PUEBLA, Pue: Fernando Manzanilla Prieto, cuñado y excolaborador del gobernador Rafael Moreno Valle, utilizó a dos mujeres campesinas del municipio de Nopalucan para armar una empresa llamada Scientia Aprendizaje Significativo, con la cual obtuvo contratos de los gobiernos municipal, estatal y federal.
Documentos filtrados a través de la plataforma Méxicoleaks dieron pie a una investigación periodística que pone al descubierto un presunto tráfico de influencias en el gobierno estatal panista y genera dudas sobre el supuesto rompimiento entre el gobernador y su cuñado, quien coquetea con lanzarse como candidato independiente a la gubernatura.
Uno de los documentos filtrados es una copia del acta constitutiva de la sociedad civil Scientia Aprendizaje Significativo, protocolizada el 21 de junio de 2012 ante la notaría 18 con sede en la ciudad de Puebla. Otro de los documentos es una póliza emitida por la afianzadora Aserta, con fecha 12 de agosto de 2014, para garantizar un contrato que Scientia obtuvo de la Secretaría de Salud de Puebla por un monto de 3 millones 500 mil pesos a través de la licitación pública SSEP-LPN-046/2014.
En el acta notarial aparecen Socorro Luna Rodríguez y María Filomena de la Cruz Sánchez como propietarias de Scientia. Sin embargo, ambas mujeres se dedican a las labores del hogar y del campo y habitan una humilde vivienda en la Junta Auxiliar de Rincón de Citlaltepetl, municipio de Nopalucan, Puebla.
En entrevista, las dos mujeres –que mantienen parentesco de nuera y suegra–, aceptan que firmaron en distintas ocasiones documentos que no les permitieron leer y por los cuales recibieron pagos de entre 500 y mil pesos. No tienen idea de que son legalmente las propietarias de Scientia, firma especializada en brindar consultorías y cursos de capacitación que entre 2013 y 2015 obtuvo contratos de por lo menos 15.6 millones de pesos.
Tampoco saben que “su empresa” fue contratada por la Secretaría de Salud de Puebla, por Bansefi y por la Casa de Moneda de México para impartir cursos de capacitación y que el alcalde de Puebla, Antonio Gali Fayad, la contrató para elaborar el Plan Maestro de Metropolización de Puebla.
Y menos saben que las personas que en realidad han manejado esta empresa son ejecutivos del Grupo Imagina México, que preside Manzanilla, el cuñado del gobernador Moreno Valle.
En 2010 Manzanilla fue coordinador de la campaña electoral que llevó a la gubernatura a Moreno Valle y luego, al inicio del sexenio, ocupó el cargo de secretario general de Gobierno, mismo que desempeñaba cuando en octubre de 2011 se casó con Gabriela Moreno Valle Rosas, hermana del mandatario poblano. En abril de 2013 dejó su cargo en el gobierno estatal, pero aún sigue casado con la hermana del gobernador.
En entrevista, Manzanilla niega cualquier relación con la sociedad que utilizó a las dos mujeres como prestanombres involuntarias. Sin embargo, dos domicilios de su empresa, Grupo Imagina México, coinciden con los de Scientia.
Además, cuatro ejecutivos de GIM aparecen como representantes en contratos que obtuvo Scientia y como delegados en una asamblea que esta empresa protocolizó el 23 de septiembre de 2014 en el Instituto Registral y Catastral del estado de Puebla.
Incluso, José Luis Samaniego Dieguez, quien fue el representante legal de Scientia hasta enero pasado, confirma en entrevista que esta empresa formaba parte de Grupo Imagina México.
–Entonces, ¿ustedes le reportaban a este grupo de empresas de Imagina México?, se le pregunta.
–Sí, responde tajante.
Los contratos
De acuerdo con empleados de la notaría 18 de Puebla, María Estela Blanca Rodríguez Jiménez –quien aparece en el padrón de militantes del PAN con el registro ROJE631026MPLDM500 y es promotora del voto en la populosa Junta Auxiliar La Resurrección–, fue la encargada de llevar a dicha notaria a las campesinas Luna Rodríguez y De la Cruz Sánchez con el propósito de que ambas firmaran el acta constitutiva de Scientia, la cual se inscribió en el Instituto Registral y Catastral del Estado el 30 de julio de 2012 con el número 1087091.
Luna Rodríguez, de 45 años de edad, aparece en el acta constitutiva como administradora de la sociedad, mientras que De la Cruz Sánchez, de 70 años, es la encargada presentar declaraciones y avisos fiscales.
Entrevistadas en la puerta de su casa en la comunidad rural Rincón de Citlaltepetl, dicen que fueron tres o cuatro veces a firmar papeles a la notaria. “La primera vez nos dieron mil pesos. Ya las otras nos dieron 500. Y hasta hubo una vez que ni nos dieron nada que porque dijeron que no había dinero. Fue todo lo que recibimos, ya después de eso no hemos sabido nada”, relata Luna Rodríguez, quien acababa de llegar de pastorear unas vacas de cuya producción subsiste su familia.
“Nosotras con la ilusión de que nos dieran alguna ayudita –agrega De la Cruz Sánchez–. Ya ve que luego dan una despensita o materiales, pues si fuimos a firmar a Puebla, pero la verdad, la verdad, nunca supimos qué fue lo que firmamos porque ni siquiera nos dejaban leer nada”.
En agosto de 2014 Scientia ganó la licitación SSEP-LPN-046/2014, emitida por la Secretaría de Salud del Estado, para dar “capacitación institucional”. El monto del contrato: 3 millones 500 mil pesos, según aparece en la póliza de fianza de dicha operación que fue filtrada a través de la plataforma Méxicoleaks.
Sin embargo, Scientia no está en el padrón de contratistas ni en el de proveedores de esa secretaría que aparece en la página de transparencia del gobierno estatal. Tampoco existe una versión digital del desarrollo de la licitación ni del contrato que se firmó en esa ocasión.
El único registro que está disponible en dicha página de transparencia es el proceso de la licitación SSEP-LPN-039/2015 que se llevó a cabo este año por parte de la Secretaría de Salud para contratar “servicios de capacitación”.
El acta de apertura da cuenta que otros tres participantes presentaron el pasado 2 de julio propuestas muy por debajo de la ofrecida por Scientia: la Asociación de Consultores para la Investigación Educativa ofreció impartir la capacitación por un pago de 695 mil 700 pesos; el Centro de Investigaciones Sociales y Dirección Estratégica, por 900 mil pesos; y Espacios en Red y Servicios, por 697 mil pesos.
Sin embargo, el 30 de julio la Secretaría de Salud determinó contratar a Scientia que había presentado una propuesta de 3 millones 385 mil pesos.
El contrato por este servicio se firmó el 3 de agosto de este año, pero no se encuentra disponible su versión digital.
Scientia fue igualmente contratada por la Secretaría de Salud para impartir cursos similares en 2013, según se colige de un blog en el que trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria 6 de Puebla dan cuenta que el 6 de diciembre de ese año concluyeron el “diplomado de liderazgo” que impartió Scientia.
En la página de transparencia del Ayuntamiento de Puebla aparece el contrato número 11 otorgado por adjudicación directa a Scientia. A través del Instituto Municipal de Planeación (Implan), el 24 de septiembre de 2014, el Ayuntamiento acordó un pago de 4 millones 640 mil pesos para que esa empresa elabore el Plan Maestro de Metropolización de Puebla.
Cabe señalar que Manzanilla fue el coordinador de la campaña del actual alcalde panista de Puebla, Antonio Gali Fayad, y luego se encargó del proceso de transición de la administración municipal la cual concluyó en enero de 2014.
También fueron localizados otros contratos que obtuvo Scientia para impartir cursos de capacitación. Cuatro de ellos –el 13194, 13249, 13462 y 14649– fueron otorgados por adjudicación directa por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), entre junio de 2013 y octubre de 2014, por un monto de 4 millones 100 mil pesos. En ese período, esa institución estaba a cargo del poblano Jorge Estefan Chidiac, quien es concuño del alcalde Tony Gali.
En febrero pasado Casa de Moneda de México también otorgó a Scientia por adjudicación directa el contrato número 1550083 por un monto de 33 mil pesos.
En la póliza de la afianzadora Aserta aparece la dirección de Scientia: calle Séneca número 55, colonia Palmitas-Polanco, en el Distrito Federal. Este mismo domicilio aparece en la solicitud que, el 21 de mayo de 2014, tramitó la empresa Tierra, Cielo y Bienestar, S.A. de C.V., que forma parte de la Controladora Imagina México –que es parte de Grupo Imagina México– ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para fusionarse y cambiar su nombre a ERLA (El Rincón de la Arrachera, una red de restaurantes). Actualmente en ese domicilio se encuentra una tienda de ropa para bebés.
En entrevista, Manzanilla reconoce que el grupo de empresas y organizaciones que dirige tuvo oficinas en Séneca 55, pero asegura que el hecho de que Scientia tenga este mismo domicilio se debe a que GIM compartió la renta de oficinas con otras firmas.
Sin embargo, existe otro domicilio que también coincide. Gestión de la Convivencia, Derechos Humanos y Cultura de la Paz, A.C. –otra de las organizaciones que forman parte de Grupo Imagina México– reporta en su página web que tiene su sede en Molino Huexotitla, diagonal de la 39 Oriente, colonia Huexotitla, en Puebla. Grupor Imagina México registró ese mismo domicilio para su marca “Laboratorio de Felicidad”.
Cuando se le pregunta a Samaniego Dieguez, exrepresentante legal de Scientia, dónde estaban establecidas las oficinas de esa empresa en Puebla, proporciona los datos de ese mismo domicilio en la colonia Huexotitla.
Otros indicios sobre quién utilizó a las dos mujeres para crear esta “sociedad civil” se encontraron en el acta de una asamblea de Scientia asentada en el Instituto Registral y Catastral del Estado con la cual amplió su objeto social el 23 de septiembre de 2014, un día antes de firmar el contrato con el Implan para elaborar el Plan de Metropolización de Puebla. En dicha asamblea se nombró como delegados a Samuel Capdevielle González, a Joaquín Ruiz Solorio y a Cynthia Gabriela García Díaz.
Capdevielle González reporta en la página de su despacho jurídico Cahen y Asociados que en 2012 fue nombrado responsable del Área Jurídica y Coordinador Legal de Grupo Imagina México. Su socio en este despacho es Francisco Elías Hernández Gutiérrez, quien también es director jurídico del mismo grupo empresarial.
Ruiz Solorio apunta en su perfil profesional que publica en Linkedln que es gerente jurídico de Grupo Imagina México de octubre de 2012 a la fecha. Y García Díaz aparece como “delegada especial” que designó la asamblea general de accionistas de Controladora Imagina México con el propósito de tramitar la fusión de Cielo y Tierra Bienestar con la Operadora de Negocios Gastronómicos y Alimenticios. De dicha fusión resultó la citada empresa de restaurantes ERDLA.
En esa misma acta comparece el propio Manzanilla como socio mayoritario de la Controladora Imagina México, la cual es propietaria de las acciones de Cielo y Tierra Bienestar por un total de 43 millones 604 mil pesos.
En el contrato que firmó el Implan para elaborar el Plan de Metropolización de Puebla aparece como representante de Scientia, Sandra Rosete, quien es cercana colaboradora de Manzanilla. En su perfil en la red profesional Linkedln, ella asegura ocupar desde febrero de 2013 la Dirección de Vinculación Institucional de Imagina México, A.C., además de que fue asesora de la Secretaría General de Gobierno de Puebla de junio de 2012 a enero de 2013, cuando el cuñado de Moreno Valle era titular de esa dependencia.
La bendición de El Bronco
En abril de 2013, Manzanilla renunció a la Secretaría General de Gobierno para participar en la contienda local de ese año como candidato a diputado plurinominal. Al mismo tiempo, coordinó la campaña de Gali Fayad, actual alcalde panista de Puebla y prospecto de Moreno Valle para sucederlo en las elecciones de 2016.
En enero de 2014 renunció a tomar protesta como diputado local. Argumentó “circunstancias personales y familiares”. Ello provocó especulaciones sobre un presunto rompimiento entre él y el gobernador. Se dio por hecho que Manzanilla se alejó de Puebla para dedicarse a sus empresas y organizaciones que se concentran en Grupo Imagina México, todas ellas con el supuesto propósito de “construir un México más feliz”. De hecho, este grupo se encarga de medir el ranking de la felicidad de los mexicanos.
Públicamente, desde esa fecha Manzanilla ha jugado la contra a su cuñado. Cuando Moreno Valle apoyó a Gustavo Madero en la contienda interna del PAN, Manzanilla fue coordinador de Estrategia de Ernesto Cordero. Recientemente apareció en público junto al alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, cuando éste acababa de criticar acciones autoritarias del mandatario poblano. En ese momento Espinosa formaba parte de Puebla Libre, grupo opositor al mandatario estatal.
A principios de septiembre, Manzanilla interpuso un juicio contra la llamada Ley antiBronco, que limita el registro de candidatos independientes en los comicios para elegir al sucesor de Moreno Valle el próximo año.
Esto ha provocado especulaciones sobre la posibilidad de que el cuñado del mandatario contemple la posibilidad de lanzarse como candidato el próximo año o en 2018.
Apenas el viernes 25, durante una visita a Puebla, Jaime Rodríguez, El Bronco, quien tomará posesión como gobernador de Nuevo León el próximo viernes, reveló que en la víspera sostuvo un encuentro con Manzanilla y que lo animó para que se lance de candidato independiente en 2016.
Algunas organizaciones como el Movimiento por la Alternativa Social han hecho pública su desconfianza hacia este activismo de Manzanilla. Consideran que se trata de una estrategia de Moreno Valle. Pero otros, como el columnista Fermín Alejandro García, consideran que el distanciamiento es real y que el cuñado se convertiría en el más peligroso “antimorenovallista” si se lanza para ser el próximo inquilino de Casa Puebla.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
Tras visitar la Ciudad de México y los estados de Guerrero, Tabasco, Nuevo León, Coahuila y Veracruz, el grupo de la CIDH presentará sus observaciones preliminares.
El pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició este 28 de septiembre una visita a México con el objetivo de hacer una observación sobre la situación de derechos humanos en el país, por lo que sostuvo encuentros con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
La visita de la CIDH tendrá especial énfasis en los temas sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, así como inseguridad ciudadana, acceso a la justicia de víctimas de violaciones a los derechos humanos y la situación de periodistas, defensores de derechos humanos y otros grupos vulnerables afectados por la violencia en el país.
A través de su cuenta de Twitter, la CIDH publicó algunos de los temas tratados en la reuniones con las dependencias del gobierno mexicano. Una de las integrantes del pleno, Rosa María Ortiz, aseguró que como comisión “no sólo esperamos que haya violación para involucrarnos con los Estados“.
Otros comisionados como James Cavallaro, solicitaron estadísticas de civiles fallecidos en conflictos con fuerzas armadas, la cobertura de la niñez en materia de prevención del delito, sobre los canales de comunicación establecidos con víctimas de violaciones a derechos humanos, así como la situación de los pueblos indígenas, entre otros.
Al terminar su reunión con las dependencias federales, el pleno de la CIDH informó que también sostienen un encuentro con sociedad civil para tratar los mismos temas.
Esta delegación, que terminará su visita hasta el próximo 2 de octubre, está integrada por la Presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine; el Primer Vicepresidente, James Cavallaro; el Comisionado Felipe González y las Comisionadas Tracy Robinson y Rosa María Ortiz, además del Secretario Ejecutivo, Emilio Alvarez Icaza Longoria; la Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-Mershed, y el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, así como especialistas de la Secretaría Ejecutiva.
Tras visitar la Ciudad de México y los estados de Guerrero, Tabasco, Nuevo León, Coahuila y Veracruz, el grupo de la CIDH presentará sus observaciones preliminares.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Un año después del ataque a normalistas en Iguala, Guerrero, Aldo Gutiérrez tampoco ha recibido justicia. El estudiante quedó herido por un disparo en la cabeza; no recibió atención médica de inmediato y las autoridades no han esclarecido quién lo lastimó.
Desde los 12 años, Aldo Gutiérrez comenzó a jugar futbol y su talento innato lo mantuvo siempre como delantero. Los equipos de Tutepec, su pueblo natal, lo invitaban a los torneos que se realizaban en otros estados y los entrenadores le veían tales aptitudes que le propusieron integrarse a las fuerzas básicas del municipio de Ayutla, Guerrero. El 26 de septiembre de 2014 su vida de detuvo.
Durante el ataque de policías de Iguala contra normalistas de Ayotzinapa, el joven recibió un disparo en la cabeza que lo dejó en estado de coma. Lleva un año postrado en un cuarto de hospital sin poder hablar ni patear un balón.
La familia tiene la esperanza de que esta pesadilla acabará pronto y, cuando despierte, podrá regresar a casa junto a ellos, jugará futbol y retomará sus estudios para ser maestro. Por lo pronto, siguen visitándolo y cuidándolo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México, donde fue internado hace 11 meses.
Cuando su padre, Leonel Gutiérrez, lo visita en el hospital le habla al oído como lo hacen el resto de sus familiares. “Si me oyes, te digo que todo el tiempo te voy a estar viniendo a ver. Aguanta para que puedas levantarte de esa cama y podamos llegar a la casa”.
Cada ocho días alguien de la familia lo visita. Eso les cuesta dinero y esfuerzo, pues todos siguen viviendo en Ayutla, un municipio en la costa chica de Guerrero, a 500 kilómetros de distancia del Distrito Federal. “A veces se enferma más el que está bueno que el que está enfermo”, dice Leonel, de 64 años.
A diferencia de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, Leonel y su esposa Gloria Solano saben dónde está su hijo. Lo tocan, le hablan, lo abrazan, pero su tragedia no es menor. Llevan un año sin escuchar su voz ni verlo de pie. Según el reporte médico, más de la mitad de su cerebro fue dañado debido al disparo.
“Hay días en que uno no puede ni dormir de estar pensando en él nada más. Pensar que está en un hospital y delicado. Dicen los médicos que todavía está en una fase delicada. Dicen que todavía es peligroso”, comenta el padre.
El matrimonio de Leonel y Gloria tuvo 14 hijos. Aldo es el número 10 y buscaba ser el segundo en su familia en estudiar una licenciatura. Los primeros siete hermanos estudiaron hasta la primaria y, como su padre, se dedican al campo, pero Ulises, de 25 años, con la ayuda de sus mayores pudo estudiar en la Normal Rural de Ayotzinapa y ahora es maestro en la sierra de Guerrero.
Aldo estudió en el Colegio de Bachilleres de Ayutla y siempre tuvo calificaciones sobresalientes, pero ni con la ayuda de sus hermanos podría vivir y estudiar en otro lugar que no fuese Guerrero. Él trabajaba en el campo con su papá o se alquilaba como peón en la siembra y cosecha de calabaza, frijol y jamaica y ganaba 100 pesos por ocho horas de trabajo.
En un municipio como Ayutla, donde 88% de la población es pobre, según las mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), las opciones para superar esa condición son pocas.
Una de ellas está en las fuerzas armadas. Aldo quería ingresar a la Marina después de concluir el bachillerato, pero no alcanzó ficha para presentar el examen de ingreso. La segunda opción fue la Normal de Ayotzinapa, que estaba a cuatro horas de su casa.
Aunque compitió con 300 aspirantes, fue uno de los 140 que consiguió un lugar y lo hizo en su primer intento. Entre las pruebas que el comité estudiantil pone para el ingreso estaba el acondicionamiento físico y tareas del campo, además del examen de conocimientos.
Para Aldo ninguno de esos requisitos representaba un problema porque los tres habían sido parte de su vida. A Aldo también le gustaba montar caballos, escuchar y bailar cumbia. Iba a fiestas porque era muy alegre, pero no bebía alcohol porque siempre prefirió mantener una buena condición física para el deporte, cuenta su hermano.
Ya en la normal también jugaba futbol y los fines de semana visitaba a su hermano Ulises que vive en Tixla, el municipio donde se encuentra la normal. El ciclo escolar había empezado en agosto de 2014, por eso es que no había regresado a Ayutla; pensaba hacerlo hasta las vacaciones, pero hablaba por teléfono con sus padres muy seguido.
El ataque y la negligencia
Ulises y su padre marcharon el sábado pasado por las calles del Distrito Federal en el contingente de los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa pidiendo justicia. Han recibido el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pero nadie ha resuelto su petición que un especialista extranjero revise a Aldo.
Por eso, el pasado 24 de septiembre, en el encuentro de los padres de las víctimas con el presidente Enrique Peña Nieto, Ulises le pidió que los ayudara con el traslado de Aldo a un hospital de especialidad en el extranjero o que vinieran más médicos a tratarlo, pero nada.
Peña Nieto “ni siquiera mencionó la petición que le hicimos. Se quedó callado, no resolvió nada. Si no quiere ayudar no va a ayudar, pero nosotros vamos a buscar la forma de que se pueda curar”, dice Leonel.
La Procuraduría General de la República (PGR) no ha investigado lo ocurrido a Aldo la trágica noche del 26 de septiembre cuando cayó herido en la calle Juan N. Álvarez de Iguala; por eso sus familiares no han encontrado justicia en la ley, dicen.
Ulises recuerda que a las 20 horas del 26 de septiembre llamó por teléfono a Aldo. “Estoy en una actividad. Yo te aviso cuando termine”, le respondió el normalista. No dijo más, pero su tono de voz no era distinta, ni se notaba exaltado ni preocupado, dice el hermano. Ese fue el último contacto que la familia tuvo con el joven.
Después de dos horas, Ulises le volvió a marcar pero no contestaba. Entraba la llamada, sonaba, pero nada. Así una y otra vez, por eso “me empecé a preocupar y fui a la normal”, narra el hermano.
Al llegar, otros estudiantes le dijeron que habían reprimido a sus compañeros. “Yo quería ir a Iguala, pero no me dejaron, me decían que sería peor”. A las 2 de la madrugada, alguien llamó para decir que un estudiante de Ayutla había muerto en el ataque. “Pensé que había sido Aldo”.
Las siguientes horas lo convencieron para que al amanecer pudiera buscar a su hermano. Así fue, llegó a Iguala por la mañana y lo encontró en un hospital. Hasta entonces no había recibido atención médica. Habían pasado 10 horas sin que los doctores hicieran lo posible por salvar su vida. Según la familia, esta omisión debe ser investigada y castigada porque fue determinante para que el joven esté así.
A partir de entonces, la vida de la familia Gutiérrez Solano cambió. Marchan en la Ciudad de México, en Guerrero, piden ayuda y rezan porque Aldo despierte. Ulises y su padre Leonel cargan con una pancarta blanca con la fotografía del normalista, el futbolista que duerme.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
MÉXICO, D.F: Cinco de los grupos industriales que compiten en la segunda fase de la Ronda Uno –la licitación de proyectos energéticos– se han caracterizado a escala nacional e internacional por maximizar sus ganancias en la extracción de recursos naturales violando los derechos humanos y laborales, provocando desastres ambientales, participando en actos de corrupción y colaborando con grupos criminales.
Lo anterior, según el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), resulta particularmente “preocupante”, ya que a raíz del fracaso de la primera fase de licitación de la Ronda Uno, la Secretaría de Energía (Sener) “flexibilizó” los requisitos en sus modelos de contratos para hacer más atractiva la explotación de recursos energéticos, en medio de un periodo de bajo precio del petróleo.
En un informe que publicó hoy, PODER lamentó que la Sener amputó 10% de la parte de utilidades operativas que recaudará el Estado mexicano: del 40% que el gobierno preveía retener de las ganancias en las condiciones iniciales, redujo su requisito a solamente 30%.
Asimismo, concedió a las empresas petroleras la posibilidad de exploración –además de la extracción–; redujo sus exigencias en el contenido de los registros; y eliminó el requisito de presentar los reportes de ingeniería y de construcción de instalaciones.
Bajo estas nuevas condiciones, el próximo miércoles se sabrá si Shell, British Petroleum (BP), Chevron y los grupos mexicanos Carso y Bal –cuyas ventas combinadas sumaron 971 mil millones de dólares, equivalente al 80% del PIB de México en 2014– ganaron las licitaciones en las que presentaron sus proyectos.
PODER exigió hoy que, en lugar de “flexibilizar” sus condiciones, el gobierno mexicano debe reforzarlas y pedir a las empresas que entreguen un informe de las demandas interpuestas en su contra en otros países, así como insistir en el respeto a los derechos humanos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
OAXACA, Oax: El parlamento europeo decidió invitar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que les presente su informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en la que rechaza la versión oficial de la incineración de los jóvenes en el basurero de Cocula, Guerrero.
Así lo dieron a conocer las eurodiputadas Satu Hassi y Ska Keller, quienes afirmaron que el punto de acuerdo fue aprobado la semana pasada, a petición del Grupo Verde y la Comisión de Derechos Humanos del parlamento europeo.
Destacaron que la decisión de los eurodiputados habla del interés que persiste a un año de la tragedia y que aún tiene toda la atención mundial.
Precisaron, asimismo, que la fecha para que acuda al parlamento el GIEI está por definirse, aunque ya es un hecho que presentará el informe sobre el caso Ayotzinapa.
De acuerdo con el gobierno federal, los 43 normalistas fueron detenidos por policías municipales de Iguala y Cocula, quienes supuestamente los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los habría ejecutado y posteriormente incinerado en un basurero de Cocula.
No obstante, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó en su informe que dicha versión muestra inconsistencias científicas.
Tras seis meses de indagaciones, los especialistas señalaron en su informe que los estudiantes no fueron incinerados, y menos al aire libre, ya que para hacerlo se habría necesitado un total de 60 horas y 30 mil kilos de madera, y “un inculpado señala que el máximo tiempo que estuvieron ahí fue de 16 horas”.
Además, debido a las dimensiones de las llamas, habrían sido vistas por los habitantes de Cocula, algo que no sucedió. “Por todas estas razones el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ha formado la convicción de que los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula”, según las eurodiputadas.
Además, los expertos detectaron un gran número de fallas en la investigación, y dijeron que hay indicios de que cinco de los detenidos por el crimen fueron torturados para obtener sus declaraciones.
El GIEI recomendó “investigar como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los normalistas, el móvil del traslado de estupefacientes” que se encontraban en uno de los camiones que había sido tomado por los muchachos con el objetivo de dirigirse a la ciudad de México para asistir a la conmemoración de la masacre del 2 de octubre de 1968.
Por otra parte, las eurodiputadas Satu Hassi y Ska Keller denunciaron que el gobierno de Gabino Cué y la comisionada de derechos humanos, Eréndira Cruz Villegas, se negaron a recibirlas, probablemente porque no hay avances en la investigación de los asesinatos de Jyri Jaakkola y Bety Cariño, cometidos en abril de 2010 en una caravana humanitaria a la región triqui.
Satu Hassi aclaró que decidieron venir a Oaxaca porque “no hay avances, no hay nada, no ha pasado nada, entonces, mi conclusión es que hay una total falta de voluntad” del gobierno de Gabino Cué para detener a los perpetradores de estos crímenes, subrayó.
De igual manera, destacó que ella y Ska Keller tuvieron reuniones con el gobierno federal, pero no con el de Oaxaca.
Les dijeron que no es el mejor momento, y “no podemos cambiar la agenda cuando desde la Unión Europea se comunicaron con el gobernador y con Eréndira, pero no han contestado”, apuntó.
Satu Hassi mencionó que aunque hay acuerdos escritos y firmados entre Omar Esparza (esposo de Bety Cariño), la Embajada de Finlandia y la Unión Europea con las autoridades de Oaxaca, hasta ahora no ha pasado nada. No hay otra explicación que la falta de voluntad, puntualizó.
Y lo más preocupante, agregó, es que “vemos un patrón muy similar entre el caso de Jyri Jaakkola y Bety Cariño con el de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, porque hay largos plazos hasta que empieza la investigación, además de que no intentan guardar evidencias o hasta las destruyen deliberadamente”.
En síntesis, el caso de los 43 y el del Jyri son síntomas de la misma enfermedad: la impunidad, donde no son las instancias judiciales, sino otras personas las que documentan las evidencias para sustentar el caso, dijo.
A su vez, Ska Seller, vicepresidenta del Grupo Verde en el parlamento europeo, lamentó que las leyes internacionales no se respeten en México, mientras que los casos de asesinatos, desapariciones y feminicidios van en aumento.
La eurodiputada consideró que mientras no se rompa el círculo de la impunidad, van a seguir aumentando esos casos.
“Es horrible que crímenes tan atroces queden sin castigar. En mi país, Finlandia, datos de 2013 arrojan que 99 % de los casos de asesinatos se resuelven y aquí es al contrario, el 98% no se resuelven”, precisó Satu Hassi.
“En el caso Jyri ya pasaron cinco años y cinco meses, hemos hablado con autoridades y saben muy bien que las claves de cualquier avance es la detención de los sospechosos y la protección de los testigos, pero estoy chocada cuando veo la pasividad de las autoridades en cuanto a la protección de los testigos”.
Y advirtió: “Al no haber ninguna evidencia en el tribunal de hacer justicia, y cuando los testigos tienen miedo de declarar porque algo les puede pasar, debido a que se trata aquí de una banda criminal y muchos de ellos andan libremente por ahí y los testigos sin protección, entonces el juicio se va a convertir en una farsa”.
Las eurodiputadas dejaron un mensaje a las autoridades estatales: “No vamos a renunciar, ni a desistir en exigir justicia para Jyri y Bety, y vamos a volver a Oaxaca, vamos a seguir preguntando qué hace el gobierno y por qué no hay avances”.
Finalmente, adelantaron que realizarán un informe de todos los aspectos de impunidad que hay en este caso para darle más visibilidad y denunciar que no hay avances.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
MÉXICO, D.F: La parlamentaria finlandesa Satu Hassi afirmó que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014 y el asesinato de los activistas Beatriz Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola en abril de 2010, son “síntomas de la misma enfermedad” de impunidad que padece México.
Al finalizar una visita de trabajo que realizó junto con la eurodiputada Ska Keller, para revisar los avances en la investigación del homicidio de los activistas en San Juan Copala, Oaxaca, la parlamentaria dijo que en ambos casos falta una debida investigación, pero también está el ejemplo de lucha de las familias por encontrar justicia.
En entrevista con Apro, Satu Hassi –quien concluyó su cargo en el Parlamento Europeo (PE) y ahora es legisladora en Finlandia– señaló que si el gobierno mexicano hubiera sancionado casos de alto perfil como el de su compatriota Jyri Jaakkola y la directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), Bety Cariño, habría menos posibilidades de cometer crímenes similares.
Desde 2011 Satu Hassi y Ska Keller, ambas del Grupo de los Verdes, se reúnen con funcionarios mexicanos, de Oaxaca y del ámbito federal, para revisar el avance de las indagaciones del crimen. No obstante, hasta ahora los hechos siguen impunes.
Al respecto, la parlamentaria señaló: “Si se sabe que hay castigo, eso es un obstáculo, un freno para quienes planean un asesinato, pero si se sabe que en México se puede (asesinar), eso cambia la posibilidad de que se cometa el crimen”.
De acuerdo con la diputada, entre Ayotzinapa y el homicidio contra los dos activistas en Oaxaca hay tres paralelismos “muy claros”: el primero fue la omisión de las autoridades para proteger la vida de los ciudadanos, tanto de los 43 estudiantes como de Cariño y Jaakkola, quienes iban en una caravana humanitaria a San Juan Copala.
Según la información que tiene Hassi, en el caso Ayotzinapa hubo una balacera y la policía no respondió a ese incidente, e incluso hay indicios de que las autoridades sabían de lo sucedido desde el primer momento, mientras que en Copala el entonces gobernador Ulises Ruiz tampoco intervino para proteger a la caravana.
La segunda similitud son las faltas cometidas durante la indagatoria: que en la desaparición de los estudiantes hubo pérdida de evidencias, mientras que el caso de Copala pasó un día entre los hechos y las indagaciones, lo que provocó la alteración de la escena del crimen.
La parlamentaria sostuvo que de acuerdo con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que da seguimiento al caso Ayotzinapa, se registraron irregularidades en las evidencias, por ello y ante la relevancia del caso este informe se presentará el próximo año ante el PE.
La tercera coincidencia en ambos hechos criminales es que las familias y sus abogados son quienes buscan la verdad, ya que ellos son quienes recopilan pruebas y testimonios y no las autoridades, incluso fue gracias a la presión de las familias que se conformó el GIEI, que “demostró que la verdad oficial no era tal”.
Satu Hassi indicó que por lo menos en el caso Ayotzinapa hay una esperanza gracias al GIEI, sin embargo lamentó que para Jyri y Bety no haya progreso en las investigaciones, y más bien pareciera que no hay disposición de las autoridades para analizar las evidencias recopiladas por la familia, pues han pasado cinco años con cinco meses y ninguna persona ha sido juzgada por el homicidio.
Además lamentó que para que un crimen sea investigado tenga que presentarse ante instancias internacionales, cuando deberían ser las propias autoridades mexicanas las que brinden justicia o implementen acciones básicas como proteger a los testigos para que puedan declarar, o girar órdenes de aprehensión y cumplirlas.
Finalmente, Hassi recalcó que Enrique Peña Nieto se comprometió con el gobierno finlandés a resolver el caso de San Juan Copala, por lo que aseguró que falta demostrar que esos compromisos son reales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dio a conocer que, a un año de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, sus familias podrían ser indemnizadas.
En un comunicado, indicó que iniciaba una “segunda fase de atención a víctimas de Ayotzinapa” y que “por instrucciones del Presidente de la República”, la comisión trabajará en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación “para atender y acompañar a las víctimas de este caso”.
Recordó que ambas han brindando atención médica de “primer nivel, atenciones odontológicas, atención sicológica, asesoría legal y acciones de trabajo social (gestiones para inclusión en programas sociales, trámite de becas y otros apoyos, etc.)”.
La segunda fase de atención a las víctimas de Ayotzinapa, señaló, iniciará a partir de un esquema de trabajo conjunto con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para integrar un solo padrón de personas en calidad de víctima de este caso. Este ejercicio resultará en un plan de atención médica inmediata jerarquizada y con detalles sobre el tipo de atención requerida.
Además de reforzar y enfocar la atención médica a las víctimas, esta segunda fase incluye el inicio de un programa de reparación integral, al cual las personas afectadas del caso Ayotzinapa tienen derecho, tal y como lo contempla la Ley General de Víctimas.
La reparación consiste en un conjunto de medidas que tienden a hacer desaparecer, en la medida de lo posible, los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado y comprenden temas materiales y no-tangibles. La reparación puede presentarse de distintas maneras, como la restitución, la indemnización, la reconstrucción del proyecto de vida, la satisfacción y las garantías de no–repetición, detalló.
Apuntó que la comisión tiene un comité con las metodologías y las personas especialistas para determinar las medidas de reparación a las que cada víctima en específico tiene derecho, apegado a la Ley General de Víctimas y a estándares internacionales.
“Cuando una víctima solicita iniciar un proceso de reparación, no implica que ésta deje de buscar ejercer otros de sus derechos, como el de obtener justicia, el de libre expresión o manifestación”, aclaró.
“El desarrollo de la reparación de este caso estará basado en información que al respecto ha generado la CNDH, y el informe presentado en días pasados por el GIEI. Además, este grupo de especialistas acompañará este proceso a partir del ofrecimiento de intermediación con los padres de Ayotzinapa que le hiciera a la CEAV”, adelantó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN
Intelectuales, políticos y empresarios trabajan para impulsar una iniciativa que defienda las candidaturas independientes hacia las elecciones presidenciales de 2018.
El ex candidato presidencial y dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los de “la mafia en el poder”, como ya no les funciona el “PRIAN” (PRI y PAN), están buscando frenarlo con un candidato supuestamente independiente para 2018.
A través de su cuenta en Facebook, publicó:
En Huautla de Jiménez, Oaxaca, Obrador dijo que hay condiciones inmejorables para lograr la transformación que necesita el país, pero no es cosa de que Morena esté arriba en las encuestas y se siente a esperar que llegue el 2018, “sería un grave error”, consideró.”Sí estamos arriba en las preferencias de la gente, pero enfrentamos a una mafia de poder, a un grupo de intereses creados, muy poderoso, grandes caciques que no quieren por ningún motivo que las cosas cambien y mejoren en nuestro país”, expuso.Durante la gira por ese estado, AMLO aprovechó para hacerse una limpia:
Preparan candidatura independiente
De acuerdo con el diario Excélsior, desde julio, un grupo de intelectuales, políticos y empresarios trabajan para impulsar una iniciativa que defienda las candidaturas independientes hacia las elecciones presidenciales de 2018.
Entre los convocantes están Federico Reyes Heroles, Jorge Castañeda y el panista Diego Fernández de Cevallos.
En entrevista para ese diario, Reyes Heroles explicó que el proyecto que promueven “no está etiquetado para alguien en particular”. Explicó que “si se cierran demasiado a la ciudadanía, hay una alternativa. (Es) para que se pongan las pilas los partidos”.
Para Castañeda “si no hay una candidatura independiente fuerte, única, López Obrador es el único que puede canalizar lo que todas las encuestas muestran en el país: un gran hartazgo, gran hastío con la clase política, con la partidocracia, con el sistema.
“El hecho es que por el momento él (López Obrador) está encauzando todo esto y por el momento él es el que va adelante”, aseguró.
Según el rotativo, durante dos meses y medio, ocho intelectuales y políticos trabajaron y discutieron “fuerte” en la casa del panista Diego Fernández de Cevallos para lanzar una iniciativa en defensa de las candidaturas independientes, que fue publicada en un desplegado el martes pasado y que titularon “Por una cancha pareja para candidaturas independientes”, el cual fue firmado por varios más:
Los personajes que se reunieron desde principios de julio fueron Jorge Castañeda, Federico Reyes Heroles, Rafael Pérez Gay, Luis de la Calle, Juan Ramón de la Fuente, Héctor Aguilar Camín, Ángeles Mastretta y el anfitrión, Diego Fernández de Cevallos.
Fernández de Cevallos no firmó el desplegado, pues dijo que se podría interpretar que el documento tenía tintes antipartidos políticos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
ZINAPÉCUARO, Mich: Estudiantes de las normales de Michoacán tomaron la caseta de la Autopista de Occidente, a la altura de Zinapécuaro, para exigir justicia a un año de la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa, Guerrero.
Los normalistas tomaron la caseta de Peaje de Zinapécuaro alrededor de las 11:30 horas y exigen dinero a los automovilistas para poder circular.
Los normalistas arribaron a la caseta de la Autopista México-Guadalajara en el tramo Maravatío-Zapotlanejo, para financiar las actividades del movimiento estudiantil.
Los jóvenes frecuentemente se apoderan de casetas de peaje o instalan retenes en las autopistas para exigir dinero a cambio del libre tránsito y con ello recaudar fondos para sus movilizaciones.
La caseta de peaje fue liberada después de las 18:00 horas según señalaron los normalistas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANO.
HERMOSILLO, Son: La gobernadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano presentó este lunes la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos Anticorrupción.
Entre las primeras acciones tendrá atraer el informe anual de la cuenta pública 2014, emitido por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) que reportó que el gobierno de Guillermo Padrés sobreejerció recursos públicos por una cantidad superior a los 12 mil 450 millones de pesos el año pasado.
Al frente de esta procuraduría Pavlovich nombró al abogado Odracir Espinoza Valdez, quien tendrá la encomienda de documentar las denuncias de cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito interpuestas contra los servidores públicos de las anteriores y presentes administraciones estatales y municipales.
La gobernadora dijo que esta dependencia se creó en atención al reclamo ciudadano en materia de transparencia, austeridad y eficiencia a la hora de ofrecer igualdad y castigo a los responsables.
“Tiene una responsabilidad histórica de recobrar la confianza de los ciudadanos y generar el cambio demandado por los sonorenses”, expresó.
Para la creación de esta Fiscalía se reformó el reglamento de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y los cambios fueron publicados este lunes en el Diario Oficial del Estado.
Espinoza Valdez prometió acabar con la impunidad a partir de la creación de esta Fiscalía, una institución fortalecida para combatir la corrupción.
“Ya acabó el tiempo de los intocables, de la justicia selectiva que es implacable para los que menos tienen, que es ciega, sorda y muda en una era en la que un acto de corrupción representa una carta de mercadeo político, sin el mayor pudor”, advirtió el fiscal.
El organigrama de esta institución establece que acompañarán al titular, un director general a cargo de 21 investigadores y 21 auditores forenses; tres ministerios públicos, seis secretarios de acuerdos y seis secretarias auxiliares, para un total de 85 servidores.
De acuerdo con palabras del recién nombrado fiscal, esta institución no cuenta con un presupuesto asignado, por lo que compartirá fondos de la Procuraduría estatal durante el resto de este año.
En el Informe de Resultados a la revisión de la Cuenta Pública Estatal 2014, en poder de Apro, el ISAF detectó 3 mil 126 irregularidades, de las que mil 726 fueron solventadas y restan por justificar mil 295.
También queda por resolver la “fuga” del extesorero de Nogales, quien desapareció 60 millones de pesos y el peculado de 14 millones en el que supuestamente incurrió el exalcalde, Vicente Terán.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ
Las 130 imágenes serán donadas por más de 100 fotoperiodistas nacionales y extranjeros. Será el próximo 17 de octubre.
Con el objetivo de apoyar económicamente a la familia de Rubén Espinosa –fotoperiodista asesinado el 31 de julio en la colonia Narvarte-, el grupo Fotorreporteros Mx llevará a cabo una subasta de fotografías el próximo 17 de octubre.
Las 130 imágenes serán donadas por más de 100 fotoperiodistas nacionales y extranjeros, entre ellos algunos ganadores del premio World Press Photo y el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Fotografía.
La subasta será el 17 de octubre a partir de las 14:00 horas en el Museo Memoria y Tolerancia, ubicado en Avenida Juárez 8, en el Centro Histórico, frente a la Alameda Central.
Del dinero recaudado, 10% se destinará a una exposición fotográfica de Rubén Espinosa y 90% se entregará a su familia.
La pieza principal de la subasta será una fotografía seleccionada por los familiares de Rubén Espinosa.
Hasta el momento hay tres personas detenidas por el multihomicidio en la colonia Narvarte, en el que fueron asesinados Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, Alejandra Negrete, la colombiana Mile Martín y Yesenia Quiroz.
Los detenidos son Omar Martínez, Daniel Pacheco y el expolicía Abraham Tranquilino.
Tanto Rubén Espinosa como Nadia Vera huyeron de Veracruz al Distrito Federal después de recibir amenazas y mensajes intimidatorios en su contra.
IMAGENES:
https://readymag.com/285576
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/09/subasta-de-imagenes-para-apoyar-a-familia-de-fotoperiodista-asesinado-en-la-narvarte/
OHL pagó 120 millones de pesos tan sólo por "video cámaras o diversa tecnología" en el Circuito Exterior Mexiquense, señalan la empresa en conflicto con la constructora.
Infraiber anunció que denunciará ante la PGR nuevas irregularidades que detectó en la relación de OHL con el gobierno del Estado de México.
En un nuevo capítulo del conflicto entre ambas empresas, donde está involucrado el gobierno mexiquense y el federal, Infraiber indicó que OHL pagó 120 millones de pesos al Estado de México, por el concepto de adquisición e instalación de “video cámaras o diversa tecnología”.
La irregularidad que reportó es que por ese concepto se sustituyó el cargo que cobra OHL (50 centavos más por vehículo) por el Sistema Independiente de Aforo Vehicular (SIVA) en el Circuito Exterior Mexiquense, del cual se encargaría Infraiber, lo cual fue impedido por la empresa constructura y apoyado por la administración mexiquense, que revocó el contrato.
“¿Video cámaras de 120 millones de pesos en el Circuito Exterior Mexiquense, señor gobernador?“, preguntó Infraiber en un comunicado que se reproduce al final de esta nota.
“Pensaban haber eliminado el SIVA en el Circuito Exterior Mexiquense. El problema (entre muchos otros) es que nunca (ni OHL ni el Estado) lo notificaron a Infraiber ni lo informaron a los jueces y tribunales federales que conocían… diversos juicios de amparo en relación con el SIVA y el Circuito Exterior Mexiquense, lo que puede ser constitutivo de delito”, advirtió la empresa a cuyo abogado le fue sembrada presuntamente un arma por parte de la PGR.
El comunicado de Infraiber:
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Título de concesión:
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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El coordinador de los diputados priistas, César Camacho, informó de manera preliminar, que Movimiento Ciudadano tendrá dos y el Partido Encuentro Social una.
Las bancadas del PRI, PAN y PRD presidirán menos comisiones ordinarias; las del PVEM y Movimiento Ciudadano aumentarán y se distribuirán otras en los nuevos grupos parlamentarios de Morena y Partido Encuentro Social, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), César Camacho Quiroz.
En declaraciones a la prensa, el legislador no precisó cuántas de las 56 que existen tendrá el grupo parlamentario de Nueva Alianza (NA), de acuerdo con Notilegis.
De manera preliminar, el también coordinador del PRI en San Lázaro informó que su partido y el PAN tendrán una comisión menos cada uno, es decir, 23 y 12 respectivamente.
El PRD dejará de presidir cuatro, por lo que encabezará siete comisiones en la LXIII Legislatura; El Partido Verde tendrá cinco, dos más que las que dirigía, y Movimiento Ciudadano encabezará una más, para quedar en un total de dos.
Morena y el Partido Encuentro Social obtendrán cuatro y una, respectivamente.
Camacho Quiroz adelantó que el PRI retendrá la de Presupuesto y Cuenta Pública; el PAN la de Hacienda y Crédito Público, y el PRD las de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la de Puntos Constitucionales.
Francisco Martínez Neri, coordinador de los diputados perredistas, agregó que también la comisión de Educación Pública y Servicios Educativos es “irrenunciable” para su partido, por lo que continuará presidiéndola.
“De modo que estamos a punto de cerrar esta negociación, en cuanto haya datos más precisos los haremos del conocimiento de los medios”, añadió.
Aseveró que posteriormente abordarán la integración de las comisiones bicamerales y las comisiones especiales.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Un grupo de empresarios constructores denunció hoy que la obra pública en la entidad sólo ha beneficiado a empresas foráneas que desde la Secretaría de Infraestructura son “palomeadas” por Juan Pablo Orantes Coello, primo hermano del gobernador Manuel Velasco Coello.
A la cabeza del grupo de Empresas Constructoras Independientes del Sureste, AC, Humberto Naturi Pérez subrayó que en lo que va de la administración del mandatario ‘verde’, sólo han recibido “promesas y migajas”, por lo que decenas de empresas constructoras han quebrado en la entidad.
Esta es la segunda vez que los afectados salen a protestar. La primera fue a mediados de julio, para exigir al gobierno estatal que les asigne obra pública, porque hasta ahora todo se ha quedado en promesas.
Destacaron que desde 2010, cuando Juan Sabines gobernaba la entidad, no les han cubierto diversos pagos y más bien se ha incrementado la deuda que el gobierno tiene con empresas locales, a las que no sólo no les paga, sino que tampoco les asigna obra.
Los inconformes subrayaron que la mayoría de las asignaciones pasa por las manos del “señor de las obras”, Juan Pablo Orantes Coello, hasta hace unas semanas subsecretario técnico, cargo del que fue removido por las denuncias, aunque sigue despachando de forma ilegal “en el sótano de la Secretaría de Infraestructura”.
Precisaron que las empresas foráneas con prestanombres son: Grupo Constructor Oxchuc, SA de CV, Grupo Industrial CAMO, SA de CV, Constructora Montes Azules, SA de CV, Constructora de Desarrollo Urbano y de Servicios del Sureste, SA de CV, GAVT Iluminación, SA de CV, Parachicos Construcciones SA de CV, Grupo VITRE, SA de CV, BELSAS Construcciones, SA de CV, y Construcciones y Edificaciones Sector 7, SA de CV.
Indicaron, asimismo, que el propio Orantes Coello tiene constructoras y subcontrata a las empresas locales a las que les debe muchos millones de pesos.
Los empresarios constructores explicaron que si el gobernador no pone fin a las “pillerías” de su primo hermano, la economía del estado por la quiebra de empresas irá en picada y el desempleo aumentará.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
MORELIA, Mich: Integrantes del Centro Michoacano de Evaluación (Cemide) denunciaron que el gobernador Salvador Jara Guerrero gastó más del doble en publicidad y difusión gubernamental al pasar de 44 millones presupuestados para este año, a 153 millones 664 mil 227 pesos.
El ejercicio de los recursos, añadieron, contrasta con el monto aprobado por el Congreso local para la Secretaría de Política Social para combate a la pobreza que asciende a 249 millones de pesos, de los cuales solamente se han ejercido 76 millones.
En conferencia de presa, Jesús Alva; Arturo Herrera Cornejo y Alberto Cárdenas y Alfonso Álvarez Miaja, presidente de CEMIDE AC, revelaron que el aumento en el presupuesto a la Coordinación de Comunicación Social, fue parte de las modificaciones al presupuesto que hizo el gobernador y condenaron que destine más dinero para comunicación social que para combate a la pobreza. Los datos ofrecidos por el Cemide forman parte de la última cuenta pública trimestral al cierre del 30 de junio del presente año.
Lo peor es que pese al incremento en el área de Comunicación Social, todo el año pasado y en lo que va este 2015, los propietarios de 300 medios de comunicación de la entidad se han quejado de que el gobierno no les paga los acuerdos convenidos por publicidad o les daba la mitad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS.
MÉXICO, D.F: El exoficial mayor del gobierno del Distrito Federal, Edgar Armando González, fue inhabilitado para trabajar en el servicio público, luego de que el año pasado un audioescándalo reveló su participación en la compra irregular de llantas para los vehículos oficiales de la administración capitalina.
En un comunicado, la Contraloría General del DF informó que seis exfuncionarios fueron inhabilitados, derivado de las irregularidades observadas en la licitación pública OM-DGRMSG-006-14 relacionada con la compra de neumáticos mencionada. Fuentes de la dependencia confirmaron que entre ellos estaba González Rojas.
Los seis responsables, agregó, no podrán ejercer ningún cargo público dentro de la administración pública del DF durante el tiempo que se resolvió sancionarlos.
La de González Rojas es la segunda inhabilitación de exfuncionarios de alto nivel que realiza la Contraloría en menos de una semana. El pasado jueves 24 de septiembre, el exsecretario de Obras y Servicios (Sobse), Alfredo Hernández García, fue inhabilitado por incurrir en conflicto de interés al otorgar dos contratos por 72 millones de pesos a la empresa Planet donde su esposa, Erika Molina Barragán, fungía como directora comercial.
El 14 de octubre del 2014, Edgar Armando González Rojas presentó su renuncia como oficial mayor del GDF. Sin embargo, el audioescándalo se desató 18 días antes, tras la difusión en el canal de videos Vimeo, de la grabación de una supuesta llamada telefónica entre el exfuncionario y un colaborador en la que pactaban la compraventa.
Titulado “#Audioescandalo fraude en la Oficialía Mayor del GDF 2014”, el video fue filtrado el viernes 26 de septiembre. En él se escuchaba una voz en off que se refría a Mancera Espinosa: “Ponemos a su disposición las pruebas de las cochinadas que se realizan en la Oficialía Mayor, donde Edgar Armando González Rojas continúa utilizando a un grupo de contratistas de su círculo cercano”.
En el audio uno de los colaboradores del oficial mayor refirió que la compra de las llantas debería hacerse a precio de mercado y sin comisiones, “porque el año pasado compraron inflado”.
No obstante, quien se presumía era González Rojas, afirmó: “Nosotros podemos comprar con el precio normal de mercado, el 30% arriba”.
La supuesta aseveración del funcionario se sustenta en la cláusula 4-3.1 de la Circular Uno emitida por la misma Oficialía Mayor. Ésta asegura que el precio puede ser mayor siempre y cuando represente una mejor oportunidad de financiamiento y calidad del producto.
En el audio González Rojas agregó: “Súbete a ese precio, súbete 25 (por ciento más del precio de mercado)”. El interlocutor se quejó de que el proveedor que sería beneficiado no estaba convencido del trato pues se había comprometido a darle una comisión de 50% del sobreprecio y se quiere reducir a 25%. Entonces, le advirtió: “nos vamos a inconformar y a lo mejor hasta pedos tengo con Edgar”. Con esta frase concluyó la grabación.
Tres días después, en un nuevo audio un presunto colaborador del oficial mayor aseguró que la licitación de las llantas se hizo por 4.5 millones de pesos a una sola empresa, identificada como Llantas La Viga “que se quiere comer todas las llantas de la dependencias locales y federales”.
La voz en off pidió a Mancera Espinosa tomar cartas en el asunto o se revelarían los nombres de los operadores del Oficial Mayor y de las empresas a las que beneficiaba.
El escándalo creció y el 30 de septiembre la Contraloría General abrió dos auditorías por la presunta compra de 10 mil llantas para vehículos oficiales con sobreprecio de 30% que involucraba al exoficial.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
TOLUCA, Edomex: El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) confirmó que en una nueva audiencia de imputación el exalcalde de Naucalpan, David Sánchez, fue acusado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) de probable peculado por otros 9 millones de pesos.
Durante la audiencia celebrada este domingo en el penal estatal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, el Ministerio Público acusó que esta cantidad se desprende de la compra de uniformes para el personal sindicalizado del ayuntamiento que nunca se distribuyeron.
La defensa del exalcalde solicitó al juez de control la ampliación del término constitucional de 72 a 144 horas para presentar pruebas contra la acusación, y el próximo miércoles se realizará una nueva audiencia para determinar si existen los elementos para vincular o no a proceso a Sánchez.
También pidió la comparecencia del secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de México y Municipios (Suteym) ante el ayuntamiento, René Palomares, y del responsable del almacén del municipio para que declaren en calidad de testigos.
Además, demandó que declaren los representantes legales de los proveedores de esta compra realizada por el ayuntamiento en 2014.
En contraste, el procurador Alejandro Gómez rechazó que la Procuraduría mexiquense investigue necesariamente a las 17 personas señaladas por un medio nacional como probablemente involucradas, pero reiteró que todos los colaboradores cercanos del munícipe con licencia pueden ser objeto de indagatorias.
El periódico Reforma asegura que son investigados Fabián Ricardo Gómez, líder del PRI municipal; Erika Peralta Lazo, esposa de Sánchez Guevara; Alejandro Méndez Gutiérrez, extesorero municipal, y Elías Manuel Prieto López, titular del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oapas).
También, aseguró, se indaga la probable responsabilidad de Carlos Alfredo Villalva, exsubdirector de Administración y Finanzas del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oapas); Claudia Verónica Ayala, consultora jurídica del Oapas, y David Enrique Román, exsecretario particular de David Sánchez y exdirector de Desarrollo y Fomento Económico.
El diario indica que además se investiga a Fernando Valdez del Pozo, exdirector de Desarrollo y Fomento Económico; Yazmín Camacho, exempleada municipal y dueña de Promocasting, proveedora del municipio y pareja en turno del procesado; del síndico José Juan Vergara Millán y Omar Enrique Sánchez Díaz, exsecretario privado del exmunícipe, entre otros.
El pasado viernes, elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la PGJEM catearon algunas propiedades de David Sánchez Guevara.
Dos de ellas se ubican en la calle Valle de Toluca, colonia El Mirador, a sólo dos cuadras del Palacio Municipal de Naucalpan, que tenían como finalidad fungir como oficinas de su agrupación ciudadana Kairos; en el lugar fueron decomisados equipos de cómputo y cajas con papelería.
El priista fue detenido apenas unos días antes de tomar posesión como diputado federal; fue vinculado a proceso por el delito de peculado por 408 mil pesos que pagó para la construcción de un andador no edificado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA..
México, DF. La tasa de desocupación en México dejó de disminuir en agosto al afectar a 4.3 por ciento de su población económicamente activa, una proporción igual a la de julio de este año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En tanto, la tasa de informalidad laboral, que abarca tanto a los ocupados en micronegocios no registrados, en la agricultura de subsistencia y a aquellas personas que laboran sin protección de la seguridad social, se elevó de 57.7 por ciento del total de la población ocupada en julio a 57.9 por ciento en agosto, indicó el organismo.
Al dar a conocer los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Enoe), el Inegi señaló que la tasa de desocupación en el ámbito urbano de las 32 ciudades más importantes del país fue de 5.5 por ciento en agosto reciente, menor en 0.8 puntos porcentuales a la observada en el mismo mes de 2014.
Las cifras preliminares de la Enoe indican que a nivel nacional 4 de cada 5 personas desocupadas, y que realizan acciones para encontrar empleo, cuenta con estudios de bachilletaro y de nivel superior, esto es 79.5 por ciento del universo total de desocupados; en tanto que el 20.5 por ciento restante carece de estudios completos de secundaria.
Por su parte, la tasa de ocupación en el sector informal no agropecuario correspondiente a unidades sin registros contables que funcionan a partir de los recursos del hogar sin llegar a constituirse en empresas ascendió a 27.2 por ciento en agosto de 2015, desde 26.5 por ciento en el octavo mes de 2014.
Las entidades que en agosto de este año presentaron las mayores tasas de desempleo, como proporción de su respectiva población económicamente activa, fueron: Tabasco, 6.5 por ciento; Nayarit, 6.4; Estado de México, 5.8 por ciento; Querétaro, 5.6; Sonora, 5.4 y Jalisco, con 5.3 por ciento de desocupados.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JUAN ANTONIO ZUÑIGA.
