MÉXICO, D.F: Irritado por la portada del reciente número del semanario Proceso en la que se lee: “Los negocios de (Joaquín) López Dóriga”, el titular del noticiero estelar de Televisa tronó contra esta casa editorial a través de sus cuentas en redes sociales.
La respuesta que obtuvo, sin embargo, le fue contraproducente pues la gran mayoría cuestionó su ética, su falta de crítica hacia el gobierno y sus negocios.
El domingo pasado, cuando el número 2030 de Proceso comenzaba a circular, López Dóriga escribió en su cuenta de Twitter:
“Lo hay que desde su falsa izquierda, siguen al servicio del gran capital para sobrevivir. #Proceso Don Julio (Scherer) volvería morir de vergüenza”.
A este comentario, el periodista Jenaro Villamil, autor del reportaje de portada comentó: “Vaya vaya. Invocar a quien siempre lo cuestiono por vender su micrófono”.
Y salvo algunas excepciones, en las que usuarios expresaron solidaridad con el periodista y criticaron la línea editorial del semanario, decenas de usuarios criticaron el tuit de López Dóriga con comentarios como los siguientes:
@iqFC70: “@lopezdoriga ¿Cómo OSA mencionar a Julio Scherer? Usted no es crítico, ni independiente, ni íntegro, ni honesto USTED NO ES PERIODISTA”.
@Naalma: “@lopezdoriga tú hablando de vergüenza? Jaja el chiste se cuenta solo, cínico corrupto!!!”
@SirDiegoChi: “@lopezdoriga que patético eres ¿Te dolió que te hayan exhibido en el reportaje de #Proceso? Vergüenza tú por citar a Don Julio Scherer”.
@chuyon180178: “@lopezdoriga y tu de que hablas si a ti te tienen bien empinado la gente del gobierno, TU ERES UN PERIODISTA COBARDE AL SERVICIO DEL PRI”.
@paris_martinez: “@lopezdoriga Tú, que tantas campañas de desprestigio has orquestado, ideado, protagonizado… Zabludovsky volvería a morir de orgullo por ti”.
@carlosmlobato:”@lopezdoriga El que se debería morir de vergüenza eres tú, pareces no tener memoria de lo que ese SEÑOR pensaba de ti”
López Dóriga publicó un segundo tuit, éste dirigido a Julio Scherer Ibarra, hijo mayor del fundador de Proceso, Julio Scherer García. Tuiteó:
“Julio chico: a tu papá, don Julio le daría vergüenza la portada de hoy con documento falso. Proceso por su crisis, entregado al gran capital”, insistió el conductor de Televisa, pero la respuesta tampoco le fue favorable.
Además de los mensajes, los usuarios le respondieron con memes con imágenes de chayotes, fotografías en las que aparece sonriente y abrazado al expresidente Carlos Salinas de Gortari y de las portadas que ha dedicado el semanario al periodista estrella de Televisa.
Entre las decenas de mensajes que recibió “el teacher”, le dijeron:
@senognihc: “@lopezdoriga Así te hubieras indignado cuando se comprobó del montaje de Loret en el caso Casez,¡ CÍNICO CORRUPTO !”
@notidiariomex: “@lopezdoriga bien dice Florestán ‘La mierda tarde o temprano flota’, te habías tardado, pero eso, de utilizar a tu esposa para extorsionar…”
@jmalonso31: “@lopezdoriga te estan sacando tus trapotes al sol, y seguro q ahi mas q te van a encontrar por lamehuevos, ya perdiste contra una sra. Arde?”
@isamaxil: “@lopezdoriga @jenarovillamil @MonkeyPoxMx el queriendo salir en HOLA y ya es la segunda pero de @revistaproceso”
@leopitt16: “@lopezdoriga Simplemente cuanto te pasa el gobierno federal, nunca te he visto una crítica ni siquiera
constructiva a @EPN,porque será?? $$$$”
@wolverineqro: “@lopezdoriga Sería bueno que leyeran la negativa opinión pública de Julio Scherer sobre López Doriga en su libro Vivir”.
En efecto, en su libro “Vivir” de la editorial Grijalbo, Julio Scherer García se refirió así a López Dóriga:
“Durante la aparición inaugural de El Noticiero, emisión nocturna de Televisa, Joaquín López Dóriga expresó afecto por mi persona. No imaginé entonces que alcanzaría a Jacobo Zabludowsky en su comportamiento público. Ambos son ejemplo de la entrega al presidente de la República, a quien sirven y de él se sirven ellos mismos y, sobre todo, el monopolio que encabeza Azcárraga Jean.”
En su edición en circulación, Proceso publica el reportaje: “López Dóriga: cuando el micrófono tiene precio”, del periodista Jenaro Villamil en el que señala que el pleito inmobiliario entre la empresaria María Asunción Aramburuzabala y la familia del conductor estelar de Televisa ha permeado en el consorcio televisivo a tal grado que cada vez son más fuertes las versiones sobre la eventual salida de López Dóriga de la televisora.
El litigio en el que la poderosa empresaria ya lleva la delantera, publica el semanario, “puso al descubierto las ‘presiones’ e intentos de ‘extorsión’ que según ella han ejercido en su contra los esposos López Dóriga”. Además, el reportaje documenta los “negocios” que el conductor ha hecho al amparo del gobierno y los micrófonos de radio y televisión.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El pleito inmobiliario entre María Asunción Aramburuzabala y la familia del conductor estelar de Televisa cimbra desde hace varios días las estructuras del consorcio, al punto de que cada vez son más fuertes las versiones sobre la eventual salida de Joaquín López Dóriga de la televisora aliada del gobierno de Enrique Peña Nieto. El litigio, en el que la poderosa empresaria ya lleva la delantera, puso al descubierto las “presiones” e intentos de “extorsión” que según ella han ejercido en su contra los esposos López Dóriga. Quedan aquí documentados los “negocios” que el conductor ha hecho al amparo del gobierno y los micrófonos de radio y televisión.
MÉXICO, D.F: La batalla en tribunales entre la empresaria María Asunción Aramburuzabala, propietaria de la inmobiliaria Abilia, y los esposos Teresa Adriana Pérez Romo y Joaquín López Dóriga apenas inicia…
El litigio ha destapado el modus operandi de la extorsión del conductor estelar de Televisa y Radio Fórmula, cuya riqueza a partir del uso de poder de su micrófono incluye la propiedad de al menos seis departamentos de lujo en el Club de Golf Bosques, siete en la colonia Polanco, su lujoso yate valuado en 40 millones de pesos, una suite en residencial Villa Alejandra de Acapulco, más millonarios ingresos a través de dos empresas, Akron y Ancla, que han recibido más de 237 millones en contratos por menciones, campañas y entrevistas de dependencias federales entre 2001 y 2015.
La revelación de un presunto intento de extorsión por más de 5 millones de dólares por parte del matrimonio López Dóriga destapó lo que entre políticos y empresarios era conocido desde hace más de una década: el Teacher de Televisa presiona de esa manera a quienes no aceptan sus condiciones e intereses.
Los rumores sobre su salida de Televisa, suscitados a raíz del pleito jurídico con Aramburuzabala, arreciaron en los últimos días. Fuentes de la empresa confiaron a Proceso que el 30 de septiembre se pretendía relevar al conductor de El Noticiero de Canal 2, pero la posibilidad se frenó para no vincular el hecho al litigio inmobiliario con la heredera del emporio de la Cervecería Modelo y exsocia de Televisa.
El propio López Dóriga, en su columna de Milenio Diario, acusó el golpe de los rumores. El viernes 25 de septiembre, bajo su seudónimo Florestán, apostilló: “Los hay que en su miseria humana andan por la vida repartiendo falsos certificados de defunción”.
Los rumores en Televisa se incrementaron a raíz de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) del Distrito Federal resolvió a favor de Aramburuzabala en el juicio de lesividad sobre la construcción del desarrollo inmobiliario de la calle Rubén Darío 225, en una de las zonas de mayor plusvalía en la colonia Polanco, al lado justamente del edificio Rubén Darío 223, donde los López Dóriga son propietarios de un departamento de 552 metros cuadrados y un valor de 5 millones de dólares, según los datos del Registro Público de la Propiedad.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2030, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL (REPORTE ESPECIAL).
Para cumplir con la Ley de Participación Ciudadana, el IEDF esperará a que Ricardo Monreal asuma como jefe delegacional en la Cuauhtémoc para realizar la consulta sobre el proyecto del Corredor Cultural.
El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) esperará a Ricardo Monreal para arrancar el proceso de la consulta ciudadana sobre el Corredor Cultural Chapultepec, que será el 18 de octubre.
El IEDF ya definió los tiempos de la consulta que se llevará a cabo una vez que Ricardo Monreal asuma como jefe delegacional en Cuauhtémoc.
El organismo optó por esta fecha ya que por un lado no había concluido legalmente el proceso electoral del 7 de junio, y la Ley de Participación Ciudadana obligaba a esperar a que los jefes delegacionales electos asuman en el cargo.
Este proceso se consumará el próximo jueves 1 de octubre, cuando los 16 delegados electos tomen protesta, entre ellos el morenista Ricardo Monreal, quien asumirá en la Delegación Cuauhtémoc, en cuyo perímetro se pretende desarrollar el Corredor Chapultepec.
“Ricardo Monreal se ha pronunciado abiertamente a favor del proyecto; entonces la consulta debe hacerse ya que tomen protesta los jefe delegacionales”, dijo Manuel Granados Covarrubias, consejero Jurídico y de Servicios Legales del GDF.
El proceso mediador
A pesar de las voces ciudadanas y políticas en contra del proyecto planteado por la paraestatal ProCDMX, el Gobierno del Distrito Federal seguirá impulsando la realización de la consulta, que se realizará el 18 de octubre.
Por su parte el IEDF y su consejero presidente ya dieron el sí para acompañar a los vecinos y autoridades en el ejercicio ciudadano.
El objetivo es que las autoridades electorales capitalinas no sólo acompañen este proceso o que simplemente presten las urnas y las mamparas para el día de la jornada, sino que también nombre observadores electorales, valide las preguntas y contabilice los resultados del ejercicio, explicó el consejero jurídico.
“Será el Instituto Electoral del Distrito Federal el que esté atrás del proceso, cuyos resultados, prometió el jefe de Gobierno, se respetarán”, precisó Manuel Granados Covarrubias.
El funcionario capitalino y la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, recibieron la instrucción del mandatario local de entrarle al proceso para apoyar a ProCDMX a aterrizar la consulta con el IEDF y con los vecinos.
Las rutas vecinales
El camino para lograr una consulta no ha sido fácil.
La semana pasada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), ya se sentía la presión.
Los vecinos mantuvieron abiertas sus propias rutas. Por un lado el comité vecinal de la Condesa solicitó la consulta al IEDF, pero esta petición no incluía que el IEDF participara en la organización ni avalara los resultados.
De manera simultánea, los vecinos de la Roma se acercaron al IEDF para solicitar que se realizara un plebiscito.
Plantearon que no sólo se incluyera su opinión ciudadana sobre el proyecto del Corredor Chapultepec, también que se tomarac en cuenta sus sugerencias sobre el Cetram que se pretende construir en el Metro Chapultepec, y otras grandes obras que proyecta el GDF.
En medio de este panorama, se les cuestionó al consejero jurídico si el proyecto del CCC estaría en riesgo debido a la franca oposición que muestran algunos grupos vecinales, apoyados incluso por partidos como Morena.
Al respecto dijo que para no caer en confrontaciones, como ocurrió con el deprimido de Mixcoac, esta vez el tema se abordará con una políticas de acercamiento vecinal y respeto a las decisiones que éstos tomen.
“El sin razón, no cabe”, atajó Granados Covarrubias.
Se sienten excluidos
Mientras los tiempos legales corren para el IEDF, el Consejo Ciudadano de la Delegación Cuauhtémoc, autoridad ciudadana conformada por las cabezas de los 64 comités vecinales de la demarcación, pretende fijar postura oficial en los próximos días.
La semana pasada, este sector de vecinos convocó a una reunión en la que Simón Levy explicó el proyecto del corredor. A esa reunión llegaron vecinos opositores, que reclamaron haber sido excluidos.
El Consejo de la Cuauhtémoc acordó realizar un posicionamiento presuntamente a favor de la obra, que algunos calificaron de “maravilloso proyecto”.
Una de las intenciones de este consejo es que en la consulta se permita escuchar las voces de la mayoría y no sólo de los vecinos de la Juárez, Roma y Condesa.
Esa es otra parte del debate que el IEDF deberá aclarar: ¿Deberán opinar los de la delegación Cuauhtémoc o sólo los ciudadanos directamente impactados por la obra?
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
El PRD presentó en la Cámara de Diputados una demanda de juicio político a Jesús Murillo Karam. Pero la oposición no concretó ni una de las 84 peticiones que hizo en los últimos tres años. ¿Lo logrará ahora?
La Cámara de Diputados recibió una nueva demanda de juicio político contra un servidor público del Gobierno federal, la cual se sumará a las 84 que acumulan polvo en algún cajón olvidado en la Comisión Jurisdiccional de San Lázaro, ya que ninguna de éstas fue solventada durante durante los tres años de vida de la pasada Legislatura.
La nueva demanda fue presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) contra el priista Jesús Murillo Karam, quien fuera titular de la Procuradoría General de la República (PGR), por considerar que sus acciones y omisiones pusieron en riesgo la investigación sobre la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala, Guerrero.
No es la primera vez que la oposición arremete contra Murillo Karam por los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014. De hecho es el segundo recurso de juicio político que se interpone contra el defensor de la “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa.
Sin embargo, la demanda de juicio político podría correr la misma suerte que las presentadas en la LXII Legislatura –que funcionó de 2012 a 2015–, las cuales cayeron en tierra infértil y se guardaron en el cajón del olvido de alguna oficina de la Cámara de Diputados.
En respuesta a una solicitud de información de SinEmbargo, la Cámara de Diputados reportó que un total de 84 peticiones de juicio político se quedaron en los archivos acumulando polvo de la Comisión Jurisdiccional, encargada de revisar y eventualmente aprobar estas solicitudes político-jurídicas para preservar los derechos de los ciudadanos.
La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados respondió a la solicitud con número de folio 1831/2015 que:
“… a partir del primero de agosto de 2012, se presentaron un total de ochenta y cuatro demandas de juicio político”, las cuales de dividen de la siguiente forma: –64 denuncias recibidas y ratificadas, cuyo estatus es “Pendientes de resolver por la Subcomisión de Examen Previo”. –20 denuncias de juicio político que fueron presentadas, pero que no fueron ratificadas.
La Cámara de Diputados se reservó el nombre de todos los servidores públicos a quienes se demandó, bajo el argumento de que “la información relativa a los juicios políticos pendientes de resolución se encuentra reservada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracciones IV y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”.
Derivado de solicitudes de información similares, se sabe que durante la LX Legislatura –que funcionó de 2006 a 2009–, la Cámara de Diputados recibió 128 demandas de juicio político.
En 10 solicitudes hubo declaración de procedencia, pero se informó que se encontraban “pendientes de ser resueltas por la Sección Instructora”. Asimismo, durante la LXI Legislatura (2009 a 2012) se recibieron 95 demandas, que fueron ratificadas, pero quedaron “pendientes de ser resueltas”.
La Comisión Jurisdiccional de la LXII Legislatura estuvo presidida por el Diputado José Rangel Espinosa y fue integrada por el legislador priista Manuel Añorve Baños, y el panista Rubén Camarillo Ortega.
José Rangel Espinosa, mejor conocido como el “Dipucharola” por haber colocado una placa con el logo de la Cámara de Diputados a su automóvil Mercedes Benz, valuado aproximadamente en 1 millón de pesos.
Ese Diputado por el Estado de México es también conocido por vanagloriarse públicamente que el Presidente Enrique Peña Nieto votó por él en el 2012, por lo que se declaró abiertamente su admirador.
“Soy representante de los priistas de mi distrito, de los priistas y simpatizantes que votaron por mí, incluyendo al ciudadano Enrique Peña Nieto porque él vota en el distrito que yo represento en Atlacomulco”, aseveró el Diputado José Rangel. El mexiquense jamás convocó a una sesión para revisar las 84 demandas de juicio político pendiente.
JUICIOS POLÍTICOS, HERRAMIENTAS
En el marco de diversas demandas de juicio político interpuesta el año pasado sin que actuara la Comisión Jurisdiccional, Miguel Rábago Dorbecker, profesor e investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, reconoció que en México el juicio político no es garantía de una rendición de cuentas efectiva por parte del funcionario implicado.
“No tenemos esos mecanismos [de rendición de cuentas] bien desarrollados, el juicio político es uno pero es un mecanismo bastante anquilosado, problemático, también allí se ven las limitaciones de los partidos políticos que actúan más por líneas partidistas que por un interés general o por una exigencia de la sociedad”, dijo el especialista.
Por su parte, Jesús Rodríguez Zepeda, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explicó que México tiene una larga tradición de que sus servidores públicos no asuman responsabilidades jurídicas por situaciones que los involucran, directa o indirectamente, en escándalos políticos.
“En otras sociedades, frente a escándalos políticos como los que se han visto aquí, con mucha frecuencia los servidores públicos renuncian, aunque no estén directamente involucrados. Pero eso es algo que en México no tiene tradición ni está arraigado, ni entra en el repertorio de acciones de los propios servidores públicos”, dijo.
En los últimos tres años, de nada sirvieron los encendidos discursos que integrantes del PAN, PRD, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, lanzaron contra gobernadores estatales y servidores públicos del Gobierno federal a la hora de presentar sus demandas, de igual forma jamás fueron tomadas en cuenta sus solicitudes de juicio político.
Algunas de las solicitudes que más eco tuvieron, se presentaron contra Javier Duarte de Ochoa, Gobernador de Veracruz; Ángel Aguirre Rivero, Gobernador con licencia de Guerrero, y Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, entre otros.
En octubre de 2014, el entonces Diputado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo (PT), presentó una demanda de juicio político contra Ángel Aguirre, entonces Gobernador de Guerrero, a quien se acusó de perder el control de la gobernabilidad en la entidad. El mismo Diputado presentó una solicitud de juicio político en contra del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien acusó de evadir su responsabilidad al no investigar oportunamente el presunto asesinato de Arturo Hernández Cardona y otros perredistas, ocurrido el 31 de mayo de 2013, a pesar de que la Comisión Permanente se lo pidió de manera oficial.
Huerta ladrón de Guevara dijo que Osorio Chong fue omiso en atraer la investigación que señalaba como autor intelectual al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, quien después resultó presunto responsable en dar la orden para detener a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.
En septiembre de 2014, grupos ciudadanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil presentaron una demanda de juicio político contra Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por las “graves omisiones” frente a inumerables casos y por utilizar a la institución a “modo” a fines distintos a la defensa de derechos humanos.
De acuerdo con los demandantes, Plascencia Villanueva fue omiso en atender con oportunidad casos como los 70 mil homicidios ocurridos en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa; el caso de la masacre de San Fernando; la presunta ejecución sumaria en Tlatlaya, Estado de México, o el asesinato del niño José Luis Tehuatlie a causa de una bala de goma disparada por la policía de Puebla.
MURILLO KARAM ACUMULA JUICIOS EN SU CONTRA
La demanda de juicio político del PRD contra Murillo Karam fue presentado ante el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, pocas horas antes de que el Presidente Enrique Peña Nieto se reuniera el jueves pasado con los padres de los normalistas quienes le presentaron una serie de demandas en torno a la desaparición de sus hijos.
“Consideramos que no puede haber ningún funcionario que quede impune ante acontecimientos de la envergadura del ocurrido en Ayotzinapa, Guerrero”, dijo el coordinador perredista Francisco Martínez Neri.
Esta es la segunda ocasión que la oposición arremete contra Murillo Karam por los hechos ocurridos en Iguala el pasado 26 de septiembre.
El primero se presentó el 14 de noviembre de 2014 por el presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres Guadarrama, y fue respaldado por diputados de izquierda. En ese entonces Morena no tenía bancada en San Lázaro.
Hace pocos días, el 8 de septiembre, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado anunció que promovería su propio recurso de juicio político contra Murillo Karam, luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) echara por tierra su “verdad histórica” sobre el caso Iguala. No obstante, la demanda panista todavía no presenta formalmente ante la Cámara de Diputados, por lo que el ex Procurador General y ex titular de la Secretaría de de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), no tiene nada de qué preocuparse.
A pesar de que no existen buenos antecedentes sobre el éxito de los juicios políticos, el PRD defendió su derecho a actuar contra quien considera violó el marco constitucional, y es responsable de afectar la legalidad, imparcialidad y eficiencia de la investigación de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.
“Efectivamente, las mayorías se imponen y protegen a las personas que son de su preferencia. No dudamos que, en este caso, pudiera darse una nueva resolución en el sentido de que hasta ahí se quede este trámite. Sin embargo, no podemos renunciar a ese derecho y tenemos que hacerlo cuantas veces sea necesario”, dijo Martínez Neri.
Para el coordinador de los diputados priistas, César Camacho Quiroz, el PRD solo utiliza la figura de juicio político contra Murillo Karam con el “afán de exorcizarse”, y de evadir sus propias responsabilidades en la desaparición de los 43 normalistas, debido a que en 2014 Iguala era gobernado por José Luis Abarca, quien llegó a la alcaldía bajo el amparo de los perredistas.
“Creemos que esto es para expiar sus culpas políticas y para que con esto distraigan a alguna parte de la opinión pública de una responsabilidad de su partido y de personas con nombre y apellido que militaban o militan en el Partido de la Revolución Democrática”, dijo el líder parlamentario priista.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DAVID MARTÍNEZ HUERTA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-09-2015/1498627.
VILLAHERMOSA, Tab: Policías federales asesinaron a dos jóvenes e hirieron a dos más al “confundirlos” con delincuentes que balearon a un agente federal y eran perseguidos.
Los hechos ocurrieron la mañana de este domingo en la céntrica colonia El Águila de esta capital, sin embargo, hasta la tarde-noche el incidente seguía confuso por falta de información de las autoridades locales o federales.
Testigos oculares indicaron que todo inició cuando un grupo armado, al parecer desde un vehículo Spark color blanco, disparó al policía federal Esteban Pérez que conducía la patrulla número 15091, quien recibió dos balazos y herido logró pedir ayuda a sus compañeros.
Agentes federales iniciaron la persecución de los pistoleros y en la calle Belisario Domínguez confundieron el vehículo y rafaguearon una camioneta Ford Ranger con placas VP-55-188, en la que iban cuatro jóvenes.
Dos de ellos, Miguel Ángel Martín Domínguez y Alejandro Contreras Sierra, murieron al instante mientras que Jorge Luis Gómez Estrada y Roberto Contreras Osorio resultaron gravemente lesionados.
Jorge Luis Gómez Estrada es hijo del abogado Vicente Gómez Peralta, conocido litigante penalista.
Trascendió que dentro de la camioneta Ranger agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) incautaron un arma, pero según testigos fue “sembrada” por los policías federales para tratar de justificar la agresión.
La FGE aseguró la patrulla federal que conducía el agente baleado, mientras que familiares de los jóvenes asesinados y heridos llegaron por la tarde hasta la Fiscalía para exigir justicia.
Carlos Castillo, abogado de las familias, dijo que presentarán una demanda contra la Policía Federal y exigirán que pongan a disposición del Ministerio Público a todos los elementos que participaron en la agresión, ya que actuaron “con prepotencia y abuso” durante el operativo.
Dentro de la FGE declaraban esta noche testigos, familiares y amigos de las víctimas y heridos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
CAMPECHE, Camp: El líder del Movimiento Campesino Tierra y Justicia, Pedro Celestino May Can, acusó al fiscal general del estado, Juan Manuel Herrera Campos, de haberlos sometido a torturas psicológicas a él y sus dos hijos durante el tiempo que los mantuvo detenidos por un conflicto de tierras con los empresarios Carlos Mouriño Atanes y Rafael Selem Ferrer.
Aunque descartó que en este caso esté metido el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, sí le pidió a éste remover a Herrera Campos de la FGE: “Él en su toma de protesta aseguró que cesaría a quien le falle, y en este caso el fiscal demostró que sirve a intereses ajenos a la procuración de justicia”.
Asimismo, adelantó que presentará su querella ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CDHEC) e incluso valora la posibilidad de denunciar al fiscal por la vía legal pues consideró que sus detenciones, que el juez de control consideró ilegales, obedecen a intereses personales de Herrera Campos con los empresarios implicados en el conflicto.
May Can fue detenido el pasado miércoles junto con dos de sus hijos, Abner y Natanael, y una mujer, Jaqueline Palomo, que se encontraba con ellos al momento de su captura.
Antes de consignarlos ante un juez de control, que en menos de dos horas deliberó que fueron detenidos de manera ilegal y ordenó su inmediata libertad, la Fiscalía les mantuvo en sus separos 48 horas, durante las cuales los cuatro detenidos se declararon en huelga de hambre.
Desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón, el movimiento Tierra y Justicia inició un conflicto legal contra Carlos Mouriño Atanes, padre del fallecido exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, por la posesión de los terrenos del ejido Lerma, conurbado a esta capital, donde el influyente empresario español cristaliza su exclusivo proyecto inmobiliario Campeche Country Club.
Para realizar su viejo sueño, el dueño del Grupo Energético del Sureste y del equipo de futbol español Celta de Vigo, presuntamente hizo valer sus influencias en las dependencias federales para apropiarse de las tierras del ejido Lerma en las postrimerías del calderonismo.
De ese modo se apropió de 9 mil 685 hectáreas por las que pagó aproximadamente 40 centavos de peso mexicano por metro cuadrado, que revendió en 288 dólares.
El ejido quedó reducido a sólo 400 hectáreas, luego de un juicio que dejó a salvo los derechos de ocho ejidatarios que se negaron a cederlos o venderlos.
Según denuncias de los inconformes, el magnate también quiere apoderarse de ese terreno para construir un estadio de futbol.
El ambicioso proyecto de Mouriño Atanes consta de una zona habitacional para personas de muy alto poder adquisitivo, campo de golf diseñado por Jack Niclaus, colegios, hospital y hasta playas artificiales, para cuya creación están extrayendo arena del lecho marino.
Para evitar el despojo, los ocho ejidatarios decidieron regalar tierras circundantes al Country Club para que ahí se creara “una colonia proletaria”. Y fue así como repartieron 3 mil 250 lotes a personas humildes para que construyeran sus viviendas y con ello se depreciara el valor de los predios del club.
Meses atrás, Celestino May Can denunció amenazas y atentados de muerte en su contra, así como el incendio premeditado de su rancho y la muerte de su ganado, de lo que responsabilizó directamente a Carlos Mouriño, y exigió al Congreso local y al exgobernador Fernando Ortega Bernés poner atención a su caso.
Tiempo después apareció en escena Rafael Selem Ferrer, dueño de la empresa Campechana de Vehículos, para disputar a los ejidatarios una porción de las tierras. Argumenta que el gobierno del estado se las dio para instalar una de sus agencias concesionarias de autos nuevos.
La franja reclamada por ese empresario, cuya denuncia fue la que motivó la detención ilegal de Celestino May, es justamente el acceso a la colonia proletaria Tierra y Justicia, cercana a la lujosa entrada del Country Club. Ese predio en disputa no está delimitado.
El sector donde se encuentran esos terrenos fue donado al gobierno estatal hace más de 30 años para desarrollar un parque industrial. No obstante, en las cláusulas de la donación estaba especificado que si luego de tres décadas no se realizaba el proyecto, como es el caso, esas tierras se reincorporarían al ejido.
En conferencia de prensa, May Can explicó que sin mediar ninguna orden judicial los agentes ministeriales entraron a su propiedad, un predio delimitado y cercado donde se reúnen los beneficiarios de los lotes de Tierra y Justicia para planear la construcción de la nueva colonia.
“Cuando llegamos, los ministeriales habían abierto la reja y estaban sentados en mi mesa. De aquí nos sacaron, dijeron que por orden del Fiscal. Es mentira que hayamos opuesto resistencia y que los hayamos agredido. Como ven, ya estoy viejo. ¿Cómo un viejo como yo iba a agredirlos, si afuera habían más de 30 judiciales?”, acusó.
También se quejó de la detención de Jaqueline Palomo. “Los judiciales sólo se llevaron, sin ningún motivo, y no les importó dejar aquí sola, sin procurarle ninguna custodia, a su niña”.
Asimismo, aseguró que durante el tiempo que permanecieron en los separos de la Fiscalía, “nos hicieron firmar papeles, bajo torturas sicológicas de que algo les pasaría a nuestros familiares si no lo hacíamos; nos robaron también los teléfonos celulares, donde teníamos información personal, nunca nos los devolvieron”.
Uno de los hijos de Celestino May fue detenido cuando grababa en su teléfono celular el momento y las circunstancias de la detención.
“Esto fue privación ilegal de nuestra libertad”, sostuvo, y reiteró que dadas las circunstancias denunciará ante la CDHEC y posiblemente también por la vía legal.
Y llamó a Moreno Cárdenas, quien asumió la gubernatura apenas el pasado 16 de septiembre, a reconsiderar la designación de Herrera Campos, quien por segunda ocasión ocupa el cargo, porque “los campechanos no merecemos estas injusticias”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSA SANTANA.
MÉXICO, D.F: Internos del penal de máxima seguridad del Altiplano, de donde el 11 de julio se fugó el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, difundieron hoy un comunicado en el que aseguran que el pasado sábado 19 de septiembre iniciaron una huelga de hambre en protesta por la violación a sus garantías individuales y derechos humanos.
En este Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) se encuentran recluidos mil 200 internos, entre ellos los presos catalogados por el gobierno federal como de mayor peligrosidad.
Proceso dio a conocer el inicio de esta insólita rebelión el domingo 20 de septiembre. En respuesta, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, negó al día siguiente el hecho y aseguró que se había tratado simplemente de una negativa a desayunar.
El comunicado, al que tuvo acceso este semanario, y que fue difundido por familiares de los internos señala (se respeta la ortografía):
“A nombre de todos y cada uno de los internos de los CEFERESOS al interior de la República mexicana en estos momentos actualmente recluidos en el interior del penal federal del Altiplano CEFERESO No.1 Almoloya de Juarez a partir del sábado 19 de septiembre de 2015 mostramos nuestra inconformidad por las violaciones a nuestros derechos humanos y garantías individuales, así como nuestros derechos internacionales por lo que de manera conjunta en el interior de nuestras celdas hemos decidido estallar huelga de hambre hasta que se atiendan nuestras peticiones…”
En ese escrito denuncian mala alimentación, atención médica deficiente y desacato a resoluciones de amparos. Se quejan también de que se les está obligando a desnudarse y hacer sentadillas en presencia de custodios e internos.
También denuncian el retiro de televisores y relojes de pulso previamente autorizados por el Consejo Técnico Interdisciplinario de la prisión y que se han instalado cámaras de seguridad dejándolos sin ninguna intimidad.
El comunicado está dirigido a la opinión pública, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y Poder Legislativo y se pide la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los partidos políticos.
El comunicado está firmado por el “Comité” pero no se incluyen los nombres de sus integrantes.
En el Altiplano se encuentran actualmente presos, Omar Treviño Morales, alias El Z 42, líder del cártel de Los Zetas; Héctor Beltrán Leyva, líder del cártel de los Beltrán Leyva; Edgar Valdés Villarreal alias La Barbie; Servando Gómez Martinez alias La Tuta líder del cártel de Los Caballeros Templarios; Teodoro Garcia Simental alias El Teo y Arturo Martínez Herrera del Cártel del Golfo, entre otros.
De acuerdo con información obtenida por esta reportera, la protesta de narcotraficantes se podría extender a otros penales federales.
El actual director del Altiplano es Jaime Fernández López, mientras que Renato Sales tiene bajo su responsabilidad la administración y seguridad de los penales federales.
El 11 de julio pasado El Chapo Guzmán se fugó del Altiplano, supuestamente a través de un túnel de más de 1.2 kilómetros de longitud que conectaba la regadera de su celda con una casa en obra negra en el poblado de Santa Juana.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.
Arte, consignas, lluvia y hasta disturbios, así se vivió la marcha por el aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Hace un año, bajo la lluvia, las fuerzas de seguridad asentadas en Iguala raptaron y desaparecieron de manera forzada a 43 adolescentes y jóvenes que se formaban como maestros campesinos en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, y como si el tiempo hubiera quedado detenido en ese momento, un año después de esos hechos la lluvia cae sobre los padres y madres de esos muchachos, cuando marchan por la capital del país, clamando por su vuelta.
Es como si fuera la misma lluvia, dice Emiliano, papá del normalista desaparecido José Ángel Navarrete, como si se tratara “de un mensaje de la naturaleza”.
Por primera vez en muchos meses, la ciudadanía se ha volcado de forma multitudinaria –como en las primeras protestas de hace un año– para cobijar con miles de pancartas, mantas y consignas a los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos, asesinados y heridos entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.
Marchan de nuevo amplios contingentes de las principales universidades del Valle de México, públicas y privadas (UNAM, UAM, IPN, ENAH, UACM, Chapingo, Ibero, Unitec, entre otras), y de nuevo también agrupaciones sindicales, esta vez ya no representadas por una sola manta sostenida por unos cuantos, sino por cientos de sus agremiados (como el Stunam, el Sindicato de Telefonistas, el SME o la CNTE).
Y a un año del ataque en Iguala, marchan nuevamente familias enteras, padres y madres con sus hijos e hijas en brazos, en carreolas, en rebozos, adultos mayores, grandes formaciones agrarias, organizaciones indígenas y populares, y también vienen grupos artísticos de todo cuño: fandangueros, batuqueros, performanceros, artistas plásticos, coros vocales, todos en una larga procesión, que no por colorida resulta menos triste.
“Si te callas, eres cómplice”, reza una pancarta. “Todos somos Ayotzinapa”, dice otra. “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, “¿Dónde están nuestros hijos?”, “Nos valtan 43”, “Fuera Peña”, se clama en miles más.
Y lo que se lee en las pancartas, la gente lo grita, y cuando lo hace, a veces llora.
Unos se desgañitan, otros musitan. Pero nadie calla.
“Ha sido impresionante –reconoce Mario César, papá del normalista desaparecido César Manuel González, cuando habla al micrófono– ver tanta gente ahorita en la marcha, gente a la que se le salían las lágrimas, y que tenían pancartas mandando un mensaje a nuestros hijos… es impresionante ver que los corazones de los mexicanos sean tan grandes que, aún cuando tienen sus propios problemas, todavía caben ahí los 46 normalistas (los 43 desaparecidos y los tres asesinados en Iguala por la policía).”
Por todo este apoyo, asegura Emiliano, papá de José Ángel, aquellos que han salido a las calles “deben estar orgullosos de ser quiénes son… gracias a ustedes hemos llegado a este tiempo firmes, de pie, ustedes nos han sostenido cuando hemos caído, nos han dado aliento, cariño, amor, comprensión, y eso no lo tiene cualquier ser humano.”
Y ese apoyo, promete con esperanza en la voz, no será en vano. “El día que nuestros hijos regresen –avisora–, les comentaremos de ustedes, y ustedes los verán igual aquí, de frente, y cuando les pasemos lista, ellos mismos responderán” al escuchar sus nombres.
Esta asistencia masiva de la ciudadanía, subraya Melitón, papá del normalista desaparecido Mauricio Ortega, “es la muestra de la indignación, del coraje que tiene este pueblo, porque hemos dicho ya que el caso de Ayotzinapa no es aislado, sino que es algo (la desaparición forzada) que se da en todo el territorio nacional.”
Por ello, aclaran los papás y mamás de Ayotzinapa, su lucha no termina con la recuperación de sus hijos, sino con la justicia para las decenas de miles de personas víctimas de desaparición forzada que se acumulan en México, para los pueblos indígenas que defienden sus tierras de la depredación, para los pueblos que defienden el agua, para los jóvenes que son reprimidos en Tlaxcala, en Michoacán, en Guerrero por defender la educación normalista, para los pobres en general.
Así, se anuncia al micrófono, en octubre próximo (los días 16, 17 y 18), la Normal Rural de Ayotzinapa será sede de una Asamblea Popular que, tal como informa Felipe de la Cruz, vocero del comité de padres y madres, para comenzar a trazar un plan de lucha nacional, “para ir formando el poder que va a derrocar a este sistema podrido que tenemos”.
El anuncio genera vítores, pero el pesar, como las nubes grises, aún se agolpa sobre el Zócalo capitalino, que ve dispersarse a la concurrencia ante el frío y la llovizna que no cesa.
“Hoy, el cielo está llorando, porque faltan los estudiantes”, dice Cristina, mamá del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, ambos indígenas de habla náhuatl, de La Montaña de Guerrero–. Hoy el cielo llora, porque faltan los 43 y miles más…”
“Cuando sea necesario, vamos a responder”
Mientras en el Zócalo hablan los padres y madres de los normalistas, los últimos contingentes aún avanzan por paseo de la Reforma y, como ha ocurrido en otras movilizaciones, jóvenes encapuchados avanzan al final de la marcha, realizando pintas, dañando algunos negocios, y enfrentando a policías capitalinos.
Ante esta situación, el abogado Vidulfo Rosales –que como integrante del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan brinda acompañamiento legal al comité de padres–, toma el micrófono y establece un peculiar deslinde.
“No somos pacifistas –aclara–, podemos decirlo porque muy mal nos ha tratado este gobierno, nos ha tratado con la punta del pie, nos ha reprimido. Y les decimos: cuando sea necesario, vamos a responder”, sin embargo, advierte: “No queremos que mañana los diarios desvíen la atención hacia la violencia”, y llama a no caer en provocaciones o confrontaciones con la policía capitalina.
Este llamado, sin embargo, no alcanza a escucharse hasta el Senado, donde el contingente de jóvenes encapuchados se separa de la columna principal de manifestantes que aún marchan hacia el zócalo, para lanzar una decena de globos con pintura roja contra el Senado de la República, así como al menos dos petardos.
Luego, ya en avenida Juárez, arrojan piedras primero contra un restaurante de comida rápida KFC (donde cuatro ventanales quedan en pedazos, incluyendo el que da hacia el área de juegos infantiles), y en donde, según comensales, el guardia del establecimiento sufrió lesión en la cabeza.
La misma estrategia siguen luego contra un restaurante Sanborns y una cafetería Starbucks ubicada en el centro comercial Parque Alameda, contra el edificio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en avenida Hidalgo y, finalmente, contra policías apostados en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes.
Minutos después, los uniformados jalonearon y retuvieron durante varios minutos a un joven bajo la sospecha de que había participado en las agresiones, lo que causó molestia en varios testigos que exigieron que lo liberaran y, tras verificar que en su mochila no tenía objetos peligrosos, lo dejaron ir.
La Secretaría de Gobierno del Distrito federal informó en un comunicado emitido ayer por la noche que dos policías de Tránsito resultaron lesionados por los objetos que arrojaron estas personas, pero confirmó que no hubo detenidos.
Cabe señalar que la mayor parte del recorrido del contingente estuvo acompañado solo por policías de Tránsito, aunque hubo agentes con equipos antimotines desplegados en el interior de edificios contiguos a Reforma y el Centro Histórico.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: Paris Martínez, Arturo Ángel, Gonzalo Ortuño, Nayeli Roldán, Tania Montalvo, Mayra Zepeda, Jardiel Palomec y Manuel Ureste.
140 muchachos entraron este agosto a estudiar en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, allí donde hace un año desaparecieron a 43 y mataron a otros tres. Aunque la demanda ha bajado, para muchos es la única opción que tienen de cursar una licenciatura en un estado donde casi 70% de la población es pobre.
Su madre le dijo que no, que no fuese, que ahí mataban y desaparecían a estudiantes, pero Santiago no lo dudó. Llevaba 5 años intentando entrar a la universidad. Estudió la preparatoria en el Conalep de su pueblo, Temoaya, en el Estado de México, pero ese bachillerato público, para gente de bajos promedios y bajos recursos, no te facilita el acceso a la universidad.
Intentó entrar a la Universidad del Estado de México pero no se quedó, intentó ahorrar, trabajó de peón en el campo, en una fábrica y probó en una escuela privada sencilla, pero no terminó el semestre porque no podía pagar la colegiatura. Durante una temporada se levantó a las 4.30 de la mañana para ir a trabajar al DF a las 8 desde su pueblo, a 25 kilómetros de Toluca y a 75 del Distrito federal pero que en transporte público se convierte en más de tres horas.
Después del asesinato de tres normalistas y la desaparición de otros 43 el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, varios estudiantes dejaron la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. La coordinación abrió una convocatoria especial para llenar las plazas de los desertores, y se reservaron las de los caídos y desparecidos. Una de las batallas de los normalistas de Ayotzinapa es el mantenimiento de la escuela, que el gobierno amenaza cada año con recortes de presupuesto.
Así que no podían dejar plazas vacías. Varios muchachos se presentaron y Santiago no logró entrar, pero conoció la escuela y vivió tres meses ahí, sumándose a las exigencia de justicia de los normalistas por sus compañeros muertos y desaparecidos.
“Me enamoré de la escuela”, dice ahora, pero sobretodo vio “la esperanza”. En junio, cuando abrieron la convocatoria para el curso 2015-2016, no lo dudó. Fue uno de los 168 aspirantes que presentaron el examen de ingreso. 140 lo lograron.
Atrás quedaron los años donde se presentaban centenares, como los 500 que hicieron el examen en 2011, por ejemplo, antes de la muerte el 12 de diciembre de ese año de otros dos normalistas en un bloqueo en la Autopista del Sol. Desde entonces ha venido bajando la demanda. Aún así no quedan plazas vacías.
“Los que venimos aquí no tenemos muchas opciones, venimos de lugares humildes, donde a veces falta un plato de comida en casa, la escuela es la única alternativa para muchos de los que estamos aquí”, explica Nery, uno de los que sí se quedó el año pasado en las vacantes extemporáneas y que ahora está orgulloso de estar en segundo grado.
Él es de una comunidad de San Miguel Totoloapan, uno de los municipios estratégicos de Guerrero para el crimen organizado por los sembradíos de amapola y de donde en los últimos dos años se calcula que han huido más de mil personas a causa de la violencia.
Él mismo ha sido correteado por agentes de la Marina, cuando rallaba amapola durante ocho horas por dos cientos pesos al día. Si se gradúa podrá optar a una plaza de maestro, con un mejor sueldo, seguridad y prestaciones de ley.
La escuela es gratuita. El internado les asegura la educación, la estancia y la manutención, aunque de manera precaria. Ahí los estudiantes tienen que comprometerse con las tareas de mantenimiento de la escuela. Para los de primero el silbato toca a las 6. A esa hora hay que estar listo para cortar el pasto o para ir a la milpa o al cultivo de flores de cempasúchil con los que ayudan a mantener la escuela.
Luego les sirven el desayuno y después empezarían las clases. Hace un año que no las hay de manera regular, pero sí deben entregar tareas para no perder el semestre, así que Santiago se apura a leer las teorías sobre el aprendizaje de Skinner, Piaget o Makarenko.
Dice que algunas son bien complicadas pero que están más difíciles los textos sesudos de los prohombres que ilustran las paredes –Marx, Lenin, el Che,…– y que deben también revisar para los círculos de estudio, el adoctrinamiento político entre pares.
La disciplina también es otra de las características y se muestra hasta físicamente. Santiago y todos los de primero son fáciles de identificar. Cuando fueron aceptados les raparon el cabello así que todavía lo llevan corto, tieso y sin forma.
“Aquí aprendemos a ser maestros rurales de verdad, cuando vayamos a comunidades alejadas donde tenemos que caminar dos y tres horas, a dar clase apenas bajo un tendido de cañas, necesitamos saber trabajar y entender las necesidades de la gente”, se excusa.
En la Normal de Ayotzinapa no hay lujos, los edificios están descarapelados, la alberca está abandonada, no hay camas para todos así que a muchos de primero les toca dormir con un colchón en el piso, los mismos alumnos hacen el aseo y el mantenimiento del lugar.
Cuando falta comida no dudan en confiscar un camión de alguna empresa grande que les asegure provisiones. Con las movilizaciones, ahora es todavía más común.
Esta semana, en una mañana mientras un grupo prendía la Fiscalía de Guerrero, en Chilpancingo, otro interceptó al menos tres camiones y se hicieron con el cargamento de un repartidor de Bimbo, de un camión de refrescos y de un tráiler que abastecía perecederos a Walmart. A los choferes les invitaron a comer.
“Todos somos Ayotzinapa” musitaba y sonreía el repartidor de la panadera. “Lo hacen a cada rato”, añadía resignado.
“A mucha gente les chocamos, nos dicen esos ayotzinapos revoltosos, porqué defendemos la escuela. Siempre va a haber críticas” reconoce otro alumno de primero, Giovanny. Tiene 18 años e ingresó porqué así se lo había prometido a su amigo de la infancia José Ángel Navarrete, uno de los 43 desaparecidos. Hoy (sábado) marchará en el DF por él.
José Ángel y Gio, como le llamaba su amigo, fueron a clase juntos desde niños en Tixtla, a pocos kilómetros de la Normal y juntaban dinero de donde podían para echar unas partidas en los videojuegos los fines de semana. Ambos querían ser maestros, y estudiaron juntos la preparatoria, pero Gio se retrasó un año. Si hubiera terminado a tiempo podría haber sido él, el desaparecido.
“Claro que tengo miedo, pero tenemos que ser fuertes, en mi caso mi madre es dejada, mi hermana tiene diez años, por decirlo así yo soy el hombre de la casa y pues mis primos estudiaron aquí, desde chico conocí la escuela y aquí estoy”, dice con un dejo de orgullo.
La Normal Rural de Ayotzinapa tiene una gran tradición familiar. Muchos alumnos son hijos o sobrinos de maestros, que incluso estudiaron allí. La madre de Nery se graduó ahí mismo de maestra cuando era una escuela mixta, hace más de 30 años. Los primos y amigos de Gio también. Pero además no tenían muchas opciones más. Guerrero es el segundo estado más pobre del país, donde 69.7% de la población no puede vivir dignamente, según los datos del Coneval.
Frente a esto, Ayotzinapa es tradición y es memoria. En la entrada hay un mural con tres jóvenes muertos, una madre que llora, unos perros que acechan la escuela, el fuego que devora los libros. Podría ser parte de la escena de la noche entre el 26 y 27 de septiembre del año pasado, cuando la policía municipal de Iguala desapareció a 43 estudiantes y asesinó a otros tres en plena calle.
Sin embargo es un mural de la represión de 1988, cuando Gio todavía ni existía en los planes de su madre. Cuando Santiago, con 25 años y ya de los grandes de su generación, tampoco era siquiera un cigoto. En la cancha desde hace un año no se puede jugar. Allí están las sillas de los 43 desaparecidos y tres muertos, junto a un altar, la mayoría eran de primer año, como ahora Gio o Santiago.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MAJO SISCAR.
MÉXICO, D.F: Durante seis horas la Ciudad de México se convirtió hoy en la sede principal del “Día de la Indignación Nacional”, en conmemoración del primer aniversario de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La marcha que encabezaron los padres de los estudiantes y que recorrió el Paseo de la Reforma desde Los Pinos hasta el Zócalo, fue la más importante desde finales del año pasado y demostró que la causa de Ayotzinapa sigue movilizando a amplios sectores de la sociedad.
Así, a lo largo del camino, las miles de personas y contingentes que esperaban la marcha se incorporaron en ella.
De acuerdo con las autoridades del Distrito Federal 25 mil personas participaron en la movilización, una cifra -como de costumbre- muy subestimada.
Si bien en los últimos meses las marchas en solidaridad con los padres de los estudiantes reunieron a un limitado número de personas -sobre todo activistas, estudiantes e integrantes de organizaciones sociales y políticas-, la de hoy movilizó a un gran número de personas de diversos orígenes y edades.
Las banquetas volvieron a llenarse de personas que agarraban cartulinas, mantas, globos, banderas o dibujos -los rostros de los 43 cubrieron las orillas de la avenida y los mensajes de repudio al gobierno florecieron-, y gritaban mensajes de apoyo a los padres.
Detrás de los padres venían las columnas ordenadas de normalistas de Ayotzinapa, caminando con un paso regular y cantando consignas, puño arriba.
Luego seguían contingentes de estudiantes de otras escuelas normales, sindicatos, universitarios -de instituciones públicas y privadas- y organizaciones sociales.
También marcharon ciudadanos no organizados, artistas y músicos.
Incluso caminó un pequeño grupo de niños, quienes conocían perfectamente las consignas que nacieron con el movimiento.
Líderes de organizaciones y movimientos sociales caminaron junto a los padres de los 43. Ese fue el caso de Rubén Núñez, jefe de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE); del líder yaquí Mario Luna o del fundador de las autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora.
También estuvieron presentes los pobladores de San Salvador Atenco, militantes zapatistas, líderes sindicales y representantes indígenas.
A pesar de que ocurrieron enfrentamientos entre participantes de la manifestación y policías, así como varios vidrios rotos por anarquistas a la altura del Hemiciclo Juárez, en general la marcha se llevó a cabo en un ambiente calmado y pacífico.
De hecho, los padres y sus acompañantes llamaron a la no violencia en repetidas ocasiones y exigieron el retiro de los policías para evitar que la situación degenerara.
Alrededor de las 3 de la tarde empezaron a caer las primeras gotas de lluvia. De pronto se desplegaron centenas de paraguas mientras los vendedores de capas corrían entre los manifestantes para hacer su negocio.
La vanguardia de la marcha arribó a las 4 de la tarde al Zócalo capitalino. Los padres se instalaron en el templete e iniciaron un mitin que se extendió durante más de hora y media, bajo una lluvia fina pero persistente.
Ahí expresaron su dolor y su enojo, reiteraron que continuarán con la búsqueda de sus hijos, repudiaron las mentiras del gobierno en torno a la “verdad histórica” e insistieron en que no confían en las autoridades.
El abogado Vidulfo Rosales se encargó de repartir el micrófono a los padres. Entre dos turnos de palabra, dieron mensajes políticos y gritaron consignas, seguidos por la multitud.
Muy agradecidos ante los asistentes -la mayoría de los cuales permanecieron en la Plaza de la Constitución a pesar de las condiciones meteorológicas adversas-, los padres reafirmaron la responsabilidad del gobierno federal en la crisis social que sacude el país.
Después de los familiares de los normalistas, Rosales compartió el micrófono con los líderes que acompañaron a los padres. Todos plantearon su solidaridad con los desaparecidos y denunciaron al gobierno.
A las 6 de la tarde el mitin concluyó. Rosales invitó a los manifestantes a una marcha que se llevará a cabo mañana en Iguala.
Después de 365 días de búsqueda y dos encuentros improductivos con Enrique Peña Nieto -el más reciente se llevó a cabo el pasado jueves-, los padres confirmaron que cuentan con una elevada capacidad de convocatoria.
“Nuestra exigencia es la misma que aquel 27 de septiembre”
Debajo de sus capas de lluvia de color gris, los padres de familia realizaron un mitin esta tarde frente a una Plaza de la Constitución llena de decenas de miles de paraguas e impermeables de plástico.
“Nuestra exigencia es la misma que aquel 27 de septiembre de 2014 por la mañana”, clamó un representante de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
“No vamos a permitir que se abandone la investigación”, advirtieron al denunciar de nuevo las mentiras del gobierno en su caso, por lo cual culparon a Enrique Peña Nieto y su gabinete.
Reiteraron que la “verdad histórica” que dio a conocer el exprocurador Jesús Murillo Karam fue “destruida” por el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Cada intervención terminaba con gritos de “¡Fuera Peña!”, repetido por la masa de manifestantes cuya magnitud no se había visto en el Zócalo desde finales de 2014 y que escucha el mitin a pesar de la lluvia que cae esta tarde en la Ciudad de México.
“El cielo llora porque faltan estudiantes, 43 y muchos más”, dijo Cristina Bautista al denunciar que las fuerzas de seguridad de Guerrero intentaron impedir a los padres llegar a la capital.
“Nuestra invitación no fue en vano porque salieron miles a la calle, para que no se repita (lo de los 43 normalistas), que no les pase a sus hijos y nietos”, manifestó.
“¡No están solos!”, gritaron los asistentes, a los que los padres agradecieron reiteradamente.
Mario César González afirmó que “fue un año de aprendizaje, pude ver cómo se desaparece a la verdad”.
Se dijo “impresionado de ver a tanta gente, que el corazón de los mexicanos, ya cargados de problemas, todavía tengan espacio para los 43” y añadió que “si el gobierno le apostó al olvido, se jodió”.
Navarrete afirmó: “Pensaba que el ignorante era yo, por no haber estudiado. Pero me di cuenta que no, que están de otro lado”.
Agradeció a las organizaciones que los apoyaron y a las personas solidarias con los padres.
“Levántenos si ven que claudicamos”, exhortó, bajo una salva de aplausos.
La madre de uno de los normalistas rompió en llanto al entregar el micrófono. “¡Que se largue!”, logró decir.
Cuando llegue el momento responderemos, advirtió el abogado Vidulfo Rosales mientras denunciaba la embestida que sufren las escuelas normales.
Por su parte, Epifanio Álvarez recordó que hace un año no se imaginaban del camino que iban a recorrer: “Nuestros hijos son inocentes”, destacó, y subrayó que su lucha es justa.
“Que las marchas que sigan estén de pie con nosotros”, dijo Álvarez.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz, recordó que Peña Nieto -quien se encuentra hoy en Nueva York- hizo caso omiso de los ocho reclamos que los padres le entregaron durante el encuentro que sostuvieron el pasado jueves.
“Cada una de las lágrimas de los padres las van a pagar muy pronto con cárcel”, dijo al denunciar la “complicidad del gobierno de Peña Nieto con los criminales de Iguala”.
Llamó a los mexicanos a operar un cambio de rumbo: “Es momento que el pueblo tome el poder en sus manos”.
Hipólito Mora, líder de las autodefensas de Michoacán, llamó a los mexicanos a sumarse al repudio al gobierno y compartió su admiración por los padres.
“También perdí un hijo en esta lucha”, rememoró, e hizo un llamado: “tenemos que luchar, por favor luchemos juntos”.
Mora lamentó que el doctor José Manuel Mireles siga encarcelado.
A las 6 de la tarde con el canto “Venceremos” terminó el mitin que, a su vez, concluyó el “Día de la Indignación Nacional”.
La marcha que conmemora el primer año de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa arrancó hoy a las 12:30 horas rumbo al Zócalo capitalino.
Al cuarto día de su llegada a la Ciudad de México -donde emprendieron un ayuno de 43 horas y sostuvieron un encuentro improductivo con el presidente Enrique Peña Nieto-, los padres de los estudiantes encabezan la marcha.
La movilización avanzó sobre el carril derecho del Paseo de la Reforma, a la altura del Bosque de Chapultepec. Otros contingentes esperaban en distintos puntos de esa avenida para incorporarse a ella.
En cada cruce, nuevos contingentes de sumaron a los manifestantes, entre ellos estudiantes de universidades públicas y privadas, a la altura del Museo Nacional de Antropología e Historia.
Al salir de la zona del Bosque de Chapultepec era incalculable el número de personas aglutinadas en la Estela de Luz, en las banquetas, amarradas a los postes y paradas en las glorietas.
La marcha siguió su camino rumbo al Ángel de la Independencia, donde otra muchedumbre esperaba.
Detrás de la valla conformada por voluntarios e integrantes de la brigada Marabunta -y delante de los padres- caminan Vidulfo Rosales y Felipe de la Cruz, abogado y vocero de los padres, respectivamente.
También representantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon al frente de la protesta, entre ellos el oaxaqueño Rubén Núñez, de la Sección 22.
Los padres de los normalistas realizaron un mitin en el Antimonumento +43, instalado en el cruce de las avenidas Reforma y Juárez.
Ahí denunciaron las “mentiras” del gobierno en torno a la investigación y reiteraron que seguirán en su lucha, a la vez que exhortaron al público a acompañarlos en ella.
“Anteayer fue el cumpleaños de mi hijo Jorge Álvarez Nava”, dijo Epifanio Álvarez al agradecer a quienes los acompañan y “comparten nuestro dolor”.
Advirtió que esta marcha “no será la última”.
“¡Justicia, justicia!”, respondieron los manifestantes.
“Enrique Peña Nieto tiene que agotar todas las líneas de investigación”, reiteraron los padres, al exigir que se castigue a los autores materiales e intelectuales por lo ocurrido en Iguala.
Una importante concentración de personas los esperaba en el cruce y con dificultad alcanzaron las tres piezas de fierro pintadas de rojo del monumento.
Al terminarse el pequeño mitin, los padres realizaron un pase de lista. Después de cada nombre, la asistencia completaba: “¡presentación con vida!”.
Felipe de la Cruz denunció la presencia de un cerco policiaco que rodeaba el contingente de estudiantes. Exigió su retiro inmediato y subrayó que no ha habido incidente alguno en lo que va de la marcha.
A las 16 horas la vanguardia de la marcha arribó al Zócalo capitalino. Poco a poco se sumaron contingentes a la movilización.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
MÉXICO, D.F: Andrés Manuel López Obrador afirmó que todavía es tiempo de rectificar porque no va a prescribir la demanda de aclarar lo sucedido a los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y castigar, sin miramientos, de fueros o jerarquías a los verdaderos responsables.
Durante una gira por Oaxaca, el excandidato presidencial consideró que es increíble que no se conozca la verdad a un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Se entiende que en México impera la impunidad y está quedando de manifiesto que (Enrique) Peña es parte de la red de complicidades y componendas, pero apuestan al olvido, encubrir y no hacer justicia, desgracia a los mexicanos y envilece al régimen”, señaló.
En una asamblea en Bartolomé de Ayautla, López Obrador dijo que no por un error de Gabino Cué, actual gobernador de Oaxaca, se permita el regreso del PRI. Recordó que cuando el priista Ulises Ruiz gobernó la entidad se violaron derechos humanos, hubo desaparecidos, asesinados y mucha gente encarcelada.
Reiteró que ahora quieren imponer a “un junior”, hijo del exgobernador José Murat. “Si esto no es una monarquía donde se hereden cargos, por el presidente Juárez es una República”.
Criticó que cuando Murat gobernó Oaxaca, conoció a lo mucho 200 municipios, de los 570 con los que cuenta el estado. “El hijo seguro conoce como 30 y en una de esas en helicóptero, porque quieren quedar bien”.
Recordó que el ex mandatario priista tiene más de seis mansiones en Estados Unidos —como lo dio a conocer el periódico The New York Times— y sostuvo que Oaxaca merece un mejor destino.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
