"¿Cuántos votos le deben al Verde que hicieron de la política un negocio redondo y no acaban de pagarles?", preguntó la senadora Layda Sansores.
Senadores del PRD, PT y PAN hicieron diversos reclamos al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, durente su comparecencia este martes en la cámara. La mayoría de las críticas, en el marco del tercer informe de gobierno, se centraron el la fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, la compra de casas a contratistas y la reciente incorporación del ex diputado del Partido Verde, Arturo Escobar, a la subsecretaría para prevenir el delito, de la Segob. Uno de los discursos más encendidos fue el de la petista Layda Sansores. “No hay ni como ayudarle, un secretario de Gobernación debe ser el gran operador político, pero ¿qué le pasó? ¿qué la corrupción y la ineptitud también se contagian? Su supersecretaría es un súperdesgarriate. Siete subsecretarios, un gran personal, y los únicos leales a usted son su secretario particular, su chofer, y posiblemente su perro. Todos los demás son cuña que le puso Peña Nieto y es a él a quien le rinden cuentas. Peña Nieto no lo respeta y para colmo le incrustan dos perlas. El primero es una clara roqueseñal de hacia dónde se encamina la política migratoria, y para la prevención del delito ponen a un acicalado delincuente de guante verde que representa la carroña, lo podrido en este sistema, pues ¿cuántos votos le deben al verde que ya se hicieron de la política un negocio redondo y no acaban de pagarles?”, preguntó la senadora en la tribuna. “Con Luis Enrique Miranda, quien también acuerda en Los Pinos, cuando menos con él tiene algunas coincidencias: son vecinos, ambos con esposas con casas en Las Lomas, a quienes una de esas Higas (empresas) generosas les facilitaron la adquisición de sus viviendas“, señaló. Sansores recordó que hace un año en el Senado, 17 días antes de los sucesos de Ayotzinapa, Osorio dijo que los centros de control de confianza habían evaluado al 100% de la plantilla activa a nivel federal y más del 93% de la estatal y municipal, para que profesionales y gente confiable cuidaran a los mexicanos. “¡Qué maldita suerte para los estudiantes, que se tuvieron enfrentar a esa policía que pertenecía a ese 7%!”, comentó. La senadora sentenció que el secretario de Gobernación ha vivido un “año trágico”, en el que sumó los eventos en Iguala, Guerrero, y el caso del despido de la periodista Carmen Aristegui. “Al nombrar a Andrés Chao, como subsecretario de Normatividad y Medios, hermanito del vicepresidente de relaciones institucionales de MVS, estaba organizando la vendetta en contra de Aristegui y su equipo, por haber dejado claro que a este país lo gobierna una pandilla que tiene vocación de pillos, y que el conflicto de intereses, sépalo bien, no es otra cosa que ser trácala, ratero, ladrón y eso son ustedes aunque pongan a Virgilio a exorcizarlos con agua bendita”, expuso. Para la senadora, “México es una caldera ardiendo. Aristegui era una válvula de escape para tanta indignación en contra de un gobierno corrupto y cobarde. Exigimos que regrese Carmen”. “Y ahí tiene su Tanhuato, pero ya no tiene a su Chapo y de ese ridículo mejor ni hablo. México sufre el dolor y la indignación de tener a 43 jóvenes desaparecidos… ¿Qué se necesita que suceda en este país en el que se estrena un escándalo de corrupción cada semana? El gobierno se tropieza todos los días y en donde al pobre Peña Nieto todo se le cae: se le cae el precio del petróleo, se le cae el peso, se le cae la banda, se le cae el pastel, se le cae el celular, se le cae el país. ¿Qué se necesita que suceda para que Peña Nieto y usted renuncien? No tienen autoridad moral. Lo que la sociedad siente por ustedes es un profundo desprecio. Basta de que nos sigan engañando”, abundó. A su vez, el senador Alejandro Encinas lamentó que el discurso presidencial se dedique al populismo, cuando en realidad, “el fantasma que recorre Palacio Nacional es el de sus propios fracasos”. Los senadores del PAN fueron más medidos: colocaron pancartas en sus lugares, donde refirieron los diferentes eventos que ha vivido el gobierno en el último año.
En letras rojas, destacaron los principales problemas, como: “Ayotzinapa”, “Casa blanca”, “Fuga del Chapo”, “Arturo Escobar”, a lo que agregaron la etiqueta “#SinConfianzaNoHayGobierno”. Los mismos asuntos también fueron reclamados por ese partido cuando subió a la tribuna.
MÉXICO, D.F: Por segunda ocasión en el año, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación expresó su rechazo a que el presidente Enrique Peña Nieto haga designaciones sólo por cálculo político en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Con miras a la integración de las ternas que el Ejecutivo federal deberá presentar al Senado para reemplazar a los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, que pasan a retiro en noviembre próximo, los jueces y magistrados le pidieron a Peña “un gesto de madurez política” y de respeto al Poder Judicial de la Federación (PJF). En una carta pública, le pidieron que integre las ternas con “personas que preferentemente hayan servido con eficacia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, lo que es fundamental en este momento histórico”. La asociación que integra a 500 jueces y magistrados de todo el país y que preside el magistrado Miguel Ángel Velarde, busca que los próximos candidatos a ministros del máximo tribunal estén “desvinculados de cualquier influencia política que puedan afectar la imparcialidad e independencia” del PJF. Los juzgadores aludieron a la alegada pretensión de Peña Nieto de favorecer al exdirector jurídico del PRI y senador con licencia por ese partido, Raúl Cervantes, a quien en el foro de los abogados lo ubican como primo del actual consejero jurídico del ejecutivo federal, Humberto Castillejos Cervantes. En marzo pasado, los jueces y magistrados de carrera expresaron también su rechazo a la candidatura de Eduardo Medina Mora, quien fuera embajador del actual gobierno en Washington. Medina Mora, quien en los gobiernos del PAN fue titular de la Procuraduría General de República (PGR) y exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), finalmente fue electo para cubrir la vacante del fallecido ministro Sergio Valls Hernández. En esa ocasión, los jueces y magistrados no se dirigieron a Peña Nieto, sino al entonces presidente del Senado, Miguel Barbosa. En vísperas de la votación en el Senado de la terna propuesta por Peña, los juzgadores salieron por primera vez a expresar su rechazo a las designaciones políticas, lo que no había ocurrido desde la reforma judicial de 1994, cuando se definió el actual proceso de selección de ministros de la SCJN.
“Dadas las actuales circunstancias del país, resulta indispensable fortalecer la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que pueda cumplir libremente con sus responsabilidades constitucionales y la única forma de lograrlo es eligiendo a sus integrantes por sus méritos propios no por los intereses que representen, mucho menos por negociaciones políticas e intercambio de favores”, establecieron en esa ocasión los juzgadores. Pero el Senado desoyó el llamado y designó a Medina Mora como ministro hasta el año 2030. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
MÉXICO, D.F: Un viejo truco de quienes acostumbran extorsionar, mentir o alterar los hechos es convertirse en víctimas cuando se les exhibe y se les reclama rendir cuentas. Ellos no son responsables de nada, son víctimas. Ellos no cometen ningún delito, son mártires. Ellos son perseguidos por la verdad, cuando la mentira no alcanza a cubrirlos. Esta es la línea de respuesta de Joaquín López Dóriga, conductor estelar de Noticieros Televisa, ante el reportaje que publicamos en Proceso: “Cuando el micrófono tiene precio”. Su respuesta ha sido a través de las rede sociales, especialmente en su cuenta @lopezdoriga en Twitter, donde el maestro de la gacetilla electrónica no ha negado ni aclarado nada. Simplemente se dice víctima de una calumnia y de una “campaña” orquestada por el “gran capital”. Desde el sábado 26 de septiembre, cuando comenzó a circular la edición 2030 de Proceso, López Dóriga redactó: “Los hay que desde su falsa izquierda, siguen al servicio del gran capital, para poder sobrevivir. #Proceso. Don Julio se volvería a morir de vergüenza”. “Julio chico: a tu papá, don Julio le daría vergüenza la portada de hoy con documento falso. Proceso, por su crisis, entregado al gran capital”. El león cree que todos son de su condición. La demanda por presunta extorsión, interpuesta por María Asunción Aramburuzabala es un hecho público y en tribunales, al que López Dóriga no responde. Y el reportaje de Proceso abunda y documenta lo que desde hace mucho tiempo los políticos y empresarios dicen, pero no se habían atrevido a señalar, salvo algunas notables excepciones. En el colmo de su despropósito, López Dóriga ha acudido a don Julio Scherer García, periodista de una superioridad ética a toda prueba, frente a la práctica constante de vender las menciones en el micrófono. Se “olvidó” el propio López Dóriga de lo que don Julio escribió de él en su libro Vivir: “Durante la aparición inaugural de El Noticiero, emisión nocturna de Televisa, Joaquín López Dóriga expresó afecto por mi persona. No imaginé entonces que alcanzaría a Jacobo Zabludovsky en su comportamiento público. Ambos son ejemplo de la entrega al presidente de la República, a quien sirven y de él se sirven ellos mismos y, sobre todo, el monopolio que encabeza Azcárraga Jean”. Claro y contundente, Scherer García marcó una clara distancia entre el periodismo servil que se sirve del poder para hacer negocios y un periodismo crítico, incómodo, que trabaja para sus lectores, no para sus patrocinadores. De eso se olvida convenientemente López Dóriga. Y la línea marcada por Scherer García se ha mantenido con toda claridad antes, durante y después de su separación de la dirección de la revista. Rafael Rodríguez Castañeda y el equipo de periodistas que integramos esta redacción nos guiamos por esa clara marca ética que nos heredó. Dos días después, en su misma cuenta de Twitter, López Dóriga apostilló: “Buenas noches. Recuerden: la infamia fortalece”. Y decenas de usuarios de redes sociales le han respondido con frases como las siguientes: “¿Infamia? ¿Por qué no lo peleas como difamación? Simple, no puedes, engañas a los ignorantes, la nueva generación no es pendeja” (@eclocionental). “Explicación no pedida, acusación manifiesta” (@quecadeflor). “Dice @lopezdoriga que la infamia fortalece…Le faltó agregar que la corrupción enriquece” (@Tonnto05). Este martes, López Dóriga informó que hackearon su página on line: “Sigue la persecución en mi contra. Ahora hackean mi página”. La reacción de los tuiteros fue crear un hashtag #LópezDórigaMártir que no generó la ola de apoyos que quizá esperaba el vocero consentido de los presidentes. Al contrario, la ironía y la falta de credibilidad fueron las reacciones más comunes: “Lo que nos faltaba: #LópezDórigaMártir de la libertad de expresión, héroe del periodismo crítico y comprometido”, redactó el columnista Julio Hernández en su cuenta @julioastillero. “Y que se enrolla en la bandera y en su propio castillo, se avienta al vacío” (@Indigoso). “Y la popularidad de López Dóriga sigue a la baja, hasta aquí mi reporte Joaquín. #LopezDórigaMártir” (@g2_lopez). “Cuando #LópezDórigaMártir comentó que hackearon su cuenta, imaginé que había transferido sus 237 millones al Teletón” (@BellApis). El problema para quienes se acostumbraron a reinar desde el micrófono analógico es que no están acostumbrados a la deliberación y a la respuesta crítica de las audiencias. Ellas no pagan, ellas no cobran, ellas no extorsionan.
Simplemente son el reflejo de un declive que no es producto de ninguna campaña sino la cosecha acumulada de tantas mentiras. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL.
ARTEAGA, Mich: Al menos 50 elementos de la Fuerza Rural de este municipio, donde nació y creció el líder templario Servando Gómez Martínez “La Tuta”, desertaron de le agrupación debido a una serie de abusos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán y por falta de pago de salarios, según denunciaron. Los elementos de la policía estatal abandonaron a las dos de la madrugada de este martes el domicilio que tenían habilitado como cuartel. Se llevaron consigo armas y uniformes, incendiaron una camioneta Nissan estaquitas y manifestaron su descontento con el gobierno estatal. Un elemento que decidió continuar en el lugar dijo que los inconformes se retiraron por su propia cuenta porque les adeudan varios meses de sueldo y dijeron sentirse abandonados por la SSP estatal que los tenía dados de alta desde hace más de un año. Las fuerzas rurales tomaron sus armas y uniformes esta madrugada para retirarse del pueblo y también por temor a represalias de la delincuencia organizada, ya que en este municipio ambos bandos han librado una cruenta batalla que ha dejado varios líderes muertos. Apenas el pasado 11 de julio un grupo armado atacó a balazos el domicilio habilitado como cuartel de esta corporación y dejó lesionado de bala y esquirla de granada a un policía estatal. Días después de estos hechos, se desataron varias balaceras en el poblado y municipios aledaños que dejaron varios muertos, entre ellos importantes líderes de la Fuerza Rural. La semana antepasada cerca de Morelia, se localizó otra camioneta abandonada de la Fuerza Rural, con armas y uniformes. Según algunos elementos, el problema es que no los dotan de suficiente parque y armamento, les retrasan los sueldos y ellos tienen que pagar de su bolsa los exámenes de control y confianza cuando deben ser gratuitos. Un comandante que controla La Huacana, Churumuco y Múgica (Nueva Italia), cuya identidad se omite por seguridad, afirmó que hacen falta más elementos y vehículos, sobre todo en la Tierra Caliente y la Costa, donde la Fuerza Rural se tiene que apoyar en los grupos de autodefensas. “Hay muchas rancherías donde los habitantes mantienen sus armas para enfrentar al crimen organizado que ya regresó a la zona, y el Ejército Mexicano y la Armada de México, no entienden eso, y de paso los quieren arrestar (a la Fuerza Rural).
“Existe como un encono contra ellos y los autodefensas, porque sí son queridos por el pueblo y los ayudan, al contrario de lo que ocurre con el gobierno federal, que no lo quieren, porque dicen que están ligados al crimen organizado o son parte de él”, dijo el comandante. FUENTE: PROCESO. AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
La reunión se realizaría "si tenemos oportunidad de hacer las preguntas nosotros", dice la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rose-Marie Belle Antoine.
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), Rose-Marie Belle Antoine, afirmó que la desaparición de los 43 estudiantes “es una tragedia de derechos humanos, y le hemos encargado a los expertos que atiendan este tema en particular”. Sobre una posible reunión con los elementos del Ejército mexicano (del 27 Batallón de Infantería de Iguala), destacó: “Nosotros nos reuniremos (con los miembros del Ejercito), si es que tenemos oportunidad de hacer las preguntas nosotros”. Dijo también que la CIDH espera que esa reunión puede efectuarse. En entrevista, dijo que se hará el esfuerzo para que “el gobierno mexicano siga las recomendaciones. Vamos a presentar un informe en el que se detallarán todos los temas sobre derechos humanos. Pero este no es un hecho aislado”. De la impresión que le deja la reunión con los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, manifestó que en México “hay muchas historias muy tristes. La de Ayotzinapa es de las más tristes. Siento pesar por todas las familias”. Con la petición de que el gobierno mexicano permita el diálogo con elementos del Ejército Mexicano, concluyó la reunión entre miembros de la CIDH y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. Alrededor de las 13:00 horas y luego de reunirse unos 40 minutos con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, los miembros de la CIDH realizaron un recorrido por el plantel de la Normal Rural de Ayotzinapa. En entrevista, Rose-Marie Belle Antoine manifestó su solidaridad con los padres de familia y señaló que esperan que el gobierno mexicano acceda a un diálogo con elementos del Ejército Mexicano. Más tarde, prevén una reunión con desplazados por la delincuencia organizada de San Miguel Totolapan, así como con representantes de organizaciones sociales y con el gobernador electo de Guerrero, Héctor Astudillo Flores.
La CIDH es encabezada por Rose-Marie Belle Antoine y James L. Cavallaro, presidenta y primer vicepresidente, respectivamente, así como por el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
El préstamo fue para construir la autopista Naucalpan-Toluca, cuya concesión fue dada cuando el hoy presidente Peña Nieto era gobernador del Edomex.
Una jueza federal suspendió por tiempo indefinido la difusión pública de los detalles del crédito de 2 mil 775 millones de pesos que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) otorgó en 2012 a una filial de Grupo Higa. La suspensión fue concedida el 24 de septiembre por la jueza Laura Gutiérrez de Velasco, a raíz de un amparo promovido por Autopistas de Vanguardia, filial de Higa que obtuvo la concesión para construir y operar la autopista en abril de 2007, cuando Enrique Peña era gobernador del Estado de México. De acuerdo con Reforma, el amparo busca declarar ilegal la resolución del pasado 2 de septiembre del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), en la que ordenó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) publicar acta de la sesión de octubre de 2012. Los recursos habrían sido para construir y operar la autopista Naucalpan-Toluca, la cual ha generado protestas de pobladores de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, en el municipio Lerma, Estado de México. Los habitantes de la zona solicitaron en julio de este año a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitir medidas cautelares para evitar que se construya la autopista Toluca-Naucalpan, por la filial de Grupo Higa, la empresa vinculada al escándalo de propiedades y conflicto de interés del Presidente.
Grupo Higa ha sido señalado por ser un contratista cercano al gibierno federal, fue quien financió la casa blanca de Enrique Peña Nieto, la casa de Malinalco de Luis Videragray y fue exonerado por la Secretaría de la Función Pública tras una investigación. DOCUMENTOS: Recurso de revisión RDA 3647/2015 contra Banobras by Aristegui Noticias:
El pasado 2 de septiembre de 2015 en el pleno del INAI se presentó y discutió el proyecto RDA 3747/15 Dependencia ante la cual se presentó la solicitud: Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS) Folio de solicitud: 0632000021415 Sobre el caso: El particular solicitó al Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS) tres contenidos relacionados con la autorización de recursos por 2 mil 775 millones de pesos para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.
BANOBRAS respondió que no fue posible localizar la información relacionada con su Consejo Directivo y reservó el resto por secreto bancario. Inconforme, el particular impugnó esta respuesta ante este Instituto. En alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial. INFOGRAFÍA:
De acuerdo al análisis del caso, esta ponencia considera que: 1) El agravio del particular en cuanto a la inexistencia de información es parcialmente fundado por dos motivos a) Las autorizaciones de créditos otorgadas por BANOBRAS se realizan según el monto de los mismos. Dado el monto del crédito que nos ocupa en este caso, no correspondió autorizarlo al Consejo Directivo de BANOBRAS, sino al Comité Ejecutivo de Crédito. Esto explica por qué no existe información relacionada con el Consejo Directivo ya mencionado. b) No obstante, esta aclaración fue hecha por el sujeto obligado hasta la intervención de este Instituto, esta debió ser indicada desde la respuesta inicial. Al omitir este acto, la respuesta de BANOBRAS dejó sin certeza jurídica al solicitante. 2) Respecto a la reserva de información por secreto bancario, el agravio del particular sí es fundado. a) La información solicitada no se refiere en sí al contrato de crédito, sino a las actas de las sesiones que dejan constancia sobre cómo cumplieron con sus atribuciones las autoridades de BANOBRAS. Por lo tanto, esta información no puede ser reservada.
b) Ahora bien, la información solicitada contiene el nombre de un Consejero independiente que no tiene el carácter de servidor público y debe ser testado por ser considerado dato personal.
Resolución:
Esta ponencia solicita acompañar su propuesta que consiste en MODIFICAR la respuesta de BANOBRAS e instruirle comunicar al particular las razones por las que declaró inexistente la información sobre una autorización hecha por su Consejo Directivo sobre recursos destinados al proyecto de la autopista estatal de cuota Toluca-Naucalpan, así como entregarle el acta número 56 de la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo de Crédito, fechada el 26 de octubre de 2012, que contiene el acuerdo de otorgamiento de un crédito para financiar bajo la modalidad de un título de concesión, de la autopista referida. Deberá ser protegido el nombre del Consejero Independiente que obra en el acta de mérito. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://aristeguinoticias.com/2909/mexico/concede-jueza-federal-amparo-a-grupo-higa-para-ocultar-credito-de-2-mil-775-mdp/
CUERNAVACA, Mor: La actual Legislatura del Congreso estatal heredó de la anterior un déficit presupuestal de 32 millones de pesos, así como personal de confianza en nómina que no fue liquidado antes del 31 de agosto, cuando ocurrió el relevo en el Poder Legislativo morelense. Ante esta situación, los diputados actuales decidieron despedir a 260 trabajadores, algunos de los cuales tenían más de una década de antigüedad. La coordinadora del PRD y presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Hortencia Figueroa Peralta, reveló que de acuerdo con la información financiera que les fue presentada, existe un déficit de al menos 8 millones de pesos mensuales para poder soportar el gasto corriente y los compromisos con proveedores, lo que provoca un boquete financiero de 32 millones de pesos. A este déficit habrá que sumar el pago de las liquidaciones del personal de confianza que heredó, también, la anterior legislatura. De hecho, algunos diputados han señalado que sus predecesores utilizaron los recursos previstos para el pago de las liquidaciones para otros fines, entre ellos el pago a medios de comunicación durante las campañas, lo que violaría la ley electoral. De acuerdo con la información del Congreso local, para liquidar a los 260 trabajadores del Congreso se requieren casi 7 millones de pesos. Los primeros 200 despedidos corresponden a áreas de las secretarías de Servicios Legislativos y Parlamentarios; de Finanzas; así como de Informática; Protocolo; Activos Fijos; Comunicación Social; Seguridad, y Mantenimiento y Limpieza. Contrario a esta tendencia, en la Mesa Directiva se ha observado la contratación de personal femenino para asistir al presidente, el priista Francisco Moreno Merino. Despidos, por razones políticas Los trabajadores reaccionaron con disgusto ante la medida, que fue comunicada casi en secrecía, para evitar la exposición a críticas públicas. De acuerdo con algunos de los despedidos, la medida no tiene relación con la falta de recursos o con que los empleados realicen mal su trabajo, sino con que los nuevos diputados quieren otorgar plazas a sus subordinados y a aquellos grupos que los apoyaron durante la pasada campaña electoral. Los trabajadores confirmaron que ya fueron citados por la nueva Jefa de Personal de la Secretaria de Finanzas y Administración del Congreso, Karina Arteaga -quien pertenece al Partido Movimiento Ciudadano y en la ultima década ha brincado por la nomina de distintas áreas del Poder Legislativo. Los trabajadores fueron advertidos que su finiquito consistirá únicamente en las partes proporcionales de sus prestaciones de ley, más una liquidación equivalente a mes y medio de su salario, contraviniendo la Ley Federal del Trabajo, que al menos les garantizaría tres meses, más lo correspondiente a su periodo de antigüedad. Despidos también en el Ejecutivo En tanto, la Secretaría de Salud del gobierno del estado informó que despidió al 30 por ciento de su personal administrativo, derivado de la disminución al presupuesto que sufrirá la dependencia producto del recorte federal para el año siguiente. Entre las áreas que sufrieron recorte se encuentra el fondo en materia de calidad para equipamiento de hospitales. La dependencia anunció que ha solicitado un incremento a nivel estatal para la contratación de personal médico y enfermeras para trabajar en los centros de salud y cubrir el ausentismo programado del personal sindicalizado y abrir programas completos, entre ellos de Diálisis y Hemodiálisis, que han dado a conocer recientemente los diputados, así como todos aquellos programas que no son cubiertos por el Seguro Popular. La funcionaria reconoció que todavía no se conoce cuanto será la reducción a cada estado, aunque se sabe que a nivel federal el recorte es de 3 mil 500 millones de pesos. “Lo que nosotros estamos esperando es que el recorte sea en la plantilla de personal tal y como nosotros en el Gobierno del Estado lo hemos hecho, ya que tuvimos que alinearnos y recortar al 30 por ciento de nuestro personal en la Secretaría de Salud, por lo que confiamos en que el recorte sea menos en las transferencias que mandan a los estados lo que se denomina capítulo 4 mil”, sostuvo. Este 30 por ciento de recorte de personal corresponde a áreas administrativas, teniendo en consideración que la Secretaría de Salud como oficina no brinda atención médica.
Las áreas que dan atención al público son servicios de Salud, Hospital del Niño Morelense y DI. FUENTE: PROCESO. AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P: La exalcaldesa priista de la capital Victoria Labastida Aguirre, así como cuatro exfuncionarios de la administración 2009-2012 son buscados por autoridades ministeriales en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por el juez sexto local en un proceso iniciado por peculado, uso indebido de la función pública y otros delitos. El monto involucrado en estos delitos es 464.8 millones de pesos. La orden de captura fue confirmada por el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, quien aseguró que este procedimiento es consecuencia de un proceso judicial iniciado en el sexenio pasado. No obstante, la medida se da a conocer a solo dos días de que Carreras asumió el cargo. “No es un tema opcional para el gobierno; cuando hay un ordenamiento de una autoridad judicial la administración gubernamental está obligada a dar cumplimiento”, declaró esta mañana el gobernador. El proceso fue iniciado por la Auditoría Superior del estado, tras la detección de diversas irregularidades atribuidas a la exalcaldesa, así como a su tesorero, Agustín Soberón Álvarez; el secretario del Ayuntamiento Emigdio Ilizaliturri Guzmán; la contralora Glafira Ruiz, así como el regidor Miguel Ávalos Oyervide, quien reemplazó a Labastida cuando ésta pidió licencia para ser candidata al Senado. En abril del año pasado se inició un proceso administrativo de responsabilidad, del cual estarían derivando la orden de aprehensión contra todos los exfuncionarios municipales encabezados por Labastida. Victoria Amparo Labastida Aguirre, psicóloga de profesión, fue funcionaria del gobierno estatal y diputada local de 2006 al 2009, cuando dejó su curul para buscar la alcaldía de la capital. Compitió como única mujer candidata por la presidencia municipal de la capital en 2009, haciendo mancuerna con el candidato a gobernador Fernando Toranzo Fernández, de quien se distanció una vez que ambos ganaron las elecciones. Con su triunfo, Labastida rompió la hegemonía del PAN en este municipio, que el blanquiazul gobernó durante 12 años. Entre las irregularidades imputadas a los exfuncionarios se encuentran: Numerosos viajes dentro del territorio nacional y al extranjero cuyos beneficios para el municipio no fueron evidenciados, contratación de deuda sin permiso del Congreso, aumento de la burocracia, asignación del servicio de agua a una empresa particular, tráfico de influencias para permitir la instalación de tiendas departamentales y varias anomalías en la asignación de obras. Uno de los problemas más graves heredados por García Valdez fue el incremento de la deuda pública municipal adquirida por Labastida, pues la cifra pasó de 223 millones a casi mil 300 millones en el trienio de la exalcaldesa. Victoria Labastida y sus colaboradores más cercanos también dispusieron de tarjetas corporativas con cargo al erario, con las cuales pagaban las cuentas de sus viajes, según publicó el diario Pulso en 2012. También le fueron señaladas violaciones a derechos humanos cometidas por policías municipales; disposición irregular de reservas territoriales y la falta de autorización del Congreso en la venta de varios inmuebles del patrimonio municipal.
Labastida pidió licencia en enero de 2012 para ser candidata al Senado, elección que perdió. FUENTE: PROCESO. AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
CHILPANCINGO. GRO: El pleno del Congreso designó esta madrugada, en sigilo y por mayoría, al Concejo Municipal de Tixtla. El concejo asumirá funciones de cabildo después de que el pasado 7 de junio se anuló la elección tras la protesta realizada por normalistas de Ayotzinapa y padres de los 43 estudiantes desaparecidos. La designación fue imputada por la diputada local María de Jesús Cisneros Martínez, del Movimiento Regeneración Nacional, quien argumentó que el Congreso violó la Constitución al no instalar un concejo sino un cabildo, es decir, “no designaron concejales, sino ediles”. El resto del pleno legislativo aprobó por 41 votos el dictamen donde designó al priista Raúl Vega Astudillo presidente del Concejo Municipal, y a Pedro Bartolo Santos como Síndico procurador. Vega Astudillo es primo del gobernador electo, Héctor Astudillo Flores. Durante varios años ocupó cargos de primer nivel en la Secretaría de Educación en Guerrero y actualmente es un empresario; reside en Acapulco. Bartolo Santos es egresado de la normal de Ayotzinapa, originario del poblado de El Troncón, municipio de Tixtla que forma parte del movimiento social que se conformó para exigir justicia por la desaparición de los 43 estudiantes. Los ocho miembros restantes del concejo que fueron nombrados como “regidores”, son militantes del PRD, Convergencia y PT, así como integrantes del movimiento popular de Tixtla. La diputada María de Jesús Cisneros denunció en tribuna que sus compañeros de la LXI legislatura local designaron a los miembros de un Cabildo que sólo puede ser electo en comicios extraordinarios. “Es por eso que este Congreso al designar a un presidente, síndico y regidores está violando la Constitución al pretender suplantar la voluntad popular”, expresó la legisladora, quien también es activista fundadora del movimiento de madres de personas desparecidas en Chilpancingo. La fracción mayoritaria del PRI en alianza con el PRD y el resto de partidos representados en el Congreso tomaron protesta cerca de las 03:00 horas al nuevo presidente del Concejo Municipal de Tixtla, Raúl Vega Astudillo. Se espera que este día, el alcalde perredista de Tixtla, Gustavo Alcaraz Abarca, realice la entrega recepción del área administrativa del Ayuntamiento a los miembros del recién designado concejo, para que mañana asuman funciones, junto con los 80 alcaldes electos en la entidad.
La elección en Tixtla fue anulada luego de que los normalistas de Ayotzinapa y padres de los 43 estudiantes desaparecidos impidieron la instalación del más del 60 por ciento de casillas y quemaron las urnas en la plaza central de este lugar. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
El senador Emilio Gamboa defiende al gobernador de Veracruz: si hay acusaciones de corrupción, tienen que demostrarlo.
El coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quiroz, afirmó que “cada uno (de los mandatarios estatales) va a ser quien construya el juicio de la población” sobre su gestión, en referencia a las acusaciones de corrupción de senadores de su partido. El líder parlamentario fue cuestionado en rueda de prensa en torno a los señalamientos de los senadores priístas por Veracruz, Héctor Yunes Landa y José Yunes Zorrilla, contra el gobernador de esa entidad, Javier Duarte de Ochoa, por presunta corrupción. Camacho Quiroz señaló que tal denuncia es propia “del estilo veracruzano de ser, al que la política no es ajena”. “Soy un testigo distante de la gestión de los gobernadores”, aseveró. También comentó que “a los habitantes de cada estado es a los que les consta y tienen, seguramente, una opinión más acabada sobre lo que hacen sus gobernantes”. Gamboa lo defiende El coordinador del PRI en el Senado, pidió a los legisladores que acusaron a Duarte que presenten pruebas . “Ellos, si tienen acusaciones de corrupción, tienen que demostrarlo, no es nada más decir acusaciones de corrupción. Tienen que presentarlo y denunciarlo. Si tienen pruebas, que las presenten”, señaló.
En entrevista, lamentó la confrontación pública que se ha registrado entre los priistas y el mandatario veracruzano. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Acusan a Rodrigo Medina del desvío de recursos públicos y del presunto enriquecimiento ilícito en el que ha incurrido durante su gestión.
La bancada de Movimiento Ciudadano entregó este martes a la Secretaría General de la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, por el supuesto desvío de recursos públicos y el presunto enriquecimiento ilícito en el que ha incurrido durante su gestión. “Damos un paso más en la defensa del patrimonio de los nuevoleoneses, porque esto es eso, no es un asunto personal, nosotros estamos hablando aquí de que hay recursos públicos involucrados, no es un asunto en el que a nosotros nos importe la conducta del gobernador en su esfera privada”, indicó el diputado Jorge Álvarez Máynez tras la entrega del escrito. La demanda fue entregada al secretario general de la Cámara, Mauricio Farah, quien, una vez que sea ratificada, la remitirá a la Mesa Directiva para que a su vez la turne a la Comisión Instructora. “Lo que queremos denunciar es que los recursos públicos de los nuevoleoneses han estado mal utilizados y han sido desviados a el patrimonio personal del gobernador“, señaló Álvarez Maynez. El legislador naranja informó que además de la presentación de la demanda, para los diputados de su partido será una prioridad darle seguimiento a la fiscalización que sobre la gestión del mandatario realice la Auditoría Superior de la Federación (ASF). “La representación que tenga Movimiento Ciudadano en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación va a tener como una prioridad las cuentas públicas del Estado de Nuevo León, porque lo han dejado quebrado”, sostuvo.
Álvarez Maynez, quien la semana pasada anunció que presentaría la demanda, reiteró su llamado a las demás fuerzas políticas que conforman la Cámara de Diputados para que apoyen la realización del juicio político. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
México, DF. Al iniciar su comparecencia ante el pleno del Senado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo que en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, el gobierno no busca una verdad oficial, sino simplemente la verdad y se llegará a que todos los implicados rindan cuentas. “Ni perdón para los culpables, ni olvido para las víctimas”, sostuvo el titular de Gobernación, quien pidió a los senadores que se discuta y se enriquezca la reforma constitucional del presidente Enrique Peña Nieto, que permite intervenir a los municipios involucrados con el crimen organizado. Sostuvo que en la actualidad el Estado mexicano no tiene facultades para intervenir con oportunidad cuando las autoridades de algún municipio están coludidas con las bandas del crimen organizado, como sucedió en Iguala y derivó en hechos tan dolorosos como la agresión a los normalistas. Insistió que resolver problemas como ese en los que la delincuencia se ha infiltrado a los ayuntamientos “es un reto que debemos enfrentar juntos, para que haya mecanismos que eviten hechos como los del año pasado en Iguala”. Osorio Chong anunció que en breve el gobierno federal hará llegar al Senado una iniciativa para prevenir y sancionar el delito de desaparición forzada de personas, además de localizar a las personas que están desaparecidas.
El titular de Gobernación llegó al Senado, acompañado por el subsecretario de Prevención y Seguridad, Arturo Escobar, y por el responsable de derechos humanos de la dependencia, Roberto Campa. Estos últimos y otros funcionarios de Gobernación, se situaron en la zona de galerías, no en el pleno. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: ANDREA BECERRIL/ VICTOR BALLINAS.
México, DF. El dólar libre se oferta hasta en 17.45 pesos, cinco centavos más respecto a la apertura de hoy, y se compra en un mínimo de 16.48 pesos en bancos de la ciudad de México. A la venta, el euro llega a los 19.56 pesos por unidad, con una variación al alza de 11 centavos frente a su apertura; mientras que el yen se comercializa hasta en 0.146 pesos por unidad. De acuerdo con Grupo Financiero Monex, el peso reporta una depreciación frente al dólar de 0.2 por ciento.
El tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana es de 17.0073 pesos, precisa el Banco de México (Banxico). FUENTE: LA JORNADA/NOTIMEX.
HERMOSILLO, Son: La LX Legislatura destinó más de 31.1 millones de pesos en pagos a los asistentes personales de cada uno de los 33 diputados que integraron el Congreso local de 2012 al 15 de septiembre pasado. La Dirección General de Administración del Congreso local informó que al 31 de agosto de este año, cada asistente recibió como liquidación 106 mil 868 pesos, en promedio, por los conceptos de dieta, indemnización de tres meses, compensación de 20 días por cada año trabajado y los proporcionales de aguinaldo, prima vacacional, bono navideño y ajuste de calendario. Según el reporte, los 33 asistentes devengaron un salario mensual de 20 mil pesos a razón de 16 mil de sueldo y 4 mil en compensaciones. Estos empleados recibieron un salario similar al de un jefe de departamento que labora en el Poder Ejecutivo, como se puede constatar en una comparación de partidas del capítulo 10000, de Servicios Personales. Cada año, la Cámara del Congreso local presupuesta en promedio 9.2 millones de pesos para que los diputados gocen de un asistente personal. Al cabo de tres años, esta cifra totaliza 27.6 millones de pesos que se suman a los 3.5 millones que se erogan en liquidaciones al finalizar cada legislatura. En este reporte financiero no se incluye el pago de “asesorías a terceros”, que son los expertos contratados por los congresistas en cada uno de los grupos parlamentarios para legislar en temas especializados como energía sustentable, derechos humanos o el nuevo sistema penal, entre otros. Anualmente se dispone de una cantidad que oscila entre los 4 y 9 millones de pesos, para que los congresistas tengan un mayor conocimiento de campo sobre las materias que legislan. Diputados también cobran En el concepto de liquidaciones, cada uno de los 33 legisladores salientes cobró este 15 de septiembre un finiquito 136 mil 286 pesos –que corresponden a una quincena–, lo proporcional a aguinaldos, prima vacacional, bono navideño y ajuste de calendario. La Cámara del Congreso de Sonora es la sexta más cara en el país con un presupuesto de 312.8 millones de pesos, que dividido entre los 33 diputados representan un gasto legislativo per cápita anual de 9.4 millones de pesos, así como costo mensual de 789 mil 898 pesos. Derivado de lo anterior, en un trienio cada diputado de la LX Legislatura costó a los sonorenses 28.2 millones. En tanto, los diputados que rindieron protesta como parte de la LXI Legislatura y que estarán en el cargo hasta el 2018 no son ajenos a los problemas legales. Después de consultar archivos de distintas dependencias estatales se logró establecer que el diputado panista del IV Distrito de Nogales, José Armando Gutiérrez Jiménez, como Director de Imagen Urbana para el periodo de 2009-2012, fue inhabilitado por la administración de Ramón Guzmán para desempeñar cargo público durante 10, según el expediente OCEGN-A21-2012. No obstante, el señalado impugnó este resolutivo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y fue favorecido. En tanto, el legislador plurinominal de Nueva Alianza, Fermín Trujillo Fuentes, enfrenta un juicio en el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil, radicado en la Ciudad de México, bajo el expediente 199/2003. A este líder magisterial se le vinculó con el grupo cercano de Elba Esther Gordillo, exdirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien solía designar secretarios generales en las secciones 28 y 54 de Sonora. Bajo la lupa también se encuentra Luis Gerardo Serrato Castell, legislador por representación proporcional acusado de desvío de recursos cuando fungió como director del Centro SCT Sonora en el sexenio de Felipe Calderón. El señalamiento se derivó cuando ordenó la modernización de la carretera de cuatro carriles México 15 y el recurso lo orientó para favorecer la campaña de su hermano José Serrato Castell en 2012. La información consultada señala que la dependencia federal no lo llamó a rendir cuentas porque hubo negociación entre las cúpulas gobernantes.
Finalmente, se encuentra Javier Dagnino Escoboza, del VI distrito local de Cananea, quien operó el espionaje telefónico contra los priistas en todo el sexenio de su cuñado el exgobernador, Guillermo Padrés y, especialmente, contra Claudia Pavlovich, actual gobernadora. El legislador dejó la dirección del C4 para ser candidato a diputado y se llevó equipo de la dependencia su uso particular. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
URUAPAN, Mich: Tres abogados fueron atacados a tiros por sicarios cuando salían de almorzar de una fonda; dos de las víctimas perdieron la vida y una más resultó lesionada. Luego de ello, los agresores huyeron a bordo de una motocicleta, pese a la proximidad de la base de Seguridad Pública de la colonia Miraflores. Entre las víctimas se encuentra Miguel Mora de la Peña, quien murió tras la ráfaga de proyectiles, en tanto hasta esta tarde se desconocía la identidad de otro de los fallecidos y de uno más que resultó herido, quien permanece en un hospital privado. Cerca de las 13:30 horas de este martes, los tres sujetos almorzaban en la fonda denominada “Ana” y, cuando salían del establecimiento, ya los esperaban desconocidos fuertemente armados, quienes viajaban a bordo de una motocicleta. Enseguida, uno de los sicarios accionó un arma corta en al menos 13 ocasiones, en tanto las víctimas intentaron escapar de la agresión; sin embargo, el abogado Miguel Mora cayó muerto en el lugar junto con otro de sus acompañantes, mientras un tercer hombre quedó en el suelo gravemente herido. Luego los agresores huyeron del lugar, mientras que a escasos minutos arribaron elementos de la Policía Federal (PF), trasladando a uno de los heridos en una radiopatrulla, desconociéndose el móvil del atentado, toda vez que surgió confusión sobre los hechos. Las dos víctimas mortales quedaron tiradas en plena calle, mientras que su otro compañero fue trasladado por paramédicos de la PF a un nosocomio particular; el lesionado se debate entre la vida y la muerte por las múltiples lesiones de impacto de bala que recibió en diferentes partes del cuerpo.
Más tarde la zona fue acordonada por elementos de la PF, Fuerza Rural y Fuerza Ciudadana. FUENTE: PROCESO. AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
CHILPANCINGO, Gro: El alcalde priista electo de Iguala, Esteban Albarrán, designó en las áreas de Seguridad Pública y Tránsito municipal a personajes de negro historial vinculados con el grupo criminal Guerreros Unidos. En conferencia realizada este mediodía en el restaurante Arroyo, ubicado en el centro de la ciudad de Iguala, Albarrán anunció públicamente la conformación de su gabinete que entra en funciones legalmente este miércoles al igual que el resto de las 80 administraciones municipales de la entidad. Al respecto, el alcalde cobijado por el grupo político del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer presentó a Crisóforo Tinoco Bahena y Martín Ocampo Arteaga como encargado de despacho de la SSP y director de Tránsito, respectivamente, en este municipio estratégico en la geografía del narco que se encuentra en la zona norte de la entidad. Ambos personajes ocuparon cargos en áreas de Seguridad Pública desde la administración del priista Raúl Tovar y la actual que hoy concluye, del exalcalde perredista José Luis Abarca Velázquez, actualmente preso por sus presuntos nexos con el narco y señalado como responsable de la masacre y desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Crisóforo Tinoco se desempeñó como director operativo de la Policía Municipal de Iguala y solicitó licencia para separarse del cargo tras el ataque a la comandancia de Teloloapan, ubicada en la sede del ayuntamiento, que se registró el 25 de mayo de 2013 y donde murieron dos uniformados. Ello debido a que el Ejército detuvo a siete policías municipales de Iguala, quienes participaron en el ataque contra el ayuntamiento del vecino municipio cuando se desplazaban a bordo de camionetas particulares y patrullas clonadas, según reportes oficiales. Los policías de Iguala permanecieron arraigados durante 30 días y posteriormente fueron liberados porque el juez no encontró elementos para procesarlos, a pesar de las pruebas que presentó la Sedena en su contra y de que enfrentaban cargos por homicidio, robo de vehículo (en su modalidad de posesión) y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Un mes después, el director operativo de la policía de Iguala, Crisóforo Tinoco, reapareció en sus oficinas luego de que se difundió la versión de que había sido asesinado y después ya no se supo nada sobre su situación jurídica. Durante este periodo Guerreros Unidos, afincado en Iguala, mantenía una brutal confrontación con miembros de la banda de La Familia que tienen su bastión en Teloloapan y Arcelia y eran comunes los asesinatos, balaceras, secuestros y desaparición de personas en esta franja de la entidad que sigue controlada por la delincuencia. Dos años después, Crisóforo Tinoco Bahena reaparece ahora como encargado de despacho de la SSP de Iguala. Por su parte, el recién designado director de Tránsito municipal, Martín Ocampo Arteaga, es el dirigente de la organización de taxistas denominada Independencia, y quien paradójicamente se venía desempeñando como juez calificador y jefe de licencias en la misma dependencia. Tras la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Ocampo Arteaga fue trasladado por el Ejército, el 8 de octubre pasado, al centro de adiestramiento militar en Mazaquiahuac, Tlaxcala, junto a 199 policías municipales señalados por sus presuntos nexos con Guerreros Unidos, donde fueron capacitados y recibieron adiestramiento para incorporarlos nuevamente al servicio público. Posteriormente, Martín Ocampo fue trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la PGR, donde declaró sobre señalamientos en su contra que lo vinculaban como enlace con el narcotraficante Mario Casarrubias, fundador de Guerreros Unidos. Ello debido a que varios transportistas denunciaron públicamente que Ocampo Arteaga se dedicaba a cobrar cuotas de 200 pesos mensuales a cada taxista, quienes pagaban con dinero o despensas las cuales eran recolectadas por personal del DIF durante la administración de Abarca, cuando su esposa María de los Ángeles Pineda Villa encabezaba la dependencia de asistencia social. La empresaria, actualmente presa, es hermana de los narcotraficantes Alberto, Mario y Salomón Pineda Villa, exoperadores del cártel de los Beltrán Leyva y posteriormente del grupo delictivo Guerreros Unidos. A pesar de los señalamientos contra Martín Ocampo, éste regresó a laborar a la Dirección de Tránsito y ahora fue premiado con el cargo de director por el alcalde electo del PRI, Esteban Albarrán. También el priista hizo un enroque en la dirección de licencias e infracciones, donde fue designado Enrique Jiménez Zúñiga, quien actualmente se desempeña como director de Protección Civil municipal. La investigación de la PGR sobre el caso Ayotzinapa determinó que personal de Protección Civil municipal que estaba al mando de Jiménez Zúñiga participó en la cacería de normalistas y los ataques contra la sociedad registrados el 26 y 27 de septiembre de 2014.
De esta forma, el sello del narco vuelve a marcar la administración municipal de Iguala, que ahora encabeza el hijo de un empresario de la comunicación que ha ocupado cargos de elección popular en el Congreso local y federal con las siglas del PRI. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Coatzacoalcos, Ver: Por segunda ocasión en este año, familias denunciaron la desaparición forzada de sus familiares por elementos de la fuerza civil y la policía ministerial; cuatro personas fueron levantadas por un comando armado, cuando se encontraban en un taller mecánico. Ayer, familiares de Odilio Ramírez Reyes, Rosendo Vázquez Peña, Uriel Gutiérrez Gorra y Omar Shamed Wreden González denunciaron que fueron detenidos y levantados el viernes 25 de septiembre. Odilio y Rosendo son trabajadores del Taller de Motos del Norte, ubicado en la Avenida Universidad, entre la Avenida 1 y 2; y Uriel y Omar eran clientes del lugar que llegaron solicitando un presupuesto para la reparación de una unidad. Desde ese día, buscaron a sus familiares en las comandancias de la policía pero les aseguraron que no habían sido detenidos por lo que presentaron las denuncias correspondientes por desaparición, quedando asentada como la investigación ministerial número 963/2016. Las cuatro personas fueron presuntamente secuestrados por elementos de la policía ministerial que vestidos de civil ejecutaron un operativo en un taller. Señalaron que testigos les hicieron llegar fotos y videos del momento en que se desarrolló el operativo y existen evidencias que se trata de elementos de corporaciones policiacas o militares, que llegaron en dos camionetas y un vehículo compacto. “No se identificaron, así se bajaron con chaleco antibala, pantalón de mezclilla, botines como tipo federal o militares color café o caqui, nos hicieron llegar fotografías que vamos a presentar y a difundir por las redes sociales”. A pesar de las amenazas para que los vecinos no documentaran el operativo, se tienen algunas fotografías de los participantes. Los familiares se manifestaron frente a la Subfiscalía de la zona sur, para exigir que aparezcan con vida y en caso de que estén detenidos, sean presentados, pero no fueron recibidos por la titular de la oficina, Samyra Kohuri Colorado Los manifestantes una marcha desde el Parque del Seguro Social hasta las oficinas de la Fiscalía General del Estado Región Sur y anunciaron que realizarán una serie de bloqueos sino aparecen sus familiares o no se les presentan los videos de las cámaras de vigilancia que se encuentran sobre la avenida. Supera hampa a la policía de Bermúdez en sur del estado En el sur del estado de Veracruz se mantienen los asaltos a sucursales bancarias y gasolineras, a pesar del redoblamiento de la vigilancia por parte del mando único de Policía y las fuerzas federales. A unas horas de que el Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, anunciara la detención de una banda de tres sujetos a quienes se les responsabiliza de haber perpetrado al menos 14 asaltos bancarios en Veracruz y Oaxaca, un nuevo robo se presentó. Este lunes, nuevamente se registró otro robo ahora en la sucursal de Banco Azteca, localizada en la calle López Mateos del Barrio Primero de Cosoleacaque, dentro de la tienda de Elektra Express. Los testigos confirmaron que dos personas armadas, ingresaron a las instalaciones del banco y amagaron a los cajeros para que les dieran el dinero que tenían en ese momento; luego abandonaron las instalaciones y huyeron a bordo de una motocicleta. Hasta el mediodía se desconocía el monto de lo que se llevaron, con este asalto suman 14 a sucursales bancarias y tiendas departamentales. En el municipio de Acayucan fue asaltada una gasolinera ubicada en la carretera Costera del Golfo en la colonia La Malinche. Dos sujetos arribaron a la gasolinera durante la madrugada de este lunes, en donde amagaron al empleado en turno y hurtaron la cantidad estimada en 150 mil pesos, de la venta del fin de semana, según el reporte preliminar.
Hasta el momento no se tienen datos exactos de lo robado, ya que el propietario, no había interpuesto la denuncia correspondiente, aunque esta no es la primera vez que ha sido visitado por los ladrones. FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.
