La declaración desató la ambición de algunas diputadas, quienes tomaron la palabra al líder priista. Al día siguiente, mientras el país volteaba la mirada para atestiguar la rabia de normalistas y padres de los 43 jóvenes desaparecidos manifestada en la quema de un tráiler, cierre de carreteras y toma de casetas, las legisladoras encabezadas por la perredista Hortensia Aragón demandaban más y más posiciones.
Al reclamo de Aragón se fueron sumando públicamente legisladoras del PAN y Movimiento Ciudadano, entre ellas Claudia Corichi. Pero cuando la diputada de Morena, Araceli Damián, condenó la agresión contra los normalistas que en ese momento se estaba gestando, no hubo diputada alguna que hiciera suya esa demanda. Todo apuntó a que la ambición pudo más que la conciencia de lo verdaderamente importante en el país.
Una de las legisladoras que respaldó una distribución más equitativa argumentó que “no sólo urge” como país “hacer un cambio de mentalidades, sino de las prácticas políticas”.
La legisladora de Morena, Araceli Damián, no aguantó más y también pidió la palabra, “para otro tema”, dijo y soltó la condena.
“Estamos en un momento crucial, a casi un año de lo sucedido, de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, y no es posible que la policía no garantice el libre tránsito de los estudiantes. Queremos que a esos estudiantes que fueron regresados a Tixtla, se les garantice la posibilidad de llegar a Chilpancingo para que participen en una manifestación pacífica por los hechos sucedidos hace casi un año”.
Su demanda ante el pleno fue como un grito en el desierto. Nadie, ninguna diputada o legisladora madre de familia pidió respeto ni exigió libre tránsito para los padres que hace un año les arrebataron a sus hijos. Ninguna otra diputada condenó la desaparición forzada de los 43 jóvenes de Ayotzinapa; por el contrario, para ellas fue más importante levantar la voz para exigir más presidencias de comisión que clamar por el respeto a la vida o el reclamo contra la desaparición forzada.
Y así como las diputadas no se ocuparon del tema en la sesión del martes, el jueves 24, en la víspera del encuentro entre padres de los 43 estudiantes y el presidente Enrique Peña Nieto, la Cámara de Diputados decidió no abordar el tema.
Pese a que Morena presentó un punto de acuerdo en donde exigía a autoridades estatales y local “brindar condiciones de seguridad” para los padres de familia, sobre todo durante la marcha de este sábado 26, fecha en que se cumple un año del acto más atroz de la administración peñista y con lo cual se pone de nuevo el sello de los gobiernos priistas: las desapariciones forzadas, la propuesta no prosperó.
Y por qué no hubo partido político que se ocupara del tema, la respuesta es sencilla, porque a los legisladores no les interesa el país y su gente, sino cómo colocarse políticamente y cómo ganar más posiciones.
Un ejemplo de lo anterior es lo “verdaderamente importante” que los diputados discutieron la semana que termina y que concluirán en los próximos días: la “repartición” de presidencias de comisión y con ello varios miles de pesos para su funcionamiento.
La Cámara cuenta con 56 comisiones ordinarias, es decir, las institucionales. Estas se distribuyen entre los partidos políticos de acuerdo con su número de diputados.
Hortensia Aragón recordó que en la legislatura pasada las mujeres tuvieron 13 presidencias y hoy reclaman más.
En la legislatura pasada, el PRI encabezó 23, PAN 13, PRD 11, PVEM tres, MC dos, PT dos y Panal una.
Hoy la distribución entre PRI y PAN será similar, pues cuentan con igual número de legisladores. El gran perdedor será el PRD, que de 11 pasará a encabezar seis o siete, pues perdió 50% de sus diputados. El Verde de tres pasará a cinco; MC sumará una más; Nueva Alianza se deberá quedar con una y el PES no tendría derecho a ninguna pues no alcanza ni uno por ciento.
Las comisiones que pierda el PRD se las peleará con Morena que, por llegar con 35 diputados, tiene derecho a cuatro posiciones.
PAN y PRI ya dijeron que el problema no es con ellos, pues tendrán las mismas comisiones. Pero quizá se presenten algunos cambios. Entre éstos podría darse por ejemplo el de la Comisión del Agua, que tenía el PRD y que ahora podría pelear el PRI, sobre todo si recordamos que existe la llamada “ley Korenfeld” para reformar el marco legal en la materia y permitir con ello la privatización de ese servicio, recurso sin el cual es imposible realizar el conocido ‘fracking’ para la extracción de gas shell.
Otra comisión a negociar podría ser la de Auditoría Superior de la Federación, en manos del PRD desde 2006 cuando este partido logró, gracias al “arrastre” de Andrés Manuel López Obrador, una de sus mayores bancadas y pudo exigir revisarle las cuentas a los gobiernos panistas.
El PRI mantendrá la reina de la corona, la de Presupuesto; el PAN seguirá con Hacienda, y Auditoría estará entre el Verde y Morena, aunque si este último partido aprovecha su posición, podría operar para quedarse con la del Agua.
Lo anterior tendría lógica si pensamos que el promotor de Morena, López Obrador, estuvo y está en contra de la reforma energética, entonces por estrategia política debiera demandarla, pues sin agua no se podrá concretar la polémica reforma.
Pero como los diputados son muchos y las negociaciones que están por venir serán más que complicadas, los legisladores podrán olvidarse de la austeridad presupuestal y recurrir, como en cada legislatura lo hacen los tres principales partidos, a crear comisiones especiales para repartir presidencias y con ello recursos.
No hay que olvidar que tan sólo en la pasada legislatura los diputados sacaron de la chistera “34” comisiones especiales. De todas ellas no hubo una sola que rindiera frutos; muchas ni siquiera presentaron informes y todas fueron para atender demandas de cada partido político.
Y si alguien duda de esto, sólo basta echar un vistazo a las cinco comisiones especiales que ya se están proponiendo para su creación: una para la Cuenca de Burgos, presentada por PRI; otra más que este mismo partido sugirió fue la comisión especial para prevenir la trata de personas. Su comparsa, el PVEM, sugirió otra comisión especial similar pero con el nombre de “lucha contra la trata”.
El PRD, que en la legislatura pasada votó en contra de la reforma energética, hoy sugiere una comisión especial para atender el tema de la “fractura hidráulica” o ‘fracking’, y evitar el uso abusivo de ese recurso. MC también pide una especial, aquella que prepare los festejos del 150 aniversario del triunfo de la República.
Las 56 comisiones existentes no bastarán para los 500 legisladores de San Lázaro. Sin duda habrá nuevas comisiones especiales. Sólo esperemos que los diputados y diputadas no se preocupen tanto por presidirlas sino por trabajar en lo verdaderamente importante para el país como, por ejemplo, acabar con la impunidad instalada a lo largo de la República.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
