¿Por qué un periodista puede recibir tanto dinero en México? Por la distorsión de un sistema de relaciones entre el gobierno, medios de comunicación y periodistas reconocidos, en el que el dinero y la información periodística se entrelazan con mucha frecuencia. En un esquema así casi todos parecen ganar, excepto la sociedad y su derecho a la información.

López Dóriga, como otros de sus colegas, es un periodista muy afamado y con una larga trayectoria. Su presencia en el noticiario de la televisión más visto y en uno de los noticiarios de radio más escuchados en el país, le permite tener un acercamiento privilegiado al llamado “círculo rojo” para obtener noticias exclusivas, primicias y entrevistas de primer nivel. Pero también mucho dinero.

Quienes manejan los recursos de la publicidad en las dependencias y órganos de gobierno en sus diferentes niveles (federal, estatal y municipal) “invierten” en sus programas cuantiosos recursos del erario público porque consideran que sus campañas de información, divulgación o rendición de cuentas tienen más alcance entre la población, pero paralelamente les permite, bajo su lógica, tener una buena relación con el periodista más reconocido de México y los medios de comunicación en los cuales lleva a cabo su labor para tener un trato “amable” en coberturas periodísticas.

Probablemente estas “inversiones” hayan derivado en omisiones informativas, en “coberturas especiales” o en comentarios o entrevistas al gusto del cliente, pero sólo un análisis más a fondo de lo que se transmite o deja de transmitirse podría arrojar un panorama mucho más claro. De cualquier manera, la probabilidad de comprometer la línea editorial del medio y/o del periodista a costa del flujo constante de publicidad gubernamental aumenta en noticiarios de estas características y es entonces cuando el periodismo pierde frente al dinero.

La situación es mucho más delicada cuando el periodista, en lugar del medio de comunicación, recibe directamente el dinero. ¿Qué hace la diferencia? Todo. Al periodista le debe pagar su empleador, no sus fuentes, porque en eso radica la independencia y ética de su trabajo frente a los intereses políticos o económicos en los que se desenvuelve el concesionario de radio o televisión o el dueño de un periódico. El periodista se debe a sus audiencias y sus lectores, no a quien le patrocina directa o indirectamente contenidos editoriales.

De acuerdo con el reportaje de Jenaro Villamil, López Dóriga ha podido adquirir propiedades muy lujosas, incluso un yate, y se ha hecho de jugosas cuentas bancarias, junto con su esposa. Es posible que parte de sus bienes muebles e inmuebles sean producto del pago de su intenso trabajo en radio, televisión y medios impresos a lo largo de varias décadas (nadie puede poner en duda que es periodista muy trabajador), pero también -como se ha documentado- gracias a los contratos multimillonarios con dependencias federales (faltaría sumar de gobiernos estatales y municipales). Estos contratos asignados de manera directa son los que, en definitiva, resultan inaceptables en toda relación entre periodistas y gobierno. Tan inaceptables como la supuesta extorsión, en este caso de una empresaria, de la que es acusado.

López Dóriga está inmerso en un escándalo por el caso Aramburuzabala y ahora por las revelaciones de Proceso, pero ¿cuántos periodistas como él han firmado contratos con dependencias de gobierno para brindarles servicios de información o asesorías en comunicación? ¿se puede ser periodista y al mismo tiempo consultor al servicio de tus fuentes? ¿éticamente es posible? ¿qué consecuencias ha tenido esta relación para el periodismo profesional, de calidad y el derecho a la información?

Otra variable que tampoco debemos obviar es la de periodistas -conductores titulares de noticiarios en medios electrónicos-, que a costa de su prestigio y credibilidad se han convertido en vendedores de medicamentos milagrosos, tiendas de ropa o tratamientos para la calvicie. Es una práctica que no debe verse como algo “normal”. La transmisión de publicidad como noticias es ya una constante en México, aunque la propia Constitución lo prohíba. Urge regular la publicidad gubernamental y fortalecer otras tareas (autorregulación periodística, derechos de las audiencias, alfabetización mediática, etc.) si realmente aspiramos a tener un país democrático.