OAXACA, Oax: El parlamento europeo decidió invitar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que les presente su informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en la que rechaza la versión oficial de la incineración de los jóvenes en el basurero de Cocula, Guerrero.
Así lo dieron a conocer las eurodiputadas Satu Hassi y Ska Keller, quienes afirmaron que el punto de acuerdo fue aprobado la semana pasada, a petición del Grupo Verde y la Comisión de Derechos Humanos del parlamento europeo.
Destacaron que la decisión de los eurodiputados habla del interés que persiste a un año de la tragedia y que aún tiene toda la atención mundial.
Precisaron, asimismo, que la fecha para que acuda al parlamento el GIEI está por definirse, aunque ya es un hecho que presentará el informe sobre el caso Ayotzinapa.
De acuerdo con el gobierno federal, los 43 normalistas fueron detenidos por policías municipales de Iguala y Cocula, quienes supuestamente los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los habría ejecutado y posteriormente incinerado en un basurero de Cocula.
No obstante, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó en su informe que dicha versión muestra inconsistencias científicas.
Tras seis meses de indagaciones, los especialistas señalaron en su informe que los estudiantes no fueron incinerados, y menos al aire libre, ya que para hacerlo se habría necesitado un total de 60 horas y 30 mil kilos de madera, y “un inculpado señala que el máximo tiempo que estuvieron ahí fue de 16 horas”.
Además, debido a las dimensiones de las llamas, habrían sido vistas por los habitantes de Cocula, algo que no sucedió. “Por todas estas razones el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ha formado la convicción de que los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula”, según las eurodiputadas.
Además, los expertos detectaron un gran número de fallas en la investigación, y dijeron que hay indicios de que cinco de los detenidos por el crimen fueron torturados para obtener sus declaraciones.
El GIEI recomendó “investigar como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los normalistas, el móvil del traslado de estupefacientes” que se encontraban en uno de los camiones que había sido tomado por los muchachos con el objetivo de dirigirse a la ciudad de México para asistir a la conmemoración de la masacre del 2 de octubre de 1968.
Por otra parte, las eurodiputadas Satu Hassi y Ska Keller denunciaron que el gobierno de Gabino Cué y la comisionada de derechos humanos, Eréndira Cruz Villegas, se negaron a recibirlas, probablemente porque no hay avances en la investigación de los asesinatos de Jyri Jaakkola y Bety Cariño, cometidos en abril de 2010 en una caravana humanitaria a la región triqui.
Satu Hassi aclaró que decidieron venir a Oaxaca porque “no hay avances, no hay nada, no ha pasado nada, entonces, mi conclusión es que hay una total falta de voluntad” del gobierno de Gabino Cué para detener a los perpetradores de estos crímenes, subrayó.
De igual manera, destacó que ella y Ska Keller tuvieron reuniones con el gobierno federal, pero no con el de Oaxaca.
Les dijeron que no es el mejor momento, y “no podemos cambiar la agenda cuando desde la Unión Europea se comunicaron con el gobernador y con Eréndira, pero no han contestado”, apuntó.
Satu Hassi mencionó que aunque hay acuerdos escritos y firmados entre Omar Esparza (esposo de Bety Cariño), la Embajada de Finlandia y la Unión Europea con las autoridades de Oaxaca, hasta ahora no ha pasado nada. No hay otra explicación que la falta de voluntad, puntualizó.
Y lo más preocupante, agregó, es que “vemos un patrón muy similar entre el caso de Jyri Jaakkola y Bety Cariño con el de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, porque hay largos plazos hasta que empieza la investigación, además de que no intentan guardar evidencias o hasta las destruyen deliberadamente”.
En síntesis, el caso de los 43 y el del Jyri son síntomas de la misma enfermedad: la impunidad, donde no son las instancias judiciales, sino otras personas las que documentan las evidencias para sustentar el caso, dijo.
A su vez, Ska Seller, vicepresidenta del Grupo Verde en el parlamento europeo, lamentó que las leyes internacionales no se respeten en México, mientras que los casos de asesinatos, desapariciones y feminicidios van en aumento.
La eurodiputada consideró que mientras no se rompa el círculo de la impunidad, van a seguir aumentando esos casos.
“Es horrible que crímenes tan atroces queden sin castigar. En mi país, Finlandia, datos de 2013 arrojan que 99 % de los casos de asesinatos se resuelven y aquí es al contrario, el 98% no se resuelven”, precisó Satu Hassi.
“En el caso Jyri ya pasaron cinco años y cinco meses, hemos hablado con autoridades y saben muy bien que las claves de cualquier avance es la detención de los sospechosos y la protección de los testigos, pero estoy chocada cuando veo la pasividad de las autoridades en cuanto a la protección de los testigos”.
Y advirtió: “Al no haber ninguna evidencia en el tribunal de hacer justicia, y cuando los testigos tienen miedo de declarar porque algo les puede pasar, debido a que se trata aquí de una banda criminal y muchos de ellos andan libremente por ahí y los testigos sin protección, entonces el juicio se va a convertir en una farsa”.
Las eurodiputadas dejaron un mensaje a las autoridades estatales: “No vamos a renunciar, ni a desistir en exigir justicia para Jyri y Bety, y vamos a volver a Oaxaca, vamos a seguir preguntando qué hace el gobierno y por qué no hay avances”.
Finalmente, adelantaron que realizarán un informe de todos los aspectos de impunidad que hay en este caso para darle más visibilidad y denunciar que no hay avances.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
MÉXICO, D.F: La parlamentaria finlandesa Satu Hassi afirmó que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014 y el asesinato de los activistas Beatriz Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola en abril de 2010, son “síntomas de la misma enfermedad” de impunidad que padece México.
Al finalizar una visita de trabajo que realizó junto con la eurodiputada Ska Keller, para revisar los avances en la investigación del homicidio de los activistas en San Juan Copala, Oaxaca, la parlamentaria dijo que en ambos casos falta una debida investigación, pero también está el ejemplo de lucha de las familias por encontrar justicia.
En entrevista con Apro, Satu Hassi –quien concluyó su cargo en el Parlamento Europeo (PE) y ahora es legisladora en Finlandia– señaló que si el gobierno mexicano hubiera sancionado casos de alto perfil como el de su compatriota Jyri Jaakkola y la directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), Bety Cariño, habría menos posibilidades de cometer crímenes similares.
Desde 2011 Satu Hassi y Ska Keller, ambas del Grupo de los Verdes, se reúnen con funcionarios mexicanos, de Oaxaca y del ámbito federal, para revisar el avance de las indagaciones del crimen. No obstante, hasta ahora los hechos siguen impunes.
Al respecto, la parlamentaria señaló: “Si se sabe que hay castigo, eso es un obstáculo, un freno para quienes planean un asesinato, pero si se sabe que en México se puede (asesinar), eso cambia la posibilidad de que se cometa el crimen”.
De acuerdo con la diputada, entre Ayotzinapa y el homicidio contra los dos activistas en Oaxaca hay tres paralelismos “muy claros”: el primero fue la omisión de las autoridades para proteger la vida de los ciudadanos, tanto de los 43 estudiantes como de Cariño y Jaakkola, quienes iban en una caravana humanitaria a San Juan Copala.
Según la información que tiene Hassi, en el caso Ayotzinapa hubo una balacera y la policía no respondió a ese incidente, e incluso hay indicios de que las autoridades sabían de lo sucedido desde el primer momento, mientras que en Copala el entonces gobernador Ulises Ruiz tampoco intervino para proteger a la caravana.
La segunda similitud son las faltas cometidas durante la indagatoria: que en la desaparición de los estudiantes hubo pérdida de evidencias, mientras que el caso de Copala pasó un día entre los hechos y las indagaciones, lo que provocó la alteración de la escena del crimen.
La parlamentaria sostuvo que de acuerdo con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que da seguimiento al caso Ayotzinapa, se registraron irregularidades en las evidencias, por ello y ante la relevancia del caso este informe se presentará el próximo año ante el PE.
La tercera coincidencia en ambos hechos criminales es que las familias y sus abogados son quienes buscan la verdad, ya que ellos son quienes recopilan pruebas y testimonios y no las autoridades, incluso fue gracias a la presión de las familias que se conformó el GIEI, que “demostró que la verdad oficial no era tal”.
Satu Hassi indicó que por lo menos en el caso Ayotzinapa hay una esperanza gracias al GIEI, sin embargo lamentó que para Jyri y Bety no haya progreso en las investigaciones, y más bien pareciera que no hay disposición de las autoridades para analizar las evidencias recopiladas por la familia, pues han pasado cinco años con cinco meses y ninguna persona ha sido juzgada por el homicidio.
Además lamentó que para que un crimen sea investigado tenga que presentarse ante instancias internacionales, cuando deberían ser las propias autoridades mexicanas las que brinden justicia o implementen acciones básicas como proteger a los testigos para que puedan declarar, o girar órdenes de aprehensión y cumplirlas.
Finalmente, Hassi recalcó que Enrique Peña Nieto se comprometió con el gobierno finlandés a resolver el caso de San Juan Copala, por lo que aseguró que falta demostrar que esos compromisos son reales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dio a conocer que, a un año de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, sus familias podrían ser indemnizadas.
En un comunicado, indicó que iniciaba una “segunda fase de atención a víctimas de Ayotzinapa” y que “por instrucciones del Presidente de la República”, la comisión trabajará en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación “para atender y acompañar a las víctimas de este caso”.
Recordó que ambas han brindando atención médica de “primer nivel, atenciones odontológicas, atención sicológica, asesoría legal y acciones de trabajo social (gestiones para inclusión en programas sociales, trámite de becas y otros apoyos, etc.)”.
La segunda fase de atención a las víctimas de Ayotzinapa, señaló, iniciará a partir de un esquema de trabajo conjunto con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para integrar un solo padrón de personas en calidad de víctima de este caso. Este ejercicio resultará en un plan de atención médica inmediata jerarquizada y con detalles sobre el tipo de atención requerida.
Además de reforzar y enfocar la atención médica a las víctimas, esta segunda fase incluye el inicio de un programa de reparación integral, al cual las personas afectadas del caso Ayotzinapa tienen derecho, tal y como lo contempla la Ley General de Víctimas.
La reparación consiste en un conjunto de medidas que tienden a hacer desaparecer, en la medida de lo posible, los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado y comprenden temas materiales y no-tangibles. La reparación puede presentarse de distintas maneras, como la restitución, la indemnización, la reconstrucción del proyecto de vida, la satisfacción y las garantías de no–repetición, detalló.
Apuntó que la comisión tiene un comité con las metodologías y las personas especialistas para determinar las medidas de reparación a las que cada víctima en específico tiene derecho, apegado a la Ley General de Víctimas y a estándares internacionales.
“Cuando una víctima solicita iniciar un proceso de reparación, no implica que ésta deje de buscar ejercer otros de sus derechos, como el de obtener justicia, el de libre expresión o manifestación”, aclaró.
“El desarrollo de la reparación de este caso estará basado en información que al respecto ha generado la CNDH, y el informe presentado en días pasados por el GIEI. Además, este grupo de especialistas acompañará este proceso a partir del ofrecimiento de intermediación con los padres de Ayotzinapa que le hiciera a la CEAV”, adelantó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN
Intelectuales, políticos y empresarios trabajan para impulsar una iniciativa que defienda las candidaturas independientes hacia las elecciones presidenciales de 2018.
El ex candidato presidencial y dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los de “la mafia en el poder”, como ya no les funciona el “PRIAN” (PRI y PAN), están buscando frenarlo con un candidato supuestamente independiente para 2018.
A través de su cuenta en Facebook, publicó:
En Huautla de Jiménez, Oaxaca, Obrador dijo que hay condiciones inmejorables para lograr la transformación que necesita el país, pero no es cosa de que Morena esté arriba en las encuestas y se siente a esperar que llegue el 2018, “sería un grave error”, consideró.”Sí estamos arriba en las preferencias de la gente, pero enfrentamos a una mafia de poder, a un grupo de intereses creados, muy poderoso, grandes caciques que no quieren por ningún motivo que las cosas cambien y mejoren en nuestro país”, expuso.Durante la gira por ese estado, AMLO aprovechó para hacerse una limpia:
Preparan candidatura independiente
De acuerdo con el diario Excélsior, desde julio, un grupo de intelectuales, políticos y empresarios trabajan para impulsar una iniciativa que defienda las candidaturas independientes hacia las elecciones presidenciales de 2018.
Entre los convocantes están Federico Reyes Heroles, Jorge Castañeda y el panista Diego Fernández de Cevallos.
En entrevista para ese diario, Reyes Heroles explicó que el proyecto que promueven “no está etiquetado para alguien en particular”. Explicó que “si se cierran demasiado a la ciudadanía, hay una alternativa. (Es) para que se pongan las pilas los partidos”.
Para Castañeda “si no hay una candidatura independiente fuerte, única, López Obrador es el único que puede canalizar lo que todas las encuestas muestran en el país: un gran hartazgo, gran hastío con la clase política, con la partidocracia, con el sistema.
“El hecho es que por el momento él (López Obrador) está encauzando todo esto y por el momento él es el que va adelante”, aseguró.
Según el rotativo, durante dos meses y medio, ocho intelectuales y políticos trabajaron y discutieron “fuerte” en la casa del panista Diego Fernández de Cevallos para lanzar una iniciativa en defensa de las candidaturas independientes, que fue publicada en un desplegado el martes pasado y que titularon “Por una cancha pareja para candidaturas independientes”, el cual fue firmado por varios más:
Los personajes que se reunieron desde principios de julio fueron Jorge Castañeda, Federico Reyes Heroles, Rafael Pérez Gay, Luis de la Calle, Juan Ramón de la Fuente, Héctor Aguilar Camín, Ángeles Mastretta y el anfitrión, Diego Fernández de Cevallos.
Fernández de Cevallos no firmó el desplegado, pues dijo que se podría interpretar que el documento tenía tintes antipartidos políticos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
ZINAPÉCUARO, Mich: Estudiantes de las normales de Michoacán tomaron la caseta de la Autopista de Occidente, a la altura de Zinapécuaro, para exigir justicia a un año de la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa, Guerrero.
Los normalistas tomaron la caseta de Peaje de Zinapécuaro alrededor de las 11:30 horas y exigen dinero a los automovilistas para poder circular.
Los normalistas arribaron a la caseta de la Autopista México-Guadalajara en el tramo Maravatío-Zapotlanejo, para financiar las actividades del movimiento estudiantil.
Los jóvenes frecuentemente se apoderan de casetas de peaje o instalan retenes en las autopistas para exigir dinero a cambio del libre tránsito y con ello recaudar fondos para sus movilizaciones.
La caseta de peaje fue liberada después de las 18:00 horas según señalaron los normalistas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANO.
HERMOSILLO, Son: La gobernadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano presentó este lunes la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos Anticorrupción.
Entre las primeras acciones tendrá atraer el informe anual de la cuenta pública 2014, emitido por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) que reportó que el gobierno de Guillermo Padrés sobreejerció recursos públicos por una cantidad superior a los 12 mil 450 millones de pesos el año pasado.
Al frente de esta procuraduría Pavlovich nombró al abogado Odracir Espinoza Valdez, quien tendrá la encomienda de documentar las denuncias de cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito interpuestas contra los servidores públicos de las anteriores y presentes administraciones estatales y municipales.
La gobernadora dijo que esta dependencia se creó en atención al reclamo ciudadano en materia de transparencia, austeridad y eficiencia a la hora de ofrecer igualdad y castigo a los responsables.
“Tiene una responsabilidad histórica de recobrar la confianza de los ciudadanos y generar el cambio demandado por los sonorenses”, expresó.
Para la creación de esta Fiscalía se reformó el reglamento de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y los cambios fueron publicados este lunes en el Diario Oficial del Estado.
Espinoza Valdez prometió acabar con la impunidad a partir de la creación de esta Fiscalía, una institución fortalecida para combatir la corrupción.
“Ya acabó el tiempo de los intocables, de la justicia selectiva que es implacable para los que menos tienen, que es ciega, sorda y muda en una era en la que un acto de corrupción representa una carta de mercadeo político, sin el mayor pudor”, advirtió el fiscal.
El organigrama de esta institución establece que acompañarán al titular, un director general a cargo de 21 investigadores y 21 auditores forenses; tres ministerios públicos, seis secretarios de acuerdos y seis secretarias auxiliares, para un total de 85 servidores.
De acuerdo con palabras del recién nombrado fiscal, esta institución no cuenta con un presupuesto asignado, por lo que compartirá fondos de la Procuraduría estatal durante el resto de este año.
En el Informe de Resultados a la revisión de la Cuenta Pública Estatal 2014, en poder de Apro, el ISAF detectó 3 mil 126 irregularidades, de las que mil 726 fueron solventadas y restan por justificar mil 295.
También queda por resolver la “fuga” del extesorero de Nogales, quien desapareció 60 millones de pesos y el peculado de 14 millones en el que supuestamente incurrió el exalcalde, Vicente Terán.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ
Las 130 imágenes serán donadas por más de 100 fotoperiodistas nacionales y extranjeros. Será el próximo 17 de octubre.
Con el objetivo de apoyar económicamente a la familia de Rubén Espinosa –fotoperiodista asesinado el 31 de julio en la colonia Narvarte-, el grupo Fotorreporteros Mx llevará a cabo una subasta de fotografías el próximo 17 de octubre.
Las 130 imágenes serán donadas por más de 100 fotoperiodistas nacionales y extranjeros, entre ellos algunos ganadores del premio World Press Photo y el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Fotografía.
La subasta será el 17 de octubre a partir de las 14:00 horas en el Museo Memoria y Tolerancia, ubicado en Avenida Juárez 8, en el Centro Histórico, frente a la Alameda Central.
Del dinero recaudado, 10% se destinará a una exposición fotográfica de Rubén Espinosa y 90% se entregará a su familia.
La pieza principal de la subasta será una fotografía seleccionada por los familiares de Rubén Espinosa.
Hasta el momento hay tres personas detenidas por el multihomicidio en la colonia Narvarte, en el que fueron asesinados Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, Alejandra Negrete, la colombiana Mile Martín y Yesenia Quiroz.
Los detenidos son Omar Martínez, Daniel Pacheco y el expolicía Abraham Tranquilino.
Tanto Rubén Espinosa como Nadia Vera huyeron de Veracruz al Distrito Federal después de recibir amenazas y mensajes intimidatorios en su contra.
IMAGENES:
https://readymag.com/285576
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/09/subasta-de-imagenes-para-apoyar-a-familia-de-fotoperiodista-asesinado-en-la-narvarte/
OHL pagó 120 millones de pesos tan sólo por "video cámaras o diversa tecnología" en el Circuito Exterior Mexiquense, señalan la empresa en conflicto con la constructora.
Infraiber anunció que denunciará ante la PGR nuevas irregularidades que detectó en la relación de OHL con el gobierno del Estado de México.
En un nuevo capítulo del conflicto entre ambas empresas, donde está involucrado el gobierno mexiquense y el federal, Infraiber indicó que OHL pagó 120 millones de pesos al Estado de México, por el concepto de adquisición e instalación de “video cámaras o diversa tecnología”.
La irregularidad que reportó es que por ese concepto se sustituyó el cargo que cobra OHL (50 centavos más por vehículo) por el Sistema Independiente de Aforo Vehicular (SIVA) en el Circuito Exterior Mexiquense, del cual se encargaría Infraiber, lo cual fue impedido por la empresa constructura y apoyado por la administración mexiquense, que revocó el contrato.
“¿Video cámaras de 120 millones de pesos en el Circuito Exterior Mexiquense, señor gobernador?“, preguntó Infraiber en un comunicado que se reproduce al final de esta nota.
“Pensaban haber eliminado el SIVA en el Circuito Exterior Mexiquense. El problema (entre muchos otros) es que nunca (ni OHL ni el Estado) lo notificaron a Infraiber ni lo informaron a los jueces y tribunales federales que conocían… diversos juicios de amparo en relación con el SIVA y el Circuito Exterior Mexiquense, lo que puede ser constitutivo de delito”, advirtió la empresa a cuyo abogado le fue sembrada presuntamente un arma por parte de la PGR.
El comunicado de Infraiber:
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Título de concesión:
20150928094751019:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El coordinador de los diputados priistas, César Camacho, informó de manera preliminar, que Movimiento Ciudadano tendrá dos y el Partido Encuentro Social una.
Las bancadas del PRI, PAN y PRD presidirán menos comisiones ordinarias; las del PVEM y Movimiento Ciudadano aumentarán y se distribuirán otras en los nuevos grupos parlamentarios de Morena y Partido Encuentro Social, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), César Camacho Quiroz.
En declaraciones a la prensa, el legislador no precisó cuántas de las 56 que existen tendrá el grupo parlamentario de Nueva Alianza (NA), de acuerdo con Notilegis.
De manera preliminar, el también coordinador del PRI en San Lázaro informó que su partido y el PAN tendrán una comisión menos cada uno, es decir, 23 y 12 respectivamente.
El PRD dejará de presidir cuatro, por lo que encabezará siete comisiones en la LXIII Legislatura; El Partido Verde tendrá cinco, dos más que las que dirigía, y Movimiento Ciudadano encabezará una más, para quedar en un total de dos.
Morena y el Partido Encuentro Social obtendrán cuatro y una, respectivamente.
Camacho Quiroz adelantó que el PRI retendrá la de Presupuesto y Cuenta Pública; el PAN la de Hacienda y Crédito Público, y el PRD las de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la de Puntos Constitucionales.
Francisco Martínez Neri, coordinador de los diputados perredistas, agregó que también la comisión de Educación Pública y Servicios Educativos es “irrenunciable” para su partido, por lo que continuará presidiéndola.
“De modo que estamos a punto de cerrar esta negociación, en cuanto haya datos más precisos los haremos del conocimiento de los medios”, añadió.
Aseveró que posteriormente abordarán la integración de las comisiones bicamerales y las comisiones especiales.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Un grupo de empresarios constructores denunció hoy que la obra pública en la entidad sólo ha beneficiado a empresas foráneas que desde la Secretaría de Infraestructura son “palomeadas” por Juan Pablo Orantes Coello, primo hermano del gobernador Manuel Velasco Coello.
A la cabeza del grupo de Empresas Constructoras Independientes del Sureste, AC, Humberto Naturi Pérez subrayó que en lo que va de la administración del mandatario ‘verde’, sólo han recibido “promesas y migajas”, por lo que decenas de empresas constructoras han quebrado en la entidad.
Esta es la segunda vez que los afectados salen a protestar. La primera fue a mediados de julio, para exigir al gobierno estatal que les asigne obra pública, porque hasta ahora todo se ha quedado en promesas.
Destacaron que desde 2010, cuando Juan Sabines gobernaba la entidad, no les han cubierto diversos pagos y más bien se ha incrementado la deuda que el gobierno tiene con empresas locales, a las que no sólo no les paga, sino que tampoco les asigna obra.
Los inconformes subrayaron que la mayoría de las asignaciones pasa por las manos del “señor de las obras”, Juan Pablo Orantes Coello, hasta hace unas semanas subsecretario técnico, cargo del que fue removido por las denuncias, aunque sigue despachando de forma ilegal “en el sótano de la Secretaría de Infraestructura”.
Precisaron que las empresas foráneas con prestanombres son: Grupo Constructor Oxchuc, SA de CV, Grupo Industrial CAMO, SA de CV, Constructora Montes Azules, SA de CV, Constructora de Desarrollo Urbano y de Servicios del Sureste, SA de CV, GAVT Iluminación, SA de CV, Parachicos Construcciones SA de CV, Grupo VITRE, SA de CV, BELSAS Construcciones, SA de CV, y Construcciones y Edificaciones Sector 7, SA de CV.
Indicaron, asimismo, que el propio Orantes Coello tiene constructoras y subcontrata a las empresas locales a las que les debe muchos millones de pesos.
Los empresarios constructores explicaron que si el gobernador no pone fin a las “pillerías” de su primo hermano, la economía del estado por la quiebra de empresas irá en picada y el desempleo aumentará.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
MORELIA, Mich: Integrantes del Centro Michoacano de Evaluación (Cemide) denunciaron que el gobernador Salvador Jara Guerrero gastó más del doble en publicidad y difusión gubernamental al pasar de 44 millones presupuestados para este año, a 153 millones 664 mil 227 pesos.
El ejercicio de los recursos, añadieron, contrasta con el monto aprobado por el Congreso local para la Secretaría de Política Social para combate a la pobreza que asciende a 249 millones de pesos, de los cuales solamente se han ejercido 76 millones.
En conferencia de presa, Jesús Alva; Arturo Herrera Cornejo y Alberto Cárdenas y Alfonso Álvarez Miaja, presidente de CEMIDE AC, revelaron que el aumento en el presupuesto a la Coordinación de Comunicación Social, fue parte de las modificaciones al presupuesto que hizo el gobernador y condenaron que destine más dinero para comunicación social que para combate a la pobreza. Los datos ofrecidos por el Cemide forman parte de la última cuenta pública trimestral al cierre del 30 de junio del presente año.
Lo peor es que pese al incremento en el área de Comunicación Social, todo el año pasado y en lo que va este 2015, los propietarios de 300 medios de comunicación de la entidad se han quejado de que el gobierno no les paga los acuerdos convenidos por publicidad o les daba la mitad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS.
MÉXICO, D.F: El exoficial mayor del gobierno del Distrito Federal, Edgar Armando González, fue inhabilitado para trabajar en el servicio público, luego de que el año pasado un audioescándalo reveló su participación en la compra irregular de llantas para los vehículos oficiales de la administración capitalina.
En un comunicado, la Contraloría General del DF informó que seis exfuncionarios fueron inhabilitados, derivado de las irregularidades observadas en la licitación pública OM-DGRMSG-006-14 relacionada con la compra de neumáticos mencionada. Fuentes de la dependencia confirmaron que entre ellos estaba González Rojas.
Los seis responsables, agregó, no podrán ejercer ningún cargo público dentro de la administración pública del DF durante el tiempo que se resolvió sancionarlos.
La de González Rojas es la segunda inhabilitación de exfuncionarios de alto nivel que realiza la Contraloría en menos de una semana. El pasado jueves 24 de septiembre, el exsecretario de Obras y Servicios (Sobse), Alfredo Hernández García, fue inhabilitado por incurrir en conflicto de interés al otorgar dos contratos por 72 millones de pesos a la empresa Planet donde su esposa, Erika Molina Barragán, fungía como directora comercial.
El 14 de octubre del 2014, Edgar Armando González Rojas presentó su renuncia como oficial mayor del GDF. Sin embargo, el audioescándalo se desató 18 días antes, tras la difusión en el canal de videos Vimeo, de la grabación de una supuesta llamada telefónica entre el exfuncionario y un colaborador en la que pactaban la compraventa.
Titulado “#Audioescandalo fraude en la Oficialía Mayor del GDF 2014”, el video fue filtrado el viernes 26 de septiembre. En él se escuchaba una voz en off que se refría a Mancera Espinosa: “Ponemos a su disposición las pruebas de las cochinadas que se realizan en la Oficialía Mayor, donde Edgar Armando González Rojas continúa utilizando a un grupo de contratistas de su círculo cercano”.
En el audio uno de los colaboradores del oficial mayor refirió que la compra de las llantas debería hacerse a precio de mercado y sin comisiones, “porque el año pasado compraron inflado”.
No obstante, quien se presumía era González Rojas, afirmó: “Nosotros podemos comprar con el precio normal de mercado, el 30% arriba”.
La supuesta aseveración del funcionario se sustenta en la cláusula 4-3.1 de la Circular Uno emitida por la misma Oficialía Mayor. Ésta asegura que el precio puede ser mayor siempre y cuando represente una mejor oportunidad de financiamiento y calidad del producto.
En el audio González Rojas agregó: “Súbete a ese precio, súbete 25 (por ciento más del precio de mercado)”. El interlocutor se quejó de que el proveedor que sería beneficiado no estaba convencido del trato pues se había comprometido a darle una comisión de 50% del sobreprecio y se quiere reducir a 25%. Entonces, le advirtió: “nos vamos a inconformar y a lo mejor hasta pedos tengo con Edgar”. Con esta frase concluyó la grabación.
Tres días después, en un nuevo audio un presunto colaborador del oficial mayor aseguró que la licitación de las llantas se hizo por 4.5 millones de pesos a una sola empresa, identificada como Llantas La Viga “que se quiere comer todas las llantas de la dependencias locales y federales”.
La voz en off pidió a Mancera Espinosa tomar cartas en el asunto o se revelarían los nombres de los operadores del Oficial Mayor y de las empresas a las que beneficiaba.
El escándalo creció y el 30 de septiembre la Contraloría General abrió dos auditorías por la presunta compra de 10 mil llantas para vehículos oficiales con sobreprecio de 30% que involucraba al exoficial.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
TOLUCA, Edomex: El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) confirmó que en una nueva audiencia de imputación el exalcalde de Naucalpan, David Sánchez, fue acusado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) de probable peculado por otros 9 millones de pesos.
Durante la audiencia celebrada este domingo en el penal estatal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, el Ministerio Público acusó que esta cantidad se desprende de la compra de uniformes para el personal sindicalizado del ayuntamiento que nunca se distribuyeron.
La defensa del exalcalde solicitó al juez de control la ampliación del término constitucional de 72 a 144 horas para presentar pruebas contra la acusación, y el próximo miércoles se realizará una nueva audiencia para determinar si existen los elementos para vincular o no a proceso a Sánchez.
También pidió la comparecencia del secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de México y Municipios (Suteym) ante el ayuntamiento, René Palomares, y del responsable del almacén del municipio para que declaren en calidad de testigos.
Además, demandó que declaren los representantes legales de los proveedores de esta compra realizada por el ayuntamiento en 2014.
En contraste, el procurador Alejandro Gómez rechazó que la Procuraduría mexiquense investigue necesariamente a las 17 personas señaladas por un medio nacional como probablemente involucradas, pero reiteró que todos los colaboradores cercanos del munícipe con licencia pueden ser objeto de indagatorias.
El periódico Reforma asegura que son investigados Fabián Ricardo Gómez, líder del PRI municipal; Erika Peralta Lazo, esposa de Sánchez Guevara; Alejandro Méndez Gutiérrez, extesorero municipal, y Elías Manuel Prieto López, titular del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oapas).
También, aseguró, se indaga la probable responsabilidad de Carlos Alfredo Villalva, exsubdirector de Administración y Finanzas del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oapas); Claudia Verónica Ayala, consultora jurídica del Oapas, y David Enrique Román, exsecretario particular de David Sánchez y exdirector de Desarrollo y Fomento Económico.
El diario indica que además se investiga a Fernando Valdez del Pozo, exdirector de Desarrollo y Fomento Económico; Yazmín Camacho, exempleada municipal y dueña de Promocasting, proveedora del municipio y pareja en turno del procesado; del síndico José Juan Vergara Millán y Omar Enrique Sánchez Díaz, exsecretario privado del exmunícipe, entre otros.
El pasado viernes, elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la PGJEM catearon algunas propiedades de David Sánchez Guevara.
Dos de ellas se ubican en la calle Valle de Toluca, colonia El Mirador, a sólo dos cuadras del Palacio Municipal de Naucalpan, que tenían como finalidad fungir como oficinas de su agrupación ciudadana Kairos; en el lugar fueron decomisados equipos de cómputo y cajas con papelería.
El priista fue detenido apenas unos días antes de tomar posesión como diputado federal; fue vinculado a proceso por el delito de peculado por 408 mil pesos que pagó para la construcción de un andador no edificado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA..
México, DF. La tasa de desocupación en México dejó de disminuir en agosto al afectar a 4.3 por ciento de su población económicamente activa, una proporción igual a la de julio de este año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En tanto, la tasa de informalidad laboral, que abarca tanto a los ocupados en micronegocios no registrados, en la agricultura de subsistencia y a aquellas personas que laboran sin protección de la seguridad social, se elevó de 57.7 por ciento del total de la población ocupada en julio a 57.9 por ciento en agosto, indicó el organismo.
Al dar a conocer los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Enoe), el Inegi señaló que la tasa de desocupación en el ámbito urbano de las 32 ciudades más importantes del país fue de 5.5 por ciento en agosto reciente, menor en 0.8 puntos porcentuales a la observada en el mismo mes de 2014.
Las cifras preliminares de la Enoe indican que a nivel nacional 4 de cada 5 personas desocupadas, y que realizan acciones para encontrar empleo, cuenta con estudios de bachilletaro y de nivel superior, esto es 79.5 por ciento del universo total de desocupados; en tanto que el 20.5 por ciento restante carece de estudios completos de secundaria.
Por su parte, la tasa de ocupación en el sector informal no agropecuario correspondiente a unidades sin registros contables que funcionan a partir de los recursos del hogar sin llegar a constituirse en empresas ascendió a 27.2 por ciento en agosto de 2015, desde 26.5 por ciento en el octavo mes de 2014.
Las entidades que en agosto de este año presentaron las mayores tasas de desempleo, como proporción de su respectiva población económicamente activa, fueron: Tabasco, 6.5 por ciento; Nayarit, 6.4; Estado de México, 5.8 por ciento; Querétaro, 5.6; Sonora, 5.4 y Jalisco, con 5.3 por ciento de desocupados.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JUAN ANTONIO ZUÑIGA.
VILLAHERMOSA, Tab: La Procuraduría General de la República (PGR) atraerá las investigaciones sobre el asesinato de dos jóvenes y las lesiones causadas a otros dos por parte de policías federales, en un incidente registrado este domingo en la colonia El Águila.
En un comunicado, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Fernando Valenzuela Pernas, informó que la PGR solicitó toda la información al respecto “debido a la presunta participación de agentes federales”, por lo que esta madrugada se entregaron los dictámenes de necropsia y la totalidad de la averiguación previa VHSA-AUX-373/2015.
El funcionario detalló que la FGE realizó el levantamiento de los cuerpos de Alejandro Contreras Sierra y Miguel López Martínez, el embalaje de los cartuchos localizados en el lugar de los hechos, así como el aseguramiento de las unidades que recibieron impactos de bala.
Por ello, añadió Valenzuela Pernas, el informe de la Policía Federal fue rendido directamente ante la delegación Tabasco de la PGR ya que corresponderá a esa institución ministerial federal continuar con la investigación.
El fiscal aseguró que “durante el enfrentamiento del domingo pasado” no participó ningún elemento de la Policía Estatal ni de la Policía de Investigación de la Fiscalía.
Dijo que este lunes 28 se reunió con el titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, Edgardo Flores Campbell, quien ofreció compartir el avance de la información, y agregó que hay interés de la dependencia para que a través de su área “se garantice la transparencia y disposición que permita el esclarecimiento de lo ocurrido con sus consecuencias legales”.
Sin embargo, persiste la confusión sobre lo que realmente sucedió la mañana del domingo en la calle Belisario Domínguez de la colonia Gil y Sáenz, conocida popularmente como El Águila.
Elizabeth Sierra, madre de Alejandro Contreras Sierra, declaró a Apro que, hasta las 16:00 horas, ninguna autoridad local o federal se había comunicado con la familia para informarle sobre las circunstancias en las que su hijo perdió la vida.
“Hasta ahorita no sabemos nada, sólo que llegaron los policías y balearon a mi hijo y a los otros muchachos. Nadie nos da información”, comentó la mujer entre lágrimas durante el sepelio en el cementerio privado Recinto Memorial de Villahermosa, donde esta tarde también fue enterrado Miguel López Martínez.
Alejandro Contreras fue sepultado con mariachis. Tenía 29 años, era ingeniero químico, soltero y trabajaba en la empresa de diseño y construcción de uno de sus tíos, relató su madre.
Mientras tanto, Miguel fue recordado entre porras, vivas y aplausos de jóvenes futbolistas que con sus uniformes se hicieron presentes, ya que el joven este deporte era su pasión.
López Martínez trabajaba en una plataforma marina de Campeche, para una compañía contratista que labora para Petróleos Mexicanos (Pemex). Era casado y dejó en la orfandad a una niña de 6 años y a un niño de 9.
Su hermano Julio César relató a Apro que Jorge Luis Gómez Estrada, uno de los dos lesionados, contó a su padre –el abogado litigante Vicente Gómez Peralta– que los cuatro iban a bordo de una camioneta Ford Ranger doble cabina color blanco, cuando se inició una discusión con el conductor de otra camioneta y acompañantes, y que conforme avanzaban se iban agrediendo verbalmente de un vehículo a otro.
Después, ambos vehículos se internaron en la colonia El Águila y ellos se estacionaron en la calle Belisario Domínguez. De repente aparecieron dos camionetas con policías federales y les dispararon.
Aún persiste la versión –aún no confirmada ante el total hermetismo de autoridades locales y federales– que los policías perseguían a un grupo armado que momentos antes había disparado y herido a un agente federal desde un carro compacto, y al encontrar a los cuatro jóvenes en la zona de búsqueda, los confundieron y los rafaguearon.
Julio César dice que, al darse cuenta de su error, vecinos vieron cómo los policías federales “sembraron” una pistola en la camioneta Ranger y pretendieron salir de la calle en las dos camionetas –patrullas en las que viajaban– pero la gente se los impidió y tuvieron que abrirse paso a pie, amagando con sus armas a los indignados residentes.
Posteriormente, llegó otro pelotón de policías federales y agentes ministeriales de la FGE.
Pese a que los hechos ocurrieron alrededor de las 8:30 de la mañana, hasta las 21 horas permitieron a la familia de Alejandro y Miguel identificar sus cuerpos y a la una de la madrugada se los entregaron en el Servicio Médico Forense de la FGE, se queja Julio César.
Tanto Jorge Luis Gómez como Roberto Contreras Osorio, el otro lesionado, se recuperan de sus heridas.
Carlos Alberto Castillo Romero, abogado de las familias de las víctimas, celebró que la PGR investigue los hechos y anunció que presentarán una denuncia ante organismos nacionales, estatales e internacionales en contra del fiscal Valenzuela Pernas por negar información a familiares de los jóvenes asesinados.
Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José Manuel Argáez de los Santos, informó que será la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la que aborde este caso en el que están involucrados policías.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
El dirigente priista mencionó que el presidente mostró sensibilidad ante el dolor de los afectados.
El presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, dijo que es indispensable aquilatar la seriedad del compromiso presidencial y que los actores políticos y sociales deben actuar con responsabilidad ante la exigencia de justicia de los familiares de las víctimas de Ayotzinapa.
En un comunicado, el dirigente nacional del PRI mencionó que el presidente Enrique Peña Nieto, quien recibió en días pasados a los padres de los normalistas de Ayotzinapa, mostró sensibilidad ante el dolor de los afectados.
“La indignación y el dolor de los familiares de las víctimas tienen nuestro respeto y consideración sinceros, por lo que los actores políticos y sociales debemos proceder con responsabilidad al sumarnos a su exigencia de justicia, sin utilizar la tragedia con propósitos políticos y, mucho menos, dar pie a que se aliente la violencia y el encono social con actos fuera de la ley”, expresó.
No dar carpetazo
Por ello, dijo, es indispensable aquilatar la seriedad del compromiso presidencial de no dar por concluida la investigación y resolver el caso, ya que los padres de los 43 normalistas y el Gobierno de la República comparten la exigencia de que haya justicia, se sepa qué pasó con cada uno de los jóvenes y se juzgue a los responsables.
Beltrones Rivera manifestó que el PRI respalda las acciones anunciadas por el Gobierno de la República para hacer una investigación que no deje dudas, atender las recomendaciones y líneas de investigación que ha propuesto el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI).
Además, asegurar la atención de las víctimas, hacer nuevos peritajes y crear una Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas que sea parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
El poder invisible en el Senado ya está listo para realizar sus labores de gestión, pero ahora las nuevas regulaciones de transparencia obligaron a estos cabilderos a hacerse visibles y registrarse en un padrón autorizado por la Cámara Alta.
Desde organizaciones de diversidad sexual hasta empresas de ventas por Internet, cabilderos nacionales e internacionales se registraron en el Senado para realizar sus labores de gestión.
Con las nuevas regulaciones de transparentar las actividades del Senado, llegó la obligación de los cabilderos para registrarse en un padrón autorizado por la Cámara Alta, mismo que se cerró la semana pasada.
Con este registro, los senadores buscan evitar que la actividad se siga manejando en completa opacidad, como ocurría hasta ahora.
Quienes hacen labores de lobbying o cabildeo se mueven con sigilo en las comisiones y oficinas de los legisladores. Con su labor, intentan mover la voluntad del Legislativo para aprobar o desaprobar reformas, leyes o acuerdos que se impulsen en el Senado.
En el padrón de cabilderos de la Cámara alta se encuentran grandes empresas, como la cigarrera Phillip Morris, las industrias del gas, farmacéutica, de dulces, de automóviles, de energía, de refrescos o de transportes.
Se encuentran también consultorías de comunicación y estrategia, asociaciones civiles y organismos empresariales.
Entre los cabilderos registrados hay personas físicas y empresas; algunos de quienes figuran en el padrón han sido cuestionados o han tenido algún cargo en el gobierno o en el poder legislativo.
Algunos de los cabilderos han tenido un pasado en la administración pública o han participado en empresas que han ganado notoriedad en algunas circunstancias adversas.
Es el caso de Homero Cárdenas Garza, cabeza de la empresa Consorcio Estratégico Corporativo, una empresa de cabildeo especializada en comunicación estratégica y cabildeo internacional.
Cárdenas fue alguna vez parte de MVS y ha llevado a cabo cabildeo para la concesión de la banda 2.5 Ghz; es un hombre muy cercano a Emilio Gamboa, coordinador de los senadores del PRI, de quien fue hasta su secretario particular.
En el padrón del Senado se encuentra también la Consultoría Estratégica Primer Círculo, presidida por Natividad González Parás, exgobernador de Nuevo León, quien se acompaña de varios exservidores públicos.
En su directorio se encuentra también Fernando Lerdo de Tejada, hermano del extinto director del ISSSTE, Sebastián Lerdo de Tejada.
Fernando fue vocero de Ernesto Zedillo cuando era presidente de México; y ha sido diputado varias ocasiones.
En Primer Círculo se encuentra también Eduardo Escobedo Miramontes, quien ha sido diputado local en el Distrito Federal y diputado federal, además de director de Responsabilidades de la Secretaría de Energía.
No es en la única empresa que participan estos dos personajes. Tanto Fernando Lerdo de Tejada como Eduardo Escobedo fungen también como socios de la firma Asesoría Estrategia Total, que también está registrada en el padrón de cabilderos.
Asesoría Estrategia Total estuvo involucrada en un escándalo ventilado en la tribuna de la Cámara de Diputados, en el 2012, cuando el entonces diputado priista César Augusto Santiago, acusó que Mony de Swaan, entonces presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) había presionado para darle un contrato por 120 mil dólares debido que ahí trabajaba Peter Bauer, su amigo.
De Swaan negó los hechos y se demostró que la acusación había sido infundada.
Otra consultoría que fue registrada en el padrón de cabilderos de la Cámara alta fue Lexoil Consultores, una empresa dedicada a hacer cabildeo y dar asesoría a empresas en materia energética, que registró a dos servidores públicos como cabilderos.
Uno de los consultores de Lexoil registrado ante el Senado es Javier Eduardo Lozano Cortés, trabaja actualmente como subgerente de Ventas Regional Valle de México en Pemex Refinación. Tiene una remuneración neta de 70 mil 887 pesos mensuales.
El funcionario se encuentra en funciones, según el registro del portal de Transparencia de esa empresa, con última fecha de actualización al 18 de septiembre de este año.
El otro cabildero registrado por Lexoil es Marcial Díaz Ibarra, empleado activo de Pemex Corporativo, de acuerdo con datos del portal de Transparencia de la empresa, actualizados al 24 de julio de este año.
Díaz Ibarra es subgerente de Servicios Jurídicos de Pemex Exploración y Producción y tiene una mil percepción neta total de 70 mil 887 pesos al mes.
La convocatoria emitida por el Senado no establece ninguna limitante en cuanto a que los cabilderos puedan laborar en alguna dependencia de gobierno o de algún otro poder de la Unión.
La empresa Trehcap Consultores & Asociados es otra de las registradas para cabildear en el Senado.
En su portal oficial, esta consultoría se presenta como especialista en hacer labores de lobbying a favor de municipios para gestionar recursos u obras.
Los dos cabilderos que tiene registrados son Darío Carmona García, exsecretario de Educación de Puebla y hoy miembro de Nueva Alianza; y Jorge Trejo Carmona, su sobrino, quien fue director de Recursos Financieros de la misma secretaría, en el periodo de Carmona, cuando Mario Marín era gobernador de aquella entidad.
Ambos fueron acusados en medios locales de haber realizado manejos indebidos con recursos de la secretaría.
La empresa Unidad de Asuntos Públicos también se registró para hacer labores de cabildeo. Sus socios son varios funcionarios públicos en activo.
Uno de ellos es Otto Granados, embajador de México en Chile. Otro Óscar Ignorosa, director de comunicación social de la Secretaría de Economía. El tercer socio, y uno cabildero registrado en el Senado, es Mauricio Reyes López, quien ha tenido varios puestos en el gobierno federal.
Los cabilderos
> Homero Cárdenas Garza
> Natividad González Parás
> Fernando Lerdo de Tejada
> Eduardo Escobedo Miramontes
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
MÉXICO, D.F: A partir del primero de octubre, el salario mínimo para todos los mexicanos será de 70.10 pesos diarios.
En conferencia de prensa, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, ratificó que esta propuesta será homologada en todo el país.
Junto al presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), Basilio González Núñez, Navarrete Prida, explicó que esta decisión responde al compromiso de eliminar las diferencias entre las dos áreas geográficas que se dividía el país.
“La resolución adoptada este 24 de septiembre consiste en incrementar el salario mínimo general en el área geográfica ‘B’ en $1.83 pesos diarios adicionales, pasando de $68.28 a $70.10, con lo cual se homologa por completo el monto del salario mínimo en todo el país”, indicó Navarrete Prida.
Esta es la primera vez que existe un monto único de salario mínimo desde hace 98 años, cuando la medida fue instituida por mandato constitucional.
“Con este paso se está dando puntual cumplimiento a uno de los compromisos en materia de mejora de los ingresos laborales”, afirmó el funcionario.
Navarrete Prida explicó que serán beneficiados de inmediato cerca de 751 mil 915 trabajadores asalariados que perciben un salario mínimo y laboran en los 2 mil 341 municipios clasificados en lo que hasta ahora era el área geográfica “B”.
En la definición de los salarios mínimos estuvieron presentes el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani; Juan Pablo Castañón Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana; Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos; Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.
También Hugo Alberto Araiza Vázquez y José Luis Carazo Preciado, voceros de los patrones y de los trabajadores ante el Consejo de Representantes de la CONASAMI, y Ramón Humberto Ojeda Silva, presidente del Congreso del Trabajo, además de los Subsecretarios de Empleo y Productividad Laboral, Patricia Martínez Cranss, y del Trabajo, Rafael Avante Juárez.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
