Javier Duarte rompe con los Yunes priístas; los manda a pescar "otros peces más gordos"

Ante miles de cenecistas, el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa envió un claro mensaje a los dos senadores y aspirantes de su partido a la gubernatura, Héctor Yunes Landa y José Yunes Zorrilla.

Utilizando el cumpleaños número 57 de Yunes Landa, el mandatario estatal lo mencionó en los amplios saludos que acostumbra hacer antes de sus discursos, argumentando su afición a la pesca, tomó una caña de pescar y se la entregó al legislador.

“Me permito regalarle al senador, esta caña de pescar, para que pesque esos peces gordos que busca y le recomiendo, aquí, muy cerquita de aquí en el estero, hay unos peces gordos muy importantes que puede pescar con esta caña”, expresó el mandatario estatal seguido de los vitores de los asistentes y las caras de asombro de los políticos que lo acompañaban en el templete.

Se tiene que recorrer las calles para exigir la verdad de los 43 desaparecidos: Normalistas

“Ni frutsis ni pingüinos, somos estudiantes” retumbó durante la marcha de normalistas, universitarios, organizaciones no gubernamentales al conmemorarse un año de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Más de 3 mil personas se unieron a lo que se denominó “Acción Global por Ayotzinapa”, y marcharon desde la escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” hasta la Plaza Lerdo donde a lo largo del trayecto lanzaron consignas contra el gobierno federal y estatal, así como exigir la aparición con vida de los 43 de Ayotzinapa.

A pesar de la llovizna, decidieron sumarse a la principal petición: la verdad sobre lo ocurrido aquella noche de 26 de septiembre en Iguala, Guerrero “porque no queremos la verdad independiente, la verdad oficial y mucho menos la verdad histórica”.

Aunque apenas hace un par de días el gobernador Javier Duarte de Ochoa instruyó que no hubiera presencia de policías, sí se alcanzaron a observar algunos informadores políticos mejor conocidos como políticos.

Fuera de este hecho, la marcha se realizó en completa calma y con participación de organizaciones como Recive, Lavida y el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, así como normalistas y estudiantes de la Universidad Veracruzana.

Durante el mitin realizado en la plaza Lerdo se resaltó que Xalapa se sumó a la Acción Global por Ayotzinapa con tal de demandar en primer lugar la aparición de los 43 estudiantes normalistas.

Dentro de las protestas no sólo se reprochó al gobierno federal por la desaparición de los estudiantes, sino que no ha tenido interés alguno por aclarar este hecho.

Gobierno ha fallado

El gobierno federal ha fallado en esclarecer la artera desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y eso ha generado un despertar de la conciencia no sólo de los estudiantes sino de la sociedad en general, señaló el director de la Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, Fidel Hernández Fernández, al ser entrevistado previo a la marcha de este sábado realizada en conmemoración de los 43 desaparecidos.

El maestro aseguró que este crimen de lesa humanidad no debe quedar impune y se debe exigir que se llegue a la verdad histórica y no lo que han dicho las autoridades, que según expresó, demuestra que no fue ni verdadera ni certera.

Con respecto al panorama estatal, Hernández Fernández dijo que los maestros luchan no sólo por la educación, sino por todos porque la ciudadanía debe unirse a la exigencia para el esclarecimiento de este caso sin precedentes.

Además, precisó que las marchas a las que ha convocado la Normal Veracruzana nunca han sido violentas ni se ha generado hechos de violencia, por lo que el aviso de las autoridades estatales en el sentido de que no presenciaría la marcha personal de la Secretaría de Seguridad Pública no tiene ninguna razón.

Queremos la verdad: normalistas

La exigencia de la verdad en el caso de los normalistas desaparecidos en Guerrero tiene que ser a gritos porque las autoridades tienen oídos sordos y se niega a oír la exigencia de justicia de la sociedad, señaló el profesor integrante del Sindicato Normalista de Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SNTEV), José Luis Martínez.

Alertó que el gobierno le apuesta a que la sociedad olvide este caso, que se diluya entre tantas otras exigencias pero que los mexicanos recorren sus ciudades con una sola petición: la verdad.

“Queremos una verdad sin adjetivos, no verdades oficiales, ni mediáticas, ni verdades independientes y mucho menos verdades históricas (…) deseamos, buscamos, exigimos la verdad porque la verdad nos hará libres del dolor del dolor de los padres y los hermanos que sufren las ausencias, del dolor que nos lastima por la justicia infringida contra el débil, por la violencia del poderoso, por la imposición de la mentira más ignominiosa”.


Por ello, dijo que el Sindicato Normalista se suma a todas las voces para decirles al gobierno federal y a los gobiernos de cada uno de los estados del país, que basta de cubrirse unos a otros como una banda de facinerosos, de delincuentes que han tomado al país como rehén.

FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ.
LINK: http://www.jornadaveracruz.com.mx/se-tiene-que-recorrer-las-calles-para-exigir-la-verdad-de-los-43-desaparecidos-normalistas/

Ortega: “La intención del gobierno federal era arrasar la Normal”

El secretario de Gobernación propuso en diciembre una ocupación violenta de la Normal de Ayotzinapa, asegura a este semanario el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez. Su intención, afirma en entrevista, era dar carpetazo al caso de los 43 desaparecidos y arrasar su escuela, aun cuando eso significara un baño de sangre. El pretexto que esgrimía el funcionario federal era que los estudiantes de ese plantel planeaban hacer arder en su totalidad la ciudad de Chilpancingo.

ACAPULCO, Gro:  El pasado diciembre, el gobierno de Enrique Peña Nieto pretendía dar carpetazo al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y planeaba tomar violentamente la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, sin importar que ello significara una matanza.

Así lo dice a Proceso el gobernador sustituto de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez. Sostiene que se opuso al planteamiento de tomar la escuela rural por la fuerza, propuesto desde la Secretaría de Gobernación (Segob).

Con 11 meses como gobernador de un estado sumido en el caos por la convulsión social y la violencia permanente del crimen organizado, Ortega, catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y fundador del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano, reflexiona sobre las dificultades de su mandato al cumplirse un año de la tragedia de Iguala, donde además seis personas fueron ejecutadas extrajudicialmente y más de 40 resultaron heridas.

Entrevistado el lunes 21 en la residencia oficial Casa Acapulco, en la exclusiva zona de Pichilingue del puerto guerrerense, narra algunas de las diferencias que tuvo con Osorio Chong para atender la conflictividad social.

Reproduce el diálogo vía internet que tuvo con Osorio Chong y “mandos” de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, de la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) una madrugada de diciembre que no pudo identificar con claridad.

Designado gobernador el 26 de octubre de 2014, para suplir al defenestrado perredista Ángel Aguirre Rivero, Rogelio Ortega fue dirigente estudiantil de la UAG en el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa, en cuya administración fue detenido y torturado durante ocho días en mazmorras custodiadas por Mario Arturo Acosta Chaparro, entonces responsable de las corporaciones policiacas de la entidad (Proceso 1983).

Chilpancingo en llamas

Dice Ortega que se había corrido la versión de que “miles de contingentes iban a salir de Ayotzinapa por la noche para ir a quemar todos los edificios públicos en Chilpancingo. Iba a ser la mayor tragedia de la historia con el riesgo de que se extendiera a toda la población”.

A través del chat que tiene el mandatario con las instancias federales, se le informó que en la intentona participarían 4 mil personas que supuestamente esa noche estaban concentradas en la escuela rural, a media hora de la capital guerrerense, con todo lo necesario para el incendio.

Instalada la IX Región Militar en Chilpancingo, y la VII Naval en Acapulco, y con refuerzos de 12 mil efectivos del Ejército y mil 200 de Gendarmería, el planteamiento que se le hizo a Ortega para “abortar” el supuesto plan de los normalistas y organizaciones aliadas, era la toma por asalto de la escuela.

Sin titubeos, sostiene que en el chat con el gobierno federal se le dijo que “la única forma es ir a tomar de una vez Ayotzinapa. O bien, en el tramo carretero dejarlos avanzar cinco kilómetros, poner un tope adelante y atrás y ahí ya detenerlos”.

En ese momento, era de madrugada, tras escuchar el plan de los “mandos”, lo que imaginó Ortega es que de llevarlo a cabo “hubiera sido una batalla campal”.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2030, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Policías cercan Iguala por marcha; vigilan plaza comercial propiedad de Abarca

IGUALA, Gro: Decenas de policías estatales mantienen cercada esta ciudad donde padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa anunciaron una marcha para seguir exigiendo justicia a un año de la tragedia.

Los agentes resguardan el centro comercial Galerías Tamarindos, propiedad de José Luis Abarca Velázquez, expresidente municipal perredista de Iguala que se encuentra preso por sus presuntos nexos con el narco y señalado como responsable de la cacería desatada contra los normalistas que dejó un saldo de seis muertos, una decena de heridos y 43 normalistas desaparecidos.

VIDEO:

https://www.periscope.tv/w/1ypKdDzPWqjKW



La plaza comercial se ubica frente al cuartel del 27 Batallón de Infantería donde fueron colocadas barricadas alambradas en el portón de acceso principal.

Mientras que otro bloque de uniformados se encuentra apostado en la entrada sur de Iguala, sobre la carretera federal México-Acapulco, en el entronque que conecta esta localidad con el poblado El Tomatal.

En este punto, los policías con equipo antimotín revisan los autobuses que ingresan a la ciudad donde el año pasado agentes municipales, federales y soldados actuaron en contubernio con el narco para atacar y desaparecer a los normalistas de Ayotzinapa.

Informes oficiales refieren que al menos 12 autobuses salieron de la Normal de Ayotzinapa rumbo a esta ciudad, donde pretenden realizar una marcha para conmemorar el primer aniversario de la tragedia de Iguala.


Las unidades con normalistas a bordo llegaron a las 12:20 horas a esta localidad y ya se preparan para la marcha.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Y un año después “ni la lluvia, ni Peña, detendrán al movimiento”

MÉXICO, D.F: Afluentes de muchas causas, sindicatos, universidades, organizaciones civiles, ciudadanos confluyeron desde el mediodía en la avenida Reforma en una tarde sabatina nublada. Es el primer año de la tragedia de Iguala. Es la primera gran marcha de la indignación en contra de la “mentira histórica” del gobierno de Peña Nieto.

Ya no se trata sólo de pedir justicia, sino de “ajustar cuentas” con la administración federal que en los últimos meses perdió todo su capital político frente a la incansable movilización de los padres de los normalistas de Ayotzinapa.

Todos esperamos desde las distintas glorietas y monumentos, de la Estela de Luz hasta el Ángel de la Independencia, al contingente de los héroes cívicos de este primer año trágico: los invencibles padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa que marchan desde Los Pinos con sus 43 rostros y miles de carteles con una tortuga que nos mira, el símbolo de esta manifestación.

Causa de causas, Ayotzinapa se ha convertido en el crisol no sólo de un grito constante “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, sino también del enorme descontento que marcha en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Al Ángel de la Independencia llegaron con sus machetes y encabezados por Ignacio del Valle los ejidatarios de San Salvador Atenco. Ellos saben, desde mayo de 2006, de qué tamaño es la represión y la impunidad del peñismo.

También decenas de organizaciones sindicales, desde el SME hasta los telefonistas, el STUNAM, y los estudiantes de universidades privadas, de los CCH de Vallejo, Naucalpan, Azcapotzalco, de las facultades de Economía, Políticas, FES Acatlán, FES Aragón, de la escuela Carlos Septién, cuyos alumnos marchan y, al mismo tiempo, entrevistan, quieren captar el momento intenso de esta jornada.

Inseparable con su cámara, el documentalista Epigmenio Ibarra transmite en vivo y convoca, una vez más, al “pase de lista” de los 43 desaparecidos que él ha realizado con inquebrantable fidelidad todos los días en su cuenta de Twitter.

Elena Poniatowska, la cronista de nuestras grandes tragedias nacionales, marcha portando una pancarta que dice: “Hoy el cielo llora, mañana la Luna sangra. En la tierra 43 semillas crecen. Serán el sol de la justicia”. Le aplauden, la saludan, la quieren los capitalinos que desde el 68 hasta ahora no habían repetido tanto las consignas contra el Estado represor como en los tiempos del peñismo.

Al filo de las 13:00 horas, el contingente de los padres de familia, fuertemente acordonado, llega a la Glorieta de la Diana, mientras a unos 300 metros, en la Glorieta del Ángel, el conteo del 1 al 43, con el grito de “¡Justicia!” retumba en la avenida.

La lluvia amenaza, pero miles de capitalinos no dejan de llegar para sumarse a la marcha. Muchos recuerdan a los más de 50 mil ciudadanos que protagonizaron la manifestación de las veladoras, aquella noche del 20 de noviembre de 2014, cuando en la plancha del Zócalo capitalino una enorme imagen de veladoras sintetizó el sentir de todos: “Fue el Estado”.

En esta concentración hay menos ciudadanos, más indignación y menos temor ante los grupos de anarquistas o simples provocadores que fueron aislados por los cuerpos policiacos.

En el cruce de avenida 5 de Mayo y el Eje Central, a unas cuadras del Zócalo, un grupo de encapuchados lanzó objetos y bombas de humo contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. La respuesta inmediata de los contingentes fue “No violencia, no violencia”.

Otros encapuchados arrojaron petardos y pinturas contra la sede del Senado de la República, en el cruce de Insurgentes y Reforma, pero fueron repelidos muy pronto por granaderos y elementos de la Policía capitalina.

“Ni la lluvia ni el viento detendrán el movimiento”

Desde las 15 horas, la llovizna se transformó en fría lluvia que bañó a la mayoría de los participantes de la marcha. Pero las consignas no cesaron: “ni la lluvia ni el viento detendrán el movimiento”.

En el Hemiciclo a Juárez, una instalación con fotos de los 43 jóvenes normalistas y la imagen del Palacio Nacional en una réplica de cartón es la síntesis de lo que está sucediendo en el Distrito Federal y en varias ciudades del país: Ayotzinapa atrapó el corazón político del país.

“Ni la lluvia, ni Peña Nieto, detendrán al movimiento”, remedan algunos integrantes del contingente de los telefonistas.

En la plancha del Zócalo continuaron llegando los contingentes de estudiantes, activistas, familias enteras, mientras en la tarima Felipe de la Cruz, vocero de los padres, advirtió que “la mentira histórica fue hecha pedazos por la verdad científica”.

“Peña Nieto se volvió a equivocar: vamos a ajustar cuentas contra él y contra sus funcionarios”, advirtió De la Cruz. Y se volvió a escuchar la consigna: “Fuera Peña, Fuera Peña”.

“Peña acabará en la cárcel”, remató De la Cruz.


Para mediados de octubre, el movimiento de los padres convocó a una convención en Ayotzinapa. Ya no sólo piden encontrar a sus 43 hijos, hacer justicia contra los responsables de la tragedia sino también revocar el mandato del gobierno peñista.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

MEXICANOS PRIMERO DENUNCIA ANTE LA PGR AL LÍDER DE LA CNTE EN MICHOACÁN

Ortega Madrigal “encabeza acciones de chantaje y corrupción”, acusa

La organización Mexicanos Primero presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia en contra del secretario general de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Juan José Ortega Madrigal, a quien acusa de “encabezar acciones de chantaje y corrupción” y lo responsabiliza de “las fallas” del sector educativo en Michoacán.

De acuerdo con el equipo jurídico de la organización (fundada hace diez años por el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, y 12 de sus amigos, todos ellos hombres de poder y dinero, frecuentes en las listas de los más ricos del mundo y del país), la denuncia forma parte de un litigio “estratégico para eliminar diversas irregularidades” en el sector educativo, como los pagos a comisionados, a quienes ha acusado de no trabajar y cobrar de manera ilegal su salario, además de que no se cumplen los programas educativos y se generan “gastos millonarios al estado y la federación”.

La Jornada Michoacán trató de obtener la postura de Ortega Madrigal, quien –a decir uno de sus allegados– estaba en una reunión, por lo que sería hasta hoy cuando el líder de la CNTE en Michoacán ofrezca una conferencia de prensa para hacer declaraciones al respecto.


El 8 de junio pasado, Mexicanos Primero presentó ante la PGR una denuncia en contra del secretario general de la Sección 22 de Oaxaca de la CNTE, Rubén Núñez, a quien acusó de ganar como profesor un salario mensual de 100 mil pesos sin dar clases de forma regular. Núñez rechazó las acusaciones y tramitó un amparo.

En el caso de Ortega Madrigal, Mexicanos Primero pide que sea investigado con el argumento de que no cuenta con la comisión correspondiente oficial otorgada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y no asiste a la escuela a la que está adscrito.

De acuerdo con la denuncia, existen más de 2 mil comisionados en esta misma situación, por lo que también exigirán la respuesta de las autoridades educativas que siguen emitiendo el pago correspondiente.

En el documento dado a conocer por el presidente de Mexicanos Primero, Claudio X González, se señala que Ortega Madrigal ocupa dos plazas docentes en la primaria rural Mariano Matamoros, ubicada en la comunidad El Tesorero, municipio de Apatzingán, y que en el cuarto trimestre de 2013 percibió un salario de 163 mil pesos.


La acusación exige a la PGR investigar otros casos en Michoacán y que se deje de pagar a los comisionados.

FUENTE: LA JORNADA DE MICHOACÁN.
AUTOR: CELIC MENDOZA ADAME.

Albergue canino, promotor de zumba y otras presuntas organizaciones “apoyan” a Arturo Escobar

Las supuestas asociaciones aseguran que "respaldan" al cuestionado subsecretario de Prevención del Delito y le dan su "voto de confianza", en contraste con lo que han dicho organizaciones nacionales, académicos y activistas.

El nombramiento de Arturo Escobar en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación no ha sido bien recibido.

Académicos y organizaciones sociales enviaron una carta la semana pasada al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario Miguel Ángel Osorio Chong, en la que le exigen revocar el nombramiento de Escobar y exponen sus argumentos.

En tanto, para manifestar su rechazo al líder del Partido Verde, el jueves de esta semana, un grupo de ciudadanos clausuró simbólicamente las instalaciones de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana.

Incluso, moneros de la prensa nacional han hecho eco de la oleada contra el funcionario.

Contra todo, Escobar advirtió que él permanecerá en ese cargo hasta que lo decida el Presidente. 

En medio de las críticas en su contra, esta semana han aparecido diversos desplegados en periódicos, firmados por presuntas organizaciones de diferentes estados. Por ejemplo, hoy aparece uno, que suscriben supuestas asociaciones de Guanajuato.

Los firmantes dirigen su pronunciamiento al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien le dicen que Escobar “es una persona con plena capacidad para afrontar tal encomienda, ya que nuestro país requiere de profesionales comprometidos y responsables…”.

Un desplegado parecido apareció en Puebla y San Luis Potosí, donde otras supuestas organizaciones también le dicen a Osorio Chong que le otorgan un “voto de confianza” al líder del Partido Verde.

Varias de las organizaciones que apoyan a Escobar no cuentan con páginas de internet ni existe información en línea sobre ellas.

Pero hay otras de las que sí hay información disponible. Por ejemplo, uno de los firmantes es el Albergue Canino Don Pablo, que en su página de Facebook indica que se encuentra en San Francisco del Rincón, y tiene 2 mil 126 seguidores.

Una de las firmantes es la Fundación Cultural Forjadores de México AC, que en internet describe que tiene el objetivo de “difundir las artesanías, charrería, gastronomía, música, turismo, ecosistemas, inmuebles históricos y otros”.

Formación Integral de Ayuda Interpersonal, otra de las firmantes del desplegado, tiene 66 “likes” en su página de Facebook, donde anuncia clases de Zumba para el próximo 27 de septiembre.

Familias Unidas de Guanajuato, quien también respaldó a Escobar, no tiene página en Facebook pero 9 personas han manifestado que “les gusta”.

Otro de los firmantes es Desarrollo de Soluciones en Construcción, que en su página web se describe como “un grupo de profesionales en Geotécnia, laboratorio de control y verificación de calidad, supervisión de obras y estudios de ingeniería, sumando 18 años de experiencia en carreteras, puentes, caminos en operación y estructuras civiles”.

El desplegado de las organizaciones guanajuatenses:

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

La temible “China” y su novio “traidor”

MÉXICO, D.F: El reinado de terror de Melissa Margarita Calderón Ojeda ‘La China’, una de las pocas mujeres que ha cobrado notoriedad en el mundo del narcotráfico, se vino abajo cuando estaba a punto de subirse a un avión para abandonar el estado de Baja California Sur. La delató su novio Pedro Héctor Gómez Camarena ‘El Chino’, detenido en julio pasado.

Durante años Calderón Ojeda –sobre la cual recaen las muertes de unas 170 personas– tuvo a su cargo las fuerzas especiales del cártel de Sinaloa, “Los Dámaso”, pero se independizó cuando anunciaron su descenso de categoría y decidió formar su propia organización criminal.


‘La China’ declaró la guerra a sus antiguos patrones y socios, e intentó tomar el control de La Paz y luego de Los Cabos. Con ella a la cabeza, ‘El Chino’ tomó el papel de segundo al mando; Sergio ‘El Scar’ Beltrán se convirtió en asesino en jefe; Rogelio ‘El Tyson’ Franco quedó como responsable de la logística, y Pedro ‘El Peter’ Cisneros fue nombrado jefe de ventas de narcóticos y de eliminación de cuerpos de enemigos.

Tras ser buscada durante años, Calderón Ojeda, que se dio a conocer por secuestrar a sus víctimas y desmembrar sus cuerpos, fue aprehendida el pasado sábado 19. Desde la captura de su novio Pedro Héctor Gómez Camarena, la temida mujer se vio más acorralada por las autoridades, que le tendieron un cerco cuando pretendía huir de Baja California Sur desde el aeródromo de Cabo San Lucas.

Con una reputación forjada a sangre y fuego, la “narcotraficante más poderosa de México” ya no pudo huir. Su reinado de terror cayó por una traición de su novio, que negoció mejores condiciones con las autoridades y la entregó. No obstante, el secretario de Gobierno de Baja California Sur, Álvaro de la Peña, destacó que hallaron a Melissa “gracias al intercambio de información de inteligencia”.

Su captura se hizo “de una manera totalmente limpia, sin armas de fuego, sin disparo alguno”, presumió.

A cambio de una reducción de la pena, ‘El Chino’ no sólo entregó a su pareja, también reveló detalles del funcionamiento de la organización liderada por ésta y reveló la ubicación del “cementerio” secreto, donde habían ocultado los cuerpos de sus víctimas.

Las fuerzas de seguridad llegaron a fosas clandestinas ordenadas por la asesina a sueldo, donde estaban enterrados dos hombres y tres mujeres en la comunidad de El Comitán, al norte de La Paz.

Según su declaración, el sicario “no recordó el punto exacto de la ubicación de las fosas”, pero expuso que el responsable de cavar las tumbas y enterrar a las víctimas había sido Pedro Cisneros Silva ‘El Peter’ o ‘El Chapo’, a quien describió así: “Es de 50 años, complexión delgada, tez clara, cabello corto y de 1.50 metros de altura aproximada”.

Durante el interrogatorio, develó que en el bajo mundo también solía presentarse como “Edgar Leonel Meraz Félix” y/o “Edgar Leonel Palacios”, quien ofreció incluso dos direcciones de casas de seguridad de su cómplice, a quien identificó como el “enterrador”.

El primero de los domicilios corresponde a la calle de San Ramón y Santa Isabel en la colonia Santa Fe, y el segundo en Bahía de La Paz en la colonia Fovissste de La Paz.

El criminal ofreció información clave sobre las redes de vínculos criminales de ‘La China’ con las policías municipal y estatal y dijo que había agentes involucrados en la organización delictiva.

Y así cayó ‘La China’, a quien el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, que el 31 de julio escapó por un túnel del penal de máxima segridad del Altiplano, le tenía gran confianza y la había puesto al mando de sus sicarios, pero finalmente la sociedad se rompió.


Melissa Margarita calderón Ojeda se encuentra en proceso de ser interrogada en la Ciudad de México y el próximo año enfrentará un juicio por los más de 150 asesinatos que supuestamente ella misma cometió.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN (REDACCIÓN)

El INAI ordena a la Semarnat entregar versiones públicas sobre ríos afectados en Sonora

MÉXICO, D.F: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) entregar las versiones públicas de los estudios para la remediación de los ríos Río Bacanuchi y Sonora, afectados por el derrame de sulfato de cobre ocurrido el 5 de agosto del año pasado. , turnado a la comisionada Areli Cano Guadiana.

Después de que un particular solicitó los estudios que se hicieron de agosto de 2014 al 12 de mayo de 2015 sobre el derrame de sulfato de cobre de la minera Buenavista del Cobre a los ríos señalados, la Semarnat sólo proporcionó ligas electrónicas y aseguró que no había realizado ningún estudio sobre el derrame de sulfato de cobre, que según el gobierno federal fue el más grave en la historia reciente de la industria minera en México.

La dependencia señaló que contaba con información presentada por las empresas Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, que incluía estudios para llevar a cabo la remediación de la cuenca del río Bacanuchi, afluente del Río Sonora, pero que estaba clasificada como reservada con base en el artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia, por encontrarse en etapa deliberativa.

Además de que la documentación contenía información confidencial, propiedad de la empresa que presentó la propuesta de remediación, atinente a los procesos, insumos, técnicas y procedimientos para la remediación de la zona, por lo que se actualizaba la causal de información confidencial prevista en los artículos 18, fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia en relación con el artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial.

Inconforme con la respuesta, el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el IFAI, que al realizar el análisis de las constancias del expediente concluyó que no existe un proceso deliberativo y que la información no se refiere a recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos, sino a niveles de cumplimiento de reparación del daño, previamente establecidos en normas oficiales mexicanas.

Aunado a ello, que los estudios no se encuentran relacionados con procesos productivos, económicos y/o comerciales de las empresas, y que la información no permitiría obtener ventajas competitivas o económicas ante terceros.

La comisionada Areli Cano Guadiana, responsable del proyecto, expresó la importancia de contar con caudales que no representen un riesgo para la salud, pues en el caso de los ríos Bacanuchi y Sonora son los principales afluentes de abastecimiento de agua para las poblaciones aledañas y permiten el desarrollo de actividades urbanas agropecuarias e industriales, como la minera, que pueden impactar en el equilibrio ambiental.

Con base en ello, el pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la Semarnat y le instruyó a proporcionar una versión pública, protegiendo los datos personales, de los estudios que se hubieran realizado desde agosto de 2014 hasta el 12 de mayo de 2015, con motivo del derrame de sulfato de cobre a los ríos Bacanuchi y Sonora.

Es decir, los estudios de caracterización y de evaluación de riesgo ambiental presentados como parte de los requisitos dentro del expediente SEMARNAT-07-035-A Remediación, Emergencia Ambiental, por las empresas Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones.


Apenas en agosto pasado, el INAI ordenó a la misma dependencia entregar una nueva versión pública de la Cédula de Operación Anual presentada por la minera Buenavista del Cobre, implicada en el derrame de 40 mil metros cúbicos de materiales tóxicos en los Ríos Sonora y Bacanuchi en agosto de 2014.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Muere defensor de pacientes con VIH por hepatitis no atendida por SS de Colima

COLIMA, Col: Jorge Iglesias de la Cruz, pionero en el activismo por los derechos de los pacientes con VIH en esta entidad, murió la tarde del jueves en el Hospital Regional Universitario como consecuencia de hepatitis “C”, enfermedad que padeció durante cuatro años y para la que no recibió tratamiento médico por parte de la Secretaría de Salud y Bienestar Social (SSyBS) del Gobierno del Estado.

Portador del VIH desde hace dos décadas, Iglesias de la Cruz fue el primer paciente que, dentro de la lucha contra la estigmatización por esa enfermedad, reveló públicamente su condición de seropositivo.

A partir de 1998 fue representante en Colima del Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH (Frenpavih) y promovió la creación de agrupaciones locales por la defensa de este sector, entre ellas Amigos Colimenses contra el VIH/sida (Acolsida).

En la actualidad era miembro del Consejo Municipal contra la Discriminación en la ciudad de Colima.

Una de sus últimas luchas fue para que la SSyBS proporcionara los fármacos para tratar la hepatitis “C” a los pacientes con VIH, pero no obtuvo respuesta positiva de parte del titular de la dependencia, Agustín Lara Esqueda, con el argumento de que no se lo permitían las Reglas de Operación del Seguro Médico Popular.

Por esa razón, en diversas ocasiones Jorge Iglesias pidió la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), la última de ellas el 19 de febrero de este año, cuando demandó a través de su queja 104/15 a Lara Esqueda autorizar “que me den el medicamento que por tanto tiempo le he pedido, ya que mi salud se deteriora día a día y corro peligro de morir”.

En su escrito interpuesto ante el organismo humanitario, del que Apro informó a través de una nota fechada el 1 de abril pasado, expuso:

“El año pasado acudí con el especialista del Seguro Popular y en vez de darme el medicamento correcto me recomendó comprar unos que sólo se venden en el extranjero y tienen el precio de varios miles de dólares, los cuales por ningún motivo los tengo”.

Semanas después de la presentación de la queja, el 17 de marzo, la Secretaría de Salud, a través del oficio 128/2015, entregado en las oficinas de la CDHEC, ratificó su negativa a “la reiterada e insistente pretensión del C. Jorge Iglesias de la Cruz”, quien “sabe y le consta que su estatus como persona cero positivo (sic) se encuentra dentro de los criterios de exclusión que el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema Nacional de Salud emitió a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos”.

Tras mencionar que el representante del Frenpavih se encontraba dentro de tres “criterios de exclusión” —ser mayor de 50 años de edad, portador del VIH y haber tenido terapia previa con interferón o ribavirina—, la dependencia argumentó a través de Álvaro Ramírez Castillo, coordinador de Asuntos Jurídicos de la SS, que “al estar contraviniendo las reglas de operación por parte de la dependencia, esto es, dar los tratamientos médicos al paciente estando en estatus de exclusión de acuerdo a los lineamientos, estaríamos sujetos a una auditoría u observación”.

En respuesta, el activista hizo notar que semanas antes en el Hospital Regional Universitario el médico le había recomendado el tratamiento para atender la hepatitis “C”, por lo que “vislumbro una clara contradicción de parte del personal de la Secretaría de Salud, pues primero me excluyen del tratamiento y después me recomiendan continuar con él”.

Después de esa diligencia, Iglesias se desistió de la queja, pidió una copia certificada de todo lo actuado y envió la documentación al coordinador del Programa de Atención a Personas con VIH de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ricardo Hernández Forcada, con la petición de su intervención en este asunto.

En esa ocasión, Jorge Iglesias declaró a esta agencia informativa que los criterios de exclusión para la atención de pacientes con hepatitis “C” aprobados por el Sistema Nacional de Salud son violatorios de los derechos humanos y se contraponen al derecho a la salud garantizado en la Constitución.

En 2013, a raíz de otra queja de Jorge Iglesias, la CDHEC había solicitado medidas cautelares a su favor, para que la SSyBS le otorgara los medicamentos que necesitaba conforme a los estudios clínicos que se le habían realizado, pero aquéllas fueron rechazadas por el titular de la dependencia.

Ante esto, el entonces presidente de la CDHEC, Roberto Chapula de la Mora, calificó como una “actitud criminal” la negativa de Agustín Lara Esqueda, quien desde aquella ocasión invocó los mismos “criterios de exclusión”.

En declaraciones realizadas entonces, Chapula de la Mora informó que eran alrededor de 70 pacientes con VIH en Colima los que no recibían tratamiento de la SSyBS para hepatitis “C”, por lo que cuestionó:

“En casos de este tipo, donde se encuentra en riesgo la vida de la persona, no solamente debe verse el aspecto jurídico, sino también el humanitario (…). ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI las instituciones nieguen el derecho a la salud?”.

Así también, exhortó a Agustín Lara Esqueda a garantizar el derecho constitucional a la salud, y responsabilizó al funcionario de los riesgos que sufriera Jorge Iglesias por la falta de los medicamentos, además de que envió un oficio al gobernador, Mario Anguiano Moreno, en el que le notificó la situación, en espera de que tomara las medidas necesarias para “hacer rectificar” la postura de su colaborador.

Néstor López Hernández, amigo cercano de Jorge Iglesias, informó que ante la falta del tratamiento para la hepatitis “C” el activista tomaba en algunos periodos té de sábila y árnica para disminuir las inflamaciones del hígado y atenuar los dolores, pero ello sólo le sirvió como paliativo, porque las últimas semanas ya tenía este órgano a un 210% de su tamaño normal.

Aunado a esto, hace poco más de un mes el fundador de Acolsida enfermó de chikungunya, lo que le provocó una baja del nivel de defensas y de plaquetas, a la vez que agravó la situación de su padecimiento hepático.

De acuerdo con Néstor López, integrante de Acolsida y Frenpavih, el médico que atendió a Jorge Iglesias en el Hospital Regional Universitario le informó que la causa directa de su muerte fue la hepatitis “C”, debido a que “no recibió a tiempo el tratamiento”.


Los restos de Jorge Iglesias fueron cremados la mañana de este jueves y, después de una ceremonia religiosa, sus cenizas serán depositadas en un nicho de la Iglesia del Carmen, en la colonia El Moralete de la capital del estado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.

“Periodistas en Veracruz vivimos una absurda violencia”: Enrique Osorno

“La violencia contra periodistas en Veracruz ha prendido las alertas en el país; es urgente la alianza con la sociedad civil para frenar ataques”, consideró el periodista, Diego Enrique Osorno

En su participación en el foro de Diálogos interdisciplinarios por la paz, convocado por la Universidad Veracruzana (UV), afirmó que el caso de 14 periodistas asesinados ha generado una grave crisis en el gremio.

Osorno señaló que en momentos de crisis hay que buscar salidas: “Lo que está pasando en Veracruz debe ser atendido por el gobierno federal o autoridades internacionales de forma urgente, o se generará impunidad y eso a su vez va a extender la violencia en el país”.

Y que la indignación del gremio ante las agresiones, nada tiene que ver con activismo: “El periodista debe trabajar para buscar la verdad, quien diga que un periodista es activista por protestar, me parece imbécil”.

Añadió que ante la impunidad y la alianza del gobierno con los entes agresores, sólo les queda aliarse con la sociedad civil, y los periodistas que están fuera del estado: “La situación de los periodistas en Veracruz es grave, y la sociedad debe participar para la defensa”, dijo.

En otros países la seguridad del gremio no se ha dado por la presión de éste, sino de la sociedad al gobierno, cosa que no ha sucedido en el país, dice, “porque el desprestigio de la clase política también ha alcanzado el oficio del periodismo.”


Reiteró la urgente necesidad de que los informadores se acerquen a la sociedad, para hacer frentes comunes de defensa.

FUENTE: LA JORNADA.

Una tristeza, que hubiera muertos como en Iguala, dice director del tec de Chicontepec

Con la amenaza de que Chicontepec se convierta en otro “Ayotzinapa”, el director del Tecnológico de ese municipio, Iván Trejo, intentó evitar que estudiantes se manifestaran este jueves en protesta por el despido de algunos profesores, además porque no se ha cumplido la promesa de construir el plantel educativo.

Estudiantes que participaron este jueves junto con varios profesores en una marcha por el municipio de Chicontepec grabaron un audio del director el pasado miércoles, cuando acudió a cada uno de los salones donde intentó evitar la protesta mencionando que sería una tristeza que a ese lugar voltearan los ojos del mundo por otra tragedia como la masacre de Iguala.

En su discurso, el director dijo ir a nombre de la Secretaría de Gobernación, así como del gobierno del estado para manifestarles su respeto y total libertad para que protestaran, les resaltó que eran libres de participar en la marcha y de quejarse contra autoridades y dependencias, sin embargo, después modificó el discurso y les advirtió que no les gustaría que sucediera otro hecho trágico como el de Ayotzinapa.

A pesar de tal amenaza, los jóvenes decidieron protestar y manifestarse por las calles de Chicontepec y responsabilizaron al director Iván Trejo, así como al diputado local Édgar Díaz Fuentes de cualquier atentado en su contra.

Un grupo de estudiantes que se trasladó hasta Xalapa señalaron que las irregularidades en el Instituto Tecnológico de Chicontepec siempre han sido presentes, pero se incrementaron desde hace un año con la llegada de Iván Trejo, pues fue impuesto por órdenes del diputado Édgar Díaz.

Acusaron que junto al director fueron incrustados como maestros y coordinadores de carrera varias personas que no cuentan con el perfil adecuado, situación que ha sido reclamada por los jóvenes.

Por ello decidieron venir a Xalapa para presentar el audio donde en un parte el director expresa lo siguiente: “El día de mañana algunos de ustedes realizarán una marcha en Chicontepec, me han pedido que les diga que pueden manifestarse con respeto, exigir, criticar y exigir lo que a su consideración quieran, no serán perseguidos, no serán castigados, ni mucho menos serán reprendidos, siéntanse en toda libertad”.

Después enumera que todos los maestros que han sido despedidos ha sido porque cometieron violaciones graves al reglamento o simplemente ya no hubo presupuesto para renovarles el contrato.

Sin embargo, después modificó el discurso “si alguno quiere participar hágalo, pero es la preocupación del gobierno y quiere que también la haga patente,  que no me gustaría muy personalmente que Chicontepec el día de mañana se convierta en nuevo caso de Ayotzinapa”.

Y agregó: “sería triste lamentable y muy doloroso que alguien perdiera la vida. En menos de un minuto seríamos noticia internacional los ojos del mundo estaríamos en Chicontepec”.


Minuto 15



FUENTE: LA JORNADA.

Gasta Secretaría de Salud de Michoacán 14 millones en camionetas de lujo

MÉXICO, D.F: Señalada en repetidas ocasiones por el mal manejo de recursos, el desabasto de medicamentos y la falta de personal médico del que sufren los hospitales de Michoacán, la Secretaría de Salud (SS) de esta entidad gastó cerca de 14 millones de pesos en 2015 en la compra de una flotilla de camionetas de lujo para la comodidad de sus altos funcionarios.

De acuerdo con documentos obtenidos a través de la plataforma Méxicoleaks, la dependencia adquirió ocho camionetas Jeep Cherokee –442 mil 241 pesos por unidad, sin incluir el IVA–, que fueron asignadas a Carlos Esteban Aranza Doniz, secretario de Salud, a su secretaria técnica, Luz Arlette Saavedra Romero, y al director de los servicios de salud, José Antonio Mata Hernández.

La SS estatal entregó las demás a la subdirectora de planeación y desarrollo, al titular del enlace administrativo del régimen estatal de protección social en salud, al subdirector de recursos financieros, al subdirector de recursos materiales y al coordinador de infraestructura hospitalaria.

Además, la dependencia compró una camioneta Nissan X-Trail que asignó a la delegación administrativa, y una flotilla de 51 Nissan Tsuru GSI, cuya adscripción no estaba definida hasta el pasado 6 de agosto.

Un oficio firmado por Aranza Doniz en respuesta a una amplia solicitud de información interpuesta a través del instituto de transparencia michoacano, precisa que el director del régimen estatal de Protección Social en Salud de la entidad, César Flores Gutiérrez, tiene como vehículo de función una camioneta Dodge, modelo Durango Limited 2014.

Ya ventilado en los medios locales de Michoacán, este oficio forzó a la Secretaría de Salud a desmentir que exista una falta de recursos para adquirir medicamentos y abastecer a los hospitales, de acuerdo con reportes de la prensa local fechados del pasado 21 de septiembre.

Sin embargo, el mal manejo de recursos en la dependencia no es nada novedoso; es incluso anterior a la designación de Aranza, la cual se oficializó el 27 de junio de 2014.

Al revisar la cuenta pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló un sinnúmero de irregularidades en la Secretaría de Salud de Michoacán.

Así, la ASF revisó 224 expedientes de personal y descubrió que la dependencia estatal había pagado tres millones de pesos a 15 profesionistas que carecían de cédula profesional, 12 carecían de cédula de especialidad; 138 no contaban con la constancia de no inhabilitación. Además, la SS estatal gastó 47 millones de pesos en el salario de 144 médicos que fueron asignadas a labores administrativas.

La ASF también detectó 37 “aviadores” a los que la secretaría pagó más de nueve millones de pesos sin ser capaz de localizarlos ni justificar su ausencia.

Además, a raíz de la visita de un solo almacén, ubicado en Lázaro Cárdenas, el órgano fiscalizador se percató que “el control, manejo, resguardo y entrega de medicamento es deficiente” y, más grave, que el centro “no dispone de la licencia sanitaria correspondiente, las instalaciones son inapropiadas y el personal es insuficiente”.

Los auditores repitieron la operación en 25 unidades de salud de la dependencia y retrataron una realidad desgarradora: el sistema de distribución de los medicamentos estaba opaco, los espacios para el resguardo de los medicamentos “no disponen de la licencia sanitaria respectiva”, los insumos médicos y medicamentos eran insuficientes y las recetas expeditas eran incompletas, por lo que no se surtía a los pacientes la cantidad suficiente de medicinas.

Irregularidades constantes

Estas observaciones se repitieron en otras auditorías, también efectuadas a la cuenta pública 2013: trabajadores sin cédula profesional o imposible de localizar, controles de asistencia no actualizados, medicamentos no surtidos o gastos operativos innecesarios.

Es más: los servicios de salud no contaban con normativa interna –o sea funcionan sin protocolos–, ni con un código de ética y de conducta ni menos con manuales que indiquen a los trabajadores qué hacer ante “situaciones concretas que se les presenten”.

De los más de dos mil 557 millones de pesos trasferidos al gobierno de Michoacán a través del Seguro Popular para el año 2013 que analizó la ASF, el órgano fiscalizador observó que a finales de 2013 la entidad no había devengado mil 436 millones de pesos –el 50.3% de la muestra auditada.


Asimismo, el ejecutivo michoacano sólo destinó el 7.7% de la cuota social a la compra de medicamentos –la normatividad establece que se tiene que destinar el 30% del gasto a este rubro– y los 178 mil afiliados al seguro popular –según las cifras de finales de 2014– disponían de sólo 1.3 médicos por cada mil pacientes, apenas la mitad de los 2.5 médicos por cada mil pacientes que recomienda la Organización Mundial de la Salud.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Empresarios expresan a Peña su hartazgo por la inseguridad

MÉXICO, D.F: El sector empresarial de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí publicó un desplegado en el que expone su hartazgo por la inseguridad que sufren los pobladores de estas regiones.

En una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, las cámaras empresariales exigen la intervención del gobierno federal para frenar la delincuencia.

“Los ciudadanos del sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, y región huasteca, queremos hacer patente la indignación, hartazgo, impotencia y desesperanza que nuevamente nos provocan los inaceptables niveles de inseguridad que persisten en la región, y que a raíz del secuestro y asesinato de dos queridos integrantes de nuestra comunidad, se ponen de manifiesto otra vez”, cita el desplegado.

Los homicidios a los que se refieren los empresarios son los del padre y hermano del cineasta tamaulipeco Alejandro Gómez Monteverde, secuestrados en Tampico el 4 de septiembre, y hallados muertos en un predio del norte de Veracruz.

“La voz de los cientos de víctimas anónimas resurge hoy como un reclamo generalizado que demanda respuestas y soluciones de fondo”, añade la carta pública.


El desplegado está firmado por integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, la Cámara Nacional de Comercio Tampico, la Asociación Nacional de Hoteles y Moteles, el Consejo Empresarial de Ciudad Madero y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Tampico, entre otros.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La CFE corta energía al ayuntamiento de Tepic

GUADALAJARA, Jal: La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene en jaque al ayuntamiento panista-perredista de Tepic, Nayarit, y a sus 360 mil habitantes, al cortar el suministro de energía al palacio municipal y sus dependencias, alumbrado público y en los 15 pozos profundos que abastecen de agua a la capital, por un adeudo de 70 millones de pesos que arrastra desde la pasada administración.

De esta manera, la CFE presiona para que la deuda sea pagada en una sola exhibición ante el incumplimiento de acuerdos pactados entre el municipio y esa dependencia federal.

Ciudadanos denunciaron ante Proceso que el adeudo con la CFE proviene de la anterior gestión que encabezó el priista Héctor González, conocido como “El Toro”.

En entrevista telefónica, al secretario técnico al ayuntamiento, Miguel Ángel Chacón, reconoció que el problema existe y se reporta como consecuencia del mal manejo de los compromisos adquiridos desde el anterior gobierno municipal y que ahora encabeza Leopoldo Domínguez, del PAN, junto con colaboradores perredistas.

Miguel Ángel Chacón dijo que el asunto desbordó ya hacia la población, por lo que ahora el suministro de agua se tiene que hacer con 16 “pipas”, que además resultan insuficientes.

El funcionario dijo que “existen varios acuerdos que se habían hecho con anterioridad, entre la CFE y el ayuntamiento pero ahora se pasaron por alto esos convenios y ahora se exige al municipio el pago de toda la deuda en una sola exhibición, en un solo pago. El ayuntamiento está imposibilitado en este momento para cubrir esa cantidad de dinero. Nosotros estamos al día a partir de la llegada de la presente administración y lo que está pendiente por cubrirse”.

Aclaró que el alcalde Domínguez González acudió la semana pasada al Distrito Federal para dialogar con autoridades federales y pedirles un acuerdo para acabar en forma definitiva con la falla en el suministro de energía eléctrica y con las afectaciones a los ciudadanos. “Esperamos tener un acuerdo para solventar ese problema lo antes posible”.

Por su parte, el arquitecto Rafael Rojas Olvera, integrante del Club Rotarios de Tepic, consideró que el asunto es grave y en realidad el adeudo es por 110 millones de pesos. Aclaró que en el tema se percibe una intencionalidad política, debido a las presiones en contra del alcalde Leopoldo Domínguez, tras haber ganado las elecciones a Roy Gómez Olguín, el candidato del gobernador, Roberto Sandoval Castañeda, el 6 de junio del año pasado.

“Por desgracia el agua esta escaseando mucho por los problemas de falta de luz, debido a la deuda que se viene arrastrando desde el pasado gobierno y en donde se incluye pago de energía eléctrica del ayuntamiento por diversos conceptos, incluidos el de alumbrado público y todo. El doctor Polo (el alcalde), logró un convenio para pagar lo actual, pero desgraciadamente no ha podido cumplir el presidente municipal por tantas necesidades que tiene el municipio”.

Reconoció que el aspecto político repercute en la falta de acuerdo y que lo que hay de fondo es que a Leopoldo Domínguez lo ven con capacidad para buscar la gubernatura y lo quieren parar. “Todo hace pensar que por ahí va la cosa”, subrayó Rojas Olvera.

Por su parte, el contador público Román Venegas, entrevistado en Guadalajara, reafirmó que el asunto es político y añadió que la CFE, desde que construyó la presa Aguamilpa, en el municipio de Tepic, nunca pagó por el uso del suelo y la capital no ha sido beneficiada por tal represa. “Al contrario, ha perjudicado a la agricultura que está aguas abajo del río Santiago porque por la falta de las grandes avenidas, no hay aluviones de limo y la salinización de las tierras ha hecho menos productivas las tierras”.


Además de Aguamilpa –fue concluida en 1992–, Santiago tiene otras dos grandes presas y una mediana aguas arriba: El Cajón, La Yesca, en el límite Nayarit-Jalisco y Santa Rosa, en el municipio de Amatitán, Jal. En las cuatro hay hidroeléctricas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Caso Narvarte: Familia de Mile acepta la representación de abogados mexicanos

Los familiares de la joven buscarán que su crimen se esclarezca y que no se le continúe revictimizando. Revelan que las autoridades capitalinas les entregaron el cuerpo descompuesto, pues no recibió los cuidados forenses para ser preservado.

Por primera vez desde que se cometió el multihomicidio en el departamento de la colonia Narvarte el 31 de julio, la familia de Mile Viginia Martín, una de las cinco víctimas, emprendió una acción oficial en torno al caso y lo hizo a través de la vía jurídica: aceptó la representación de abogados mexicanos como coadyuvantes en el caso.
El objetivo, dijo en entrevista desde Bogotá la abogada Karla Michele Salas, es garantizar que le familia pueda impulsar el esclarecimiento de los hechos, y a su vez se les repare el daño por el asesinato de la joven y por la revictimización que consideran que ha ocurrido.

“La familia aceptó la representación porque me dicen que quieren que se sepa que Mile no estaba sola, que también exigen justicia y respeto a su dignidad”, dijo la litigante.

Salas, que también lleva la representación de otra de las víctimas del crimen, la activista Nadia Vera, señaló que en teoría los afectados de un delito no necesitarían que un abogado velara por sus garantías ya que la autoridad es la que debería de hacerlo.

Sin embargo, la abogada recordó que desde que se cometió el crimen, se han filtrado fragmentos y documentos de la investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que vinculan a Virginia Martín con presuntos temas de narcotráfico, prostitución, entre otros.

“Desafortunadamente, la PGJDF ha violado los derechos de las víctimas y ha expuesto a Mile. Es un claro ejemplo de cómo la violencia contra las mujeres no termina con la muerte de la víctimas”, dice.

Hasta ahora la familia de Mile Virginia había mantenido un perfil bajo en torno al caso, sobretodo en lo relacionado con las investigaciones. Una semana después del asesinato, la televisora colombiana Caracol reportó que los familiares, bajo condición de anonimato señalaron que no sabían que el joven corriera peligro.

Fue hasta el pasado 23 de septiembre, a través de respuestas por escrito difundidas en la cuenta de Twitter Me Muevo por Colombia, que uno de los hermanos de Mile lamentó el crimen así como los “prejuicios” que se hizo sobre ella.

De acuerdo con Karla Salas, los hermanos de Miel Virginia tenían miedo de tomar cualquier acción en concreto; sin embargo, el desarrollo del caso que han seguido a través de los medios los ha convencido de buscar que su homicidio no quede impune y a la vez evitar que se responsabilice a ella pese a ser una víctima.

“Un elemento que ha facilitado la construcción de esta historia paralela por parte de la PGJDF ha sido la vulnerabilidad de Mile. Al ser una mujer extranjera sin familia en México. Lo que se ha dicho sobre Mile y presentarla como la víctima propiciatoria del crimen (…) todo esto ha llevado a que ella sea victimizada por las autoridades, los medios y la sociedad”, dijo.

No preservaron su cuerpo

La familia de Mile Virginia reveló a los abogados que las autoridades mexicanas les entregaron el cuerpo de la joven sin que hubiera sido embalsamado y preservado. Los restos estaban literalmente descompuestos.

Y es que hay que recordar que fue hasta el 11 de agosto, doce días después del crimen, cuando el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) dependiente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, entregó el cuerpo de la joven al consulado Colombiano para que a su vez fuera enviado a sus familiares en su país.

Los hermanos de Mile reconocieron su cuerpo mediante fotografías, pues no contaban con recursos para venir a México. Durante todo ese tiempo el cuerpo no habría sido preservado con las medidas adecuadas por las autoridades capitalinas, según lo revelado por la familia.

“El hermano (de Mile) nos dijo que tienen conocidos cuyos familiares han muerto en otros países y los cueros los entregan bien (…) el embalsamar un cuerpo no solo es para preservarlo sino para evitar la contaminación pero aquí no se hizo”, dijo la abogada.

En este contexto, Michel Salas dijo que en los próximos días se estará definiendo cuáles serán los pasos específicos que se tomarán como representantes y coadyuvantes de Mile Virginia en la investigación del homicidio.

“La colombiana”

El 31 de julio, Mile Virginia Martín fue asesinada en un departamento en la colonia Narvarte. Junto con ella también perdieron la vida  –todos con un disparo en la cabeza– el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, así como Yesenia Quiroz y Alejandra Negrete.

Casi desde las primeras horas posteriores al crimen, se filtró la información de que entre las víctimas había una “colombiana” y que su nombre era Nicole. Días más tarde ya se daba por un hecho que los homicidas “iban por ella” y que el resto de las personas fueron asesinadas porque estaban en ese sitio.

En el papel, la PGJDF tiene por lo menos tres líneas de investigación abiertas por este crimen sin que haya concluida ya alguna. Públicamente, el procurador Rodolfo Ríos Garza ha hecho referencias a las declaraciones de los tres detenidos por este caso. Dos de los ahora procesados sostuvieron que si conocían a la joven colombiana aunque con distintas versiones.

Pero extraoficialmente, se han revelado muchos m{as temas que supuestamente están en el expediente del caso, como por ejemplo, que se dedicaba a la prostitución, que “utilizaba múltiples identidades”, que ella recibió decena de kilos de cocaína procedente de Colombia, y hasta que “viajaba” a distintos aeropuertos.


Hasta ahora la Procuraduria no tiene en realidad prueba alguna sólida que confirme que Mile Virginia se dedicaba al tráfico de drogas o a cualquier actividad delictiva. La joven no tenía antecedentes penales.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.

Deuda interna crece a mil mdp en cuarto trimestre: SHCP

México, DF. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que para el cuarto trimestre del año se aumenta, con respecto al trimestre anterior, en mil millones de pesos el endeudamiento interno a través del incremento del monto a subastar de Bondes D al plazo de 5 años para quedar en 5 mil millones de pesos.

Cabe recordar, que los Bondes D son títulos de deuda gubernamental con plazos de vencimiento de entre 3 y 5 años y se comenzaron a emitir en 2006 en el llamado mercado de dinero.

Con el objetivo de mantener y fortalecer la política de comunicación y transparencia sobre el manejo del endeudamiento público, la SHCP informó sobre el programa de colocación de valores gubernamentales correspondiente al cuarto trimestre de 2015.

Se mantienen los montos a subastar de Cetes a 6 y 12 meses, Bonos a Tasa Fija a 3, 5, 10, 20 y 30 años así como de Udibonos a 3, 10 y 30 años.

También se mantiene el mecanismo de colocación para los Cetes a 28 y 91 días, por el cual se anuncia un monto mínimo y uno máximo a colocar semanalmente, permitiendo que la cantidad de títulos a subastar en cualquier semana se encuentre entre dichos montos.

Para el cuarto trimestre de 2015, los rangos a subastarse para Cetes 28 y Cetes 91 días se mantienen sin cambios con respecto al trimestre anterior. Para Cetes a 28 días tendrán un mínimo de 4 mil y un máximo de 11 mil millones de pesos y se iniciará el trimestre con una subasta por 5 mil 500 millones.

Por su parte, los Cetes a 91 días tendrán un mínimo de 7 mil y un máximo de 14 mil millones de pesos y la primera subasta del trimestre será por 9 mil 500 millones de pesos .

El monto específico a subastar cada semana de Cetes a 28 y 91 días será dado a conocer en la convocatoria respectiva a través del Banco de México.

Como se dio a conocer anteriormente, las subastas sindicadas se realizan con un formato más flexible, ya no se anuncian como parte de la colocación trimestral ni como sustituto de las subastas primarias que correspondían a ese plazo en dicho trimestre. Este formato permite aprovechar de mejor manera los periodos en los que se perciba mayor interés por parte de los inversionistas por alguna de estas operaciones. Una vez emitidas estas referencias, se continúa con la política de reapertura.


Las subastas sindicadas de segregados de Udibonos a plazo de 30 años continuarán realizándose con una frecuencia de 12 semanas. Al igual que en las subastas anteriores, el monto a subastar será dado a conocer en la convocatoria correspondiente.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ISRAEL RODÍGUEZ.