pero destaca también el caso de Guerrero.

Jóvenes, hombres y mujeres desaparecen todos los días en México en un contexto en el que el crimen organizado y la trata de personas parecieran ser los principales motivos de la desgracia de miles de familias en el país. De 2006 a julio 2015, las procuradurías de todo el país tienen el reporte de 25.634 personas de las que se desconoce su paradero, reporta este martes el diario El Tiempo en un especial que dedica a los desaparecidos.

El periódico señala que “encontrar en México a un desaparecido es como hallar una aguja en un pajar. Diariamente, en los últimos diez años, siete personas se han desvanecido en algún punto del territorio azteca. Familias en todo el país se topan con paredes normativas que en lugar de ayudarlos, frenan sus búsquedas. Actualmente no existe una ley general de desaparecidos, por lo que las instituciones los nombran de manera distinta”.

El reportaje apunta que después de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, en Iguala la gente comenzó a reunirse y vieron que tenían algo en común: todos tenían a alguien desaparecido. Más de 100 personas estaban desaparecidas tan solo en esa localidad.

Además, indica que “la indolencia con la que buscan a los desaparecidos a través de las procuradurías locales origina que familiares de los desaparecidos sean doblemente victimizados”.


En cuanto a la omisión del Estado, se encuentra la falta de elementos que puedan ayudar en la búsqueda. Por ejemplo, la PGR tiene un número de 15 o 16 policías federales que buscan desaparecidos en todo el país.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ayotzinapa: Por acción u omisión, servidores públicos delinquieron

MÉXICO, D.F: Existen elementos para sancionar administrativa y penalmente a los involucrados en la fallida indagatoria sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y las sanciones pueden ir desde la inhabilitación vitalicia para desempeñar el servicio público hasta 10 años de cárcel, afirman abogados consultados por este semanario.

El 7 de noviembre de 2014 el exprocurador Jesús Murillo Karam presentó la versión de la PGR, apoyada en declaraciones de cinco sicarios. El pasado 27 de enero la elevó a verdad histórica, supuestamente con base en los estudios de fuego y explosivos realizados por los peritos de la PGR Marcos Soto Villalobos, ingeniero en comunicación y electrónica, y Moisés Moreno Gallegos, con estudios inconclusos de ingeniería civil y arquitectura.

El estudio de las plantas y larvas es de Mauricio Cerón Solana, entomólogo del Instituto de Biología de la UNAM y subdirector de Genética Forense de la procuraduría.

El pasado domingo 6, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer que la indagatoria de la PGR está plagada de irregularidades en todos los peritajes.

Por ese motivo, los expertos independientes pidieron reorientar cada hipótesis del informe: “No sabemos si se podrá determinar el destino de los desaparecidos, pero sí creemos que es el único modo de poder llegar a la verdad sobre el caso y acabar con la impunidad”.

Horas después de que se presentó el informe, la procuradora Arely Gómez anunció que se realizaría un nuevo peritaje; pero al día siguiente Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, afirmó que la postura oficial se mantenía y que el dictamen del CIEI no implicaba que se abriera otra línea de investigación.

Para Daniel Márquez Gómez, experto en función pública adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, el informe del GIEI hace una presunción muy sólida de que en la investigación se cometieron irregularidades que violan la Ley Orgánica de la PGR, la de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Púbicos y la Federal de Responsabilidades, así como protocolos en manejo de evidencia y técnicas básicas de peritación, además del Código Penal Federal.

“Estamos frente a deficiencias en la integración de la investigación, en peritajes; hay diligencias que no se realizaron. A partir de aquí, la visitaduría de la PGR tendría que abrir una investigación, documentar todas estas irregularidades. Habría por lo menos tres clases de responsabilidades claramente identificables.”

La primera de ellas, dice, les atañe a funcionarios de alto rango, como secretarios de Estado y directores, como los titulares de la AIC y de la SEIDO, y consiste en juicio político, responsabilidad administrativa y una violación al artículo 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, además de responsabilidad penal vinculada a colusión de servidores públicos u obstrucción de la justicia.

–¿Para fincar responsabilidades es suficiente el informe del GIEI de la CIDH?

–Sí, es una presunción muy sólida de que existe en la investigación un manejo deficiente, desaseado, inadecuado; de que hay complicidades, encubrimiento.

Por una parte, dice que el informe tiene validez porque “el propio Estado mexicano fue el que solicitó la coadyuvancia, y por otra parte México es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA, a la que pertenece la CIDH) y está sujeto a su orden jurídico.

Considera importante que la OEA despliegue su diplomacia para que el Estado mexicano cumpla sus responsabilidades:

“Difícilmente se puede valorar el papel que hicieron los expertos de la CIDH si se empieza a generar ruido para descalificarlos, cuestionar el informe o su mandato legal –apunta el académico–. Creo que hay que darnos una oportunidad. Guatemala para nosotros es un buen ejemplo. Allá, un grupo de expertos independientes de la ONU hizo una investigación sobre corrupción y ya vimos las consecuencias: a un expresidente corrupto en la cárcel, sujeto a un posible juicio, y un pueblo que empieza a confiar en sus instituciones. Habría que valorarlo aquí también.”

A decir de Márquez Gómez, la CIDH abrió un paréntesis para revisar tres problemas estructurales: la manera en que se investigan los delitos, la forma en que se construyen las supuestas verdades históricas y una oportunidad para mejorar esos esquemas.

Indica que la Ley Orgánica de la PGR delimita el papel de todos los participantes en la investigación: el MP, el policía como auxiliar del MP que se ocupa de averiguar ilícitos y los procesos vinculados al desempeño eficiente de un empleo, cargo o comisión.

–¿La sanción se aplica aunque exista falta de capacidad para investigar?

–Por lo que haya sido: falta de capacidad o dolo. Pero en caso de que se probara el dolo, lo que pondría en evidencia serían ilícitos de naturaleza penal. Y aquí, por lo que destacan los expertos, el dolo es evidente: encontraron evidencia, como ropa, no integrada a actuaciones, que apenas se mandó a Innsbruck para su peritaje. Tampoco se investigó la línea que apuntaba a la posible participación de militares. Todo es demasiado evidente como para ignorarlo.

–¿Qué consecuencias jurídicas tiene la proclamación de la versión de Murillo Karam como “la verdad histórica”?

–En principio es una afirmación temeraria. La verdad histórica sólo la fija el juez una vez que valoró evidencia. Lo de Murillo Karam fue precipitado. También se toma en una segunda dimensión, que pone en evidencia la prisa por cerrar el expediente, y quizá tendrá que indagarse si se quiere buscar la responsabilidad de los servidores públicos que hayan incurrido en las omisiones y comisiones de delito en el caso Ayotzinapa.

–¿El Estado mexicano no tiene la voluntad de esclarecerlo? El titular de la AIC, Tomás Zerón, afirma que nada cambia el rumbo de la investigación.

–Esta es una cuestión de incumplimiento fuerte de la Ley. En esto también tiene responsabilidad la actual procuradora, Arely Gómez, porque a su llegada pudo ordenar los peritajes a la ropa y llamar a los militares, pero tampoco lo hizo. Se puede tipificar, entre otras conductas, la obstaculización de la administración e impartición de justicia.

“El procurador, el subprocurador, los directores, los peritos como auxiliares de la investigación de los delitos, el MP, cada uno tiene una obligación. Por eso cuando los padres de los jóvenes afirman que fue un crimen de Estado, tienen razón. En el caso Ayotzinapa, reconocemos como un hecho indubitable que la investigación se hizo mal. Por ejemplo, aparecen peritajes de una persona experta en informática haciendo un peritaje sobre el incendio.”

–¿Considera que la responsabilidad jurídica puede llegar al presidente Enrique Peña Nieto?

–En este país se dice que el presidente es el hombre mejor informado, pero muchas veces lo está a través de tres personas, lo que me lleva a pensar que posiblemente no esté tan bien enterado. Si el presidente sabía y no actuó en consecuencia, estaríamos en un caso como el de Guatemala: en un grave problema.

Entrevistado aparte, el abogado Porfirio Martínez, miembro de la Asociación Civil Mexicanos Unidos, opina sobre este último punto:

“De acuerdo con el artículo 108 constitucional, el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, podrá ser juzgado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Aquí hablamos de desaparición y homicidio, de ocultar evidencias, tergiversar una investigación, no decir la verdad.”

Y todavía habría que analizar la responsabilidad que le resulte a Peña Nieto por no haber sancionado a Murillo Karam cuando se mostró que sus conclusiones no eran verdaderas:

“Como jefe de Estado, al tener conocimiento de la ‘verdad histórica’ llena de graves mentiras y errores, la avaló como versión de su gobierno. Por eso Peña Nieto incurre en colusión, encubrimiento o coparticipación.”

En cuanto a los altos funcionarios, señaladamente Murillo Karam, pueden haber ejercido indebidamente el servicio público, lo que conlleva una pena de dos a siete años de prisión (artículo 214). También puede imputársele un delito contra la administración de justicia, como aparece en el artículo 225, fracción VIII, es decir, que retarde o entorpezca la administración de justicia maliciosamente o por negligencia.

Y en la fracción 21, dicho artículo sanciona los actos de “alterar, destruir, perder o perturbar indistintamente el lugar de los hechos, los indicios, huellas”, mientras que la siguiente prevé las penas por desviar u obstaculizar la investigación de hechos delictuosos a favor del inculpado y se sustraiga a la acción de la justicia… Para esos delitos se prescriben de tres a ocho años de cárcel, y las últimas fracciones son de cuatro a 10 años de prisión”.


“Lo cierto es que el Estado mexicano está acorralado por la verdad científica”, concluye Martínez.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.

Definen agenda de la reunión entre Peña y padres de normalistas

MÉXICO, D.F: El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, informó hoy que en la reunión del presidente Enrique Peña Nieto con familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa participarán integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Detalló que dicho encuentro se regirá por una agenda de cuatro grandes temas: búsqueda, investigación, atención a víctimas y política pública.

La reunión, que se efectuará a las 13 horas del próximo jueves 24, no tiene sede ni se ha precisado si será abierta a periodistas o privada.

De acuerdo con Campa, los temas a tratar se plantearon después del informe que presentaron los expertos de GIEI, en el que se concluye que los cuerpos de los normalistas de Ayotzinapa no fueron quemados en el basurero de Cocula, Guerrero, como en su momento lo aseguró el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Entrevistado durante el foro “Presupuestos públicos para la atención integral de la niñez y la adolescencia desde un enfoque transversal”, Campa Cifrián consideró que el informe del GIEI no sólo da luces de cómo abordar de mejor forma la situación, sino que también tiene algunas coincidencias con la versión gubernamental.

“Estoy convencido de que el informe tiene elementos muy importantes para fortalecer las tareas, tiene coincidencias muy importantes, y por la posición sobre el basurero de Cocula se decidió crear una comisión de alto nivel para tener una visión final. El informe es un documento serio”, dijo el excandidato presidencial.

La reunión que sostendrán los padres de los normalistas con el presidente, subrayó, no sólo “será positiva”, sino que también “cumplirá con las expectativas” de ambas partes.

También detalló que desde hace algunas semanas se ha tenido contacto con los representantes de los padres, entre ellos el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Centro Prodh y Serapaz, y comentó que se ha solicitado a la CIDH una ampliación de seis meses para que permanezcan en el país los expertos del GIEI.

Aclaró que la violencia que se ha registrado en Guerrero con la quema de vehículos, a un año de la desaparición de los normalistas, “no resuelve nada en el caso”.


“Me parece que hoy más que nunca, está claro que con la violencia no se avanza”, sostuvo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Confirman ayuno de 43 horas por Ayotzinapa

MÉXICO, D.F: Normalistas y familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa iniciarán un ayuno de 43 horas a partir de las 19 horas de este miércoles 23 de septiembre y harán una marcha de Los Pinos al Zócalo al mediodía del sábado 26, día en que se cumple un año de los hechos en Iguala.

El ayuno concluirá el viernes 25 a las 14 horas.

El estudiante Omar García, sobreviviente del ataque de la fuerza pública a los normalistas la noche de ese viernes, confirmó las actividades que sostendrán en los próximos días vía un video difundido por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).


Estas actividades son adicionales al encuentro que sostendrán el jueves a las 13 horas con el presidente Enrique Peña Nieto, en lugar y condiciones aún por definir.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

EPN participará en Asamblea General de la ONU, en Nueva York

Estará fuera desde el 26 de septiembre, cuando en México se conmemora un año de la desaparición de 43 estudiantes.

El presidente Enrique Peña Nieto se ausentará del país del 26 al 29 de septiembre para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno para la Adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en Nueva York, Estados Unidos.

De acuerdo con un oficio publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado, en Nueva York el mandatario tendrá actividades asociadas con la agenda multilateral de las Naciones Unidas y bilateral con Estados Unidos así como con otros países prioritarios para México.

En el oficio remitido al Senado de la República se subraya que el presidente de la República “realizará una intervención en esa cumbre donde hablará sobre la erradicación de la pobreza y el hambre en un dialogo interactivo al margen” del encuentro.

El mandatario también copresidirá la Reunión de Líderes Globales por la Equidad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, en el marco del 70 Aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Se prevé que a invitación del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, el presidente Peña Nieto asista a un almuerzo de Jefes de Estado y de Gobierno Sobre Cambio Climático.

En ese encuentro se discutirá la agenda de la 21 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP21) a realizarse en París, este año.

Peña Nieto además participará en el Debate General de la Asamblea General de la ONU y se reunirá con sus homólogos de Perú, Chile y Colombia en un encuentro de presidentes de la Alianza del Pacífico.


De igual forma, asistirá a la Cumbre sobre Mantenimiento de la Paz, convocada por el gobierno de los Estados Unidos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Responde INE a las críticas por su elevado presupuesto

México, DF. Si se quiere un Instituto Nacional Electoral (INE) más ligero que se haga mediante un cambio constitucional, no por la “puerta de atrás” del recorte presupuestal ciego, advirtió el consejero Ciro Murayama.

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) respondió a la "cascada de críticas" que provocó la petición del organismo para obtener un presupuesto superior a los 15 mil millones de pesos el próximo año.

También rechazó retirar por completo los recursos a los partidos políticos porque de hacerlo habría un caldo de cultivo para que los actores políticos dependieran del dinero privado que en este país está en muy pocas manos.

En un seminario donde se evalúan las pasadas elecciones, organizado por la UNAM y el CIDE, dicho consejero acudió en representación de Lorenzo Córdova. Ahí argumentó que pidieron fondos que representan casi 20 por ciento menos que en 2015 en términos reales. Aunque este año el INE no organizará elecciones federales.

Aseguró que el instituto no quiere que el gasto electoral crezca pues la austeridad es condición de credibilidad de los comicios.

Pero dijo que si lo que cada reforma electoral tiene es el ingrediente de la desconfianza no tendremos como resultado elecciones más austeras y menos barrocas.

Explicó que cada una de las necesidades de financiamiento pueden ser explicadas y documentadas para su deliberación en la Cámara de Diputados.

"Si se quieren revisar las atribuciones, adelante. Si se quiere hacer un INE más ligero, bien. Que sea seria, legal y legítimamente a través de un cambio constitucional y se decida si vamos hacia un modelo electoral minimalista, pero no por la puerta de atrás del recorte ciego", indicó en el Palacio de la Escuela de Medicina.


Recordó a quienes piden recortar los fondos del INE que la ley fundamental es la Constitución, no la Ley de Egresos.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CLAUDIA HERRERA.

Se enfrentan nuevamente militares e integrantes del CJNG; 5 muertos

GUADALAJARA, Jal: En un presunto enfrentamiento entre militares y civiles ocurrido esta mañana en el municipio de Ameca –a menos de 90 kilómetros de esta capital– habrían muerto cinco integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según los primeros reportes.

Tras un operativo realizado después de las 7 de la mañana de hoy en el poblado de San Antonio Matute, habría sido detenido también El Duende, cuyo verdadero nombre es Juan Carlos Márquez Pérez, presunto jefe en la Región Valles, que tiene como sede la ciudad de Ameca.

San Antonio Matute es una pequeña población ubicada aproximadamente a 75 kilómetros de Guadalajara, al borde de la carretera mencionada, donde la Secretaría de la Defensa Nacional tiene ahora varios retenes apoyados por infantería y camiones blindados, de acuerdo con los primeros informes.

Por esta misma ruta, pero entre San Sebastián del Oeste y Puerto Vallarta, tuvo lugar la emboscada a policías estatales donde fallecieron 15 uniformados y cinco más resultaron heridos el 6 de abril pasado.

Menos de un mes después, en Villa Purificación, en la Costa Sur del estado, el mismo cártel atacó a helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana cuando elementos de las fuerzas armadas iban tras el capo Nemesio Oseguera “El Mencho”.


En ese ataque, los presuntos narcotraficantes derribaron un helicóptero Cougar con una veintena de integrantes del equipo especial de asalto. Murieron más de una docena de elementos del Ejército y la Policía Federal. Cifras extraoficiales estiman que en total habrían fallecido 43 personas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FELIPE COBIÁN.

Revientan sesión en el Senado por caso Ayotzinapa

MÉXICO, D.F: La propuesta de crear una fiscalía independiente para investigar el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace un año generó una abrupta ruptura en la sesión del pleno del Senado, tras el intento del PRD y PT de discutir el tema en tribuna, y la negativa de PRI y Verde, más la posición de la bancada del PAN, que se sumó a la petición de la izquierda.

Al filo de las 15:30, el presidente de la Mesa Directiva, el panista Roberto Gil Zuarth, dio por concluida la sesión después de que la mayoría del PRI y del Verde emitiera 50 votos en contra de abordar el debate sobre la fiscalía de Ayotzinapa, contra 46 votos a favor de las bancadas de PRD, PT y PAN.

La sesión cayó en el pasmo cuando la senadora Layda Sansores, de Morena, subió a tribuna con un micrófono en mano para reclamar que se incluyera el tema en el debate. Desde sus curules, el coordinador y la vicecoordinadora del PRD, Miguel Barbosa y Dolores Padierna, también demandaron que se discutiera el tema.

Gil Zuarth argumentó que la Mesa Directiva acordó mantener abierta la sesión hasta recibir el documento referente al caso Ayotzinapa, pero media hora antes los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) suspendieron la sesión sin llegar a acuerdos.

Bajo la presión de PRD, PT y algunos senadores del PAN se sometió a votación la posibilidad de incluir este tema. El legislador Manuel Bartlett afirmó que Emilio Gamboa, coordinador de la bancada del PRI, había sentenciado: “Háganle como quieran, no hay acuerdo”.

En un comunicado de prensa, la bancada del PRI negó que Gamboa hubiera dicho esto y agregó que “de ninguna manera rehuiremos al debate” sobre el caso Ayotzinapa.

La bancada del PRI, encabezada por Gamboa Patrón, se ha opuesto rotundamente a la posibilidad de crear una fiscalía independiente de la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigue los acontecimientos de hace un año en Iguala, Guerrero.

Acuerdo de PRD, PT y PAN

Después de que terminara la sesión, Miguel Barbosa, coordinador del PRD, anunció que su partido, el PAN y el PT presentarán este miércoles 23 en la Jucopo el acuerdo para crear una fiscalía independiente, con el fin de que el jueves 24, el mismo día en que se reúne el presidente Enrique Peña Nieto con los familiares de los normalistas, el Senado vote esta propuesta.

“Reitero que la única manera de desahogar de manera decorosa esa reunión entre Peña Nieto y los familiares de las víctimas, es entregarles el compromiso de la constitución de la fiscalía especializada”, sentenció Barbosa.

“El voto ponderado de PAN, PRD y PT es mayor al voto ponderado de PRI y del Verde. ¿Qué es el voto ponderado? La suma de los porcentajes representativos en el Senado”, explicó Barbosa.


“Emplazamos al presidente Peña Nieto a que la respuesta que dé a los planteamientos de las víctimas el día 24 de septiembre en su reunión a la una de la tarde sea la constitución de la fiscalía independiente”, alertó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Peña Nieto inaugura base militar en Morelos

JOJUTLA, Mor: El presidente Enrique Peña Nieto inauguró una nueva base militar en los límites entre Morelos y Guerrero, ocupando el viejo predio conocido como Lagartos, ubicado en este municipio del sur de la entidad, donde se instaló desde este martes el 108 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano.

Durante el acto, el mandatario envió un mensaje al Congreso de la Unión para que considere que la seguridad sigue siendo tarea de todos y en el que los tres órdenes de gobierno deben crear un frente único.

“Hoy habrá de debatirse en el Congreso (de la Unión) cuáles son, precisamente, atribuciones que a cada orden (de gobierno) compete, pero que a final de cuentas todas ellas están orientadas a hacer un frente común. Esta es una tarea que no distingue ni el origen partidario de cada gobierno ni un tema de afinidad ni de preferencias ideológicas”, señaló.

Saludó los esfuerzos de Morelos por crear, “lo que queremos en todo el país”, en alusión al Mando Único, y aseguró que en los próximos días esta estrategia estará dando los primeros resultados, a un año de su implementación.

Señaló que el nuevo cuartel forma parte de la estrategia de reestructuración y reordenamiento de las fuerzas armadas, que comenzó en 2013.

Dijo que el cuartel que alberga al 108 Batallón de Infantería, servirá para cerrar el paso a la delincuencia, con la instalación de “más de 500 efectivos” que en coordinación con las corporaciones locales, darán mayor seguridad, particularmente a los municipios de Amacuzac, Jojutla, Puente de Ixtla y Coatlán del Río, limítrofes con los estados de México y Guerrero.

Acompañado por el gobernador Graco Ramírez, en medio de protestas de ejidatarios de Chisco y Vicente Aranda –mismas que fueron aisladas muy lejos del acto–, el mandatario federal abanderó a la nueva representación militar en la entidad.

Los ejidatarios se quejan de que en la primera década de este siglo, el gobierno estatal expropió 280 hectáreas que se dedicaban al cultivo.

El 108 Batallón de Infantería tiene como objetivo, “apoyar y fortalecer las acciones de combate a la delincuencia organizada en la zona”, misma que es disputada por dos derivaciones del Cártel de los Beltrán Leyva, en este caso los Guerreros Unidos y los Rojos, vinculados ambos a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre pasado.
El gobierno federal anunció en diciembre del año pasado la implementación del Operativo Especial Tierra Caliente, que incluye 36 municipios de los estados de México, Michoacán, Guerrero y Morelos. Entre éstos se incluye: Iguala, Ciudad Altamirano, Taxco, Teloloapan, Cocula, Iguala, San Miguel Totolapan y Apaxtla de Castrejón, de Guerrero; y Amacuzac, Puente de Ixtla, Coatlán del Río y Tetecala, en la zona sur de Morelos.

El nuevo batallón de infantería ocupa el predio conocido como Lagartos, una expropiación de tierra de cultivo realizada por el gobierno estatal en los años 90 y que por mucho tiempo estuvo como tierra ociosa. En 1998, el Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó la creación de cinco academias policiales nacionales y el año siguiente conminó a varios estados a hacer realidad la creación de éstas. Entre estos estados estaba Morelos. En 2001, por acuerdo entre los gobiernos federal y estatal se creó el Centro de Actualización en Materia de Seguridad Pública “Lagartos”, que ocupa 30 hectáreas y que ha servido para formar, actualizar y capacitar a policías de la zona central del país.

La otra parte del terreno estaba abandonado y en el contexto de la guerra contra las drogas, el 4 de noviembre de 2011, el Congreso de Morelos decretó la donación de las otras 250 hectáreas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Cinco meses después, el entonces gobernador panista Marco Antonio Adame Castillo promulgó el decreto que dota a la Sedena de dos fracciones de tierra divididas por una calle. La primera fracción tiene una extensión de 139 hectáreas con 7 mil 500 metros y la otra 121 hectáreas con 6 mil metros, un total de 261 hectáreas con 3 mil 500 metros.

En su oportunidad, el gobernador Graco Ramírez ofreció 15 hectáreas más con que cuenta el gobierno del estado para ampliar las instalaciones, sobre todo en relación a la unidad habitacional que se construyó en el cuartel, además de la instalación de una primaria y un preescolar para las hijas e hijos de los militares. El Presidente de la República agradeció la donación.

Al acto acudieron los secretarios de la Defensa Nacional, Marina, Educación Pública, Desarrollo Agrario y Urbano, Relaciones exteriores y el jefe de la oficina de la presidencia.


El presidente abanderó al 108 Batallón de Infantería y después develó una placa inaugural en la que se puede leer, “sirvan estas instalaciones para construir un México en paz y tranquilidad”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO).