VILLAHERMOSA, Tab: Policías federales asesinaron a dos jóvenes e hirieron a dos más al “confundirlos” con delincuentes que balearon a un agente federal y eran perseguidos.
Los hechos ocurrieron la mañana de este domingo en la céntrica colonia El Águila de esta capital, sin embargo, hasta la tarde-noche el incidente seguía confuso por falta de información de las autoridades locales o federales.
Testigos oculares indicaron que todo inició cuando un grupo armado, al parecer desde un vehículo Spark color blanco, disparó al policía federal Esteban Pérez que conducía la patrulla número 15091, quien recibió dos balazos y herido logró pedir ayuda a sus compañeros.
Agentes federales iniciaron la persecución de los pistoleros y en la calle Belisario Domínguez confundieron el vehículo y rafaguearon una camioneta Ford Ranger con placas VP-55-188, en la que iban cuatro jóvenes.
Dos de ellos, Miguel Ángel Martín Domínguez y Alejandro Contreras Sierra, murieron al instante mientras que Jorge Luis Gómez Estrada y Roberto Contreras Osorio resultaron gravemente lesionados.
Jorge Luis Gómez Estrada es hijo del abogado Vicente Gómez Peralta, conocido litigante penalista.
Trascendió que dentro de la camioneta Ranger agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) incautaron un arma, pero según testigos fue “sembrada” por los policías federales para tratar de justificar la agresión.
La FGE aseguró la patrulla federal que conducía el agente baleado, mientras que familiares de los jóvenes asesinados y heridos llegaron por la tarde hasta la Fiscalía para exigir justicia.
Carlos Castillo, abogado de las familias, dijo que presentarán una demanda contra la Policía Federal y exigirán que pongan a disposición del Ministerio Público a todos los elementos que participaron en la agresión, ya que actuaron “con prepotencia y abuso” durante el operativo.
Dentro de la FGE declaraban esta noche testigos, familiares y amigos de las víctimas y heridos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
CAMPECHE, Camp: El líder del Movimiento Campesino Tierra y Justicia, Pedro Celestino May Can, acusó al fiscal general del estado, Juan Manuel Herrera Campos, de haberlos sometido a torturas psicológicas a él y sus dos hijos durante el tiempo que los mantuvo detenidos por un conflicto de tierras con los empresarios Carlos Mouriño Atanes y Rafael Selem Ferrer.
Aunque descartó que en este caso esté metido el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, sí le pidió a éste remover a Herrera Campos de la FGE: “Él en su toma de protesta aseguró que cesaría a quien le falle, y en este caso el fiscal demostró que sirve a intereses ajenos a la procuración de justicia”.
Asimismo, adelantó que presentará su querella ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CDHEC) e incluso valora la posibilidad de denunciar al fiscal por la vía legal pues consideró que sus detenciones, que el juez de control consideró ilegales, obedecen a intereses personales de Herrera Campos con los empresarios implicados en el conflicto.
May Can fue detenido el pasado miércoles junto con dos de sus hijos, Abner y Natanael, y una mujer, Jaqueline Palomo, que se encontraba con ellos al momento de su captura.
Antes de consignarlos ante un juez de control, que en menos de dos horas deliberó que fueron detenidos de manera ilegal y ordenó su inmediata libertad, la Fiscalía les mantuvo en sus separos 48 horas, durante las cuales los cuatro detenidos se declararon en huelga de hambre.
Desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón, el movimiento Tierra y Justicia inició un conflicto legal contra Carlos Mouriño Atanes, padre del fallecido exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, por la posesión de los terrenos del ejido Lerma, conurbado a esta capital, donde el influyente empresario español cristaliza su exclusivo proyecto inmobiliario Campeche Country Club.
Para realizar su viejo sueño, el dueño del Grupo Energético del Sureste y del equipo de futbol español Celta de Vigo, presuntamente hizo valer sus influencias en las dependencias federales para apropiarse de las tierras del ejido Lerma en las postrimerías del calderonismo.
De ese modo se apropió de 9 mil 685 hectáreas por las que pagó aproximadamente 40 centavos de peso mexicano por metro cuadrado, que revendió en 288 dólares.
El ejido quedó reducido a sólo 400 hectáreas, luego de un juicio que dejó a salvo los derechos de ocho ejidatarios que se negaron a cederlos o venderlos.
Según denuncias de los inconformes, el magnate también quiere apoderarse de ese terreno para construir un estadio de futbol.
El ambicioso proyecto de Mouriño Atanes consta de una zona habitacional para personas de muy alto poder adquisitivo, campo de golf diseñado por Jack Niclaus, colegios, hospital y hasta playas artificiales, para cuya creación están extrayendo arena del lecho marino.
Para evitar el despojo, los ocho ejidatarios decidieron regalar tierras circundantes al Country Club para que ahí se creara “una colonia proletaria”. Y fue así como repartieron 3 mil 250 lotes a personas humildes para que construyeran sus viviendas y con ello se depreciara el valor de los predios del club.
Meses atrás, Celestino May Can denunció amenazas y atentados de muerte en su contra, así como el incendio premeditado de su rancho y la muerte de su ganado, de lo que responsabilizó directamente a Carlos Mouriño, y exigió al Congreso local y al exgobernador Fernando Ortega Bernés poner atención a su caso.
Tiempo después apareció en escena Rafael Selem Ferrer, dueño de la empresa Campechana de Vehículos, para disputar a los ejidatarios una porción de las tierras. Argumenta que el gobierno del estado se las dio para instalar una de sus agencias concesionarias de autos nuevos.
La franja reclamada por ese empresario, cuya denuncia fue la que motivó la detención ilegal de Celestino May, es justamente el acceso a la colonia proletaria Tierra y Justicia, cercana a la lujosa entrada del Country Club. Ese predio en disputa no está delimitado.
El sector donde se encuentran esos terrenos fue donado al gobierno estatal hace más de 30 años para desarrollar un parque industrial. No obstante, en las cláusulas de la donación estaba especificado que si luego de tres décadas no se realizaba el proyecto, como es el caso, esas tierras se reincorporarían al ejido.
En conferencia de prensa, May Can explicó que sin mediar ninguna orden judicial los agentes ministeriales entraron a su propiedad, un predio delimitado y cercado donde se reúnen los beneficiarios de los lotes de Tierra y Justicia para planear la construcción de la nueva colonia.
“Cuando llegamos, los ministeriales habían abierto la reja y estaban sentados en mi mesa. De aquí nos sacaron, dijeron que por orden del Fiscal. Es mentira que hayamos opuesto resistencia y que los hayamos agredido. Como ven, ya estoy viejo. ¿Cómo un viejo como yo iba a agredirlos, si afuera habían más de 30 judiciales?”, acusó.
También se quejó de la detención de Jaqueline Palomo. “Los judiciales sólo se llevaron, sin ningún motivo, y no les importó dejar aquí sola, sin procurarle ninguna custodia, a su niña”.
Asimismo, aseguró que durante el tiempo que permanecieron en los separos de la Fiscalía, “nos hicieron firmar papeles, bajo torturas sicológicas de que algo les pasaría a nuestros familiares si no lo hacíamos; nos robaron también los teléfonos celulares, donde teníamos información personal, nunca nos los devolvieron”.
Uno de los hijos de Celestino May fue detenido cuando grababa en su teléfono celular el momento y las circunstancias de la detención.
“Esto fue privación ilegal de nuestra libertad”, sostuvo, y reiteró que dadas las circunstancias denunciará ante la CDHEC y posiblemente también por la vía legal.
Y llamó a Moreno Cárdenas, quien asumió la gubernatura apenas el pasado 16 de septiembre, a reconsiderar la designación de Herrera Campos, quien por segunda ocasión ocupa el cargo, porque “los campechanos no merecemos estas injusticias”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSA SANTANA.
MÉXICO, D.F: Internos del penal de máxima seguridad del Altiplano, de donde el 11 de julio se fugó el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, difundieron hoy un comunicado en el que aseguran que el pasado sábado 19 de septiembre iniciaron una huelga de hambre en protesta por la violación a sus garantías individuales y derechos humanos.
En este Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) se encuentran recluidos mil 200 internos, entre ellos los presos catalogados por el gobierno federal como de mayor peligrosidad.
Proceso dio a conocer el inicio de esta insólita rebelión el domingo 20 de septiembre. En respuesta, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, negó al día siguiente el hecho y aseguró que se había tratado simplemente de una negativa a desayunar.
El comunicado, al que tuvo acceso este semanario, y que fue difundido por familiares de los internos señala (se respeta la ortografía):
“A nombre de todos y cada uno de los internos de los CEFERESOS al interior de la República mexicana en estos momentos actualmente recluidos en el interior del penal federal del Altiplano CEFERESO No.1 Almoloya de Juarez a partir del sábado 19 de septiembre de 2015 mostramos nuestra inconformidad por las violaciones a nuestros derechos humanos y garantías individuales, así como nuestros derechos internacionales por lo que de manera conjunta en el interior de nuestras celdas hemos decidido estallar huelga de hambre hasta que se atiendan nuestras peticiones…”
En ese escrito denuncian mala alimentación, atención médica deficiente y desacato a resoluciones de amparos. Se quejan también de que se les está obligando a desnudarse y hacer sentadillas en presencia de custodios e internos.
También denuncian el retiro de televisores y relojes de pulso previamente autorizados por el Consejo Técnico Interdisciplinario de la prisión y que se han instalado cámaras de seguridad dejándolos sin ninguna intimidad.
El comunicado está dirigido a la opinión pública, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y Poder Legislativo y se pide la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los partidos políticos.
El comunicado está firmado por el “Comité” pero no se incluyen los nombres de sus integrantes.
En el Altiplano se encuentran actualmente presos, Omar Treviño Morales, alias El Z 42, líder del cártel de Los Zetas; Héctor Beltrán Leyva, líder del cártel de los Beltrán Leyva; Edgar Valdés Villarreal alias La Barbie; Servando Gómez Martinez alias La Tuta líder del cártel de Los Caballeros Templarios; Teodoro Garcia Simental alias El Teo y Arturo Martínez Herrera del Cártel del Golfo, entre otros.
De acuerdo con información obtenida por esta reportera, la protesta de narcotraficantes se podría extender a otros penales federales.
El actual director del Altiplano es Jaime Fernández López, mientras que Renato Sales tiene bajo su responsabilidad la administración y seguridad de los penales federales.
El 11 de julio pasado El Chapo Guzmán se fugó del Altiplano, supuestamente a través de un túnel de más de 1.2 kilómetros de longitud que conectaba la regadera de su celda con una casa en obra negra en el poblado de Santa Juana.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.
Arte, consignas, lluvia y hasta disturbios, así se vivió la marcha por el aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Hace un año, bajo la lluvia, las fuerzas de seguridad asentadas en Iguala raptaron y desaparecieron de manera forzada a 43 adolescentes y jóvenes que se formaban como maestros campesinos en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, y como si el tiempo hubiera quedado detenido en ese momento, un año después de esos hechos la lluvia cae sobre los padres y madres de esos muchachos, cuando marchan por la capital del país, clamando por su vuelta.
Es como si fuera la misma lluvia, dice Emiliano, papá del normalista desaparecido José Ángel Navarrete, como si se tratara “de un mensaje de la naturaleza”.
Por primera vez en muchos meses, la ciudadanía se ha volcado de forma multitudinaria –como en las primeras protestas de hace un año– para cobijar con miles de pancartas, mantas y consignas a los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos, asesinados y heridos entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.
Marchan de nuevo amplios contingentes de las principales universidades del Valle de México, públicas y privadas (UNAM, UAM, IPN, ENAH, UACM, Chapingo, Ibero, Unitec, entre otras), y de nuevo también agrupaciones sindicales, esta vez ya no representadas por una sola manta sostenida por unos cuantos, sino por cientos de sus agremiados (como el Stunam, el Sindicato de Telefonistas, el SME o la CNTE).
Y a un año del ataque en Iguala, marchan nuevamente familias enteras, padres y madres con sus hijos e hijas en brazos, en carreolas, en rebozos, adultos mayores, grandes formaciones agrarias, organizaciones indígenas y populares, y también vienen grupos artísticos de todo cuño: fandangueros, batuqueros, performanceros, artistas plásticos, coros vocales, todos en una larga procesión, que no por colorida resulta menos triste.
“Si te callas, eres cómplice”, reza una pancarta. “Todos somos Ayotzinapa”, dice otra. “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, “¿Dónde están nuestros hijos?”, “Nos valtan 43”, “Fuera Peña”, se clama en miles más.
Y lo que se lee en las pancartas, la gente lo grita, y cuando lo hace, a veces llora.
Unos se desgañitan, otros musitan. Pero nadie calla.
“Ha sido impresionante –reconoce Mario César, papá del normalista desaparecido César Manuel González, cuando habla al micrófono– ver tanta gente ahorita en la marcha, gente a la que se le salían las lágrimas, y que tenían pancartas mandando un mensaje a nuestros hijos… es impresionante ver que los corazones de los mexicanos sean tan grandes que, aún cuando tienen sus propios problemas, todavía caben ahí los 46 normalistas (los 43 desaparecidos y los tres asesinados en Iguala por la policía).”
Por todo este apoyo, asegura Emiliano, papá de José Ángel, aquellos que han salido a las calles “deben estar orgullosos de ser quiénes son… gracias a ustedes hemos llegado a este tiempo firmes, de pie, ustedes nos han sostenido cuando hemos caído, nos han dado aliento, cariño, amor, comprensión, y eso no lo tiene cualquier ser humano.”
Y ese apoyo, promete con esperanza en la voz, no será en vano. “El día que nuestros hijos regresen –avisora–, les comentaremos de ustedes, y ustedes los verán igual aquí, de frente, y cuando les pasemos lista, ellos mismos responderán” al escuchar sus nombres.
Esta asistencia masiva de la ciudadanía, subraya Melitón, papá del normalista desaparecido Mauricio Ortega, “es la muestra de la indignación, del coraje que tiene este pueblo, porque hemos dicho ya que el caso de Ayotzinapa no es aislado, sino que es algo (la desaparición forzada) que se da en todo el territorio nacional.”
Por ello, aclaran los papás y mamás de Ayotzinapa, su lucha no termina con la recuperación de sus hijos, sino con la justicia para las decenas de miles de personas víctimas de desaparición forzada que se acumulan en México, para los pueblos indígenas que defienden sus tierras de la depredación, para los pueblos que defienden el agua, para los jóvenes que son reprimidos en Tlaxcala, en Michoacán, en Guerrero por defender la educación normalista, para los pobres en general.
Así, se anuncia al micrófono, en octubre próximo (los días 16, 17 y 18), la Normal Rural de Ayotzinapa será sede de una Asamblea Popular que, tal como informa Felipe de la Cruz, vocero del comité de padres y madres, para comenzar a trazar un plan de lucha nacional, “para ir formando el poder que va a derrocar a este sistema podrido que tenemos”.
El anuncio genera vítores, pero el pesar, como las nubes grises, aún se agolpa sobre el Zócalo capitalino, que ve dispersarse a la concurrencia ante el frío y la llovizna que no cesa.
“Hoy, el cielo está llorando, porque faltan los estudiantes”, dice Cristina, mamá del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, ambos indígenas de habla náhuatl, de La Montaña de Guerrero–. Hoy el cielo llora, porque faltan los 43 y miles más…”
“Cuando sea necesario, vamos a responder”
Mientras en el Zócalo hablan los padres y madres de los normalistas, los últimos contingentes aún avanzan por paseo de la Reforma y, como ha ocurrido en otras movilizaciones, jóvenes encapuchados avanzan al final de la marcha, realizando pintas, dañando algunos negocios, y enfrentando a policías capitalinos.
Ante esta situación, el abogado Vidulfo Rosales –que como integrante del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan brinda acompañamiento legal al comité de padres–, toma el micrófono y establece un peculiar deslinde.
“No somos pacifistas –aclara–, podemos decirlo porque muy mal nos ha tratado este gobierno, nos ha tratado con la punta del pie, nos ha reprimido. Y les decimos: cuando sea necesario, vamos a responder”, sin embargo, advierte: “No queremos que mañana los diarios desvíen la atención hacia la violencia”, y llama a no caer en provocaciones o confrontaciones con la policía capitalina.
Este llamado, sin embargo, no alcanza a escucharse hasta el Senado, donde el contingente de jóvenes encapuchados se separa de la columna principal de manifestantes que aún marchan hacia el zócalo, para lanzar una decena de globos con pintura roja contra el Senado de la República, así como al menos dos petardos.
Luego, ya en avenida Juárez, arrojan piedras primero contra un restaurante de comida rápida KFC (donde cuatro ventanales quedan en pedazos, incluyendo el que da hacia el área de juegos infantiles), y en donde, según comensales, el guardia del establecimiento sufrió lesión en la cabeza.
La misma estrategia siguen luego contra un restaurante Sanborns y una cafetería Starbucks ubicada en el centro comercial Parque Alameda, contra el edificio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en avenida Hidalgo y, finalmente, contra policías apostados en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes.
Minutos después, los uniformados jalonearon y retuvieron durante varios minutos a un joven bajo la sospecha de que había participado en las agresiones, lo que causó molestia en varios testigos que exigieron que lo liberaran y, tras verificar que en su mochila no tenía objetos peligrosos, lo dejaron ir.
La Secretaría de Gobierno del Distrito federal informó en un comunicado emitido ayer por la noche que dos policías de Tránsito resultaron lesionados por los objetos que arrojaron estas personas, pero confirmó que no hubo detenidos.
Cabe señalar que la mayor parte del recorrido del contingente estuvo acompañado solo por policías de Tránsito, aunque hubo agentes con equipos antimotines desplegados en el interior de edificios contiguos a Reforma y el Centro Histórico.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: Paris Martínez, Arturo Ángel, Gonzalo Ortuño, Nayeli Roldán, Tania Montalvo, Mayra Zepeda, Jardiel Palomec y Manuel Ureste.
140 muchachos entraron este agosto a estudiar en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, allí donde hace un año desaparecieron a 43 y mataron a otros tres. Aunque la demanda ha bajado, para muchos es la única opción que tienen de cursar una licenciatura en un estado donde casi 70% de la población es pobre.
Su madre le dijo que no, que no fuese, que ahí mataban y desaparecían a estudiantes, pero Santiago no lo dudó. Llevaba 5 años intentando entrar a la universidad. Estudió la preparatoria en el Conalep de su pueblo, Temoaya, en el Estado de México, pero ese bachillerato público, para gente de bajos promedios y bajos recursos, no te facilita el acceso a la universidad.
Intentó entrar a la Universidad del Estado de México pero no se quedó, intentó ahorrar, trabajó de peón en el campo, en una fábrica y probó en una escuela privada sencilla, pero no terminó el semestre porque no podía pagar la colegiatura. Durante una temporada se levantó a las 4.30 de la mañana para ir a trabajar al DF a las 8 desde su pueblo, a 25 kilómetros de Toluca y a 75 del Distrito federal pero que en transporte público se convierte en más de tres horas.
Después del asesinato de tres normalistas y la desaparición de otros 43 el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, varios estudiantes dejaron la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. La coordinación abrió una convocatoria especial para llenar las plazas de los desertores, y se reservaron las de los caídos y desparecidos. Una de las batallas de los normalistas de Ayotzinapa es el mantenimiento de la escuela, que el gobierno amenaza cada año con recortes de presupuesto.
Así que no podían dejar plazas vacías. Varios muchachos se presentaron y Santiago no logró entrar, pero conoció la escuela y vivió tres meses ahí, sumándose a las exigencia de justicia de los normalistas por sus compañeros muertos y desaparecidos.
“Me enamoré de la escuela”, dice ahora, pero sobretodo vio “la esperanza”. En junio, cuando abrieron la convocatoria para el curso 2015-2016, no lo dudó. Fue uno de los 168 aspirantes que presentaron el examen de ingreso. 140 lo lograron.
Atrás quedaron los años donde se presentaban centenares, como los 500 que hicieron el examen en 2011, por ejemplo, antes de la muerte el 12 de diciembre de ese año de otros dos normalistas en un bloqueo en la Autopista del Sol. Desde entonces ha venido bajando la demanda. Aún así no quedan plazas vacías.
“Los que venimos aquí no tenemos muchas opciones, venimos de lugares humildes, donde a veces falta un plato de comida en casa, la escuela es la única alternativa para muchos de los que estamos aquí”, explica Nery, uno de los que sí se quedó el año pasado en las vacantes extemporáneas y que ahora está orgulloso de estar en segundo grado.
Él es de una comunidad de San Miguel Totoloapan, uno de los municipios estratégicos de Guerrero para el crimen organizado por los sembradíos de amapola y de donde en los últimos dos años se calcula que han huido más de mil personas a causa de la violencia.
Él mismo ha sido correteado por agentes de la Marina, cuando rallaba amapola durante ocho horas por dos cientos pesos al día. Si se gradúa podrá optar a una plaza de maestro, con un mejor sueldo, seguridad y prestaciones de ley.
La escuela es gratuita. El internado les asegura la educación, la estancia y la manutención, aunque de manera precaria. Ahí los estudiantes tienen que comprometerse con las tareas de mantenimiento de la escuela. Para los de primero el silbato toca a las 6. A esa hora hay que estar listo para cortar el pasto o para ir a la milpa o al cultivo de flores de cempasúchil con los que ayudan a mantener la escuela.
Luego les sirven el desayuno y después empezarían las clases. Hace un año que no las hay de manera regular, pero sí deben entregar tareas para no perder el semestre, así que Santiago se apura a leer las teorías sobre el aprendizaje de Skinner, Piaget o Makarenko.
Dice que algunas son bien complicadas pero que están más difíciles los textos sesudos de los prohombres que ilustran las paredes –Marx, Lenin, el Che,…– y que deben también revisar para los círculos de estudio, el adoctrinamiento político entre pares.
La disciplina también es otra de las características y se muestra hasta físicamente. Santiago y todos los de primero son fáciles de identificar. Cuando fueron aceptados les raparon el cabello así que todavía lo llevan corto, tieso y sin forma.
“Aquí aprendemos a ser maestros rurales de verdad, cuando vayamos a comunidades alejadas donde tenemos que caminar dos y tres horas, a dar clase apenas bajo un tendido de cañas, necesitamos saber trabajar y entender las necesidades de la gente”, se excusa.
En la Normal de Ayotzinapa no hay lujos, los edificios están descarapelados, la alberca está abandonada, no hay camas para todos así que a muchos de primero les toca dormir con un colchón en el piso, los mismos alumnos hacen el aseo y el mantenimiento del lugar.
Cuando falta comida no dudan en confiscar un camión de alguna empresa grande que les asegure provisiones. Con las movilizaciones, ahora es todavía más común.
Esta semana, en una mañana mientras un grupo prendía la Fiscalía de Guerrero, en Chilpancingo, otro interceptó al menos tres camiones y se hicieron con el cargamento de un repartidor de Bimbo, de un camión de refrescos y de un tráiler que abastecía perecederos a Walmart. A los choferes les invitaron a comer.
“Todos somos Ayotzinapa” musitaba y sonreía el repartidor de la panadera. “Lo hacen a cada rato”, añadía resignado.
“A mucha gente les chocamos, nos dicen esos ayotzinapos revoltosos, porqué defendemos la escuela. Siempre va a haber críticas” reconoce otro alumno de primero, Giovanny. Tiene 18 años e ingresó porqué así se lo había prometido a su amigo de la infancia José Ángel Navarrete, uno de los 43 desaparecidos. Hoy (sábado) marchará en el DF por él.
José Ángel y Gio, como le llamaba su amigo, fueron a clase juntos desde niños en Tixtla, a pocos kilómetros de la Normal y juntaban dinero de donde podían para echar unas partidas en los videojuegos los fines de semana. Ambos querían ser maestros, y estudiaron juntos la preparatoria, pero Gio se retrasó un año. Si hubiera terminado a tiempo podría haber sido él, el desaparecido.
“Claro que tengo miedo, pero tenemos que ser fuertes, en mi caso mi madre es dejada, mi hermana tiene diez años, por decirlo así yo soy el hombre de la casa y pues mis primos estudiaron aquí, desde chico conocí la escuela y aquí estoy”, dice con un dejo de orgullo.
La Normal Rural de Ayotzinapa tiene una gran tradición familiar. Muchos alumnos son hijos o sobrinos de maestros, que incluso estudiaron allí. La madre de Nery se graduó ahí mismo de maestra cuando era una escuela mixta, hace más de 30 años. Los primos y amigos de Gio también. Pero además no tenían muchas opciones más. Guerrero es el segundo estado más pobre del país, donde 69.7% de la población no puede vivir dignamente, según los datos del Coneval.
Frente a esto, Ayotzinapa es tradición y es memoria. En la entrada hay un mural con tres jóvenes muertos, una madre que llora, unos perros que acechan la escuela, el fuego que devora los libros. Podría ser parte de la escena de la noche entre el 26 y 27 de septiembre del año pasado, cuando la policía municipal de Iguala desapareció a 43 estudiantes y asesinó a otros tres en plena calle.
Sin embargo es un mural de la represión de 1988, cuando Gio todavía ni existía en los planes de su madre. Cuando Santiago, con 25 años y ya de los grandes de su generación, tampoco era siquiera un cigoto. En la cancha desde hace un año no se puede jugar. Allí están las sillas de los 43 desaparecidos y tres muertos, junto a un altar, la mayoría eran de primer año, como ahora Gio o Santiago.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MAJO SISCAR.
MÉXICO, D.F: Durante seis horas la Ciudad de México se convirtió hoy en la sede principal del “Día de la Indignación Nacional”, en conmemoración del primer aniversario de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La marcha que encabezaron los padres de los estudiantes y que recorrió el Paseo de la Reforma desde Los Pinos hasta el Zócalo, fue la más importante desde finales del año pasado y demostró que la causa de Ayotzinapa sigue movilizando a amplios sectores de la sociedad.
Así, a lo largo del camino, las miles de personas y contingentes que esperaban la marcha se incorporaron en ella.
De acuerdo con las autoridades del Distrito Federal 25 mil personas participaron en la movilización, una cifra -como de costumbre- muy subestimada.
Si bien en los últimos meses las marchas en solidaridad con los padres de los estudiantes reunieron a un limitado número de personas -sobre todo activistas, estudiantes e integrantes de organizaciones sociales y políticas-, la de hoy movilizó a un gran número de personas de diversos orígenes y edades.
Las banquetas volvieron a llenarse de personas que agarraban cartulinas, mantas, globos, banderas o dibujos -los rostros de los 43 cubrieron las orillas de la avenida y los mensajes de repudio al gobierno florecieron-, y gritaban mensajes de apoyo a los padres.
Detrás de los padres venían las columnas ordenadas de normalistas de Ayotzinapa, caminando con un paso regular y cantando consignas, puño arriba.
Luego seguían contingentes de estudiantes de otras escuelas normales, sindicatos, universitarios -de instituciones públicas y privadas- y organizaciones sociales.
También marcharon ciudadanos no organizados, artistas y músicos.
Incluso caminó un pequeño grupo de niños, quienes conocían perfectamente las consignas que nacieron con el movimiento.
Líderes de organizaciones y movimientos sociales caminaron junto a los padres de los 43. Ese fue el caso de Rubén Núñez, jefe de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE); del líder yaquí Mario Luna o del fundador de las autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora.
También estuvieron presentes los pobladores de San Salvador Atenco, militantes zapatistas, líderes sindicales y representantes indígenas.
A pesar de que ocurrieron enfrentamientos entre participantes de la manifestación y policías, así como varios vidrios rotos por anarquistas a la altura del Hemiciclo Juárez, en general la marcha se llevó a cabo en un ambiente calmado y pacífico.
De hecho, los padres y sus acompañantes llamaron a la no violencia en repetidas ocasiones y exigieron el retiro de los policías para evitar que la situación degenerara.
Alrededor de las 3 de la tarde empezaron a caer las primeras gotas de lluvia. De pronto se desplegaron centenas de paraguas mientras los vendedores de capas corrían entre los manifestantes para hacer su negocio.
La vanguardia de la marcha arribó a las 4 de la tarde al Zócalo capitalino. Los padres se instalaron en el templete e iniciaron un mitin que se extendió durante más de hora y media, bajo una lluvia fina pero persistente.
Ahí expresaron su dolor y su enojo, reiteraron que continuarán con la búsqueda de sus hijos, repudiaron las mentiras del gobierno en torno a la “verdad histórica” e insistieron en que no confían en las autoridades.
El abogado Vidulfo Rosales se encargó de repartir el micrófono a los padres. Entre dos turnos de palabra, dieron mensajes políticos y gritaron consignas, seguidos por la multitud.
Muy agradecidos ante los asistentes -la mayoría de los cuales permanecieron en la Plaza de la Constitución a pesar de las condiciones meteorológicas adversas-, los padres reafirmaron la responsabilidad del gobierno federal en la crisis social que sacude el país.
Después de los familiares de los normalistas, Rosales compartió el micrófono con los líderes que acompañaron a los padres. Todos plantearon su solidaridad con los desaparecidos y denunciaron al gobierno.
A las 6 de la tarde el mitin concluyó. Rosales invitó a los manifestantes a una marcha que se llevará a cabo mañana en Iguala.
Después de 365 días de búsqueda y dos encuentros improductivos con Enrique Peña Nieto -el más reciente se llevó a cabo el pasado jueves-, los padres confirmaron que cuentan con una elevada capacidad de convocatoria.
“Nuestra exigencia es la misma que aquel 27 de septiembre”
Debajo de sus capas de lluvia de color gris, los padres de familia realizaron un mitin esta tarde frente a una Plaza de la Constitución llena de decenas de miles de paraguas e impermeables de plástico.
“Nuestra exigencia es la misma que aquel 27 de septiembre de 2014 por la mañana”, clamó un representante de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
“No vamos a permitir que se abandone la investigación”, advirtieron al denunciar de nuevo las mentiras del gobierno en su caso, por lo cual culparon a Enrique Peña Nieto y su gabinete.
Reiteraron que la “verdad histórica” que dio a conocer el exprocurador Jesús Murillo Karam fue “destruida” por el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Cada intervención terminaba con gritos de “¡Fuera Peña!”, repetido por la masa de manifestantes cuya magnitud no se había visto en el Zócalo desde finales de 2014 y que escucha el mitin a pesar de la lluvia que cae esta tarde en la Ciudad de México.
“El cielo llora porque faltan estudiantes, 43 y muchos más”, dijo Cristina Bautista al denunciar que las fuerzas de seguridad de Guerrero intentaron impedir a los padres llegar a la capital.
“Nuestra invitación no fue en vano porque salieron miles a la calle, para que no se repita (lo de los 43 normalistas), que no les pase a sus hijos y nietos”, manifestó.
“¡No están solos!”, gritaron los asistentes, a los que los padres agradecieron reiteradamente.
Mario César González afirmó que “fue un año de aprendizaje, pude ver cómo se desaparece a la verdad”.
Se dijo “impresionado de ver a tanta gente, que el corazón de los mexicanos, ya cargados de problemas, todavía tengan espacio para los 43” y añadió que “si el gobierno le apostó al olvido, se jodió”.
Navarrete afirmó: “Pensaba que el ignorante era yo, por no haber estudiado. Pero me di cuenta que no, que están de otro lado”.
Agradeció a las organizaciones que los apoyaron y a las personas solidarias con los padres.
“Levántenos si ven que claudicamos”, exhortó, bajo una salva de aplausos.
La madre de uno de los normalistas rompió en llanto al entregar el micrófono. “¡Que se largue!”, logró decir.
Cuando llegue el momento responderemos, advirtió el abogado Vidulfo Rosales mientras denunciaba la embestida que sufren las escuelas normales.
Por su parte, Epifanio Álvarez recordó que hace un año no se imaginaban del camino que iban a recorrer: “Nuestros hijos son inocentes”, destacó, y subrayó que su lucha es justa.
“Que las marchas que sigan estén de pie con nosotros”, dijo Álvarez.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz, recordó que Peña Nieto -quien se encuentra hoy en Nueva York- hizo caso omiso de los ocho reclamos que los padres le entregaron durante el encuentro que sostuvieron el pasado jueves.
“Cada una de las lágrimas de los padres las van a pagar muy pronto con cárcel”, dijo al denunciar la “complicidad del gobierno de Peña Nieto con los criminales de Iguala”.
Llamó a los mexicanos a operar un cambio de rumbo: “Es momento que el pueblo tome el poder en sus manos”.
Hipólito Mora, líder de las autodefensas de Michoacán, llamó a los mexicanos a sumarse al repudio al gobierno y compartió su admiración por los padres.
“También perdí un hijo en esta lucha”, rememoró, e hizo un llamado: “tenemos que luchar, por favor luchemos juntos”.
Mora lamentó que el doctor José Manuel Mireles siga encarcelado.
A las 6 de la tarde con el canto “Venceremos” terminó el mitin que, a su vez, concluyó el “Día de la Indignación Nacional”.
La marcha que conmemora el primer año de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa arrancó hoy a las 12:30 horas rumbo al Zócalo capitalino.
Al cuarto día de su llegada a la Ciudad de México -donde emprendieron un ayuno de 43 horas y sostuvieron un encuentro improductivo con el presidente Enrique Peña Nieto-, los padres de los estudiantes encabezan la marcha.
La movilización avanzó sobre el carril derecho del Paseo de la Reforma, a la altura del Bosque de Chapultepec. Otros contingentes esperaban en distintos puntos de esa avenida para incorporarse a ella.
En cada cruce, nuevos contingentes de sumaron a los manifestantes, entre ellos estudiantes de universidades públicas y privadas, a la altura del Museo Nacional de Antropología e Historia.
Al salir de la zona del Bosque de Chapultepec era incalculable el número de personas aglutinadas en la Estela de Luz, en las banquetas, amarradas a los postes y paradas en las glorietas.
La marcha siguió su camino rumbo al Ángel de la Independencia, donde otra muchedumbre esperaba.
Detrás de la valla conformada por voluntarios e integrantes de la brigada Marabunta -y delante de los padres- caminan Vidulfo Rosales y Felipe de la Cruz, abogado y vocero de los padres, respectivamente.
También representantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon al frente de la protesta, entre ellos el oaxaqueño Rubén Núñez, de la Sección 22.
Los padres de los normalistas realizaron un mitin en el Antimonumento +43, instalado en el cruce de las avenidas Reforma y Juárez.
Ahí denunciaron las “mentiras” del gobierno en torno a la investigación y reiteraron que seguirán en su lucha, a la vez que exhortaron al público a acompañarlos en ella.
“Anteayer fue el cumpleaños de mi hijo Jorge Álvarez Nava”, dijo Epifanio Álvarez al agradecer a quienes los acompañan y “comparten nuestro dolor”.
Advirtió que esta marcha “no será la última”.
“¡Justicia, justicia!”, respondieron los manifestantes.
“Enrique Peña Nieto tiene que agotar todas las líneas de investigación”, reiteraron los padres, al exigir que se castigue a los autores materiales e intelectuales por lo ocurrido en Iguala.
Una importante concentración de personas los esperaba en el cruce y con dificultad alcanzaron las tres piezas de fierro pintadas de rojo del monumento.
Al terminarse el pequeño mitin, los padres realizaron un pase de lista. Después de cada nombre, la asistencia completaba: “¡presentación con vida!”.
Felipe de la Cruz denunció la presencia de un cerco policiaco que rodeaba el contingente de estudiantes. Exigió su retiro inmediato y subrayó que no ha habido incidente alguno en lo que va de la marcha.
A las 16 horas la vanguardia de la marcha arribó al Zócalo capitalino. Poco a poco se sumaron contingentes a la movilización.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
MÉXICO, D.F: Andrés Manuel López Obrador afirmó que todavía es tiempo de rectificar porque no va a prescribir la demanda de aclarar lo sucedido a los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y castigar, sin miramientos, de fueros o jerarquías a los verdaderos responsables.
Durante una gira por Oaxaca, el excandidato presidencial consideró que es increíble que no se conozca la verdad a un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Se entiende que en México impera la impunidad y está quedando de manifiesto que (Enrique) Peña es parte de la red de complicidades y componendas, pero apuestan al olvido, encubrir y no hacer justicia, desgracia a los mexicanos y envilece al régimen”, señaló.
En una asamblea en Bartolomé de Ayautla, López Obrador dijo que no por un error de Gabino Cué, actual gobernador de Oaxaca, se permita el regreso del PRI. Recordó que cuando el priista Ulises Ruiz gobernó la entidad se violaron derechos humanos, hubo desaparecidos, asesinados y mucha gente encarcelada.
Reiteró que ahora quieren imponer a “un junior”, hijo del exgobernador José Murat. “Si esto no es una monarquía donde se hereden cargos, por el presidente Juárez es una República”.
Criticó que cuando Murat gobernó Oaxaca, conoció a lo mucho 200 municipios, de los 570 con los que cuenta el estado. “El hijo seguro conoce como 30 y en una de esas en helicóptero, porque quieren quedar bien”.
Recordó que el ex mandatario priista tiene más de seis mansiones en Estados Unidos —como lo dio a conocer el periódico The New York Times— y sostuvo que Oaxaca merece un mejor destino.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se sumó a las exigencias para que el presidente Enrique Peña Nieto “dé respuesta puntual” a las peticiones hechas por los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa el jueves 24 de septiembre, en la reunión sostenida en el Museo Tecnológico de la CFE.
El organismo, que preside Raúl González Pérez, también pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) reencauzar la investigación por la desaparición de los jóvenes y sancionar a funcionarios públicos que “no pudieron impedir la complicidad de la delincuencia con algunas autoridades”.
A un año de los ataques a normalistas que derivaron en la muerte de seis personas, 40 heridos y 43 desaparecidos, el ombudsman nacional no ha emitido una recomendación por los hechos.
Luego de difundirse las versiones de padres de las víctimas de que el encuentro del jueves fue ríspido, en un comunicado la CNDH fijó su posición en 12 puntos y destacó que la relación con las víctimas de violaciones a derechos humanos, debe ser “respetuosa y constante (…) en un contexto de dignidad y respeto”, lo que contribuye a la alcanzar “las metas comunes de verdad, justicia y reparación”.
Por ello, “se formula un exhorto al gobierno federal para que dé respuesta puntual a los planteamientos hechos por los padres de los estudiantes desaparecidos, sus representantes y diversas organizaciones sociales, en la carta que entregaron con motivo de la reunión sostenida el pasado 24 de septiembre”, puntualizó el organismo.
“El caso Iguala –se apuntó en el comunicado– es un expediente abierto, cuya investigación continúa, en la cual se debe considerar toda línea sustentada en elementos objetivos y no se dará por concluida hasta que se haya esclarecido el destino de los normalistas desaparecidos y tanto las víctimas, como la sociedad en general, tengan conocimiento de la verdad sobre los hechos acaecidos antes, durante y después del 26 y 27 de septiembre en el estado de Guerrero”.
Alcanzada la verdad, añadió, “se propiciará la reparación del daño a las víctimas, así como que los responsables de tales actos respondan de los mismos ante las autoridades competentes y reciban la sanción que corresponda conforme a derecho”.
Al señalar que mientras no se conozca con certeza el destino de los desaparecidos, el caso Iguala seguirá abierto, recomendó “efectuar una revisión integral del expediente integrado por la PGR, a efecto de detectar omisiones o irregularidades”, que después tendrán que ser investigadas y sancionadas.
En un comunicado, la CNDH pidió a la dependencia encabezada por Arely Gómez retomar las observaciones que hizo el propio organismo en julio pasado, en el documento “Estado de la Investigación del Caso Iguala”, así como las formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Puntualizó que es inadmisible la impunidad en este caso, sino que por el contrario “la investigación debe volverse un referente sobre el compromiso y capacidades del Estado y de la sociedad mexicana con la justicia y el respeto de la dignidad humana”.
Estimó que “recuperar la credibilidad de la sociedad en sus instituciones requiere, entre otras cosas, que las autoridades competentes den una respuesta a la debida demanda de justicia y de verdad”.
Para el organismo, el esclarecimiento del caso “sólo se logrará con los elementos concretos que se desprendan de una investigación científica y exhaustiva de los hechos, que adminicule todos los elementos probatorios que obren en el expediente mediante un análisis integral, lógico y objetivo de los mismos”.
Añadió que “los rumores, suposiciones infundadas y especulaciones, además de confundir a la opinión pública, desvirtúan las investigaciones, propiciando la demora en la conclusión de las mismas y que los hechos permanezcan impunes”.
Recomendó “dar transparencia, certidumbre y continuidad a la investigación que lleva a cabo la PGR, con independencia de las decisiones administrativas o burocráticas”, sin que ello afecte o dilate las conclusiones.
Al puntualizar que “la voluntad política expresada a favor de la verdad y la justicia debe encontrar expresión en avances concretos y objetivos de la investigación”, la CNDH pidió reconocer que “las estructuras estatales no pudieron impedir la complicidad de la delincuencia con algunas autoridades, y a la fecha no han podido deslindar las responsabilidades correspondientes ni que todos los que participaron en los hechos sean consignados”.
El organismo exigió a las autoridades federales reconocer el derecho de las víctimas a la participación de sus representantes como coadyuvantes en la investigación, para transparentar y enriquecer la indagatoria, considerando que los “expertos que acudan en apoyo cuenten con la confianza de las víctimas”.
Considerando que “la verdad en este caso es una”, el organismo hizo un llamado a quienes realizan investigaciones en torno a la desaparición de los jóvenes, a garantizar el derecho a la verdad como “prioridad jurídica, histórica, ética y de trascendencia para la dignidad nacional”.
Tras señalar que es necesario “impedir el uso político de estos hechos, así como evitar cualquier distorsión” que derive en la contaminación de la investigación, el organismo hizo un llamado a “dejar de lado descalificaciones”, sumar esfuerzos en la realización de una investigación “con el rigor, objetividad, responsabilidad y profesionalismo que el caso requiere”.
Al señalar que la CNDH continuará con su investigación y estará pendiente de las acciones que lleven a cabo las autoridades, consideró que “la verdad, la justicia y la reparación no pueden subordinarse a ningún tipo de interés o prioridad diversa”, insistió en que “los hechos de Iguala deben ser el parteaguas que nos lleve a renovar el compromiso que, como autoridades y sociedad, tenemos en favor del respeto a la dignidad humana y la vigencia del Estado de Derecho”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
El Director General de la Agencia de Inversión Social y Desarrollo para la Ciudad de México (ProCDMX), Simón Levy, publicó que por instrucciones del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se suspendía la actividad gubernamental en la consulta, porque "no se puede ser juez y parte".
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) anunció que ya no organizará la consulta ciudadana para la construcción del proyecto Corredor Cultural Chapultepec y sólo observará y actuará según lo considere el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) quien se encargará exclusivamente de realizar este ejercicio.
El Director General de la Agencia de Inversión Social y Desarrollo para la Ciudad de México (ProCDMX), Simón Levy, publicó que por instrucciones del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se suspendía la actividad gubernamental en la consulta, porque “no se puede ser juez y parte“.
Por instrucciones del #JefeDeGob @ManceraMiguelMX informamos que el ejercicio cívico de @ProCDMX p el @CCChapultepec se cancela,— Simon Levy (@SimonLevyMx) septiembre 27, 2015
Aún cuando ya se tenían contempladas las tres preguntas para la consulta de los vecinos, el funcionario informó que será el IEDF quien las establezca, así como un nuevo cambio de fecha, pues se pretende realizarla el próximo 18 de octubre, según un reporte del diario Reforma.
“Para que sea un proceso ejemplar, para que el Gobierno de la Ciudad de México no interceda ni en la metodología ni en la realización de las preguntas, ni en la metodología del propio proceso, sino que, formalmente, como lo mandata la ley, pueda el IEDF realizar este proceso inédito”, informó Levy.
Desde que se anunció el proyecto, vecinos de Chapultepec se manifestaron en contra: afirman que el corredor es una “simulación de un parque elevado que transforma la vía pública en un centro comercial” y que “pretende privatizar la ciudad para beneficio de unos pocos”.
Los ciudadanos critican que resulta “contradictorio” que se desee unir las colonias Roma y Juárez con un segundo piso, pues “en realidad las separará con concreto y con la obligación a quienes por ahí pasen de cruzar un centro comercial”.
Apenas el pasado lunes 21 de septiembre, la organización Greenpeace pidió a Mancera reconsiderar el proyecto y rediseñarlo desde cero, “incluyendo la derogación del decreto de necesidad y la participación ciudadana desde el inicio del proceso y no a la mitad del mismo”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN
La Asamblea General Popular se realizará el próximo 16 de octubre en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa; al final de la manifestación, autoridades capitalinas no reportaron personas detenidas.
A un año de la desaparición de 43 estudiantes, los padres de las víctimas convocaron a una Asamblea General Popular, para el próximo 16 de octubre, en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, donde definirán el plan de acción para los próximos meses.
“No venimos a llorar ni a dar lástima, estamos aquí para exigir justicia”, señaló uno de los líderes estudiantiles de Ayotzinapa, durante el mitin realizado la tarde de este sábado 26 de septiembre en el Zócalo del Distrito Federal, luego de más de cuatro horas de marcha.
“Es impresionante ver lo grande del corazón del pueblo mexicano, la gente, aún con sus problemas, tiene espacio en sus corazones para nuestros 43 hijos”, señalaron los padres al llegar templete, donde hicieron un llamado a mantener la paz de la marcha y responsabilizaron al gobierno de los actos violentos, ya que grupos de personas con el rostro cubierto atacaron comercios ubicados a la altura de Paseo de la Reforma y Juárez.
Además, otro grupo de personas con el rostro cubierto lanzó petardos y bolas de pintura contra la sede del Senado de la República, en Insurgentes y Reforma; sin embargo no se reportaron personas detenidas ni lesionados.
Otro de los padres de Ayotzinapa, Epifanio Álvarez, agradeció el apoyo de la gente: “Aquí estamos de pie, si nos van a matar, daremos la cara, nuestros hijos son inocentes, luchamos por ellos y por los miles de desaparecidos. Gracias a todos los que siguen de pie, mojándose, apoyándonos”, dijo.
Al final de la manifestación, el Gobierno del Distrito Federal dio a conocer que 15 mil personas participaron en la marcha y que 18 mil personas estuvieron durante el mitin.
La manifestación comenzó alrededor de las 12:30 horas de este sábado, cuando padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, así como estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sindicatos, organizaciones civiles comenzaron a marchar sobre Avenida Paseo de la Reforma.
“Aquí estamos los 43 padres con el dolor de un año de no saber qué está pasando con ellos. Vean bien las caras de las madres y padres, seguimos de pie. Arranca la marcha por los 43 hijos, arranca la marcha, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, dijo Mario César González, uno de los padres de los normalistas desaparecidos, quien dio inicio a la manifestación.
Al comienzo de la marcha, el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, señaló que ellos “han caminado 365 días para decirle al mundo que este crimen no quedara impune. Hoy camina el pueblo junto con los padres de familia para decirle a Enrique Peña Nieto que con sus seis puntos no nos va a engañar”.
Horas más tarde, en un mitin realizado en el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli, Melitón Ortega señaló que los padres de Ayotzinapa le exigen al presidente Peña Nieto que “agote todas las líneas de investigación y se castigue a los responsables.
“Hoy no podemos quedarnos callados, hoy entramos a una nueva etapa de lucha. Solicitamos a la prensa que siga difundiendo nuestro mensaje”, dijo.
Este sábado se cumplió un año del ataque contra normalistas de Ayotzinapa, ocurrido la noche entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), l os normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero.
“Se puede concluir que los normalistas fueron detenidos, asesinados e incinerados en Cocula”, dijo el entonces procurador Jesús Murillo Karam, en una conferencia de prensa realizada el 27 de enero de este año.
Sin embargo, un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) establece que “los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula”, pues para quemar por completo 43 cuerpos se habría necesitado 30 mil kilos de madera, 13 mil kilos de neumáticos y que el fuego producido hubiera durado 60 horas, lo que habría producido una cantidad de humo que debió ser percibido a varios kilómetros a la redonda.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
Bruselas: El taller de retratos que imparte en Monterrey el artista plástico Damián Ontiveros a familiares de desaparecidos fue seleccionado para participar en el Stockholm Fringe Festival (Stoff), que tendrá lugar del 21 al 25 de octubre próximo en la capital sueca.
Sin embargo, Ontiveros informó a Apro que se vio obligado a declinar la invitación sueca por falta de recursos económicos para poder solventar el viaje a Europa. Así lo comunicó al festival el pasado lunes 21.
El Stoff no asume los gastos de transportación y hospedaje. Su apoyo se limita a difundir el trabajo de los artistas y a pagar la renta de los seis diferentes lugares en los que se presentarán los proyectos invitados (cuyo costo oscila entre 2 mil y 4 mil euros por noche cada sitio).
La invitación a los mexicanos consistía en que un grupo de tres mujeres que participó en el taller de retratos dibujara durante tres horas diarias –los cinco días que dura el festival– los rostros de algunos asistentes, tal como lo ha hecho con los de sus hijos y familiares desaparecidos. Ese ejercicio suele provocar fuertes emociones.
Ontiveros comentó a esta agencia que solicitó el apoyo financiero de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Pero la primera institución le contestó que no disponía de fondos y la segunda consideró que su proyecto no tenía impacto social y sólo lo beneficiaba a él, por lo que también le negó ayuda económica.
La embajada de México en Suecia se comprometió a apoyar al artista con 600 euros, pero eso corresponde apenas a 7.5% del presupuesto que él estima necesario para cubrir la totalidad de los gastos (150 mil pesos o casi 8 mil euros), que incluyen la compra de cuatro boletos de avión, el alojamiento y la alimentación durante siete días en Estocolmo, una ciudad cara en Europa.
“Sería terrible que las autoridades mexicanas no vieran el valor del proyecto y no lo apoyaran; sería muy triste”, dijo a Apro el fundador y codirector del Stoff, Adam Potrykus, cuando hace dos semanas se enteró de la posibilidad de que el proyecto mexicano no pudiera acudir a Estocolmo.
Ontiveros intentó en vano vender obra suya para recolectar fondos suficientes y poder realizar el viaje a Suecia. Para el gobierno –explica– es un tema “inconveniente” y para la iniciativa privada es uno “sensible”.
Ahora que declinó la invitación, el artista sólo enviará un video que muestra el trabajo del taller para que sea proyectado durante el festival. “Pero –lamenta– la fuerza del proyecto, el cara a cara con el público, se perderá”.
Visibilizar el problema
Potrykus explicó que “los proyectos artísticos que se presentan en el Stoff reflejan los temas que importan en el mundo. El proyecto de Ontiveros refleja, desde nuestro punto de vista, un asunto importante, interesante y, por supuesto, muy trágico de la realidad de México”.
Continúa: “Es maravillosa la forma en que el proyecto mexicano nos cuenta historias conmovedoras, capaces de transportar a la audiencia muy lejos. La manera de trabajar del taller es fabulosa”. Potrykus consideraba “una fortuna” contar con la presencia de madres mexicanas de desaparecidos en su festival.
El taller de retratos fue creado por Ontiveros con el apoyo de Jesús González, integrante de la organización civil Fuerzas unidas por nuestros desaparecidos en Nuevo León (Fundenl).
En 2012, Ontiveros ya había realizado un taller con esposas e hijos de soldados, a quienes considera una nueva clase vulnerable a la violencia a la que se debe ofrecer apoyo.
Inspirado en el proyecto de Fundenl, Bordando por la Paz (pañuelos bordados con textos y dibujos dedicados a desaparecidos y otras víctimas de la violencia en México), el taller comenzó con 12 participantes poco antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
“Fue una desafortunada coincidencia”, señala el artista.
El objetivo del taller, narra, fue desde el principio crear una plataforma para visibilizar el problema de los desaparecidos y, en paralelo, mostrar el trabajo resultante en festivales internacionales de video experimental para “tratar de avergonzar a los políticos mexicanos de la tragedia que está ocurriendo en México y que es su culpa”.
Pero también Ontiveros se planteó el taller como un espacio para generar, a través de las artes plásticas, un momento de “catarsis y depuración” que ayudara emocionalmente a los familiares de los desaparecidos. En el fondo, la idea, explica Ontiveros, es conformar “pequeñas comunidades” que “fracturen los elementos naturales de dominación del poder: la violencia, la pobreza, la educación”.
“No soy activista, pero me parece muy doloroso e injusto permitir que estas cosas (las desapariciones) sigan sucediendo. No he tenido la desgracia de tener un desaparecido en mi familia, pero como ciudadano me siento en el deber de visibilizar el problema: veo que hay una gran separación entre aquellos que ya les pasó algo y a quienes todavía no”, declara el artista plástico.
Catarsis
En el taller las mujeres recibieron un curso básico de dibujo, en donde aprendieron a identificar los elementos del retrato. Dibujaron los rostros de sus hijos “cientos de veces” con papel calca, refiere Ontiveros, y luego tomaron un curso de creación literaria con el escritor regiomontano Paulino Ordoñez, tras lo cual pudieron añadir texto a sus obras.
Ontiveros creó una animación, en el que encimó a las bocas de los desaparecidos retratados las de sus familiares, que narran los recuerdos que tienen de ellos pero en tiempo presente, como si nunca hubieran partido.
El taller –que duró en total dos meses con sesiones semanales de dos horas– finalizó en un acto artístico titulado Son: microespacios de estética comunitaria, que se celebró el 11 de diciembre en la Galería Alternativa Once de Monterrey.
Durante ese evento se expuso el trabajo del taller y las cinco participantes que quedaron del grupo inicial de 12 dibujaron ahí mismo, cara a cara, los rostros del público, a quienes después regalaban sus retratos.
El evento causó gran emoción. “Fue tremendo, muy energético. Hubo mucha empatía con el público. Acabamos abrazados y llorando”, recuerda Ontiveros.
Las imágenes de esa presentación fueron las que impactaron a Potrykus, quien enfatiza que el tema de los derechos humanos ha sido siempre una preocupación de su festival.
El Stoff –cuya primera edición se celebró en 2010 y que recibe subvenciones de la ciudad y del gobierno federal—es un festival que estimula los trabajos innovadores y experimentales, especialmente en teatro, performance e instalación.
Potrykus expone que el festival suele jugar un papel político por el simple hecho de que muchas de las obras que se presentan son de ese corte. “Creo que es importante llevar esas problemáticas a la luz pública”, dice.
–¿En Suecia están al tanto de la crisis de derechos humanos que vive México?
–No somos expertos de los que pasa en su país. Sabemos lo que sucede a través de los medios de comunicación. Pero consideramos que las historias que narra Ontiveros en su proyecto son muy conmovedoras y emotivas. El proyecto es lo suficientemente bueno para haber sido seleccionado entre los cientos que nos llegaron provenientes de 53 países”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCO APPEL (REPORTAJE ESPECIAL).
MÉXICO, D.F: Los congresistas federales de EU, Filemón Vela y Michael McCaul, solicitaron al Departamento de Estado acelerar el proceso para que Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, exgobernadores de Tamaulipas, sean extraditados a Estados Unidos.
En una carta enviada el jueves pasado al secretario de Estado, John Kerry y a la procuradora de Justicia, Loretta Lynch, los legisladores consideran necesario llevar a los exmandatarios ante la justicia estadounidense para que sean enjuiciados por los supuestos delitos que han cometido, que incluyen lavado de dinero y narcotráfico, entre otros.
“Estos dos exgobernadores del estado de Tamaulipas en México son acusados de ser personajes clave en empresas criminales que impactan en forma negativa en nuestras comunidades en ambos lados de la frontera“, indica la petición.
Señala que las agencias de justicia federal dedican sus recursos materiales y humanos para investigar acusaciones de fraude, corrupción, tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos.
“Como resultado de estas investigaciones se han emitido órdenes de detención contra estos dos hombres”.
“Traer a Tomás Yarrington y Eugenio Hernández debe ser una prioridad e instamos a acelerar su extradición”, dice la carta.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
