martes, 29 de septiembre de 2015

Apoya UV protestas por caso Ayotzinapa “sin afectar a terceros” en Humanidades

Ante la toma de la Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana (UV), el director de dicha área académica, José Luis Martínez Suárez, sostuvo que la protesta por el acto criminal de Ayotzinapa es innegable, tiene fundamento, “¿por qué no mantener viva la protesta? pero no de esta manera” porque se perjudica a estudiantes que sí quieren tener clases”.

Desde las seis de la mañana de ayer, estudiantes de facultades de la Unidad de Humanidades de la UV iniciaron un paro 24 horas en apoyo a las protestas nacionales como parte de la Acción Global por Ayotzinapa, para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, secuestrados hace un año.

En la entrada principal de la Unidad, los estudiantes colocaron carteles con las fotografía de los estudiantes desaparecidos de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, además había una manta de la activista Nadia Vera, ex estudiante de la Facultad de Antropología y del fotoreportero Rubén Espinosa Becerril, los dos asesinados en la junto a otras mujeres en la colonia Narvarte del Distrito Federal, el pasado 31 de julio.

Pero ante la toma de la Unidad de Humanidades, Martínez Suárez señaló que las formas son las que se reprueban, ya que afectan a un gran número de estudiantes que sí desean tomar clases en tiempo y forma.

“Los movimientos sociales en nuestra área no son sorpresas, hay un interés muy claro de compromiso social, lo que me sorprende es la acción, en términos de afectar el funcionamiento cotidiano de la universidad, el motivo es más que suficiente; no podemos cerrar ni ojos ni corazón ni cerebro ante un crimen como el de Ayotzinapa, pero las formas no son las correctas”.


Las formas se deben de corregir, sostuvo el ex director de la Facultad de Letras, ya que con cada cierre o toma de instalaciones afectan la productividad académica de todas las facultades que integran la Unidad de Humanidades, incluyendo cursos extracurriculares como el Departamento de Lenguas Extranjeras (Delex).

FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.

Volkswagen vendió en México 32 mil autos que podrían estar “alterados”

MÉXICO, D.F: Alrededor de 32 mil vehículos de Volkswagen que fueron vendidos en México podrían estar en la lista de motores diésel de la serie EA189 sujetos a investigación, informó este martes la empresa automovilística en México.

Se trata de unidades adquiridas desde 2009 hasta agosto de 2015, equipadas con motores diésel de cuatro cilindros, específicamente los modelos Transporter 2.0 TDI, Amarok 2.0 TDI, Vento 1.5/1.6 TDI, Jetta Gen. 4 (Clásico) 2.0 TDI, Bora 2.0 TDI, Nuevo Jetta Gen. 6 2.0 TDI, Audi Q3 2.0 TDI (hasta modelo 2015) y Audi A4 2.0 TDI.

“Todos estos vehículos han sido homologados en México de acuerdo a la normatividad mexicana vigente”, precisó la compañía en un comunicado.

Destacó, asimismo, que se encuentra trabajando para aclarar en qué modelos se presenta una alteración de los valores de emisiones reportados a las autoridades mexicanas, y reiteró que los automóviles mencionados “son completamente seguros para su uso cotidiano y no representan ningún riesgo para nuestros clientes”.

Una vez que se tenga la certeza de los modelos, añadió, se informará a los compradores para solucionar el problema sin costo para el consumidor.

Ayer, el nuevo presidente de Volkswagen, Matthias Müller, señaló que ve a la compañía ante la mayor prueba en la historia del fabricante automovilístico, luego del escándalo de manipulación de cifras de gases nocivos.

“El engaño y la manipulación no se pueden justificar con nada”, reconoció.

A mediados de septiembre, la firma alemana confesó haber equipado 11 millones de automóviles en todo el mundo con un software destinado a manipular los resultados de los controles de contaminación, incluidos cinco millones en su marca homónima, 2.1 millones en la marca de lujo Audi, 1.2 millones en la división checa Skoda y 1.8 millones de vehículos comerciales ligeros.

La revelación provocó un hundimiento de las acciones del líder mundial de ventas de automóviles, que el pasado martes 22 perdió 19.8% en la Bolsa de Fráncfort, después de haber caído 18.6% en el cierre del día anterior.


El escándalo de Volkswagen arrastró también a otras compañías del sector automovilístico europeo. BMW perdió 6% y Daimler cedió 7% en la Bolsa alemana. En París, Renault bajó 7.1% y Peugeot lo hizo en 8.8% la semana pasada.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN

Los veracruzanos están hartos del gobierno de Duarte: priistas

MÉXICO, D.F: Los senadores priistas Héctor Yunes Landa y José Yunes Zorrilla denunciaron que su correligionario, el gobernador Javier Duarte, tiene hartos a los veracruzanos.

“(…) donde quiera que vayas, en Veracruz, la gente está harta, molesta, agraviada por todo lo que pasa con las finanzas, con la corrupción, con la inseguridad… La omisión en política no sólo es una incompetencia, también es constitutivo de responsabilidad legal”, denunció Héctor Yunes Landa.

Aparte, José Yunes Zorrilla advirtió que en la administración encabezada por Duarte “hay un sobreejercicio del gasto de operación que ha ido creciendo y ha provocado desvío de recursos, como lo ha señalado la Auditoría Superior de la Federación”.

El periódico Reforma entrevistó a los senadores priistas, después de que ambos públicamente rompieron con el gobernador de Veracruz.

El domingo pasado, durante su discurso en la ceremonia de renovación de la dirigencia de la Confederación Nacional Campesina, el gobernador de Veracruz ridiculizó públicamente a Yunes Landa, a quien le “obsequió” una caña de pescar para capturar “peces gordos”; el mandatario recomendó a su correligionario dirigirse hacia el estero y al Conchal a realizar actividades de pesca, no importando que “sean familiares”.

“Sufrí una falta de respeto a mi familia y a mi persona, pero sobre todo, a millones de veracruzanos que escucho a diario reclamar con toda justicia el castigo a los culpables del saqueo que ha sufrido Veracruz”, replicó Yunes Landa.


Ayer, en un desplegado, la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana denunció que el gobierno encabezado por Javier Duarte le adeuda dos mil millones de pesos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

En Churintzio no se aplicará ley educativa, resuelve la Corte

México, DF. Al establecer que el procedimiento legislativo de la Ley de Educación en el estado de Michoacán no fue acorde “con el principio de representatividad y debate democrático”, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  determinó la inconstitucionalidad de la norma y que se deje de aplicar, exclusivamente, en el municipio de Churintzio.
Al resolver la controversia constitucional que interpuso el citado municipio en contra de la Ley de Educación para el estado de Michoacán, el ministro José Ramón Cossío señaló que el proceso legislativo en el que se aprobó la legislación en un solo día (24 de octubre de 2014) fue “desaseado en términos jurídicos”, ya que se dispensó la lectura de los dictámenes aprobados y se negó a las minorías su derecho a participar en la deliberación parlamentaria.
Con la decisión, Churintzio es el único municipio (la Corte resolverá una controversia similar presentada por Tingambato)  de los 113 que integran el estado, en el que no aplicará le norma estatal.
Ante éste vacío legal, sería la Ley General de Educación la que rija la actividad educativa en la entidad, ya que los ministros no emitieron ningún pronunciamiento respecto a si el congreso local debe subsanar ésta situación.
Cabe señalar que por tratarse de una controversia constitucional, la invalidez de una norma sólo aplica a favor de quién presentó la demanda, en éste sentido, fue el municipio de Churintzio en contra del congreso local.
Los ministros consideraron que la mayoría no tomó en cuenta varias solicitudes de las minorías de mociones suspensivas, tampoco se les permitió su derecho a libre deliberación y manifestación de ideas.

Fuente: La Jornada Michoacán
Autor: Jesús Aranda

Fuga de 'El Chapo' no obliga a renuncias, sino a decisiones: Osorio

México, DF. El secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, rechazó que debió renunciar luego de la fuga del narcotraficante, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo.
Fue uno de los temas por los que fue cuestionado por PRD y PT durante su comparecencia ante el pleno del Senado. La perredista Dolores Padierna le dijo que el escape de un penal de máxima seguridad del líder del Cártel de Sinaloa, puso en evidencia que el titular de Gobernación “no ha cumplido con sus responsabilidades, por lo que debió separarse del cargo para facilitar a las autoridades investigadoras llegar al fondo sobre la responsabilidad legal de la fuga del narcotraficante.
Osorio Chong no respondió, pero el también perredista Luis Sánchez, insistió y en su turno le preguntó directo si no pensó, por lo menos en esa posibilidad de renunciar. “Ante la crisis del sistema penitenciario, lo que tenemos que hacer es tomar decisiones con responsabilidad para evitar la repetición del tema”, comentó el secretario de Gobernación.
Durante las cuatro horas que duró la comparecencia, el funcionario evitó confrontarse con legisladores del PRD, PAN y PT, quienes cuestionaron la actuación del gobierno federal en la tragedia de Iguala, sostuvieron que se vive la peor crisis de derechos humanos y calificaron su gestión de omisa e indolente.
El petista Manuel Bartlett lo cuestionó, por lo que, dijo, es una ataque contra Andrés Manuel López Obrador, orquestado desde Los Pinos y le pidió responder directamente si el Ejecutivo federal continuará con el uso de todo su poder para atacar al dirigente de Morena.
Osorio Chong rechazó el señalamiento y no respondió a las críticas de panistas y perredistas por el nombramiento de Arturo Escobar, como subsecretario de Gobernación y quien permaneció en las gradas para visitantes, no en el pleno.
Senadores del PRI y el PVEM asumieron en todo momento la defensa del titular de Gobernación. El senador del Verde, Gerardo Flores, hasta negó que el Washington Post calificara en su edición de hoy al 2014 “como el año miserable de México”, como lo mencionó en el pleno Alejandro Encinas.
Los panistas colocaron en sus escaños cartelones con alusiones a Ayotzinapa y la Casa Blanca.

Fuente: La Jornada
Autor: Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Gobierno acorralado

MÉXICO, D.F: La versión oficial de lo ocurrido en la reunión del presidente Enrique Peña Nieto con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace poco más de un año evidencia que el gobierno federal busca la fórmula que le permita atender las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pero al mismo tiempo proteger a las fuerzas federales (Ejército y Policía Federal) que se encontraban en el lugar de los hechos la noche de la desaparición de los estudiantes.

Los familiares de los normalistas fueron claros y precisos en sus observaciones: el gobierno federal fue evasivo en sus respuestas. Los familiares demandaron, entre los ocho puntos, dos que resultan particularmente incómodos para el gobierno:

“Replanteamiento de la investigación en una unidad especializada de investigación, con supervisión internacional, compuesta por dos instancias: una que indague a profundidad dónde están nuestros hijos y otra que investigue el montaje con que se nos pretendió engañar” y “que requiera formalmente la colaboración de la ONU para la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en México, que investigue y coadyuve en los casos más emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos, conflictos de interés y macrocriminalidad.”

Ambas demandas buscan retomar los elementos clave que hicieron efectiva la acción de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (GICIG) que provocó la renuncia y encarcelamiento del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, porque permiten que las misiones internacionales vayan más allá de las recomendaciones y puedan instruir al Ministerio Público en la integración de sus averiguaciones e incluso consignar directamente ante las instancias del Poder Judicial. Al menos así sucede en Guatemala.

En el caso de la unidad de investigación, los familiares fueron muy específicos respecto de las condiciones que debía reunir la indagatoria, y manifiestan que el titular de dicha unidad debe ser “un fiscal que tenga el visto bueno del Grupo de Expertos”; que la actuación de la misma “se guíe en función de un plan de investigación que deberá diseñarse conjuntamente con los expertos”, y que “pida apoyo externo a la Procuraduría cuando requiera dictámenes periciales, con el visto bueno del Equipo Argentino de Antropología Forense”, entre las principales características.

Los familiares expresan su deseo de que esta instancia “agote todas las líneas de investigación, incluyendo las relativas al Ejército y a los políticos corruptos de Guerrero”. En un párrafo posterior exigen que se investigue la responsabilidad, entre otros, del exgobernador Ángel Aguirre y del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Según informó a los medios el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, en respuesta a dichas demandas el mandatario instruyó “a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como a la Procuraduría General de la República, que analicen la viabilidad de cada uno de esos ocho puntos”. Y anunció la creación, dentro de la PGR, de una Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desparecidas, con lo cual atiende una reiterada demanda social pero permite cerrarle el paso a la Unidad que exigen los padres de los desaparecidos.

Aunque cada día los espacios de maniobra para el gobierno federal se estrechan más, lo cierto es que las primeras informaciones en torno a la reunión evidencian que aquél pretende repetir la misma trama a la que recurrió en el caso de los conflictos de interés por la adquisición de inmuebles multimillonarios financiados por un contratista del gobierno: instruir para que le elaboren un expediente que le permita negar la viabilidad de atender las demandas de los padres de los normalistas.

Por supuesto, el gobierno federal reiteró las que fueron sus primeras reacciones al informe del GIEI, es decir, que se atendieran todas sus recomendaciones y líneas de investigación y que el grupo extendiera su estancia en el país por otros seis meses.

Sin embargo, es evidente que los funcionarios del gobierno federal leen el informe y las recomendaciones con un enorme sesgo, pues el miércoles 23 el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, declaró en un noticiero matutino de Radio Fórmula que una de las coincidencias fundamentales del reporte con las conclusiones de la PGR es que ambos señalaban que los responsables eran las policías municipales y los grupos criminales. Campa eludió hablar sobre la parte del informe que claramente especifica: “tanto la Policía Federal, estatal, como el Ejército tuvieron personal destacado” al menos en algunos de los escenarios donde hubo encuentros de los normalistas desparecidos y las fuerzas de seguridad la noche del 26 de septiembre.

En el apartado alusivo a las responsabilidades, específicamente en la número 8, el informe precisa: Se debe “investigar si la actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos fue acorde a derecho y si cumplieron con sus respectivos protocolos de actuación, especialmente, con la obligación de proteger a los ciudadanos”.

En la 9 insiste: “Investigar a todos los posibles responsables que podrían haber participado en los hechos de acuerdo con las declaraciones testimoniales y otras evidencias probatorias. La investigación del GIEI ha proporcionado nuevos elementos en ese sentido”.

La revisión del informe, y especialmente de las recomendaciones del GIEI, de las demandas de los familiares de los desparecidos y las declaraciones oficiales, incluyendo las que el vocero de la Presidencia atribuye a Peña Nieto, demuestran que el gobierno federal no atiende ni esas recomendaciones ni esas demandas, pues a pesar de todas las evidencias en contrario se aferra a su “verdad histórica”.

El caso se le complica al gobierno federal, pues ante la presión internacional por la desaparición de los normalistas tuvo que aceptar la intervención de expertos internacionales, que a partir de sus propias investigaciones de campo y peritajes han desacreditado una y otra vez las versiones oficiales.


Es evidente que las respuestas del gobierno de Peña Nieto pretenden atender únicamente aquellas recomendaciones y demandas que le permita exculpar al Ejército y a la Policía Federal, aunque tengan que reconocer que los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula. Y aunque el caso pierde importancia en los medios de comunicación masiva a escala nacional, la presión internacional se incrementa, lo que vuelve muy vulnerable al gobierno y estrecha sus márgenes de acción.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.

Peña presentará en Chiapas iniciativa para creación de zonas económicas especiales

TAPACHULA, Chis: El presidente Enrique Peña Nieto presentará a las 13 horas de este martes la Iniciativa de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales para el país.

Peña Nieto llegó cerca de la medianoche al aeropuerto internacional de Tapachula, tras concluir su gira de trabajo en Nueva York.

El presidente fue recibido por el gobernador del estado, Manuel Velasco Coello.

Previo a su llegada, la ciudad vivió una intensa movilización policiaca y militar para garantizar las medidas de seguridad por la llegada del presidente Peña Nieto.

El mandatario abordará el tema de la creación de zonas económicas especiales en los estados del país con mayor rezago social, medida que enviará al Poder Legislativo.

Esta iniciativa forma parte de las diez medidas para hacer frente a los grandes desafíos nacionales presentadas por Enrique Peña Nieto con motivo de su Tercer Informe de Gobierno.

El mandatario enviará al Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales para impulsar el desarrollo en las regiones con mayores rezagos del país. Estas zonas tendrán acceso a un marco regulatorio e incentivos especiales con el fin de elevar la productividad, crear más empleo y generar nuevas oportunidades productivas.


Esta es la décima visita de Peña Nieto a Chiapas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.

Periodistas ¿millonarios?


Entre el 2001 y 2015, Joaquín López Dóriga ha recibido del gobierno federal unos 237 millones de pesos, de acuerdo con un reportaje publicado esta semana en la revista Proceso. Es mucho, muchísimo dinero destinado a un solo periodista, comparado con lo perciben la mayoría de los trabajadores del gremio… y los mexicanos.

¿Por qué un periodista puede recibir tanto dinero en México? Por la distorsión de un sistema de relaciones entre el gobierno, medios de comunicación y periodistas reconocidos, en el que el dinero y la información periodística se entrelazan con mucha frecuencia. En un esquema así casi todos parecen ganar, excepto la sociedad y su derecho a la información.

López Dóriga, como otros de sus colegas, es un periodista muy afamado y con una larga trayectoria. Su presencia en el noticiario de la televisión más visto y en uno de los noticiarios de radio más escuchados en el país, le permite tener un acercamiento privilegiado al llamado “círculo rojo” para obtener noticias exclusivas, primicias y entrevistas de primer nivel. Pero también mucho dinero.

Quienes manejan los recursos de la publicidad en las dependencias y órganos de gobierno en sus diferentes niveles (federal, estatal y municipal) “invierten” en sus programas cuantiosos recursos del erario público porque consideran que sus campañas de información, divulgación o rendición de cuentas tienen más alcance entre la población, pero paralelamente les permite, bajo su lógica, tener una buena relación con el periodista más reconocido de México y los medios de comunicación en los cuales lleva a cabo su labor para tener un trato “amable” en coberturas periodísticas.

Probablemente estas “inversiones” hayan derivado en omisiones informativas, en “coberturas especiales” o en comentarios o entrevistas al gusto del cliente, pero sólo un análisis más a fondo de lo que se transmite o deja de transmitirse podría arrojar un panorama mucho más claro. De cualquier manera, la probabilidad de comprometer la línea editorial del medio y/o del periodista a costa del flujo constante de publicidad gubernamental aumenta en noticiarios de estas características y es entonces cuando el periodismo pierde frente al dinero.

La situación es mucho más delicada cuando el periodista, en lugar del medio de comunicación, recibe directamente el dinero. ¿Qué hace la diferencia? Todo. Al periodista le debe pagar su empleador, no sus fuentes, porque en eso radica la independencia y ética de su trabajo frente a los intereses políticos o económicos en los que se desenvuelve el concesionario de radio o televisión o el dueño de un periódico. El periodista se debe a sus audiencias y sus lectores, no a quien le patrocina directa o indirectamente contenidos editoriales.

De acuerdo con el reportaje de Jenaro Villamil, López Dóriga ha podido adquirir propiedades muy lujosas, incluso un yate, y se ha hecho de jugosas cuentas bancarias, junto con su esposa. Es posible que parte de sus bienes muebles e inmuebles sean producto del pago de su intenso trabajo en radio, televisión y medios impresos a lo largo de varias décadas (nadie puede poner en duda que es periodista muy trabajador), pero también -como se ha documentado- gracias a los contratos multimillonarios con dependencias federales (faltaría sumar de gobiernos estatales y municipales). Estos contratos asignados de manera directa son los que, en definitiva, resultan inaceptables en toda relación entre periodistas y gobierno. Tan inaceptables como la supuesta extorsión, en este caso de una empresaria, de la que es acusado.

López Dóriga está inmerso en un escándalo por el caso Aramburuzabala y ahora por las revelaciones de Proceso, pero ¿cuántos periodistas como él han firmado contratos con dependencias de gobierno para brindarles servicios de información o asesorías en comunicación? ¿se puede ser periodista y al mismo tiempo consultor al servicio de tus fuentes? ¿éticamente es posible? ¿qué consecuencias ha tenido esta relación para el periodismo profesional, de calidad y el derecho a la información?

Otra variable que tampoco debemos obviar es la de periodistas -conductores titulares de noticiarios en medios electrónicos-, que a costa de su prestigio y credibilidad se han convertido en vendedores de medicamentos milagrosos, tiendas de ropa o tratamientos para la calvicie. Es una práctica que no debe verse como algo “normal”. La transmisión de publicidad como noticias es ya una constante en México, aunque la propia Constitución lo prohíba. Urge regular la publicidad gubernamental y fortalecer otras tareas (autorregulación periodística, derechos de las audiencias, alfabetización mediática, etc.) si realmente aspiramos a tener un país democrático.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: GABRIEL SOSA PLATA.

¿Independientes o reciclados?

Desde el triunfo de Jaime Rodríguez “El Bronco” como gobernador de Nuevo León, han surgido un número importante de oportunistas y chapulines, por llamarlo de manera elegante, de políticos reciclados de distintos partidos, bajo el disfraz de “independientes”.

Los reciclados han visto en esta nueva forma ciudadana de hacer política, la gran oportunidad para filtrarse de forma camaleónica en la lista de los “independientes” y así seguir viviendo del erario público, de nosotros los mexicanos, pues.

Resulta sorprendente ver personajes con un pasado cuestionable, en algunos casos, casi delincuencial, queriendo aparecer ahora como “blancas palomitas” inocentes e independientes.

Señoras y Señores, seamos serios. Los ciudadanos no somos menores de edad en este juego llamado democracia simulada que vivimos en México. Tampoco somos ingenuos, mucho menos, personas sin memoria.

El tema exige una revisión a profundidad. Las candidaturas ciudadanas, son eso, ciudadanas. De nada vale que intenten camuflarse siniestros personajes marcados por la corrupción, la traición y los excesos de todo tipo a su paso por la política.

En estas nuevas listas de “independientes” abundan los chapulines, políticos que van saltando de partido en partido buscando sus intereses propios y no los del bien común; políticos que quieren ir por la libre para no someterse a la disciplina de las normas de un partido y hacer lo que se les de la gana, políticos que han traicionado su deber con el electorado que los eligió. Los ejemplos abundan, pero veamos unos cuantos para hacer recuento de esta nueva aberración política, de esta nueva simulación.

Gerardo Buganza Salmerón en Veracruz, este señor lleva décadas pegado a la ubre del presupuesto gubernamental. Inició en el Partido Acción Nacional (PAN) en 1994 como militante, luego fue diputado federal en 1997 y después candidato a la gubernatura. Al perder, fue nuevamente diputado federal en 2006 y al terminar en 2010 renunció al PAN para integrarse al gobierno del priísta, del depredador de la prensa, Javier Duarte, con quien incluso ha llegado a ser secretario de gobierno este año.

El señor Buganza observó el fenómeno “Bronco” y se apuntó y renunció a su cargo el pasado mes de julio e inmediatamente se autonombró candidato ciudadano para la gubernatura de Veracruz. Pero el PES no solo le negó su apoyo, lo acusó de “sicario político”.

¿Cuántos sicarios políticos quieren hacerse pasar como independientes? Comprendo que pedir expediente limpio sin militancia en ningún partido, aunque es lo ideal, en la mayor parte de los casos es casi imposible.

Ser candidato independiente y ciudadano no significa que no tenga pasado partidista. Se vale haber pertenecido a un partido, pero a un partido, no a varios “chapulineando” para su propio beneficio. Los chapulines no deben ser candidatos independientes y si lo son, la gente no debe olvidar su pasado.

A veces sin pasado partidista ya están marcados por hechos oscuros, como el empresario lechero Leodegario Pozos Vergara “El Tigre”, que se autodestapa como el próximo candidato “Bronco” para la gubernatura de Puebla en 2016. Hay que añadir que este señor en 2013 fue precandidato del Partido del Trabajo (PT) a la presidencia municipal de Liebres, Puebla. Pero el pequeño problemita es que este señor fue vinculado en 2005 al robo de combustible, en  2011 fue detenido con otras tres personas en estado de ebriedad por negarse a pagar consumos en un centro nocturno.

En esta lista apócrifa de independientes incluimos a Rodolfo Rodríguez Navarrete quien fuera en 1998 primero regidor del PRI en el ayuntamiento de Zacatecas, luego en 2007 se registra en la fórmula de regidores por Nueva Alianza para el municipio de Guadalupe, Zacatecas en la posición número uno, para después en 2010 ser titular de Gestión y Participación Social del Ayuntamiento de Zacatecas y en 2013 ganar la precandidatura del PAN, pero después renunciar a la misma para integrarse como coordinador de redes sociales en apoyo a Ernesto Cordero a la presidencia del PAN.

Uno de los casos más esperpénticos, de los autonombrados mañosamente “candidatos independientes” es el del empresario minero Armando Guadiana, ex diputado priísta y un hombre sobre el que pesan graves acusaciones de corrupción e incluso de negligencia y explotación laboral en tajos y pozos mineros que se han cobrado la vida de sus trabajadores.

Ser candidato independiente significa tener un liderazgo limpio, una fuera social clara. Hay candidatos independientes como Pedro Kumamoto que sin haber militado en ningún partido y sin pasado político tienen una base social indiscutible.

Para ser candidato independiente debería ser exigido un mínimo de requisitos: primero que nada, honestidad; luego, congruencia, y después una base social sustentada en años de servicio público, de trabajo social.

Es inaceptable que políticos chapulines o corruptos echen a perder una de las posibilidades que tiene la ciudadanía para dar una vuelta de timón a nuestra maltrecha democracia.

Tampoco el panorama de los que apoyan las candidaturas independientes se ve claro. En esa lista publicada en el reciente desplegado titulado “Por una cancha pareja para candidaturas independientes” hay gente muy diversa, algunos marcados por el chapulineo, otros señalados como intelectuales orgánicos, escritores  que también han vivido al amparo del poder en turno. Si esta lista es una nueva edición del fallido Grupo San Ángel, estamos francamente perdidos.

En el nuevo espectro de candidatos independientes brilla Manuel Clouthier, un hombre íntegro que ha demostrado tener en las venas el buen quehacer político heredado por su padre. En ese escenario pueden surgir más personajes excepcionales, congruentes y comprometidos con el bienestar social, como el panista Javier Corral.


Seguramente la lista de los verdaderos candidatos independientes estará muy contaminada por todo tipo de personajes oscuros y políticos corruptos y chapulines, pero corresponde a los mexicanos hacer una criba para separar la podredumbre de los hombres éticamente morales.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/28-09-2015/39735.

Tuitea López Dóriga: “la infamia fortalece”, y provoca nueva arremetida en redes

MÉXICO, D.F: Concluido su noticiero, el lunes por la noche, el periodista estrella de Televisa, Joaquín López Dóriga, cerró sus publicaciones del día en Twitter con el siguiente mensaje:





Ya no hizo mención a la reciente publicación del semanario Proceso que revela los negocios que ha hecho el periodista al amparo del gobierno y los micrófonos de radio y televisión.

De ello se ocupó sólo a través de su cuenta de Twitter, en dos mensajes de domingo en los que acusó al semanario de haberse “entregado al gran capital” por estar “en crisis”.

La publicación no fue tema en su noticiero, ni en su columna “En Privado” que publica en el diario Milenio, que dedicó a la visita del Papa Francisco a Estados Unidos. Como es su costumbre inició su texto con un aforismo de Florestán: “lo que no saben es que karma is a bitch, pero shhhh”.

En los comentarios, lectores le dejaron algunos mensajes, como el usuario Anacleto que escribió: “Joaquincita: Aramburuzabala…Habla de eso”.

Otro, que se identifica como Serpax comentó: “Para karmas, el tuyo juayderito, je, je, je,! …El que a periodicazos mata a periodicazos muere…”

También en el tuit que publicó la noche del lunes, al término de su noticiero, recibió decenas de comentarios en los que lo cuestionan, como los siguientes:

@JAngelEscamilla: “@lopezdoriga Repítelo hasta que te lo creas… #Mantra #Chayote”

@EquidadMexico: “@lopezdoriga segurito que vas a descansar de maravilla con tus millones de USD ganado a costa de la mentira y difamación que sale de tu boca”

@MorenoMJuanC: “@lopezdoriga ¿infamia? ¿por qué no lo peleas como difamación? Simple, no puedes, engañas a los ignorantes, la nueva generación no es pendeja”.

@eclocionletal: “@lopezdoriga q fuerte declaración si es usted un infame y ahora sabemos q eso lo hizo poderoso y rico q asco y repugnante es usted”

@16Gustavogg: “@lopezdoriga pues debes ser muy fuerte ya que llevas una vida de infamia desde que eres el consentido del Jolopo”


@quecadeflor: “@lopezdoriga Explicación no pedida, acusación manifiesta”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La CNDH presenta recurso contra ley de “protección de periodistas” impulsada por Borge

CANCÚN, Q. Roo: La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Quintana Roo, impulsada por el gobernador Roberto Borge.

La CNDH considera que en esta ley, aprobada el pasado 3 de agosto por el Congreso del estado, “se violentan el derecho a la información, la libertad de expresión, el derecho a la no discriminación, derecho a la seguridad jurídica y el principio de pro persona”.

Este recurso de inconstitucionalidad fue presentado el pasado 14 de septiembre y admitido por la SCJN con el número de expediente 87/2015.

La CNDH solicita la declaración de invalidez de los artículos tres, fracciones VI y XII; seis, fracción IX; 13, último párrafo, y 45.

Las fracciones VI y XII del Artículo 3 definen los conceptos de libertad de expresión y periodista.

De esta forma, para ley, libertad de expresión “es el derecho humano que tiene toda persona para difundir y publicar ideas u opiniones de toda índole, ya sea de forma personal o colectiva, sin que sea objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa o limitada directa o indirectamente, ni discriminada por razones de raza, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, idioma, origen nacional, a través de cualquier medio de comunicación”.

Y “periodista” es “toda persona que hace del ejercicio de la libertad de expresión y/o información su actividad, de manera permanente con o sin remuneración. Las personas físicas, así como los medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo remunerado o no, consiste en recabar, almacenar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen, y que requiere garantías para ser protegida o protegido ante los riesgos que conlleva su labor profesional”.

La CNDH estima que en el concepto de libertad de expresión, la ley “excluye otros aspectos constitutivos de la prohibición de discriminación consagrados en el artículo 1 de la Constitución Federal”.

Considera violatorio a la Constitución que esta ley condicione el concepto periodista como una actividad “permanente”, pues resulta violatorio de los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal, y disposiciones internacionales-.

La ley, en su fracción IX, artículo 6, establece el concepto de “exclusividad” y define que las medidas de protección “deben ser destinadas exclusivamente para las personas que se encuentren en un alto riesgo o que estén vinculadas por las actividades de defensoría y/o ejercicio de la libertad de expresión que realizan”.

En ese sentido, la CNDH cuestiona que las medidas de protección sean sólo para personas que “se encubren en alto riesgo” y resulta violatorio de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución y otros tratados internacionales.

El último párrafo del artículo 13 de la ley, señala que “se podrá solicitar la identificación oficial del periodista y la acreditación del medio de comunicación social para el cual labora” para el acceso “a todos los actos de interés público que se desarrollen en el seno de organismos públicos o a los de carácter público que se desarrollen por personal o entidades privadas”.

Al respeto, la CNDH consideró que es inconstitucional solicitar acreditación de un medio de comunicación para acceder a actos de interés público.

El artículo 45 de la Ley establece, en relación a las disposiciones para la protección, que “las personas beneficiarias se podrán separar de la medida en cualquier momento, para lo cual deberá externarlo por escrito a la Junta de Gobierno o a la Secretaría Ejecutiva, según sea el caso”.


Pero, sobre este artículo, la CNDH considera que “resulta trasgresor de la seguridad jurídica, toda vez que no requiere siquiera que la autoridad verifique que han cesado o se han modificado las causas por las cuales se concedió la protección”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.

Cuñado de Moreno Valle utiliza a campesinas para obtener contratos millonarios

PUEBLA, Pue: Fernando Manzanilla Prieto, cuñado y excolaborador del gobernador Rafael Moreno Valle, utilizó a dos mujeres campesinas del municipio de Nopalucan para armar una empresa llamada Scientia Aprendizaje Significativo, con la cual obtuvo contratos de los gobiernos municipal, estatal y federal.

Documentos filtrados a través de la plataforma Méxicoleaks dieron pie a una investigación periodística que pone al descubierto un presunto tráfico de influencias en el gobierno estatal panista y genera dudas sobre el supuesto rompimiento entre el gobernador y su cuñado, quien coquetea con lanzarse como candidato independiente a la gubernatura.

Uno de los documentos filtrados es una copia del acta constitutiva de la sociedad civil Scientia Aprendizaje Significativo, protocolizada el 21 de junio de 2012 ante la notaría 18 con sede en la ciudad de Puebla. Otro de los documentos es una póliza emitida por la afianzadora Aserta, con fecha 12 de agosto de 2014, para garantizar un contrato que Scientia obtuvo de la Secretaría de Salud de Puebla por un monto de 3 millones 500 mil pesos a través de la licitación pública SSEP-LPN-046/2014.

En el acta notarial aparecen Socorro Luna Rodríguez y María Filomena de la Cruz Sánchez como propietarias de Scientia. Sin embargo, ambas mujeres se dedican a las labores del hogar y del campo y habitan una humilde vivienda en la Junta Auxiliar de Rincón de Citlaltepetl, municipio de Nopalucan, Puebla.

En entrevista, las dos mujeres –que mantienen parentesco de nuera y suegra–, aceptan que firmaron en distintas ocasiones documentos que no les permitieron leer y por los cuales recibieron pagos de entre 500 y mil pesos. No tienen idea de que son legalmente las propietarias de Scientia, firma especializada en brindar consultorías y cursos de capacitación que entre 2013 y 2015 obtuvo contratos de por lo menos 15.6 millones de pesos.

Tampoco saben que “su empresa” fue contratada por la Secretaría de Salud de Puebla, por Bansefi y por la Casa de Moneda de México para impartir cursos de capacitación y que el alcalde de Puebla, Antonio Gali Fayad, la contrató para elaborar el Plan Maestro de Metropolización de Puebla.

Y menos saben que las personas que en realidad han manejado esta empresa son ejecutivos del Grupo Imagina México, que preside Manzanilla, el cuñado del gobernador Moreno Valle.

En 2010 Manzanilla fue coordinador de la campaña electoral que llevó a la gubernatura a Moreno Valle y luego, al inicio del sexenio, ocupó el cargo de secretario general de Gobierno, mismo que desempeñaba cuando en octubre de 2011 se casó con Gabriela Moreno Valle Rosas, hermana del mandatario poblano. En abril de 2013 dejó su cargo en el gobierno estatal, pero aún sigue casado con la hermana del gobernador.

En entrevista, Manzanilla niega cualquier relación con la sociedad que utilizó a las dos mujeres como prestanombres involuntarias. Sin embargo, dos domicilios de su empresa, Grupo Imagina México, coinciden con los de Scientia.

Además, cuatro ejecutivos de GIM aparecen como representantes en contratos que obtuvo Scientia y como delegados en una asamblea que esta empresa protocolizó el 23 de septiembre de 2014 en el Instituto Registral y Catastral del estado de Puebla.

Incluso, José Luis Samaniego Dieguez, quien fue el representante legal de Scientia hasta enero pasado, confirma en entrevista que esta empresa formaba parte de Grupo Imagina México.
–Entonces, ¿ustedes le reportaban a este grupo de empresas de Imagina México?, se le pregunta.
–Sí, responde tajante.

Los contratos

De acuerdo con empleados de la notaría 18 de Puebla, María Estela Blanca Rodríguez Jiménez –quien aparece en el padrón de militantes del PAN con el registro ROJE631026MPLDM500 y es promotora del voto en la populosa Junta Auxiliar La Resurrección–, fue la encargada de llevar a dicha notaria a las campesinas Luna Rodríguez y De la Cruz Sánchez con el propósito de que ambas firmaran el acta constitutiva de Scientia, la cual se inscribió en el Instituto Registral y Catastral del Estado el 30 de julio de 2012 con el número 1087091.

Luna Rodríguez, de 45 años de edad, aparece en el acta constitutiva como administradora de la sociedad, mientras que De la Cruz Sánchez, de 70 años, es la encargada presentar declaraciones y avisos fiscales.

Entrevistadas en la puerta de su casa en la comunidad rural Rincón de Citlaltepetl, dicen que fueron tres o cuatro veces a firmar papeles a la notaria. “La primera vez nos dieron mil pesos. Ya las otras nos dieron 500. Y hasta hubo una vez que ni nos dieron nada que porque dijeron que no había dinero. Fue todo lo que recibimos, ya después de eso no hemos sabido nada”, relata Luna Rodríguez, quien acababa de llegar de pastorear unas vacas de cuya producción subsiste su familia.

“Nosotras con la ilusión de que nos dieran alguna ayudita –agrega De la Cruz Sánchez–. Ya ve que luego dan una despensita o materiales, pues si fuimos a firmar a Puebla, pero la verdad, la verdad, nunca supimos qué fue lo que firmamos porque ni siquiera nos dejaban leer nada”.

En agosto de 2014 Scientia ganó la licitación SSEP-LPN-046/2014, emitida por la Secretaría de Salud del Estado, para dar “capacitación institucional”. El monto del contrato: 3 millones 500 mil pesos, según aparece en la póliza de fianza de dicha operación que fue filtrada a través de la plataforma Méxicoleaks.

Sin embargo, Scientia no está en el padrón de contratistas ni en el de proveedores de esa secretaría que aparece en la página de transparencia del gobierno estatal. Tampoco existe una versión digital del desarrollo de la licitación ni del contrato que se firmó en esa ocasión.

El único registro que está disponible en dicha página de transparencia es el proceso de la licitación SSEP-LPN-039/2015 que se llevó a cabo este año por parte de la Secretaría de Salud para contratar “servicios de capacitación”.

El acta de apertura da cuenta que otros tres participantes presentaron el pasado 2 de julio propuestas muy por debajo de la ofrecida por Scientia: la Asociación de Consultores para la Investigación Educativa ofreció impartir la capacitación por un pago de 695 mil 700 pesos; el Centro de Investigaciones Sociales y Dirección Estratégica, por 900 mil pesos; y Espacios en Red y Servicios, por 697 mil pesos.

Sin embargo, el 30 de julio la Secretaría de Salud determinó contratar a Scientia que había presentado una propuesta de 3 millones 385 mil pesos.

El contrato por este servicio se firmó el 3 de agosto de este año, pero no se encuentra disponible su versión digital.

Scientia fue igualmente contratada por la Secretaría de Salud para impartir cursos similares en 2013, según se colige de un blog en el que trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria 6 de Puebla dan cuenta que el 6 de diciembre de ese año concluyeron el “diplomado de liderazgo” que impartió Scientia.

En la página de transparencia del Ayuntamiento de Puebla aparece el contrato número 11 otorgado por adjudicación directa a Scientia. A través del Instituto Municipal de Planeación (Implan), el 24 de septiembre de 2014, el Ayuntamiento acordó un pago de 4 millones 640 mil pesos para que esa empresa elabore el Plan Maestro de Metropolización de Puebla.

Cabe señalar que Manzanilla fue el coordinador de la campaña del actual alcalde panista de Puebla, Antonio Gali Fayad, y luego se encargó del proceso de transición de la administración municipal la cual concluyó en enero de 2014.

También fueron localizados otros contratos que obtuvo Scientia para impartir cursos de capacitación. Cuatro de ellos –el 13194, 13249, 13462 y 14649– fueron otorgados por adjudicación directa por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), entre junio de 2013 y octubre de 2014, por un monto de 4 millones 100 mil pesos. En ese período, esa institución estaba a cargo del poblano Jorge Estefan Chidiac, quien es concuño del alcalde Tony Gali.

En febrero pasado Casa de Moneda de México también otorgó a Scientia por adjudicación directa el contrato número 1550083 por un monto de 33 mil pesos.

En la póliza de la afianzadora Aserta aparece la dirección de Scientia: calle Séneca número 55, colonia Palmitas-Polanco, en el Distrito Federal. Este mismo domicilio aparece en la solicitud que, el 21 de mayo de 2014, tramitó la empresa Tierra, Cielo y Bienestar, S.A. de C.V., que forma parte de la Controladora Imagina México –que es parte de Grupo Imagina México– ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para fusionarse y cambiar su nombre a ERLA (El Rincón de la Arrachera, una red de restaurantes). Actualmente en ese domicilio se encuentra una tienda de ropa para bebés.

En entrevista, Manzanilla reconoce que el grupo de empresas y organizaciones que dirige tuvo oficinas en Séneca 55, pero asegura que el hecho de que Scientia tenga este mismo domicilio se debe a que GIM compartió la renta de oficinas con otras firmas.

Sin embargo, existe otro domicilio que también coincide. Gestión de la Convivencia, Derechos Humanos y Cultura de la Paz, A.C. –otra de las organizaciones que forman parte de Grupo Imagina México– reporta en su página web que tiene su sede en Molino Huexotitla, diagonal de la 39 Oriente, colonia Huexotitla, en Puebla. Grupor Imagina México registró ese mismo domicilio para su marca “Laboratorio de Felicidad”.

Cuando se le pregunta a Samaniego Dieguez, exrepresentante legal de Scientia, dónde estaban establecidas las oficinas de esa empresa en Puebla, proporciona los datos de ese mismo domicilio en la colonia Huexotitla.

Otros indicios sobre quién utilizó a las dos mujeres para crear esta “sociedad civil” se encontraron en el acta de una asamblea de Scientia asentada en el Instituto Registral y Catastral del Estado con la cual amplió su objeto social el 23 de septiembre de 2014, un día antes de firmar el contrato con el Implan para elaborar el Plan de Metropolización de Puebla. En dicha asamblea se nombró como delegados a Samuel Capdevielle González, a Joaquín Ruiz Solorio y a Cynthia Gabriela García Díaz.

Capdevielle González reporta en la página de su despacho jurídico Cahen y Asociados que en 2012 fue nombrado responsable del Área Jurídica y Coordinador Legal de Grupo Imagina México. Su socio en este despacho es Francisco Elías Hernández Gutiérrez, quien también es director jurídico del mismo grupo empresarial.

Ruiz Solorio apunta en su perfil profesional que publica en Linkedln que es gerente jurídico de Grupo Imagina México de octubre de 2012 a la fecha. Y García Díaz aparece como “delegada especial” que designó la asamblea general de accionistas de Controladora Imagina México con el propósito de tramitar la fusión de Cielo y Tierra Bienestar con la Operadora de Negocios Gastronómicos y Alimenticios. De dicha fusión resultó la citada empresa de restaurantes ERDLA.

En esa misma acta comparece el propio Manzanilla como socio mayoritario de la Controladora Imagina México, la cual es propietaria de las acciones de Cielo y Tierra Bienestar por un total de 43 millones 604 mil pesos.

En el contrato que firmó el Implan para elaborar el Plan de Metropolización de Puebla aparece como representante de Scientia, Sandra Rosete, quien es cercana colaboradora de Manzanilla. En su perfil en la red profesional Linkedln, ella asegura ocupar desde febrero de 2013 la Dirección de Vinculación Institucional de Imagina México, A.C., además de que fue asesora de la Secretaría General de Gobierno de Puebla de junio de 2012 a enero de 2013, cuando el cuñado de Moreno Valle era titular de esa dependencia.

La bendición de El Bronco

En abril de 2013, Manzanilla renunció a la Secretaría General de Gobierno para participar en la contienda local de ese año como candidato a diputado plurinominal. Al mismo tiempo, coordinó la campaña de Gali Fayad, actual alcalde panista de Puebla y prospecto de Moreno Valle para sucederlo en las elecciones de 2016.

En enero de 2014 renunció a tomar protesta como diputado local. Argumentó “circunstancias personales y familiares”. Ello provocó especulaciones sobre un presunto rompimiento entre él y el gobernador. Se dio por hecho que Manzanilla se alejó de Puebla para dedicarse a sus empresas y organizaciones que se concentran en Grupo Imagina México, todas ellas con el supuesto propósito de “construir un México más feliz”. De hecho, este grupo se encarga de medir el ranking de la felicidad de los mexicanos.

Públicamente, desde esa fecha Manzanilla ha jugado la contra a su cuñado. Cuando Moreno Valle apoyó a Gustavo Madero en la contienda interna del PAN, Manzanilla fue coordinador de Estrategia de Ernesto Cordero. Recientemente apareció en público junto al alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, cuando éste acababa de criticar acciones autoritarias del mandatario poblano. En ese momento Espinosa formaba parte de Puebla Libre, grupo opositor al mandatario estatal.

A principios de septiembre, Manzanilla interpuso un juicio contra la llamada Ley antiBronco, que limita el registro de candidatos independientes en los comicios para elegir al sucesor de Moreno Valle el próximo año.

Esto ha provocado especulaciones sobre la posibilidad de que el cuñado del mandatario contemple la posibilidad de lanzarse como candidato el próximo año o en 2018.

Apenas el viernes 25, durante una visita a Puebla, Jaime Rodríguez, El Bronco, quien tomará posesión como gobernador de Nuevo León el próximo viernes, reveló que en la víspera sostuvo un encuentro con Manzanilla y que lo animó para que se lance de candidato independiente en 2016.


Algunas organizaciones como el Movimiento por la Alternativa Social han hecho pública su desconfianza hacia este activismo de Manzanilla. Consideran que se trata de una estrategia de Moreno Valle. Pero otros, como el columnista Fermín Alejandro García, consideran que el distanciamiento es real y que el cuñado se convertiría en el más peligroso “antimorenovallista” si se lanza para ser el próximo inquilino de Casa Puebla.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

CIDH inicia observaciones en materia de derechos humanos en México

Tras visitar la Ciudad de México y los estados de Guerrero, Tabasco, Nuevo León, Coahuila y Veracruz, el grupo de la CIDH presentará sus observaciones preliminares.

El pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició este 28 de septiembre una visita a México con el objetivo de hacer una observación sobre la situación de derechos humanos en el país, por lo que sostuvo encuentros con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

La visita de la CIDH tendrá especial énfasis en los temas sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y  tortura, así como inseguridad ciudadana, acceso a la justicia de víctimas de violaciones a los derechos humanos y la situación de periodistas, defensores de derechos humanos y otros grupos vulnerables afectados por la violencia en el país.

A través de su cuenta de Twitter, la CIDH publicó algunos de los temas tratados en la reuniones con las dependencias del gobierno mexicano. Una de las integrantes del pleno, Rosa María Ortiz, aseguró que como comisión “no sólo esperamos que haya violación para involucrarnos con los Estados“.


Otros comisionados como James Cavallaro, solicitaron estadísticas de civiles fallecidos en conflictos con fuerzas armadas, la cobertura de la niñez en materia de prevención del delito, sobre los canales de comunicación establecidos con víctimas de violaciones a derechos humanos, así como la situación de los pueblos indígenas, entre otros.





Al terminar su reunión con las dependencias federales, el pleno de la CIDH informó que también sostienen un encuentro con sociedad civil para tratar los mismos temas. 









Esta delegación, que terminará su visita hasta el próximo 2 de octubre, está integrada por la Presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine; el Primer Vicepresidente, James Cavallaro; el Comisionado Felipe González y las Comisionadas Tracy Robinson y Rosa María Ortiz, además del Secretario Ejecutivo, Emilio Alvarez Icaza Longoria; la Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-Mershed, y el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, así como especialistas de la Secretaría Ejecutiva.


Tras visitar la  Ciudad de México y los estados de Guerrero, Tabasco, Nuevo León, Coahuila y Veracruz, el grupo de la CIDH presentará sus observaciones preliminares.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aldo, el futbolista de Ayotzinapa que lleva un año en estado de coma

Un año después del ataque a normalistas en Iguala, Guerrero, Aldo Gutiérrez tampoco ha recibido justicia. El estudiante quedó herido por un disparo en la cabeza; no recibió atención médica de inmediato y las autoridades no han esclarecido quién lo lastimó.

Desde los 12 años, Aldo Gutiérrez comenzó a jugar futbol y su talento innato lo mantuvo siempre como delantero. Los equipos de Tutepec, su pueblo natal, lo invitaban a los torneos que se realizaban en otros estados y los entrenadores le veían tales aptitudes que le propusieron integrarse a las fuerzas básicas del municipio de Ayutla, Guerrero. El 26 de septiembre de 2014 su vida de detuvo.

Durante el ataque de policías de Iguala contra normalistas de Ayotzinapa, el joven recibió un disparo en la cabeza que lo dejó en estado de coma. Lleva un año postrado en un cuarto de hospital sin poder hablar ni patear un balón.
La familia tiene la esperanza de que esta pesadilla acabará pronto y, cuando despierte, podrá regresar a casa junto a ellos, jugará futbol y retomará sus estudios para ser maestro. Por lo pronto, siguen visitándolo y cuidándolo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México, donde fue internado hace 11 meses.

Cuando su padre, Leonel Gutiérrez, lo visita en el hospital le habla al oído como lo hacen el resto de sus familiares. “Si me oyes, te digo que todo el tiempo te voy a estar viniendo a ver. Aguanta para que puedas levantarte de esa cama y podamos llegar a la casa”.

Cada ocho días alguien de la familia lo visita. Eso les cuesta dinero y esfuerzo, pues todos siguen viviendo en Ayutla, un municipio en la costa chica de Guerrero, a 500 kilómetros de distancia del Distrito Federal. “A veces se enferma más el que está bueno que el que está enfermo”, dice Leonel, de 64 años.

A diferencia de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, Leonel y su esposa Gloria Solano saben dónde está su hijo. Lo tocan, le hablan, lo abrazan, pero su tragedia no es menor. Llevan un año sin escuchar su voz ni verlo de pie. Según el reporte médico, más de la mitad de su cerebro fue dañado debido al disparo.

“Hay días en que uno no puede ni dormir de estar pensando en él nada más. Pensar que está en un hospital y delicado. Dicen los médicos que todavía está en una fase delicada. Dicen que todavía es peligroso”, comenta el padre.

El matrimonio de Leonel y Gloria tuvo 14 hijos. Aldo es el número 10 y buscaba ser el segundo en su familia en estudiar una licenciatura. Los primeros siete hermanos estudiaron hasta la primaria y, como su padre, se dedican al campo, pero Ulises, de 25 años, con la ayuda de sus mayores pudo estudiar en la Normal Rural de Ayotzinapa y ahora es maestro en la sierra de Guerrero.

Aldo estudió en el Colegio de Bachilleres de Ayutla y siempre tuvo calificaciones sobresalientes, pero ni con la ayuda de sus hermanos podría vivir y estudiar en otro lugar que no fuese Guerrero. Él trabajaba en el campo con su papá o se alquilaba como peón en la siembra y cosecha de calabaza, frijol y jamaica y ganaba 100 pesos por ocho horas de trabajo.

En un municipio como Ayutla, donde 88% de la población es pobre, según las mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), las opciones para superar esa condición son pocas.

Una de ellas está en las fuerzas armadas. Aldo quería ingresar a la Marina después de concluir el bachillerato, pero no alcanzó ficha para presentar el examen de ingreso. La segunda opción fue la Normal de Ayotzinapa, que estaba a cuatro horas de su casa.

Aunque compitió con 300 aspirantes, fue uno de los 140 que consiguió un lugar y lo hizo en su primer intento. Entre las pruebas que el comité estudiantil pone para el ingreso estaba el acondicionamiento físico y tareas del campo, además del examen de conocimientos.

Para Aldo ninguno de esos requisitos representaba un problema porque los tres habían sido parte de su vida. A Aldo también le gustaba montar caballos, escuchar y bailar cumbia. Iba a fiestas porque era muy alegre, pero no bebía alcohol porque siempre prefirió mantener una buena condición física para el deporte, cuenta su hermano.

Ya en la normal también jugaba futbol y los fines de semana visitaba a su hermano Ulises que vive en Tixla, el municipio donde se encuentra la normal. El ciclo escolar había empezado en agosto de 2014, por eso es que no había regresado a Ayutla; pensaba hacerlo hasta las vacaciones, pero hablaba por teléfono con sus padres muy seguido.

El ataque y la negligencia

Ulises y su padre marcharon el sábado pasado por las calles del Distrito Federal en el contingente de los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa pidiendo justicia. Han recibido el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pero nadie ha resuelto su petición que un especialista extranjero revise a Aldo.

Por eso, el pasado 24 de septiembre, en el encuentro de los padres de las víctimas con el presidente Enrique Peña Nieto, Ulises le pidió que los ayudara con el traslado de Aldo a un hospital de especialidad en el extranjero o que vinieran más médicos a tratarlo, pero nada.

Peña Nieto “ni siquiera mencionó la petición que le hicimos. Se quedó callado, no resolvió nada. Si no quiere ayudar no va a ayudar, pero nosotros vamos a buscar la forma de que se pueda curar”, dice Leonel.

La Procuraduría General de la República (PGR) no ha investigado lo ocurrido a Aldo la trágica noche del 26 de septiembre cuando cayó herido en la calle Juan N. Álvarez de Iguala; por eso sus familiares no han encontrado justicia en la ley, dicen.

Ulises recuerda que a las 20 horas del 26 de septiembre llamó por teléfono a Aldo. “Estoy en una actividad. Yo te aviso cuando termine”, le respondió el normalista. No dijo más, pero su tono de voz no era distinta, ni se notaba exaltado ni preocupado, dice el hermano. Ese fue el último contacto que la familia tuvo con el joven.

Después de dos horas, Ulises le volvió a marcar pero no contestaba. Entraba la llamada, sonaba, pero nada. Así una y otra vez, por eso “me empecé a preocupar y fui a la normal”, narra el hermano.

Al llegar, otros estudiantes le dijeron que habían reprimido a sus compañeros. “Yo quería ir a Iguala, pero no me dejaron, me decían que sería peor”. A las 2 de la madrugada, alguien llamó para decir que un estudiante de Ayutla había muerto en el ataque. “Pensé que había sido Aldo”.

Las siguientes horas lo convencieron para que al amanecer pudiera buscar a su hermano. Así fue, llegó a Iguala por la mañana y lo encontró en un hospital. Hasta entonces no había recibido atención médica. Habían pasado 10 horas sin que los doctores hicieran lo posible por salvar su vida. Según la familia, esta omisión debe ser investigada y castigada porque fue determinante para que el joven esté así.


A partir de entonces, la vida de la familia Gutiérrez Solano cambió. Marchan en la Ciudad de México, en Guerrero, piden ayuda y rezan porque Aldo despierte. Ulises y su padre Leonel cargan con una pancarta blanca con la fotografía del normalista, el futbolista que duerme.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Con negro pasado, grupos que compiten por proyectos de la Ronda Uno

MÉXICO, D.F: Cinco de los grupos industriales que compiten en la segunda fase de la Ronda Uno –la licitación de proyectos energéticos– se han caracterizado a escala nacional e internacional por maximizar sus ganancias en la extracción de recursos naturales violando los derechos humanos y laborales, provocando desastres ambientales, participando en actos de corrupción y colaborando con grupos criminales.

Lo anterior, según el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), resulta particularmente “preocupante”, ya que a raíz del fracaso de la primera fase de licitación de la Ronda Uno, la Secretaría de Energía (Sener) “flexibilizó” los requisitos en sus modelos de contratos para hacer más atractiva la explotación de recursos energéticos, en medio de un periodo de bajo precio del petróleo.

En un informe que publicó hoy, PODER lamentó que la Sener amputó 10% de la parte de utilidades operativas que recaudará el Estado mexicano: del 40% que el gobierno preveía retener de las ganancias en las condiciones iniciales, redujo su requisito a solamente 30%.

Asimismo, concedió a las empresas petroleras la posibilidad de exploración –además de la extracción–; redujo sus exigencias en el contenido de los registros; y eliminó el requisito de presentar los reportes de ingeniería y de construcción de instalaciones.

Bajo estas nuevas condiciones, el próximo miércoles se sabrá si Shell, British Petroleum (BP), Chevron y los grupos mexicanos Carso y Bal –cuyas ventas combinadas sumaron 971 mil millones de dólares, equivalente al 80% del PIB de México en 2014– ganaron las licitaciones en las que presentaron sus proyectos.


PODER exigió hoy que, en lugar de “flexibilizar” sus condiciones, el gobierno mexicano debe reforzarlas y pedir a las empresas que entreguen un informe de las demandas interpuestas en su contra en otros países, así como insistir en el respeto a los derechos humanos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.