Contempla la “judicialización” y mercantilización del derecho de réplica. El dictamen podría ser aprobado en el pleno del Senado el jueves 24 de septiembre.
Con cambios menores y sin consultar a organismos civiles vinculados al derecho a la información, el pleno del Senado de la República planea discutir y aprobar una nueva Ley de Derecho de Réplica, que ha sido cuestionada por constituir un “retroceso” a esta garantía establecida en el artículo 6 constitucional, por establecer un proceso judicial que beneficia a los medios de comunicación, especialmente a los electrónicos, y por los riesgos de abrir un mercadeo de inserciones pagadas y spots para un derecho que debe ser “gratuito, expedito y general”.
La minuta proveniente de la Cámara de Diputados fue duramente cuestionada en la sesión de comisiones unidas del Senado el pasado 31 de agosto (aunque finalmente la aprobaron el martes 22).
Senadores como Manuel Bartlett, del PT, Javier Corral, del PAN, Alejandro Encinas, presidente de una de las comisiones dictaminadoras, y Dolores Padierna, del PRD, cuestionaron la minuta por beneficiar a las televisoras y disociar el derecho de réplica del derecho de las audiencias.
La ley “no debe partir de un trabajo como el que hicieron los diputados porque lo que han entregado es un derecho que puede ser nugatorio porque se ha plantado un proceso sumario en materia judicial”, argumentó Javier Corral.
La “judicialización” del proceso de derecho de réplica fue severamente cuestionado por todos los legisladores y especialistas que se opusieron a aprobar la minuta, tal como provenía de la Cámara de Diputados.
“El principio de gratuidad no se cumple; al contrario, se le mete al afectado un berenjenal de obligaciones para pagar abogados, despachos, procedimientos, para poder acceder a este principio”, afirmó la senadora Padierna.
A su vez, Alejandro Encinas destacó las inconsistencias que existen en el derecho de réplica que se estableció en la nueva ley electoral del 2014 para partidos, candidatos y precandidatos, y el derecho de réplica que estableció la minuta.
Este punto fue de los pocos que se modificó en el nuevo dictamen. Las modificaciones fueron mínimas y relacionadas a la parte electoral. No se modificaron los puntos más polémicos relacionados con la “judicialización” y la mercantilización del derecho de réplica.
No hay claridad sobre la posición de las bancadas, salvo que el PRI y el Partido Verde apoyan este dictamen. De hecho, información del Senado confirmó que la “iniciativa base” para esta ley fue la elaborada por el ex senador Arturo Escobar, dirigente del Partido Verde, quien elaboró la iniciativa con el apoyo de los equipos jurídicos de las televisoras.
En el PRD hay una discusión interna, porque algunos legisladores afirman que debe apoyarse la minuta con sus cambios, mientras que en el PAN también las posiciones están divididas, aunque en ambos casos se pidió tiempo y consulta a las organizaciones defensoras del derecho a la información.
Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, se opuso también el jueves 17 de septiembre a discutir y aprobar un dictamen con cambios mínimos que tendrá que regresar a la Cámara de Diputados, la de origen.
Las críticas
La Asociación Mexicana del Derecho a la Información advirtió desde el 9 de septiembre pasado que si se aprobaba la reforma en sus términos “habría un severo retroceso en uno de los derechos de las audiencias y, en consecuencia, en los derechos de expresión e información”.
“De muy poco sirve una ley reglamentaria exhaustiva en sus conceptos y su relevancia social, si se desdeña la facilidad, la pertinencia y la prontitud en el procedimiento, así como la utilidad social para el ejercicio de este derecho”, sentenció la organización.
A su vez, los especialistas Irene Levy y Gabriel Sosa Plata también destacaron en sus análisis los puntos negativos de esta minuta. “El dictamen es violatorio a la Constitución, pues obliga al afectado por la información difundida a probar ante el juez, si el medio de comunicación le niega la réplica, la falsedad y el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado”, sentenció Levy.
Sosa Plata identificó tres ejes negativos de la ley: la violación al procedimiento “expedito y confiable” (artículo 25); las 8 opciones que tienen los medios para “negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica” (artículo 19); la carga de la prueba está en el replicante y no en el medio.
Por su parte, Rubén Islas, asesor jurídico de la bancada del PRD, afirmó en su análisis publicado en Homozapping.com.mx, que “de aprobarse, dejaría ahogado el derecho de réplica en el mar de chicanadas leguleyas de los tribunales civiles, federales de nuestro país”.
“La réplica es un derecho humano, una garantía constitucional, no es un asunto que implique una regulación de controversias civiles”, afirmó Islas.
Los concesionarios
El problema fundamental en este debate es el mismo que ocurrió en el caso del amparo de la periodista Carmen Aristegui contra MVS: son dos particulares en conflicto, de los cuales, uno, el medio de comunicación, se convierte en autoridad equivalente al detentar un servicio de interés público general, tal como estableció la reforma constitucional de telecomunicaciones y radiodifusión.
Los concesionarios más poderosos, en especial las televisoras y los grupos radiofónicos más importantes, han rechazado rotundamente que tanto los derechos de las audiencias, en general, como el derecho de réplica, en particular, puedan ser objeto de defensa de figuras autónomas o de procedimientos expeditos.
En el caso de la minuta del derecho de réplica también se observa un claro interés por aprovechar la fortaleza de los medios más poderosos para abrir un virtual “mercado paralelo”
Por ejemplo, el artículo 6 abre la posibilidad a un auténtico mercadeo de inserciones pagadas y de spots para ejercer un derecho que debe ser gratuito, expedito y general, ya que determina que “en caso de que la réplica o rectificación derive de información difundida por una inserción pagada (se le quitó el término spot, y también infomercial y gacetilla electrónica que son mecanismos para hacer pasar por información lo que es un contenido pagado), el medio de comunicación podrá repetir el costo de los gastos originados por la publicación de la réplica a quien haya ordenado la inserción”.
Tal como está redactado, se vislumbra un “doble pago” de gacetilla electrónica o impresa, bajo el pretexto del derecho de réplica.
En el artículo 25, fracción VII prácticamente se obliga a quien solicite el derecho de réplica a tener una industria del monitoreo y pruebas judiciales que hacen farragosa cualquier rectificación. Se establece que en el procedimiento judicial, el solicitante del derecho de réplica deberá señalar:
“VII.-Las pruebas que acrediten la existencia de la información que hubiera sido difundida por un medio de comunicación, productor independiente o agencia de noticias en los términos previstos por esta ley; las que demuestren la falsedad o inexactitud de la información publicada; o las que demuestren el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Oscar Gregorio García López ha sido sancionado tres veces por "negligencia administrativa" en la PGR y recibió capacitación de agencias de seguridad de Estados Unidos en 2009; el equipo de Infraiber servía sólo para detectar intervenciones telefónicas, no para hacerlas: abogado.
Oscar Gregorio García López es el policía acusado de “sembrar” una pistola en el vehículo del abogado de Infraiber, Paulo Díez, pero en su declaración ante el Ministerio Público negó los hechos y explicó que se acercó al auto porque se le cayó el celular, se agachó para recogerlo y, justo en ese momento, sintió un tirón en la pierna que le impidió levantarse rápido.
La detención ocurrió el lunes 7 de septiembre en la ciudad de México, como parte de las acciones legales que ha tomado la empresa OHL México contra Infraiber, para que se investigue el espionaje telefónico que ha revelado supuestos acuerdos con autoridades estatales y federales para obtener beneficios fuera de la ley.
El abogado Paulo Díez fue liberado el jueves 10 de septiembre, luego de pagar una fianza de 64 mil pesos; posteriormente presentó una denuncia por la “siembra” del arma de fuego y el Ministerio Público abrió la averiguación previa 297/AP/DGDCSPI/2015.
Aristegui Noticias publicó el video en el que se observa que un policía vestido de civil se agachó junto a la ventanilla del conductor del vehículo de Paulo Díez; segundos después, sus compañeros encontraron un arma de fuego en esa misma zona.
Con este video como prueba, el agente del Ministerio Público llamó a declarar a los funcionarios que participaron en el operativo. Hasta el momento, las autoridades tienen identificados a 10 elementos, todos han negado cualquier acuerdo para incriminar al representante de Infraiber e incluso una mujer policía presentó el video que grabó con su celular en la zona de la detención.
De acuerdo al abogado Paulo Díez, el policía que colocó la pistola en su auto es Oscar Gregorio García López, adscrito al Grupo Especial de Operaciones de la Policía Federal Ministerial.
Según la declaración patrimonial, García López es “agente de seguridad” y tiene como tareas “funciones de vigilancia” e “investigación de delitos”. Es licenciado en Derecho por la Universidad Mexicana, aunque no está titulado.
Trabajó en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México de 2008 a 2010, como “agente investigador”.
Su nombre figura en los cables filtrados por Wikileaks: en 2009 formó parte de un grupo de policías que recibió capacitación de agencias de seguridad de los Estados Unidos.
En PGR tiene un registro de tres sanciones por “negligencia administrativa”; en 2003 y 2009 recibió “amonestaciones públicas” y en 2004 fue suspendido tres meses del servicio público.
García López participó en la detención de Paulo Díez y en el cateo a oficinas de Infraiber como parte de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), una corporación especial dentro de PGR que conjunta los servicios de la Policía Federal Ministerial, la Coordinación de Servicios Periciales y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).
La AIC nació mediante un acuerdo firmado por el exprocurador Jesús Murillo Karam, el 25 de septiembre de 2013, para fortalecer la coordinación dentro de PGR y fortalecer las acciones con productos de inteligencia y peritajes.
Su titular es Tomás Zerón de Lucio y hasta ahora su trabajo más conocido ha sido “la verdad histórica” del caso Iguala.
El abogado Paulo Díez dijo a Aristegui Noticias que ya presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y una denuncia ante la propia PGR. Fue durante una diligencia ministerial que pudo apreciar el nombre del policía y sus declaraciones ante Ministerio Público.
Díez dijo que las irregularidades de PGR se extendieron al cateo del viernes 11 de septiembre en las oficinas de Infraiber, pues los policías ministeriales retuvieron a los empleados sin justificación legal.
El ciudadano francés Regis Naturel pidió ayuda a su embajada porque la PGR presentó su tableta y disco duro como herramientas de espionaje; el diario Reforma publicó que Naturel tiene una empresa importadora de vinos y le prestaban un cubículo dentro de las oficinas de Viabilis, que es del mismo grupo que Infraiber..
El abogado Paulo Díez dijo que algunos bienes que recogió PGR servían únicamente para detectar si un teléfono estaba intervenido, pero negó que Infraiber tenga la tecnología para realizar el espionaje telefónico.
Sostuvo que las irregularidades tienen su origen en funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano que buscan privilegiar a OHL y que aconsejan mal al presidente Enrique Peña Nieto.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
México, DF. OHL México informó que interpuso una demanda civil por daño moral en tribunales de la ciudad de México en contra de la empresa Tecnología Aplicada Infraiber.
Esta es la segunda demanda que la empresa encabezada por José Andrés de Oteyza presenta en contra de Infraiber, la primera fue de carácter penal y la inició ante la Procuraduría General de la República.
OHL México informó al mercado de valores que junto con Concesionaria Mexiquense (Conmex), su operadora del Circuito Exterior Mexiquense, interpuso una demanda civil por daño moral en la que responsabiliza a Infraiber de una campaña de desprestigio. El recurso fue admitido por “tribunales civiles del Distrito Federal”.
Las compañías expusieron que presentaron la demanda “por la campaña de desprestigio y descalificación sin precedentes que a lo largo de más de dos años se ha desplegado por parte de Infraiber”, con la intención de causarles “un gran daño a su reputación”, acusaron.
Aseguraron que darán seguimiento a este procedimiento, y reiteraron que harán uso de todos los recursos legales a su alcance para hacer valer sus derechos y “evitar mayores daños para ellas y sus accionistas”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: MIRIAM POSADA GARCÍA.
CANCÚN, Q. Roo: Aunque una de las principales banderas del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha sido promover la educación pública, su precandidato a gobernador en esta entidad, José Luis Pech Vargue, estuvo involucrado en la irregular desincorporación de terreno costero de la Universidad de Quintana Roo (Uqroo), que ahora es un exclusivo desarrollo hotelero, comercial y habitacional en Tulum.
Con larga trayectoria en gobiernos priistas, en los que se ha desempeñado como secretario de Turismo, de Finanzas, de Gobierno y de Educación, Pech Varguez fue electo al inicio de la administración del exgobernador Félix González Canto rector de la Universidad de Quintana Roo y reelecto en 2010, a unos meses de que el ahora senador dejara el gobierno estatal.
Apenas dos años después de que Pech Varguez tomara protesta como rector, el gobierno de González Canto aprobó la permuta de terrenos costeros de la Universidad de Quintana Roo en Tulum a cambio la franja de Xcacel-Xcelito y un predio Playa del Carmen.
Con González Canto como gobernador y Pech Varguez como Rector, la Universidad de Quintana Roo (Uqroo) se desprendió de mil kilómetros de playa en Tulum a favor de un grupo de inversionistas para un desarrollo turístico inmobiliario, que inicialmente se le conoció como Down Town Tulum y ahora se le denomina Aldea Zamá.
A finales de 2007, el consejo de la Uqroo aprobó entregar al gobierno del estado un terreno de la institución, de 36 hectáreas con mil metros de playa en Tulum.
A cambio, la Uqroo obtuvo del gobierno del estado 90 hectáreas de playa, que corresponden al santuario de la tortuga de Xcacel-Xcacelito, sin ningún valor comercial, por tratarse de un área protegida, decretada desde el sexenio de Mario Villanueva Madrid, y otro predio 20 hectáreas en Playa del Carmen, así como una “compensación” de 10 millones de pesos.
El predio Xcacel-Xcacelito ya era administrado por la universidad desde el 20 de marzo de 2005, derivado de un acuerdo firmado por el entonces rector Francisco Rosado May con el Fideicomiso Caleta Xel-Ha y del Caribe, que González Canto convirtió en el Instituto de Patrimonio Estatal (IPAE).
Mientras que el otro terreno, de 20 hectáreas en Playa del Carmen, ya había sido entregado a la universidad el 22 de mayo de 2007, como se establece en la edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado de esa fecha, en el tomo II, número 24, séptima época.
El entonces diputado local Mario Rivero Leal señaló que inicialmente se pretendió concretar esta operación con la anuencia del Congreso del estado, aunque el PRI no tenía mayoría calificada.
Sin embargo, apuntó el exlegislador, el gobernador Félix González Canto se desistió de continuar con el proceso de vender con la autorización del Congreso del estado ante el inminente rechazo de la mayoría de los diputados, incluidos del PRI, entre los que se encontraba el exrector Efraín Villanueva Arcos.
La Junta Directa de la Uqroo, apuntó Rivero Leal, con la anuencia de Pech Varguez, se encargó de realizar directamente la cesión del terreno costero, que de esta forma pasó a formar parte del IPAE.
Y a través del IPAE, apuntó el exdiputado panista, González Canto vendió este terreno bajo la más absoluta opacidad, pues no se conoció el monto de esta operación y adónde fueron a para estos ingresos por la venta del patrimonio del estado.
Posteriormente se conoció que en este predio se desarrollaría el mega proyecto hotelero comercial y habitacional Aldea Zamá, “el Corazón de Tulum”, promovido por un grupo de inversionistas encabezado por el empresario yucateco Rodolfo Rosas Moya, vinculado al grupo de políticos peninsulares integrado por González Canto e Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán y actualmente diputada federal y Angélica Araujo, exalcaldesa de Mérida y ahora senadora.
El pasado 10 de diciembre de 2011, a cuatro mes de que González Canto dejara el cargo, se llevó a cabo la colocación de la primera piedra del complejo de departamentos “Zamá Village”, que se convirtió en el primer “fraccionamiento” de Aldea Zamá.
“Zamá VIllage” consta de 34 departamentos de lujo, y el precio inicial es de cada uno fue de 139 mil dólares (unos dos millones 400 mil pesos).
Todo el complejo de Aldea Zamá, además de zonas comerciales y hoteleras, prevé la construcción de tres mil 42 viviendas, entre lotes unifamiliares y departamentos.
Además de la irregular venta del predio de 36 hectáreas, Aldea Zamá fue cuestionado por grupos ecologistas y ciudadanos debido a violaciones en materia de desarrollo urbano y ambientales.
El presidente de la organización Por Tulum, Contraloría Ciudadana, Xavier Peralta Casares, advirtió que el proyecto implica un efecto devastador e incontrolable apara Tulum.
Los planes de desarrollo urbano en Tulum preveían un crecimiento de la población de 200 mil habitantes, pero con Aldeas Zamá sumarían 329 mil 611.
“Ni los ecosistemas ni la administración pública podrían soportar un crecimiento poblacional tan alto y acelerado”, dijo.
Por su parte, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) advirtió, a través de un estudio, que el proyecto colinda con el Parque Nacional de Tulum y se encuentra a sólo 5.4 kilómetros de la reserva de la biosfera de Sian Ka’an,-patrimonio de la humanidad- lo que viola los criterios del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la región denominada corredor Cancún-Tulum.
El 2 de septiembre, en Cancún, Andrés Manuel López Obrador “destapó” como candidato de Morena a la gubernatura de esta entidad a Pech Varguez y lo calificó de político honesto.
Este martes y miércoles López Obrador, como presidente del Consejo Nacional de Morena, y Pech Varguez, como Promotor de la Soberanía Nacional (PSN) de Quintana Roo, realizan juntos su primera gira de trabajo en la entidad por dos días en seis destinos, incluido Tulum.
Tras las elecciones federales del pasado 7 de junio, dirigentes de Morena iniciaron un amplio proyecto para el financiamiento de la educación superior y de universidades.
El primer anuncio consistió en que Morena destinaría el 50 por ciento de sus prerrogativas, aproximadamente unos 100 millones, a instituciones de educación superior y media superior, para abatir el número de rechazados en las universidades.
Posteriormente, se dio a conocer que mediante la donación de 50% del salario de cada uno de los legisladores, alcaldes, gobernadores y de todos los funcionarios del Movimiento de Regeneración Nacional se destinará a la construcción de universidades en los municipios y delegaciones del Distrito Federal en los que gobierne Morena.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO (REPORTAJE ESPECIAL).
MÉXICO, D.F: El presidencialismo mexicano ha cobrado nuevos bríos en este gobierno, a pesar de la baja popularidad de quien hoy ostenta la titularidad del Ejecutivo. Se ha restaurado la preeminencia de éste sobre los otros dos poderes, con el exceso y arbitrariedad en el uso de sus facultades propio del sistema de partido hegemónico del siglo pasado. Ello no es una buena noticia para nuestra endeble democracia, tampoco para el imperio de la ley o la gobernabilidad.
“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que, por disposición de las normas, el poder frene al poder”, escribe Montesquieu en consciente de que el gobernante tiende a abusar del poder hasta donde encuentra límites. Desde entonces la división de poderes es requisito indispensable de toda constitución democrática. Sin embargo, influidos por las ideas de Emilio Rabasa 1912), los constituyentes del 17 asentaron la preponderancia del presidente al llamarlo depositario del “Supremo Poder Ejecutivo”. Además, el artículo 108 le otorga inmunidad: “sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”, lo que es contrario al pensamiento de Montesquieu, quien sostenía que “la ley debe ser como la muerte, no exceptúa a nadie”.
El abuso del poder presidencial es causa de una de las enfermedades que corroe al sistema de justicia en México: la supeditación del derecho al dominio del mandatario en turno. Dos casos paradigmáticos que han marcado a la presente administración ejemplifican, con oprobio, la vigencia de una justicia sometida.
El derrumbe de la “verdad histórica” presentada por la Procuraduría General de la República sobre la irresuelta tragedia de Iguala y la investigación realizada por la Secretaría de la Función Pública sobre el conflicto de interés relacionado con las “casas turbias” son dos evidencias del sometimiento de la justica a los dictados del señor presidente. Ambas investigaciones fueron realizadas por instituciones dependientes del Ejecutivo con la intención de ocultar la verdad acerca de acontecimientos que afectan intereses de la élite gubernamental. El propósito de las amañadas pesquisas no era la búsqueda de la verdad legal, sino su encubrimiento. Es claro que ni Jesús Murillo Karam ni Virgilio Andrade actuaron con independencia sino por consigna. Sus investigaciones estuvieron orientadas y acotadas por razones extrajurídicas provenientes del Ejecutivo.
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) refuta los ejes fundamentales de la investigación de la PGR:
1. Los estudiantes de Ayotzinapa no fueron cremados en un basurero de Cocula. 2. En el lugar de los hechos estuvieron presentes y participaron miembros de la Policía Federal y del Ejército, incluidos agentes de inteligencia militar. Ello había sido negado por la PGR, así como por el secretario de la Defensa. 3. La Sedena no permitió que los integrantes del 27 Batallón de Infantería, asignado a Iguala y sus alrededores, fueran interrogados por los expertos de la CIDH. 4. Los supuestos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos confesaron bajo tortura el asesinato e incineración de los estudiantes. 5. No sólo fueron cinco muertos, 43 desaparecidos y 22 heridos en los ataques, como se ha dicho oficialmente. La investigación del GIEI asienta que fueron 180 las “víctimas directas en violaciones a los derechos humanos” en los ataques de la noche del 26 de septiembre, en Iguala; la mayoría jóvenes y menores de edad. 6. El informe señala que esa noche y en la madrugada del día siguiente los estudiantes sufrieron nueve ataques distintos, lo que implica que debieron ser coordinados y organizados por algún individuo o grupo aún no identificado. 7. El centro que concentra las comunicaciones de policías estatales, municipales y del gobierno federal, conocido como C4, interrumpió su funcionamiento “a ciertas horas” –especialmente las que siguieron a la detención y desaparición de los estudiantes– “porque la comunicación está intervenida por la Sedena”, afirma el documento elaborado por el GIEI. 8. No fueron cuatro, como lo aseguró la PGR, sino cinco los camiones utilizados por los estudiantes de Ayotzinapa. No se ha resuelto la función de ese quinto autobús, probablemente relacionado con el tráfico de heroína a los Estados Unidos. “Podría ser un elemento clave para explicar los hechos”, señalan los expertos de la CIDH.
Como se ha documentado con amplitud, la investigación que exoneró al presidente Peña Nieto y a su secretario de Hacienda de haber incurrido en conflicto de interés al haberse beneficiado del trato preferencial de Grupo Higa, que ha recibido contratos multimillonarios del actual gobierno federal y de la anterior administración mexiquense, carece de verosimilitud desde su origen.
A partir de la reforma constitucional de 1900 que separó al procurador general de la República de la Suprema Corte de Justicia para situarlo bajo la autoridad del presidente de la República, el titular del Ejecutivo federal funge como jefe del Ministerio Público Federal (Héctor Fix Zamudio, El Ejecutivo Federal y el Poder Judicial, IIJ UNAM). Ello implica que el mandatario en turno tiene la última palabra en asuntos de procuración de justicia delicados y trascendentes políticamente, sea por involucrar a instituciones (como las Fuerzas Armadas) o a individuos (gobernadores, secretarios de Estado o el propio mandatario y su familia).
Fieles seguidores de Carl Schmidt (“la ley deriva y está sujeta al poder”), los presidentes mexicanos han abusado de sus poderes legales y metaconstitucionales ejerciendo una discrecionalidad sin límites para determinar el sentido de investigaciones sobre violaciones a derechos humanos (Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Ecuandureo), así como los innumerables casos de corrupción patentes como el sol del mediodía que, tapados con el dedo del señor presidente, quedan impunes (OHL, por ejemplo); a menos, claro, que por decisión del jefe máximo deban ir a prisión, independientemente de la solidez del proceso penal contra el inculpado.
Una justicia capturada por el poder político no es justicia. El fracaso del combate a la corrupción y el escandaloso nivel de impunidad en el país son consecuencia de la (in)justicia presidencialista. Sin una auténtica autonomía de las instituciones del ramo –actuales y futuras– ni el estado de derecho ni la gobernabilidad democrática son viables.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: HÉCTOR TAJONAR.
El acuerdo que negocian actualmente 12 naciones del Pacífico, incluyendo México y Estados Unidos, ha sido calificado como el más progresista en la historia por unos, pero como una fuerte amenaza para las economías débiles por otros.
Los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y Enrique Peña Nieto, de México, coincidieron este miércoles en la necesidad de fortalecer la relación económica entre las dos socios de cara a la creciente competitividad internacional.
Al sostener una conversación telefónica en la que discutieron temas de la agenda bilateral, los dos mandatarios hicieron un repaso de las negociaciones que se llevan a cabo con miras al establecimiento del Acuerdo Estratégico Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés).
La Casa Blanca precisó que durante la llamada, Obama y Peña Nieto estuvieron de acuerdo en la importancia de fortalecer la relación económica entre los dos países para asegurar que “continúen siendo lideres en la economía global”.
“Específicamente, discutieron el estatus de las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico y la importancia de concluir de manera rápida las negociaciones”. apuntó la oficina de prensa presidencial en un comunicado.
El acuerdo que negocian actualmente 12 naciones del Pacífico, incluyendo México y Estados Unidos, ha sido calificado como el más progresista en la historia, y una vez puesto en vigor dará lugar al mayor bloque comercial del mundo.
Obama ha insistido en la necesidad de que el Congreso apruebe el acuerdo al destacar las oportunidad que ofrecerá a las exportaciones estadunidenses, aunque ha venido enfrentando resistencia al interior de su partido por el efecto negativo que algunos le atribuyen en el frente laboral.
La Casa Blanca destacó que Obama y Peña Nieto concluyeron la llamada reafirmando la importancia de todos los aspectos de la relación bilateral.
Críticas
La zona de libre comercio se extendería desde Vietnam hasta Chile, la población total de los países miembros de la unión sería de unos 800 millones de personas, y su PIB alcanzaría un 40% del índice mundial.
Sin embargo, mientras que los beneficios potenciales del acuerdo son muy tentadores, existe un cierto peligro para algunos países de la zona. Lori Wallach, una de los líderes del grupo estadounidense Public Citizen de defensa del derecho del consumidor, contó a RT, televisora pública de Rusia, cuáles son las perspectivas del tratado.
Según Wallach, el Acuerdo Transpacífico amenaza a los países con las economías más débiles incluidos en el área y a sus habitantes con acabar en las manos de las grandes corporaciones extranjeras.
De acuerdo con los documentos filtrados -las negociaciones se llevan a cabo a puerta cerrada-, las partes están tratando de eliminar todas las barreras al comercio, incluyendo las leyes que garantizan la seguridad de los alimentos, la protección de la agricultura y la privacidad de la información de los ciudadanos.
Otro punto preocupante del tratado, opina Wallach, es la creación de un tribunal secreto en el que las empresas podrán demandar a los Gobiernos ante paneles de arbitraje secretos integrados por abogados corporativos que evitan los tribunales nacionales y que anulan la voluntad de los Parlamentos en caso de no conseguir lo que quieren. Según la activista, esta medida destruirá por completo la legislación y pondrá en peligro los derechos fundamentales que habitualmente proporcionan los Estados democráticos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Jeovanni Castro Urbano era considerado un objetivo prioritario del Operativo Jalisco.
Fuerzas federales detuvieron en Ameca, Jalisco, a Jeovanni Castro Urbano, considerado objetivo prioritario del Operativo Jalisco por ser el presunto responsable de emboscadas a elementos de la Policía Federal y el Ejército en esa entidad.
Castro Urbano es señalado también por venta de drogas y robo de hidrocarburos, informó este miércoles 23 de septiembre el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.
Fue capturado junto con otras tres personas. Durante el operativo las fuerzas federales fueron agredidas con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión, sin que ninguna persona resultara herida o muerta, detalló el funcionario federal.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, advirtió: “No vamos a permitir actos de violencia, no vamos a permitir actos vandálicos”.
En respuesta al enfrentamiento ocurrido ayer entre normalistas de Ayotzinapa y policías estatales en el libramiento Chilpancingo-Tixtla, Ortega amagó: “La tolerancia extrema llegó al límite”.
Ortega ofreció entrevistas a Grupo Imagen y Noticieros Televisa para referirse al enfrentamiento de ayer, que dejó a 13 personas lesionadas.
Según el gobernador de Guerrero, los normalistas fueron los responsables de iniciar el enfrentamiento y atacar a los policías. En esa lógica, recalcó que su administración no permitirá “ni bloqueos, ni toma de calles y autopistas”.
El enfrentamiento entre normalistas y policías ocurrió ayer alrededor de las siete horas en el kilómetro cuatro del libramiento Chilpancingo-Tixtla, a la altura del túnel donde policías estatales instalaron un retén para impedir que los estudiantes, que salieron de la normal de Ayotzinapa a bordo de 12 autobuses, arribaran a la capital de Guerrero.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Los enfrentamientos entre normalistas y elementos de seguridad pública en la carretera a Tixtla, Guerrero, son reflejo de “la incertidumbre, la duda, la desconfianza en las autoridades. Y la víspera del aniversario, ello sólo genera tensión”, sostuvo hoy la presidenta de la Comisión Especial de Ayotzinapa, la panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez.
Entrevistada al término de la segunda reunión de la comisión especial, también se informó que solicitarán la comparecencia del exprocurador Jesús Murillo Karam y del excomisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, para que detallen cómo ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, aunque aún no hay fecha para ello.
En cuanto a los acontecimientos de Tixtla, la presidenta de la comisión dijo que éstos no pueden analizarse de manera aislada, “sino vinculados necesariamente con la desaparición de los estudiantes normalistas”.
También hizo un llamado a que no crezca la violencia, sin embargo, consideró que las conclusiones a las que han llegado las autoridades han generado parte de esa irritación, y por ello “no se ha podido contener el malestar político y social”.
Sin calificar la acción de los policías locales contra los normalistas, la diputada del PAN dijo que el enfrentamiento de hoy “es reflejo de la angustia, del descontento, de la exigencia social de encontrar la verdad respecto del paradero de los muchachos estudiantes”.
Se refirió también a la descalificación que hizo Miranda de Wallace, presidenta de la agrupación Alto al Secuestro, del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, postura que “genera inquietud”.
“Genera inquietud. Las conclusiones a las que han llegado los expertos de la Comisión Interamericana tienen un alto grado de credibilidad en la opinión pública, y el deseo es que se continúe con estas investigaciones. De hecho, van a continuar seis meses más, se habla de que puede haber otro grupo de expertos que intervenga, y la petición es, pues sí, que intervengan otros, pero en todo caso que no queden excluidos los expertos de la Comisión Interamericana, sino que en todo caso se sumen a los trabajos, para ver cómo se pueden conciliar las conclusiones”.
Los integrantes de la comisión buscarán participar en el encuentro entre el presidente Enrique Peña Nieto y los padres de los 43 normalistas pues, aclaró la presidenta de la comisión, no han sido invitados.
De no encontrarse en dicha reunión, intentarán contactarlos en otro momento. Por lo pronto, el próximo viernes participarán en el segundo encuentro entre senadores y los miembros del citado grupo interdisciplinario de la CIDH.
Además, en las próximas semanas buscarán reunirse con exfuncionarios y actuales funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR).
La legisladora explicó que requieren saber qué significan los 72 puntos que la Universidad de Innsbruck dio a la identificación del segundo normalista, Jhosivani Guerrero de la Cruz, y qué grado de certeza tienen de ello.
“Creo que sería deseable que el resultado, fuera cual fuera, aun en el supuesto que hubiera coincidencias en el ADN mitocondrial con la madre de alguno de los estudiantes, que se nos pudiera explicar el grado de coincidencia, qué margen de certeza da, toda vez que en la anterior conferencia que dio la procuradora señala que hay 72 puntos de coincidencia de ADN mitocondrial en el caso de Jhosivani Guerrero por ejemplo, pero también hace la referencia a que en el caso de Alexander Mora, el anterior muchacho, cuyo restos se identificaron, había más de mil puntos de coincidencia”, detalló.
Lo deseable sería, aun en caso de otras coincidencias, “que nos dijeran (por parte de PGR): es un grado de confiabilidad baja, media, alta, un porcentaje, etcétera”, concluyó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTE.
FECHA: 22 SEPTIEMBRE 2015.
México, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los protocolos homologados para la investigación de los delitos de tortura y desaparición forzada, y para la búsqueda de personas desaparecidas.
De acuerdo con el documento, esa herramienta servirá para que se lleven a cabo búsquedas e investigaciones eficaces que permitan localizar a las víctimas, sancionar a los responsables y garantizar la no repetición de hechos similares.
El protocolo para la búsqueda de personas desaparecidas tiene el objetivo de definir los principios y procedimientos generales de actuación homologada y obligatoria para agentes del Ministerio Público, personal de servicios periciales y policías, así como los responsables de la investigación del delito de desaparición forzada.
A su vez, el Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura definirá los principios y procedimientos generales de actuación homologada y obligatoria para agentes del Ministerio Público, personal de servicios periciales y policías, y responsables de la investigación del delito de tortura, en apego a los estándares internacionales de derechos humanos.
Los documentos fueron elaborados por autoridades federales y locales, expertos en el tema, así como organismos y organizaciones nacionales e internacionales en defensa de los derechos humanos.
Apenas el 30 de abril pasado, el Senado de la República reformó el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes generales sobre desaparición forzada de personas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
Organizaciones civiles especializadas en materia de transparencia critican que el nuevo borrador que se discute en el Senado sobre la Ley de Obra Pública fomenta la opacidad y la discrecionalidad en los procesos de licitación y contratación. "No es una ley de obra pública, es la ley del compadre. La Ley OHL", denuncian.
El pasado 31 de agosto, las comisiones de Desarrollo Urbano y de Estudios Legislativos del Senado presentaron un nuevo borrador de dictamen de la Reforma a la Ley de Obras Públicas, el cual incluye una serie de modificaciones a la propuesta original que el presidente Enrique Peña Nieto envió a la Cámara de Diputados en noviembre de 2014.
Según el dictamen elaborado por los legisladores, con esta reforma legal se combatirá a la corrupción y se garantizará una mayor eficiencia en el gasto en infraestructura pública, además de que se “dará mayor transparencia y certeza jurídica a los procesos de licitación”.
Hasta aquí todo son buenas noticias.
Sin embargo, tras analizar el nuevo borrador que se encuentra en fase de discusión en el Senado, organizaciones civiles especializadas en materia de transparencia y rendición de cuentas aseguran que no lo tienen tan claro. Al contrario, la red integrada por hasta 10 organizaciones, entre las que se encuentran México Evalúa, Causa en Común, Transparencia Mexicana o la Red por la Rendición de Cuentas, alerta que el nuevo dictamen propuesto “pone en riesgo conquistas del Sistema Nacional Anticorrupción”, ya que fomenta la opacidad y la discrecionalidad en los procesos de licitación y contratación de obra pública.
Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, explicó durante un encuentro con medios de comunicación que el nuevo borrador de dictamen del Senado presenta cuatro problemas clave, a partir de los cuales concluyen que se trata de una ley procorrupción.
El primer problema: las excepciones a la Ley
La investigadora de México Evalúa advirtió que el borrador mantiene un amplio régimen de excepciones a la misma Ley, por lo que, dijo, “no se garantizan mecanismos ni procedimientos para promover las mejores formas de contratación para el Estado mexicano en cuanto a precio, calidad y oportunidad de las obras”.
O como lo apuntó de manera más contundente Edna Jaime, directora general de México Evalúa: “Con las excepciones a la ley, esta reforma permitiría esquemas para eludir las licitaciones públicas, facilitar contrataciones amañadas y evadir obligaciones de transparencia”.
Dentro de este primer problema, Mariana Campos hizo hincapié en que otro punto que les preocupa es que la nueva Ley de Obras Públicas, de ser aprobada tal y como está, permitiría la formación de 300 ordenamientos de contratación diferentes. Esto es, abundó la investigadora, que “cualquiera de los entes de carácter federal puede ser exceptuado de cumplir con la Ley de Obras y contar con un su propio régimen”.
“De esta forma –subrayó- se estaría fragmentando la Ley en 300 ordenamientos, dificultando la comprensión de las reglas del juego para los actores relevantes, perdiéndose además certeza jurídica ya que al no tener carácter de Ley, los regímenes podrían cambiarse continuamente”.
Segundo problema: persisten grandes áreas de opacidad
Mariana Campos alertó que con el nuevo borrador se permite que se exceptúe el uso de CompraNet, a criterio de la Secretaría de la Función Pública (SFP), sin establecer en qué tipo de casos esto sería pertinente.
Cabe recordar que CompraNet es un sistema electrónico desarrollado por la Secretaría de la Función Pública para transparentar los procesos de contratación de servicios, bienes y obra públicas por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Para Max Kaiser, consultor en contrataciones públicas, el hecho de que la SFP pueda decir qué compra puede no hacerse pública “abre una nueva puerta a la discrecionalidad para dificultar la fiscalización de los recursos y el escrutinio público que efectúen los terceros”.
“Nos preocupa mucho que CompraNet se planteé sólo como algo opcional. Deberíamos estar fortaleciendo esta herramienta y hacer obligatorio su uso”, opinó por su parte Edmundo Gamas, director del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura, quien además sugirió que este herramienta se separe de la Secretaría de la Función Pública y pase a formar parte de un “organismo técnico” independiente, “con capacidad de sancionar a aquellos funcionarios que no transparenten la información”.
Tercer problema: la Ley preserva vicios que merman la competencia
De acuerdo con la investigación de México Evalúa, la nueva Ley beneficiaría a las contrataciones por adjudicación directa o por invitación a tres participantes, al no establecer obligaciones de transparencia para ellas.
Y el cuarto problema: la Reforma a la Ley mantiene abiertas las puertas a la discrecionalidad.
Mariana Campos indicó que en el borrador de dictamen se reduce el universo de procedimientos obligados a publicar el proyecto de convocatoria y de los días en que debe ser público.
“Esto contribuye a restringir la ventana de la oportunidad para retroalimentar dichas convocatorias y, además, amplia la posibilidad de manipulación de las convocatorias para dirigir los resultados de una licitación”, dijo Edmundo Gamas.
“Esta no es una Ley de Obra Pública; es la ley del compadre, la ley OHL”
Tras la exposición de los cuatro principales problemas que plantea el nuevo borrador de Ley de Obras Públicas, Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), criticó duramente que la Cámara de Diputados aprobara el pasado 9 de diciembre de 2014, sin discusión y términos muy similares a los presentados por la Presidencia, una primera Minuta de Proyecto para reformar la Ley.
“Resulta paradójico que la misma Cámara de Diputados que votó la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción, vote una ley que es un retroceso y un acto legislativo que empeora las condiciones de desconfianza sobre las instituciones del país. Esta no es una ley de obra pública; es la ley del compadre. La ley Higa, la ley OHL”, ironizó Pardinas, al hacer referencia a dos de los últimos escándalos en materia urbanística en los que se han visto envueltos autoridades federales y estatales.
“Ahora el Senado tiene la enorme responsabilidad de cambiar esta Ley pensando en los ciudadanos y en la infraestructura que necesita este país, y no en el compadre al que se busca premiar con determinado contrato de obra pública”, agregó el director del IMCO.
En esta misma dirección también se pronunció Edna Jaime, quien instó a los legisladores a modificar la ley “a ser posible en este periodo de sesiones”.
“No queremos ser señalados como los que están parando al país. Estamos cambiando la configuración de nuestro sistema de rendición de cuentas y no podemos aceptar este borrador que promueve prácticas pro-corrupción”, enfatizó la directora de México Evalúa, quien concluyó alertando que de no modificarse el proyecto de dictamen, se incrementa el riesgo de que se repitan experiencias como las de la Estela de Luz o la Línea 12 del Metro, “donde la ineficiencia y la discrecionalidad en la contratación y ejecución de los contratos derivaron en malos resultados”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
El único recurso que le queda a Elba Esther es interponer otro amparo. Si se lo niegan, ya no hay forma de que obtenga el beneficio de prisión domiciliaria.
Por segunda vez, un magistrado negó el beneficio de prisión domiciliaria a la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo.
Para el magistrado Luis Pérez de la Fuente, para que alguien pueda enfrentar un proceso en prisión domiciliaria debe tener 70 años cumplidos al momento de su detención. Sin embargo, cuando Elba Esther fue detenida tenía 68 años, por ello le negó este beneficio.
El abogado de Elba Esther, Marco del Toro, dice que “no existe un solo precedente en México, a excepción del caso de la maestra Gordillo, en el que se haya verificado si la persona tenía o no más de 70 años en la fecha que se ordenó su aprehensión. En todos, lo que se confirmó es que tuviera más de 70 años cuando se decidió sobre la prisión preventiva domiciliaria”.
Del Toro asegura que “lo resuelto hoy por el magistrado Pérez de la Fuente es un atropello que pone de manifiesto que, en México, todavía hay mucho por hacer en cuanto a alcanzar una verdadera independencia e imparcialidad. Mientras ello no ocurra, cualquiera puede ser una víctima de interpretaciones tortuosas de la Ley”.
El único recurso que le queda a Elba Esther es interponer otro amparo. Si se lo niegan, ya no hay forma de que obtenga el beneficio de prisión domiciliaria.
El artículo 55 del Código Penal Federal, dice, textual:
Cuando la orden de aprehensión se dicte en contra de una persona mayor de 70 años de edad, el juez podrá ordenar que la prisión preventiva se lleve a cabo en el domicilio del indiciado bajo las medidas de seguridad que procedan de acuerdo con la representación social.
No gozarán de esta prerrogativa quienes a criterio del juez puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que revele su peligrosidad social, ni los inculpados por las conductas previstas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En todo caso la valoración por parte del juez se apoyará en dictámenes de peritos.
Una vez dictada la sentencia ejecutoriada, la pena podrá ser sustituida por una medida de seguridad, a juicio del juez o tribunal que la imponga de oficio o a petición de parte, cuando por haber sufrido el sujeto activo consecuencias graves en su persona, o por su senilidad o su precario estado de salud, fuere notoriamente innecesario que se compurgue dicha pena, a excepción de los sentenciados por las conductas previstas en el artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en todo caso deberán cumplir la pena impuesta.
En los casos de senilidad o precario estado de salud, el juez se apoyará siempre en dictámenes de peritos.
La primera vez que le negaron la prisión domiciliaria a Elba Esther fue en agosto pasado. El juez resolvió que la defensa de Gordillo no había aportado “dictámenes periciales idóneos” que aseguraran que la exlideresa del SNTE no se fugaría.
Después de dicha resolución, el abogado de Gordillo aseguró que apelaría esta decisión “demencial”. Tras conocer esta primera decisión, Del Toro dijo que interpondría una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 11 de septiembre pasado, un juez federal concedió prisión domiciliaria al exlíder del Cártel de Guadalajara, Ernesto Fonseca Carrillo. Don Neto, como se le conoce, tenía unos 30 años de edad cuando fue detenido. Actualmente tiene 85 años.
La sentencia de Don Neto fue de 40 años de cárcel, de los cuales pasará 10 en prisión domiciliaria.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
MÉXICO, D.F: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación por la muerte de 12 recién nacidos en el Hospital Regional 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Culiacán, Sinaloa.
Así lo informó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Juan José Ríos Estavillo, al destacar que los visitadores del organismo llegaron ayer para empezar con el expediente.
Por separado, el director del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente de Guadalajara, Jalisco, José de Jesús Arriaga Dávila, quien llegó a Culiacán para realizar las investigaciones sobre la muerte de los 12 bebés, asociada a bacterias, reveló al diario ‘Noroeste’ que tres recién nacidos se encuentran muy graves y seis más delicados en el Hospital Regional 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la capital sinaloense.
Esa información fue confirmada por el director general del IMSS, José Antonio González Anaya, quien admitió que el pasado viernes 18 se detectó la presencia de una bacteria en algunos bebés que se encontraban en el área de terapia intermedia del Hospital Regional Número 1 de Culiacán.
Sostuvo que dos recién nacidos, asociados a la bacteria, fallecieron, sin embargo –subrayó–, “no necesariamente la bacteria fue la causa del fallecimiento”, porque los bebés estaban en terapia intermedia por otras situaciones, como ser prematuros o tener bajo peso.
En entrevista con Primero Noticias, González Anaya dijo que luego de conocer la situación, de inmediato envió al hospital al pediatra director del Centro Médico de Occidente, al jefe de Epidemiología y a un equipo de la Comisión federal para la Protección contra Riesgos sanitarios (Cofepris) para realizar una investigación y tomar las medidas necesarias.
Indicó que, efectivamente, otros tres bebés están en estado grave, seis más están en vigilancia y otros seis ya fueron dados de alta.
“Ocurrió una situación de comportamiento anormal la semana pasada en el hospital y esto detonó un protocolo de investigación (…) El viernes se detectó la presencia en esta área (terapia intermedia) de algunos de los menores con una bacteria, lo cual detonó un siguiente protocolo e inmediatamente se mudaron estos menores a otro lugar”, señaló.
El director general del IMSS expuso que desde el día de los hechos se ha trabajado intensamente para darle el mejor cuidado a los bebés y se ha informado de manera oportuna y precisa a los padres de familia sobre el estado de salud de los recién nacidos.
Insistió que “sólo son dos (bebés) que tienen presencia de la bacteria, pero no es necesariamente la causa, eran bebés prematuros con muy bajo peso que tenían alto riesgo, esa es la razón por la cual estaban en terapia intermedia al inicio”.
“Por otras causas seguramente sí, en este hospital y en otros hospitales (murieron otros bebés), pero asociados a esta bacteria fueron dos, no causados”, señaló.
En tanto, un directivo del IMSS en Mazatlán reveló a ‘Noroeste’ que lo ocurrido en Culiacán “es un problema muy grave” y “alguien tendrá qué responder”.
Destacó, asimismo, que los responsables de las unidades médicas en Sinaloa fueron concentrados en la capital sinaloense para recibir instrucciones, con el objetivo de reforzar la higiene en todas las áreas y vigilar en particular cuneros y todos los espacios de Pediatría.
“Habrá cambios, las instrucciones las estamos esperando”, comentó el especialista.
De acuerdo con estadísticas de la CEDH, el IMSS es la autoridad federal más señalada por ciudadanos en Sinaloa: de enero a agosto de este año, suman 39 quejas recibidas, un promedio de cuatro cada mes.
No obstante, en 2014 fue mayor la cantidad, con 74 expedientes recibidos, es decir, seis cada
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
ZACATECAS, Zac: El abogado fresnillense Francisco Martínez Gallo, quien fue subprocurador de Justicia del estado durante el sexenio de Amalia García, está desaparecido desde el lunes por la mañana, cuando fue sacado con lujo de violencia por varios hombres de su despacho, ubicado en el centro de la ciudad.
Inicialmente, las autoridades estatales ocultaron la identidad del abogado y mencionaron un secuestro. Sin embargo, de manera extraoficial se conoció que se trataba del exsubprocurador, quien en la actualidad funge como representante legal de una empresa minera.
El gobierno del estado emitió un comunicado en el que sólo se refirió a “un conocido abogado fresnillense”, mismo que fue privado de su libertad por dos sujetos que huyeron con rumbo desconocido a bordo de un automóvil Jetta color negro.
“Autoridades federales, estatales y municipales iniciaron los trabajos para dar con el paradero del abogado”, concluye el breve comunicado.
Finalmente, la procuradora de Justicia, Leticia Soto Acosta, confirmó que el exfuncionario fue sustraído de sus oficinas, ubicadas en la calle Hidalgo del centro de Fresnillo, con lujo de violencia, alrededor de las 11 de la mañana del lunes, frente a decenas de personas que se encontraban en la zona.
La procuradora aclaró que no se trata de un secuestro, ya que no se ha establecido comunicación de sus captores para pedir algún rescate por su vida.
Indicó que además del operativo de búsqueda del abogado, se revisan los videos de las cámaras ubicadas en la zona centro, en las cuales se identifica el automóvil con el que fue raptado.
También se dio a conocer la captura de un hombre al que le fueron encontradas varias armas largas, entre la capital zacatecana y Calera, quien fue señalado por la procuradora como un posible involucrado en la privación ilegal de la libertad del exsubprocurador, pero esto último no ha sido confirmado.
Martínez Gallo ocupó la Subprocuraduría de Justicia del estado durante siete años en el sexenio de Amalia García y el primer año del gobierno de Miguel Alonso, cuando fue relevado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
En el Proyecto de Presupuesto se plantea para 2016 un recorte en las plazas de la administración pública, pero el monto que solicita el Ejecutivo para salarios de los trabajadores permanentes apenas disminuye.
El gobierno federal prometió que para 2016 eliminará 7 mil 740 plazas permanentes de burócratas, pero este recorte apenas representa un ahorro del 0.98% de los recursos que gasta para pagar sueldos y prestaciones.
En el rubro de servicios personales —que contempla sueldos de permanentes y eventuales, así como prestaciones de los burócratas del país— el gobierno federal solicita para el siguiente año 129 mil 482 millones de pesos. En este 2015 obtuvo 133 mil.
Además, no todas las entidades del gobierno federal recortan o mantienen el número de burócratas, en comparación con 2015. En la Secretaría de Educación Pública, Salud, Relaciones Exteriores o la Marina se pide un monto 5% superior al de este año.
Y en el Poder Judicial y el Poder Legislativo también se solicita hasta 7% más recursos para el pago de burócratas.
“Se continuará con las medidas para el uso eficiente de los recursos públicos, dentro de las cuales se destaca la reducción del capítulo de servicios personales a través del redimensionamiento de las estructuras organizacionales y ocupacionales de la Administración Pública Federal, incluido el gasto destinado a plazas de carácter eventual y contratos de servicios profesionales por honorarios; dichas medidas serán blindadas con la restricción de creación de plazas, salvo aquellas que tengan como propósito dar cumplimiento a reformas de disposiciones jurídicas y fortalecer programas prioritarios”, promete el Proyecto de Presupuesto del Ejecutivo.
Los trabajadores permanentes son aquellos que cuentan, en su mayoría, con prestaciones negociadas a través de sindicatos.
Según los reportes de la Secretaría de Hacienda, durante 2014 se pagó 10 mil 989 millones de pesos por el estímulo de puntualidad y 9 mil millones más por el estímulo de asistencia.
En total, en 2014 los burócratas del país costaron en prestaciones 25 mil 213 millones 565 mil pesos.
Mantener bajo el gasto en burocracia no es una promesa nueva. Para 2015, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que se mantendría un crecimiento de 1.8%, pero esto sólo ocurrió en el caso de los trabajadores permanentes y el aumento se escondió tras los eventuales en donde el aumento en el gasto fue de hasta 40%.
En contraste con esto, el gobierno sí ofrece recortar 8 mil plazas de trabajadores eventuales e incluso ofrece gastar en este rubro 32% menos de lo que pidió el año pasado.
Sin embargo, aún con el recorte que se planea en trabajadores por honorarios, si se compara con este año a precios reales, sin contar la inflación, el gasto en salarios sólo disminuye 5%.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
CUERNAVACA, Mor: El secretario de Extensión de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Javier Sicilia Zardaín, condenó la negligencia e incapacidad de las autoridades para contener la violencia en Morelos, luego de que el pasado domingo se reportara la desaparición de un estudiante de la sede Jonacatepec, y que apareciera ahogado este martes en un jagüey.
En tanto, el dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), Israel Reyes, condenó los actos de violencia contra los universitarios que se han cometido en prácticamente todos los campus de Morelos. Advirtió que los estudiantes han sido víctimas de acoso e intento de secuestro, además de asesinato, como en el caso de Jhoram Castillo, estudiante de la licenciatura en Docencia, encontrado la víspera en un jagüey.
En el marco de las Jornadas Universitarias por la Paz, a nombre del rector, Javier Sicilia demandó a las autoridades estatal y federal dejar de una vez por todas la estrategia de guerra en el combate a la delincuencia organizada. Censuró el hecho de que Enrique Peña Nieto inaugurara ayer martes un nuevo cuartel en la zona sur de Morelos.
“Estamos frente al regreso de la estrategia de militarización que sabemos que es un fracaso. Ya lo hizo (el expresidente Felipe) Calderón (Hinojosa), en Tamaulipas y Juárez y no funcionó. La militarización sólo traerá más violencia a México y a Morelos”, dijo en entrevista.
Antes, junto a un grupo de universitarios, Sicilia izó una enorme bandera blanca a media asta, en el marco de las Jornadas Universitarias por la Paz que realizan diversas actividades desde el 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz; hasta el 2 de octubre, Día Internacional de la Noviolencia.
Durante el acto, Javier Sicilia Zardaín señaló que la única manera de construir la paz es con las comunidades y pueblos mediante proyectos de bienestar, no con la imposición del desarrollismo que devasta el medio ambiente, la cultura y el tejido social.
Expresó también la solidaridad de la Comunidad Universitaria con las víctimas de la violencia, en particular con los normalistas muertos el 26 de septiembre del año pasado, y los 43 desaparecidos ese mismo día en Iguala, Guerrero.
El rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, acudió a visitar a la familia del estudiante muerto Jhoram Castillo, a darle el pésame y a expresar solidaridad, al tiempo que condenó los hechos y exigió una investigación a fondo para resolver el crimen y dar con los responsables.
Más tarde, Javier Sicilia inauguró la exposición Ayotzinapa Visual Action, Muestra fotográfica internacional en solidaridad con los ausentes de Ayotzinapa, misma que presenta Visual Action, Tlachinollan y 42 organizaciones más alrededor del mundo. Son fotografías de muestras de solidaridad en países como Argentina, Italia, Costa Rica Paraguay, Alemania, Reino Unido, Japón, Colombia, Brasil, Francia, Canadá, Chile, Suiza, India, Bangladesh y México, reuniendo 52 fotografías y la curaduría estuvo a cargo de Marcelo Brodsky.
En tanto, el gobierno del estado no emitió comunicación alguna ni de la Comisión Estatal de Seguridad ni de la Fiscalía General de Justicia en torno al asesinato de Jhoram Castillo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)
México, DF. Hoy inicia el ayuno de 43 horas con el que los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa conmemorarán que se cumple un año de la desaparición de sus hijos. A la cinco de la tarde encabezarán un mitin en Zócalo y a las siete de la noche iniciarán la jornada de ayuno en el mismo lugar.
Sin suspender el ayuno los padres y madres de familia de Ayotzinapa asistirán mañana a la una de la tarde a la reunión con el presidente Enrique Peña Nieto a las 13 horas. La sede del encuentro aún está por definirse, aunque por la mañana Presidencia informó que sería en el Museo Tecnológico de CFE.
El ayuno concluirá el 25 de septiembre a las dos de la tarde. Y el 26 de septiembre, día en que se cumple un año de la desaparición de los 43, encabezarán una marcha que partirá de Los Pinos y concluirá en el Zócalo.
Este miércoles se realizó un mitin en Ciudad Universitaria en el que estudiantes de la UNAM y el IPN expresaron sus respaldo a los padres de los normalistas y exigieron la presentación con vida de los desaparecidos. También participaron integrantes de organizaciones como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el SME y el Sindicato de Telefonistas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EMIR OLIVARES ALONSO/ARTURO SÁNCHEZ.
MÉXICO, D.F: El peso continua retrocediendo frente al dólar, luego de que se dieron a conocer datos del sector manufacturero en China, que sugieren un lento crecimiento de la economía mundial.
De esta forma, pasado el mediodía cada billete verde se cotiza hasta en 17.44 unidades en ventanillas bancarias, mientras que a nivel interbancario el dólar se vende en 16.93 pesos, nivel 0.31% mayor al del cierre del pasado martes.
El crecimiento económico de China es un factor de preocupación para los mercados financieros, de hecho, la Reserva Federal estadunidense decidió no incrementar sus tasas de interés por este factor, principalmente.
En México, el banco central mantiene la subasta de 200 millones de dólares diarios, y cuando el peso se deprecia más del 1% de un día a otro, inyecta otros 200 millones adicionales al mercado cambiario.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
