Los gobiernos los tienen marginados, dicen familiares de jugadores de Los Avispones atacados en Iguala

Demandan información de las investigaciones, castigo a los responsables y reparación del daño. Padres de los futbolistas han sido víctimas de hostigamiento, amenazas y extorsión de desconocidos porque se piensa que los gobiernos les dieron recursos millonarios.

Víctimas y familiares de los integrantes del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, que fueron atacados la noche del 27 de septiembre del 2014 en el crucero de Santa Teresa en la entrada de Iguala, denunciaron que los gobiernos estatal y federal no han cumplido los apoyos que les prometieron, y que los tienen marginados en comparación con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

En conferencia de prensa dijeron que a cuatro días de que se cumpla un año de esos ataques, en los que fueron asesinados un integrante del equipo y el chofer del autobús que los transportaba, una mujer y tres normalistas, los familiares demandaron el “esclarecimiento de la verdad”, información de las investigaciones, castigo a los responsables y reparación del daño.

Se quejaron de que lejos de encontrar justicia y la ayuda que les prometieron, algunos de los padres de los futbolistas han sido víctimas de hostigamiento, amenazas y extorsión de desconocidos, al grado que han tenido que sacar del estado a sus hijos.

A las 4:30 de la tarde de ayer algunos de los jóvenes del equipo de futbol y sus familiares, ofrecieron una conferencia de prensa en la pozolería La Flor más Bella, en Chilpancingo, encabezados por Roberta Evangelista Hernández, madre de David Josué García Evangelista, el joven que falleció durante el ataque.
Denunciaron que a diferencia de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que han sido recibidos constantemente por funcionarios federales y una vez por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ellos se encuentran relegados y marginados.

En la lona que colgaron atrás de la mesa del presidum se leía: “A un año de la masacre los olvidados de la noche trágica de Iguala. Club de Futbol Avispones de Chilpancingo”.

La noche del 26 de septiembre, tras el primer ataque a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala, hombres armados también dispararon contra el camión que trasladaba de regreso a Chilpancingo a los jugadores de los Avispones, y a automovilistas que pasaron por el lugar en la carretera Iguala-Chilpancingo, en el crucero de Santa Teresa.

Allí murieron el jugador David Josué García Evangelista y el chofer  Víctor Manuel Lugo Ortiz. También falleció en ese mismo punto la pasajera de un taxi, Blanca Montiel Sánchez.

Como resultado de la balacera hubo otras 13 personas heridas: Enrique Hernández Carranza chofer de un taxi, Norma Angélica Rendón Chávez familiar de un futbolista, Hermenegildo Morales Cortés agente del Ministerio Público.

Fátima Viridiana Bahena Peña maestra, Alfredo Ramírez García secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), Francisco Xavier Medina Bello futbolista, Luis Ángel Torreblanca futbolista, Félix Pérez Pérez futbolista, Carlos Adame Flores miembro del cuerpo técnico del equipo, Pedro Rentería Lujano miembro del cuerpo técnico del equipo, Jorge León Saénz miembro del cuerpo técnico del equipo y Facundo Serrano Urióstegui también miembro del cuerpo técnico.

Ayer a nombre de los futbolistas y de los familiares, Carmen López Salgado leyó un comunicado de prensa en el que piden una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto y reclaman, “esclarecimiento de la verdad e información sobre la situación actual de las investigaciones del ataque, justicia y castigo a los responsable y reparación del daño a las víctimas directas e indirectas”.

Mediante el escrito piden al presidente Peña Nieto, “atención personalizada a los jugadores, cuerpo técnico y padres de familia, para que se haga justicia y se aclaren los hechos que costaron la vida a personas inocentes”.

Subrayan que después de ese día, “nada ha sido igual para nuestras familias”, y que para que los jugadores, equipo técnico y sus familiares puedan recuperarse del dolor y retomar sus vidas, Peña Nieto debe hacerse responsable de la salud, la integridad física, y asegurar un mejor futuro para los jugadores “que vieron esa pesadilla”.

Demandan audiencia con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez para que les informe del avance de las investigaciones de ese organismo, “ya que desconocemos la situación real”, dice el escrito.

En el documento subrayan que han actuado de manera pacífica esperando la atención del gobierno federal, sin resultado alguno, y denuncian que la indiferencia de las autoridades ha provocado que surjan personas ajenas a estos hechos “que están lucrando  con el dolor de las familias, junto con la complicidad y el beneplácito de las mismas autoridades que les siguen abriendo las puertas, mientras que a las verdaderas víctimas las dejan de lado en espera de una atención que no ha llegado”.

A la hora de las preguntas, sin embargo, evitaron decir nombres de estas personas que se han aprovechado del caso, pero Leonel Fons Falcón, uno de los padres, denunció que como consecuencia de estas personas que han lucrado con el caso, “hay personas que dicen que hemos recibido millones de pesos”, con lo cual, se quejó, “sólo nos ponen en riesgo”.

Otro de los padres informó que debido a esa situación, ha sufrido en los últimos seis meses dos asaltos y dos llamadas telefónicas para extorsionarlo, por lo que ha tenido que sacar a su hijo fuera del estado. Agregó que por lo menos otros tres o cuatro muchachos han salido del estado por la misma causa.

Agregó que la realidad es que no han recibido apoyo de los gobiernos federal ni estatal, más que una beca de estudios del gobierno federal en cuya normatividad se establece que si dejan de estudiar o se inscriben en una escuela particular la pierden.

Mientras tanto, el ahora gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero les entregó otra beca deportiva, pero denunciaron que el actual gobernador Rogelio Ortega Martínez “la maneja como un apoyo económico”.

Otro padre dijo que desconoce si este apoyo estatal lo seguirán recibiendo con el próximo gobernador, Héctor Astudillo Flores.

Denunció que el fideicomiso que anunció Ortega Martínez para garantizar los estudios superiores a los futbolistas no funcionó, y que el camión que les entregó no reúne las condiciones que requieren los futbolistas, por lo que le solicitaron que se los cambiara y no han tenido respuesta.

Por su parte, la madre de David Josué García, Roberta Evangelista aseguró que sólo recibió del gobierno los gastos funerarios.


A su vez, Carmen López Falcón declaró que seguramente han sido marginados por las autoridades porque no han recurrido a las acciones que han realizado los padres de los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos y los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, “nosotros hemos actuado de manera diferente, seguramente por eso nos tienen olvidados y marginados”.

FUENTE: EL SUR.
AUTOR: ZACARÍAS CERVANTES.

Enviarán a la Universidad de Innsbruck más restos tomados del basurero de Cocula

Peritos de la PGR elegirán las muestras junto con especialistas argentinos.

El próximo mes la Procuraduría General de la República (PGR) enviará a la Universidad de Innsbruck, en Austria, nuevas muestras de restos óseos para que sean analizados, con la intención de que se identifique a más normalistas que pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula.

Los especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) trabajarán de manera coordinada con los peritos de la PGR y seleccionarán las muestras que serán enviadas a la universidad austriaca.

Esta vez los peritos nacionales y argentinos analizarán y determinarán de común acuerdo cuáles restos, de entre más de 63 mil fragmentos recuperados en la zona del basurero y el río de Cocula, serán sometidos a análisis genéticos.


En días pasados la procuradora Arely Gómez González instruyó al personal de Servicios Periciales para que integre un equipo de trabajo conformado por médicos, antropólogos y genetistas, a los que se sumarán miembros del EAAF y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que uno a uno sean revisados y evaluados nuevamente los más de 63 mil fragmentos óseos.

De acuerdo con información proporcionada por funcionarios de la PGR, estas piezas óseas serán sometidas a las mismas pruebas que los fragmentos que permitieron identificar a Alexander Mora Venancio, en diciembre de 2014.

Actualmente los peritos de la Universidad de Innsbruck continúan trabajando en la identificación de la procedencia biológica de otros 16 restos óseos que habían preservado material genético sin degradar.


Posterior a la prueba de ADN nuclear, se realizó un segundo análisis de ADN mitocondrial, del cual no se obtuvo elemento que permitiera la identificación de un perfil genético, por ello fue necesaria la utilización de otras técnicas de investigación que llevaron meses de trabajo en el laboratorio, pero que permitieron identificar a Jhosivani Guerrero de la Cruz.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO GARCÍA.

La hora de la UNAM: Alcocer, Graue y Ruiz, en busca de la rectoría

La Universidad Nacional Autónoma de México tendrá un nuevo rector a más tardar el 17 de noviembre próximo. Al elegido le tocarán los comicios presidenciales de 2018 y será central a la hora de delinear la postura de la máxima casa de estudios del país respecto de las recientes reformas estructurales -cuyos efectos ya habrán comenzado a sentirse-, el vínculo entre la vida académica y laboral, y la proyección de la universidad hacia el exterior. Proceso presenta entrevistas, en estricto orden alfabético, con tres aspirantes al cargo, representantes de sendas corrientes al interior de la UNAM. El ejercicio cobra importancia debido a que en estos días corre el periodo para que la comunidad universitaria exprese sus opiniones y preferencias.

MÉXICO, D.F: Hasta hace un par de meses subsecretario de Estado y secretario general de la UNAM en el periodo 2007-2011, Sergio Alcocer Martínez de Castro es señalado como el candidato oficial, preferido de Enrique Peña Nieto y José Narro Robles, para dirigir la máxima casa de estudios del país.

Él rechaza esa presunción y asegura que quiere ser rector porque la comunidad de la universidad así se lo ha pedido.
Dice que la UNAM pasa por un gran momento y que el doctor José Narro “ha hecho un magnifico trabajo en los últimos ocho años”.

El mayor obstáculo que tiene Enrique Graue Wiechers para dirigir a la UNAM es su mayor fortaleza: ha dedicado 37 años de su vida a la docencia en la Facultad de Medicina, de la que ha sido director los últimos ocho, por lo cual se inscribe en el grupo de “los médicos”, que han ocupado la rectoría las últimas cuatro administraciones.

También reconoce la labor de Narro al frente de la UNAM, pero cree que aún hay mucho por mejorar en educación e investigación.

Y a Rosaura Ruiz Gutiérrez se le ha ubicado como la candidata de la “izquierda”. Particularmente se le vincula con Andrés Manuel López Obrador, a quien apoyó abiertamente durante el proceso electoral del 2012, por “representar el único proyecto que garantiza los derechos de las mujeres”.

Sin embargo, ataja: “se me quiere encajonar como candidata de la izquierda y yo creo que eso es un error. La universidad es plural y yo respeto la pluralidad”.


(Fragmentos de las entrevistas que se publican en la edición 2030 de la revista Proceso, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTÚA.

Condenan a 520 años a tres implicados en caso Heaven

México, DF. Un juez condenó a 520 años de prisión a tres presuntos responsables del secuestro de 13 jóvenes en el bar Heaven de la ciudad de México y su posterior asesinato en 2013, informó este domingo la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

A Ernesto Espinosa y José de Jesús Carmona, ambos socios del bar, y al presunto sicario Víctor Manuel Torres, se les acusó penalmente del secuestro y asesinato de los chicos, que fueron raptados a plena luz del día el 26 de mayo de 2013 de ese bar de la Zona Rosa ubicado a unos metros de una sede policial.

"Con los elementos de prueba suficientes recabados por la policía de investigación, el ministerio público (...) logró que el juez resolviera imponerles, además de la pena individual de 520 años de prisión, multa de 5 millones 51 mil 280 pesos a cada uno", dijo la PGJDF en un comunicado.

Sin embargo, la dependencia señaló que la causa penal contra otra docena de involucrados en el caso sigue abierta.

Los cadáveres de los 13 jóvenes, la mayoría residentes del barrio de Tepito, fueron encontrados tres meses después de su secuestro -luego de fuertes protestas de sus familiares- en una fosa clandestina cavada en un racho de una localidad aledaña a la ciudad de México.

Según las investigaciones, el crimen habría sido una represalia por el homicidio de un vendedor de drogas al por menor cometido pocos días antes en otro bar de la ciudad de México.

La capital mexicana quedó sacudida por el "caso Heaven", que puso en entredicho la imagen supuestamente ajena de la ciudad a la violencia que se vive en otras regiones del país por las pugnas entre los poderosos cárteles narcotraficantes.

Fuente: La Jornada

Autor: AFP

El Estado está ausente, paralizado

El magistrado español Carlos Castresana se dice preocupado por la crisis de derechos humanos por la que atraviesa México, pero sobre todo porque, afirma, en este escenario de violencia e inseguridad el Estado parece ausente, paralizado. A diferencia de otras naciones de Latinoamérica –como Colombia o Guatemala, donde la movilización ciudadana coadyuvó a la caída del presidente Otto Pérez Molina–, el Estado mexicano no sabe qué hacer y eso, advierte, puede llevar al país a la ingobernabilidad. “Ya no es tiempo de palabras, sino de hechos”, advierte quien llevó a juicio al exdictador Augusto Pinochet.

MÉXICO, D.F: Detrás de la crisis de los derechos humanos en México está la ausencia del Estado, sostiene el magistrado español Carlos Castresana, y pone como ejemplo la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, a manos de uniformados locales en complicidad con el crimen organizado.

Consultor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para temas de justicia e impunidad y exintegrante de la comisión internacional para la justicia en Guatemala, a Castresana le preocupa que el Estado mexicano no dé una respuesta a esta crisis como lo exige la sociedad. Advierte que si ésta no se resuelve con reformas judiciales de gran calado y el compromiso de los actores políticos, podría generarse una situación de ingobernabilidad y una explosión social de graves consecuencias.

Conocedor de la realidad del país desde 1996, Castresana insiste: en  México el problema es la ausencia del Estado. Y esa es la diferencia con países en los cuales ha habido una situación similar de violencia, como Colombia, donde a pesar de una larga crisis de 50 años el Estado siempre estuvo presente.

“En Colombia –dice– nunca faltó el Estado. En México la crisis de derechos humanos pasa por la ausencia del Estado”. Y aclara: “No se trata de un Estado fallido o carente de recursos. Simplemente está ausente. No quiere (actuar) o no sabe cómo hacerlo.

“Esa es la parte más preocupante del problema visto desde afuera: un Estado que está paralizado, incapaz de dar respuesta a la legítima demanda de justicia de los ciudadanos.”

Refiere que una de las causas de la violencia exacerbada en México es el fracaso de la transición a la democracia durante los 12 años de gobierno del PAN. Vicente Fox, puntualiza, no quiso crear una comisión de la verdad para investigar los crímenes del Estado durante el régimen del PRI, y optó sólo por una fiscalía –la que encabezó Ignacio Carrillo Prieto–, mientras que Felipe Calderón optó más por el uso de la violencia institucional para combatir al narcotráfico.

“El 2000, que significó el fin del régimen del PRI y la llegada de Vicente Fox, concitó muchas esperanzas de un cambio y no lo hizo en las instituciones. No hubo una reforma a fondo en las Fuerzas Armadas, ni en las policías ni en el sistema general de justicia.

“No se hizo y ahora se están pagando las consecuencias de un sistema anticuado, que no está al día, que no responde a las necesidades de los ciudadanos y que no es capaz de solucionar y poner fin a esas situaciones gravísimas de violaciones de los derechos humanos mediante una administración de justicia pronta, eficiente y transparente.”

–Esta violencia que vemos ahora ¿es la expresión más clara del fracaso de la transición a la democracia?

–Yo creo que no hay ninguna duda que la decisión de Fox fue equivocada al crear una fiscalía y no una comisión de la verdad. En todos los países donde tenemos referentes es al revés: primero se hace una comisión de la verdad, se esclarecen los hechos y luego, sobre la base de ese esclarecimiento histórico, se hace justicia. En Colombia primero han acordado la creación de la Comisión de la Verdad y luego la del mecanismo de justicia. Eso debería haberse hecho en México.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2030, ya en circulación)

FUENTE. PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS

Intocables, los amigos de Osorio Chong ante fuga de ‘El Chapo’

Tras la segunda fuga de El Chapo Guzmán, ocurrida en julio último, el aparato de justicia actuó rápidamente para castigar a los presuntos cómplices del narcotraficante evadido, pero hasta cierto punto, pues sólo fueron detenidos servidores públicos de menor jerarquía. Y pese a que el sistema carcelario federal está en manos de funcionarios de más alto nivel, ninguno de ellos ha sido llamado a cuentas. Comparten una característica: pertenecen al círculo cercano del secretario de Gobernación.

MÉXICO, D.F: El castigo por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán ha recaído en los internos del penal del Altiplano y en exfuncionarios ajenos al entorno del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pese a que el sistema carcelario federal está en manos de quienes han sido estrechos colaboradores de éste, desde su época como gobernador de Hidalgo. Hasta ahora ninguno de ellos ha sido llamado a cuentas.

El control de este grupo llega hasta la Secretaría de Función Pública (SFP), donde ya había denuncias sobre lo que ocurría en esa prisión desde semanas antes de la evasión del sinaloense.

El régimen carcelario ha empeorado en el penal del Altiplano. El endurecimiento se ha centrado en quienes fueron vecinos de Guzmán Loera en el área de Tratamientos Especiales y han declarado ante la Procuraduría General de la República (PGR) lo que vieron y escucharon en los días previos a la fuga del Chapo, el 11 de julio pasado.

El vecino más próximo fue Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, lugarteniente de Los Zetas, organización rival del Cártel de Sinaloa. Tamaulipeco, Nájera falleció el lunes 7 dentro del penal por causas aún no confirmadas oficialmente, pero que la familia atribuye a envenenamiento.

“En las últimas semanas se quejó de la comida. Llevaba días sintiéndose mal, con vómitos, diarrea y dolor de cabeza. A las 5:30 se empezó a quejar y hasta una hora después, personal carcelario lo recogió del piso y lo llevó al servicio médico. En el pasillo todavía pudo levantar la mano para despedirse de los internos de las otras celdas. A las 7:40 fue declarado clínicamente muerto. Tardaron dos días en entregar el cuerpo y hasta ahora no se sabe con exactitud qué pasó”, dicen personas cercanas a otros internos, quienes hablaron a condición del anonimato.

Refieren que las complicaciones para el exjefe operativo zeta comenzaron después de su declaración, de más de cuatro horas, en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la PGR, sobre la fuga de El Chapo.

Empezó el hostigamiento. Se le abrieron cuatro procesos disciplinarios que él estaba combatiendo legalmente porque implicaban aislamiento de 76 días por cada uno, además de suspensión de la visita íntima y hasta restricción para ir al área de locutorios. Se pretendía incomunicarlo.

En estrados se corroboró la existencia de cuatro amparos interpuestos desde principios de agosto por Talamantes: el 1067/2015, el 1072/2015, el 1157/2015 y el 1250/2015, en los juzgados Primero y Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca.

Talamantes no fue el único que declaró ante la SEIDO sobre lo advertido por los reos en los días previos a la fuga, como los trabajos de impermeabilización en la azotea, que se hicieron sólo en el área de la celda 20, la de Guzmán. Esa labor se hizo en plena temporada de lluvias.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2030, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JJORGE CARRASCO ARAIZAGA.

Javier Duarte rompe con los Yunes priístas; los manda a pescar "otros peces más gordos"

Ante miles de cenecistas, el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa envió un claro mensaje a los dos senadores y aspirantes de su partido a la gubernatura, Héctor Yunes Landa y José Yunes Zorrilla.

Utilizando el cumpleaños número 57 de Yunes Landa, el mandatario estatal lo mencionó en los amplios saludos que acostumbra hacer antes de sus discursos, argumentando su afición a la pesca, tomó una caña de pescar y se la entregó al legislador.

“Me permito regalarle al senador, esta caña de pescar, para que pesque esos peces gordos que busca y le recomiendo, aquí, muy cerquita de aquí en el estero, hay unos peces gordos muy importantes que puede pescar con esta caña”, expresó el mandatario estatal seguido de los vitores de los asistentes y las caras de asombro de los políticos que lo acompañaban en el templete.

Se tiene que recorrer las calles para exigir la verdad de los 43 desaparecidos: Normalistas

“Ni frutsis ni pingüinos, somos estudiantes” retumbó durante la marcha de normalistas, universitarios, organizaciones no gubernamentales al conmemorarse un año de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Más de 3 mil personas se unieron a lo que se denominó “Acción Global por Ayotzinapa”, y marcharon desde la escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” hasta la Plaza Lerdo donde a lo largo del trayecto lanzaron consignas contra el gobierno federal y estatal, así como exigir la aparición con vida de los 43 de Ayotzinapa.

A pesar de la llovizna, decidieron sumarse a la principal petición: la verdad sobre lo ocurrido aquella noche de 26 de septiembre en Iguala, Guerrero “porque no queremos la verdad independiente, la verdad oficial y mucho menos la verdad histórica”.

Aunque apenas hace un par de días el gobernador Javier Duarte de Ochoa instruyó que no hubiera presencia de policías, sí se alcanzaron a observar algunos informadores políticos mejor conocidos como políticos.

Fuera de este hecho, la marcha se realizó en completa calma y con participación de organizaciones como Recive, Lavida y el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, así como normalistas y estudiantes de la Universidad Veracruzana.

Durante el mitin realizado en la plaza Lerdo se resaltó que Xalapa se sumó a la Acción Global por Ayotzinapa con tal de demandar en primer lugar la aparición de los 43 estudiantes normalistas.

Dentro de las protestas no sólo se reprochó al gobierno federal por la desaparición de los estudiantes, sino que no ha tenido interés alguno por aclarar este hecho.

Gobierno ha fallado

El gobierno federal ha fallado en esclarecer la artera desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y eso ha generado un despertar de la conciencia no sólo de los estudiantes sino de la sociedad en general, señaló el director de la Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, Fidel Hernández Fernández, al ser entrevistado previo a la marcha de este sábado realizada en conmemoración de los 43 desaparecidos.

El maestro aseguró que este crimen de lesa humanidad no debe quedar impune y se debe exigir que se llegue a la verdad histórica y no lo que han dicho las autoridades, que según expresó, demuestra que no fue ni verdadera ni certera.

Con respecto al panorama estatal, Hernández Fernández dijo que los maestros luchan no sólo por la educación, sino por todos porque la ciudadanía debe unirse a la exigencia para el esclarecimiento de este caso sin precedentes.

Además, precisó que las marchas a las que ha convocado la Normal Veracruzana nunca han sido violentas ni se ha generado hechos de violencia, por lo que el aviso de las autoridades estatales en el sentido de que no presenciaría la marcha personal de la Secretaría de Seguridad Pública no tiene ninguna razón.

Queremos la verdad: normalistas

La exigencia de la verdad en el caso de los normalistas desaparecidos en Guerrero tiene que ser a gritos porque las autoridades tienen oídos sordos y se niega a oír la exigencia de justicia de la sociedad, señaló el profesor integrante del Sindicato Normalista de Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SNTEV), José Luis Martínez.

Alertó que el gobierno le apuesta a que la sociedad olvide este caso, que se diluya entre tantas otras exigencias pero que los mexicanos recorren sus ciudades con una sola petición: la verdad.

“Queremos una verdad sin adjetivos, no verdades oficiales, ni mediáticas, ni verdades independientes y mucho menos verdades históricas (…) deseamos, buscamos, exigimos la verdad porque la verdad nos hará libres del dolor del dolor de los padres y los hermanos que sufren las ausencias, del dolor que nos lastima por la justicia infringida contra el débil, por la violencia del poderoso, por la imposición de la mentira más ignominiosa”.


Por ello, dijo que el Sindicato Normalista se suma a todas las voces para decirles al gobierno federal y a los gobiernos de cada uno de los estados del país, que basta de cubrirse unos a otros como una banda de facinerosos, de delincuentes que han tomado al país como rehén.

FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ.
LINK: http://www.jornadaveracruz.com.mx/se-tiene-que-recorrer-las-calles-para-exigir-la-verdad-de-los-43-desaparecidos-normalistas/

Ortega: “La intención del gobierno federal era arrasar la Normal”

El secretario de Gobernación propuso en diciembre una ocupación violenta de la Normal de Ayotzinapa, asegura a este semanario el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez. Su intención, afirma en entrevista, era dar carpetazo al caso de los 43 desaparecidos y arrasar su escuela, aun cuando eso significara un baño de sangre. El pretexto que esgrimía el funcionario federal era que los estudiantes de ese plantel planeaban hacer arder en su totalidad la ciudad de Chilpancingo.

ACAPULCO, Gro:  El pasado diciembre, el gobierno de Enrique Peña Nieto pretendía dar carpetazo al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y planeaba tomar violentamente la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, sin importar que ello significara una matanza.

Así lo dice a Proceso el gobernador sustituto de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez. Sostiene que se opuso al planteamiento de tomar la escuela rural por la fuerza, propuesto desde la Secretaría de Gobernación (Segob).

Con 11 meses como gobernador de un estado sumido en el caos por la convulsión social y la violencia permanente del crimen organizado, Ortega, catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y fundador del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano, reflexiona sobre las dificultades de su mandato al cumplirse un año de la tragedia de Iguala, donde además seis personas fueron ejecutadas extrajudicialmente y más de 40 resultaron heridas.

Entrevistado el lunes 21 en la residencia oficial Casa Acapulco, en la exclusiva zona de Pichilingue del puerto guerrerense, narra algunas de las diferencias que tuvo con Osorio Chong para atender la conflictividad social.

Reproduce el diálogo vía internet que tuvo con Osorio Chong y “mandos” de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, de la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) una madrugada de diciembre que no pudo identificar con claridad.

Designado gobernador el 26 de octubre de 2014, para suplir al defenestrado perredista Ángel Aguirre Rivero, Rogelio Ortega fue dirigente estudiantil de la UAG en el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa, en cuya administración fue detenido y torturado durante ocho días en mazmorras custodiadas por Mario Arturo Acosta Chaparro, entonces responsable de las corporaciones policiacas de la entidad (Proceso 1983).

Chilpancingo en llamas

Dice Ortega que se había corrido la versión de que “miles de contingentes iban a salir de Ayotzinapa por la noche para ir a quemar todos los edificios públicos en Chilpancingo. Iba a ser la mayor tragedia de la historia con el riesgo de que se extendiera a toda la población”.

A través del chat que tiene el mandatario con las instancias federales, se le informó que en la intentona participarían 4 mil personas que supuestamente esa noche estaban concentradas en la escuela rural, a media hora de la capital guerrerense, con todo lo necesario para el incendio.

Instalada la IX Región Militar en Chilpancingo, y la VII Naval en Acapulco, y con refuerzos de 12 mil efectivos del Ejército y mil 200 de Gendarmería, el planteamiento que se le hizo a Ortega para “abortar” el supuesto plan de los normalistas y organizaciones aliadas, era la toma por asalto de la escuela.

Sin titubeos, sostiene que en el chat con el gobierno federal se le dijo que “la única forma es ir a tomar de una vez Ayotzinapa. O bien, en el tramo carretero dejarlos avanzar cinco kilómetros, poner un tope adelante y atrás y ahí ya detenerlos”.

En ese momento, era de madrugada, tras escuchar el plan de los “mandos”, lo que imaginó Ortega es que de llevarlo a cabo “hubiera sido una batalla campal”.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2030, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Policías cercan Iguala por marcha; vigilan plaza comercial propiedad de Abarca

IGUALA, Gro: Decenas de policías estatales mantienen cercada esta ciudad donde padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa anunciaron una marcha para seguir exigiendo justicia a un año de la tragedia.

Los agentes resguardan el centro comercial Galerías Tamarindos, propiedad de José Luis Abarca Velázquez, expresidente municipal perredista de Iguala que se encuentra preso por sus presuntos nexos con el narco y señalado como responsable de la cacería desatada contra los normalistas que dejó un saldo de seis muertos, una decena de heridos y 43 normalistas desaparecidos.

VIDEO:

https://www.periscope.tv/w/1ypKdDzPWqjKW



La plaza comercial se ubica frente al cuartel del 27 Batallón de Infantería donde fueron colocadas barricadas alambradas en el portón de acceso principal.

Mientras que otro bloque de uniformados se encuentra apostado en la entrada sur de Iguala, sobre la carretera federal México-Acapulco, en el entronque que conecta esta localidad con el poblado El Tomatal.

En este punto, los policías con equipo antimotín revisan los autobuses que ingresan a la ciudad donde el año pasado agentes municipales, federales y soldados actuaron en contubernio con el narco para atacar y desaparecer a los normalistas de Ayotzinapa.

Informes oficiales refieren que al menos 12 autobuses salieron de la Normal de Ayotzinapa rumbo a esta ciudad, donde pretenden realizar una marcha para conmemorar el primer aniversario de la tragedia de Iguala.


Las unidades con normalistas a bordo llegaron a las 12:20 horas a esta localidad y ya se preparan para la marcha.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Y un año después “ni la lluvia, ni Peña, detendrán al movimiento”

MÉXICO, D.F: Afluentes de muchas causas, sindicatos, universidades, organizaciones civiles, ciudadanos confluyeron desde el mediodía en la avenida Reforma en una tarde sabatina nublada. Es el primer año de la tragedia de Iguala. Es la primera gran marcha de la indignación en contra de la “mentira histórica” del gobierno de Peña Nieto.

Ya no se trata sólo de pedir justicia, sino de “ajustar cuentas” con la administración federal que en los últimos meses perdió todo su capital político frente a la incansable movilización de los padres de los normalistas de Ayotzinapa.

Todos esperamos desde las distintas glorietas y monumentos, de la Estela de Luz hasta el Ángel de la Independencia, al contingente de los héroes cívicos de este primer año trágico: los invencibles padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa que marchan desde Los Pinos con sus 43 rostros y miles de carteles con una tortuga que nos mira, el símbolo de esta manifestación.

Causa de causas, Ayotzinapa se ha convertido en el crisol no sólo de un grito constante “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, sino también del enorme descontento que marcha en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Al Ángel de la Independencia llegaron con sus machetes y encabezados por Ignacio del Valle los ejidatarios de San Salvador Atenco. Ellos saben, desde mayo de 2006, de qué tamaño es la represión y la impunidad del peñismo.

También decenas de organizaciones sindicales, desde el SME hasta los telefonistas, el STUNAM, y los estudiantes de universidades privadas, de los CCH de Vallejo, Naucalpan, Azcapotzalco, de las facultades de Economía, Políticas, FES Acatlán, FES Aragón, de la escuela Carlos Septién, cuyos alumnos marchan y, al mismo tiempo, entrevistan, quieren captar el momento intenso de esta jornada.

Inseparable con su cámara, el documentalista Epigmenio Ibarra transmite en vivo y convoca, una vez más, al “pase de lista” de los 43 desaparecidos que él ha realizado con inquebrantable fidelidad todos los días en su cuenta de Twitter.

Elena Poniatowska, la cronista de nuestras grandes tragedias nacionales, marcha portando una pancarta que dice: “Hoy el cielo llora, mañana la Luna sangra. En la tierra 43 semillas crecen. Serán el sol de la justicia”. Le aplauden, la saludan, la quieren los capitalinos que desde el 68 hasta ahora no habían repetido tanto las consignas contra el Estado represor como en los tiempos del peñismo.

Al filo de las 13:00 horas, el contingente de los padres de familia, fuertemente acordonado, llega a la Glorieta de la Diana, mientras a unos 300 metros, en la Glorieta del Ángel, el conteo del 1 al 43, con el grito de “¡Justicia!” retumba en la avenida.

La lluvia amenaza, pero miles de capitalinos no dejan de llegar para sumarse a la marcha. Muchos recuerdan a los más de 50 mil ciudadanos que protagonizaron la manifestación de las veladoras, aquella noche del 20 de noviembre de 2014, cuando en la plancha del Zócalo capitalino una enorme imagen de veladoras sintetizó el sentir de todos: “Fue el Estado”.

En esta concentración hay menos ciudadanos, más indignación y menos temor ante los grupos de anarquistas o simples provocadores que fueron aislados por los cuerpos policiacos.

En el cruce de avenida 5 de Mayo y el Eje Central, a unas cuadras del Zócalo, un grupo de encapuchados lanzó objetos y bombas de humo contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. La respuesta inmediata de los contingentes fue “No violencia, no violencia”.

Otros encapuchados arrojaron petardos y pinturas contra la sede del Senado de la República, en el cruce de Insurgentes y Reforma, pero fueron repelidos muy pronto por granaderos y elementos de la Policía capitalina.

“Ni la lluvia ni el viento detendrán el movimiento”

Desde las 15 horas, la llovizna se transformó en fría lluvia que bañó a la mayoría de los participantes de la marcha. Pero las consignas no cesaron: “ni la lluvia ni el viento detendrán el movimiento”.

En el Hemiciclo a Juárez, una instalación con fotos de los 43 jóvenes normalistas y la imagen del Palacio Nacional en una réplica de cartón es la síntesis de lo que está sucediendo en el Distrito Federal y en varias ciudades del país: Ayotzinapa atrapó el corazón político del país.

“Ni la lluvia, ni Peña Nieto, detendrán al movimiento”, remedan algunos integrantes del contingente de los telefonistas.

En la plancha del Zócalo continuaron llegando los contingentes de estudiantes, activistas, familias enteras, mientras en la tarima Felipe de la Cruz, vocero de los padres, advirtió que “la mentira histórica fue hecha pedazos por la verdad científica”.

“Peña Nieto se volvió a equivocar: vamos a ajustar cuentas contra él y contra sus funcionarios”, advirtió De la Cruz. Y se volvió a escuchar la consigna: “Fuera Peña, Fuera Peña”.

“Peña acabará en la cárcel”, remató De la Cruz.


Para mediados de octubre, el movimiento de los padres convocó a una convención en Ayotzinapa. Ya no sólo piden encontrar a sus 43 hijos, hacer justicia contra los responsables de la tragedia sino también revocar el mandato del gobierno peñista.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

MEXICANOS PRIMERO DENUNCIA ANTE LA PGR AL LÍDER DE LA CNTE EN MICHOACÁN

Ortega Madrigal “encabeza acciones de chantaje y corrupción”, acusa

La organización Mexicanos Primero presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia en contra del secretario general de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Juan José Ortega Madrigal, a quien acusa de “encabezar acciones de chantaje y corrupción” y lo responsabiliza de “las fallas” del sector educativo en Michoacán.

De acuerdo con el equipo jurídico de la organización (fundada hace diez años por el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, y 12 de sus amigos, todos ellos hombres de poder y dinero, frecuentes en las listas de los más ricos del mundo y del país), la denuncia forma parte de un litigio “estratégico para eliminar diversas irregularidades” en el sector educativo, como los pagos a comisionados, a quienes ha acusado de no trabajar y cobrar de manera ilegal su salario, además de que no se cumplen los programas educativos y se generan “gastos millonarios al estado y la federación”.

La Jornada Michoacán trató de obtener la postura de Ortega Madrigal, quien –a decir uno de sus allegados– estaba en una reunión, por lo que sería hasta hoy cuando el líder de la CNTE en Michoacán ofrezca una conferencia de prensa para hacer declaraciones al respecto.


El 8 de junio pasado, Mexicanos Primero presentó ante la PGR una denuncia en contra del secretario general de la Sección 22 de Oaxaca de la CNTE, Rubén Núñez, a quien acusó de ganar como profesor un salario mensual de 100 mil pesos sin dar clases de forma regular. Núñez rechazó las acusaciones y tramitó un amparo.

En el caso de Ortega Madrigal, Mexicanos Primero pide que sea investigado con el argumento de que no cuenta con la comisión correspondiente oficial otorgada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y no asiste a la escuela a la que está adscrito.

De acuerdo con la denuncia, existen más de 2 mil comisionados en esta misma situación, por lo que también exigirán la respuesta de las autoridades educativas que siguen emitiendo el pago correspondiente.

En el documento dado a conocer por el presidente de Mexicanos Primero, Claudio X González, se señala que Ortega Madrigal ocupa dos plazas docentes en la primaria rural Mariano Matamoros, ubicada en la comunidad El Tesorero, municipio de Apatzingán, y que en el cuarto trimestre de 2013 percibió un salario de 163 mil pesos.


La acusación exige a la PGR investigar otros casos en Michoacán y que se deje de pagar a los comisionados.

FUENTE: LA JORNADA DE MICHOACÁN.
AUTOR: CELIC MENDOZA ADAME.

Albergue canino, promotor de zumba y otras presuntas organizaciones “apoyan” a Arturo Escobar

Las supuestas asociaciones aseguran que "respaldan" al cuestionado subsecretario de Prevención del Delito y le dan su "voto de confianza", en contraste con lo que han dicho organizaciones nacionales, académicos y activistas.

El nombramiento de Arturo Escobar en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación no ha sido bien recibido.

Académicos y organizaciones sociales enviaron una carta la semana pasada al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario Miguel Ángel Osorio Chong, en la que le exigen revocar el nombramiento de Escobar y exponen sus argumentos.

En tanto, para manifestar su rechazo al líder del Partido Verde, el jueves de esta semana, un grupo de ciudadanos clausuró simbólicamente las instalaciones de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana.

Incluso, moneros de la prensa nacional han hecho eco de la oleada contra el funcionario.

Contra todo, Escobar advirtió que él permanecerá en ese cargo hasta que lo decida el Presidente. 

En medio de las críticas en su contra, esta semana han aparecido diversos desplegados en periódicos, firmados por presuntas organizaciones de diferentes estados. Por ejemplo, hoy aparece uno, que suscriben supuestas asociaciones de Guanajuato.

Los firmantes dirigen su pronunciamiento al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien le dicen que Escobar “es una persona con plena capacidad para afrontar tal encomienda, ya que nuestro país requiere de profesionales comprometidos y responsables…”.

Un desplegado parecido apareció en Puebla y San Luis Potosí, donde otras supuestas organizaciones también le dicen a Osorio Chong que le otorgan un “voto de confianza” al líder del Partido Verde.

Varias de las organizaciones que apoyan a Escobar no cuentan con páginas de internet ni existe información en línea sobre ellas.

Pero hay otras de las que sí hay información disponible. Por ejemplo, uno de los firmantes es el Albergue Canino Don Pablo, que en su página de Facebook indica que se encuentra en San Francisco del Rincón, y tiene 2 mil 126 seguidores.

Una de las firmantes es la Fundación Cultural Forjadores de México AC, que en internet describe que tiene el objetivo de “difundir las artesanías, charrería, gastronomía, música, turismo, ecosistemas, inmuebles históricos y otros”.

Formación Integral de Ayuda Interpersonal, otra de las firmantes del desplegado, tiene 66 “likes” en su página de Facebook, donde anuncia clases de Zumba para el próximo 27 de septiembre.

Familias Unidas de Guanajuato, quien también respaldó a Escobar, no tiene página en Facebook pero 9 personas han manifestado que “les gusta”.

Otro de los firmantes es Desarrollo de Soluciones en Construcción, que en su página web se describe como “un grupo de profesionales en Geotécnia, laboratorio de control y verificación de calidad, supervisión de obras y estudios de ingeniería, sumando 18 años de experiencia en carreteras, puentes, caminos en operación y estructuras civiles”.

El desplegado de las organizaciones guanajuatenses:

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

La temible “China” y su novio “traidor”

MÉXICO, D.F: El reinado de terror de Melissa Margarita Calderón Ojeda ‘La China’, una de las pocas mujeres que ha cobrado notoriedad en el mundo del narcotráfico, se vino abajo cuando estaba a punto de subirse a un avión para abandonar el estado de Baja California Sur. La delató su novio Pedro Héctor Gómez Camarena ‘El Chino’, detenido en julio pasado.

Durante años Calderón Ojeda –sobre la cual recaen las muertes de unas 170 personas– tuvo a su cargo las fuerzas especiales del cártel de Sinaloa, “Los Dámaso”, pero se independizó cuando anunciaron su descenso de categoría y decidió formar su propia organización criminal.


‘La China’ declaró la guerra a sus antiguos patrones y socios, e intentó tomar el control de La Paz y luego de Los Cabos. Con ella a la cabeza, ‘El Chino’ tomó el papel de segundo al mando; Sergio ‘El Scar’ Beltrán se convirtió en asesino en jefe; Rogelio ‘El Tyson’ Franco quedó como responsable de la logística, y Pedro ‘El Peter’ Cisneros fue nombrado jefe de ventas de narcóticos y de eliminación de cuerpos de enemigos.

Tras ser buscada durante años, Calderón Ojeda, que se dio a conocer por secuestrar a sus víctimas y desmembrar sus cuerpos, fue aprehendida el pasado sábado 19. Desde la captura de su novio Pedro Héctor Gómez Camarena, la temida mujer se vio más acorralada por las autoridades, que le tendieron un cerco cuando pretendía huir de Baja California Sur desde el aeródromo de Cabo San Lucas.

Con una reputación forjada a sangre y fuego, la “narcotraficante más poderosa de México” ya no pudo huir. Su reinado de terror cayó por una traición de su novio, que negoció mejores condiciones con las autoridades y la entregó. No obstante, el secretario de Gobierno de Baja California Sur, Álvaro de la Peña, destacó que hallaron a Melissa “gracias al intercambio de información de inteligencia”.

Su captura se hizo “de una manera totalmente limpia, sin armas de fuego, sin disparo alguno”, presumió.

A cambio de una reducción de la pena, ‘El Chino’ no sólo entregó a su pareja, también reveló detalles del funcionamiento de la organización liderada por ésta y reveló la ubicación del “cementerio” secreto, donde habían ocultado los cuerpos de sus víctimas.

Las fuerzas de seguridad llegaron a fosas clandestinas ordenadas por la asesina a sueldo, donde estaban enterrados dos hombres y tres mujeres en la comunidad de El Comitán, al norte de La Paz.

Según su declaración, el sicario “no recordó el punto exacto de la ubicación de las fosas”, pero expuso que el responsable de cavar las tumbas y enterrar a las víctimas había sido Pedro Cisneros Silva ‘El Peter’ o ‘El Chapo’, a quien describió así: “Es de 50 años, complexión delgada, tez clara, cabello corto y de 1.50 metros de altura aproximada”.

Durante el interrogatorio, develó que en el bajo mundo también solía presentarse como “Edgar Leonel Meraz Félix” y/o “Edgar Leonel Palacios”, quien ofreció incluso dos direcciones de casas de seguridad de su cómplice, a quien identificó como el “enterrador”.

El primero de los domicilios corresponde a la calle de San Ramón y Santa Isabel en la colonia Santa Fe, y el segundo en Bahía de La Paz en la colonia Fovissste de La Paz.

El criminal ofreció información clave sobre las redes de vínculos criminales de ‘La China’ con las policías municipal y estatal y dijo que había agentes involucrados en la organización delictiva.

Y así cayó ‘La China’, a quien el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, que el 31 de julio escapó por un túnel del penal de máxima segridad del Altiplano, le tenía gran confianza y la había puesto al mando de sus sicarios, pero finalmente la sociedad se rompió.


Melissa Margarita calderón Ojeda se encuentra en proceso de ser interrogada en la Ciudad de México y el próximo año enfrentará un juicio por los más de 150 asesinatos que supuestamente ella misma cometió.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN (REDACCIÓN)

El INAI ordena a la Semarnat entregar versiones públicas sobre ríos afectados en Sonora

MÉXICO, D.F: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) entregar las versiones públicas de los estudios para la remediación de los ríos Río Bacanuchi y Sonora, afectados por el derrame de sulfato de cobre ocurrido el 5 de agosto del año pasado. , turnado a la comisionada Areli Cano Guadiana.

Después de que un particular solicitó los estudios que se hicieron de agosto de 2014 al 12 de mayo de 2015 sobre el derrame de sulfato de cobre de la minera Buenavista del Cobre a los ríos señalados, la Semarnat sólo proporcionó ligas electrónicas y aseguró que no había realizado ningún estudio sobre el derrame de sulfato de cobre, que según el gobierno federal fue el más grave en la historia reciente de la industria minera en México.

La dependencia señaló que contaba con información presentada por las empresas Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, que incluía estudios para llevar a cabo la remediación de la cuenca del río Bacanuchi, afluente del Río Sonora, pero que estaba clasificada como reservada con base en el artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia, por encontrarse en etapa deliberativa.

Además de que la documentación contenía información confidencial, propiedad de la empresa que presentó la propuesta de remediación, atinente a los procesos, insumos, técnicas y procedimientos para la remediación de la zona, por lo que se actualizaba la causal de información confidencial prevista en los artículos 18, fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia en relación con el artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial.

Inconforme con la respuesta, el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el IFAI, que al realizar el análisis de las constancias del expediente concluyó que no existe un proceso deliberativo y que la información no se refiere a recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos, sino a niveles de cumplimiento de reparación del daño, previamente establecidos en normas oficiales mexicanas.

Aunado a ello, que los estudios no se encuentran relacionados con procesos productivos, económicos y/o comerciales de las empresas, y que la información no permitiría obtener ventajas competitivas o económicas ante terceros.

La comisionada Areli Cano Guadiana, responsable del proyecto, expresó la importancia de contar con caudales que no representen un riesgo para la salud, pues en el caso de los ríos Bacanuchi y Sonora son los principales afluentes de abastecimiento de agua para las poblaciones aledañas y permiten el desarrollo de actividades urbanas agropecuarias e industriales, como la minera, que pueden impactar en el equilibrio ambiental.

Con base en ello, el pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la Semarnat y le instruyó a proporcionar una versión pública, protegiendo los datos personales, de los estudios que se hubieran realizado desde agosto de 2014 hasta el 12 de mayo de 2015, con motivo del derrame de sulfato de cobre a los ríos Bacanuchi y Sonora.

Es decir, los estudios de caracterización y de evaluación de riesgo ambiental presentados como parte de los requisitos dentro del expediente SEMARNAT-07-035-A Remediación, Emergencia Ambiental, por las empresas Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones.


Apenas en agosto pasado, el INAI ordenó a la misma dependencia entregar una nueva versión pública de la Cédula de Operación Anual presentada por la minera Buenavista del Cobre, implicada en el derrame de 40 mil metros cúbicos de materiales tóxicos en los Ríos Sonora y Bacanuchi en agosto de 2014.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Muere defensor de pacientes con VIH por hepatitis no atendida por SS de Colima

COLIMA, Col: Jorge Iglesias de la Cruz, pionero en el activismo por los derechos de los pacientes con VIH en esta entidad, murió la tarde del jueves en el Hospital Regional Universitario como consecuencia de hepatitis “C”, enfermedad que padeció durante cuatro años y para la que no recibió tratamiento médico por parte de la Secretaría de Salud y Bienestar Social (SSyBS) del Gobierno del Estado.

Portador del VIH desde hace dos décadas, Iglesias de la Cruz fue el primer paciente que, dentro de la lucha contra la estigmatización por esa enfermedad, reveló públicamente su condición de seropositivo.

A partir de 1998 fue representante en Colima del Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH (Frenpavih) y promovió la creación de agrupaciones locales por la defensa de este sector, entre ellas Amigos Colimenses contra el VIH/sida (Acolsida).

En la actualidad era miembro del Consejo Municipal contra la Discriminación en la ciudad de Colima.

Una de sus últimas luchas fue para que la SSyBS proporcionara los fármacos para tratar la hepatitis “C” a los pacientes con VIH, pero no obtuvo respuesta positiva de parte del titular de la dependencia, Agustín Lara Esqueda, con el argumento de que no se lo permitían las Reglas de Operación del Seguro Médico Popular.

Por esa razón, en diversas ocasiones Jorge Iglesias pidió la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), la última de ellas el 19 de febrero de este año, cuando demandó a través de su queja 104/15 a Lara Esqueda autorizar “que me den el medicamento que por tanto tiempo le he pedido, ya que mi salud se deteriora día a día y corro peligro de morir”.

En su escrito interpuesto ante el organismo humanitario, del que Apro informó a través de una nota fechada el 1 de abril pasado, expuso:

“El año pasado acudí con el especialista del Seguro Popular y en vez de darme el medicamento correcto me recomendó comprar unos que sólo se venden en el extranjero y tienen el precio de varios miles de dólares, los cuales por ningún motivo los tengo”.

Semanas después de la presentación de la queja, el 17 de marzo, la Secretaría de Salud, a través del oficio 128/2015, entregado en las oficinas de la CDHEC, ratificó su negativa a “la reiterada e insistente pretensión del C. Jorge Iglesias de la Cruz”, quien “sabe y le consta que su estatus como persona cero positivo (sic) se encuentra dentro de los criterios de exclusión que el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema Nacional de Salud emitió a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos”.

Tras mencionar que el representante del Frenpavih se encontraba dentro de tres “criterios de exclusión” —ser mayor de 50 años de edad, portador del VIH y haber tenido terapia previa con interferón o ribavirina—, la dependencia argumentó a través de Álvaro Ramírez Castillo, coordinador de Asuntos Jurídicos de la SS, que “al estar contraviniendo las reglas de operación por parte de la dependencia, esto es, dar los tratamientos médicos al paciente estando en estatus de exclusión de acuerdo a los lineamientos, estaríamos sujetos a una auditoría u observación”.

En respuesta, el activista hizo notar que semanas antes en el Hospital Regional Universitario el médico le había recomendado el tratamiento para atender la hepatitis “C”, por lo que “vislumbro una clara contradicción de parte del personal de la Secretaría de Salud, pues primero me excluyen del tratamiento y después me recomiendan continuar con él”.

Después de esa diligencia, Iglesias se desistió de la queja, pidió una copia certificada de todo lo actuado y envió la documentación al coordinador del Programa de Atención a Personas con VIH de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ricardo Hernández Forcada, con la petición de su intervención en este asunto.

En esa ocasión, Jorge Iglesias declaró a esta agencia informativa que los criterios de exclusión para la atención de pacientes con hepatitis “C” aprobados por el Sistema Nacional de Salud son violatorios de los derechos humanos y se contraponen al derecho a la salud garantizado en la Constitución.

En 2013, a raíz de otra queja de Jorge Iglesias, la CDHEC había solicitado medidas cautelares a su favor, para que la SSyBS le otorgara los medicamentos que necesitaba conforme a los estudios clínicos que se le habían realizado, pero aquéllas fueron rechazadas por el titular de la dependencia.

Ante esto, el entonces presidente de la CDHEC, Roberto Chapula de la Mora, calificó como una “actitud criminal” la negativa de Agustín Lara Esqueda, quien desde aquella ocasión invocó los mismos “criterios de exclusión”.

En declaraciones realizadas entonces, Chapula de la Mora informó que eran alrededor de 70 pacientes con VIH en Colima los que no recibían tratamiento de la SSyBS para hepatitis “C”, por lo que cuestionó:

“En casos de este tipo, donde se encuentra en riesgo la vida de la persona, no solamente debe verse el aspecto jurídico, sino también el humanitario (…). ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI las instituciones nieguen el derecho a la salud?”.

Así también, exhortó a Agustín Lara Esqueda a garantizar el derecho constitucional a la salud, y responsabilizó al funcionario de los riesgos que sufriera Jorge Iglesias por la falta de los medicamentos, además de que envió un oficio al gobernador, Mario Anguiano Moreno, en el que le notificó la situación, en espera de que tomara las medidas necesarias para “hacer rectificar” la postura de su colaborador.

Néstor López Hernández, amigo cercano de Jorge Iglesias, informó que ante la falta del tratamiento para la hepatitis “C” el activista tomaba en algunos periodos té de sábila y árnica para disminuir las inflamaciones del hígado y atenuar los dolores, pero ello sólo le sirvió como paliativo, porque las últimas semanas ya tenía este órgano a un 210% de su tamaño normal.

Aunado a esto, hace poco más de un mes el fundador de Acolsida enfermó de chikungunya, lo que le provocó una baja del nivel de defensas y de plaquetas, a la vez que agravó la situación de su padecimiento hepático.

De acuerdo con Néstor López, integrante de Acolsida y Frenpavih, el médico que atendió a Jorge Iglesias en el Hospital Regional Universitario le informó que la causa directa de su muerte fue la hepatitis “C”, debido a que “no recibió a tiempo el tratamiento”.


Los restos de Jorge Iglesias fueron cremados la mañana de este jueves y, después de una ceremonia religiosa, sus cenizas serán depositadas en un nicho de la Iglesia del Carmen, en la colonia El Moralete de la capital del estado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.

“Periodistas en Veracruz vivimos una absurda violencia”: Enrique Osorno

“La violencia contra periodistas en Veracruz ha prendido las alertas en el país; es urgente la alianza con la sociedad civil para frenar ataques”, consideró el periodista, Diego Enrique Osorno

En su participación en el foro de Diálogos interdisciplinarios por la paz, convocado por la Universidad Veracruzana (UV), afirmó que el caso de 14 periodistas asesinados ha generado una grave crisis en el gremio.

Osorno señaló que en momentos de crisis hay que buscar salidas: “Lo que está pasando en Veracruz debe ser atendido por el gobierno federal o autoridades internacionales de forma urgente, o se generará impunidad y eso a su vez va a extender la violencia en el país”.

Y que la indignación del gremio ante las agresiones, nada tiene que ver con activismo: “El periodista debe trabajar para buscar la verdad, quien diga que un periodista es activista por protestar, me parece imbécil”.

Añadió que ante la impunidad y la alianza del gobierno con los entes agresores, sólo les queda aliarse con la sociedad civil, y los periodistas que están fuera del estado: “La situación de los periodistas en Veracruz es grave, y la sociedad debe participar para la defensa”, dijo.

En otros países la seguridad del gremio no se ha dado por la presión de éste, sino de la sociedad al gobierno, cosa que no ha sucedido en el país, dice, “porque el desprestigio de la clase política también ha alcanzado el oficio del periodismo.”


Reiteró la urgente necesidad de que los informadores se acerquen a la sociedad, para hacer frentes comunes de defensa.

FUENTE: LA JORNADA.