El exdelegado perredista dijo que se trata de una imputación "absolutamente falsa"; la única auditoría de la Secretaría de la Función Pública no ha concluido, aseguró.
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, instruyó a la Contraloría General capitalina para que investigue el presunto desvío de 46 millones de pesos durante la gestión de Víctor Hugo Romo como jefe delegacional de Miguel Hidalgo.
Esto luego de que el diario Reforma publicara que a Romo la Secretaría de la Función Pública (SFP) le detectó irregularidades durante su gestión en la demarcación por 46.2 millones de pesos.
Las anomalías se concentran en cinco obras en las que se utilizaron fondos federales, de acuerdo con auditorías practicadas por la SFP. La más grande es por un monto de 24 millones, de acuerdo con el diario.
En entrevista Mancera Espinosa resaltó que ante la investigación de la Secretaría de la Función Pública, el Gobierno del Distrito Federal tiene la obligación de dar seguimiento al caso y hacer sus indagaciones porque se involucran recursos públicos.
“Obviamente nosotros tenemos que investigar porque cuando hay una afectación -como fue el caso de la Línea 12 (del Metro)- que pueden estar involucrados recursos públicos, la autoridad local también tiene que realizar su investigación”, comentó.
Es por ello que tanto la Contraloría General como la Secretaría de Gobierno tienen la instrucción de indagar los hechos denunciados, además de entablar comunicación con las instancias federales, expuso Mancera Espinosa.
El Ejecutivo local agregó que de resultar real el desvío y conforme a la gravedad de lo que se pudiera comprobar, se sancionaría a Romo Guerra.
Sobre este tema el ex jefe delegacional y ahora diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), emitió un comunicado en el cual aseguró que “esa imputación es absolutamente falsa y carente de todo sustento”.
Añadió que sólo ha habido una auditoría de la Secretaría de la Función Pública, que no ha concluido y está en proceso de atención, además de que se emitió un pliego de observaciones en términos preventivos con plazo 22 de octubre de este año para que sean subsanadas esas observaciones.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El grupo guerrillero Milicias Populares, que se dio a conocer hace un año a raíz de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, reiteró su decisión de mantener sus acciones armadas a un año de que no se aclara el paradero de los 43 jóvenes normalistas.
Las Milicias Populares volvieron a reivindicar la explosión en la tienda Soriana ubicada en Valle de Aragón, municipio de Ecatepec, Estado de México, el pasado 12 de noviembre. También volvieron a desmarcarse de otros grupos armados como el EPR, ERPI y EZLN.
“Aunque desde el Estado traten de minimizar, tergiversar o atribuir a otros nuestras acciones (como pasó con la que realizamos en Ecatepec), ante la represión, volveremos a actuar”, advirtió este grupo que apareció el 6 de octubre del año pasado.
En un comunicado difundido hoy, los integrantes de esta agrupación calificaron como “crimen de Estado” la desaparición forzada de los jóvenes de la escuela rural de Ayotzinapa. Señalaron que se trata de un “crimen abominable” en el cual participaron diferentes fuerzas del Estado.
“Con el paso de los días surgen nuevas evidencias, hoy cada vez son más los que lo tienen claro, fue un operativo en que las diferentes fuerzas del Estado, incluidas las del narco, tuvieron una coordinación general todo el tiempo”, indicaron las Milicias Populares.
Luego acusaron al gobierno de ser cómplice y creador del crimen organizado y, juntos, haber cometido el “crimen de lesa humanidad” contra los estudiantes desaparecidos, las seis personas muertas en el operativo de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.
“A los muchos que no lo hemos ‘superado’, que tenemos memoria, varias verdades históricas nos saltan a la vista: Fue un crimen de Estado; es un crimen de lesa humanidad; la delincuencia organizada en México nació, creció y se encuentra bajo la protección del Estado; vivos se los llevaron, vivos los queremos; queremos verdad, justicia y responsabilidad política; los responsables deben ser juzgados”, manifestó este grupo.
Las Milicias Populares externaron su solidaridad con los familiares de los estudiantes desaparecidos y acusaron al gobierno de haberles mentido con sus investigaciones.
“Desde nuestras fuerzas y nuestra determinación, les decimos a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, a los de los asesinados y heridos, a los que se movilizan en su apoyo, somos parte de la exigencia de ¡Verdad y Justicia!”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS
Se corre el riesgo de pasar de un "presidente devaluado" a uno "enojado", señala el diputado independiente; "los mexicanos no le creemos al gobierno y esto no puede ser", lamentó.
Nunca habíamos tenido, al menos desde que nací a la fecha, un presidente de la República “tan devaluado”, aseguró el diputado independiente Manuel Clouthier.
En entrevista para Aristegui CNN, recordó que en la historia ha habido presidentes con una mala imagen pero ya en el último año de su sexenio, no a la mitad.
Consideró que actualmente “el problema más fuerte es un problema de credibilidad, no es bueno para el país tener un presidente tan devaluado como lo tenemos hoy por hoy”.
En ese escenario, señaló, se corre el riesgo de pasar de un “presidente devaluado” a uno “enojado”.
“Yo quisiera que se revirtiera (la mala imagen) pero lo veo complejo”, dijo, pues “la credibilidad y confianza se gana en abonos pero se pierde de contado“.
No obstante reconoció que actualmente todos “los políticos carecen de credibilidad”, “los mexicanos no le creemos al gobierno y esto no puede ser”.
“No vas a poder mover a México sin confianza y sin credibilidad“, agregó.
Lo que puede tratar de mejorar el gobierno de Peña son los servicios de salud, pues refirió que en los últimos 3 sexenios, en esos servicios a la gente se le ha tratado “muy mal”, y ese es uno de los momentos o experiencias más sentidas en el trato que los ciudadanos tienen con su gobierno.
Los recortes que vienen
Como parte de los recortes que vienen, Clouthier propuso que se reduzcan los gastos de los partidos políticos.
Ahora el gobierno tiene que reducir sus gastos, pero “después va a voltear a ver cómo incrementa ingresos, y volteará a ver nuestros bolsillos, ese será el tema de la actual Legislatura”.
Ante ello “tenemos que exigirle: austeridad, transparencia, rendición de cuentas, eficiencia en el gasto y combate a la corrupción como condición irreductible”.
Pero “si vas a reducir los gastos, también le toca a los partidos, no es posible que el recurso público se calcula en función del crecimiento del padrón electoral, es decir, siempre va creciendo, cuando los recursos se van a reducir”.
Por lo que consideró que se tiene la “oportunidad histórica” de abaratar el costo de la democracia en el país, lo cual “no sólo afectará a partidos sino a instituciones que viven del tema electoral”.
Se trata de “elevar la calidad pero que no cueste la cantidad de dinero que nos está costando a los mexicanos”, “disminuir los recursos públicos destinados a administrar la imperfecta democracia mexicana”.
El diputado planteó que a los partidos se les disminuyera hasta la mitad el gasto corriente, y se les dejara como funciona actualmente el gasto electoral. Reveló que éstos “gastan más de 2 veces y medio en gasto burocrático que en gasto electoral, yo lo que pretendo es que estén a la par”.
Añadió que el anunciado “presupuesto base cero” también debe aplicar para los partidos políticos, cuyos recursos no han sido tocados hasta ahora.
Candidaturas independientes
Sobre su triunfo como único diputado independiente, comentó que se debió a que el pueblo decidió darle la espalda a los partidos.
Ahora que ya trabaja en San Lázaro, su primera iniciativa es precisamente para fortalecer las candidaturas independientes, la cual “ha sido una lucha que muchos mexicanos han impulsado”.
Su iniciativa, detalló, es un compendio de resoluciones del Tribunal Electoral sobre los candidatos independientes, es decir, busca aplicar en la ley lo ya establecido por el tribunal.
Y es que en los estados, el sistema político busca “patear el bote” contra esta nueva figura, luego de que en la pasada elección el mensaje de los electores fue que sí pueden triunfar los candidatos sin partido.
En ese sentido, lamentó que en Sinaloa redujeron el número de días para conseguir firmas de apoyo.
Expuso que si su propuesta avanza, los candidatos “en lugar de andar peleando” en tribunales su candidatura, se dedicarán de lleno a hacer campaña.
“El futuro de los partidos no se va a lograr mejorar prohibiéndole, o inhibiéndole o restringiéndole a los ciudadanos la posibilidad de participar“, sostuvo.
“Voy a abogar a que aquellos que no lo hagan por convicción lo hagan por conveniencia… el diputado que vote a favor de sus ciudadanos le va a ir muy bien en sus terruños”, dijo Clouthier.
ENTREVISTA:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Éstas se harán en "casos excepcionales" pues “no hay alianzas generales con la derecha”, indicó el presidente del PRD.
El Partido de la Revolución Democrática impulsará la creación de alianzas con otros partidos de izquierda e incluso con el PAN, que deriven en “polos opositores”, para evitar que el PRI y PVEM ganen las 12 gubernaturas en disputa el próximo año, aseguró el dirigente perredista, Carlos Navarrete Ruiz.
Aclaró que las alianzas electorales con el PAN en casos excepcionales no impiden coaligarse con fuerzas de izquierda como Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido que ha rechazado aliarse con el PRD en diferentes ocasiones.
Precisó que aunque se puede dar con Acción Nacional, la prioridad del PRD es construir alianzas con los partidos de izquierda “que acepten iniciar pláticas”.
“El PRD no hará una política generalizada de alianzas ni con el PRI ni con el PAN, sólo en casos específicos y excepcionales construiremos polos opositores amplios donde puede estar el PAN para enfrentar al PRI y al Verde; el objetivo político del 2016 es muy claro, no facilitar que el PRI gane 12 gubernaturas”, sostuvo.
“Si el PRI está pensando que viene un paseo sobre nubes en 2016 y que van a ganar 12 gubernaturas y que van a arrasar a la oposición, vamos a ver qué dicen los ciudadanos. Pero, vamos a enfrentarlos enérgicamente en el terreno electoral” con bloques opositores, enfatizó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
CHILPANCINGO, Gro: Padres y familiares de los 26 futbolistas del equipo de futbol de tercera división club deportivo Avispones de Chilpancingo, quienes fueron atacados durante la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, reprocharon a las autoridades federales y estatales la falta de cumplimiento de promesas y exigieron justicia a casi un año de la tragedia.
Roberta Evangelista Hernández, madre del futbolista David García Evangelista, asesinado a tiros junto al chofer del autobús Víctor Manuel Lugo Ortiz, dijo:
“Tiemblo de impotencia porque cuando escuchamos los noticieros, veo lavarse las manos a las autoridades, pues nadie sabía que en Guerrero existía una crisis social por causa de la delincuencia; nadie sabía que las mafia controlaban al gobierno”.
Luego, la mujer lamentó la indolencia gubernamental ante la masacre realizada por autoridades que actuaron en contubernio con el narco; también dijo que a casi un año de la tragedia de Iguala sólo se destapó la cloaca de la corrupción de la clase política, pero hasta el momento no hay justicia.
“Todos somos el avispón caído, todos somos los chicos de Ayotzinapa desaparecidos, todos somos Iguala y sus difuntos, todos somos Guerrero, todos queremos paz”, expresó Evangelista Hernández.
Lo anterior durante una conferencia realizada en esta capital donde padres y familiares de los jóvenes deportistas demandaron el esclarecimiento de este múltiple crimen y reparación del daño a las víctimas directas e indirectas de los ataques que dejaron seis muertos, una decena de heridos y 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
En un comunicado demandaron una reunión urgente con el presidente Enrique Peña Nieto, argumentando que los funcionarios que llevan el caso han minimizado la situación y el compromiso de justicia sólo ha quedado en “acto de buena voluntad”.
Por ello, señalaron que el gobierno federal se debe hacer responsable por la salud, la integridad física, así como asegurar un mejor futuro para los jugadores que “vivieron esta pesadilla”.
También exigieron una audiencia con personal de la CNDH para que les informe sobre las investigaciones del ataque contra el autobús del club deportivo Avispones de Chilpancingo la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando se desató la cacería contra los normalistas de Ayotzinapa.
Luego, los padres advirtieron que hasta el momento han actuado de manera pacífica, en espera de una respuesta integral, no obstante, denunciaron que la indiferencia gubernamental ha provocado que personas ajenas al conflicto “lucren con la tragedia en contubernio con autoridades”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
MÉXICO, D.F: La prensa mexicana manchó la memoria de Mile Virginia Martin para ocultar la verdad del multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte, denunció Fredy, hermano de la colombiana.
En una entrevista con el portal Tercera Vía, Fredy recordó a su hermana como una mujer trabajadora, alegre, responsable:
“Esta es la verdad de lo que era ella, no las especulaciones y el amarillismo que dan los diarios mexicanos, quién más que nosotros que la amamos sabemos qué clase de ser humano era ella.
“Respecto a las personas que escriben y opinan una sarta de mentiras, no sé quién les da derecho para juzgarla y hablar de ella sin haberla conocido, poniéndola como la mala del paseo, y lavarse las manos tratando de ocultar la verdad de lo que pasó aquella tarde donde miserablemente acabaron con su vida y la de cuatro personas más. Porque para este dolor tan grande solo hay un remedio y se llama justicia”.
Mile Virginia Martin era estilista de profesión y modelo. ”Su vida era de trabajo, tratar de salir adelante, le gustaba vivir bien. Y trabajar para lograrlo, era de muy buen ambiente, muy vanidosa y excelente persona, buena hermana amiga y compañera”, recordó su hermano.
Vino a México a buscar mejores oportunidades laborales para ayudar a su familia; sin embargo, debido a la inseguridad del país, tenía pensado regresar a Colombia el próximo mes de octubre.
Mile Virginia Martin fue una de las cinco personas asesinadas en un departamento de la colonia Narvarte, junto con el fotoperiodista Rubén Espinosa, colaborador de Proceso, la activista y antropóloga Nadia Vera, la maquillista Yesenia Quiroz y la trabajadora de limpieza Alejandra Negrete.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha sido acusada por organizaciones civiles, entre ellas Artículo 19, de filtrar información en perjuicio de las víctimas del multihomicidio.
Entre las versiones atribuidas a la PGJDF publicadas en algunos periódicos mexicanos se encuentran que supuestamente Mile usaba el departamento como lugar para prestar servicios sexuales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El gobierno de Enrique Peña Nieto ya no halla que hacer para contrarrestar el golpe demoledor que significó para el Estado mexicano, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el crimen de Ayotzinapa.
La credibilidad del Estado ha quedado por los suelos. Las mentiras y medias verdades, y omisiones de la Procuraduría General de la República (PGR) han terminado por hundir la “verdad histórica”.
Los graves errores no solo corresponden al entonces Procurador general Jesús Murillo Karam, quien supuestamente será premiado con el puesto de embajador en Portugal, sino también a la actual Procuradora Arely Gómez González, heredera del problema.
A pesar del informe de 560 páginas del GIEI que desmonta una por una las versiones absurdas sobre el crimen de Estado de Ayotzinapa, la PGR sigue instalada en sus reales, utilizando el método de Joseph Goebbels, ministro para la Ilustración Pública y Propaganda de la Alemania nazi y mano derecha de Adolf Hitler, cuya máxima del marketing social era: “Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá”.
Todo indica que la Procuradora Gómez piensa que entre más repita las mentiras sobre el crimen de Estado de Ayotzinapa, particularmente, la versión del basurero de Cocula, versión desacreditada por los expertos, la gente terminará por creerla.
Así como la propaganda nazi, sustentada en lo que la filósofa Hannah Arendt llamó la “banalidad del mal”, la Procuradora Gómez hace propaganda oficial de la “verdad histórica” y parece olvidar el humanismo a la hora de lanzar noticias, sin autorización del grupo de peritos argentinos encargados de la investigación del ADN de los 43 normalistas desaparecidos hace casi un año, ni de los padres de los jóvenes, concretamente del último identificado, Jhosivani Guerrero de la Cruz.
La opinión pública se ha encontrado con un fiasco mayúsculo. Los peritos argentinos desmintiendo a la Procuradora. ¿A qué nivel de degradación hemos llegado institucionalmente sobre el crimen de Ayotzinapa? ¿Qué esperaba la procuradora? ¿Tal vez, la complicidad de los peritos argentinos? No fue así. Y han dejado claro una cosa: no hay certeza alguna sobre la identidad de esos restos encontrados en el basurero de Cocula.
Lo que si tenemos los mexicanos, gracias al informe del GIEI, es la certeza de que en el crimen de Estado de Ayotzinapa participó el Ejército, un ente por encima de la ley que no ha sido investigado y que sigue siendo protegido por el gobierno.
La clave de este crimen deleznable se llama C-4 (Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo), un ente que concentra información entre los distintos órdenes y dependencias de los gobiernos municipal, estatal y federal y que esa noche aciaga del 26 de septiembre en Iguala estuvo al tanto de lo que sucedió, es decir, policías estatales, como policías federales y miembros del Ejército tenían todos los detalles y no actuaron o actuaron en consecuencia reprimiendo a los normalistas y participando en su desaparición forzada.
¿Fue el C-4 el responsable del operativo contra los estudiantes? ¿Cuántos mandos actuaron en este crimen? ¿Por qué la PGR no ha investigado la actuación de este ente que concentra el poder de la seguridad de los ciudadanos?
A pesar de las evidencias de los informes, la PGR sigue en su etapa de negación defendiendo lo indefendible. La posibilidad de que los jóvenes fueran incinerados en el basurero de Cocula debería no solamente quedar descartada, sino ser motivo de una disculpa institucional a los padres de los desaparecidos y a los mexicanos.
La torpeza del gabinete de seguridad de Peña Nieto es monumental. En lugar de castigar al responsable de haber creado semejante mentira, al señor Murillo Karam lo premian intentando mandarlo al extranjero. La estrategia de sacarlo del país para evitar reclamos y exigencias judiciales en su contra, es demasiado burda. El ex Procurador y todos los funcionarios que participaron en el montaje del basurero de Cocula deberían ser procesados judicialmente de manera inmediata.
En lugar de ello, la Procuradora Gómez está dispuesta a sostener el desprestigio de la PGR sustentando su “verdad histórica” con alfileres y chivos expiatorios. El último se llama Gildardo López Astudillo “El Gil” quien asegura, según filtración oficial al periódico Excélsior que cita “fuentes de la SEIDO”, que él mismo mando “quemar” a los normalistas.
Qué casualidad que “El Gil” es capturado justo después del informe de los expertos y a punto de cumplirse un año de los hechos. Y qué casualidad que su versión refuerce la “verdad histórica” de Murillo Karam.
Más allá de montajes, filtraciones, mentiras y mentirotas, queda la incógnita de qué están hechos algunos funcionarios de este gobierno. ¿Tiene corazón la Procuradora Arely Gómez González? ¿En algún momento se ha tocado el corazón Enrique Peña Nieto para resolver realmente el caso Ayotzinapa? ¿Dónde está la bondad de Jesús Murillo Karam? ¿Qué tipo de alma tiene el General Salvador Cienfuegos?…
Tal vez, estos y otros funcionarios del gobierno se mueven por lo que Hannah Arendt describió en torno al nazi Adolf Eichmann y su informe sobre la banalidad del mal. Para la filósofa, este genocida no era un monstruo o un “pozo de maldad” como la mayoría lo consideraba, sino simplemente un burócrata, un operador del sistema, del sistema de exterminio.
Eichmann, como Peña Nieto, Gómez González, Murillo Karam o Cienfuegos han actuado, simplemente movidos por su deseo de ascender en su carrera profesional, cumpliendo cabalmente las órdenes superiores. Todos ellos son simples burócratas que cumplen órdenes sin reflexionar sobre sus consecuencias en otros seres humanos, ni la compasión que merecen los familiares que buscan a los normalistas.
La tortura, la desaparición forzada, la crueldad o la práctica de “actos malvados” como las burdas mentiras y los montajes oficiales en torno al crimen de Estado de Ayotzinapa, no han sido más que órdenes de estamentos superiores por cumplir. Para ellos, no existe diferencia entre el bien y el mal. Son burócratas sin sentimientos. Sin lugar a dudas, este gobierno ha perdido la condición humana.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/21-09-2015/39447
Contempla la “judicialización” y mercantilización del derecho de réplica. El dictamen podría ser aprobado en el pleno del Senado el jueves 24 de septiembre.
Con cambios menores y sin consultar a organismos civiles vinculados al derecho a la información, el pleno del Senado de la República planea discutir y aprobar una nueva Ley de Derecho de Réplica, que ha sido cuestionada por constituir un “retroceso” a esta garantía establecida en el artículo 6 constitucional, por establecer un proceso judicial que beneficia a los medios de comunicación, especialmente a los electrónicos, y por los riesgos de abrir un mercadeo de inserciones pagadas y spots para un derecho que debe ser “gratuito, expedito y general”.
La minuta proveniente de la Cámara de Diputados fue duramente cuestionada en la sesión de comisiones unidas del Senado el pasado 31 de agosto (aunque finalmente la aprobaron el martes 22).
Senadores como Manuel Bartlett, del PT, Javier Corral, del PAN, Alejandro Encinas, presidente de una de las comisiones dictaminadoras, y Dolores Padierna, del PRD, cuestionaron la minuta por beneficiar a las televisoras y disociar el derecho de réplica del derecho de las audiencias.
La ley “no debe partir de un trabajo como el que hicieron los diputados porque lo que han entregado es un derecho que puede ser nugatorio porque se ha plantado un proceso sumario en materia judicial”, argumentó Javier Corral.
La “judicialización” del proceso de derecho de réplica fue severamente cuestionado por todos los legisladores y especialistas que se opusieron a aprobar la minuta, tal como provenía de la Cámara de Diputados.
“El principio de gratuidad no se cumple; al contrario, se le mete al afectado un berenjenal de obligaciones para pagar abogados, despachos, procedimientos, para poder acceder a este principio”, afirmó la senadora Padierna.
A su vez, Alejandro Encinas destacó las inconsistencias que existen en el derecho de réplica que se estableció en la nueva ley electoral del 2014 para partidos, candidatos y precandidatos, y el derecho de réplica que estableció la minuta.
Este punto fue de los pocos que se modificó en el nuevo dictamen. Las modificaciones fueron mínimas y relacionadas a la parte electoral. No se modificaron los puntos más polémicos relacionados con la “judicialización” y la mercantilización del derecho de réplica.
No hay claridad sobre la posición de las bancadas, salvo que el PRI y el Partido Verde apoyan este dictamen. De hecho, información del Senado confirmó que la “iniciativa base” para esta ley fue la elaborada por el ex senador Arturo Escobar, dirigente del Partido Verde, quien elaboró la iniciativa con el apoyo de los equipos jurídicos de las televisoras.
En el PRD hay una discusión interna, porque algunos legisladores afirman que debe apoyarse la minuta con sus cambios, mientras que en el PAN también las posiciones están divididas, aunque en ambos casos se pidió tiempo y consulta a las organizaciones defensoras del derecho a la información.
Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, se opuso también el jueves 17 de septiembre a discutir y aprobar un dictamen con cambios mínimos que tendrá que regresar a la Cámara de Diputados, la de origen.
Las críticas
La Asociación Mexicana del Derecho a la Información advirtió desde el 9 de septiembre pasado que si se aprobaba la reforma en sus términos “habría un severo retroceso en uno de los derechos de las audiencias y, en consecuencia, en los derechos de expresión e información”.
“De muy poco sirve una ley reglamentaria exhaustiva en sus conceptos y su relevancia social, si se desdeña la facilidad, la pertinencia y la prontitud en el procedimiento, así como la utilidad social para el ejercicio de este derecho”, sentenció la organización.
A su vez, los especialistas Irene Levy y Gabriel Sosa Plata también destacaron en sus análisis los puntos negativos de esta minuta. “El dictamen es violatorio a la Constitución, pues obliga al afectado por la información difundida a probar ante el juez, si el medio de comunicación le niega la réplica, la falsedad y el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado”, sentenció Levy.
Sosa Plata identificó tres ejes negativos de la ley: la violación al procedimiento “expedito y confiable” (artículo 25); las 8 opciones que tienen los medios para “negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica” (artículo 19); la carga de la prueba está en el replicante y no en el medio.
Por su parte, Rubén Islas, asesor jurídico de la bancada del PRD, afirmó en su análisis publicado en Homozapping.com.mx, que “de aprobarse, dejaría ahogado el derecho de réplica en el mar de chicanadas leguleyas de los tribunales civiles, federales de nuestro país”.
“La réplica es un derecho humano, una garantía constitucional, no es un asunto que implique una regulación de controversias civiles”, afirmó Islas.
Los concesionarios
El problema fundamental en este debate es el mismo que ocurrió en el caso del amparo de la periodista Carmen Aristegui contra MVS: son dos particulares en conflicto, de los cuales, uno, el medio de comunicación, se convierte en autoridad equivalente al detentar un servicio de interés público general, tal como estableció la reforma constitucional de telecomunicaciones y radiodifusión.
Los concesionarios más poderosos, en especial las televisoras y los grupos radiofónicos más importantes, han rechazado rotundamente que tanto los derechos de las audiencias, en general, como el derecho de réplica, en particular, puedan ser objeto de defensa de figuras autónomas o de procedimientos expeditos.
En el caso de la minuta del derecho de réplica también se observa un claro interés por aprovechar la fortaleza de los medios más poderosos para abrir un virtual “mercado paralelo”
Por ejemplo, el artículo 6 abre la posibilidad a un auténtico mercadeo de inserciones pagadas y de spots para ejercer un derecho que debe ser gratuito, expedito y general, ya que determina que “en caso de que la réplica o rectificación derive de información difundida por una inserción pagada (se le quitó el término spot, y también infomercial y gacetilla electrónica que son mecanismos para hacer pasar por información lo que es un contenido pagado), el medio de comunicación podrá repetir el costo de los gastos originados por la publicación de la réplica a quien haya ordenado la inserción”.
Tal como está redactado, se vislumbra un “doble pago” de gacetilla electrónica o impresa, bajo el pretexto del derecho de réplica.
En el artículo 25, fracción VII prácticamente se obliga a quien solicite el derecho de réplica a tener una industria del monitoreo y pruebas judiciales que hacen farragosa cualquier rectificación. Se establece que en el procedimiento judicial, el solicitante del derecho de réplica deberá señalar:
“VII.-Las pruebas que acrediten la existencia de la información que hubiera sido difundida por un medio de comunicación, productor independiente o agencia de noticias en los términos previstos por esta ley; las que demuestren la falsedad o inexactitud de la información publicada; o las que demuestren el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Oscar Gregorio García López ha sido sancionado tres veces por "negligencia administrativa" en la PGR y recibió capacitación de agencias de seguridad de Estados Unidos en 2009; el equipo de Infraiber servía sólo para detectar intervenciones telefónicas, no para hacerlas: abogado.
Oscar Gregorio García López es el policía acusado de “sembrar” una pistola en el vehículo del abogado de Infraiber, Paulo Díez, pero en su declaración ante el Ministerio Público negó los hechos y explicó que se acercó al auto porque se le cayó el celular, se agachó para recogerlo y, justo en ese momento, sintió un tirón en la pierna que le impidió levantarse rápido.
La detención ocurrió el lunes 7 de septiembre en la ciudad de México, como parte de las acciones legales que ha tomado la empresa OHL México contra Infraiber, para que se investigue el espionaje telefónico que ha revelado supuestos acuerdos con autoridades estatales y federales para obtener beneficios fuera de la ley.
El abogado Paulo Díez fue liberado el jueves 10 de septiembre, luego de pagar una fianza de 64 mil pesos; posteriormente presentó una denuncia por la “siembra” del arma de fuego y el Ministerio Público abrió la averiguación previa 297/AP/DGDCSPI/2015.
Aristegui Noticias publicó el video en el que se observa que un policía vestido de civil se agachó junto a la ventanilla del conductor del vehículo de Paulo Díez; segundos después, sus compañeros encontraron un arma de fuego en esa misma zona.
Con este video como prueba, el agente del Ministerio Público llamó a declarar a los funcionarios que participaron en el operativo. Hasta el momento, las autoridades tienen identificados a 10 elementos, todos han negado cualquier acuerdo para incriminar al representante de Infraiber e incluso una mujer policía presentó el video que grabó con su celular en la zona de la detención.
De acuerdo al abogado Paulo Díez, el policía que colocó la pistola en su auto es Oscar Gregorio García López, adscrito al Grupo Especial de Operaciones de la Policía Federal Ministerial.
Según la declaración patrimonial, García López es “agente de seguridad” y tiene como tareas “funciones de vigilancia” e “investigación de delitos”. Es licenciado en Derecho por la Universidad Mexicana, aunque no está titulado.
Trabajó en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México de 2008 a 2010, como “agente investigador”.
Su nombre figura en los cables filtrados por Wikileaks: en 2009 formó parte de un grupo de policías que recibió capacitación de agencias de seguridad de los Estados Unidos.
En PGR tiene un registro de tres sanciones por “negligencia administrativa”; en 2003 y 2009 recibió “amonestaciones públicas” y en 2004 fue suspendido tres meses del servicio público.
García López participó en la detención de Paulo Díez y en el cateo a oficinas de Infraiber como parte de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), una corporación especial dentro de PGR que conjunta los servicios de la Policía Federal Ministerial, la Coordinación de Servicios Periciales y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).
La AIC nació mediante un acuerdo firmado por el exprocurador Jesús Murillo Karam, el 25 de septiembre de 2013, para fortalecer la coordinación dentro de PGR y fortalecer las acciones con productos de inteligencia y peritajes.
Su titular es Tomás Zerón de Lucio y hasta ahora su trabajo más conocido ha sido “la verdad histórica” del caso Iguala.
El abogado Paulo Díez dijo a Aristegui Noticias que ya presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y una denuncia ante la propia PGR. Fue durante una diligencia ministerial que pudo apreciar el nombre del policía y sus declaraciones ante Ministerio Público.
Díez dijo que las irregularidades de PGR se extendieron al cateo del viernes 11 de septiembre en las oficinas de Infraiber, pues los policías ministeriales retuvieron a los empleados sin justificación legal.
El ciudadano francés Regis Naturel pidió ayuda a su embajada porque la PGR presentó su tableta y disco duro como herramientas de espionaje; el diario Reforma publicó que Naturel tiene una empresa importadora de vinos y le prestaban un cubículo dentro de las oficinas de Viabilis, que es del mismo grupo que Infraiber..
El abogado Paulo Díez dijo que algunos bienes que recogió PGR servían únicamente para detectar si un teléfono estaba intervenido, pero negó que Infraiber tenga la tecnología para realizar el espionaje telefónico.
Sostuvo que las irregularidades tienen su origen en funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano que buscan privilegiar a OHL y que aconsejan mal al presidente Enrique Peña Nieto.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
México, DF. OHL México informó que interpuso una demanda civil por daño moral en tribunales de la ciudad de México en contra de la empresa Tecnología Aplicada Infraiber.
Esta es la segunda demanda que la empresa encabezada por José Andrés de Oteyza presenta en contra de Infraiber, la primera fue de carácter penal y la inició ante la Procuraduría General de la República.
OHL México informó al mercado de valores que junto con Concesionaria Mexiquense (Conmex), su operadora del Circuito Exterior Mexiquense, interpuso una demanda civil por daño moral en la que responsabiliza a Infraiber de una campaña de desprestigio. El recurso fue admitido por “tribunales civiles del Distrito Federal”.
Las compañías expusieron que presentaron la demanda “por la campaña de desprestigio y descalificación sin precedentes que a lo largo de más de dos años se ha desplegado por parte de Infraiber”, con la intención de causarles “un gran daño a su reputación”, acusaron.
Aseguraron que darán seguimiento a este procedimiento, y reiteraron que harán uso de todos los recursos legales a su alcance para hacer valer sus derechos y “evitar mayores daños para ellas y sus accionistas”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: MIRIAM POSADA GARCÍA.
CANCÚN, Q. Roo: Aunque una de las principales banderas del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha sido promover la educación pública, su precandidato a gobernador en esta entidad, José Luis Pech Vargue, estuvo involucrado en la irregular desincorporación de terreno costero de la Universidad de Quintana Roo (Uqroo), que ahora es un exclusivo desarrollo hotelero, comercial y habitacional en Tulum.
Con larga trayectoria en gobiernos priistas, en los que se ha desempeñado como secretario de Turismo, de Finanzas, de Gobierno y de Educación, Pech Varguez fue electo al inicio de la administración del exgobernador Félix González Canto rector de la Universidad de Quintana Roo y reelecto en 2010, a unos meses de que el ahora senador dejara el gobierno estatal.
Apenas dos años después de que Pech Varguez tomara protesta como rector, el gobierno de González Canto aprobó la permuta de terrenos costeros de la Universidad de Quintana Roo en Tulum a cambio la franja de Xcacel-Xcelito y un predio Playa del Carmen.
Con González Canto como gobernador y Pech Varguez como Rector, la Universidad de Quintana Roo (Uqroo) se desprendió de mil kilómetros de playa en Tulum a favor de un grupo de inversionistas para un desarrollo turístico inmobiliario, que inicialmente se le conoció como Down Town Tulum y ahora se le denomina Aldea Zamá.
A finales de 2007, el consejo de la Uqroo aprobó entregar al gobierno del estado un terreno de la institución, de 36 hectáreas con mil metros de playa en Tulum.
A cambio, la Uqroo obtuvo del gobierno del estado 90 hectáreas de playa, que corresponden al santuario de la tortuga de Xcacel-Xcacelito, sin ningún valor comercial, por tratarse de un área protegida, decretada desde el sexenio de Mario Villanueva Madrid, y otro predio 20 hectáreas en Playa del Carmen, así como una “compensación” de 10 millones de pesos.
El predio Xcacel-Xcacelito ya era administrado por la universidad desde el 20 de marzo de 2005, derivado de un acuerdo firmado por el entonces rector Francisco Rosado May con el Fideicomiso Caleta Xel-Ha y del Caribe, que González Canto convirtió en el Instituto de Patrimonio Estatal (IPAE).
Mientras que el otro terreno, de 20 hectáreas en Playa del Carmen, ya había sido entregado a la universidad el 22 de mayo de 2007, como se establece en la edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado de esa fecha, en el tomo II, número 24, séptima época.
El entonces diputado local Mario Rivero Leal señaló que inicialmente se pretendió concretar esta operación con la anuencia del Congreso del estado, aunque el PRI no tenía mayoría calificada.
Sin embargo, apuntó el exlegislador, el gobernador Félix González Canto se desistió de continuar con el proceso de vender con la autorización del Congreso del estado ante el inminente rechazo de la mayoría de los diputados, incluidos del PRI, entre los que se encontraba el exrector Efraín Villanueva Arcos.
La Junta Directa de la Uqroo, apuntó Rivero Leal, con la anuencia de Pech Varguez, se encargó de realizar directamente la cesión del terreno costero, que de esta forma pasó a formar parte del IPAE.
Y a través del IPAE, apuntó el exdiputado panista, González Canto vendió este terreno bajo la más absoluta opacidad, pues no se conoció el monto de esta operación y adónde fueron a para estos ingresos por la venta del patrimonio del estado.
Posteriormente se conoció que en este predio se desarrollaría el mega proyecto hotelero comercial y habitacional Aldea Zamá, “el Corazón de Tulum”, promovido por un grupo de inversionistas encabezado por el empresario yucateco Rodolfo Rosas Moya, vinculado al grupo de políticos peninsulares integrado por González Canto e Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán y actualmente diputada federal y Angélica Araujo, exalcaldesa de Mérida y ahora senadora.
El pasado 10 de diciembre de 2011, a cuatro mes de que González Canto dejara el cargo, se llevó a cabo la colocación de la primera piedra del complejo de departamentos “Zamá Village”, que se convirtió en el primer “fraccionamiento” de Aldea Zamá.
“Zamá VIllage” consta de 34 departamentos de lujo, y el precio inicial es de cada uno fue de 139 mil dólares (unos dos millones 400 mil pesos).
Todo el complejo de Aldea Zamá, además de zonas comerciales y hoteleras, prevé la construcción de tres mil 42 viviendas, entre lotes unifamiliares y departamentos.
Además de la irregular venta del predio de 36 hectáreas, Aldea Zamá fue cuestionado por grupos ecologistas y ciudadanos debido a violaciones en materia de desarrollo urbano y ambientales.
El presidente de la organización Por Tulum, Contraloría Ciudadana, Xavier Peralta Casares, advirtió que el proyecto implica un efecto devastador e incontrolable apara Tulum.
Los planes de desarrollo urbano en Tulum preveían un crecimiento de la población de 200 mil habitantes, pero con Aldeas Zamá sumarían 329 mil 611.
“Ni los ecosistemas ni la administración pública podrían soportar un crecimiento poblacional tan alto y acelerado”, dijo.
Por su parte, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) advirtió, a través de un estudio, que el proyecto colinda con el Parque Nacional de Tulum y se encuentra a sólo 5.4 kilómetros de la reserva de la biosfera de Sian Ka’an,-patrimonio de la humanidad- lo que viola los criterios del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la región denominada corredor Cancún-Tulum.
El 2 de septiembre, en Cancún, Andrés Manuel López Obrador “destapó” como candidato de Morena a la gubernatura de esta entidad a Pech Varguez y lo calificó de político honesto.
Este martes y miércoles López Obrador, como presidente del Consejo Nacional de Morena, y Pech Varguez, como Promotor de la Soberanía Nacional (PSN) de Quintana Roo, realizan juntos su primera gira de trabajo en la entidad por dos días en seis destinos, incluido Tulum.
Tras las elecciones federales del pasado 7 de junio, dirigentes de Morena iniciaron un amplio proyecto para el financiamiento de la educación superior y de universidades.
El primer anuncio consistió en que Morena destinaría el 50 por ciento de sus prerrogativas, aproximadamente unos 100 millones, a instituciones de educación superior y media superior, para abatir el número de rechazados en las universidades.
Posteriormente, se dio a conocer que mediante la donación de 50% del salario de cada uno de los legisladores, alcaldes, gobernadores y de todos los funcionarios del Movimiento de Regeneración Nacional se destinará a la construcción de universidades en los municipios y delegaciones del Distrito Federal en los que gobierne Morena.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO (REPORTAJE ESPECIAL).
MÉXICO, D.F: El presidencialismo mexicano ha cobrado nuevos bríos en este gobierno, a pesar de la baja popularidad de quien hoy ostenta la titularidad del Ejecutivo. Se ha restaurado la preeminencia de éste sobre los otros dos poderes, con el exceso y arbitrariedad en el uso de sus facultades propio del sistema de partido hegemónico del siglo pasado. Ello no es una buena noticia para nuestra endeble democracia, tampoco para el imperio de la ley o la gobernabilidad.
“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que, por disposición de las normas, el poder frene al poder”, escribe Montesquieu en consciente de que el gobernante tiende a abusar del poder hasta donde encuentra límites. Desde entonces la división de poderes es requisito indispensable de toda constitución democrática. Sin embargo, influidos por las ideas de Emilio Rabasa 1912), los constituyentes del 17 asentaron la preponderancia del presidente al llamarlo depositario del “Supremo Poder Ejecutivo”. Además, el artículo 108 le otorga inmunidad: “sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”, lo que es contrario al pensamiento de Montesquieu, quien sostenía que “la ley debe ser como la muerte, no exceptúa a nadie”.
El abuso del poder presidencial es causa de una de las enfermedades que corroe al sistema de justicia en México: la supeditación del derecho al dominio del mandatario en turno. Dos casos paradigmáticos que han marcado a la presente administración ejemplifican, con oprobio, la vigencia de una justicia sometida.
El derrumbe de la “verdad histórica” presentada por la Procuraduría General de la República sobre la irresuelta tragedia de Iguala y la investigación realizada por la Secretaría de la Función Pública sobre el conflicto de interés relacionado con las “casas turbias” son dos evidencias del sometimiento de la justica a los dictados del señor presidente. Ambas investigaciones fueron realizadas por instituciones dependientes del Ejecutivo con la intención de ocultar la verdad acerca de acontecimientos que afectan intereses de la élite gubernamental. El propósito de las amañadas pesquisas no era la búsqueda de la verdad legal, sino su encubrimiento. Es claro que ni Jesús Murillo Karam ni Virgilio Andrade actuaron con independencia sino por consigna. Sus investigaciones estuvieron orientadas y acotadas por razones extrajurídicas provenientes del Ejecutivo.
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) refuta los ejes fundamentales de la investigación de la PGR:
1. Los estudiantes de Ayotzinapa no fueron cremados en un basurero de Cocula. 2. En el lugar de los hechos estuvieron presentes y participaron miembros de la Policía Federal y del Ejército, incluidos agentes de inteligencia militar. Ello había sido negado por la PGR, así como por el secretario de la Defensa. 3. La Sedena no permitió que los integrantes del 27 Batallón de Infantería, asignado a Iguala y sus alrededores, fueran interrogados por los expertos de la CIDH. 4. Los supuestos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos confesaron bajo tortura el asesinato e incineración de los estudiantes. 5. No sólo fueron cinco muertos, 43 desaparecidos y 22 heridos en los ataques, como se ha dicho oficialmente. La investigación del GIEI asienta que fueron 180 las “víctimas directas en violaciones a los derechos humanos” en los ataques de la noche del 26 de septiembre, en Iguala; la mayoría jóvenes y menores de edad. 6. El informe señala que esa noche y en la madrugada del día siguiente los estudiantes sufrieron nueve ataques distintos, lo que implica que debieron ser coordinados y organizados por algún individuo o grupo aún no identificado. 7. El centro que concentra las comunicaciones de policías estatales, municipales y del gobierno federal, conocido como C4, interrumpió su funcionamiento “a ciertas horas” –especialmente las que siguieron a la detención y desaparición de los estudiantes– “porque la comunicación está intervenida por la Sedena”, afirma el documento elaborado por el GIEI. 8. No fueron cuatro, como lo aseguró la PGR, sino cinco los camiones utilizados por los estudiantes de Ayotzinapa. No se ha resuelto la función de ese quinto autobús, probablemente relacionado con el tráfico de heroína a los Estados Unidos. “Podría ser un elemento clave para explicar los hechos”, señalan los expertos de la CIDH.
Como se ha documentado con amplitud, la investigación que exoneró al presidente Peña Nieto y a su secretario de Hacienda de haber incurrido en conflicto de interés al haberse beneficiado del trato preferencial de Grupo Higa, que ha recibido contratos multimillonarios del actual gobierno federal y de la anterior administración mexiquense, carece de verosimilitud desde su origen.
A partir de la reforma constitucional de 1900 que separó al procurador general de la República de la Suprema Corte de Justicia para situarlo bajo la autoridad del presidente de la República, el titular del Ejecutivo federal funge como jefe del Ministerio Público Federal (Héctor Fix Zamudio, El Ejecutivo Federal y el Poder Judicial, IIJ UNAM). Ello implica que el mandatario en turno tiene la última palabra en asuntos de procuración de justicia delicados y trascendentes políticamente, sea por involucrar a instituciones (como las Fuerzas Armadas) o a individuos (gobernadores, secretarios de Estado o el propio mandatario y su familia).
Fieles seguidores de Carl Schmidt (“la ley deriva y está sujeta al poder”), los presidentes mexicanos han abusado de sus poderes legales y metaconstitucionales ejerciendo una discrecionalidad sin límites para determinar el sentido de investigaciones sobre violaciones a derechos humanos (Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Ecuandureo), así como los innumerables casos de corrupción patentes como el sol del mediodía que, tapados con el dedo del señor presidente, quedan impunes (OHL, por ejemplo); a menos, claro, que por decisión del jefe máximo deban ir a prisión, independientemente de la solidez del proceso penal contra el inculpado.
Una justicia capturada por el poder político no es justicia. El fracaso del combate a la corrupción y el escandaloso nivel de impunidad en el país son consecuencia de la (in)justicia presidencialista. Sin una auténtica autonomía de las instituciones del ramo –actuales y futuras– ni el estado de derecho ni la gobernabilidad democrática son viables.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: HÉCTOR TAJONAR.
El acuerdo que negocian actualmente 12 naciones del Pacífico, incluyendo México y Estados Unidos, ha sido calificado como el más progresista en la historia por unos, pero como una fuerte amenaza para las economías débiles por otros.
Los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y Enrique Peña Nieto, de México, coincidieron este miércoles en la necesidad de fortalecer la relación económica entre las dos socios de cara a la creciente competitividad internacional.
Al sostener una conversación telefónica en la que discutieron temas de la agenda bilateral, los dos mandatarios hicieron un repaso de las negociaciones que se llevan a cabo con miras al establecimiento del Acuerdo Estratégico Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés).
La Casa Blanca precisó que durante la llamada, Obama y Peña Nieto estuvieron de acuerdo en la importancia de fortalecer la relación económica entre los dos países para asegurar que “continúen siendo lideres en la economía global”.
“Específicamente, discutieron el estatus de las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico y la importancia de concluir de manera rápida las negociaciones”. apuntó la oficina de prensa presidencial en un comunicado.
El acuerdo que negocian actualmente 12 naciones del Pacífico, incluyendo México y Estados Unidos, ha sido calificado como el más progresista en la historia, y una vez puesto en vigor dará lugar al mayor bloque comercial del mundo.
Obama ha insistido en la necesidad de que el Congreso apruebe el acuerdo al destacar las oportunidad que ofrecerá a las exportaciones estadunidenses, aunque ha venido enfrentando resistencia al interior de su partido por el efecto negativo que algunos le atribuyen en el frente laboral.
La Casa Blanca destacó que Obama y Peña Nieto concluyeron la llamada reafirmando la importancia de todos los aspectos de la relación bilateral.
Críticas
La zona de libre comercio se extendería desde Vietnam hasta Chile, la población total de los países miembros de la unión sería de unos 800 millones de personas, y su PIB alcanzaría un 40% del índice mundial.
Sin embargo, mientras que los beneficios potenciales del acuerdo son muy tentadores, existe un cierto peligro para algunos países de la zona. Lori Wallach, una de los líderes del grupo estadounidense Public Citizen de defensa del derecho del consumidor, contó a RT, televisora pública de Rusia, cuáles son las perspectivas del tratado.
Según Wallach, el Acuerdo Transpacífico amenaza a los países con las economías más débiles incluidos en el área y a sus habitantes con acabar en las manos de las grandes corporaciones extranjeras.
De acuerdo con los documentos filtrados -las negociaciones se llevan a cabo a puerta cerrada-, las partes están tratando de eliminar todas las barreras al comercio, incluyendo las leyes que garantizan la seguridad de los alimentos, la protección de la agricultura y la privacidad de la información de los ciudadanos.
Otro punto preocupante del tratado, opina Wallach, es la creación de un tribunal secreto en el que las empresas podrán demandar a los Gobiernos ante paneles de arbitraje secretos integrados por abogados corporativos que evitan los tribunales nacionales y que anulan la voluntad de los Parlamentos en caso de no conseguir lo que quieren. Según la activista, esta medida destruirá por completo la legislación y pondrá en peligro los derechos fundamentales que habitualmente proporcionan los Estados democráticos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Jeovanni Castro Urbano era considerado un objetivo prioritario del Operativo Jalisco.
Fuerzas federales detuvieron en Ameca, Jalisco, a Jeovanni Castro Urbano, considerado objetivo prioritario del Operativo Jalisco por ser el presunto responsable de emboscadas a elementos de la Policía Federal y el Ejército en esa entidad.
Castro Urbano es señalado también por venta de drogas y robo de hidrocarburos, informó este miércoles 23 de septiembre el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.
Fue capturado junto con otras tres personas. Durante el operativo las fuerzas federales fueron agredidas con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión, sin que ninguna persona resultara herida o muerta, detalló el funcionario federal.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, advirtió: “No vamos a permitir actos de violencia, no vamos a permitir actos vandálicos”.
En respuesta al enfrentamiento ocurrido ayer entre normalistas de Ayotzinapa y policías estatales en el libramiento Chilpancingo-Tixtla, Ortega amagó: “La tolerancia extrema llegó al límite”.
Ortega ofreció entrevistas a Grupo Imagen y Noticieros Televisa para referirse al enfrentamiento de ayer, que dejó a 13 personas lesionadas.
Según el gobernador de Guerrero, los normalistas fueron los responsables de iniciar el enfrentamiento y atacar a los policías. En esa lógica, recalcó que su administración no permitirá “ni bloqueos, ni toma de calles y autopistas”.
El enfrentamiento entre normalistas y policías ocurrió ayer alrededor de las siete horas en el kilómetro cuatro del libramiento Chilpancingo-Tixtla, a la altura del túnel donde policías estatales instalaron un retén para impedir que los estudiantes, que salieron de la normal de Ayotzinapa a bordo de 12 autobuses, arribaran a la capital de Guerrero.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Los enfrentamientos entre normalistas y elementos de seguridad pública en la carretera a Tixtla, Guerrero, son reflejo de “la incertidumbre, la duda, la desconfianza en las autoridades. Y la víspera del aniversario, ello sólo genera tensión”, sostuvo hoy la presidenta de la Comisión Especial de Ayotzinapa, la panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez.
Entrevistada al término de la segunda reunión de la comisión especial, también se informó que solicitarán la comparecencia del exprocurador Jesús Murillo Karam y del excomisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, para que detallen cómo ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, aunque aún no hay fecha para ello.
En cuanto a los acontecimientos de Tixtla, la presidenta de la comisión dijo que éstos no pueden analizarse de manera aislada, “sino vinculados necesariamente con la desaparición de los estudiantes normalistas”.
También hizo un llamado a que no crezca la violencia, sin embargo, consideró que las conclusiones a las que han llegado las autoridades han generado parte de esa irritación, y por ello “no se ha podido contener el malestar político y social”.
Sin calificar la acción de los policías locales contra los normalistas, la diputada del PAN dijo que el enfrentamiento de hoy “es reflejo de la angustia, del descontento, de la exigencia social de encontrar la verdad respecto del paradero de los muchachos estudiantes”.
Se refirió también a la descalificación que hizo Miranda de Wallace, presidenta de la agrupación Alto al Secuestro, del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, postura que “genera inquietud”.
“Genera inquietud. Las conclusiones a las que han llegado los expertos de la Comisión Interamericana tienen un alto grado de credibilidad en la opinión pública, y el deseo es que se continúe con estas investigaciones. De hecho, van a continuar seis meses más, se habla de que puede haber otro grupo de expertos que intervenga, y la petición es, pues sí, que intervengan otros, pero en todo caso que no queden excluidos los expertos de la Comisión Interamericana, sino que en todo caso se sumen a los trabajos, para ver cómo se pueden conciliar las conclusiones”.
Los integrantes de la comisión buscarán participar en el encuentro entre el presidente Enrique Peña Nieto y los padres de los 43 normalistas pues, aclaró la presidenta de la comisión, no han sido invitados.
De no encontrarse en dicha reunión, intentarán contactarlos en otro momento. Por lo pronto, el próximo viernes participarán en el segundo encuentro entre senadores y los miembros del citado grupo interdisciplinario de la CIDH.
Además, en las próximas semanas buscarán reunirse con exfuncionarios y actuales funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR).
La legisladora explicó que requieren saber qué significan los 72 puntos que la Universidad de Innsbruck dio a la identificación del segundo normalista, Jhosivani Guerrero de la Cruz, y qué grado de certeza tienen de ello.
“Creo que sería deseable que el resultado, fuera cual fuera, aun en el supuesto que hubiera coincidencias en el ADN mitocondrial con la madre de alguno de los estudiantes, que se nos pudiera explicar el grado de coincidencia, qué margen de certeza da, toda vez que en la anterior conferencia que dio la procuradora señala que hay 72 puntos de coincidencia de ADN mitocondrial en el caso de Jhosivani Guerrero por ejemplo, pero también hace la referencia a que en el caso de Alexander Mora, el anterior muchacho, cuyo restos se identificaron, había más de mil puntos de coincidencia”, detalló.
Lo deseable sería, aun en caso de otras coincidencias, “que nos dijeran (por parte de PGR): es un grado de confiabilidad baja, media, alta, un porcentaje, etcétera”, concluyó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTE.
FECHA: 22 SEPTIEMBRE 2015.
México, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los protocolos homologados para la investigación de los delitos de tortura y desaparición forzada, y para la búsqueda de personas desaparecidas.
De acuerdo con el documento, esa herramienta servirá para que se lleven a cabo búsquedas e investigaciones eficaces que permitan localizar a las víctimas, sancionar a los responsables y garantizar la no repetición de hechos similares.
El protocolo para la búsqueda de personas desaparecidas tiene el objetivo de definir los principios y procedimientos generales de actuación homologada y obligatoria para agentes del Ministerio Público, personal de servicios periciales y policías, así como los responsables de la investigación del delito de desaparición forzada.
A su vez, el Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura definirá los principios y procedimientos generales de actuación homologada y obligatoria para agentes del Ministerio Público, personal de servicios periciales y policías, y responsables de la investigación del delito de tortura, en apego a los estándares internacionales de derechos humanos.
Los documentos fueron elaborados por autoridades federales y locales, expertos en el tema, así como organismos y organizaciones nacionales e internacionales en defensa de los derechos humanos.
Apenas el 30 de abril pasado, el Senado de la República reformó el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes generales sobre desaparición forzada de personas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
