Miles salieron a la calle para expresar el reclamo de justicia por los 43 desaparecidos en Iguala. Los autodenominados anarquistas hicieron destrozos en edificios públicos y privados.
La conmemoración a un año por los hechos de violencia el Iguala en que desaparecieron 43 estudiantes y murieron otras seis personas desató la indignación nacional este fin de semana.
En diferentes ciudades, organizaciones y ciudadanía en general salieron a la calle con la exigencia de justicia.
En la Ciudad de México, los padres de los estudiantes desaparecidos encabezaron una marcha que se extendió por al menos tres kilómetros, que salió del Auditorio Nacional hacia el Zócalo. En Paseo de la Reforma algunos estudiantes de los autodenominados anarquistas lanzaron cohetes y piedras en contra de edificios públicos y hoteles, así como del personal de Tránsito que resguardó la manifestación.
El bloque anarquista pintarrajeó con aerosol los anuncios de las paradas del transporte público y monumentos, como la Glorieta de La Diana, La Palma y el Monumento a Colón, con leyendas como “Fue el Estado” y “+43”.
En su discurso, los padres de los jóvenes endurecieron su postura con ataques más directos hacia el gobierno federal. En su mitin en el Zócalo capitalino, hicieron referencia a líderes históricos de la guerrilla guerrerense.
“No somos pacifistas, queremos decirlo, porque muy mal nos ha tratado este gobierno, con la punta del pie, y nos ha reprimido. Les decimos: cuando sea necesario le vamos a responder.
“Ya no estamos dispuestos a permitir esa opresión histórica que como pobres estamos sufriendo. Los pobres hemos decidido empuñar el fusil de la conciencia que nos dejó (Lucio) Cabañas, que nos dejó Genaro Vázquez”, expuso uno de los padres de las víctimas.
Ambos guerrilleros en mención estudiaron en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Múltiples contingentes
En Guadalajara marcharon más de 5 mil personas.
Después de las 17:00 horas del sábado, tres contingentes salieron de distintos puntos de la ciudad. Uno partió del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG). Otro más lo hizo desde el Parque Revolución, en el cruce de las avenidas Federalismo y Juárez. Y el tercero, desde el Tianguis Cultural, en el Parque Juárez, a unos metros de la sede estatal del PRI. Los tres contingentes se dirigieron a la Plaza Liberación.
Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) y la Fundación por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), marcharon al lado de mujeres, niños, ancianos, académicos, obreros, que se solidarizaron con estudiantes vivos de Ayotzinapa que estuvieron presentes en la manifestación.
Marchan en Iguala
Los padres realizaron ayer otra marcha en Iguala, Guerrero.
Aunque en su mayoría fue pacífica, también hubo un bloque de estudiantes que con piedras y tabiques rompió los cristales de la clínica en que supuestamente se negó a atender a algunos estudiantes heridos el 27 de septiembre de 2014.
En la protesta, los asistentes lanzaron consignas contra la versión oficial que ha sido puesta en duda tanto por los padres de los normalistas como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dicha versión indica que los estudiantes fueron quemados y lanzados en el río Cocula.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
lunes, 28 de septiembre de 2015
“Cocoa” acusó a Aureoles de delincuente… ahora analiza unírsele
MÉXICO, D.F: Si el perredista Silvano Aureoles Conejo ganara la gubernatura de Michoacán, “ejercería el cargo de la mano de la delincuencia organizada”. Así lo afirmó la senadora Luisa María Calderón Hinojosa en mayo pasado, en medio del jaloneo por la gubernatura de la entidad. Hoy la panista analiza la oferta que hizo el gobernador electo para que acepte la Secretaría de Finanzas y Administración, así como la Contraloría del Estado.
Entrevistada por la Agencia Quadratín, la excandidata al gobierno de Michoacán sostuvo que durante los encuentros con el perredista –quien aseguró que su gabinete se integrará de manera plural, con perfiles capaces y probos– se ha puesto especial énfasis en el tema de la seguridad pública y la conformación de los cuerpos policiacos, una de las propuestas más firmes de ‘Cocoa’, hermana del expresidente Felipe Calderón, durante todo el pasado proceso electoral.
“Sin lugar a dudas la creación de contrapesos en los temas de orden y administración requieren un pulcro manejo en las finanzas, así como transparencia en el ejercicio de los recursos, que se pueda apoyar desde afuera, con la observación y la propuesta”, señaló.
Primero en abril y luego en mayo de 2015, en medio de la campaña por la gubernatura de Michoacán, ‘Cocoa’ destacó que si sus contendientes Silvano Aureoles Conejo (PRD) o Ascención Chon Orihuela Bárcenas (PRI) ganaran las elecciones (del pasado 7 de junio), ambos ejercerían el cargo de la mano de la delincuencia organizada.
Durante los dos debates oficiales, la panista acusó a los gobiernos anteriores en la entidad, de priistas y perredistas, de ser los responsables de la desgracia de la entidad.
“Los gobiernos del PRI y del PRD han mentido, han prometido cosas que no cumplieron, han comprado elecciones con dinero criminal y quieren volver a hacerlo (…) Quieren a toda costa ganar esta elección. ¿Y sabes para qué? para poder tapar los crímenes y los abusos que han cometido sus partidos en nuestro estado, por eso ellos dos tienen mucho miedo de que yo gane: yo no voy a tapar a nadie”, acusó.
Añadió: “De llegar al gobierno del estado (PRI y PRD), nuevamente nos esperaría más robo, deuda y sometimiento a la delincuencia organizada”.
Aureoles Conejo, ahora gobernador electo, respondió entonces a los señañalamientos de ‘Cocoa’ y dijo: “Lo suyo es mentir reiteradamente”.
“Yo creo que estaría bien que usted se aplaque”, le sugirió.
En su momento, la panista también acusó a Aureoles de haber tenido irregularidades en el manejo de recursos cuando fue alcalde de Zitácuaro.
“¿Qué me dice usted de la responsabilidad?”, cuestionó.
Durante otra intervención, Luisa María Calderón prometió que si resultaba electa en los comicios del 7 de junio pasado, promovería investigaciones para castigar a todos los exfuncionarios que han afectado al estado, y criticó el “desorden” de la administración encabezada entonces por el PRI.
Orihuela Bárcenas también reaccionó a las alusiones de la candidata panista.
“Señora Calderón, le recuerdo que el generador de la mayor crisis en la historia de Michoacán, fue su hermano Felipe”, reviró en referencia al expresidente de la República.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Entrevistada por la Agencia Quadratín, la excandidata al gobierno de Michoacán sostuvo que durante los encuentros con el perredista –quien aseguró que su gabinete se integrará de manera plural, con perfiles capaces y probos– se ha puesto especial énfasis en el tema de la seguridad pública y la conformación de los cuerpos policiacos, una de las propuestas más firmes de ‘Cocoa’, hermana del expresidente Felipe Calderón, durante todo el pasado proceso electoral.
“Sin lugar a dudas la creación de contrapesos en los temas de orden y administración requieren un pulcro manejo en las finanzas, así como transparencia en el ejercicio de los recursos, que se pueda apoyar desde afuera, con la observación y la propuesta”, señaló.
Primero en abril y luego en mayo de 2015, en medio de la campaña por la gubernatura de Michoacán, ‘Cocoa’ destacó que si sus contendientes Silvano Aureoles Conejo (PRD) o Ascención Chon Orihuela Bárcenas (PRI) ganaran las elecciones (del pasado 7 de junio), ambos ejercerían el cargo de la mano de la delincuencia organizada.
Durante los dos debates oficiales, la panista acusó a los gobiernos anteriores en la entidad, de priistas y perredistas, de ser los responsables de la desgracia de la entidad.
“Los gobiernos del PRI y del PRD han mentido, han prometido cosas que no cumplieron, han comprado elecciones con dinero criminal y quieren volver a hacerlo (…) Quieren a toda costa ganar esta elección. ¿Y sabes para qué? para poder tapar los crímenes y los abusos que han cometido sus partidos en nuestro estado, por eso ellos dos tienen mucho miedo de que yo gane: yo no voy a tapar a nadie”, acusó.
Añadió: “De llegar al gobierno del estado (PRI y PRD), nuevamente nos esperaría más robo, deuda y sometimiento a la delincuencia organizada”.
Aureoles Conejo, ahora gobernador electo, respondió entonces a los señañalamientos de ‘Cocoa’ y dijo: “Lo suyo es mentir reiteradamente”.
“Yo creo que estaría bien que usted se aplaque”, le sugirió.
En su momento, la panista también acusó a Aureoles de haber tenido irregularidades en el manejo de recursos cuando fue alcalde de Zitácuaro.
“¿Qué me dice usted de la responsabilidad?”, cuestionó.
Durante otra intervención, Luisa María Calderón prometió que si resultaba electa en los comicios del 7 de junio pasado, promovería investigaciones para castigar a todos los exfuncionarios que han afectado al estado, y criticó el “desorden” de la administración encabezada entonces por el PRI.
Orihuela Bárcenas también reaccionó a las alusiones de la candidata panista.
“Señora Calderón, le recuerdo que el generador de la mayor crisis en la historia de Michoacán, fue su hermano Felipe”, reviró en referencia al expresidente de la República.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
“El Bronco” se promueve entre priistas rumbo a 2018
MÉXICO, D.F: El gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, promovió su candidatura a la presidencia de la República de 2018 entre líderes priistas.
Una manta con la leyenda “De la mano contigo”, así como el logotipo del gobernador electo enmarcaron la intervención de Rodríguez Calderón, quien pidió a los asistentes votar por él en 2018.
El sábado pasado, Rodríguez Calderón asistió a una comida organizada por Gabriel Arellano, aspirante a la gubernatura por Aguascalientes. “El Bronco” llegó en un helicóptero con matrícula XA-JYP.
El periódico El Universal consigna en su edición de este lunes la reunión, misma que fue confirmada también por el equipo de Rodríguez Calderón.
Asistieron alrededor de 900 personas al rancho La Providencia, propiedad de Arellano. “Aunque este último fue el festejado, El Bronco mantuvo los reflectores encima, y durante su discurso jugó con la idea de poder ser candidato a la presidencia en 2018”, añade la nota del periódico.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Una manta con la leyenda “De la mano contigo”, así como el logotipo del gobernador electo enmarcaron la intervención de Rodríguez Calderón, quien pidió a los asistentes votar por él en 2018.
El sábado pasado, Rodríguez Calderón asistió a una comida organizada por Gabriel Arellano, aspirante a la gubernatura por Aguascalientes. “El Bronco” llegó en un helicóptero con matrícula XA-JYP.
El periódico El Universal consigna en su edición de este lunes la reunión, misma que fue confirmada también por el equipo de Rodríguez Calderón.
Asistieron alrededor de 900 personas al rancho La Providencia, propiedad de Arellano. “Aunque este último fue el festejado, El Bronco mantuvo los reflectores encima, y durante su discurso jugó con la idea de poder ser candidato a la presidencia en 2018”, añade la nota del periódico.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El INAI ordena al IMSS informar causas de muerte de dos menores en Chiapas
MÉXICO, D.F: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizar una búsqueda exhaustiva y presente la información que contenga las causas del fallecimiento de dos menores en Simojovel, Chiapas, luego de ser vacunados contra la tuberculosis, rotavirus y hepatitis B, el pasado 9 de mayo.
Después de que una persona solicitó diversa información relacionada con esos hechos, como la causa de la muerte de los menores, el IMSS respondió que los datos están contenidos en el certificado de defunción y que no contaba con ellos porque su emisión recayó en otras instancias, además de que son documentos confidenciales.
La solicitante se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INAI, que fue turnado a la ponencia de la comisionada presidenta Ximena Puente de la Mora, quien al analizar el caso determinó que la particular requirió las causas del fallecimiento de los menores sin la identificación de los mismos, y destacó que si bien las causas de la muerte obran en el certificado de defunción, pueden encontrarse en algún documento diverso.
Atendiendo a lo anterior, el INAI concluyó que el IMSS no hizo una búsqueda de la información en todas sus unidades administrativas competentes, omitiendo turnar la solicitud y posteriormente el recurso de revisión a la Dirección Jurídica y a la Dirección de Prestaciones Médicas.
Ante el Pleno, Puente de la Mora señaló que al dar a conocer la información solicitada, el IMSS rinde cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional de Vacunación, específicamente sobre la detección, notificación, estudio y seguimiento oportuno de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, garantizando el abasto de vacunas seguras a la población y la confianza en su aplicación.
Pero es de interés de la ciudadanía, añadió, “conocer cuáles fueron los motivos que dieron lugar al fallecimiento de estos dos menores derechohabientes por haberse suscitado en el marco del Programa Nacional de Vacunación, el cual se encuentra encaminado a otorgar protección específica a la población contra enfermedades que son prevenibles, a través de la aplicación de vacunas, así como a garantizar la disponibilidad continua de vacunas seguras del Esquema Nacional de Vacunación mediante la adecuada programación, abasto y conservación de las mismas”, sostuvo.
En ese sentido, el Pleno del INAI modificó la respuesta del IMSS y le instruyó hacer una búsqueda exhaustiva de algún documento que contenga las causas del fallecimiento de los menores, a fin de que lo entregue a la particular.
En caso de que los documentos contengan información clasificada como confidencial, como puede ser algún dato de identificación de los menores o de sus padres, se deberá hacer entrega previa supresión de la misma.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Después de que una persona solicitó diversa información relacionada con esos hechos, como la causa de la muerte de los menores, el IMSS respondió que los datos están contenidos en el certificado de defunción y que no contaba con ellos porque su emisión recayó en otras instancias, además de que son documentos confidenciales.
La solicitante se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INAI, que fue turnado a la ponencia de la comisionada presidenta Ximena Puente de la Mora, quien al analizar el caso determinó que la particular requirió las causas del fallecimiento de los menores sin la identificación de los mismos, y destacó que si bien las causas de la muerte obran en el certificado de defunción, pueden encontrarse en algún documento diverso.
Atendiendo a lo anterior, el INAI concluyó que el IMSS no hizo una búsqueda de la información en todas sus unidades administrativas competentes, omitiendo turnar la solicitud y posteriormente el recurso de revisión a la Dirección Jurídica y a la Dirección de Prestaciones Médicas.
Ante el Pleno, Puente de la Mora señaló que al dar a conocer la información solicitada, el IMSS rinde cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional de Vacunación, específicamente sobre la detección, notificación, estudio y seguimiento oportuno de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, garantizando el abasto de vacunas seguras a la población y la confianza en su aplicación.
Pero es de interés de la ciudadanía, añadió, “conocer cuáles fueron los motivos que dieron lugar al fallecimiento de estos dos menores derechohabientes por haberse suscitado en el marco del Programa Nacional de Vacunación, el cual se encuentra encaminado a otorgar protección específica a la población contra enfermedades que son prevenibles, a través de la aplicación de vacunas, así como a garantizar la disponibilidad continua de vacunas seguras del Esquema Nacional de Vacunación mediante la adecuada programación, abasto y conservación de las mismas”, sostuvo.
En ese sentido, el Pleno del INAI modificó la respuesta del IMSS y le instruyó hacer una búsqueda exhaustiva de algún documento que contenga las causas del fallecimiento de los menores, a fin de que lo entregue a la particular.
En caso de que los documentos contengan información clasificada como confidencial, como puede ser algún dato de identificación de los menores o de sus padres, se deberá hacer entrega previa supresión de la misma.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Inicia visita de trabajo de la CIDH; se entrevista con titulares de la Segob y PGR
MÉXICO, D.F: Con una reunión con funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto inició la visita de trabajo a México de integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), programada del 28 de septiembre al 2 de octubre.
Rose-Marie Belle Antoine, James Cavallaro, presidenta y vicepresidente de la CIDH, así como los comisionados Felipe González, Tracy Robinson y Rosa María Ortiz tuvieron un encuentro con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la procuradora General de la República, Arely Gómez, entre otros funcionarios federales.
Los comisionados acudieron a nuestro país a realizar “una observación en terreno de la situación de derechos humanos en el país, con particular énfasis en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura”.
Además, pretenden recabar información sobre temas de “inseguridad ciudadana, acceso a la justicia de víctimas de violaciones a los derechos humanos y la situación de periodistas” y defensores de derechos humanos y otros grupos “especialmente afectados por el contexto de violencia en México”.
En el encuentro, en el que también estuvieron el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abi-Mershed, y el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, el tema de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue central, así como el reconocimiento de la labor realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), según el organismo integrante de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su cuenta de Twitter.
Y según la cuenta de la CIDH, Osorio Chong reconoció que “mientras no tengamos seguridad en nuestros municipios, nos exponemos a casos como el de Ayotzinapa”. También dijo que la dependencia trabaja “por preservar derechos de privados de la libertad pero eliminando cualquier riesgo de fuga”.
De acuerdo con la CIDH, durante el diálogo con las autoridades federales –entre los que estaba el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián– los funcionarios señalaron que “el tema de los normalistas de Ayotzinapa ha sido de los que más ha lastimado a la sociedad mexicana”.
Los funcionarios también expresaron su disposición de resolver los interpuestos ante ese órgano “por medio de soluciones amistosas”. Agregaron que se ha creó “un fideicomiso para medidas de protección”, para la implementación de medidas cautelares emitidas por el órgano.
Piden mantener independencia
La presidenta de la CIDH, Rose Marie Belle Antoine, agradeció a los funcionarios presentes la voluntad de cooperación pero les dijo: “debemos mantener nuestra independencia”.
El comisionado Cavallaro, relator para México, solicitó “estadísticas de civiles fallecidos en conflictos con fuerzas armadas”.
Felipe González mostró su preocupación por “un grave incremento” de violaciones a derechos humanos de migrantes y consideró que el Estado debe “fortalecer los mecanismos de control interno de la policía”.
Edison Lanza resaltó que “hay una brecha entre medidas de protección y violencia y asesinatos contra periodistas”, en tanto que hay “una tasa muy baja de condenas en crímenes contra periodistas y comunicadores”.
Otro de los temas puestos en la mesa de la reunión entre comisionados y funcionarios fue la situación de presos, grupos indígenas, la niñez, así como la preocupación por las tasas de violencia contra la población LGBTI.
Los protocolos de la PGR
Por su lado, la titular de la PGR, Arely Gómez, recibió al pleno de la CIDH al que informó que se cuentan con protocolos de registro de víctimas y de personas desaparecidas.
La reunión, se registra a casi un mes de que el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, presentó su informe sobre la investigación que realizaron de los 43 normalitas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, en Iguala Guerrero.
Investigación en la que los expertos determinaron que era falsa la verdad histórica presentada por el extitular de la PGR Jesús Murillo Karam, acerca de que los normalitas fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula y después triturados sus restos óseos para luego tirarlos en bolsas al rio San Juan, además de una serie de irregularidades que señalaron existen en la indagatoria sobre el caso, como los obstáculos que puso el gobierno federal para acceder a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería así como para entrevistar a los militares que tuvieron contacto con los normalitas esa noche del 26 de septiembre.
Gómez González, presentó a los integrantes de la Comisión Interamericana los protocolos homologados de desaparición forzada y tortura aprobados en agosto pasado durante la 33 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
El protocolo homologado para la investigación del delito de tortura establece que en ningún caso podrá el ministerio Público argumentar la prescripción de la acción penal; el delito de tortura es imprescriptible.
La víctima tiene derecho a que el dictamen especializado médico psicológico sea realizado por un perito independiente debidamente acreditado por el ministerio público, la aplicación del protocolo de Estambul debe hacerse lo antes posible y la víctima puede obtener ayuda inmediata como alojamiento, transporte, asesoría jurídica, asistencia y atención económica y de desarrollo, además de la reparación del daño.
Mientras que el protocolo para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada indica que la acción de búsqueda deberá ser inmediata; es decir, ya no se tendrá que esperar 72 horas para iniciarla.
El delito de desaparición forzada tiene carácter permanente o continuo y es perseguido de oficio. El ejercicio de la acción penal derivada de la desaparición forzada de personas, así como la pena que sea impuesta judicialmente al responsable son imprescriptibles.
La agenda de la CIDH
De acuerdo con información obtenida por esta agencia informativa, la tarde de este lunes los enviados de la CIDH sostendrán reuniones con miembros de la sociedad civil para abordar nueve mesas temáticas con víctimas y organizaciones sociales.
Los asuntos a tratar son desapariciones; situación de periodistas y defensores, y el mecanismo nacional de protección; desplazamiento forzado en el contexto de violencia; ejecuciones extrajudiciales, homicidios, tortura y condiciones de detención; situación de mujeres, niños y adolescentes, personas LGBTI y pueblos indígenas “afectados por la violencia y programas de protección diferenciados”.
También se abordarán los temas de migrantes, tráfico de personas y reclutamiento involuntario; seguridad ciudadana, militarización y “respuesta estatal a la violencia”; protocolos y mecanismos de protección. Incluso, revisarán iniciativas legislativas para “atender la impunidad y la violencia”, así como la administración de la justicia, la implementación del nuevo sistema de justicia penal y el acceso a la justicia de víctimas de violaciones a los derechos humanos.
A partir del martes 29 los comisionados acudirán a Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Veracruz.
A las 9:00 horas irán a Ayotzinapa, donde sostendrán un encuentro con padres de las víctimas de los ataques armados a los normalistas el año pasado. Después se reunirán con organizaciones sociales en Chilpancingo, donde documentarán casos de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado.
Para el miércoles 30 se tiene prevista una reunión de los comisionados de la CIDH con familiares de víctimas organizadas en “Los Otros Desaparecidos”. Ahí se prevé que los comisionados realicen un recorrido por los cerros donde se han localizado fosas comunes.
La tarde del martes los comisionados se desplazarán a Monterrey para recibir información sobre temas de derechos humanos en la zona Noroeste y Noreste del país.
Ese mismo día, representantes de la CIDH acudirán a Tenosique, Tabasco, para hacer una revisión con organizaciones de la sociedad civil de la “situación general en materia de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura en el sur de México.
Los temas se abordarán en tres mesas: desafíos en mecanismos de búsqueda, identificación y acceso a la información; acceso a la justicia y protección a las víctimas de la violencia; y la situación de migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos y defensores de derechos humanos “en materia de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura en sur de México”.
En Xalapa, Veracruz, la comisionada Rosa María Ortiz recabará información sobre la violencia contra los defensores a derechos humanos y de grupos vulnerables afectados como niños, adolescentes, mujeres y pueblos indígenas. El relator especial Edison Lanza documentará la violencia contra comunicadores y periodistas y los sistemas de protección.
En esa entidad, los comisionados también sostendrán encuentro con familiares, víctimas y defensores, en casos de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como “desafíos en mecanismos de búsqueda, identificación y acceso a la información y acceso a la justicia y protección de víctimas de violencia”.
Durante cada visita de los comisionados se realizarán encuentros con funcionarios públicos estatales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ/ PATRICIA DÁVILA.
Rose-Marie Belle Antoine, James Cavallaro, presidenta y vicepresidente de la CIDH, así como los comisionados Felipe González, Tracy Robinson y Rosa María Ortiz tuvieron un encuentro con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la procuradora General de la República, Arely Gómez, entre otros funcionarios federales.
Los comisionados acudieron a nuestro país a realizar “una observación en terreno de la situación de derechos humanos en el país, con particular énfasis en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura”.
Además, pretenden recabar información sobre temas de “inseguridad ciudadana, acceso a la justicia de víctimas de violaciones a los derechos humanos y la situación de periodistas” y defensores de derechos humanos y otros grupos “especialmente afectados por el contexto de violencia en México”.
En el encuentro, en el que también estuvieron el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abi-Mershed, y el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, el tema de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue central, así como el reconocimiento de la labor realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), según el organismo integrante de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su cuenta de Twitter.
Y según la cuenta de la CIDH, Osorio Chong reconoció que “mientras no tengamos seguridad en nuestros municipios, nos exponemos a casos como el de Ayotzinapa”. También dijo que la dependencia trabaja “por preservar derechos de privados de la libertad pero eliminando cualquier riesgo de fuga”.
De acuerdo con la CIDH, durante el diálogo con las autoridades federales –entre los que estaba el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián– los funcionarios señalaron que “el tema de los normalistas de Ayotzinapa ha sido de los que más ha lastimado a la sociedad mexicana”.
Los funcionarios también expresaron su disposición de resolver los interpuestos ante ese órgano “por medio de soluciones amistosas”. Agregaron que se ha creó “un fideicomiso para medidas de protección”, para la implementación de medidas cautelares emitidas por el órgano.
Piden mantener independencia
La presidenta de la CIDH, Rose Marie Belle Antoine, agradeció a los funcionarios presentes la voluntad de cooperación pero les dijo: “debemos mantener nuestra independencia”.
El comisionado Cavallaro, relator para México, solicitó “estadísticas de civiles fallecidos en conflictos con fuerzas armadas”.
Felipe González mostró su preocupación por “un grave incremento” de violaciones a derechos humanos de migrantes y consideró que el Estado debe “fortalecer los mecanismos de control interno de la policía”.
Edison Lanza resaltó que “hay una brecha entre medidas de protección y violencia y asesinatos contra periodistas”, en tanto que hay “una tasa muy baja de condenas en crímenes contra periodistas y comunicadores”.
Otro de los temas puestos en la mesa de la reunión entre comisionados y funcionarios fue la situación de presos, grupos indígenas, la niñez, así como la preocupación por las tasas de violencia contra la población LGBTI.
Los protocolos de la PGR
Por su lado, la titular de la PGR, Arely Gómez, recibió al pleno de la CIDH al que informó que se cuentan con protocolos de registro de víctimas y de personas desaparecidas.
La reunión, se registra a casi un mes de que el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, presentó su informe sobre la investigación que realizaron de los 43 normalitas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, en Iguala Guerrero.
Investigación en la que los expertos determinaron que era falsa la verdad histórica presentada por el extitular de la PGR Jesús Murillo Karam, acerca de que los normalitas fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula y después triturados sus restos óseos para luego tirarlos en bolsas al rio San Juan, además de una serie de irregularidades que señalaron existen en la indagatoria sobre el caso, como los obstáculos que puso el gobierno federal para acceder a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería así como para entrevistar a los militares que tuvieron contacto con los normalitas esa noche del 26 de septiembre.
Gómez González, presentó a los integrantes de la Comisión Interamericana los protocolos homologados de desaparición forzada y tortura aprobados en agosto pasado durante la 33 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
El protocolo homologado para la investigación del delito de tortura establece que en ningún caso podrá el ministerio Público argumentar la prescripción de la acción penal; el delito de tortura es imprescriptible.
La víctima tiene derecho a que el dictamen especializado médico psicológico sea realizado por un perito independiente debidamente acreditado por el ministerio público, la aplicación del protocolo de Estambul debe hacerse lo antes posible y la víctima puede obtener ayuda inmediata como alojamiento, transporte, asesoría jurídica, asistencia y atención económica y de desarrollo, además de la reparación del daño.
Mientras que el protocolo para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada indica que la acción de búsqueda deberá ser inmediata; es decir, ya no se tendrá que esperar 72 horas para iniciarla.
El delito de desaparición forzada tiene carácter permanente o continuo y es perseguido de oficio. El ejercicio de la acción penal derivada de la desaparición forzada de personas, así como la pena que sea impuesta judicialmente al responsable son imprescriptibles.
La agenda de la CIDH
De acuerdo con información obtenida por esta agencia informativa, la tarde de este lunes los enviados de la CIDH sostendrán reuniones con miembros de la sociedad civil para abordar nueve mesas temáticas con víctimas y organizaciones sociales.
Los asuntos a tratar son desapariciones; situación de periodistas y defensores, y el mecanismo nacional de protección; desplazamiento forzado en el contexto de violencia; ejecuciones extrajudiciales, homicidios, tortura y condiciones de detención; situación de mujeres, niños y adolescentes, personas LGBTI y pueblos indígenas “afectados por la violencia y programas de protección diferenciados”.
También se abordarán los temas de migrantes, tráfico de personas y reclutamiento involuntario; seguridad ciudadana, militarización y “respuesta estatal a la violencia”; protocolos y mecanismos de protección. Incluso, revisarán iniciativas legislativas para “atender la impunidad y la violencia”, así como la administración de la justicia, la implementación del nuevo sistema de justicia penal y el acceso a la justicia de víctimas de violaciones a los derechos humanos.
A partir del martes 29 los comisionados acudirán a Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Veracruz.
A las 9:00 horas irán a Ayotzinapa, donde sostendrán un encuentro con padres de las víctimas de los ataques armados a los normalistas el año pasado. Después se reunirán con organizaciones sociales en Chilpancingo, donde documentarán casos de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado.
Para el miércoles 30 se tiene prevista una reunión de los comisionados de la CIDH con familiares de víctimas organizadas en “Los Otros Desaparecidos”. Ahí se prevé que los comisionados realicen un recorrido por los cerros donde se han localizado fosas comunes.
La tarde del martes los comisionados se desplazarán a Monterrey para recibir información sobre temas de derechos humanos en la zona Noroeste y Noreste del país.
Ese mismo día, representantes de la CIDH acudirán a Tenosique, Tabasco, para hacer una revisión con organizaciones de la sociedad civil de la “situación general en materia de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura en el sur de México.
Los temas se abordarán en tres mesas: desafíos en mecanismos de búsqueda, identificación y acceso a la información; acceso a la justicia y protección a las víctimas de la violencia; y la situación de migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos y defensores de derechos humanos “en materia de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura en sur de México”.
En Xalapa, Veracruz, la comisionada Rosa María Ortiz recabará información sobre la violencia contra los defensores a derechos humanos y de grupos vulnerables afectados como niños, adolescentes, mujeres y pueblos indígenas. El relator especial Edison Lanza documentará la violencia contra comunicadores y periodistas y los sistemas de protección.
En esa entidad, los comisionados también sostendrán encuentro con familiares, víctimas y defensores, en casos de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como “desafíos en mecanismos de búsqueda, identificación y acceso a la información y acceso a la justicia y protección de víctimas de violencia”.
Durante cada visita de los comisionados se realizarán encuentros con funcionarios públicos estatales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ/ PATRICIA DÁVILA.
Javier Duarte se enfrenta con dos aspirantes priistas a sucederlo
XALAPA, Ver: A nueve meses del relevo gubernamental en Veracruz, el gobernador priista, Javier Duarte de Ochoa volvió a confrontarse con dos senadores de su partido y visibles aspirantes a sucederlo: Héctor Yunes Landa y José Yunes Zorrilla.
Duarte ridiculizó a ambos senadores durante su discurso en la ceremonia de renovación de la dirigencia de la Confederación Nacional Campesina (CNC), la tarde del domingo pasado.
A Yunes Landa le dijo que sabía de su afición a la pesca y le “obsequió” una caña de pescar. Frente a las decenas de cenecistas le dijo que si tanto desea capturar “peces gordos”, se dirija hacía el estero y al Conchal a realizar actividades de pesca no importando que “sean familiares”. Yunes Landa se aproximó al estrado y recibió la caña de pescar y después de unos minutos abandonó el lugar.
Duarte de Ochoa se enfiló luego contra Yunes Zorrilla a quien le reprochó haber aprobado la reforma hacendaria y permitir el alza de impuestos.
Horas más tarde ambos senadores fustigaron a Duarte en sendos comunicados, reprochándole sus “ocurrencias” y el despilfarro en el erario. Por su parte el mandatario priista utilizó sus cuentas alternas de prensa para subir el video de la humillación a sus senadores e incluso, su staff de prensa realizó memes para volver más acidas las burlas en el ciberespacio.
La exhibición de Duarte al senador priista aludía a sus familiares, el diputado plurinominal, Miguel Ángel Yunes Linares (primo del senador priista) y sus hijos, el senador panista, Fernando Yunes Márquez y el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez.
Días antes Yunes Landa declaró que de ser el candidato del PRI a la gubernatura y ganar las elecciones el año entrante, se dedicaría a meter a la cárcel a todo aquel servidor público que ha dañado las arcas de Veracruz y aunque no hizo referencias directas, el mandatario priista hizo suyas dichas alusiones.
En el momento en que Duarte entregó la caña de pescar a Yunes Landa, el auditorio del World Trade Center (WTC) estalló en carcajadas, el coordinador de los diputados priistas, Juan Nicolás Callejas aplaudió eufórico, mientras el líder estatal del PRI, Alfredo Ferrari Saavedra flexionó el cuerpo una y otra vez, mientras con sus manos golpeaba sus rodillas, estallando en carcajadas sonoras.
El “obsequio” con connotación política, obligó a Yunes Landa a abandonar el evento de la CNC y después envió la caña de pescar a casa Veracruz través de su asistente, Jorge Moreno Salinas exsecretario de Seguridad Pública (SSP) dos sexenios atrás.
El hecho fue videograbado y fotografiado por el staff de prensa de Yunes Landa y enviado con un comunicado anexo, en donde el senador priista señala a Duarte de Ochoa que no permitirá que se “ofenda” y “humille” a su familia y tampoco a los veracruzanos.
“Sufrí una falta de respeto a mi familia y a mi persona, pero sobre todo, a millones de veracruzanos que escucho a diario reclamar con toda justicia el castigo a los culpables del saqueo que ha sufrido Veracruz.
“Al respecto manifiesto no soy aficionado a la pesca deportiva, pero sí al combate a los depredadores, particularmente los del erario, que han hecho un inmenso daño a Veracruz.
“Hace unos días hice pública mi convicción de que Veracruz requerirá que el próximo gobernador encarcele a los corruptos que han defraudado las finanzas públicas, traicionando a los veracruzanos y ofendiendo a la sociedad con sus abusos y su arrogancia. Lo reitero”, atizó el senador priista.
En el caso de Yunes Zorilla, Duarte fue enfático al evocar que como diputados federales ambos elevaron de 15 a 16% el gravamen tributario: “La nación lo requería, tú como Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado no tan solo la aprobaste, sino que fuiste defensor de la Reforma Hacendaria”, le dijo.
Apenas pasaron unas horas Zorrilla reviró al mandatario en un comunicado: “Antes de aumentar las tasas de cualquier gravamen debe hacerse un esfuerzo por eficientar el gasto público con medidas de austeridad y mediante una reingeniería administrativa. Si después de instrumentar lo anterior deben votarse impuestos, entonces hay que hacerlo”.
Los mensajes del domingo pasado fueron vistos como una ruptura entre el mandatario Duarte y su gabinete legal y ampliado con los senadores priistas y sus respectivos grupos y alcaldes que los respaldan rumbo a la sucesión del 2016.
El video de la entrega de la caña de pescar puede verse a través del canal de YouTube de “Fuentes Periodisticas”, en la siguiente liga: https://www.youtube.com/watch?v=640sn8WIawQ&feature=youtu.be
La realización del video corrió a cargo del staff de prensa de Duarte.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
Duarte ridiculizó a ambos senadores durante su discurso en la ceremonia de renovación de la dirigencia de la Confederación Nacional Campesina (CNC), la tarde del domingo pasado.
A Yunes Landa le dijo que sabía de su afición a la pesca y le “obsequió” una caña de pescar. Frente a las decenas de cenecistas le dijo que si tanto desea capturar “peces gordos”, se dirija hacía el estero y al Conchal a realizar actividades de pesca no importando que “sean familiares”. Yunes Landa se aproximó al estrado y recibió la caña de pescar y después de unos minutos abandonó el lugar.
Duarte de Ochoa se enfiló luego contra Yunes Zorrilla a quien le reprochó haber aprobado la reforma hacendaria y permitir el alza de impuestos.
Horas más tarde ambos senadores fustigaron a Duarte en sendos comunicados, reprochándole sus “ocurrencias” y el despilfarro en el erario. Por su parte el mandatario priista utilizó sus cuentas alternas de prensa para subir el video de la humillación a sus senadores e incluso, su staff de prensa realizó memes para volver más acidas las burlas en el ciberespacio.
La exhibición de Duarte al senador priista aludía a sus familiares, el diputado plurinominal, Miguel Ángel Yunes Linares (primo del senador priista) y sus hijos, el senador panista, Fernando Yunes Márquez y el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez.
Días antes Yunes Landa declaró que de ser el candidato del PRI a la gubernatura y ganar las elecciones el año entrante, se dedicaría a meter a la cárcel a todo aquel servidor público que ha dañado las arcas de Veracruz y aunque no hizo referencias directas, el mandatario priista hizo suyas dichas alusiones.
En el momento en que Duarte entregó la caña de pescar a Yunes Landa, el auditorio del World Trade Center (WTC) estalló en carcajadas, el coordinador de los diputados priistas, Juan Nicolás Callejas aplaudió eufórico, mientras el líder estatal del PRI, Alfredo Ferrari Saavedra flexionó el cuerpo una y otra vez, mientras con sus manos golpeaba sus rodillas, estallando en carcajadas sonoras.
El “obsequio” con connotación política, obligó a Yunes Landa a abandonar el evento de la CNC y después envió la caña de pescar a casa Veracruz través de su asistente, Jorge Moreno Salinas exsecretario de Seguridad Pública (SSP) dos sexenios atrás.
El hecho fue videograbado y fotografiado por el staff de prensa de Yunes Landa y enviado con un comunicado anexo, en donde el senador priista señala a Duarte de Ochoa que no permitirá que se “ofenda” y “humille” a su familia y tampoco a los veracruzanos.
“Sufrí una falta de respeto a mi familia y a mi persona, pero sobre todo, a millones de veracruzanos que escucho a diario reclamar con toda justicia el castigo a los culpables del saqueo que ha sufrido Veracruz.
“Al respecto manifiesto no soy aficionado a la pesca deportiva, pero sí al combate a los depredadores, particularmente los del erario, que han hecho un inmenso daño a Veracruz.
“Hace unos días hice pública mi convicción de que Veracruz requerirá que el próximo gobernador encarcele a los corruptos que han defraudado las finanzas públicas, traicionando a los veracruzanos y ofendiendo a la sociedad con sus abusos y su arrogancia. Lo reitero”, atizó el senador priista.
En el caso de Yunes Zorilla, Duarte fue enfático al evocar que como diputados federales ambos elevaron de 15 a 16% el gravamen tributario: “La nación lo requería, tú como Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado no tan solo la aprobaste, sino que fuiste defensor de la Reforma Hacendaria”, le dijo.
Apenas pasaron unas horas Zorrilla reviró al mandatario en un comunicado: “Antes de aumentar las tasas de cualquier gravamen debe hacerse un esfuerzo por eficientar el gasto público con medidas de austeridad y mediante una reingeniería administrativa. Si después de instrumentar lo anterior deben votarse impuestos, entonces hay que hacerlo”.
Los mensajes del domingo pasado fueron vistos como una ruptura entre el mandatario Duarte y su gabinete legal y ampliado con los senadores priistas y sus respectivos grupos y alcaldes que los respaldan rumbo a la sucesión del 2016.
El video de la entrega de la caña de pescar puede verse a través del canal de YouTube de “Fuentes Periodisticas”, en la siguiente liga: https://www.youtube.com/watch?v=640sn8WIawQ&feature=youtu.be
La realización del video corrió a cargo del staff de prensa de Duarte.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
Peña advierte en la ONU de “amenaza” de “nuevos populismos”
Nueva York. El presidente Enrique Peña Nieto advirtió este lunes ante la Asamblea General de la ONU que, debido al deterioro de las condiciones socioeconómicas, el mundo enfrenta la “amenaza de los nuevos populismos” de izquierda y derecha.
Con las crecientes desigualdades, una crisis económica mundial que no cede y con una frustración social que esto provoca, “el mundo de hoy está expuesto a la amenaza de los nuevos populismos”, dijo Peña Nieto en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
“Nuevos populismos de derecha e izquierda pero todos riesgosos por igual”, añadió el mandatario.
Alertando sobre individuos que causaron divisiones sociales durante el siglo XX, Peña Nieto llamó a los países a estar “alertas frente a quienes se aprovechan de sus miedos y preocupaciones, los que siembran odio y rencor con el último fin de cumplir agendas políticas y satisfacer ambiciones personales”.
En Nueva York, Peña Nieto se reunió el domingo con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
FUENTE: LA JORNADA/AFP
Masacres de Tlatlaya y Ayotzinapa, prueba de crisis de derechos humanos en el país: Colmex
“México carece de un Estado de derecho, existe sólo un Estado de leyes, una quimera de reglas mínimas ordenadas para los intereses de la propia clase política”, acusó Arturo Alvarado Mendoza, investigador del Centro de Estudios Sociológicos (CES) del Colegio de México (Colmex).
En la actualidad, el país pasa por una gran crisis de derechos humanos, ante la falta de respuesta de todos los niveles de gobierno a la violación sistemática de estos; prueba de ello, dijo, han sido las masacres de Tlatlaya y Ayotzinapa, precedidas por las sendas cruentas de Acteal y Aguas Blancas.
Alvarado Mendoza expresó que se vive en un Estado donde la coalición y coacción han abierto grietas en la democracia, deformada con marcas de corrupción, conflictos de intereses y sobre todo, impunidad. Este quebranto recalcitrante de las garantías individuales es desnudado por el repunte de homicidios, el asesinato de periodistas y el acoso de activistas y figuras políticas, “donde el Pacto por México fue reventado por Ayotzinapa”, expuso. Asimismo lamentó las secuelas del estancamiento económico auspiciado por “políticos que viven bien hablando de lo mal que va el país”.
El especializado en seguridad pública, justicia y gobernabilidad, reconoció que la democracia en México no ha tenido avances significativos desde las ilusiones creadas con la alternancia; por el contrario, afirmó, que la estructura clientelar empeora en las entidades y municipios, donde es más notoria la falta de libertades del electorado. “Hay un abismo entre las autoridades federales y estatales marcado por el desmantelamiento, por no decir saqueo, de las instituciones y del erario público”, denunció.
Por otro lado aseguró que a partir de la década de los noventa, la agenda de seguridad amenaza con la militarización y que el vetusto sistema de hacer política ocasionó un gigantismo burocrático, provocado, agregó, “por la reiteradas transgresión de derechos de la ciudadanía al desbordarse el contrabando, robo y lavado de dinero”.
También señaló que el fracaso del Estado de derecho en la nación se debe también a la nueva clase de empresarios políticos que apunta ahora al poder global a costillas de los mexicanos. “Sin resolverse el acceso a derechos básicos no habrá reforma de justicia efectiva. Vivimos en un Estado de leyes, en un Estado de excepción, pero no en un Estado de derecho”, sentenció en marco a los Diálogos interdisciplinarios por la paz organizados por la Universidad Veracruzana (UV).
Ruta a la transición
Con este “pesimismo histórico”, como Arturo Alvarado le llamó, y frente a la inquietante situación coetánea, la única ruta que se vislumbra para la transición en México, estimó, es el cambio engendrado desde la sociedad civil. De esta forma dijo, es imperioso insistir en que se debe incidir sobre los temas de interés nacional y no sólo vía protestas y manifestaciones, sino a través de los mecanismos para establecer propuestas y de rendición de cuentas. “La sociedad debe obligar a la autoridad a responder”.
Agregó que el rol de las universidades y, con mayor fuerza las máximas casas de estudio públicas, deben seguir fomentando los espacios de discusión y participación en donde se convoque con cada vez más ímpetu a la ciudadanía en general y no sólo a la misma comunidad.
En cuanto al papel de las iglesias, consideró que pese a su amplio poder de convocatoria, se han prestado a sus propios intereses políticos e incluso se han caracterizado por promover posturas retrógradas, movilizaciones sociales y reformas legales muy controvertidas. “No se puede esperar mucho de ellas”, reconoció.
Alternancia en gubernatura “sacudiría” a la clase política
El investigador del Colmex descartó que de darse alternancia política con la minigubernatura se dé un cambio estructural de las condiciones actuales de la entidad, sin embargo previó una sacudida para la clase política, que consideró necesaria en el proceso de transformación democrática de Veracruz. Comparó a la entidad con Tamaulipas, y trajo a colación que, como en el caso de Michoacán, la alternancia no garantiza beneficios.
“Seguimos teniendo un régimen político arcaico en el que no existe la alternancia, donde la pluralización de la clase política ha estado limitada y ha sido cooptada por intereses más allá del control legal justo y legítimo”, comentó. No obstante para Veracruz vislumbró que la respuesta favorable y urgente ante una posible permuta en el poder Ejecutivo hasta ahora entintado por el PRI.
FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.
En la actualidad, el país pasa por una gran crisis de derechos humanos, ante la falta de respuesta de todos los niveles de gobierno a la violación sistemática de estos; prueba de ello, dijo, han sido las masacres de Tlatlaya y Ayotzinapa, precedidas por las sendas cruentas de Acteal y Aguas Blancas.
Alvarado Mendoza expresó que se vive en un Estado donde la coalición y coacción han abierto grietas en la democracia, deformada con marcas de corrupción, conflictos de intereses y sobre todo, impunidad. Este quebranto recalcitrante de las garantías individuales es desnudado por el repunte de homicidios, el asesinato de periodistas y el acoso de activistas y figuras políticas, “donde el Pacto por México fue reventado por Ayotzinapa”, expuso. Asimismo lamentó las secuelas del estancamiento económico auspiciado por “políticos que viven bien hablando de lo mal que va el país”.
El especializado en seguridad pública, justicia y gobernabilidad, reconoció que la democracia en México no ha tenido avances significativos desde las ilusiones creadas con la alternancia; por el contrario, afirmó, que la estructura clientelar empeora en las entidades y municipios, donde es más notoria la falta de libertades del electorado. “Hay un abismo entre las autoridades federales y estatales marcado por el desmantelamiento, por no decir saqueo, de las instituciones y del erario público”, denunció.
Por otro lado aseguró que a partir de la década de los noventa, la agenda de seguridad amenaza con la militarización y que el vetusto sistema de hacer política ocasionó un gigantismo burocrático, provocado, agregó, “por la reiteradas transgresión de derechos de la ciudadanía al desbordarse el contrabando, robo y lavado de dinero”.
También señaló que el fracaso del Estado de derecho en la nación se debe también a la nueva clase de empresarios políticos que apunta ahora al poder global a costillas de los mexicanos. “Sin resolverse el acceso a derechos básicos no habrá reforma de justicia efectiva. Vivimos en un Estado de leyes, en un Estado de excepción, pero no en un Estado de derecho”, sentenció en marco a los Diálogos interdisciplinarios por la paz organizados por la Universidad Veracruzana (UV).
Ruta a la transición
Con este “pesimismo histórico”, como Arturo Alvarado le llamó, y frente a la inquietante situación coetánea, la única ruta que se vislumbra para la transición en México, estimó, es el cambio engendrado desde la sociedad civil. De esta forma dijo, es imperioso insistir en que se debe incidir sobre los temas de interés nacional y no sólo vía protestas y manifestaciones, sino a través de los mecanismos para establecer propuestas y de rendición de cuentas. “La sociedad debe obligar a la autoridad a responder”.
Agregó que el rol de las universidades y, con mayor fuerza las máximas casas de estudio públicas, deben seguir fomentando los espacios de discusión y participación en donde se convoque con cada vez más ímpetu a la ciudadanía en general y no sólo a la misma comunidad.
En cuanto al papel de las iglesias, consideró que pese a su amplio poder de convocatoria, se han prestado a sus propios intereses políticos e incluso se han caracterizado por promover posturas retrógradas, movilizaciones sociales y reformas legales muy controvertidas. “No se puede esperar mucho de ellas”, reconoció.
Alternancia en gubernatura “sacudiría” a la clase política
El investigador del Colmex descartó que de darse alternancia política con la minigubernatura se dé un cambio estructural de las condiciones actuales de la entidad, sin embargo previó una sacudida para la clase política, que consideró necesaria en el proceso de transformación democrática de Veracruz. Comparó a la entidad con Tamaulipas, y trajo a colación que, como en el caso de Michoacán, la alternancia no garantiza beneficios.
“Seguimos teniendo un régimen político arcaico en el que no existe la alternancia, donde la pluralización de la clase política ha estado limitada y ha sido cooptada por intereses más allá del control legal justo y legítimo”, comentó. No obstante para Veracruz vislumbró que la respuesta favorable y urgente ante una posible permuta en el poder Ejecutivo hasta ahora entintado por el PRI.
FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.
La Universidad Veracruzana exige a Duarte pagar adeudo de 2 mil mdp
MÉXICO, D.F: La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) denunció que el gobierno encabezado por Javier Duarte le adeuda dos mil millones de pesos.
De ese monto, 400 millones de pesos corresponden a subsidios federales recibidos por el gobierno estatal y no transferidos a la institución.
“Por ello, a pesar de haberse aplicado políticas de racionalidad y austeridad, se han limitado significativamente el crecimiento de la matrícula, la diversificación de programas educativos, la consolidación de la investigación, la creación y recreación artística y deportiva, el mantenimiento y renovación de la infraestructura física y el equipamiento de laboratorios y talleres, llegando, incluso a no pagar oportunamente los salarios del personal universitario”, advierte la UV en un desplegado publicado este lunes.
La universidad Veracruzana exige al gobierno estatal una calendarización de los pagos pendientes.
“Asimismo, la Junta de Gobierno le expresa su profunda preocupación por los hechos de violencia, intensificados de junio a estas fechas, que han vulnerado la seguridad de los miembros de nuestra casa de estudios”, añade el desplegado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
De ese monto, 400 millones de pesos corresponden a subsidios federales recibidos por el gobierno estatal y no transferidos a la institución.
“Por ello, a pesar de haberse aplicado políticas de racionalidad y austeridad, se han limitado significativamente el crecimiento de la matrícula, la diversificación de programas educativos, la consolidación de la investigación, la creación y recreación artística y deportiva, el mantenimiento y renovación de la infraestructura física y el equipamiento de laboratorios y talleres, llegando, incluso a no pagar oportunamente los salarios del personal universitario”, advierte la UV en un desplegado publicado este lunes.
La universidad Veracruzana exige al gobierno estatal una calendarización de los pagos pendientes.
“Asimismo, la Junta de Gobierno le expresa su profunda preocupación por los hechos de violencia, intensificados de junio a estas fechas, que han vulnerado la seguridad de los miembros de nuestra casa de estudios”, añade el desplegado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Madres de normalistas se manifestarán en la ONU por visita de Peña Nieto
WASHINGTON: En busca de apoyo del Papa Francisco en su gira por Estados Unidos, así como de senadores y representantes del Congreso de este país, cinco madres de estudiantes normalistas desaparecidos mantienen un peregrinaje que incluirá la Asamblea General de la ONU a la cual acudirá el presidente Enrique Peña Nieto.
La señora Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, desaparecido hace un año junto con 42 de sus compañeros en Iguala, explica al reportero en entrevista: “Tenemos que salir de México a buscar apoyo en el extranjero para poder encontrar a nuestros hijos, porque no le creemos al gobierno de Enrique Pena Nieto”.
El gobierno federal, añade, “es el responsable de lo que ocurrió a nuestros hijos. El señor Peña Nieto debe saber muy bien qué fue lo que pasó, porque fueron sus fuerzas policiales las que se los llevaron”.
En la pequeña peregrinación, el martes 22 la señora Legideño Vargas y las otras cuatro madres mencionadas recorrieron varias oficinas de senadores y representantes federales del Congreso estadunidense pidiendo atención a su “tragedia histórica”, para generar presión internacional sobre el gobierno de Peña Nieto.
Aparte de acudir al Capitolio, tenían la intención de entrevistarse con el Papa mientras realizaba su gira por Estados Unidos tanto la señora Legideño Vargas como Blanca Luz Nava Vélez, madre de Jorge Álvarez Nava; Hilda Hernández Rivera, mamá de César Manuel González Hernández; Luz Mariah Telumbre Casarrubias, progenitora de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, y Angélica González González, madre de José Ángel Navarrete González.
El encuentro con el pontífice era su principal intención de este viaje. “Pero vamos a recurrir a todos los personajes que se pueda, porque queremos saber de nuestros hijos. Es por eso que andamos difundiendo, tanto en México como en otros países, nuestra causa”, dice entre lágrimas la señora Legideño Vargas.
En las oficinas y pasillos del Capitolio, en Washington, repartieron copias del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que echó abajo la “verdad histórica” emitida por el gobierno de Peña Nieto sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre del 2014.
La entrevista se realiza unas horas después de que solicitaron la audiencia con el Papa, con quien idealmente se querían reunir este domingo 27 de septiembre en Filadelfia.
“Desde el 27 de enero (de 2014) el gobierno de Peña Nieto quiso cerrar el caso, pero nosotros como padres no lo vamos a permitir”, expresó la señora de 43 años de edad que, originaria de Tixtla, Guerrero, dejó de ver a su hijo cuando éste tenía 21.
Manifestación ante Peña Nieto
Las cinco madres de los normalistas siguieron al Papa Francisco a todos los lugares que visitó en Estados Unidos, buscando que se les concediera la audiencia. Pero su peregrinación no terminó con el fin de la gira papal, pues planeaban irse de Filadelfia a la Ciudad de Nueva York el domingo 27 para hacerse presentes en Manhattan y manifestarse ante el edificio de las Naciones Unidas, donde este lunes 28 Peña Nieto hablará ante la Asamblea General del organismo multilateral.
Legideño Vargas hace un balance de lo que ha vivido junto a las otras 42 madres desde hace un año:
“La sociedad y la prensa saben muy bien por lo que hemos pasado. Algunos nos han acompañado, y otros nos han atacado. Desgraciadamente el gobierno nos engañó desde un principio. Nos hizo creer que nuestros hijos estaban muertos, pero gracias a Dios esa versión ha sido desmentida por el grupo de peritos argentinos. Ya después el gobierno sacó lo del basurero de Cocula, versión que también fue desechada por el grupo de expertos.
“Y nosotros como padres no podemos dar por muertos a nuestros hijos. Nosotros continuamos buscándolos con vida, porque no hay certeza científica de que están muertos.”
Luego muestra signos de irritación cuando, con voz quebrada, dice que “el señor Murillo Karam es un ser insensible que nos hizo mucho daño. Lo que estamos exigiendo es que también se investigue a ese señor. A todos los que estuvieron involucrados en esa ‘mentira histórica’”.
–¿Confían en la procuradora Arely Gómez González? –se le pregunta.
–No, tampoco. Claramente con esto que sacó está demostrando que quieren proteger su versión histórica. Pero el grupo de expertos ya desmintió eso. Así que no, no confiamos ni en la nueva procuradora.
Apoyada en las conclusiones del informe del GIEI, insiste en que el Ejército mexicano estuvo involucrado en la desaparición de los 43 jóvenes normalistas.
“Es por eso que hemos ido a las instancias militares, al Batallón 27 de Iguala, pues nos indicaron que ahí probablemente los tenían. Sin embargo, nos respondieron que no nos permitirían entrar. Lo único que recibimos fueron represalias, pero no nos vamos a callar. Vamos a continuar porque es a nuestros hijos a quienes estamos buscando.”
Acusa lo mismo al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, que al propio mandatario estatal.
“Desgraciadamente allá en Guerrero uno y otro funcionarios se protegen. El gobernador de Guerrero era antes priista y se pasó al PRD. Y el presidente municipal no está procesado por la desaparición de los jóvenes, sino por la muerte de un luchador social. El gobierno y la delincuencia organizada en Guerrero son lo mismo; es el tipo narcogobierno que tenemos allá en Guerrero.”
–¿Cree que Peña Nieto está encubriendo a Abarca?
–Están encubriéndose unos y otros. ¿Cómo es posible que a estas alturas no se haya investigado a Ángel Aguirre? Nosotros en todas las reuniones preguntamos por qué no se investiga a estas personas. Dicen que no tuvieron participación, pero como gobernantes deben saber lo que pasa en su estado.
Lo justo, señala, es que el gobierno de México castigue a todos los responsables.
Se queja de las intimidaciones que los padres de los normalistas han recibido del gobierno, pues éste nos “ha puesto a sus fuerzas, a los militares, a sus policías, cuando vamos a alguna actividad pública. Nos han reprimido, no nos han dejado pasar. Algunos padres han recibido amenazas para que ya no continúen. Tales amenazas anónimas señalan que si proseguimos nos puede pasar algo. Pero estamos buscando a nuestros hijos”.
En Nueva York, la señora Legideño Vargas, además de manifestarse ante las Naciones Unidas por la presencia de Peña Nieto en el organismo, se reunirá con el padre de su hijo desaparecido, quien se vino de Guerrero hace 17 años a trabajar en la Gran Manzana en pos de un mejor futuro para su familia.
Ante la posibilidad de que no se concretara la audiencia con el Papa Francisco, la madre de José Antonio no descartó que los padres de los 43 estudiantes opten por solicitar una audiencia con el jerarca católico en el Vaticano.
Plantea que nunca descansará hasta encontrar a su hijo, que la causa de los padres de los 43 normalistas continuará de manera incansable, y externa su hartazgo por la manera en que algunos medios de comunicación en México, en especial las televisoras, abordan el caso de Iguala.
“Tenemos –confió– mucho coraje contra las televisoras de México, Televisa y Televisión Azteca. Sabemos que son las televisoras oficiales del gobierno, y lo único que hemos recibido de ellas es un daño emocional, porque son las que transmiten la información gubernamental. Nosotros ya no confiamos en las televisoras; únicamente en los medios independientes y libres”, remata Legideño Vargas antes de partir a Nueva York.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
La señora Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, desaparecido hace un año junto con 42 de sus compañeros en Iguala, explica al reportero en entrevista: “Tenemos que salir de México a buscar apoyo en el extranjero para poder encontrar a nuestros hijos, porque no le creemos al gobierno de Enrique Pena Nieto”.
El gobierno federal, añade, “es el responsable de lo que ocurrió a nuestros hijos. El señor Peña Nieto debe saber muy bien qué fue lo que pasó, porque fueron sus fuerzas policiales las que se los llevaron”.
En la pequeña peregrinación, el martes 22 la señora Legideño Vargas y las otras cuatro madres mencionadas recorrieron varias oficinas de senadores y representantes federales del Congreso estadunidense pidiendo atención a su “tragedia histórica”, para generar presión internacional sobre el gobierno de Peña Nieto.
Aparte de acudir al Capitolio, tenían la intención de entrevistarse con el Papa mientras realizaba su gira por Estados Unidos tanto la señora Legideño Vargas como Blanca Luz Nava Vélez, madre de Jorge Álvarez Nava; Hilda Hernández Rivera, mamá de César Manuel González Hernández; Luz Mariah Telumbre Casarrubias, progenitora de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, y Angélica González González, madre de José Ángel Navarrete González.
El encuentro con el pontífice era su principal intención de este viaje. “Pero vamos a recurrir a todos los personajes que se pueda, porque queremos saber de nuestros hijos. Es por eso que andamos difundiendo, tanto en México como en otros países, nuestra causa”, dice entre lágrimas la señora Legideño Vargas.
En las oficinas y pasillos del Capitolio, en Washington, repartieron copias del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que echó abajo la “verdad histórica” emitida por el gobierno de Peña Nieto sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre del 2014.
La entrevista se realiza unas horas después de que solicitaron la audiencia con el Papa, con quien idealmente se querían reunir este domingo 27 de septiembre en Filadelfia.
“Desde el 27 de enero (de 2014) el gobierno de Peña Nieto quiso cerrar el caso, pero nosotros como padres no lo vamos a permitir”, expresó la señora de 43 años de edad que, originaria de Tixtla, Guerrero, dejó de ver a su hijo cuando éste tenía 21.
Manifestación ante Peña Nieto
Las cinco madres de los normalistas siguieron al Papa Francisco a todos los lugares que visitó en Estados Unidos, buscando que se les concediera la audiencia. Pero su peregrinación no terminó con el fin de la gira papal, pues planeaban irse de Filadelfia a la Ciudad de Nueva York el domingo 27 para hacerse presentes en Manhattan y manifestarse ante el edificio de las Naciones Unidas, donde este lunes 28 Peña Nieto hablará ante la Asamblea General del organismo multilateral.
Legideño Vargas hace un balance de lo que ha vivido junto a las otras 42 madres desde hace un año:
“La sociedad y la prensa saben muy bien por lo que hemos pasado. Algunos nos han acompañado, y otros nos han atacado. Desgraciadamente el gobierno nos engañó desde un principio. Nos hizo creer que nuestros hijos estaban muertos, pero gracias a Dios esa versión ha sido desmentida por el grupo de peritos argentinos. Ya después el gobierno sacó lo del basurero de Cocula, versión que también fue desechada por el grupo de expertos.
“Y nosotros como padres no podemos dar por muertos a nuestros hijos. Nosotros continuamos buscándolos con vida, porque no hay certeza científica de que están muertos.”
Luego muestra signos de irritación cuando, con voz quebrada, dice que “el señor Murillo Karam es un ser insensible que nos hizo mucho daño. Lo que estamos exigiendo es que también se investigue a ese señor. A todos los que estuvieron involucrados en esa ‘mentira histórica’”.
–¿Confían en la procuradora Arely Gómez González? –se le pregunta.
–No, tampoco. Claramente con esto que sacó está demostrando que quieren proteger su versión histórica. Pero el grupo de expertos ya desmintió eso. Así que no, no confiamos ni en la nueva procuradora.
Apoyada en las conclusiones del informe del GIEI, insiste en que el Ejército mexicano estuvo involucrado en la desaparición de los 43 jóvenes normalistas.
“Es por eso que hemos ido a las instancias militares, al Batallón 27 de Iguala, pues nos indicaron que ahí probablemente los tenían. Sin embargo, nos respondieron que no nos permitirían entrar. Lo único que recibimos fueron represalias, pero no nos vamos a callar. Vamos a continuar porque es a nuestros hijos a quienes estamos buscando.”
Acusa lo mismo al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, que al propio mandatario estatal.
“Desgraciadamente allá en Guerrero uno y otro funcionarios se protegen. El gobernador de Guerrero era antes priista y se pasó al PRD. Y el presidente municipal no está procesado por la desaparición de los jóvenes, sino por la muerte de un luchador social. El gobierno y la delincuencia organizada en Guerrero son lo mismo; es el tipo narcogobierno que tenemos allá en Guerrero.”
–¿Cree que Peña Nieto está encubriendo a Abarca?
–Están encubriéndose unos y otros. ¿Cómo es posible que a estas alturas no se haya investigado a Ángel Aguirre? Nosotros en todas las reuniones preguntamos por qué no se investiga a estas personas. Dicen que no tuvieron participación, pero como gobernantes deben saber lo que pasa en su estado.
Lo justo, señala, es que el gobierno de México castigue a todos los responsables.
Se queja de las intimidaciones que los padres de los normalistas han recibido del gobierno, pues éste nos “ha puesto a sus fuerzas, a los militares, a sus policías, cuando vamos a alguna actividad pública. Nos han reprimido, no nos han dejado pasar. Algunos padres han recibido amenazas para que ya no continúen. Tales amenazas anónimas señalan que si proseguimos nos puede pasar algo. Pero estamos buscando a nuestros hijos”.
En Nueva York, la señora Legideño Vargas, además de manifestarse ante las Naciones Unidas por la presencia de Peña Nieto en el organismo, se reunirá con el padre de su hijo desaparecido, quien se vino de Guerrero hace 17 años a trabajar en la Gran Manzana en pos de un mejor futuro para su familia.
Ante la posibilidad de que no se concretara la audiencia con el Papa Francisco, la madre de José Antonio no descartó que los padres de los 43 estudiantes opten por solicitar una audiencia con el jerarca católico en el Vaticano.
Plantea que nunca descansará hasta encontrar a su hijo, que la causa de los padres de los 43 normalistas continuará de manera incansable, y externa su hartazgo por la manera en que algunos medios de comunicación en México, en especial las televisoras, abordan el caso de Iguala.
“Tenemos –confió– mucho coraje contra las televisoras de México, Televisa y Televisión Azteca. Sabemos que son las televisoras oficiales del gobierno, y lo único que hemos recibido de ellas es un daño emocional, porque son las que transmiten la información gubernamental. Nosotros ya no confiamos en las televisoras; únicamente en los medios independientes y libres”, remata Legideño Vargas antes de partir a Nueva York.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
Despotrica López Dóriga ante portada de Proceso; “chayotero” le reviran en redes
MÉXICO, D.F: Irritado por la portada del reciente número del semanario Proceso en la que se lee: “Los negocios de (Joaquín) López Dóriga”, el titular del noticiero estelar de Televisa tronó contra esta casa editorial a través de sus cuentas en redes sociales.
La respuesta que obtuvo, sin embargo, le fue contraproducente pues la gran mayoría cuestionó su ética, su falta de crítica hacia el gobierno y sus negocios.
El domingo pasado, cuando el número 2030 de Proceso comenzaba a circular, López Dóriga escribió en su cuenta de Twitter:
“Lo hay que desde su falsa izquierda, siguen al servicio del gran capital para sobrevivir. #Proceso Don Julio (Scherer) volvería morir de vergüenza”.
A este comentario, el periodista Jenaro Villamil, autor del reportaje de portada comentó: “Vaya vaya. Invocar a quien siempre lo cuestiono por vender su micrófono”.
Y salvo algunas excepciones, en las que usuarios expresaron solidaridad con el periodista y criticaron la línea editorial del semanario, decenas de usuarios criticaron el tuit de López Dóriga con comentarios como los siguientes:
@iqFC70: “@lopezdoriga ¿Cómo OSA mencionar a Julio Scherer? Usted no es crítico, ni independiente, ni íntegro, ni honesto USTED NO ES PERIODISTA”.
@Naalma: “@lopezdoriga tú hablando de vergüenza? Jaja el chiste se cuenta solo, cínico corrupto!!!”
@SirDiegoChi: “@lopezdoriga que patético eres ¿Te dolió que te hayan exhibido en el reportaje de #Proceso? Vergüenza tú por citar a Don Julio Scherer”.
@chuyon180178: “@lopezdoriga y tu de que hablas si a ti te tienen bien empinado la gente del gobierno, TU ERES UN PERIODISTA COBARDE AL SERVICIO DEL PRI”.
@paris_martinez: “@lopezdoriga Tú, que tantas campañas de desprestigio has orquestado, ideado, protagonizado… Zabludovsky volvería a morir de orgullo por ti”.
@carlosmlobato:”@lopezdoriga El que se debería morir de vergüenza eres tú, pareces no tener memoria de lo que ese SEÑOR pensaba de ti”
López Dóriga publicó un segundo tuit, éste dirigido a Julio Scherer Ibarra, hijo mayor del fundador de Proceso, Julio Scherer García. Tuiteó:
“Julio chico: a tu papá, don Julio le daría vergüenza la portada de hoy con documento falso. Proceso por su crisis, entregado al gran capital”, insistió el conductor de Televisa, pero la respuesta tampoco le fue favorable.
Además de los mensajes, los usuarios le respondieron con memes con imágenes de chayotes, fotografías en las que aparece sonriente y abrazado al expresidente Carlos Salinas de Gortari y de las portadas que ha dedicado el semanario al periodista estrella de Televisa.
Entre las decenas de mensajes que recibió “el teacher”, le dijeron:
@senognihc: “@lopezdoriga Así te hubieras indignado cuando se comprobó del montaje de Loret en el caso Casez,¡ CÍNICO CORRUPTO !”
@notidiariomex: “@lopezdoriga bien dice Florestán ‘La mierda tarde o temprano flota’, te habías tardado, pero eso, de utilizar a tu esposa para extorsionar…”
@jmalonso31: “@lopezdoriga te estan sacando tus trapotes al sol, y seguro q ahi mas q te van a encontrar por lamehuevos, ya perdiste contra una sra. Arde?”
@isamaxil: “@lopezdoriga @jenarovillamil @MonkeyPoxMx el queriendo salir en HOLA y ya es la segunda pero de @revistaproceso”
@leopitt16: “@lopezdoriga Simplemente cuanto te pasa el gobierno federal, nunca te he visto una crítica ni siquiera
constructiva a @EPN,porque será?? $$$$”
@wolverineqro: “@lopezdoriga Sería bueno que leyeran la negativa opinión pública de Julio Scherer sobre López Doriga en su libro Vivir”.
En efecto, en su libro “Vivir” de la editorial Grijalbo, Julio Scherer García se refirió así a López Dóriga:
“Durante la aparición inaugural de El Noticiero, emisión nocturna de Televisa, Joaquín López Dóriga expresó afecto por mi persona. No imaginé entonces que alcanzaría a Jacobo Zabludowsky en su comportamiento público. Ambos son ejemplo de la entrega al presidente de la República, a quien sirven y de él se sirven ellos mismos y, sobre todo, el monopolio que encabeza Azcárraga Jean.”
En su edición en circulación, Proceso publica el reportaje: “López Dóriga: cuando el micrófono tiene precio”, del periodista Jenaro Villamil en el que señala que el pleito inmobiliario entre la empresaria María Asunción Aramburuzabala y la familia del conductor estelar de Televisa ha permeado en el consorcio televisivo a tal grado que cada vez son más fuertes las versiones sobre la eventual salida de López Dóriga de la televisora.
El litigio en el que la poderosa empresaria ya lleva la delantera, publica el semanario, “puso al descubierto las ‘presiones’ e intentos de ‘extorsión’ que según ella han ejercido en su contra los esposos López Dóriga”. Además, el reportaje documenta los “negocios” que el conductor ha hecho al amparo del gobierno y los micrófonos de radio y televisión.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La respuesta que obtuvo, sin embargo, le fue contraproducente pues la gran mayoría cuestionó su ética, su falta de crítica hacia el gobierno y sus negocios.
El domingo pasado, cuando el número 2030 de Proceso comenzaba a circular, López Dóriga escribió en su cuenta de Twitter:
“Lo hay que desde su falsa izquierda, siguen al servicio del gran capital para sobrevivir. #Proceso Don Julio (Scherer) volvería morir de vergüenza”.
A este comentario, el periodista Jenaro Villamil, autor del reportaje de portada comentó: “Vaya vaya. Invocar a quien siempre lo cuestiono por vender su micrófono”.
Y salvo algunas excepciones, en las que usuarios expresaron solidaridad con el periodista y criticaron la línea editorial del semanario, decenas de usuarios criticaron el tuit de López Dóriga con comentarios como los siguientes:
@iqFC70: “@lopezdoriga ¿Cómo OSA mencionar a Julio Scherer? Usted no es crítico, ni independiente, ni íntegro, ni honesto USTED NO ES PERIODISTA”.
@Naalma: “@lopezdoriga tú hablando de vergüenza? Jaja el chiste se cuenta solo, cínico corrupto!!!”
@SirDiegoChi: “@lopezdoriga que patético eres ¿Te dolió que te hayan exhibido en el reportaje de #Proceso? Vergüenza tú por citar a Don Julio Scherer”.
@chuyon180178: “@lopezdoriga y tu de que hablas si a ti te tienen bien empinado la gente del gobierno, TU ERES UN PERIODISTA COBARDE AL SERVICIO DEL PRI”.
@paris_martinez: “@lopezdoriga Tú, que tantas campañas de desprestigio has orquestado, ideado, protagonizado… Zabludovsky volvería a morir de orgullo por ti”.
@carlosmlobato:”@lopezdoriga El que se debería morir de vergüenza eres tú, pareces no tener memoria de lo que ese SEÑOR pensaba de ti”
López Dóriga publicó un segundo tuit, éste dirigido a Julio Scherer Ibarra, hijo mayor del fundador de Proceso, Julio Scherer García. Tuiteó:
“Julio chico: a tu papá, don Julio le daría vergüenza la portada de hoy con documento falso. Proceso por su crisis, entregado al gran capital”, insistió el conductor de Televisa, pero la respuesta tampoco le fue favorable.
Además de los mensajes, los usuarios le respondieron con memes con imágenes de chayotes, fotografías en las que aparece sonriente y abrazado al expresidente Carlos Salinas de Gortari y de las portadas que ha dedicado el semanario al periodista estrella de Televisa.
Entre las decenas de mensajes que recibió “el teacher”, le dijeron:
@senognihc: “@lopezdoriga Así te hubieras indignado cuando se comprobó del montaje de Loret en el caso Casez,¡ CÍNICO CORRUPTO !”
@notidiariomex: “@lopezdoriga bien dice Florestán ‘La mierda tarde o temprano flota’, te habías tardado, pero eso, de utilizar a tu esposa para extorsionar…”
@jmalonso31: “@lopezdoriga te estan sacando tus trapotes al sol, y seguro q ahi mas q te van a encontrar por lamehuevos, ya perdiste contra una sra. Arde?”
@isamaxil: “@lopezdoriga @jenarovillamil @MonkeyPoxMx el queriendo salir en HOLA y ya es la segunda pero de @revistaproceso”
@leopitt16: “@lopezdoriga Simplemente cuanto te pasa el gobierno federal, nunca te he visto una crítica ni siquiera
constructiva a @EPN,porque será?? $$$$”
@wolverineqro: “@lopezdoriga Sería bueno que leyeran la negativa opinión pública de Julio Scherer sobre López Doriga en su libro Vivir”.
En efecto, en su libro “Vivir” de la editorial Grijalbo, Julio Scherer García se refirió así a López Dóriga:
“Durante la aparición inaugural de El Noticiero, emisión nocturna de Televisa, Joaquín López Dóriga expresó afecto por mi persona. No imaginé entonces que alcanzaría a Jacobo Zabludowsky en su comportamiento público. Ambos son ejemplo de la entrega al presidente de la República, a quien sirven y de él se sirven ellos mismos y, sobre todo, el monopolio que encabeza Azcárraga Jean.”
En su edición en circulación, Proceso publica el reportaje: “López Dóriga: cuando el micrófono tiene precio”, del periodista Jenaro Villamil en el que señala que el pleito inmobiliario entre la empresaria María Asunción Aramburuzabala y la familia del conductor estelar de Televisa ha permeado en el consorcio televisivo a tal grado que cada vez son más fuertes las versiones sobre la eventual salida de López Dóriga de la televisora.
El litigio en el que la poderosa empresaria ya lleva la delantera, publica el semanario, “puso al descubierto las ‘presiones’ e intentos de ‘extorsión’ que según ella han ejercido en su contra los esposos López Dóriga”. Además, el reportaje documenta los “negocios” que el conductor ha hecho al amparo del gobierno y los micrófonos de radio y televisión.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
López Dóriga: cuando el micrófono tiene precio
El pleito inmobiliario entre María Asunción Aramburuzabala y la familia del conductor estelar de Televisa cimbra desde hace varios días las estructuras del consorcio, al punto de que cada vez son más fuertes las versiones sobre la eventual salida de Joaquín López Dóriga de la televisora aliada del gobierno de Enrique Peña Nieto. El litigio, en el que la poderosa empresaria ya lleva la delantera, puso al descubierto las “presiones” e intentos de “extorsión” que según ella han ejercido en su contra los esposos López Dóriga. Quedan aquí documentados los “negocios” que el conductor ha hecho al amparo del gobierno y los micrófonos de radio y televisión.
MÉXICO, D.F: La batalla en tribunales entre la empresaria María Asunción Aramburuzabala, propietaria de la inmobiliaria Abilia, y los esposos Teresa Adriana Pérez Romo y Joaquín López Dóriga apenas inicia…
El litigio ha destapado el modus operandi de la extorsión del conductor estelar de Televisa y Radio Fórmula, cuya riqueza a partir del uso de poder de su micrófono incluye la propiedad de al menos seis departamentos de lujo en el Club de Golf Bosques, siete en la colonia Polanco, su lujoso yate valuado en 40 millones de pesos, una suite en residencial Villa Alejandra de Acapulco, más millonarios ingresos a través de dos empresas, Akron y Ancla, que han recibido más de 237 millones en contratos por menciones, campañas y entrevistas de dependencias federales entre 2001 y 2015.
La revelación de un presunto intento de extorsión por más de 5 millones de dólares por parte del matrimonio López Dóriga destapó lo que entre políticos y empresarios era conocido desde hace más de una década: el Teacher de Televisa presiona de esa manera a quienes no aceptan sus condiciones e intereses.
Los rumores sobre su salida de Televisa, suscitados a raíz del pleito jurídico con Aramburuzabala, arreciaron en los últimos días. Fuentes de la empresa confiaron a Proceso que el 30 de septiembre se pretendía relevar al conductor de El Noticiero de Canal 2, pero la posibilidad se frenó para no vincular el hecho al litigio inmobiliario con la heredera del emporio de la Cervecería Modelo y exsocia de Televisa.
El propio López Dóriga, en su columna de Milenio Diario, acusó el golpe de los rumores. El viernes 25 de septiembre, bajo su seudónimo Florestán, apostilló: “Los hay que en su miseria humana andan por la vida repartiendo falsos certificados de defunción”.
Los rumores en Televisa se incrementaron a raíz de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) del Distrito Federal resolvió a favor de Aramburuzabala en el juicio de lesividad sobre la construcción del desarrollo inmobiliario de la calle Rubén Darío 225, en una de las zonas de mayor plusvalía en la colonia Polanco, al lado justamente del edificio Rubén Darío 223, donde los López Dóriga son propietarios de un departamento de 552 metros cuadrados y un valor de 5 millones de dólares, según los datos del Registro Público de la Propiedad.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2030, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL (REPORTE ESPECIAL).
MÉXICO, D.F: La batalla en tribunales entre la empresaria María Asunción Aramburuzabala, propietaria de la inmobiliaria Abilia, y los esposos Teresa Adriana Pérez Romo y Joaquín López Dóriga apenas inicia…
El litigio ha destapado el modus operandi de la extorsión del conductor estelar de Televisa y Radio Fórmula, cuya riqueza a partir del uso de poder de su micrófono incluye la propiedad de al menos seis departamentos de lujo en el Club de Golf Bosques, siete en la colonia Polanco, su lujoso yate valuado en 40 millones de pesos, una suite en residencial Villa Alejandra de Acapulco, más millonarios ingresos a través de dos empresas, Akron y Ancla, que han recibido más de 237 millones en contratos por menciones, campañas y entrevistas de dependencias federales entre 2001 y 2015.
La revelación de un presunto intento de extorsión por más de 5 millones de dólares por parte del matrimonio López Dóriga destapó lo que entre políticos y empresarios era conocido desde hace más de una década: el Teacher de Televisa presiona de esa manera a quienes no aceptan sus condiciones e intereses.
Los rumores sobre su salida de Televisa, suscitados a raíz del pleito jurídico con Aramburuzabala, arreciaron en los últimos días. Fuentes de la empresa confiaron a Proceso que el 30 de septiembre se pretendía relevar al conductor de El Noticiero de Canal 2, pero la posibilidad se frenó para no vincular el hecho al litigio inmobiliario con la heredera del emporio de la Cervecería Modelo y exsocia de Televisa.
El propio López Dóriga, en su columna de Milenio Diario, acusó el golpe de los rumores. El viernes 25 de septiembre, bajo su seudónimo Florestán, apostilló: “Los hay que en su miseria humana andan por la vida repartiendo falsos certificados de defunción”.
Los rumores en Televisa se incrementaron a raíz de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) del Distrito Federal resolvió a favor de Aramburuzabala en el juicio de lesividad sobre la construcción del desarrollo inmobiliario de la calle Rubén Darío 225, en una de las zonas de mayor plusvalía en la colonia Polanco, al lado justamente del edificio Rubén Darío 223, donde los López Dóriga son propietarios de un departamento de 552 metros cuadrados y un valor de 5 millones de dólares, según los datos del Registro Público de la Propiedad.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2030, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL (REPORTE ESPECIAL).
Escucharán a Monreal en el Corredor
Para cumplir con la Ley de Participación Ciudadana, el IEDF esperará a que Ricardo Monreal asuma como jefe delegacional en la Cuauhtémoc para realizar la consulta sobre el proyecto del Corredor Cultural.
El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) esperará a Ricardo Monreal para arrancar el proceso de la consulta ciudadana sobre el Corredor Cultural Chapultepec, que será el 18 de octubre.
El IEDF ya definió los tiempos de la consulta que se llevará a cabo una vez que Ricardo Monreal asuma como jefe delegacional en Cuauhtémoc.
El organismo optó por esta fecha ya que por un lado no había concluido legalmente el proceso electoral del 7 de junio, y la Ley de Participación Ciudadana obligaba a esperar a que los jefes delegacionales electos asuman en el cargo.
Este proceso se consumará el próximo jueves 1 de octubre, cuando los 16 delegados electos tomen protesta, entre ellos el morenista Ricardo Monreal, quien asumirá en la Delegación Cuauhtémoc, en cuyo perímetro se pretende desarrollar el Corredor Chapultepec.
“Ricardo Monreal se ha pronunciado abiertamente a favor del proyecto; entonces la consulta debe hacerse ya que tomen protesta los jefe delegacionales”, dijo Manuel Granados Covarrubias, consejero Jurídico y de Servicios Legales del GDF.
El proceso mediador
A pesar de las voces ciudadanas y políticas en contra del proyecto planteado por la paraestatal ProCDMX, el Gobierno del Distrito Federal seguirá impulsando la realización de la consulta, que se realizará el 18 de octubre.
Por su parte el IEDF y su consejero presidente ya dieron el sí para acompañar a los vecinos y autoridades en el ejercicio ciudadano.
El objetivo es que las autoridades electorales capitalinas no sólo acompañen este proceso o que simplemente presten las urnas y las mamparas para el día de la jornada, sino que también nombre observadores electorales, valide las preguntas y contabilice los resultados del ejercicio, explicó el consejero jurídico.
“Será el Instituto Electoral del Distrito Federal el que esté atrás del proceso, cuyos resultados, prometió el jefe de Gobierno, se respetarán”, precisó Manuel Granados Covarrubias.
El funcionario capitalino y la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, recibieron la instrucción del mandatario local de entrarle al proceso para apoyar a ProCDMX a aterrizar la consulta con el IEDF y con los vecinos.
Las rutas vecinales
El camino para lograr una consulta no ha sido fácil.
La semana pasada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), ya se sentía la presión.
Los vecinos mantuvieron abiertas sus propias rutas. Por un lado el comité vecinal de la Condesa solicitó la consulta al IEDF, pero esta petición no incluía que el IEDF participara en la organización ni avalara los resultados.
De manera simultánea, los vecinos de la Roma se acercaron al IEDF para solicitar que se realizara un plebiscito.
Plantearon que no sólo se incluyera su opinión ciudadana sobre el proyecto del Corredor Chapultepec, también que se tomarac en cuenta sus sugerencias sobre el Cetram que se pretende construir en el Metro Chapultepec, y otras grandes obras que proyecta el GDF.
En medio de este panorama, se les cuestionó al consejero jurídico si el proyecto del CCC estaría en riesgo debido a la franca oposición que muestran algunos grupos vecinales, apoyados incluso por partidos como Morena.
Al respecto dijo que para no caer en confrontaciones, como ocurrió con el deprimido de Mixcoac, esta vez el tema se abordará con una políticas de acercamiento vecinal y respeto a las decisiones que éstos tomen.
“El sin razón, no cabe”, atajó Granados Covarrubias.
Se sienten excluidos
Mientras los tiempos legales corren para el IEDF, el Consejo Ciudadano de la Delegación Cuauhtémoc, autoridad ciudadana conformada por las cabezas de los 64 comités vecinales de la demarcación, pretende fijar postura oficial en los próximos días.
La semana pasada, este sector de vecinos convocó a una reunión en la que Simón Levy explicó el proyecto del corredor. A esa reunión llegaron vecinos opositores, que reclamaron haber sido excluidos.
El Consejo de la Cuauhtémoc acordó realizar un posicionamiento presuntamente a favor de la obra, que algunos calificaron de “maravilloso proyecto”.
Una de las intenciones de este consejo es que en la consulta se permita escuchar las voces de la mayoría y no sólo de los vecinos de la Juárez, Roma y Condesa.
Esa es otra parte del debate que el IEDF deberá aclarar: ¿Deberán opinar los de la delegación Cuauhtémoc o sólo los ciudadanos directamente impactados por la obra?
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) esperará a Ricardo Monreal para arrancar el proceso de la consulta ciudadana sobre el Corredor Cultural Chapultepec, que será el 18 de octubre.
El IEDF ya definió los tiempos de la consulta que se llevará a cabo una vez que Ricardo Monreal asuma como jefe delegacional en Cuauhtémoc.
El organismo optó por esta fecha ya que por un lado no había concluido legalmente el proceso electoral del 7 de junio, y la Ley de Participación Ciudadana obligaba a esperar a que los jefes delegacionales electos asuman en el cargo.
Este proceso se consumará el próximo jueves 1 de octubre, cuando los 16 delegados electos tomen protesta, entre ellos el morenista Ricardo Monreal, quien asumirá en la Delegación Cuauhtémoc, en cuyo perímetro se pretende desarrollar el Corredor Chapultepec.
“Ricardo Monreal se ha pronunciado abiertamente a favor del proyecto; entonces la consulta debe hacerse ya que tomen protesta los jefe delegacionales”, dijo Manuel Granados Covarrubias, consejero Jurídico y de Servicios Legales del GDF.
El proceso mediador
A pesar de las voces ciudadanas y políticas en contra del proyecto planteado por la paraestatal ProCDMX, el Gobierno del Distrito Federal seguirá impulsando la realización de la consulta, que se realizará el 18 de octubre.
Por su parte el IEDF y su consejero presidente ya dieron el sí para acompañar a los vecinos y autoridades en el ejercicio ciudadano.
El objetivo es que las autoridades electorales capitalinas no sólo acompañen este proceso o que simplemente presten las urnas y las mamparas para el día de la jornada, sino que también nombre observadores electorales, valide las preguntas y contabilice los resultados del ejercicio, explicó el consejero jurídico.
“Será el Instituto Electoral del Distrito Federal el que esté atrás del proceso, cuyos resultados, prometió el jefe de Gobierno, se respetarán”, precisó Manuel Granados Covarrubias.
El funcionario capitalino y la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, recibieron la instrucción del mandatario local de entrarle al proceso para apoyar a ProCDMX a aterrizar la consulta con el IEDF y con los vecinos.
Las rutas vecinales
El camino para lograr una consulta no ha sido fácil.
La semana pasada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), ya se sentía la presión.
Los vecinos mantuvieron abiertas sus propias rutas. Por un lado el comité vecinal de la Condesa solicitó la consulta al IEDF, pero esta petición no incluía que el IEDF participara en la organización ni avalara los resultados.
De manera simultánea, los vecinos de la Roma se acercaron al IEDF para solicitar que se realizara un plebiscito.
Plantearon que no sólo se incluyera su opinión ciudadana sobre el proyecto del Corredor Chapultepec, también que se tomarac en cuenta sus sugerencias sobre el Cetram que se pretende construir en el Metro Chapultepec, y otras grandes obras que proyecta el GDF.
En medio de este panorama, se les cuestionó al consejero jurídico si el proyecto del CCC estaría en riesgo debido a la franca oposición que muestran algunos grupos vecinales, apoyados incluso por partidos como Morena.
Al respecto dijo que para no caer en confrontaciones, como ocurrió con el deprimido de Mixcoac, esta vez el tema se abordará con una políticas de acercamiento vecinal y respeto a las decisiones que éstos tomen.
“El sin razón, no cabe”, atajó Granados Covarrubias.
Se sienten excluidos
Mientras los tiempos legales corren para el IEDF, el Consejo Ciudadano de la Delegación Cuauhtémoc, autoridad ciudadana conformada por las cabezas de los 64 comités vecinales de la demarcación, pretende fijar postura oficial en los próximos días.
La semana pasada, este sector de vecinos convocó a una reunión en la que Simón Levy explicó el proyecto del corredor. A esa reunión llegaron vecinos opositores, que reclamaron haber sido excluidos.
El Consejo de la Cuauhtémoc acordó realizar un posicionamiento presuntamente a favor de la obra, que algunos calificaron de “maravilloso proyecto”.
Una de las intenciones de este consejo es que en la consulta se permita escuchar las voces de la mayoría y no sólo de los vecinos de la Juárez, Roma y Condesa.
Esa es otra parte del debate que el IEDF deberá aclarar: ¿Deberán opinar los de la delegación Cuauhtémoc o sólo los ciudadanos directamente impactados por la obra?
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
¿Juicio político de diputados a Murillo Karam? Ajá, sí: 3 años, 84 exigencias, 0 resultados
El PRD presentó en la Cámara de Diputados una demanda de juicio político a Jesús Murillo Karam. Pero la oposición no concretó ni una de las 84 peticiones que hizo en los últimos tres años. ¿Lo logrará ahora?
La Cámara de Diputados recibió una nueva demanda de juicio político contra un servidor público del Gobierno federal, la cual se sumará a las 84 que acumulan polvo en algún cajón olvidado en la Comisión Jurisdiccional de San Lázaro, ya que ninguna de éstas fue solventada durante durante los tres años de vida de la pasada Legislatura.
La nueva demanda fue presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) contra el priista Jesús Murillo Karam, quien fuera titular de la Procuradoría General de la República (PGR), por considerar que sus acciones y omisiones pusieron en riesgo la investigación sobre la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala, Guerrero.
No es la primera vez que la oposición arremete contra Murillo Karam por los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014. De hecho es el segundo recurso de juicio político que se interpone contra el defensor de la “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa.
Sin embargo, la demanda de juicio político podría correr la misma suerte que las presentadas en la LXII Legislatura –que funcionó de 2012 a 2015–, las cuales cayeron en tierra infértil y se guardaron en el cajón del olvido de alguna oficina de la Cámara de Diputados.
En respuesta a una solicitud de información de SinEmbargo, la Cámara de Diputados reportó que un total de 84 peticiones de juicio político se quedaron en los archivos acumulando polvo de la Comisión Jurisdiccional, encargada de revisar y eventualmente aprobar estas solicitudes político-jurídicas para preservar los derechos de los ciudadanos.
La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados respondió a la solicitud con número de folio 1831/2015 que:
La Cámara de Diputados se reservó el nombre de todos los servidores públicos a quienes se demandó, bajo el argumento de que “la información relativa a los juicios políticos pendientes de resolución se encuentra reservada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracciones IV y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”.
Derivado de solicitudes de información similares, se sabe que durante la LX Legislatura –que funcionó de 2006 a 2009–, la Cámara de Diputados recibió 128 demandas de juicio político.
En 10 solicitudes hubo declaración de procedencia, pero se informó que se encontraban “pendientes de ser resueltas por la Sección Instructora”. Asimismo, durante la LXI Legislatura (2009 a 2012) se recibieron 95 demandas, que fueron ratificadas, pero quedaron “pendientes de ser resueltas”.
La Comisión Jurisdiccional de la LXII Legislatura estuvo presidida por el Diputado José Rangel Espinosa y fue integrada por el legislador priista Manuel Añorve Baños, y el panista Rubén Camarillo Ortega.
José Rangel Espinosa, mejor conocido como el “Dipucharola” por haber colocado una placa con el logo de la Cámara de Diputados a su automóvil Mercedes Benz, valuado aproximadamente en 1 millón de pesos.
Ese Diputado por el Estado de México es también conocido por vanagloriarse públicamente que el Presidente Enrique Peña Nieto votó por él en el 2012, por lo que se declaró abiertamente su admirador.
“Soy representante de los priistas de mi distrito, de los priistas y simpatizantes que votaron por mí, incluyendo al ciudadano Enrique Peña Nieto porque él vota en el distrito que yo represento en Atlacomulco”, aseveró el Diputado José Rangel. El mexiquense jamás convocó a una sesión para revisar las 84 demandas de juicio político pendiente.
JUICIOS POLÍTICOS, HERRAMIENTAS
En el marco de diversas demandas de juicio político interpuesta el año pasado sin que actuara la Comisión Jurisdiccional, Miguel Rábago Dorbecker, profesor e investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, reconoció que en México el juicio político no es garantía de una rendición de cuentas efectiva por parte del funcionario implicado.
Algunas de las solicitudes que más eco tuvieron, se presentaron contra Javier Duarte de Ochoa, Gobernador de Veracruz; Ángel Aguirre Rivero, Gobernador con licencia de Guerrero, y Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, entre otros.
En octubre de 2014, el entonces Diputado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo (PT), presentó una demanda de juicio político contra Ángel Aguirre, entonces Gobernador de Guerrero, a quien se acusó de perder el control de la gobernabilidad en la entidad. El mismo Diputado presentó una solicitud de juicio político en contra del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien acusó de evadir su responsabilidad al no investigar oportunamente el presunto asesinato de Arturo Hernández Cardona y otros perredistas, ocurrido el 31 de mayo de 2013, a pesar de que la Comisión Permanente se lo pidió de manera oficial.
Huerta ladrón de Guevara dijo que Osorio Chong fue omiso en atraer la investigación que señalaba como autor intelectual al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, quien después resultó presunto responsable en dar la orden para detener a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.
En septiembre de 2014, grupos ciudadanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil presentaron una demanda de juicio político contra Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por las “graves omisiones” frente a inumerables casos y por utilizar a la institución a “modo” a fines distintos a la defensa de derechos humanos.
De acuerdo con los demandantes, Plascencia Villanueva fue omiso en atender con oportunidad casos como los 70 mil homicidios ocurridos en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa; el caso de la masacre de San Fernando; la presunta ejecución sumaria en Tlatlaya, Estado de México, o el asesinato del niño José Luis Tehuatlie a causa de una bala de goma disparada por la policía de Puebla.
MURILLO KARAM ACUMULA JUICIOS EN SU CONTRA
La demanda de juicio político del PRD contra Murillo Karam fue presentado ante el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, pocas horas antes de que el Presidente Enrique Peña Nieto se reuniera el jueves pasado con los padres de los normalistas quienes le presentaron una serie de demandas en torno a la desaparición de sus hijos.
“Consideramos que no puede haber ningún funcionario que quede impune ante acontecimientos de la envergadura del ocurrido en Ayotzinapa, Guerrero”, dijo el coordinador perredista Francisco Martínez Neri.
Esta es la segunda ocasión que la oposición arremete contra Murillo Karam por los hechos ocurridos en Iguala el pasado 26 de septiembre.
El primero se presentó el 14 de noviembre de 2014 por el presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres Guadarrama, y fue respaldado por diputados de izquierda. En ese entonces Morena no tenía bancada en San Lázaro.
Hace pocos días, el 8 de septiembre, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado anunció que promovería su propio recurso de juicio político contra Murillo Karam, luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) echara por tierra su “verdad histórica” sobre el caso Iguala. No obstante, la demanda panista todavía no presenta formalmente ante la Cámara de Diputados, por lo que el ex Procurador General y ex titular de la Secretaría de de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), no tiene nada de qué preocuparse.
A pesar de que no existen buenos antecedentes sobre el éxito de los juicios políticos, el PRD defendió su derecho a actuar contra quien considera violó el marco constitucional, y es responsable de afectar la legalidad, imparcialidad y eficiencia de la investigación de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.
“Creemos que esto es para expiar sus culpas políticas y para que con esto distraigan a alguna parte de la opinión pública de una responsabilidad de su partido y de personas con nombre y apellido que militaban o militan en el Partido de la Revolución Democrática”, dijo el líder parlamentario priista.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DAVID MARTÍNEZ HUERTA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-09-2015/1498627.
La Cámara de Diputados recibió una nueva demanda de juicio político contra un servidor público del Gobierno federal, la cual se sumará a las 84 que acumulan polvo en algún cajón olvidado en la Comisión Jurisdiccional de San Lázaro, ya que ninguna de éstas fue solventada durante durante los tres años de vida de la pasada Legislatura.
La nueva demanda fue presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) contra el priista Jesús Murillo Karam, quien fuera titular de la Procuradoría General de la República (PGR), por considerar que sus acciones y omisiones pusieron en riesgo la investigación sobre la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala, Guerrero.
No es la primera vez que la oposición arremete contra Murillo Karam por los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014. De hecho es el segundo recurso de juicio político que se interpone contra el defensor de la “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa.
Sin embargo, la demanda de juicio político podría correr la misma suerte que las presentadas en la LXII Legislatura –que funcionó de 2012 a 2015–, las cuales cayeron en tierra infértil y se guardaron en el cajón del olvido de alguna oficina de la Cámara de Diputados.
En respuesta a una solicitud de información de SinEmbargo, la Cámara de Diputados reportó que un total de 84 peticiones de juicio político se quedaron en los archivos acumulando polvo de la Comisión Jurisdiccional, encargada de revisar y eventualmente aprobar estas solicitudes político-jurídicas para preservar los derechos de los ciudadanos.
La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados respondió a la solicitud con número de folio 1831/2015 que:
“… a partir del primero de agosto de 2012, se presentaron un total de ochenta y cuatro demandas de juicio político”, las cuales de dividen de la siguiente forma: –64 denuncias recibidas y ratificadas, cuyo estatus es “Pendientes de resolver por la Subcomisión de Examen Previo”. –20 denuncias de juicio político que fueron presentadas, pero que no fueron ratificadas.
La Cámara de Diputados se reservó el nombre de todos los servidores públicos a quienes se demandó, bajo el argumento de que “la información relativa a los juicios políticos pendientes de resolución se encuentra reservada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracciones IV y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”.
Derivado de solicitudes de información similares, se sabe que durante la LX Legislatura –que funcionó de 2006 a 2009–, la Cámara de Diputados recibió 128 demandas de juicio político.
En 10 solicitudes hubo declaración de procedencia, pero se informó que se encontraban “pendientes de ser resueltas por la Sección Instructora”. Asimismo, durante la LXI Legislatura (2009 a 2012) se recibieron 95 demandas, que fueron ratificadas, pero quedaron “pendientes de ser resueltas”.
La Comisión Jurisdiccional de la LXII Legislatura estuvo presidida por el Diputado José Rangel Espinosa y fue integrada por el legislador priista Manuel Añorve Baños, y el panista Rubén Camarillo Ortega.
José Rangel Espinosa, mejor conocido como el “Dipucharola” por haber colocado una placa con el logo de la Cámara de Diputados a su automóvil Mercedes Benz, valuado aproximadamente en 1 millón de pesos.
Ese Diputado por el Estado de México es también conocido por vanagloriarse públicamente que el Presidente Enrique Peña Nieto votó por él en el 2012, por lo que se declaró abiertamente su admirador.
“Soy representante de los priistas de mi distrito, de los priistas y simpatizantes que votaron por mí, incluyendo al ciudadano Enrique Peña Nieto porque él vota en el distrito que yo represento en Atlacomulco”, aseveró el Diputado José Rangel. El mexiquense jamás convocó a una sesión para revisar las 84 demandas de juicio político pendiente.
JUICIOS POLÍTICOS, HERRAMIENTAS
En el marco de diversas demandas de juicio político interpuesta el año pasado sin que actuara la Comisión Jurisdiccional, Miguel Rábago Dorbecker, profesor e investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, reconoció que en México el juicio político no es garantía de una rendición de cuentas efectiva por parte del funcionario implicado.
“No tenemos esos mecanismos [de rendición de cuentas] bien desarrollados, el juicio político es uno pero es un mecanismo bastante anquilosado, problemático, también allí se ven las limitaciones de los partidos políticos que actúan más por líneas partidistas que por un interés general o por una exigencia de la sociedad”, dijo el especialista.Por su parte, Jesús Rodríguez Zepeda, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explicó que México tiene una larga tradición de que sus servidores públicos no asuman responsabilidades jurídicas por situaciones que los involucran, directa o indirectamente, en escándalos políticos.
“En otras sociedades, frente a escándalos políticos como los que se han visto aquí, con mucha frecuencia los servidores públicos renuncian, aunque no estén directamente involucrados. Pero eso es algo que en México no tiene tradición ni está arraigado, ni entra en el repertorio de acciones de los propios servidores públicos”, dijo.En los últimos tres años, de nada sirvieron los encendidos discursos que integrantes del PAN, PRD, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, lanzaron contra gobernadores estatales y servidores públicos del Gobierno federal a la hora de presentar sus demandas, de igual forma jamás fueron tomadas en cuenta sus solicitudes de juicio político.
Algunas de las solicitudes que más eco tuvieron, se presentaron contra Javier Duarte de Ochoa, Gobernador de Veracruz; Ángel Aguirre Rivero, Gobernador con licencia de Guerrero, y Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, entre otros.
En octubre de 2014, el entonces Diputado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo (PT), presentó una demanda de juicio político contra Ángel Aguirre, entonces Gobernador de Guerrero, a quien se acusó de perder el control de la gobernabilidad en la entidad. El mismo Diputado presentó una solicitud de juicio político en contra del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien acusó de evadir su responsabilidad al no investigar oportunamente el presunto asesinato de Arturo Hernández Cardona y otros perredistas, ocurrido el 31 de mayo de 2013, a pesar de que la Comisión Permanente se lo pidió de manera oficial.
Huerta ladrón de Guevara dijo que Osorio Chong fue omiso en atraer la investigación que señalaba como autor intelectual al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, quien después resultó presunto responsable en dar la orden para detener a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.
En septiembre de 2014, grupos ciudadanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil presentaron una demanda de juicio político contra Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por las “graves omisiones” frente a inumerables casos y por utilizar a la institución a “modo” a fines distintos a la defensa de derechos humanos.
De acuerdo con los demandantes, Plascencia Villanueva fue omiso en atender con oportunidad casos como los 70 mil homicidios ocurridos en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa; el caso de la masacre de San Fernando; la presunta ejecución sumaria en Tlatlaya, Estado de México, o el asesinato del niño José Luis Tehuatlie a causa de una bala de goma disparada por la policía de Puebla.
MURILLO KARAM ACUMULA JUICIOS EN SU CONTRA
La demanda de juicio político del PRD contra Murillo Karam fue presentado ante el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, pocas horas antes de que el Presidente Enrique Peña Nieto se reuniera el jueves pasado con los padres de los normalistas quienes le presentaron una serie de demandas en torno a la desaparición de sus hijos.
“Consideramos que no puede haber ningún funcionario que quede impune ante acontecimientos de la envergadura del ocurrido en Ayotzinapa, Guerrero”, dijo el coordinador perredista Francisco Martínez Neri.
Esta es la segunda ocasión que la oposición arremete contra Murillo Karam por los hechos ocurridos en Iguala el pasado 26 de septiembre.
El primero se presentó el 14 de noviembre de 2014 por el presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres Guadarrama, y fue respaldado por diputados de izquierda. En ese entonces Morena no tenía bancada en San Lázaro.
Hace pocos días, el 8 de septiembre, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado anunció que promovería su propio recurso de juicio político contra Murillo Karam, luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) echara por tierra su “verdad histórica” sobre el caso Iguala. No obstante, la demanda panista todavía no presenta formalmente ante la Cámara de Diputados, por lo que el ex Procurador General y ex titular de la Secretaría de de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), no tiene nada de qué preocuparse.
A pesar de que no existen buenos antecedentes sobre el éxito de los juicios políticos, el PRD defendió su derecho a actuar contra quien considera violó el marco constitucional, y es responsable de afectar la legalidad, imparcialidad y eficiencia de la investigación de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.
“Efectivamente, las mayorías se imponen y protegen a las personas que son de su preferencia. No dudamos que, en este caso, pudiera darse una nueva resolución en el sentido de que hasta ahí se quede este trámite. Sin embargo, no podemos renunciar a ese derecho y tenemos que hacerlo cuantas veces sea necesario”, dijo Martínez Neri.Para el coordinador de los diputados priistas, César Camacho Quiroz, el PRD solo utiliza la figura de juicio político contra Murillo Karam con el “afán de exorcizarse”, y de evadir sus propias responsabilidades en la desaparición de los 43 normalistas, debido a que en 2014 Iguala era gobernado por José Luis Abarca, quien llegó a la alcaldía bajo el amparo de los perredistas.
“Creemos que esto es para expiar sus culpas políticas y para que con esto distraigan a alguna parte de la opinión pública de una responsabilidad de su partido y de personas con nombre y apellido que militaban o militan en el Partido de la Revolución Democrática”, dijo el líder parlamentario priista.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DAVID MARTÍNEZ HUERTA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-09-2015/1498627.
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