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Maestros y estudiantes bloquean accesos a Tixtla y toman la alcaldía

MÉXICO, D.F: Los accesos a Tixtla y el edificio de su presidencia municipal fueron bloqueados esta mañana por maestros de la CETEG y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en protesta por la desaparición de 43 de sus compañeros.

Los estudiantes bloquean las entradas al municipio, que se encuentran en la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, mientras que los maestros mantienen cerrados los accesos al ayuntamiento.

La movilización de ambos contingentes inició a las 9 horas. Uno más marcha hacia la plaza principal de ese municipio.


Hay un despliegue de alrededor de 150 elementos de la policía estatal que se ha mantenido a distancia de las manifestaciones.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=416163

“Escandaloso encubrimiento” del gobierno en desaparición de los 43: AI

México, DF. Desde los niveles más altos del gobierno de México existe un “escandaloso encubrimiento” de los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, afirmó Amnistía Internacional.

La víspera de la reunión que sostendrá el presidente Enrique Peña Nieto con los padres de los jóvenes, el organismo internacional advirtió que esta tragedia “es uno de los peores escándalos de derechos humanos en la historia reciente de México”. Deja en evidencia que “cualquiera puede desaparecer forzadamente como por arte de magia en el país mientras quienes están en el poder se enfocan en cubrir las huellas”.

El pronunciamiento de Amnistiá Internacional también resaltó que Peña Nieto va a seguir siendo visto en todo el mundo “como el facilitador de estos horrores”, a menos que tome una acción real, agregó.

Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional puntualizó: “La inquebrantable determinación del gobierno mexicano de convencer al mundo que los estudiantes fueron asesinados por una banda de narcotraficantes y sus restos quemados en un basurero, está actuando como una distracción de cualquier otra valiosa línea de investigación”.


La activista insistió en que falta explorar la actuación que tuvieron los militares e impartidores de justicia, sobre todo de quienes no intervinieron a pesar de ser conscientes de los abusos cometidos contra los estudiantes en el momento en que se estaban llevando a cabo.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ÁNGELES CRUZ.

Cambian sede de reunión entre Peña y padres de normalistas

México, DF. Fuentes de la Presidencia confirmaron que la reunión de mañana jueves del presidente Enrique Peña Nieto y los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa será en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Originalmente se había puesto como sede del encuentro la residencia oficial de Los Pinos, pero ésta cambió a las instalaciones que tiene la CFE en Chapultepec.


No se ha dicho quiénes asistirán, además del presidente Peña, al encuentro por la parte oficial, pero se prevé que acuda también el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la procuradora general de la República, Arely Gómez, el subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Roberto Campa, el jefe de la oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, y el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, principalmente.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSA ELVIRA VARGAS.

Voces del silencio

Michoacán es el estado en donde mayor número de incidencias violentas registra el gremio periodístico. El 70 por ciento de los agravios contra los informadores apuntan a la responsabilidad de funcionarios públicos, y menos del 30 por ciento se atribuyen a células criminales.

En Michoacán se van acumulando las voces del silencio. Cada vez son más los periodistas que optan por la autocensura, porque el mensaje tácito no deja lugar a dudas: en los últimos años suman ya cuatro periodistas desaparecidos, seis ejecutados, 18 desplazados, 27 con amenazas de muerte y al menos 36 con incidentes extraños que atentan contra su integridad.

Michoacán es el estado en donde mayor número de incidencias registra el gremio periodístico. Ni Veracruz o Oaxaca –considerados por las redes sociales como los estados en donde hay mayor depredación a la libertad de expresión- se ubican por encima en relación a la cantidad de los agravios a los comunicadores michoacanos. 

En esa entidad se registran al menos dos agravios por semana, según el conteo de las propias agrupaciones locales de periodistas, que es a donde se canalizan los reclamos de los comunicadores locales, los que no tienen acceso a las organizaciones no gubernamentales defensores de los derechos humanos o a la fiscalía especializada de la PGR para atender delitos contra comunicadores.

Escribir en Michoacán –explica un corresponsal nacional desplazado- es como escribir con el cuerno de chivo en la cabeza. Es estar a la espera de que salga el disparo, desde la mano anónima, para ponerle punto final a la historia que de alguna forma denuncia la corrupción y la descomposición social, de la que nadie quiere dar cuenta. 

Por eso la prensa michoacana es la más dócil, la que mejor sirve a la cúpula del poder, la que está a la orden irrestricta del crimen organizado y de los gobiernos en turno. Al servicio del poder que a veces se fraguan en una misma persona como lo evidencia el procesamientos penal de 872 funcionarios públicos estatales y municipales que en su momento sirvieron a células criminales.

Ningún periodista quiere acabar siendo parte de la estadística que apunta al fusilamiento del libre ejercicio periodístico en Michoacán. Por eso son pocos los que escriben sobre la realidad del estado. Lo hacen bajo su propio riesgo. Jugándose todos los días la vida, a cambio de escupir unas cuantas líneas a la verdad en su cara, cita otro periodista que ha sufrido en dos meses tres amenazas de muerte.

En Michoacán, al menos el 70 por ciento de los agravios contra periodistas apuntan a la responsabilidad de funcionarios públicos. Solo en menos del 30 por ciento los hechos se atribuyen a células criminales. Hay cinco casos en donde las agresiones a periodistas llegaron de otros periodistas.

El crimen organizado, no amenaza. El crimen organizado ejecuta. Esa es la consigna que en los últimos cinco años han hecho saber las células criminales a los comunicadores de Michoacán. Ante ese mensaje todos los que fueron convocados para reunirse con los jefes de los cárteles de las drogas no pudieron sustraerse. Por eso algunos comunicadores justifican las reuniones a que fueron obligados a asistir con jefes de plaza del cártel de Los Caballeros Templarios, las que se documentaron en videos que obran en poder de la PGR.

Como el expuesto por la periodista Carmen Aristegui, donde se observa a ‘La Tuta’, jefe de los Caballeros Templarios, reunido con dos periodistas michoacanos, existen al menos cinco. La federación ya conoce de ellas y los periodistas involucrados temen por ello.

Existen al menos dos videos –confiesa un periodista local- en donde Servando Gómez Martínez ‘La Tuta’, se reunió con más de 35 periodistas de todo el estado. El encuentro fue en la zona de Tierra Caliente. En el municipio de Apatzingán. Fue a principios del 2010, el capo comió con los comunicadores y les ofertó apoyo. Hubo peticiones de apoyo por parte de algunos periodistas. El cártel fue generoso, para compensar la presencia obligada de muchos de los presentes.

“Todos los días amanezco pensando si ese será el día en que la PGR decida hacer público el video en donde estamos reunidos con ‘La Tuta’, o si llegará a mi puerta un grupo de agentes federales para avisarme de mi detención y llevarme a una cárcel federal”, cuenta el periodista que hoy se encuentra desplazado, bajo amenazas de muerte por parte de algunos autodefensas que lo asocian con el cártel de Los Templarios.

Ni vistos, ni oídos

De acuerdo a un reporte de la organización Reporteros Sin Fronteras, ninguno de los cuatro casos de periodistas desaparecidos en Michoacán registra avances sustanciales. En los cuatro, los procesos de investigación se encuentran “congelados” y los expedientes han ido ya en algunas ocasiones a “reserva”. 

En ninguna de las averiguaciones se señalan nombres de posibles responsables de la desaparición de los periodistas.

“Las investigaciones sobre la desaparición de José Antonio García Apac” –explica Reporteros Sin Fronteras- “se encuentran prácticamente en un punto muerto. Según sus allegados, el periodista poseía información concerniente a la colusión de funcionarios del estado y de municipios de Michoacán con el narcotráfico”. 

El caso de la desaparición del periodista Mauricio Estrada Zamora, corresponsal del diario La Opinión de Michoacán, se encuentra abandonado. El día de su desaparición había trabajado sobre la desarticulación de una banda de narcotraficantes en la zona de Aguililla. Su familia no ha sabido el curso que han tomado las averiguaciones.


De María Esther Aguilar Canno se ha vuelto a saber nada desde el 11 de noviembre de 2009. Ella desapareció cuando salió de su casa, luego de recibir una llamada telefónica de una presunta fuente informativa. Ella era especialista en el tema de la nota policiaca. “Poco antes de desaparecer, la periodista había relatado los abusos de poder y las brutalidades cometidas por un jefe de Seguridad Pública del municipio de Zamora”, explica Reporteros Sin Fronteras.

Otro de los periodistas desaparecidos de Michoacán es Ramón Ángeles Zalpa, muchos años corresponsal de La Voz de Michoacán y Cambio de Michoacán. La última vez que se le miró fue el 6 de abril de 2010. Se caracterizó por denunciar la presencia del crimen organizado en la explotación ilegal de la zona boscosa de Cherán. El expediente de su caso se mantiene en archivo muerto, tras haber realizado 18 diligencias judiciales que concluyeron una cosa: está desaparecido.

Asesinatos impunes y sin investigación

Ninguno de los asesinatos de periodistas ha sido esclarecido por las autoridades competentes en Michoacán, es más –explica un corresponsal nacional-, ni siquiera existen investigaciones en curso que apunten a la posibilidad de la detención de los autores materiales y/o intelectuales de los crímenes, pese a que existen señalamientos claros sobre los autores de esos hechos.

Tampoco la PGR ha querido atraer ninguno de los casos de periodistas asesinados, pese a la insistencia de algunas agrupaciones locales no gubernamentales. No hay voluntad de la federación para esclarecer el crimen de seis periodistas, explicó Analía Sánchez, de la fundación de Familias de Personas Desaparecidas y Crímenes contra Periodistas.

De acuerdo a esa organización, lo más que se ha hecho por parte de las autoridades estatales es la integración de un expediente sobre la actividad de los periodistas ejecutados. Dicho expediente se encuentra sepultado en las dependencias de la Procuraduría de Justicia del estado, y a veces, por mero trámite se ha compartido la documentación del caso con instancias de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

En esa condición se encuentran los asesinatos de Jaime Arturo Olvera Bravo, de La Piedad, Michoacán, quien fue periodista de La Voz de Michoacán. Fue ejecutado el 9 de marzo del 2006, cuando llevaba a su hijo de cinco años a la escuela, un sicario lo alcanzó y le disparó a mansalva.

Tampoco hay responsables por la muerte de Gerardo Israel García Pimentel, reportero del diario La Opinión de Michoacán, quien fue ejecutado la noche del 8 de diciembre de 2007, cuando salió de la redacción. Sus asesinos lo siguieron varias calles ante la mirada de la policía de Uruapan.

También se encuentra archivada la investigación sobre la muerte de Miguel Ángel Villagómez Valle, director y editor del periódico regional La Noticia, de Lázaro Cárdenas, ejecutado la noche del 9 de octubre de 2008, luego de ser “levantado” por un comando de sicarios. Apareció muerto con seis disparos sobre la espalda.

El caso de Martín Javier Miranda Avilés, reportero del periódico Panorama y corresponsal en Zitácuaro de la agencia Quadratín, también se encuentra en la impunidad. Nada se ha hecho por esclarecer la forma en que fue ejecutado a navajazos en el interior de su casa. Nadie ha reclamado el esclarecimiento.

Otro caso que se mantiene en la impunidad es del conductor de CB Noticias y articulista de La Voz de Michoacán, Enrique Villicaña Palomares, ejecutado el 10 abril de 2010, luego de ser secuestrado. Apareció ultimado con arma blanca y su cuerpo fue abandonado en las calles de la ciudad de Morelia.

En la misma condición de impunidad se encuentra el homicidio de Hugo Olivera Cartas, director de la agencia de noticias local ADN de Apatzingán y colaborador de la agencia Quadratín, quien el 7 de julio del 2010 fue localizado sin vida dentro de su vehículo. Tenía cuatro disparos y señales de tortura prolongada.


“No vale la pena una nota de primera plana a cambio de una esquela de muerte –dice un periodistas que por 15 años ha trabajado para uno de los principales periódicos de circulación estatal-. Nadie va a ver por las familias que dejemos en la orfandad, ni siquiera se va a esclarecer nuestra muerte”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.

En Segob, “voy a permanecer hasta que EPN lo decida”: Arturo Escobar

El nombramiento del líder del Partido Verde se dio el pasado 9 de noviembre por parte del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Pese al rechazo que levantó su nombramiento -por parte de organizaciones sociales e incluso en Change.org-, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar, afirmó que permanecerá en su cargo hasta que lo decida el presidente Enrique Peña Nieto.

En entrevista para el diario Reforma, indicó ”(Voy) a permanecer aquí hasta que el Presidente de la República lo decida. No soy ajeno a lo que está pasando, estoy muy al pendiente, pero tengo un trabajo que hacer, tengo una asignación que me ha dado el Presidente de la República y debo cumplir mi trabajo. El señor Presidente me invitó a trabajar en la subsecretaría y será él quien defina y evalúe si cumplo con los objetivos”.

“El programa es un programa de Estado que emana desde los ejes principales del plan de Gobierno del Presidente, está muy por arriba de cualquier funcionario público, entonces creo que eso no le resta importancia. Los funcionarios podemos ir y venir, pero el programa llegó para quedarse”, refirió sobre la subsecretaría que encabeza para prevenir el delito.

Escobar lamentó que organizaciones y activistas lo descalifiquen; ”la verdad es que la mayoría de ellos ni siquiera me conocen, hay algunos que sí, como María Elena Morera o Isabel Miranda, pero los demás ni siquiera me conocen, no me dieron la oportunidad de sentarse conmigo, asumieron una posición, a priori, de reclamo. Lo único que me queda a mí es que la tolerancia venga de aquí hasta allá y tener las puertas abiertas… Lo primero que hay que tener es tolerancia para entrar a un camino nuevo”.

El líder del Partido Verde dijo que le “extraña” “tanta condena” por su nombramiento, por lo que pidió un “espacio” a las organizaciones que están en su contra, para escucharlos y que lo escuchen.

En un posicionamiento conjunto emitido el pasado 17 de septiembre, organizaciones sociales exigieron al presidente de la República y al secretario de Gobernación que revoquen el nombramiento de Arturo Escobar. Argumentaron que el del Verde “es la antítesis del funcionario que se requiere para un programa tan complejo como el de Prevención del Delito y la Participación Ciudadana. Arturo Escobar y el PVEM representan la cultura de la ilegalidad, el clientelismo, el oportunismo y el desprecio por la vida, la justicia y la libertad”.


En tanto, en Change.org, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social publicó una petición en el mismo sentido. “¿Por qué se nombró a una persona que forma parte de un partido político que destaca por hacer gala de conductas ilegales y violaciones sistemáticas a la ley, como es el Partido Verde Ecologista Mexicano; siendo que una de las responsabilidades de este cargo es liderar un programa de promoción de la cultura de la legalidad?”, preguntó INCIDE Social.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Elementos del Ejército “están metidos” en caso Ayotzinapa: AMLO

CANCÚN, Q. Roo: El líder del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, señaló que en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa “están metidos” elementos del Ejército, y por eso el Ejecutivo “actúa como cómplice”.

Entrevistado en esta ciudad, donde inició una gira de trabajo de dos días, el exjefe de Gobierno del Distrito Federal destacó que el asunto “se ha complicado” porque Enrique Peña Nieto “no quiere decir la verdad, ni ordenar el castigo a los responsables de la desaparición de los jóvenes”.

Subrayó: “Él (Peña Nieto) sabe bien lo que sucedió, pero está actuando como cómplice, está protegiendo a los verdaderos responsables de la desaparición de los jóvenes”.

Luego de presentar al exrector de la Universidad de Quintana Roo, José Luis Pech, como promotor de la “soberanía nacional” del estado, López Obrador descalificó el acuerdo que tomó el PRD en su Congreso Nacional, el pasado fin de semana, para ir en alianza con el PAN en los procesos lectorales estatales que se celebrarán el próximo año.

El PRD y el PAN, sostuvo, “son lo mismo” que el PRI y significa mantener el régimen de corrupción, injusticias y privilegios. “No significa ningún cambio. Es lo mismo el PRI, el PAN y el PRD. Los partidos de la mafia del poder”, subrayó.

Adelantó que en respuesta a esa alianza, muchos perredistas podrían ir hacia Morena, partido que, dijo, “tiene las puertas abiertas, siempre y cuando sean mujeres y hombres de buena voluntad, gente honesta”.

Soltó: “No queremos a los líderes corruptos del PRD”.

Sobre la posición de Morena en la entidad, destacó que está en condiciones de ganar la gubernatura. La gente “ha sufrido mucho de gobernadores autoritarios y corruptos”, y “ese es el caso del actual gobernador” Roberto Borge Angulo, dijo.

“Durante muchos años”, agregó, los gobernantes “se han dedicado a saquear a Quintana Roo y tienen a la gente en el abandono”.
De igual manera, destacó que “hay acoso y persecución” contra periodistas como parte de un entorno de autoritarismo y prepotencia, donde las libertades no se garantizan.


Sobre los elevados pasivos bancarios en los estados, que en el caso de Quintana Roo tiene la mayor deuda per cápita del país, López Obrador sostuvo que eso no solo es responsabilidad de los gobernadores, sino también del gobierno federal, “sobre todo de los secretarios de Hacienda, que son lo que han autorizado ese sobreendeudamiento”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.

Normalistas se enfrentan con policías en Guerrero; hay 13 lesionados

El enfrentamiento ocurrió en el libramiento Tixtla–Chilpancingo, donde los estudiantes realizaban un bloqueo. Al menos 11 agentes y dos normalistas resultaron heridos.

Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa se enfrentaron esta mañana con policías antimotines de Guerrero, quienes los interceptaron en la carretera cuando se dirigían a la capital Chilpancingo para realizar una manifestación, como parte de sus acciones al cumplirse casi un año de la desaparición forzada de 43 de sus compañeros.

Tras el enfrentamiento ocurrido este martes 22 de septiembre, al menos dos estudiantes y 11 policías resultaron heridos, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Protección Civil de Guerrero.

Los policías lesionados fueron identificados como Víctor Guzmán Rodríguez, de 36 años; José Manuel Soriano Arcos, de 38; Moisés Salvador Sierra, de 32; Eduardo Neri Mendoza, de 28; Denis Rendón Tapia, de 32, y Luis Ernesto Martínez Maldonado de 24 años.

Asimismo, los elementos Domingo Salvador Añorve y David Gil Silva, Mariana Salinas Bernal, Alma Delia Rivera Ávila y Lázaro Meza Gutiérrez.

Todos los policías tiene diagnóstico de traumatismo cráneo encefálico en grado 1, heridas cortantes, golpes en tobillos, pierna y muslos, indicó la Secretaría de Protección Civil, que agregó que al parecer Mariana Salinas Bernal está embarazada.

Los normalistas y padres de algunos de los estudiantes desaparecidos viajaban a bordo de 12 camiones cuando, a la altura del libramiento Tixtla–Chilpancingo, fueron parados por los uniformados. Ahí, los estudiantes incendiaron un tráiler y lanzaron piedras, bombas molotov y petardos a los policías.


Esto ocurrió luego de que una comisión de padres se bajó de los automóviles para pedir el paso a los uniformados. Sin embargo, ellos lo condicionaron con revisar a cada uno de los normalistas, detalló la agencia Quadratín.





En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, el vocero de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, Felipe de la Cruz, dijo que no había justificación para que el gobierno de Guerrero y el federal intentaran reprimir sus manifestaciones; criticó el envío de policías para impedir el paso a los estudiantes.

Ayer, normalistas de Ayotzinapa y miembros del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG) dañaron las instalaciones de la Fiscalía local en Chilpancingo mientras realizaban una protesta.


Quadratín reportó que los estudiantes incendiaron un módulo en la entrada de la Fiscalía de Guerrero, rompieron ventanas de algunas oficinas y dañaron vehículos oficiales, además de tomar autobuses de empresas como Coppel, Bimbo y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Caso Ayotzinapa: sin sentencias y sin procesados por desaparición forzada

De los 111 detenidos, sólo se pudo confirmar que hay 73 acusados de secuestro, y ninguno por desaparición forzada. Hay 33 casos que no se conocen públicamente. Expertos de la CIDH consideraron que también podrían haberse imputado otros delitos como tortura o abuso de autoridad.

A casi un año del ataque a un grupo de normalistas de Ayotzinapa en Iguala, que dejó un saldo de 43 estudiantes desaparecidos y tres muertos, no se ha dictado una sola sentencia en contra de los más de cien encarcelados por el caso, y de hecho, todos están procesados por otros delitos menos por desaparición forzada.

Una revisión hecha por Animal Político de los juicios en curso, arroja incluso que hay detenidos que no están acusados ante el juez de haber participado directamente en los hechos del 26 de septiembre, entre ellas la esposa del ex presidente municipal de Iguala José Luis Abarca o del líder de Guerreros Unidos Sidronio Casarrubias.

En el caso de José Luis Abarca, pese a que fue capturado desde noviembre del 2014, apenas en junio de este año la PGR consiguió que se la abriera proceso por el plagio de los estudiantes. Según la Procuraduría General de la República (PGR), él es el principal autor intelectual de lo ocurrido en Iguala y Cocula.

De acuerdo con datos del Consejo de la Judicatura Federal, los juzgados Primero y Tercero de Distrito en materia de Proceso Penales federales en Tamaulipas son los que están encargados de las principales causas penales por la desaparición de los estudiantes normalistas, aunque hay casos como el de la ex pareja presidencial de Iguala que se llevan en el estado de México.

Por determinación de esos juzgados, el desarrollo de los juicios iniciados incluyendo nuevas consignaciones se mantiene bajo sigilo a partir de abril de este año. Lo que si confirmaron autoridades judiciales es que no hay una sentencia dictada hasta ahora, ni condenatoria ni absolutoria.

Secuestro sí, desaparición forzada no

Aunque hay 111 personas detenidas como resultado de la averiguación abierta en la PGR por el caso de los normalistas desaparecidos, la revisión de los datos públicos disponibles y del Consejo de la Judicatura solo permite confirmar que 73 de ellos están acusados del plagio de los estudiantes.

Cabe señalar que hay 34 casos de presuntos sicarios de Guerreros Unidos detenidos pero cuya consignación no se hizo pública y por lo tanto no se puede verificar el delito por el cual están bajo proceso.

Entre los que están acusados del delito de secuestro se encuentran el ex presidente municipal de Iguala José Luis Abarca. Luego de su detención en noviembre del 2014 la PGR lo consignó por varios delitos que no estaban relacionados con el tema de los normalistas, y fue apenas en junio de este año cuando pudo conseguir que se le iniciara proceso por el secuestro de los estudiantes.

Todos los policías detenidos y procesados hasta ahora, tanto los 43 de Iguala como los 15 de Cocula, están acusados también del plagio de los normalistas, al igual que varios integrantes del grupo delictivo de Guerreros Unidos

Sin embargo, y aunque el propio ex procurador Jesus Murillo Karam sostuvo que lo ocurrido en Iguala era un tema de desaparición forzada, debido a que funcionarios públicos participaron en la retención ilegal de los estudiantes, hasta ahora ni Abarca ni los ex policías están bajo proceso por ese delito en específico.

El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos, dijo en una entrevista publicada el pasado 9 de septiembre que uno de los delitos consignados en el caso Ayotzinapa era el de desaparición forzada, lo cual era una ventaja pues evitaba que el caso prescribiera, es decir, que en algún momento el castigo que pudieran recibir los involucrados caducara.

Pero el informe elaborado por los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló que los jueces no han concedido a la PGR ninguna orden de aprehensión por este delito.

De acuerdo con ese informe, en diciembre del 2014 la Procuraduría consignó la averiguación previa PGR/ SEIDO/UEDIMS/871/2014 relacionada con el caso Ayotzinapa, por desaparición forzada, sin embargo, los jueces reclasificaron el delito como secuestro.

“Ya tenemos conocimiento de las consignaciones y fueron por secuestro, quien debe resolver si son responsables o no es el juez. El secuestro como delito es por el que está la acusación, no por desaparición forzada” dijo Ángela Buitrogo, una de las integrantes del grupo de expertos.

Aunque la penalidad entre el delito de secuestro y desaparición forzada es similar (40 años de cárcel como pena máxima), el de desaparición forzada tiene un mayor peso específico pues implica el reconocimiento de que agentes del Estado participaron en el delito, de acuerdo con organismos internacionales como la CIDH o Amnistía Internacional.

Los expertos de la CIDH que han analizado lo ocurrido el 26 de septiembre en Iguala, también consideraron que existe evidencia suficiente para que la Fiscalía de Guerrero o la PGR hubieran imputado otros delitos como por ejemplo el de tortura en el caso del estudiante Julio Cesar Mondragón Fuentes, así como los de tentativa de homicidio, encubrimiento, uso no adecuado de la fuerza, lesiones y amenazas.

Los “no” acusados

Entre las personas que no están acusadas del plagio de los estudiantes se encuentra María de los Ángeles Pineda, esposa del ex presidente municipal José Luis Abarca, y cuya celebración de su informe de actividades en su calidad de presidenta municipal de Iguala fue el factor detonante del ataque en contra de los estudiantes, según la PGR.

Pineda fue consignada ante un juez federal en el estado de México acusada de delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que según la PGR, desde el 2005 prestó apoyo financiero primero al cártel de los Beltrán Leyva y luego al grupo criminal Guerreros Unidos.

La investigación de la PGR corroboró que específicamente, en el periodo del 2009 al 2014, Pineda recibió a través de cuatro cuentas depósitos por más de 13 millones 700 mil pesos, recursos que no tienen un origen comprobable por lo que probablemente son resultado de actividades ilícitas en Morelos y Guerrero.

En junio pasado, la PGR obtuvo una nueva orden de aprehensión en contra de Pineda por delincuencia organizada por los nexos con Guerreros Unidos, pero no por el caso específico de los normalistas.

Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder máximo de la organización delictiva de Guerreros Unidos, es otro de los detenidos que no enfrenta proceso directamente vinculado por el plagio de los normalistas.

En sus declaraciones difundidas por la PGR, Casarrubias aceptó que dio autorización desde Morelos para que se procediera en contra de los normalistas, pero lo hizo porque su lugarteniente “El Gil” le indico que se trataba de supuestos integrantes del grupo antagónico conocido como “Los Rojos”.

De acuerdo con una tarjeta informativa del Consejo de la Judicatura, Casarrubias al igual que otro de sus cómplices de nombre Norman Isaí Alarcón Mejía, están bajo proceso por delincuencia organizada, delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y violación a la Ley Federal de Armas. Ninguno de ellos está preso por secuestro.

Uno de los integrantes más importantes del grupo delictivo de Guerreros Unidos detenido hasta ahora, Rubén Núñez Salgado, señalado como el operador financiero de la organización delictiva, está bajo proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Tampoco se le acusa directamente del plagio de los estudiantes.

Noemi Berumen, la joven que prestó un domicilio de su familia en la delegación Iztapalapa para que se escondiera el ex presidente municipal de Iguala José Luis barca y su esposa María de los Ángeles Pinera, está bajo proceso en libertad solamente por el delito de encubrimiento.

Sin sentencia

El Consejo de la Judicatura Federal confirmó a Animal Político que hasta ahora no se ha dictado ninguna sentencia en los procesos penales abiertos por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

La principal causa penal en curso es la número 100/2014 a cargo del Juzgado Primero de Procesos Penales Federales d Tamaulipas y es en ella en donde se encuentran incluidos la mayoría de policías consignados y de integrantes de Guerreros Unidos. El juicio se encuentra en la fase de desahogo de pruebas, es decir, la parte intermedia del proceso.

Además, de acuerdo con los reportes judiciales, más de la tercera parte de los consignados han presentado apelaciones en contra de los autos de formal prisión que les dictaron y aunque ninguno ha salido en libertad, el análisis de las consignaciones por parte de los tribunales ha retrasado aún más los procesos.

A lo anterior se suma que los jueces han reclasificado algunos delitos que la PGR imputó originalmente como el de desaparición forzada.

En el caso de José Luis Abarca, su proceso se encuentra en una fase inicial luego de que apenas en junio se le dictó el auto de formal prisión por el secuestro de los normalistas, mientras que por los delitos que se le imputaron inicialmente entre ellos delincuencia organizada tampoco hay una resolución hasta ahora.

María de los Ángeles Pineda tiene su proceso penal por lavado de dinero y delincuencia organizada abierto en el Juzgado Tercero de Distrito con sede en el estado de México bajo la causa penal 105/2014, sin que tampoco se haya dictado sentencia hasta ahora.


Cabe señalar que las sentencias posiblemente condenatorias que dictan los jueces no solo sirven para que los procesados sean castigados, sino que son indispensables para que se file pago de reparación del daño a las víctimas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.

La censura a Aristegui y los “premios” a MVS

MÉXICO, D.F: En un movimiento simultáneo, el jueves 17 y el viernes 18, el Grupo MVS, de la familia Vargas, obtuvo en tribunales especializados en telecomunicaciones dos triunfos rotundos ante Grupo Televisa, su adversario en el mercado, en una clara señal de reconsideración a la empresa que este año protagonizó el escándalo de la ruptura con su periodista estelar, Carmen Aristegui, y un equipo de 19 periodistas y comunicadores que fueron despedidos desde marzo pasado.

El 17 de septiembre, el Primer Tribunal Colegiado Especializado en Telecomunicaciones desechó el amparo interpuesto por la empresa de Emilio Azcárraga Jean para no aplicar las obligaciones del must carry y del must offer, es decir, la retransmisión gratuita de la señal radiodifundida de otras empresas.

Esta batalla es una causa encabezada por Grupo Dish, filial de MVS, que ha competido en el mercado de la televisión restringida, vía satelital, con Sky, filial de Televisa. La retransmisión gratuita de los canales abiertos más vistos, en especial, el Canal 2, se consideró como desventaja competitiva. Dish defendió el decreto de la reforma constitucional de telecomunicaciones, del 27 de febrero de 2014, que obliga a los concesionarios de televisión abierta (léase Televisa y TV Azteca) a retransmitir sus señales sin costo adicional a los servicios de otras empresas de televisión de paga.

El 18 de septiembre, este mismo tribunal colegiado falló a favor de Grupo MVS para mantener vigente el acuerdo entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y la empresa de Joaquín Vargas, signado en 2013, para el uso de la banda 2.5 Ghz, que el gobierno de Felipe Calderón intentó rescatar de mala manera en 2011.

Grupo Televisa había impugnado ese acuerdo y el tribunal decidió que la empresa no tenía “el interés legítimo y no sólo el propósito de obtener un beneficio económico”.

La banda 2.5 Ghz

El conflicto por la banda 2.5 Ghz, cuyo valor es mayor a los mil millones de dólares, provocó la primera salida de Carmen Aristegui de MVS, en febrero de 2011. El entonces gobierno de Felipe Calderón presionó a Joaquín Vargas para no refrendar las concesiones que MVS detentaba en esa banda, si no despedía a Aristegui, tal como el propio empresario reconoció en agosto de 2012 (Proceso 1789 y 2002).

El precedente de este conflicto hace pensar que un caso de presión similar pudo estar detrás de la salida de Aristegui y su equipo, en marzo de 2015, cuatro meses después de la difusión del reportaje de la Casa Blanca de Peña Nieto, que provocó un profundo malestar en el gobierno de Peña Nieto.

La diferencia estriba en que en la primera salida de Aristegui de MVS Radio, en febrero de 2011, la presión fue tan fuerte contra la empresa y contra el gobierno calderonista, que ambos decidieron revertir la decisión. En el caso de la salida de 2015, la protesta de las audiencias y de la sociedad ha sido mayor, pero MVS no modificó un milímetro su decisión, aunque dio versiones contradictorias: primero dijo que fue por el mal uso de la “marca” de la empresa en la plataforma Mexicoleaks, luego por la no aceptación de Carmen Aristegui de unos “lineamientos editoriales” que violaban el contrato entre la periodista y la empresa, y finalmente, quedó en un asunto que está en demanda mercantil por el uso de los contenidos del noticiero de MVS Radio en la plataforma digital Aristegui Noticias.

Todos los argumentos contradictorios de MVS han sido utilizados para negar, una y otra vez, que se trate de un caso de censura o de presión gubernamental.

Los antecedentes y lo ocurrido el jueves 17 y el viernes 18 hacen pensar lo contrario. Nada se mueve en un sector con tantos intereses de por medio sin la presión de las autoridades gubernamentales, mucho menos en este sexenio caracterizado por su alto grado de control en los contenidos de medios electrónicos.

Beneficio a Televisa

Todas estas decisiones harían pensar que las autoridades de telecomunicaciones están afectando los intereses de Grupo Televisa, el agente preponderante en televisión abierta, a favor de su viejo rival MVS y de América Móvil, con quienes protagonizó una guerra muy agria y abierta en 2011, teniendo a Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca, como aliado.

Sin embargo, expertos en el sector e informaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones advierten que el gran beneficio para Grupo Televisa está en la negociación para que no sea declarado dominante en el mercado de la televisión de paga, donde posee el control de empresas como Cablevisión, Cablemás, Cablecom y TVI (en televisión por cable), así como Sky (en televisión satelital) y más de 60% de los usuarios de televisión restringida en el país.

Según reportó el periódico Reforma, los representantes de Televisa sostuvieron el 26 de agosto, el 3 y el 13 de septiembre reuniones con representantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El intenso cabildeo de Alfonso de Angoitia, vicepresidente de la empresa; de Alejandro Bustos, vicepresidente de Temas Jurídicos y de Regulación, y Adolfo Lagos, vicepresidente de Telecomunicación, tiene dos grandes objetivos:

1. Evitar que en caso de ser declarados dominantes se les impida empaquetar la venta de publicidad a través de televisión restringida y televisión abierta, tal como lo vienen haciendo.

2. Eludir restricciones en la compra de contenidos.

Los derechos de usuarios y audiencias salen perdiendo

En ambos casos: los beneficios a MVS y América Móvil, por un lado, y una declaratoria light de dominancia en televisión restringida para Televisa, por el otro, quienes saldrán perdiendo en muchos sentidos son los usuarios y las audiencias porque en ninguno de los dos casos se debaten sus derechos sino los grandes intereses corporativos y el gran negocio de los corporativos en disputa.

El must carry y el must offer que ha conseguido MVS es muy loable en términos de concordancia con la reforma de telecomunicaciones, pero muy criticable ahora que sus contenidos informativos carecen de periodistas críticos. La alineación con los intereses gubernamentales es clara en todas sus emisiones.

El derecho a la información y los derechos de las audiencias salen perdiendo cuando hay acuerdos cupulares entre autoridades y concesionarios, sin importarles que el gran negocio se sustenta en la concesión de un servicio de interés público (artículo 6º. constitucional). La libertad de expresión se esgrime como una moneda de cambio, no como una convicción interna y frente a las audiencias.

Por otro lado, los derechos de los usuarios y de las audiencias en la televisión de paga prácticamente son ignorados en el debate cerrado que el IFT sostiene para definir la posición de Televisa en este mercado que estará cada vez más concentrado.

Prácticamente, MVS se conforma con jugar el papel que TV Azteca hizo en la televisión abierta: ser un contrincante cómodo en televisión restringida para Televisa.


Con la salida de Aristegui y de su equipo lo que se confirma es que en los espacios informativos de MVS nada incomoda al gobierno de Peña Nieto ni con la sugerencia de una Casa Blanca.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Murillo Karam y Escobar, burla tras burla

MÉXICO, D.F: “Si caigo yo, caes tú”, advirtió Jesús Murillo Karam a Enrique Peña Nieto, según confió el exprocurador a allegados tras el derrumbe de su “verdad histórica” sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa y justo cuando estaba en curso su nombramiento como embajador en Portugal.

Desnudas las mentiras, validada la hipótesis central de los hechos de Iguala sólo por un puñado de incondicionales, es remoto que Murillo Karam pueda ser ya ratificado por el Senado para convertirse en embajador –un aval que está en manos del PAN y que por tanto es posible–, pero de lo que no hay duda es que quedará sin castigo.

Murillo Karam no será procesado ni enjuiciado políticamente por los delitos que como servidor público cometió –obstrucción de la justicia, omisión, encubrimiento, tortura–, pero no por la supuesta amenaza a Peña, sino porque la impunidad ha sido el estilo personal de gobernar de éste.

Sólo la impunidad mantiene en la Secretaría de Gobernación a Miguel Ángel Osorio Chong, responsable político y administrativo de la custodia del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, cuya fuga puso en ridículo mundial a Peña.

Y es la impunidad la que hizo a Peña designar a Arturo Escobar como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Porque –ojo– fue Peña, no Osorio Chong, quien le dio el empleo.

Transgresor sistemático de la Constitución y la ley como líder máximo del Partido Verde, no hay manera de que Escobar prevenga la violación de éstas. Es como enderezar a un jorobado.

Pero por más que organizaciones sociales exijan a Peña que reconsidere el nombramiento de Escobar y se acumulan firmas de ciudadanos que se niegan “a que nuestros impuestos sean usados para retribuir a un personaje que no cuenta con los méritos ni la capacidad necesarios para el desempeño de la función que se le está encomendando y que, además, es representante del partido político que históricamente más ha violado la ley y que debió haber perdido su registro”, la arrogancia se impone: Escobar seguirá.

Cuando Escobar llama “premio” a su nombramiento es porque así es: Peña lo premia porque, sin la inconstitucional e ilegal campaña del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el PRI –con sus 202 diputados– no tendría ninguna posibilidad de ser mayoría, así sea raquítica.

Los 47 diputados del PVEM, varios de ellos confesos priistas –en realidad iguales unos y otros–, sumaban 250 antes de anularse la elección en un distrito de Aguascalientes, pero con los 11 de Nueva Alianza, el partido de la defenestrada pero multimillonaria Elba Esther Gordillo, garantiza que los priistas harán las reformas que les dé la gana, no habrá ninguna si no les gusta y sin ellos cualquier petición de juicio político irá al caño.

Y peor: Peña y el PRI –Manlio Fabio Beltrones– tienen un nuevo aliado: El Partido Encuentro Social, cuyo coordinador de sus ocho diputados es Alejandro González Murillo, sobrino justamente del exprocurador Murillo Karam.

¿Cómo al menos enjuiciar políticamente al autor del montaje de Iguala, como plantea la jurista Layda Negrete en http://horizontal.mx/murillo-karam-juicio-politico/ si en la Cámara de Diputados no existe ni una mayoría para instar la Sección Instructora y si su sobrino está ahí como diputado custodio?

Ya lo declaró el propio González Murillo: Encuentro Social apoyará a Peña y a su gobierno, “porque si al presidente le va bien, nos va bien a todos”.


Ajá…

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.

Gobierno violó convenios con ampliación del puerto de Veracruz: ambientalistas

MÉXICO, D.F: Al otorgar el permiso para la ampliación del puerto de Veracruz, “sin la suficiente información técnica y científica”, el gobierno federal vulneró varios de los convenios internacionales que firmó en materia ambiental, advirtieron hoy organizaciones ambientalistas (martes).

En conferencia, alertaron que el proyecto pondrá en peligro a “dos de los tesoros naturales más importantes de México”: la barrera coralina de Veracruz y la reserva de la biósfera de los Tuxtlas.

Debido a ello, solicitaron a la Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas (Conanp) que invite a un comité de expertos internacionales para revisar si el proyecto respeta las normas ambientales y emitir recomendaciones si no fuera el caso.

Para llevar a cabo el megaproyecto de infraestructura –que cubrirá una superficie de cerca de 910 hectáreas, el doble del puerto actual–, el gobierno federal autorizó la modificación del polígono que demarca el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, el mayor ecosistema de coral del Golfo de México. Además, autorizó la extracción de dos millones de metros cúbicos de roca basáltica en 52 hectáreas de la reserva de los Tuxtlas.

Las organizaciones demandantes resaltaron que esta es “una de las últimas selvas húmedas de México” –sitio vital para las aves migratorias del continente– la cual, además de su valor en biodiversidad, sirve de muro natural de protección a las comunidades de las intemperies y los huracanes.

Por la riqueza en biodiversidad que albergan y sus características únicas, agregaron, tanto el arrecife veracruzano como la biosfera de los Tuxtlas se encuentran protegidos por la ley mexicana. El primero tiene el estatuto de área natural protegida desde 1992 y la segunda está registrada como reserva de la biosfera.

“El programa de manejo de la reserva de la biosfera de los Tuxtlas prohíbe expresamente el uso de explosivos dentro del área, pero el proyecto necesita utilizarlos para extraer el material”, afirmaron las organizaciones en un documento que remitieron a varias entidades gubernamentales.

Los denunciantes añadieron que una vez terminada, la obra vulnerará el hábitat de las cinco especies de tortugas marinas que viajan cada año hacia el arrecife para reproducirse, pese a la protección internacional de la que gozan estas especies amenazadas por la actividad humana.

Ayer, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente (Aida), entre otros, entregaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional para las Áreas Naturales Protegidas (Conanp) una petición firmada por más de 30 mil personas para revocar la autorización en materia de impacto ambiental otorgada para reabrir la mina de explotación de piedra en los Tuxtlas.

“No dudamos que la ampliación generará empleos”, subrayó Xavier Martínez, director de la oficina del Golfo de Cemda. “La pregunta es ¿cómo?”, agregó.

En entrevista con Apro, Martínez afirmó que las áreas nacionales protegidas son “una garantía para el medio ambiente. Por lo mismo, no puede ser sacrificado de la manera en la que está siendo sacrificado”.

Emilio Rodríguez, integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental, lamentó que en México se considere a las áreas naturales protegidas como “bancos” de materiales y materias primas.


“No pedimos algo que no exista, sino que se cumpla con las leyes y los tratados que firmó México en materia ambiental”, insistió Alda Navarro, integrante de la Aida.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Inconclusa, la autopista que inauguró Peña Nieto el lunes

La autopista Salamanca-León no tiene acceso directo a la zona urbana leonesa y provisionalmente entronca con la autopista León-Aguascalientes; tampoco han sido instalados teléfonos y cámaras.

El presidente Enrique Peña Nieto inauguró el lunes 21 la autopista número 16 de 52 que prometió construir en su sexenio… pero está inconclusa.

La autopista Salamanca-León no tiene acceso directo a la zona urbana leonesa, no está terminada y entronca en forma provisional con la autopista León-Aguascalientes.

El proyecto señala que el acceso será por un distribuidor vial que se localizará en el cruce de los bulevares Timoteo Lozano y Delta, por la comunidad San Juan de Abajo; sin embargo, las obras están suspendidas.

Para acceder a la nueva autopista se tiene que hacer por el bulevar Aeropuerto y tomar la autopista a Aguascalientes.

A la altura del kilómetro 5 hay un entronque improvisado con poca seguridad. Se trata de un retorno que habitantes de la zona utilizan como si fuera calle; de hecho, hay niños que juegan sin precaución, lo cual representa un riesgo latente.

Para concluir esta obra aún está pendiente la troncal de 1.5 kilómetros para conectar esta autopista con el Municipio de León.

Además, a la autopista Salamanca-León que consta de 79 kilómetros y que permitirá reducir de una hora 15 minutos a 40 minutos el recorrido que actualmente se realiza por la carretera federal 45, le faltan otros detalles.

El sistema inteligente de seguridad que debe contar con conectividad a través de fibra óptica, 56 cámaras de vigilancia, 12 cámaras de detección automática, 54 teléfonos SOS, seis estaciones de monitoreo de velocidad fijas y seis móviles, no han sido instalados.

En la autopista se aprecian solamente bases de concreto donde se colocarán los teléfonos de auxilio y cámaras.

Los detectores de velocidad tampoco se han colocado y la conexión que debería ser a través de fibra óptica, ayer no funcionó durante la inauguración.

Construida con cuatro carriles, el tramo carretero tampoco tiene terminado los cuatro entronques a desnivel, 15 puentes, 38 pasos inferiores vehiculares y nueve inferiores.

Dos puentes, uno en el tramo de Silao a Irapuato y otro de Silao a León, cercano a la comunidad Santa Ana del Conde, se encuentran en construcción. Algunos accesos también están sin terminar.

Se estima que alrededor de 8 mil 900 vehículos recorran la autopista diariamente.

La arteria parte del entronque Cerro Gordo de la autopista Querétaro-Irapuato hasta el entronque de la maxipista Aguascalientes.


Personal del Gobierno del Estado destacó que la obra podría quedar concluida en un lapso de tres meses, si no existen contratiempos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aprueban en el Senado dictamen sobre derecho de réplica, pese a críticas

El dictamen de esta minuta fue aprobado en diciembre del 2013 y aún se mantiene en los mismos términos que envió la Cámara de Diputados al Senado de la República, donde este martes fue discutido por comisiones de senadores, quienes por mayoría lo avalaron.

Las comisiones de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron este martes en lo general y sin cambios el dictamen de la ley reglamentaria en materia de derecho de réplica.

La votación fue de 19 votos a favor, del PRI y del Partido Verde; mientras que 8 votaron en contra, del PAN, PRD y PT.

En el debate en las comisiones de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda, los legisladores Alejandro Encinas, Benjamín Robles, Dolores Padierna, Angélica de la Peña, Javier Corral y Manuel Bartlett expresaron su voto en contra del dictamen.

El senador del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez, advirtió que esta ley debería establecer plenamente que la réplica es gratuita, expedita y general, sin embargo se obliga a los afectados a contratar en la misma vía y con el mismo costo un espacio para ejercer su derecho.

“Se está generando de manera disfrazada un nuevo mercado en los medios de comunicación, el mercado de la réplica, donde uno tiene que pagar para ejercer su derecho ante un agravio cometido, ya sea por la autoridad o por un particular”, sostuvo.

Señaló que dicha minuta contradice disposiciones avaladas en reformas aprobadas en materia de telecomunicaciones y político electoral.

En primer lugar, el legislador apuntó que se pretende que la réplica electoral se mantenga en los mismos tiempos y normas jurídicas que el resto de la réplica en materia civil.

Marcela Torres Peimbert, senadora del PAN, afirmó que la minuta tiene “dos pecados de origen gravísimos”: por un lado, le deja a los medios de comunicación “la potestad de decidir si el derecho de réplica, un derecho humano, es viable” y, en segundo lugar “la carga de la prueba queda en el ofendido, en la persona”.

En contraste, Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, respaldó el dictamen al argumentar que el derecho de réplica debe publicarse un día hábil siguiente de la notificación del sujeto de este derecho.

Asimismo, señaló que se establece un procedimiento jurisdiccional para reclamar el derecho de réplica.

Diputados buscan frenar dictamen

Diputados de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano acordaron esta semana conformar un equipo legislativo para frenar la aprobación del dictamen sobre la Ley Reglamentaria de Derecho de Réplica en sus términos que actualmente se encuentra en el Senado, por considerar que no garantiza a los ciudadanos el derecho pleno a ejercer la réplica en medios de comunicación cuando una información inexacta o falsa daña el honor y la imagen.

En caso de que el pleno del Senado aprobara el dictamen sin modificaciones, como ya ocurrió en la comisión, los diputados presentarían una reforma legislativa para subsanar las deficiencias que se han encontrado y garantizar un procedimiento expedito en el que las personas puedan resarcir el daño que pudiera provocarle la difusión de información inexacta o calumniosa.

Al respecto, el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, en representación del Grupo Parlamentario del PRD, aseguró que el dictamen no refleja las garantías consagradas en el artículo 6º de la Constitución, y señaló que es una reglamentación llena de burocratismo que “pone la carga de la prueba en los ciudadanos que lo exigen”.

“Si el trámite de Derecho de Réplica fuera ágil bajo este procedimiento duraría entre 14 y 20 días para poder ejecutarse; pero si se va mediante el procedimiento burocrático que se está permitiendo en el dictamen pudiéramos durar hasta 6 meses para que pudiera ejercerse el Derecho de Réplica, todo mundo sabe que esto ya o tendría ningún sentido”, sostuvo.

Acosta Naranjo afirmó que son las televisoras las beneficiadas en caso de que el Senado apruebe el dictamen en sus términos, y comparó a celeridad con la ejerce la réplica en medios escritos y la radio, en este último es posible hacer aclaraciones prácticamente en el instante.

Por su parte, el diputado Gustavo Madero, en representación del Grupo Parlamentario de PAN, realizó un exhorto a los Senadores para que modifiquen el dictamen y éste regrese a la Cámara de Diputados y señaló que “es el momento de la ampliación máxima de los derechos de los ciudadanos en nuestro país y por eso queremos expresar esta convicción y esta voz de aliento para que los Senadores desde la Cámara modifiquen este dictamen”.

Madero dijo estar consciente que se enfrentan a intereses poderosos, sobre todo de la televisión, que han presionado para restringir y limitar el ejercicio de la réplica y aseguró que es el momento de concretar este derecho que se ha pospuesto desde noviembre de 2007.


Conferencia de diputados:



Sesión de comisiones en el Senado:



Dictamen aprobado:

Dictamen:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Indagan por cohecho a pareja sentimental de exedil de Naucalpan

TOLUCA, Edomex: La Procuraduría General de Justicia de Estado de México (PGJEM) investiga por probable cohecho a Leticia Yasmín Camacho Muñoz, pareja sentimental del exalcalde David Sánchez Guevara, acusado de peculado, y quien lo acompañó al Mundial de Futbol en Brasil en plena contingencia municipal por las lluvias.

El titular de la dependencia, Alfredo Gómez, además precisó que las auditorías practicadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) a la gestión de Sánchez Guevara arrojan irregularidades por 60 millones de pesos.

El abogado de la entidad recordó que la actual pareja del priista fue servidora pública en el municipio y es propietaria y accionista de la empresa Promocasting, que prestó servicios al ayuntamiento.

Como servidora pública y dueña de la empresa, destacó, incurrió en conflicto de interés.

Gómez Sánchez precisó que la mujer además es investigada por los flujos de dinero del expresidente municipal, “para ver si pasó por sus cuentas bancarias” la suma relacionada con el probable peculado.

Adicionalmente, expuso, se le inició una investigación por el delito de cohecho que la señora habría cometido con las autoridades del penal de Santiaguito para que le otorgaran mayores consideraciones y más libertad para acceder a la cárcel cuando quisiera entrevistarse con Sánchez Guevara.

Camacho Muñoz es señalada como la probable responsable de entregar al exedil un chip y un teléfono celular que le permitieron mantenerse en contacto con sus colaboradores del ayuntamiento para esconder o eliminar evidencias.

Por estos hechos, precisó el abogado de la entidad, hay custodios que ya fueron destituidos –aunque afirmó desconocer el número específico– y ya declararon el jefe de turno y el director del penal.

El procurador mexiquense aseguró, de igual manera, que el OSFEM ha encontrado irregularidades por cerca de 60 millones de pesos a la gestión de Sánchez Guevara, pero no necesariamente todas implican una responsabilidad penal, ya que también puede ser administrativa o sólo sumas que deban ser solventadas.

No obstante, admitió que se han encontrado otros casos que pueden caer en responsabilidad penal, relacionados con la adquisición de bienes y servicios, y una inversión en Ficrea, que eventualmente se agregarían a los 400 mil del peculado por un andador que no fue construido, y a los 5 millones de pesos del programa Banqueta Digna que no pudieron ser imputados a causa de la suspensión por un amparo que el exedil promovió.


David Sánchez fue detenido el 20 de agosto, apenas unos días antes de rendir protesta como diputado federal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.

El IFT perfila tres grandes licitaciones para 2016

MÉXICO, D.F: El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) perfila para 2016 tres grandes licitaciones: 80 megahertz (Mhz) para servicios de telefonía móvil en banda ancha; 191 estaciones de radio en FM, y la concesión de la red compartida.

El pasado 20 de septiembre, el IFT anunció que licitará en enero de 2016 80 Mhz para proveer servicios de telefonía móvil de banda ancha en la tecnología 4G y la LTE (Long Term Evolution), entre operadores ya establecidos y posibles nuevos competidores.

En su comunicado, el organismo regulador informó que desde este lunes 21 de septiembre y hasta octubre, dará a conocer a los interesados las primeras características de la licitación antes de definir los términos y condiciones del proceso.

Según el IFT, se tratará de una “subasta combinatoria de reloj” y pondrá a disposición de los licitantes 50 Mhz de la llamada sub-banda AWS-3 y 30 Mhz de la subanda AWS-1, pertenecientes a las bandas 1.7 a 2.1 Ghz, consideradas unas de las de mayor valor en el mercado de telecomunicaciones.

Por otro lado, el periodo para la elaboración de las llamadas “prebases” de la Red Compartida fue ampliado desde finales de agosto. Se trata de la licitación de una red móvil de acceso inalámbrico para telefonía móvil e internet que utilizará la banda 700 Mhz y la responsabilidad central será de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Según la reforma de telecomunicaciones, esta Red Compartida debe estar lista para finales de 2018, cuando iniciará sus operaciones. Sin embargo, los plazos no se han cumplido. La inversión calculada para desplegar esta red es del orden de los 7 mil millones de dólares.

En el caso de las 191 estaciones de radio en FM y 69 en AM que el IFT pretende licitar, se prevé que las prebases estén listas en el último trimestre de 2015. Se calcula una inversión de 34 millones 400 mil pesos por cada una de estas frecuencias comerciales.

La radio comercial mexicana está dominada por siete grandes grupos a nivel regional y nacional: ACIR, Grupo Radio Centro (que no pudo sostener su oferta en la segunda de las dos cadenas de televisión digital abierta), Radio Fórmula, Radiorama, MVS Radio, Grupo Imagen y WRadio.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.