Michoacán es el estado en donde mayor número de incidencias violentas registra el gremio periodístico. El 70 por ciento de los agravios contra los informadores apuntan a la responsabilidad de funcionarios públicos, y menos del 30 por ciento se atribuyen a células criminales.
En Michoacán se van acumulando las voces del silencio. Cada vez son más los periodistas que optan por la autocensura, porque el mensaje tácito no deja lugar a dudas: en los últimos años suman ya cuatro periodistas desaparecidos, seis ejecutados, 18 desplazados, 27 con amenazas de muerte y al menos 36 con incidentes extraños que atentan contra su integridad.
Michoacán es el estado en donde mayor número de incidencias registra el gremio periodístico. Ni Veracruz o Oaxaca –considerados por las redes sociales como los estados en donde hay mayor depredación a la libertad de expresión- se ubican por encima en relación a la cantidad de los agravios a los comunicadores michoacanos.
En esa entidad se registran al menos dos agravios por semana, según el conteo de las propias agrupaciones locales de periodistas, que es a donde se canalizan los reclamos de los comunicadores locales, los que no tienen acceso a las organizaciones no gubernamentales defensores de los derechos humanos o a la fiscalía especializada de la PGR para atender delitos contra comunicadores.
Escribir en Michoacán –explica un corresponsal nacional desplazado- es como escribir con el cuerno de chivo en la cabeza. Es estar a la espera de que salga el disparo, desde la mano anónima, para ponerle punto final a la historia que de alguna forma denuncia la corrupción y la descomposición social, de la que nadie quiere dar cuenta.
Por eso la prensa michoacana es la más dócil, la que mejor sirve a la cúpula del poder, la que está a la orden irrestricta del crimen organizado y de los gobiernos en turno. Al servicio del poder que a veces se fraguan en una misma persona como lo evidencia el procesamientos penal de 872 funcionarios públicos estatales y municipales que en su momento sirvieron a células criminales.
Ningún periodista quiere acabar siendo parte de la estadística que apunta al fusilamiento del libre ejercicio periodístico en Michoacán. Por eso son pocos los que escriben sobre la realidad del estado. Lo hacen bajo su propio riesgo. Jugándose todos los días la vida, a cambio de escupir unas cuantas líneas a la verdad en su cara, cita otro periodista que ha sufrido en dos meses tres amenazas de muerte.
En Michoacán, al menos el 70 por ciento de los agravios contra periodistas apuntan a la responsabilidad de funcionarios públicos. Solo en menos del 30 por ciento los hechos se atribuyen a células criminales. Hay cinco casos en donde las agresiones a periodistas llegaron de otros periodistas.
El crimen organizado, no amenaza. El crimen organizado ejecuta. Esa es la consigna que en los últimos cinco años han hecho saber las células criminales a los comunicadores de Michoacán. Ante ese mensaje todos los que fueron convocados para reunirse con los jefes de los cárteles de las drogas no pudieron sustraerse. Por eso algunos comunicadores justifican las reuniones a que fueron obligados a asistir con jefes de plaza del cártel de Los Caballeros Templarios, las que se documentaron en videos que obran en poder de la PGR.
Como el expuesto por la periodista Carmen Aristegui, donde se observa a ‘La Tuta’, jefe de los Caballeros Templarios, reunido con dos periodistas michoacanos, existen al menos cinco. La federación ya conoce de ellas y los periodistas involucrados temen por ello.
Existen al menos dos videos –confiesa un periodista local- en donde Servando Gómez Martínez ‘La Tuta’, se reunió con más de 35 periodistas de todo el estado. El encuentro fue en la zona de Tierra Caliente. En el municipio de Apatzingán. Fue a principios del 2010, el capo comió con los comunicadores y les ofertó apoyo. Hubo peticiones de apoyo por parte de algunos periodistas. El cártel fue generoso, para compensar la presencia obligada de muchos de los presentes.
“Todos los días amanezco pensando si ese será el día en que la PGR decida hacer público el video en donde estamos reunidos con ‘La Tuta’, o si llegará a mi puerta un grupo de agentes federales para avisarme de mi detención y llevarme a una cárcel federal”, cuenta el periodista que hoy se encuentra desplazado, bajo amenazas de muerte por parte de algunos autodefensas que lo asocian con el cártel de Los Templarios.
Ni vistos, ni oídos
De acuerdo a un reporte de la organización Reporteros Sin Fronteras, ninguno de los cuatro casos de periodistas desaparecidos en Michoacán registra avances sustanciales. En los cuatro, los procesos de investigación se encuentran “congelados” y los expedientes han ido ya en algunas ocasiones a “reserva”.
En ninguna de las averiguaciones se señalan nombres de posibles responsables de la desaparición de los periodistas.
“Las investigaciones sobre la desaparición de José Antonio García Apac” –explica Reporteros Sin Fronteras- “se encuentran prácticamente en un punto muerto. Según sus allegados, el periodista poseía información concerniente a la colusión de funcionarios del estado y de municipios de Michoacán con el narcotráfico”.
El caso de la desaparición del periodista Mauricio Estrada Zamora, corresponsal del diario La Opinión de Michoacán, se encuentra abandonado. El día de su desaparición había trabajado sobre la desarticulación de una banda de narcotraficantes en la zona de Aguililla. Su familia no ha sabido el curso que han tomado las averiguaciones.
De María Esther Aguilar Canno se ha vuelto a saber nada desde el 11 de noviembre de 2009. Ella desapareció cuando salió de su casa, luego de recibir una llamada telefónica de una presunta fuente informativa. Ella era especialista en el tema de la nota policiaca. “Poco antes de desaparecer, la periodista había relatado los abusos de poder y las brutalidades cometidas por un jefe de Seguridad Pública del municipio de Zamora”, explica Reporteros Sin Fronteras.
Otro de los periodistas desaparecidos de Michoacán es Ramón Ángeles Zalpa, muchos años corresponsal de La Voz de Michoacán y Cambio de Michoacán. La última vez que se le miró fue el 6 de abril de 2010. Se caracterizó por denunciar la presencia del crimen organizado en la explotación ilegal de la zona boscosa de Cherán. El expediente de su caso se mantiene en archivo muerto, tras haber realizado 18 diligencias judiciales que concluyeron una cosa: está desaparecido.
Asesinatos impunes y sin investigación
Ninguno de los asesinatos de periodistas ha sido esclarecido por las autoridades competentes en Michoacán, es más –explica un corresponsal nacional-, ni siquiera existen investigaciones en curso que apunten a la posibilidad de la detención de los autores materiales y/o intelectuales de los crímenes, pese a que existen señalamientos claros sobre los autores de esos hechos.
Tampoco la PGR ha querido atraer ninguno de los casos de periodistas asesinados, pese a la insistencia de algunas agrupaciones locales no gubernamentales. No hay voluntad de la federación para esclarecer el crimen de seis periodistas, explicó Analía Sánchez, de la fundación de Familias de Personas Desaparecidas y Crímenes contra Periodistas.
De acuerdo a esa organización, lo más que se ha hecho por parte de las autoridades estatales es la integración de un expediente sobre la actividad de los periodistas ejecutados. Dicho expediente se encuentra sepultado en las dependencias de la Procuraduría de Justicia del estado, y a veces, por mero trámite se ha compartido la documentación del caso con instancias de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
En esa condición se encuentran los asesinatos de Jaime Arturo Olvera Bravo, de La Piedad, Michoacán, quien fue periodista de La Voz de Michoacán. Fue ejecutado el 9 de marzo del 2006, cuando llevaba a su hijo de cinco años a la escuela, un sicario lo alcanzó y le disparó a mansalva.
Tampoco hay responsables por la muerte de Gerardo Israel García Pimentel, reportero del diario La Opinión de Michoacán, quien fue ejecutado la noche del 8 de diciembre de 2007, cuando salió de la redacción. Sus asesinos lo siguieron varias calles ante la mirada de la policía de Uruapan.
También se encuentra archivada la investigación sobre la muerte de Miguel Ángel Villagómez Valle, director y editor del periódico regional La Noticia, de Lázaro Cárdenas, ejecutado la noche del 9 de octubre de 2008, luego de ser “levantado” por un comando de sicarios. Apareció muerto con seis disparos sobre la espalda.
El caso de Martín Javier Miranda Avilés, reportero del periódico Panorama y corresponsal en Zitácuaro de la agencia Quadratín, también se encuentra en la impunidad. Nada se ha hecho por esclarecer la forma en que fue ejecutado a navajazos en el interior de su casa. Nadie ha reclamado el esclarecimiento.
Otro caso que se mantiene en la impunidad es del conductor de CB Noticias y articulista de La Voz de Michoacán, Enrique Villicaña Palomares, ejecutado el 10 abril de 2010, luego de ser secuestrado. Apareció ultimado con arma blanca y su cuerpo fue abandonado en las calles de la ciudad de Morelia.
En la misma condición de impunidad se encuentra el homicidio de Hugo Olivera Cartas, director de la agencia de noticias local ADN de Apatzingán y colaborador de la agencia Quadratín, quien el 7 de julio del 2010 fue localizado sin vida dentro de su vehículo. Tenía cuatro disparos y señales de tortura prolongada.
“No vale la pena una nota de primera plana a cambio de una esquela de muerte –dice un periodistas que por 15 años ha trabajado para uno de los principales periódicos de circulación estatal-. Nadie va a ver por las familias que dejemos en la orfandad, ni siquiera se va a esclarecer nuestra muerte”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
Michoacán es el estado en donde mayor número de incidencias registra el gremio periodístico. Ni Veracruz o Oaxaca –considerados por las redes sociales como los estados en donde hay mayor depredación a la libertad de expresión- se ubican por encima en relación a la cantidad de los agravios a los comunicadores michoacanos.
En esa entidad se registran al menos dos agravios por semana, según el conteo de las propias agrupaciones locales de periodistas, que es a donde se canalizan los reclamos de los comunicadores locales, los que no tienen acceso a las organizaciones no gubernamentales defensores de los derechos humanos o a la fiscalía especializada de la PGR para atender delitos contra comunicadores.
Escribir en Michoacán –explica un corresponsal nacional desplazado- es como escribir con el cuerno de chivo en la cabeza. Es estar a la espera de que salga el disparo, desde la mano anónima, para ponerle punto final a la historia que de alguna forma denuncia la corrupción y la descomposición social, de la que nadie quiere dar cuenta.
Por eso la prensa michoacana es la más dócil, la que mejor sirve a la cúpula del poder, la que está a la orden irrestricta del crimen organizado y de los gobiernos en turno. Al servicio del poder que a veces se fraguan en una misma persona como lo evidencia el procesamientos penal de 872 funcionarios públicos estatales y municipales que en su momento sirvieron a células criminales.
Ningún periodista quiere acabar siendo parte de la estadística que apunta al fusilamiento del libre ejercicio periodístico en Michoacán. Por eso son pocos los que escriben sobre la realidad del estado. Lo hacen bajo su propio riesgo. Jugándose todos los días la vida, a cambio de escupir unas cuantas líneas a la verdad en su cara, cita otro periodista que ha sufrido en dos meses tres amenazas de muerte.
En Michoacán, al menos el 70 por ciento de los agravios contra periodistas apuntan a la responsabilidad de funcionarios públicos. Solo en menos del 30 por ciento los hechos se atribuyen a células criminales. Hay cinco casos en donde las agresiones a periodistas llegaron de otros periodistas.
El crimen organizado, no amenaza. El crimen organizado ejecuta. Esa es la consigna que en los últimos cinco años han hecho saber las células criminales a los comunicadores de Michoacán. Ante ese mensaje todos los que fueron convocados para reunirse con los jefes de los cárteles de las drogas no pudieron sustraerse. Por eso algunos comunicadores justifican las reuniones a que fueron obligados a asistir con jefes de plaza del cártel de Los Caballeros Templarios, las que se documentaron en videos que obran en poder de la PGR.
Como el expuesto por la periodista Carmen Aristegui, donde se observa a ‘La Tuta’, jefe de los Caballeros Templarios, reunido con dos periodistas michoacanos, existen al menos cinco. La federación ya conoce de ellas y los periodistas involucrados temen por ello.
Existen al menos dos videos –confiesa un periodista local- en donde Servando Gómez Martínez ‘La Tuta’, se reunió con más de 35 periodistas de todo el estado. El encuentro fue en la zona de Tierra Caliente. En el municipio de Apatzingán. Fue a principios del 2010, el capo comió con los comunicadores y les ofertó apoyo. Hubo peticiones de apoyo por parte de algunos periodistas. El cártel fue generoso, para compensar la presencia obligada de muchos de los presentes.
“Todos los días amanezco pensando si ese será el día en que la PGR decida hacer público el video en donde estamos reunidos con ‘La Tuta’, o si llegará a mi puerta un grupo de agentes federales para avisarme de mi detención y llevarme a una cárcel federal”, cuenta el periodista que hoy se encuentra desplazado, bajo amenazas de muerte por parte de algunos autodefensas que lo asocian con el cártel de Los Templarios.
Ni vistos, ni oídos
De acuerdo a un reporte de la organización Reporteros Sin Fronteras, ninguno de los cuatro casos de periodistas desaparecidos en Michoacán registra avances sustanciales. En los cuatro, los procesos de investigación se encuentran “congelados” y los expedientes han ido ya en algunas ocasiones a “reserva”.
En ninguna de las averiguaciones se señalan nombres de posibles responsables de la desaparición de los periodistas.
“Las investigaciones sobre la desaparición de José Antonio García Apac” –explica Reporteros Sin Fronteras- “se encuentran prácticamente en un punto muerto. Según sus allegados, el periodista poseía información concerniente a la colusión de funcionarios del estado y de municipios de Michoacán con el narcotráfico”.
El caso de la desaparición del periodista Mauricio Estrada Zamora, corresponsal del diario La Opinión de Michoacán, se encuentra abandonado. El día de su desaparición había trabajado sobre la desarticulación de una banda de narcotraficantes en la zona de Aguililla. Su familia no ha sabido el curso que han tomado las averiguaciones.
De María Esther Aguilar Canno se ha vuelto a saber nada desde el 11 de noviembre de 2009. Ella desapareció cuando salió de su casa, luego de recibir una llamada telefónica de una presunta fuente informativa. Ella era especialista en el tema de la nota policiaca. “Poco antes de desaparecer, la periodista había relatado los abusos de poder y las brutalidades cometidas por un jefe de Seguridad Pública del municipio de Zamora”, explica Reporteros Sin Fronteras.
Otro de los periodistas desaparecidos de Michoacán es Ramón Ángeles Zalpa, muchos años corresponsal de La Voz de Michoacán y Cambio de Michoacán. La última vez que se le miró fue el 6 de abril de 2010. Se caracterizó por denunciar la presencia del crimen organizado en la explotación ilegal de la zona boscosa de Cherán. El expediente de su caso se mantiene en archivo muerto, tras haber realizado 18 diligencias judiciales que concluyeron una cosa: está desaparecido.
Asesinatos impunes y sin investigación
Ninguno de los asesinatos de periodistas ha sido esclarecido por las autoridades competentes en Michoacán, es más –explica un corresponsal nacional-, ni siquiera existen investigaciones en curso que apunten a la posibilidad de la detención de los autores materiales y/o intelectuales de los crímenes, pese a que existen señalamientos claros sobre los autores de esos hechos.
Tampoco la PGR ha querido atraer ninguno de los casos de periodistas asesinados, pese a la insistencia de algunas agrupaciones locales no gubernamentales. No hay voluntad de la federación para esclarecer el crimen de seis periodistas, explicó Analía Sánchez, de la fundación de Familias de Personas Desaparecidas y Crímenes contra Periodistas.
De acuerdo a esa organización, lo más que se ha hecho por parte de las autoridades estatales es la integración de un expediente sobre la actividad de los periodistas ejecutados. Dicho expediente se encuentra sepultado en las dependencias de la Procuraduría de Justicia del estado, y a veces, por mero trámite se ha compartido la documentación del caso con instancias de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
En esa condición se encuentran los asesinatos de Jaime Arturo Olvera Bravo, de La Piedad, Michoacán, quien fue periodista de La Voz de Michoacán. Fue ejecutado el 9 de marzo del 2006, cuando llevaba a su hijo de cinco años a la escuela, un sicario lo alcanzó y le disparó a mansalva.
Tampoco hay responsables por la muerte de Gerardo Israel García Pimentel, reportero del diario La Opinión de Michoacán, quien fue ejecutado la noche del 8 de diciembre de 2007, cuando salió de la redacción. Sus asesinos lo siguieron varias calles ante la mirada de la policía de Uruapan.
También se encuentra archivada la investigación sobre la muerte de Miguel Ángel Villagómez Valle, director y editor del periódico regional La Noticia, de Lázaro Cárdenas, ejecutado la noche del 9 de octubre de 2008, luego de ser “levantado” por un comando de sicarios. Apareció muerto con seis disparos sobre la espalda.
El caso de Martín Javier Miranda Avilés, reportero del periódico Panorama y corresponsal en Zitácuaro de la agencia Quadratín, también se encuentra en la impunidad. Nada se ha hecho por esclarecer la forma en que fue ejecutado a navajazos en el interior de su casa. Nadie ha reclamado el esclarecimiento.
Otro caso que se mantiene en la impunidad es del conductor de CB Noticias y articulista de La Voz de Michoacán, Enrique Villicaña Palomares, ejecutado el 10 abril de 2010, luego de ser secuestrado. Apareció ultimado con arma blanca y su cuerpo fue abandonado en las calles de la ciudad de Morelia.
En la misma condición de impunidad se encuentra el homicidio de Hugo Olivera Cartas, director de la agencia de noticias local ADN de Apatzingán y colaborador de la agencia Quadratín, quien el 7 de julio del 2010 fue localizado sin vida dentro de su vehículo. Tenía cuatro disparos y señales de tortura prolongada.
“No vale la pena una nota de primera plana a cambio de una esquela de muerte –dice un periodistas que por 15 años ha trabajado para uno de los principales periódicos de circulación estatal-. Nadie va a ver por las familias que dejemos en la orfandad, ni siquiera se va a esclarecer nuestra muerte”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
