Javier Duarte se enfrenta con dos aspirantes priistas a sucederlo

XALAPA, Ver: A nueve meses del relevo gubernamental en Veracruz, el gobernador priista, Javier Duarte de Ochoa volvió a confrontarse con dos senadores de su partido y visibles aspirantes a sucederlo: Héctor Yunes Landa y José Yunes Zorrilla.

Duarte ridiculizó a ambos senadores durante su discurso en la ceremonia de renovación de la dirigencia de la Confederación Nacional Campesina (CNC), la tarde del domingo pasado.

A Yunes Landa le dijo que sabía de su afición a la pesca y le “obsequió” una caña de pescar. Frente a las decenas de cenecistas le dijo que si tanto desea capturar “peces gordos”, se dirija hacía el estero y al Conchal a realizar actividades de pesca no importando que “sean familiares”. Yunes Landa se aproximó al estrado y recibió la caña de pescar y después de unos minutos abandonó el lugar.

Duarte de Ochoa se enfiló luego contra Yunes Zorrilla a quien le reprochó haber aprobado la reforma hacendaria y permitir el alza de impuestos.

Horas más tarde ambos senadores fustigaron a Duarte en sendos comunicados, reprochándole sus “ocurrencias” y el despilfarro en el erario. Por su parte el mandatario priista utilizó sus cuentas alternas de prensa para subir el video de la humillación a sus senadores e incluso, su staff de prensa realizó memes para volver más acidas las burlas en el ciberespacio.

La exhibición de Duarte al senador priista aludía a sus familiares, el diputado plurinominal, Miguel Ángel Yunes Linares (primo del senador priista) y sus hijos, el senador panista, Fernando Yunes Márquez y el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez.

Días antes Yunes Landa declaró que de ser el candidato del PRI a la gubernatura y ganar las elecciones el año entrante, se dedicaría a meter a la cárcel a todo aquel servidor público que ha dañado las arcas de Veracruz y aunque no hizo referencias directas, el mandatario priista hizo suyas dichas alusiones.

En el momento en que Duarte entregó la caña de pescar a Yunes Landa, el auditorio del World Trade Center (WTC) estalló en carcajadas, el coordinador de los diputados priistas, Juan Nicolás Callejas aplaudió eufórico, mientras el líder estatal del PRI, Alfredo Ferrari Saavedra flexionó el cuerpo una y otra vez, mientras con sus manos golpeaba sus rodillas, estallando en carcajadas sonoras.

El “obsequio” con connotación política, obligó a Yunes Landa a abandonar el evento de la CNC y después envió la caña de pescar a casa Veracruz través de su asistente, Jorge Moreno Salinas exsecretario de Seguridad Pública (SSP) dos sexenios atrás.

El hecho fue videograbado y fotografiado por el staff de prensa de Yunes Landa y enviado con un comunicado anexo, en donde el senador priista señala a Duarte de Ochoa que no permitirá que se “ofenda” y “humille” a su familia y tampoco a los veracruzanos.

“Sufrí una falta de respeto a mi familia y a mi persona, pero sobre todo, a millones de veracruzanos que escucho a diario reclamar con toda justicia el castigo a los culpables del saqueo que ha sufrido Veracruz.

“Al respecto manifiesto no soy aficionado a la pesca deportiva, pero sí al combate a los depredadores, particularmente los del erario, que han hecho un inmenso daño a Veracruz.

“Hace unos días hice pública mi convicción de que Veracruz requerirá que el próximo gobernador encarcele a los corruptos que han defraudado las finanzas públicas, traicionando a los veracruzanos y ofendiendo a la sociedad con sus abusos y su arrogancia. Lo reitero”, atizó el senador priista.

En el caso de Yunes Zorilla, Duarte fue enfático al evocar que como diputados federales ambos elevaron de 15 a 16% el gravamen tributario: “La nación lo requería, tú como Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado no tan solo la aprobaste, sino que fuiste defensor de la Reforma Hacendaria”, le dijo.

Apenas pasaron unas horas Zorrilla reviró al mandatario en un comunicado: “Antes de aumentar las tasas de cualquier gravamen debe hacerse un esfuerzo por eficientar el gasto público con medidas de austeridad y mediante una reingeniería administrativa. Si después de instrumentar lo anterior deben votarse impuestos, entonces hay que hacerlo”.

Los mensajes del domingo pasado fueron vistos como una ruptura entre el mandatario Duarte y su gabinete legal y ampliado con los senadores priistas y sus respectivos grupos y alcaldes que los respaldan rumbo a la sucesión del 2016.

El video de la entrega de la caña de pescar puede verse a través del canal de YouTube de “Fuentes Periodisticas”, en la siguiente liga: https://www.youtube.com/watch?v=640sn8WIawQ&feature=youtu.be


La realización del video corrió a cargo del staff de prensa de Duarte.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.

Peña advierte en la ONU de “amenaza” de “nuevos populismos”

Nueva York. El presidente Enrique Peña Nieto advirtió este lunes ante la Asamblea General de la ONU que, debido al deterioro de las condiciones socioeconómicas, el mundo enfrenta la “amenaza de los nuevos populismos” de izquierda y derecha.

Con las crecientes desigualdades, una crisis económica mundial que no cede y con una frustración social que esto provoca, “el mundo de hoy está expuesto a la amenaza de los nuevos populismos”, dijo Peña Nieto en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

“Nuevos populismos de derecha e izquierda pero todos riesgosos por igual”, añadió el mandatario.

Alertando sobre individuos que causaron divisiones sociales durante el siglo XX, Peña Nieto llamó a los países a estar “alertas frente a quienes se aprovechan de sus miedos y preocupaciones, los que siembran odio y rencor con el último fin de cumplir agendas políticas y satisfacer ambiciones personales”.

En Nueva York, Peña Nieto se reunió el domingo con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

FUENTE: LA JORNADA/AFP

Masacres de Tlatlaya y Ayotzinapa, prueba de crisis de derechos humanos en el país: Colmex

“México carece de un Estado de derecho, existe sólo un Estado de leyes, una quimera de reglas mínimas ordenadas para los intereses de la propia clase política”, acusó Arturo Alvarado Mendoza, investigador del Centro de Estudios Sociológicos (CES) del Colegio de México (Colmex).

En la actualidad, el país pasa por una gran crisis de derechos humanos, ante la falta de respuesta de todos los niveles de gobierno a la violación sistemática de estos; prueba de ello, dijo, han sido las masacres de Tlatlaya y Ayotzinapa, precedidas por las sendas cruentas de Acteal y Aguas Blancas.

Alvarado Mendoza expresó que se vive en un Estado donde la coalición y coacción han abierto grietas en la democracia, deformada con marcas de corrupción, conflictos de intereses y sobre todo, impunidad. Este quebranto recalcitrante de las garantías individuales es desnudado por el repunte de homicidios, el asesinato de periodistas y el acoso de activistas y figuras políticas, “donde el Pacto por México fue reventado por Ayotzinapa”, expuso. Asimismo lamentó las secuelas del estancamiento económico auspiciado por “políticos que viven bien hablando de lo mal que va el país”.

El especializado en seguridad pública, justicia y gobernabilidad, reconoció que la democracia en México no ha tenido avances significativos desde las ilusiones creadas con la alternancia; por el contrario, afirmó, que la estructura clientelar empeora en las entidades y municipios, donde es más notoria la falta de libertades del electorado. “Hay un abismo entre las autoridades federales y estatales marcado por el desmantelamiento, por no decir saqueo, de las instituciones y del erario público”, denunció.

Por otro lado aseguró que a partir de la década de los noventa, la agenda de seguridad amenaza con la militarización y que el vetusto sistema de hacer política ocasionó un gigantismo burocrático, provocado, agregó, “por la reiteradas transgresión de derechos de la ciudadanía al desbordarse el contrabando, robo y lavado de dinero”.

También señaló que el fracaso del Estado de derecho en la nación se debe también a la nueva clase de empresarios políticos que apunta ahora al poder global a costillas de los mexicanos. “Sin resolverse el acceso a derechos básicos no habrá reforma de justicia efectiva. Vivimos en un Estado de leyes, en un Estado de excepción, pero no en un Estado de derecho”, sentenció en marco a los Diálogos interdisciplinarios por la paz organizados por la Universidad Veracruzana (UV).

Ruta a la transición

Con este “pesimismo histórico”, como Arturo Alvarado le llamó, y frente a la inquietante situación coetánea, la única ruta que se vislumbra para la transición en México, estimó, es el cambio engendrado desde la sociedad civil. De esta forma dijo, es imperioso insistir en que se debe incidir sobre los temas de interés nacional y no sólo vía protestas y manifestaciones, sino a través de los mecanismos para establecer propuestas y de rendición de cuentas. “La sociedad debe obligar a la autoridad a responder”.

Agregó que el rol de las universidades y, con mayor fuerza las máximas casas de estudio públicas, deben seguir fomentando los espacios de discusión y participación en donde se convoque con cada vez más ímpetu a la ciudadanía en general y no sólo a la misma comunidad.

En cuanto al papel de las iglesias, consideró que pese a su amplio poder de convocatoria, se han prestado a sus propios intereses políticos e incluso se han caracterizado por promover posturas retrógradas, movilizaciones sociales y reformas legales muy controvertidas. “No se puede esperar mucho de ellas”, reconoció.

Alternancia en gubernatura “sacudiría” a la clase política

El investigador del Colmex descartó que de darse alternancia política con la minigubernatura se dé un cambio estructural de las condiciones actuales de la entidad, sin embargo previó una sacudida para la clase política, que consideró necesaria en el proceso de transformación democrática de Veracruz. Comparó a la entidad con Tamaulipas, y trajo a colación que, como en el caso de Michoacán, la alternancia no garantiza beneficios.


“Seguimos teniendo un régimen político arcaico en el que no existe la alternancia, donde la pluralización de la clase política ha estado limitada y ha sido cooptada por intereses más allá del control legal justo y legítimo”, comentó. No obstante para Veracruz vislumbró que la respuesta favorable y urgente ante una posible permuta en el poder Ejecutivo hasta ahora entintado por el PRI.

FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.

La Universidad Veracruzana exige a Duarte pagar adeudo de 2 mil mdp

MÉXICO, D.F: La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) denunció que el gobierno encabezado por Javier Duarte le adeuda dos mil millones de pesos.

De ese monto, 400 millones de pesos corresponden a subsidios federales recibidos por el gobierno estatal y no transferidos a la institución.

“Por ello, a pesar de haberse aplicado políticas de racionalidad y austeridad, se han limitado significativamente el crecimiento de la matrícula, la diversificación de programas educativos, la consolidación de la investigación, la creación y recreación artística y deportiva, el mantenimiento y renovación de la infraestructura física y el equipamiento de laboratorios y talleres, llegando, incluso a no pagar oportunamente los salarios del personal universitario”, advierte la UV en un desplegado publicado este lunes.

La universidad Veracruzana exige al gobierno estatal una calendarización de los pagos pendientes.


“Asimismo, la Junta de Gobierno le expresa su profunda preocupación por los hechos de violencia, intensificados de junio a estas fechas, que han vulnerado la seguridad de los miembros de nuestra casa de estudios”, añade el desplegado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Madres de normalistas se manifestarán en la ONU por visita de Peña Nieto

WASHINGTON: En busca de apoyo del Papa Francisco en su gira por Estados Unidos, así como de senadores y representantes del Congreso de este país, cinco madres de estudiantes normalistas desaparecidos mantienen un peregrinaje que incluirá la Asamblea General de la ONU a la cual acudirá el presidente Enrique Peña Nieto.

La señora Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, desaparecido hace un año junto con 42 de sus compañeros en Iguala, explica al reportero en entrevista: “Tenemos que salir de México a buscar apoyo en el extranjero para poder encontrar a nuestros hijos, porque no le creemos al gobierno de Enrique Pena Nieto”.

El gobierno federal, añade, “es el responsable de lo que ocurrió a nuestros hijos. El señor Peña Nieto debe saber muy bien qué fue lo que pasó, porque fueron sus fuerzas policiales las que se los llevaron”.

En la pequeña peregrinación, el martes 22 la señora Legideño Vargas y las otras cuatro madres mencionadas recorrieron varias oficinas de senadores y representantes federales del Congreso estadunidense pidiendo atención a su “tragedia histórica”, para generar presión internacional sobre el gobierno de Peña Nieto.

Aparte de acudir al Capitolio, tenían la intención de entrevistarse con el Papa mientras realizaba su gira por Estados Unidos tanto la señora Legideño Vargas como Blanca Luz Nava Vélez, madre de Jorge Álvarez Nava; Hilda Hernández Rivera, mamá de César Manuel González Hernández; Luz Mariah Telumbre Casarrubias, progenitora de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, y Angélica González González, madre de José Ángel Navarrete González.

El encuentro con el pontífice era su principal intención de este viaje. “Pero vamos a recurrir a todos los personajes que se pueda, porque queremos saber de nuestros hijos. Es por eso que andamos difundiendo, tanto en México como en otros países, nuestra causa”, dice entre lágrimas la señora Legideño Vargas.

En las oficinas y pasillos del Capitolio, en Washington, repartieron copias del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que echó abajo la “verdad histórica” emitida por el gobierno de Peña Nieto sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre del 2014.

La entrevista se realiza unas horas después de que solicitaron la audiencia con el Papa, con quien idealmente se querían reunir este domingo 27 de septiembre en Filadelfia.

“Desde el 27 de enero (de 2014) el gobierno de Peña Nieto quiso cerrar el caso, pero nosotros como padres no lo vamos a permitir”, expresó la señora de 43 años de edad que, originaria de Tixtla, Guerrero, dejó de ver a su hijo cuando éste tenía 21.

Manifestación ante Peña Nieto

Las cinco madres de los normalistas siguieron al Papa Francisco a todos los lugares que visitó en Estados Unidos, buscando que se les concediera la audiencia. Pero su peregrinación no terminó con el fin de la gira papal, pues planeaban irse de Filadelfia a la Ciudad de Nueva York el domingo 27 para hacerse presentes en Manhattan y manifestarse ante el edificio de las Naciones Unidas, donde este lunes 28 Peña Nieto hablará ante la Asamblea General del organismo multilateral.

Legideño Vargas hace un balance de lo que ha vivido junto a las otras 42 madres desde hace un año:

“La sociedad y la prensa saben muy bien por lo que hemos pasado. Algunos nos han acompañado, y otros nos han atacado. Desgraciadamente el gobierno nos engañó desde un principio. Nos hizo creer que nuestros hijos estaban muertos, pero gracias a Dios esa versión ha sido desmentida por el grupo de peritos argentinos. Ya después el gobierno sacó lo del basurero de Cocula, versión que también fue dese­chada por el grupo de expertos.

“Y nosotros como padres no podemos dar por muertos a nuestros hijos. Nosotros continuamos buscándolos con vida, porque no hay certeza científica de que están muertos.”

Luego muestra signos de irritación cuando, con voz quebrada, dice que “el señor Murillo Karam es un ser insensible que nos hizo mucho daño. Lo que estamos exigiendo es que también se investigue a ese señor. A todos los que estuvieron involucrados en esa ‘mentira histórica’”.

–¿Confían en la procuradora Arely Gómez González? –se le pregunta.

–No, tampoco. Claramente con esto que sacó está demostrando que quieren proteger su versión histórica. Pero el grupo de expertos ya desmintió eso. Así que no, no confiamos ni en la nueva procuradora.

Apoyada en las conclusiones del informe del GIEI, insiste en que el Ejército mexicano estuvo involucrado en la desaparición de los 43 jóvenes normalistas.

“Es por eso que hemos ido a las instancias militares, al Batallón 27 de Iguala, pues nos indicaron que ahí probablemente los tenían. Sin embargo, nos respondieron que no nos permitirían entrar. Lo único que recibimos fueron represalias, pero no nos vamos a callar. Vamos a continuar porque es a nuestros hijos a quienes estamos buscando.”

Acusa lo mismo al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, que al propio mandatario estatal.

“Desgraciadamente allá en Guerrero uno y otro funcionarios se protegen. El gobernador de Guerrero era antes priista y se pasó al PRD. Y el presidente municipal no está procesado por la desaparición de los jóvenes, sino por la muerte de un luchador social. El gobierno y la delincuencia organizada en Guerrero son lo mismo; es el tipo narcogobierno que tenemos allá en Guerrero.”

–¿Cree que Peña Nieto está encubriendo a Abarca?

–Están encubriéndose unos y otros. ¿Cómo es posible que a estas alturas no se haya investigado a Ángel Aguirre? Nosotros en todas las reuniones preguntamos por qué no se investiga a estas personas. Dicen que no tuvieron participación, pero como gobernantes deben saber lo que pasa en su estado.

Lo justo, señala, es que el gobierno de México castigue a todos los responsables.

Se queja de las intimidaciones que los padres de los normalistas han recibido del gobierno, pues éste nos “ha puesto a sus fuerzas, a los militares, a sus policías, cuando vamos a alguna actividad pública. Nos han reprimido, no nos han dejado pasar. Algunos padres han recibido amenazas para que ya no continúen. Tales amenazas anónimas señalan que si proseguimos nos puede pasar algo. Pero estamos buscando a nuestros hijos”.

En Nueva York, la señora Legideño Vargas, además de manifestarse ante las Naciones Unidas por la presencia de Peña Nieto en el organismo, se reunirá con el padre de su hijo desaparecido, quien se vino de Guerrero hace 17 años a trabajar en la Gran Manzana en pos de un mejor futuro para su familia.

Ante la posibilidad de que no se concretara la audiencia con el Papa Francisco, la madre de José Antonio no descartó que los padres de los 43 estudiantes opten por solicitar una audiencia con el jerarca católico en el Vaticano.

Plantea que nunca descansará hasta encontrar a su hijo, que la causa de los padres de los 43 normalistas continuará de manera incansable, y externa su hartazgo por la manera en que algunos medios de comunicación en México, en especial las televisoras, abordan el caso de Iguala.


“Tenemos –confió– mucho coraje contra las televisoras de México, Televisa y Televisión Azteca. Sabemos que son las televisoras oficiales del gobierno, y lo único que hemos recibido de ellas es un daño emocional, porque son las que transmiten la información gubernamental. Nosotros ya no confiamos en las televisoras; únicamente en los medios independientes y libres”, remata Legideño Vargas antes de partir a Nueva York.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.

Despotrica López Dóriga ante portada de Proceso; “chayotero” le reviran en redes

MÉXICO, D.F: Irritado por la portada del reciente número del semanario Proceso en la que se lee: “Los negocios de (Joaquín) López Dóriga”, el titular del noticiero estelar de Televisa tronó contra esta casa editorial a través de sus cuentas en redes sociales.

La respuesta que obtuvo, sin embargo, le fue contraproducente pues la gran mayoría cuestionó su ética, su falta de crítica hacia el gobierno y sus negocios.

El domingo pasado, cuando el número 2030 de Proceso comenzaba a circular, López Dóriga escribió en su cuenta de Twitter:

“Lo hay que desde su falsa izquierda, siguen al servicio del gran capital para sobrevivir. #Proceso Don Julio (Scherer) volvería morir de vergüenza”.

A este comentario, el periodista Jenaro Villamil, autor del reportaje de portada comentó: “Vaya vaya. Invocar a quien siempre lo cuestiono por vender su micrófono”.

Y salvo algunas excepciones, en las que usuarios expresaron solidaridad con el periodista y criticaron la línea editorial del semanario, decenas de usuarios criticaron el tuit de López Dóriga con comentarios como los siguientes:
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@iqFC70: “@lopezdoriga ¿Cómo OSA mencionar a Julio Scherer? Usted no es crítico, ni independiente, ni íntegro, ni honesto USTED NO ES PERIODISTA”.
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@Naalma: “@lopezdoriga tú hablando de vergüenza? Jaja el chiste se cuenta solo, cínico corrupto!!!”
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@SirDiegoChi: “@lopezdoriga que patético eres ¿Te dolió que te hayan exhibido en el reportaje de #Proceso? Vergüenza tú por citar a Don Julio Scherer”.

‏@chuyon180178: “@lopezdoriga y tu de que hablas si a ti te tienen bien empinado la gente del gobierno, TU ERES UN PERIODISTA COBARDE AL SERVICIO DEL PRI”.

@paris_martinez: “@lopezdoriga Tú, que tantas campañas de desprestigio has orquestado, ideado, protagonizado… Zabludovsky volvería a morir de orgullo por ti”.
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@carlosmlobato:”@lopezdoriga El que se debería morir de vergüenza eres tú, pareces no tener memoria de lo que ese SEÑOR pensaba de ti”

López Dóriga publicó un segundo tuit, éste dirigido a Julio Scherer Ibarra, hijo mayor del fundador de Proceso, Julio Scherer García. Tuiteó:

“Julio chico: a tu papá, don Julio le daría vergüenza la portada de hoy con documento falso. Proceso por su crisis, entregado al gran capital”, insistió el conductor de Televisa, pero la respuesta tampoco le fue favorable.

Además de los mensajes, los usuarios le respondieron con memes con imágenes de chayotes, fotografías en las que aparece sonriente y abrazado al expresidente Carlos Salinas de Gortari y de las portadas que ha dedicado el semanario al periodista estrella de Televisa.

Entre las decenas de mensajes que recibió “el teacher”, le dijeron:

@senognihc: “@lopezdoriga Así te hubieras indignado cuando se comprobó del montaje de Loret en el caso Casez,¡ CÍNICO CORRUPTO !”

@notidiariomex: “@lopezdoriga bien dice Florestán ‘La mierda tarde o temprano flota’, te habías tardado, pero eso, de utilizar a tu esposa para extorsionar…”
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@jmalonso31: “@lopezdoriga te estan sacando tus trapotes al sol, y seguro q ahi mas q te van a encontrar por lamehuevos, ya perdiste contra una sra. Arde?”

@isamaxil: “@lopezdoriga @jenarovillamil @MonkeyPoxMx el queriendo salir en HOLA y ya es la segunda pero de @revistaproceso”

@leopitt16: “@lopezdoriga Simplemente cuanto te pasa el gobierno federal, nunca te he visto una crítica ni siquiera
constructiva a @EPN,porque será?? $$$$”
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@wolverineqro: “@lopezdoriga Sería bueno que leyeran la negativa opinión pública de Julio Scherer sobre López Doriga en su libro Vivir”.

En efecto, en su libro “Vivir” de la editorial Grijalbo, Julio Scherer García se refirió así a López Dóriga:

“Durante la aparición inaugural de El Noticiero, emisión nocturna de Televisa, Joaquín López Dóriga expresó afecto por mi persona. No imaginé entonces que alcanzaría a Jacobo Zabludowsky en su comportamiento público. Ambos son ejemplo de la entrega al presidente de la República, a quien sirven y de él se sirven ellos mismos y, sobre todo, el monopolio que encabeza Azcárraga Jean.”

En su edición en circulación, Proceso publica el reportaje: “López Dóriga: cuando el micrófono tiene precio”, del periodista Jenaro Villamil en el que señala que el pleito inmobiliario entre la empresaria María Asunción Aramburuzabala y la familia del conductor estelar de Televisa ha permeado en el consorcio televisivo a tal grado que cada vez son más fuertes las versiones sobre la eventual salida de López Dóriga de la televisora.


El litigio en el que la poderosa empresaria ya lleva la delantera, publica el semanario, “puso al descubierto las ‘presiones’ e intentos de ‘extorsión’ que según ella han ejercido en su contra los esposos López Dóriga”. Además, el reportaje documenta los “negocios” que el conductor ha hecho al amparo del gobierno y los micrófonos de radio y televisión.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

López Dóriga: cuando el micrófono tiene precio

El pleito inmobiliario entre María Asunción Aramburuzabala y la familia del conductor estelar de Televisa cimbra desde hace varios días las estructuras del consorcio, al punto de que cada vez son más fuertes las versiones sobre la eventual salida de Joaquín López Dóriga de la televisora aliada del gobierno de Enrique Peña Nieto. El litigio, en el que la poderosa empresaria ya lleva la delantera, puso al descubierto las “presiones” e intentos de “extorsión” que según ella han ejercido en su contra los esposos López Dóriga. Quedan aquí documentados los “negocios” que el conductor ha hecho al amparo del gobierno y los micrófonos de radio y televisión.

MÉXICO, D.F: La batalla en tribunales entre la empresaria María Asunción Aramburuzabala, propietaria de la inmobiliaria Abilia, y los esposos Teresa Adriana Pérez Romo y Joaquín López Dóriga apenas inicia…

El litigio ha destapado el modus operandi de la extorsión del conductor estelar de Televisa y Radio Fórmula, cuya riqueza a partir del uso de poder de su micrófono incluye la propiedad de al menos seis departamentos de lujo en el Club de Golf Bosques, siete en la colonia Polanco, su lujoso yate valuado en 40 millones de pesos, una suite en residencial Villa Alejandra de Acapulco, más millonarios ingresos a través de dos empresas, Akron y Ancla, que han recibido más de 237 millones en contratos por menciones, campañas y entrevistas de dependencias federales entre 2001 y 2015.

La revelación de un presunto intento de extorsión por más de 5 millones de dólares por parte del matrimonio López Dóriga destapó lo que entre políticos y empresarios era conocido desde hace más de una década: el Teacher de Televisa presiona de esa manera a quienes no aceptan sus condiciones e intereses.

Los rumores sobre su salida de Televisa, suscitados a raíz del pleito jurídico con Aramburuzabala, arreciaron en los últimos días. Fuentes de la empresa confiaron a Proceso que el 30 de septiembre se pretendía relevar al conductor de El Noticiero de Canal 2, pero la posibilidad se frenó para no vincular el hecho al litigio inmobiliario con la heredera del emporio de la Cervecería Modelo y exsocia de Televisa.

El propio López Dóriga, en su columna de Milenio Diario, acusó el golpe de los rumores. El viernes 25 de septiembre, bajo su seudónimo Florestán, apostilló: “Los hay que en su miseria humana andan por la vida repartiendo falsos certificados de defunción”.

Los rumores en Televisa se incrementaron a raíz de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) del Distrito Federal resolvió a favor de Aramburuzabala en el juicio de lesividad sobre la construcción del desarrollo inmobiliario de la calle Rubén Darío 225, en una de las zonas de mayor plusvalía en la colonia Polanco, al lado justamente del edificio Rubén Darío 223, donde los López Dóriga son propietarios de un departamento de 552 metros cuadrados y un valor de 5 millones de dólares, según los datos del Registro Público de la Propiedad.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2030, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL (REPORTE ESPECIAL).

Escucharán a Monreal en el Corredor

Para cumplir con la Ley de Participación Ciudadana, el IEDF esperará a que Ricardo Monreal asuma como jefe delegacional en la Cuauhtémoc para realizar la consulta sobre el proyecto del Corredor Cultural.

El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) esperará a Ricardo Monreal para arrancar el proceso de la consulta ciudadana sobre el Corredor Cultural Chapultepec, que será el 18 de octubre.

El IEDF ya definió los tiempos de la consulta que se llevará a cabo una vez que Ricardo Monreal asuma como jefe delegacional en Cuauhtémoc.

El organismo optó por esta fecha ya que por un lado no había concluido legalmente el proceso electoral del 7 de junio, y la Ley de Participación Ciudadana obligaba a esperar a que los jefes delegacionales electos asuman en el cargo.

Este proceso se consumará el próximo jueves 1 de octubre, cuando los 16 delegados electos tomen protesta, entre ellos el morenista Ricardo Monreal, quien asumirá en la Delegación Cuauhtémoc, en cuyo perímetro se pretende desarrollar el Corredor Chapultepec.

“Ricardo Monreal se ha pronunciado abiertamente a favor del proyecto; entonces la consulta debe hacerse ya que tomen protesta los jefe delegacionales”, dijo Manuel Granados Covarrubias, consejero Jurídico y de Servicios Legales del GDF. 

El proceso mediador

A pesar de las voces ciudadanas y políticas en contra del proyecto planteado por la paraestatal ProCDMX, el Gobierno del Distrito Federal seguirá impulsando la realización de la consulta, que se realizará el 18 de octubre.

Por su parte el IEDF y su consejero presidente ya dieron el sí para acompañar a los vecinos y autoridades en el ejercicio ciudadano.

El objetivo es que las autoridades electorales capitalinas no sólo acompañen este proceso o que simplemente presten las urnas y las mamparas para el día de la jornada, sino que también nombre observadores electorales, valide las preguntas y contabilice los resultados del ejercicio, explicó el consejero jurídico.

“Será el Instituto Electoral del Distrito Federal el que esté atrás del proceso,  cuyos resultados, prometió el jefe de Gobierno, se respetarán”, precisó Manuel Granados Covarrubias.

El funcionario capitalino y la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, recibieron la instrucción del mandatario local de entrarle al proceso para apoyar a ProCDMX a aterrizar la consulta con el IEDF y con los vecinos.

Las rutas vecinales

El camino para lograr una consulta no ha sido fácil.

La semana pasada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), ya se sentía la presión.

Los vecinos mantuvieron abiertas sus propias rutas. Por un lado el comité vecinal de la Condesa solicitó la consulta al IEDF, pero esta petición no incluía que el IEDF participara en la organización ni avalara los resultados.

De manera simultánea, los vecinos de la Roma se acercaron al IEDF para solicitar que se realizara un plebiscito.

Plantearon que no sólo se incluyera su opinión ciudadana sobre el proyecto del Corredor Chapultepec, también que se tomarac en cuenta sus sugerencias sobre el Cetram que se pretende construir en el Metro Chapultepec, y otras grandes obras que proyecta el GDF.

En medio de este panorama, se les cuestionó al consejero jurídico si el proyecto del CCC estaría en riesgo debido a la franca oposición que muestran algunos grupos vecinales, apoyados incluso por partidos como Morena.

Al respecto dijo que para no caer en confrontaciones, como ocurrió con el deprimido de Mixcoac, esta vez el tema se abordará con una políticas de acercamiento vecinal y respeto a las decisiones que éstos tomen.

“El sin razón, no cabe”, atajó  Granados Covarrubias.

Se sienten excluidos

Mientras los tiempos legales corren para el IEDF, el Consejo Ciudadano de la Delegación Cuauhtémoc, autoridad ciudadana conformada por las cabezas de los 64 comités vecinales de la demarcación, pretende fijar postura oficial en los próximos días.

La semana pasada, este sector de vecinos convocó a una reunión en la que Simón Levy explicó el proyecto del corredor. A esa reunión llegaron vecinos opositores, que reclamaron haber sido excluidos.

El Consejo de la Cuauhtémoc acordó realizar un posicionamiento presuntamente a favor de la obra, que algunos calificaron de “maravilloso proyecto”.

Una de las intenciones de este consejo es que en la consulta se permita escuchar las voces de la mayoría y no sólo de los vecinos de la Juárez, Roma y Condesa. 


Esa es otra parte del debate que el IEDF deberá aclarar: ¿Deberán opinar los de la delegación Cuauhtémoc o sólo los ciudadanos directamente impactados por la obra?

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.

¿Juicio político de diputados a Murillo Karam? Ajá, sí: 3 años, 84 exigencias, 0 resultados

El PRD presentó en la Cámara de Diputados una demanda de juicio político a Jesús Murillo Karam. Pero la oposición no concretó ni una de las 84 peticiones que hizo en los últimos tres años. ¿Lo logrará ahora?

La Cámara de Diputados recibió una nueva demanda de juicio político contra un servidor público del Gobierno federal, la cual se sumará a las 84 que acumulan polvo en algún cajón olvidado en la Comisión Jurisdiccional de San Lázaro, ya que ninguna de éstas fue solventada durante durante los tres años de vida de la pasada Legislatura.

La nueva demanda fue presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) contra el priista Jesús Murillo Karam, quien fuera titular de la Procuradoría General de la República (PGR), por considerar que sus acciones y omisiones pusieron en riesgo la investigación sobre la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala, Guerrero.

No es la primera vez que la oposición arremete contra Murillo Karam por los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014. De hecho es el segundo recurso de juicio político que se interpone contra el defensor de la “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa.

Sin embargo, la demanda de juicio político podría correr la misma suerte que las presentadas en la LXII Legislatura –que funcionó de 2012 a 2015–, las cuales cayeron en tierra infértil y se guardaron en el cajón del olvido de alguna oficina de la Cámara de Diputados.

En respuesta a una solicitud de información de SinEmbargo, la Cámara de Diputados reportó que un total de 84 peticiones de juicio político se quedaron en los archivos acumulando polvo de la Comisión Jurisdiccional, encargada de revisar y eventualmente aprobar estas solicitudes político-jurídicas para preservar los derechos de los ciudadanos.


La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados respondió a la solicitud con número de folio 1831/2015 que:

“… a partir del primero de agosto de 2012, se presentaron un total de ochenta y cuatro demandas de juicio político”, las cuales de dividen de la siguiente forma: –64 denuncias recibidas y ratificadas, cuyo estatus es “Pendientes de resolver por la Subcomisión de Examen Previo”. –20 denuncias de juicio político que fueron presentadas, pero que no fueron ratificadas.

La Cámara de Diputados se reservó el nombre de todos los servidores públicos a quienes se demandó, bajo el argumento de que “la información relativa a los juicios políticos pendientes de resolución se encuentra reservada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracciones IV y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”.

Derivado de solicitudes de información similares, se sabe que durante la LX Legislatura –que funcionó de 2006 a 2009–, la Cámara de Diputados recibió 128 demandas de juicio político.

En 10 solicitudes hubo declaración de procedencia, pero se informó que se encontraban “pendientes de ser resueltas por la Sección Instructora”. Asimismo, durante la LXI Legislatura (2009 a 2012) se recibieron 95 demandas, que fueron ratificadas, pero quedaron “pendientes de ser resueltas”.

La Comisión Jurisdiccional de la LXII Legislatura estuvo presidida por el Diputado José Rangel Espinosa y fue integrada por el legislador priista Manuel Añorve Baños, y el panista Rubén Camarillo Ortega.

José Rangel Espinosa, mejor conocido como el “Dipucharola” por haber colocado una placa con el logo de la Cámara de Diputados a su automóvil Mercedes Benz, valuado aproximadamente en 1 millón de pesos.

Ese Diputado por el Estado de México es también conocido por vanagloriarse públicamente que el Presidente Enrique Peña Nieto votó por él en el 2012, por lo que se declaró abiertamente su admirador.

“Soy representante de los priistas de mi distrito, de los priistas y simpatizantes que votaron por mí, incluyendo al ciudadano Enrique Peña Nieto porque él vota en el distrito que yo represento en Atlacomulco”, aseveró el Diputado José Rangel. El mexiquense jamás convocó a una sesión para revisar las 84 demandas de juicio político pendiente.

JUICIOS POLÍTICOS, HERRAMIENTAS

En el marco de diversas demandas de juicio político interpuesta el año pasado sin que actuara la Comisión Jurisdiccional, Miguel Rábago Dorbecker, profesor e investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, reconoció que en México el juicio político no es garantía de una rendición de cuentas efectiva por parte del funcionario implicado.

“No tenemos esos mecanismos [de rendición de cuentas] bien desarrollados, el juicio político es uno pero es un mecanismo bastante anquilosado, problemático, también allí se ven las limitaciones de los partidos políticos que actúan más por líneas partidistas que por un interés general o por una exigencia de la sociedad”, dijo el especialista.

Por su parte, Jesús Rodríguez Zepeda, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explicó que México tiene una larga tradición de que sus servidores públicos no asuman responsabilidades jurídicas por situaciones que los involucran, directa o indirectamente, en escándalos políticos.

“En otras sociedades, frente a escándalos políticos como los que se han visto aquí, con mucha frecuencia los servidores públicos renuncian, aunque no estén directamente involucrados. Pero eso es algo que en México no tiene tradición ni está arraigado, ni entra en el repertorio de acciones de los propios servidores públicos”, dijo.

En los últimos tres años, de nada sirvieron los encendidos discursos que integrantes del PAN, PRD, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, lanzaron contra gobernadores estatales y servidores públicos del Gobierno federal a la hora de presentar sus demandas, de igual forma jamás fueron tomadas en cuenta sus solicitudes de juicio político.

Algunas de las solicitudes que más eco tuvieron, se presentaron contra Javier Duarte de Ochoa, Gobernador de Veracruz; Ángel Aguirre Rivero, Gobernador con licencia de Guerrero, y Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, entre otros.

En octubre de 2014, el entonces Diputado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo (PT), presentó una demanda de juicio político contra Ángel Aguirre, entonces Gobernador de Guerrero, a quien se acusó de perder el control de la gobernabilidad en la entidad. El mismo Diputado presentó una solicitud de juicio político en contra del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien acusó de evadir su responsabilidad al no investigar oportunamente el presunto asesinato de Arturo Hernández Cardona y otros perredistas, ocurrido el 31 de mayo de 2013, a pesar de que la Comisión Permanente se lo pidió de manera oficial.

Huerta ladrón de Guevara dijo que Osorio Chong fue omiso en atraer la investigación que señalaba como autor intelectual al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, quien después resultó presunto responsable en dar la orden para detener a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.

En septiembre de 2014, grupos ciudadanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil presentaron una demanda de juicio político contra Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por las “graves omisiones” frente a inumerables casos y por utilizar a la institución a “modo” a fines distintos a la defensa de derechos humanos.

De acuerdo con los demandantes, Plascencia Villanueva fue omiso en atender con oportunidad casos como los 70 mil homicidios ocurridos en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa; el caso de la masacre de San Fernando; la presunta ejecución sumaria en Tlatlaya, Estado de México, o el asesinato del niño José Luis Tehuatlie a causa de una bala de goma disparada por la policía de Puebla.


MURILLO KARAM ACUMULA JUICIOS EN SU CONTRA

La demanda de juicio político del PRD contra Murillo Karam fue presentado ante el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, pocas horas antes de que el Presidente Enrique Peña Nieto se reuniera el jueves pasado con los padres de los normalistas quienes le presentaron una serie de demandas en torno a la desaparición de sus hijos.


“Consideramos que no puede haber ningún funcionario que quede impune ante acontecimientos de la envergadura del ocurrido en Ayotzinapa, Guerrero”, dijo el coordinador perredista Francisco Martínez Neri.

Esta es la segunda ocasión que la oposición arremete contra Murillo Karam por los hechos ocurridos en Iguala el pasado 26 de septiembre.

El primero se presentó el 14 de noviembre de 2014 por el presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres Guadarrama, y fue respaldado por diputados de izquierda. En ese entonces Morena no tenía bancada en San Lázaro.

Hace pocos días, el 8 de septiembre, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado anunció que promovería su propio recurso de juicio político contra Murillo Karam, luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) echara por tierra su “verdad histórica” sobre el caso Iguala. No obstante, la demanda panista todavía no presenta formalmente ante la Cámara de Diputados, por lo que el ex Procurador General y ex titular de la Secretaría de de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), no tiene nada de qué preocuparse.

A pesar de que no existen buenos antecedentes sobre el éxito de los juicios políticos, el PRD defendió su derecho a actuar contra quien considera violó el marco constitucional, y es responsable de afectar la legalidad, imparcialidad y eficiencia de la investigación de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.

“Efectivamente, las mayorías se imponen y protegen a las personas que son de su preferencia. No dudamos que, en este caso, pudiera darse una nueva resolución en el sentido de que hasta ahí se quede este trámite. Sin embargo, no podemos renunciar a ese derecho y tenemos que hacerlo cuantas veces sea necesario”, dijo Martínez Neri.

Para el coordinador de los diputados priistas, César Camacho Quiroz, el PRD solo utiliza la figura de juicio político contra Murillo Karam con el “afán de exorcizarse”, y de evadir sus propias responsabilidades en la desaparición de los 43 normalistas, debido a que en 2014 Iguala era gobernado por José Luis Abarca, quien llegó a la alcaldía bajo el amparo de los perredistas.


“Creemos que esto es para expiar sus culpas políticas y para que con esto distraigan a alguna parte de la opinión pública de una responsabilidad de su partido y de personas con nombre y apellido que militaban o militan en el Partido de la Revolución Democrática”, dijo el líder parlamentario priista.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DAVID MARTÍNEZ HUERTA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-09-2015/1498627.

Policías federales asesinan por “confusión” a dos jóvenes en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab: Policías federales asesinaron a dos jóvenes e hirieron a dos más al “confundirlos” con delincuentes que balearon a un agente federal y eran perseguidos.

Los hechos ocurrieron la mañana de este domingo en la céntrica colonia El Águila de esta capital, sin embargo, hasta la tarde-noche el incidente seguía confuso por falta de información de las autoridades locales o federales.

Testigos oculares indicaron que todo inició cuando un grupo armado, al parecer desde un vehículo Spark color blanco, disparó al policía federal Esteban Pérez que conducía la patrulla número 15091, quien recibió dos balazos y herido logró pedir ayuda a sus compañeros.

Agentes federales iniciaron la persecución de los pistoleros y en la calle Belisario Domínguez confundieron el vehículo y rafaguearon una camioneta Ford Ranger con placas VP-55-188, en la que iban cuatro jóvenes.

Dos de ellos, Miguel Ángel Martín Domínguez y Alejandro Contreras Sierra, murieron al instante mientras que Jorge Luis Gómez Estrada y Roberto Contreras Osorio resultaron gravemente lesionados.

Jorge Luis Gómez Estrada es hijo del abogado Vicente Gómez Peralta, conocido litigante penalista.

Trascendió que dentro de la camioneta Ranger agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) incautaron un arma, pero según testigos fue “sembrada” por los policías federales para tratar de justificar la agresión.

La FGE aseguró la patrulla federal que conducía el agente baleado, mientras que familiares de los jóvenes asesinados y heridos llegaron por la tarde hasta la Fiscalía para exigir justicia.

Carlos Castillo, abogado de las familias, dijo que presentarán una demanda contra la Policía Federal y exigirán que pongan a disposición del Ministerio Público a todos los elementos que participaron en la agresión, ya que actuaron “con prepotencia y abuso” durante el operativo.


Dentro de la FGE declaraban esta noche testigos, familiares y amigos de las víctimas y heridos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.

Acusa tortura psicológica líder campesino implicado en conflicto con familia Mouriño

CAMPECHE, Camp: El líder del Movimiento Campesino Tierra y Justicia, Pedro Celestino May Can, acusó al fiscal general del estado, Juan Manuel Herrera Campos, de haberlos sometido a torturas psicológicas a él y sus dos hijos durante el tiempo que los mantuvo detenidos por un conflicto de tierras con los empresarios Carlos Mouriño Atanes y Rafael Selem Ferrer.

Aunque descartó que en este caso esté metido el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, sí le pidió a éste remover a Herrera Campos de la FGE: “Él en su toma de protesta aseguró que cesaría a quien le falle, y en este caso el fiscal demostró que sirve a intereses ajenos a la procuración de justicia”.

Asimismo, adelantó que presentará su querella ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CDHEC) e incluso valora la posibilidad de denunciar al fiscal por la vía legal pues consideró que sus detenciones, que el juez de control consideró ilegales, obedecen a intereses personales de Herrera Campos con los empresarios implicados en el conflicto.

May Can fue detenido el pasado miércoles junto con dos de sus hijos, Abner y Natanael, y una mujer, Jaqueline Palomo, que se encontraba con ellos al momento de su captura.

Antes de consignarlos ante un juez de control, que en menos de dos horas deliberó que fueron detenidos de manera ilegal y ordenó su inmediata libertad, la Fiscalía les mantuvo en sus separos 48 horas, durante las cuales los cuatro detenidos se declararon en huelga de hambre.

Desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón, el movimiento Tierra y Justicia inició un conflicto legal contra Carlos Mouriño Atanes, padre del fallecido exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, por la posesión de los terrenos del ejido Lerma, conurbado a esta capital, donde el influyente empresario español cristaliza su exclusivo proyecto inmobiliario Campeche Country Club.

Para realizar su viejo sueño, el dueño del Grupo Energético del Sureste y del equipo de futbol español Celta de Vigo, presuntamente hizo valer sus influencias en las dependencias federales para apropiarse de las tierras del ejido Lerma en las postrimerías del calderonismo.

De ese modo se apropió de 9 mil 685 hectáreas por las que pagó aproximadamente 40 centavos de peso mexicano por metro cuadrado, que revendió en 288 dólares.

El ejido quedó reducido a sólo 400 hectáreas, luego de un juicio que dejó a salvo los derechos de ocho ejidatarios que se negaron a cederlos o venderlos.

Según denuncias de los inconformes, el magnate también quiere apoderarse de ese terreno para construir un estadio de futbol.

El ambicioso proyecto de Mouriño Atanes consta de una zona habitacional para personas de muy alto poder adquisitivo, campo de golf diseñado por Jack Niclaus, colegios, hospital y hasta playas artificiales, para cuya creación están extrayendo arena del lecho marino.

Para evitar el despojo, los ocho ejidatarios decidieron regalar tierras circundantes al Country Club para que ahí se creara “una colonia proletaria”. Y fue así como repartieron 3 mil 250 lotes a personas humildes para que construyeran sus viviendas y con ello se depreciara el valor de los predios del club.

Meses atrás, Celestino May Can denunció amenazas y atentados de muerte en su contra, así como el incendio premeditado de su rancho y la muerte de su ganado, de lo que responsabilizó directamente a Carlos Mouriño, y exigió al Congreso local y al exgobernador Fernando Ortega Bernés poner atención a su caso.

Tiempo después apareció en escena Rafael Selem Ferrer, dueño de la empresa Campechana de Vehículos, para disputar a los ejidatarios una porción de las tierras. Argumenta que el gobierno del estado se las dio para instalar una de sus agencias concesionarias de autos nuevos.

La franja reclamada por ese empresario, cuya denuncia fue la que motivó la detención ilegal de Celestino May, es justamente el acceso a la colonia proletaria Tierra y Justicia, cercana a la lujosa entrada del Country Club. Ese predio en disputa no está delimitado.

El sector donde se encuentran esos terrenos fue donado al gobierno estatal hace más de 30 años para desarrollar un parque industrial. No obstante, en las cláusulas de la donación estaba especificado que si luego de tres décadas no se realizaba el proyecto, como es el caso, esas tierras se reincorporarían al ejido.

En conferencia de prensa, May Can explicó que sin mediar ninguna orden judicial los agentes ministeriales entraron a su propiedad, un predio delimitado y cercado donde se reúnen los beneficiarios de los lotes de Tierra y Justicia para planear la construcción de la nueva colonia.

“Cuando llegamos, los ministeriales habían abierto la reja y estaban sentados en mi mesa. De aquí nos sacaron, dijeron que por orden del Fiscal. Es mentira que hayamos opuesto resistencia y que los hayamos agredido. Como ven, ya estoy viejo. ¿Cómo un viejo como yo iba a agredirlos, si afuera habían más de 30 judiciales?”, acusó.

También se quejó de la detención de Jaqueline Palomo. “Los judiciales sólo se llevaron, sin ningún motivo, y no les importó dejar aquí sola, sin procurarle ninguna custodia, a su niña”.

Asimismo, aseguró que durante el tiempo que permanecieron en los separos de la Fiscalía, “nos hicieron firmar papeles, bajo torturas sicológicas de que algo les pasaría a nuestros familiares si no lo hacíamos; nos robaron también los teléfonos celulares, donde teníamos información personal, nunca nos los devolvieron”.

Uno de los hijos de Celestino May fue detenido cuando grababa en su teléfono celular el momento y las circunstancias de la detención.

“Esto fue privación ilegal de nuestra libertad”, sostuvo, y reiteró que dadas las circunstancias denunciará ante la CDHEC y posiblemente también por la vía legal.


Y llamó a Moreno Cárdenas, quien asumió la gubernatura apenas el pasado 16 de septiembre, a reconsiderar la designación de Herrera Campos, quien por segunda ocasión ocupa el cargo, porque “los campechanos no merecemos estas injusticias”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSA SANTANA.

Confirman huelga de hambre de narcos en el penal del Altiplano

MÉXICO, D.F: Internos del penal de máxima seguridad del Altiplano, de donde el 11 de julio se fugó el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, difundieron hoy un comunicado en el que aseguran que el pasado sábado 19 de septiembre iniciaron una huelga de hambre en protesta por la violación a sus garantías individuales y derechos humanos.


En este Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) se encuentran recluidos mil 200 internos, entre ellos los presos catalogados por el gobierno federal como de mayor peligrosidad.

Proceso dio a conocer el inicio de esta insólita rebelión el domingo 20 de septiembre. En respuesta, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, negó al día siguiente el hecho y aseguró que se había tratado simplemente de una negativa a desayunar.

El comunicado, al que tuvo acceso este semanario, y que fue difundido por familiares de los internos señala (se respeta la ortografía):

“A nombre de todos y cada uno de los internos de los CEFERESOS al interior de la República mexicana en estos momentos actualmente recluidos en el interior del penal federal del Altiplano CEFERESO No.1 Almoloya de Juarez a partir del sábado 19 de septiembre de 2015 mostramos nuestra inconformidad por las violaciones a nuestros derechos humanos y garantías individuales, así como nuestros derechos internacionales por lo que de manera conjunta en el interior de nuestras celdas hemos decidido estallar huelga de hambre hasta que se atiendan nuestras peticiones…”

En ese escrito denuncian mala alimentación, atención médica deficiente y desacato a resoluciones de amparos. Se quejan también de que se les está obligando a desnudarse y hacer sentadillas en presencia de custodios e internos.

También denuncian el retiro de televisores y relojes de pulso previamente autorizados por el Consejo Técnico Interdisciplinario de la prisión y que se han instalado cámaras de seguridad dejándolos sin ninguna intimidad.

El comunicado está dirigido a la opinión pública, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y Poder Legislativo y se pide la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los partidos políticos.

El comunicado está firmado por el “Comité” pero no se incluyen los nombres de sus integrantes.

En el Altiplano se encuentran actualmente presos, Omar Treviño Morales, alias El Z 42, líder del cártel de Los Zetas; Héctor Beltrán Leyva, líder del cártel de los Beltrán Leyva; Edgar Valdés Villarreal alias La Barbie; Servando Gómez Martinez alias La Tuta líder del cártel de Los Caballeros Templarios; Teodoro Garcia Simental alias El Teo y Arturo Martínez Herrera del Cártel del Golfo, entre otros.

De acuerdo con información obtenida por esta reportera, la protesta de narcotraficantes se podría extender a otros penales federales.

El actual director del Altiplano es Jaime Fernández López, mientras que Renato Sales tiene bajo su responsabilidad la administración y seguridad de los penales federales.


El 11 de julio pasado El Chapo Guzmán se fugó del Altiplano, supuestamente a través de un túnel de más de 1.2 kilómetros de longitud que conectaba la regadera de su celda con una casa en obra negra en el poblado de Santa Juana.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.

Así fue la movilización en México, a un año del caso Ayotzinapa

Arte, consignas, lluvia y hasta disturbios, así se vivió la marcha por el aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Hace un año, bajo la lluvia, las fuerzas de seguridad asentadas en Iguala raptaron y desaparecieron de manera forzada a 43 adolescentes y jóvenes que se formaban como maestros campesinos en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, y como si el tiempo hubiera quedado detenido en ese momento, un año después de esos hechos la lluvia cae sobre los padres y madres de esos muchachos, cuando marchan por la capital del país, clamando por su vuelta.

Es como si fuera la misma lluvia, dice Emiliano, papá del normalista desaparecido José Ángel Navarrete, como si se tratara “de un mensaje de la naturaleza”.

Por primera vez en muchos meses, la ciudadanía se ha volcado de forma multitudinaria –como en las primeras protestas de hace un año– para cobijar con miles de pancartas, mantas y consignas a los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos, asesinados y heridos entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.

Marchan de nuevo amplios contingentes de las principales universidades del Valle de México, públicas y privadas (UNAM, UAM, IPN, ENAH, UACM, Chapingo, Ibero, Unitec, entre otras), y de nuevo también agrupaciones sindicales, esta vez ya no representadas por una sola manta sostenida por unos cuantos, sino por cientos de sus agremiados (como el Stunam, el Sindicato de Telefonistas, el SME o la CNTE).

Y a un año del ataque en Iguala, marchan nuevamente familias enteras, padres y madres con sus hijos e hijas en brazos, en carreolas, en rebozos, adultos mayores, grandes formaciones agrarias, organizaciones indígenas y populares, y también vienen grupos artísticos de todo cuño: fandangueros, batuqueros, performanceros, artistas plásticos, coros vocales, todos en una larga procesión, que no por colorida resulta menos triste.

“Si te callas, eres cómplice”, reza una pancarta. “Todos somos Ayotzinapa”, dice otra. “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, “¿Dónde están nuestros hijos?”, “Nos valtan 43”, “Fuera Peña”, se clama en miles más.

Y lo que se lee en las pancartas, la gente lo grita, y cuando lo hace, a veces llora.

Unos se desgañitan, otros musitan. Pero nadie calla.

“Ha sido impresionante –reconoce Mario César, papá del normalista desaparecido César Manuel González, cuando habla al micrófono– ver tanta gente ahorita en la marcha, gente a la que se le salían las lágrimas, y que tenían pancartas mandando un mensaje a nuestros hijos… es impresionante ver que los corazones de los mexicanos sean tan grandes que, aún cuando tienen sus propios problemas, todavía caben ahí los 46 normalistas (los 43 desaparecidos y los tres asesinados en Iguala por la policía).”

Por todo este apoyo, asegura Emiliano, papá de José Ángel, aquellos que han salido a las calles “deben estar orgullosos de ser quiénes son… gracias a ustedes hemos llegado a este tiempo firmes, de pie, ustedes nos han sostenido cuando hemos caído, nos han dado aliento, cariño, amor, comprensión, y eso no lo tiene cualquier ser humano.”

Y ese apoyo, promete con esperanza en la voz, no será en vano. “El día que nuestros hijos regresen –avisora–, les comentaremos de ustedes, y ustedes los verán igual aquí, de frente, y cuando les pasemos lista, ellos mismos responderán” al escuchar sus nombres.

Esta asistencia masiva de la ciudadanía, subraya Melitón, papá del normalista desaparecido Mauricio Ortega, “es la muestra de la indignación, del coraje que tiene este pueblo, porque hemos dicho ya que el caso de Ayotzinapa no es aislado, sino que es algo (la desaparición forzada) que se da en todo el territorio nacional.”

Por ello, aclaran los papás y mamás de Ayotzinapa, su lucha no termina con la recuperación de sus hijos, sino con la justicia para las decenas de miles de personas víctimas de desaparición forzada que se acumulan en México, para los pueblos indígenas que defienden sus tierras de la depredación, para los pueblos que defienden el agua, para los jóvenes que son reprimidos en Tlaxcala, en Michoacán, en Guerrero por defender la educación normalista, para los pobres en general.

Así, se anuncia al micrófono, en octubre próximo (los días 16, 17 y 18), la Normal Rural de Ayotzinapa será sede de una Asamblea Popular que, tal como informa Felipe de la Cruz, vocero del comité de padres y madres, para comenzar a trazar un plan de lucha nacional, “para ir formando el poder que va a derrocar a este sistema podrido que tenemos”.

El anuncio genera vítores, pero el pesar, como las nubes grises, aún se agolpa sobre el Zócalo capitalino, que ve dispersarse a la concurrencia ante el frío y la llovizna que no cesa.


“Hoy, el cielo está llorando, porque faltan los estudiantes”, dice Cristina, mamá del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, ambos indígenas de habla náhuatl, de La Montaña de Guerrero–. Hoy el cielo llora, porque faltan los 43 y miles más…”

“Cuando sea necesario, vamos a responder”

Mientras en el Zócalo hablan los padres y madres de los normalistas, los últimos contingentes aún avanzan por paseo de la Reforma y, como ha ocurrido en otras movilizaciones, jóvenes encapuchados avanzan al final de la marcha, realizando pintas, dañando algunos negocios, y enfrentando a policías capitalinos.

Ante esta situación, el abogado Vidulfo Rosales –que como integrante del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan brinda acompañamiento legal al comité de padres–, toma el micrófono y establece un peculiar deslinde.

“No somos pacifistas –aclara–, podemos decirlo porque muy mal nos ha tratado este gobierno, nos ha tratado con la punta del pie, nos ha reprimido. Y les decimos: cuando sea necesario, vamos a responder”, sin embargo, advierte: “No queremos que mañana los diarios desvíen la atención hacia la violencia”, y llama a no caer en provocaciones o confrontaciones con la policía capitalina.

Este llamado, sin embargo, no alcanza a escucharse hasta el Senado, donde el contingente de jóvenes encapuchados se separa de la columna principal de manifestantes que aún marchan hacia el zócalo, para lanzar una decena de globos con pintura roja contra el Senado de la República, así como al menos dos petardos.

Luego, ya en avenida Juárez, arrojan piedras primero contra un restaurante de comida rápida KFC (donde cuatro ventanales quedan en pedazos, incluyendo el que da hacia el área de juegos infantiles), y en donde, según comensales, el guardia del establecimiento sufrió lesión en la cabeza.

La misma estrategia siguen luego contra un restaurante Sanborns y una cafetería Starbucks ubicada en el centro comercial Parque Alameda, contra el edificio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en avenida Hidalgo y, finalmente, contra policías apostados en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes.

Minutos después, los uniformados jalonearon y retuvieron durante varios minutos a un joven bajo la sospecha de que había participado en las agresiones, lo que causó molestia en varios testigos que exigieron que lo liberaran y, tras verificar que en su mochila no tenía objetos peligrosos, lo dejaron ir.

La Secretaría de Gobierno del Distrito federal informó en un comunicado emitido ayer por la noche que dos policías de Tránsito resultaron lesionados por los objetos que arrojaron estas personas, pero confirmó que no hubo detenidos.


Cabe señalar que la mayor parte del recorrido del contingente estuvo acompañado solo por policías de Tránsito, aunque hubo agentes con equipos antimotines desplegados en el interior de edificios contiguos a Reforma y el Centro Histórico.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: Paris Martínez, Arturo Ángel, Gonzalo Ortuño, Nayeli Roldán, Tania Montalvo, Mayra Zepeda, Jardiel Palomec y Manuel Ureste.