A inicios de mes, el Cártel de Jalisco Nueva Generación colocó tres mantas afuera de ministerios públicos del Distrito Federal, pero el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, sigue negando que el narcotráfico opere en la capital del país. Pese a la multitud de mensajes similares que han aparecido a partir de 2008, los ejecutados, encajuelados y hasta los cuatro narcolaboratorios que se han detectado, la política negacionista ha sido una constante desde que Mancera era procurador.
MÉXICO, D.F: El miércoles 9, a las 23:30 horas, en la capital del país aparecieron tres cartulinas firmadas por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). En ellas, el grupo criminal asentó que viene “por la plaza” y advirtió al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, que “no se meta” y que “cumpla”.
Además, a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) les espetó que, “si no quieren más muertos”, dejen trabajar al grupo criminal.
Los mensajes del CJNG fueron instalados en diferentes oficinas de justicia del gobierno Mancera: una cartulina apareció pegada en la pared de la Fiscalía Desconcentrada de Tlalpan; una más en el Ministerio Público (MP) ubicado en el Parque de los Venados (delegación Benito Juárez) y la tercera en el MP de la Glorieta de Insurgentes (delegación Cuauhtémoc).
Desde que fue procurador del Distrito Federal y ahora como jefe de Gobierno, Mancera ha negado que la capital del país sea centro de operaciones de diversos cárteles de la droga.
Sin embargo, Proceso cuenta con una “tarjeta informativa” de la Fiscalía Desconcentrada de Tlalpan, dependiente de la PGJDF, en la que se reportan los mensajes y se reconoce la existencia de “diversas hojas impresas con amenazas y de igual forma firmadas con las iniciales CJNG”.
De hecho, ya desde el 27 de julio pasado los habitantes del pueblo de Santo Tomás Ajusco habían encontrado siete “narcomantas” a lo largo de la carretera Picacho-Ajusco. Estaban firmadas por el Cártel de Sinaloa, que manifestaba contar con el apoyo de la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR). Por esto exigía a Mancera que les dejara la plaza.
La reportera entrevistó a habitantes de la zona que confirmaron la presencia de los mensajes. De hecho, al menos la foto de uno circuló en las redes sociales.
El 31 de julio la SSPDF rechazó la existencia de los recados, y asentó a través de un comunicado: “No existe elemento alguno que suponga la veracidad de la manta. Con información de inteligencia y operación policial de la dependencia se aclara que no existe ningún tipo de mensaje. Tampoco es cierto que la SSPDF haya instrumentado alguna acción para retirar una manta que no existió”.
Desde 2010 han aparecido narcomantas en el Distrito Federal, algunas atribuidas a Los Zetas, otras al CJNG y unas más al Cártel de Sinaloa. Y desde 2008 se han encontrado personas “encajueladas”, con el tiro de gracia, cubiertas con cinta canela y con mensajes amenazantes firmados por gente de “El Chapo y el rey Zambada”. Todavía más: en 2014 se detectaron tres narcolaboratorios y uno más en lo que va de 2015. Y una última: la propia PGJDF divulgó la declaración de un acusado que aseveró que la matanza de cinco personas en la colonia Narvarte –entre ellas el colaborador de Proceso Rubén Espinosa–, el pasado 31 de julio, fue perpetrada por Los Zetas.
Pese a todo esto, el lunes 7 Mancera insistió en que no opera ningún cártel en el Distrito Federal. Aceptó que han sido capturados algunos cabecillas en la ciudad, pero, sostuvo, “ello no quiere decir que estén establecidos; ellos mismos dicen que no les resulta compatible”.
Pruebas y advertencias
Afuera de las oficinas del MP cercano al Parque de los Venados apareció la cartulina donde se leía:
“QUE QUEDE CLARO VENIMOS POR LA PLAZA SR. MANCERA USTED DECIDE SSPDF NO SE META AQUÍ LOS QUE NO RESPETAN LOS MATAMOS GABRIEL REGINO NO CUMPLIO. LO DE LA TAQUERIA FUE UN AVISO SIGUEN LOS LAGARTOS Y LOS CANO NOSOTROS NO VAMOS A PERDONAR SI QUIEN SE META NO PAGA SE LO CHINGAN. AQUÍ SOLO CJNG.” (sic)
El mensaje no aclara qué hecho ocurrió en “la taquería”. Podría referirse, sin embargo, a la ejecución de una mujer a las 21:50 horas del 3 de agosto pasado en la taquería El Negro de la colonia San José Insurgentes. La joven mujer era propietaria de dos estéticas.
Gabriel Regino fue el creador de la Dirección de Asuntos Internos de la SSPDF, área que se encargaba de vigilar e investigar el comportamiento de las corporaciones policiacas. Posteriormente ocupó la Dirección Operativa de la SSPDF. Era apodado El Jefe Tigre.
También fue subsecretario de Participación Ciudadana y Policías Complementarias, puesto desde el que coordinaba a los grupos de élite Cobra, Zorros y Fuerza de Tarea. Dejó el cargo cuando fue acusado de tener vínculos con el Cártel del Norte del Valle de Colombia, según publicó el diario Reforma el 3 de diciembre de 2006. Regino envió una carta de desmentido al medio.
De 2001 a 2003, Regino y Mancera compartieron el despacho “Abogados Consultores”.
Las otras cartulinas
A la misma hora y el mismo día, 23:30 horas del miércoles 9, apareció la otra cartulina en la pared del MP de Tlalpan, ubicado rumbo a la carretera Picacho-Ajusco:
“SSPDF PGJ NO SE META EN NUESTRA CONTRA SR MANCERA CUMPLA LA PLAZA ES NUESTRA BENIMOS POR LA PLAZA NADIE MAS TIENE NADA QUE ASER. SI NO QUIERE MÁS MUERTOS DEJE TRABAJAR. SI NO A PURA BALA Y SANGRE LA TOMAMOS LA TRAISION SE PAGA CON VIDA SI NOS OBLIGAN USAMOS PURO GRANADASO PARA QUE APRENDAN A RESPETAR CJNG.” (sic)
La tercera cartulina apareció al mismo tiempo en el MP ubicado en la Glorieta de Insurgentes. Ahí se acusa a Luis Rosales Gamboa, subsecretario de Operación Policial, de haber recibido pagos y no estar cumpliendo con los acuerdos.
Fuentes allegadas a la SSPDF afirman que existe la orden expresa de no abrir averiguaciones previas respecto de las citadas cartulinas. Sin embargo, los propios policías hacen registros “por si pasa algo”.
Proceso tiene uno de esos registros. Se trata de una tarjeta informativa rotulada y con sellos de la “PGJDF, Fiscalía Desconcentrada en Tlalpan”. Ahí se lee: “Se informa para conocimiento de la superioridad que siendo las 23:30 horas del día 9 de septiembre de 2015 y al encontrarme al interior de las instalaciones de esta fiscalía, se presentó el C. (y aparece tachado en negro el nombre del oficial), para informar que en un muro exterior de esta fiscalía se (nuevamente borrado) pegada con amenazas en contra del personal (borrado) como de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y que estaba firmada con las iniciales ‘CJNG’.
“Asimismo al hacer una revisión del lugar fueron encontradas diversas hojas impresas con amenazas similares y de igual forma firmadas con las iniciales CJNG.
“Se pone a disposición de la guardia los materiales encontrados para su custodia. Atentamente Sufragio efectivo no reelección, Ciudad de México a 09 de septiembre de 2015 (nombre y firma borrados).”
Este semanario solicitó una entrevista con el comisionado de Seguridad Nacional, Renato Sales, para hablar del narcotráfico en el Distrito Federal, pero se negó.
De mantas a laboratorios
El jefe de Gobierno capitalino se ha limitado a decir que, además de algunos capos, hay “un problema de narcomenudeo”.
En marzo de 2005, las autoridades capitalinas identificaron 2 mil 111 puntos de venta de droga, según se establece en un documento elaborado para la octava Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia. (Proceso 1482).
El 8 de junio de 2013, y ya siendo gobernante del Distrito Federal, Mancera insistió en que la ciudad sólo tenía “un problema de narcomenudeo”.
Dos meses después, el 27 de agosto de aquel año, la prensa dio cuenta de dos hombres asesinados, amarrados de pies y manos y con la cara cubierta con cinta canela. Junto a ellos había un narcomensaje: “ESTO LES VA A PASAR A TODOS LOS QUE SE METAN CON NOSOTROS ATTE CJNG” (sic), en la delegación Tlalpan. Se abrió la averiguación previa FTLP/TLP-3/T-1/02131/13-08.
El 13 de mayo de 2014 se encontró, en la delegación Venustiano Carranza, otro hombre muerto y encajuelado. Y el 13 de enero de este año, en la misma delegación, aparecieron dos varones ejecutados en un auto.
Desde que Mancera era el procurador local ya se habían presentado casos de encajuelados y narcomensajes: el 21 de mayo de 2008 fueron hallados dos cadáveres en un vehículo abandonado en la carretera México-Cuernavaca, con un narcomensaje: “Así van a quedar los que se (me)tan con El Chapo y el rey Zambada” (sic).
Dos semanas después, el 7 de junio de 2008, aparecieron dos hombres asesinados en la esquina de Tlalpan y Castellanos Quinto, delegación Coyoacán.
En cuanto a las narcomantas, una fue colocada el 10 de marzo de 2010 sobre el Eje 1 Norte, entre avenida Industria y Oriente 138 de la colonia Moctezuma, delegación Venustiano Carranza. Estaba firmada por Los Zetas. El mensaje rezaba: “VENIMOS POR LA PLAZA Y POR LOS CHIVAS, LA TIERRA NO ES DE QUIEN LA TRABAJA, ES NUESTRA, NO QUEREMOS RATERO. ATTE Z”.
Ocho meses después fue encontrado, en la carretera Picacho-Ajusco, el cadáver decapitado de Elías Nieto Menéndez El Mayo, jefe de plaza en Chiapas para Los Zetas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
MÉXICO, D.F: Al supuesto plan empresarial para “eliminar físicamente” a Andrés Manuel López Obrador se suma ahora el proyecto de una candidatura presidencial “independiente” para evitar también su hipotético triunfo en 2018, pero tiempos crispados esperan a México si entre los promotores de ésta se encuentran Diego Fernández de Cevallos y Jorge G. Castañeda.
Muchos no lo recuerdan, sobre todo los jóvenes, pero hace exactamente una década los mismos que ahora traman una candidatura presidencial “independiente”, varios de ellos esbirros de Carlos Salinas –padrino de Enrique Peña Nieto y emblema de la alta corrupción–, incurrieron en las peores ilegalidades y mentiras para descarrilar a López Obrador.
En 2004, cuando López Obrador como jefe de Gobierno se fortalecía ante el fiasco de Vicente Fox y Roberto Madrazo aglutinaba a lo peor del priismo –uno de cuyos prosélitos era El Bronco Jaime Rodríguez–, una élite de ilustrados y millonarios vino a salvar a los ignorantes de no lanzarse “al vacío” del “populismo”.
En mayo de ese año, Castañeda proclamó que a López Obrador había que “ganarle a la buena, a la mala y de todas las maneras posibles”.
Y eso fue exactamente lo que sucedió: Se activó desde el gobierno de Fox el proceso para desaforar a López Obrador, con Fernández de Cevallos como el articulador entre la Procuraduría General de la República (PGR) de Rafael Macedo de la Concha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (PGR) presidida por Mariano Azuela y la Cámara de Diputados con Manlio Fabio Beltrones.
Como no lo había hecho nunca en casos idénticos, la PGR inició un proceso para quitarle el fuero a López Obrador –que consumó Beltrones, hoy presidente del PRI– por haber desobedecido la orden de un juez para no abrir un camino a un hospital, una maniobra que encubría el plan tramado en Los Pinos, en Semana Santa, ya ampliamente documentado.
Lo que siguió fue una cadena de ilegalidades y un dispendio multimillonario para, con una campaña de miedo propalada por las televisoras, los organismos empresariales, los sindicatos oficiales como el encabezado por Elba Esther Gordillo imponer, en 2006, a Felipe Calderón, quien llamó a López Obrador “un peligro para México”, todo con el contubernio del órgano electoral que presidía Luis Carlos Ugalde.
El propio gobernador Peña Nieto abandonó a Madrazo, el candidato presidencial priista, y operó a favor de Calderón, quien también contó con el apoyo de gobernadores como Mario Marín de Puebla, Ulises Ruiz de Oaxaca y Eugenio Hernández de Tamaulipas, cuyas corruptelas y abusos fueron intocables para Calderón.
Luego de que Calderón fue impuesto en la presidencia de la República, platiqué con Castañeda sobre su participación en el plan para descarrilar a López Obrador, y ratificó –sincero, cínico– su papel como instigador sin escrúpulos en las elecciones. “Se entra a ganar por las buenas, por las malas, como se pueda… dentro de la legalidad.”
En la entrevista, celebrada en julio de 2007 en el departamento que alquilaba a su amiga Elba Esther Gordillo –hoy presa–, Castañeda reivindicó como suya la idea de proponerle a la cúpula empresarial la estrategia de “miedo” contra López Obrador, asociándolo a la dictadura:
“Por ejemplo, en toda la campaña de asociar a López Obrador con Hugo Chávez a quien le hicieron caso fue a Dick Morris para generar la campaña de miedo. Pero yo lo había propuesto semanas antes. A mí no me hacían caso, pero me parece cantado: No se necesita la experiencia de Dick Morris ni el ocio mío para que se les ocurra, es evidente.”
Castañeda puede ser en 2018 el candidato presidencial “independiente”, luego de que no pudo serlo en 2006 cuando recibió para su campaña –me dijo– “entre tres y cuatro millones de dólares” de empresarios, fondos que constató Transparencia Mexicana, de Federico Reyes Heroles, otro de los impulsores del proyecto contra López Obrador.
Los que odian al tabasqueño ya tienen en Castañeda, pues, a un potencial candidato “independiente”, otro es Juan Ramón de la Fuente, el exrector de la UNAM que de coquetear con López Obrador está entusiasmado con el proyecto de enfrentarlo y los que se vayan sumando, incluido El Bronco.
Pero el punto es: ¿Qué independencia puede tener un “independiente” cuyo soporte político y económico es la misma coalición de intereses que llevó a Fox, Calderón y Peña a Los Pinos y que resultaron un fracaso por someterse a ese entramado?
¿Qué capacidad de cambio para bien puede tener un candidato “independiente” que estará sometido a Fernández de Cevallos, Reyes Heroles, Claudio X. González, Héctor Aguilar Camín, Fernando Gómez Mont, Enrique Krauze, Julio Madrazo y otros personajes de la misma talla?
En aquella entrevista, Castañeda dijo que si López Obrador quiere ganar la presidencia de México tiene que hacer lo que él ya hizo: “Es cierto que para convencer te tienes que volver un pinche socialdemócrata y reformista de mierda. ¡Sí, tienes que aceptar básicamente el neoliberalismo y la relación con Estados Unidos, sí!”
Ahí tienen a uno de sus “independientitos”…
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
El gobernador y el secretario de Turismo de Oaxaca, nominados.
Oaxaca, Oax. Francisco Toledo, fundador del Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Oaxaca (Pro Oax), propuso instituir la medalla al mérito político, que sería entregada al funcionario que menos escucha al pueblo. Entre los nominados, consideró el pintor juchiteco, podrían estar el gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, y el secretario de Turismo y Desarrollo Económico (Styde), José Zorrilla de San Martín Diego.
Este es el símbolo de la sordera política, dijo el artista plástico y se desprendió del pecho una oreja con un moño naranja, que mostró a los periodistas convocados en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca.
Queremos instituir una medalla al mérito político, dijo, y añadió que esta presea tendría que ser más grande, no de plata, ¿eh? De algo barato.
Agregó que buscará proponer al presidente de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca que el reconocimiento se entregue durante ese evento, que se iniciará el 24 de octubre y culminará el primero de noviembre.
Que se entregue a un político que pudiéramos escoger entre todos y decir que le toca por ser el más sordo de los políticos.
Juan José Mendoza Escudero y Brenda Mendoza Sánchez, vecinos de la colonia Guelaguetza, interpusieron ante el juez de distrito con sede en la ciudad de Oaxaca un amparo contra el acuerdo IEEPCO-CG-6/2015, que aprobó una consulta pública para definir si se construye el Centro Cultural y de Convenciones.
El Frente en Defensa del Cerro del Fortín explicó que este ejercicio es ilegal porque la figura no está prevista en la ley.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JORGE A. PÉREZ ALFONSO.
El ex edil de Churintzio Juan Luis Contreras Calderón, informó que la Suprema Corte de Justicia invalidó la Ley de Educación en el Estado tras la controversia constitucional promovida por su administración en el 2014, por lo cual la reforma educativa no tendrá efecto en su municipio y sentará un precedente a nivel nacional que podría echar abajo la aplicación de la normativa federal en todo el país.
A decir del ex edil los argumentos esgrimidos por los magistrados exhibieron que la ley aprobada nivel estatal no estaba armonizada con la federal, además de que diversos artículos se contraponían a otras disposiciones, incluso en materia de derechos humanos, razón por la cual se le otorgó la razón al municipio, y este quedará inmune a las reformas estatales.
FUENTE: LA JORNADA DE MICHOACÁN.
AUTOR: DANIELA OSORIO.
VILLAHERMOSA, Tab: Organismos civiles y religiosos defensores de migrantes pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no queden impunes los abusos del Plan Frontera Sur del gobierno federal.
La CIDH, encabezada por el comisionado Felipe González e conformada por Deborah Benchoam y Álvaro Botero Navarro, integrantes de la Secretaría Ejecutiva del organismo, se reunieron con representantes de las ONG en el hogar-refugio para personas migrantes La 72, localizado en el municipio de Tenosique, Tabasco.
Previamente, por la mañana, sostuvieron un encuentro con el gobernador Arturo Núñez y su gabinete de seguridad, en la residencia oficial Quinta Grijalva.
A través de su cuenta de Twitter, La 72 informó que en el primer semestre del año documentó 12 muertes de migrantes centroamericanos por el endurecimiento de acciones contra extranjeros sin papeles, como consecuencia del Plan Frontera Sur.
“El Plan Frontera Sur debe acabar y generar justicia para las víctimas. No puede quedar impune lo que provocó”, exigió La 72 en la reunión con la CIDH, a la que también asistieron representantes de Movimiento Migrante Mesoamericano y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías, entre otras organizaciones.
El Centro Fray Matías denunció ante los enviados del organismo regional “la dramática situación de los menores migrantes en México”, la cual arreció con la puesta en marcha del Plan Frontera Sur.
En agosto, el senador priista Humberto Domingo Mayans Canabal renunció a la coordinación del Plan Frontera Sur y regresó a su escaño. En julio de 2014 había asumido el cargo.
Durante ese periodo, en la frontera con Tabasco se aseguraron 100 mil migrantes, quienes fueron retornados a sus países de origen, principalmente Honduras, Guatemala y El Salvador.
Los organismos no gubernamentales denunciaron ante la CIDH que con el Plan Frontera Sur se impide a los migrantes subir al ferrocarril de carga conocido como “La Bestia”, lo que les obliga a buscar rutas más peligrosas para llegar al norte del país y luego a los Estados Unidos, haciéndolos víctimas de la delincuencia organizada.
A finales de junio, nueve guatemaltecos perdieron la vida en el municipio tabasqueño de Jalapa al derrapar la camioneta en la que viajaban sobre un puente y caer al río, durante una persecución para detenerlos.
A su arribo a Tabasco, la misión de la CIDH se reunió en privado con el gobernador Arturo Núñez y su gabinete de seguridad, en la que participaron también funcionarios de las secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE).
De acuerdo con un comunicado oficial, se revisaron temas relacionados con la situación general de los derechos humanos en Tabasco, la política migratoria en la frontera sur y la protección de los derechos de los migrantes en su paso por el estado.
El caso más importante que indaga la CIDH en Tabasco es el de la posible ejecución extrajudicial de los presuntos secuestradores Sagrario Negrete Marín y Daniel Tadeo de la Cruz Martínez, bailarina y mesero del bar La Doña de esta capital, ocurrido el 14 de agosto.
Ambos fueron detenidos y fotografiados vivos sobre una patrulla de la policía estatal y posteriormente fueron hallados muertos, con el tiro de gracia, entre el monte.
Sagrario y Daniel Tadeo formaban parte del grupo de seis presuntos delincuentes que intentaron secuestrar a un hombre en el centro de Villahermosa y, al no lograr su objetivo, huyeron en un Jetta rojo luego de abandonar una camioneta.
La policía los persiguió y en el camino los fugitivos asesinaron a dos agentes que les marcaron el alto. Finalmente, tres pistoleros fueron abatidos sobre la carretera al municipio de Cárdenas.
Sagrario y Daniel Tadeo fueron arrestados vivos, igual que la única sobreviviente, Virginia García Gervasio, quien se encuentra internada en el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset).
El 25 de agosto, el fiscal general Fernando Valenzuela Pernas anunció que la CIDH había iniciado una investigación de oficio sobre la presunta ejecución de la bailarina Sagrario Negrete y el mesero Daniel Tadeo.
Además, que el organismo regional que había dado un plazo de 20 días para que la FGE informara sobre el avance de las diligencias sobre este caso, las cuales se les hizo llegar antes de cumplirse la fecha.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
MONTERREY, N.L: Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibieron en audiencia a familiares de víctimas de ejecución extrajudicial, desaparición y tortura, en hechos ocurridos en Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas Nuevo León y Zacatecas.
El encuentro se efectuó a las 2:45 de la tarde en la Facultad Libre de Derecho (FLD), donde los enviados del organismo hemisférico, encabezados por la comisionada Tracy Robinson, escucharon a las personas cuyos familiares padecieron graves violaciones a sus derechos humanos.
En la reunión se expuso el caso de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos, Coahuila, y el de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey presuntamente asesinados por militares, así como sucesos de desaparición en las entidades mencionadas.
Horas después se realizó una segunda audiencia en la misma FLD, en la que participaron organismos de la sociedad civil. Éstos presentaron diagnósticos y recomendaciones para solucionar el problema de las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las desapariciones, así como el conflicto que viven los migrantes que cruzan por México y las violaciones a los derechos humanos perpetradas en los centros penitenciarios del país.
Además de Robinson, en ambas audiencias estuvieron presentes Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, y los especialistas Tania Reneaum y Efrén Olviares.
La actividad para los enviados del organismo inició desde temprano, con una reunión que sostuvieron a las 11 de la mañana con los mismos familiares de desaparecidos en el norte del país.
El grupo acudió a la invitación que le hizo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, para participar en un acto simbólico en el Reloj del Barrio Antiguo, en el centro de esta capital.
También asistieron integrantes de organizaciones civiles como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Grupo Amores, y Eslabones, de Nuevo León; familiares de mineros de Pasta de Conchos y Grupo Vida, de Coahuila; el Centro de los Derechos de las Mujeres, de Chihuahua, y el Comité de los Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Con mantas en las que imprimieron imágenes de sus seres queridos (desaparecidos en años recientes), alrededor de 100 personas se dieron cita en el Reloj del Barrio Antiguo.
En un acto simbólico, la madre de un desaparecido de Nuevo León encendió un cirio y luego lo pasó a una representante de Coahuila, quien a su vez la cedió a una zacatecana. La vela pasó a manos de una representante de Tamaulipas, quien finalmente se la entregó a Robinson.
Virginia Buenrostro, integrante del Grupo Amores, pidió a los enviados de la CIDH que con esa llama encendida recorrieran el mundo “derramando la luz” de la verdad y la justicia.
Con el pabilo en sus manos, Robinson caminó unos 50 metros hasta colocarse frente al Mural de los Desaparecidos, pintado por artistas auspiciados por CADHAC y Amores en una barda de la avenida Constitución, donde las mujeres elevaron la consigna: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
En un breve mensaje, Robinson se comprometió a mantener encendida “la llama de la esperanza” y a trabajar por el bien común de los presentes. “He visto las caras de sus seres amados, que vienen de todos los rincones de la región. Quiero que sepan que la Comisión los ha escuchado y observo la luz de esta veladora como un símbolo de la importancia de trabajar en los derechos humanos, una labor en la que estamos todos comprometidos”, dijo.
La comisionada de origen jamaiquino destacó que el próximo 2 de octubre, cuando terminen su visita a México, presentarán una evaluación sobre el estado en que se encuentran los derechos humanos en el país.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
MÉXICO, D.F: La Junta de Coordinación Política –que encabeza el PRI y en la que detenta la mayoría junto con PVEM y Panal– “prohibió” a la Comisión Especial de Ayotzinapa reunirse este martes, miércoles y jueves próximo, confirmó la presidenta del organismo, la panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez.
La semana pasada esa comisión acordó sesionar todos los martes entre las 3 y 4 de la tarde para avanzar en los trabajos sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, sin embargo, este martes Murguía Gutiérrez debió salir en conferencia de prensa para aclarar la prohibición.
“Al conocer que la sesión de hoy iba a ser muy larga, solicité por escrito a la Junta de Coordinación Política la autorización para que en el receso pudiéramos reunirnos y tener nuestra sesión de comisión, como lo habíamos acordado”, refirió la legisladora.
Sin embargo, abundó, “en este momento me comentan vía telefónica que por acuerdo de la Jucopo, que está reunida y trabajando ahorita, nos dicen que no se autoriza el trabajo en comisiones, ni hoy, ni mañana ni el jueves”, acusó la panista.
Los representantes de los medios de información mostraron su sorpresa, debido a que es práctica parlamentaria que habiendo sesión del pleno diversas comisiones sesionen en forma simultánea.
Incluso, se llegan a prolongar de manera premeditada algunas sesiones del pleno para que en comisiones se lleguen a votaciones de dictámenes y luego “bajarlos” al pleno.
Lo anterior se le hizo ver a la novel diputada, quien recordó que “es una disposición general” que aparece en el artículo 212 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que establece que “las comisiones, sólo de manera extraordinaria y con el permiso de la Junta, podrán reunirse durante las sesiones del pleno. En caso de que se presente una votación en el pleno, se decretará un receso, en la reunión de la comisión, en tanto los integrantes acuden a votar”.
Sin embargo, la disposición aprobada en diciembre de 2010 nunca ha sido cumplida, pues resulta impráctica, sobre todo cuando existe discusión de Presupuesto y Ley de Ingresos.
A las 19:30 horas de este martes la Junta seguía reunida a la par que se lleva a cabo un “receso” de la sesión del pleno. En la Jucopo participan únicamente los coordinadores y vicecoordinadores parlamentarios, por lo que el resto de los legisladores no tiene mayor ocupación.
El receso se debe a que aún no existe acuerdo sobre la distribución de las comisiones.
Apro reveló el viernes anterior que el PRI se quedaría con 22 comisiones; PAN con 12; PRD, siete; PVEM cinco; Morena cuatro; MC tres; Panal una, y PES una.
Además, existe pleno acuerdo con el número de presidencias a entregar, sin embargo, el “tipo” de comisiones que se pretende asignar a Morena ha sido motivo de discusión y desacuerdo.
Morena demanda Educación, Radio y Televisión, Seguridad Social y la del Distrito Federal.
El PRI tuvo en la legislatura pasada la del Distrito Federal, y en esta ocasión cedió dicha instancia, pero el PRD, por tener 60 legisladores contra 35 de Morena, la escogió primero, hecho que rechazó Morena al considerar que “hace el corte” (es decir, que se reparten lo principal entre los tres principales partidos, y lo que queda, “el retazo”, es lo que pretenden asignarle al partido forjado por Andrés Manuel López Obrador, acusó la coordinadora de Morena, Rocío Nahle.
Como la discusión continuó todo el martes y se decretó un receso, la Jucopo presentó esta situación como argumento para impedir sesionar a la Comisión Especial de Ayotzinapa.
A pesar de haberse conformado desde hace dos semanas, la instancia especial no ha aprobado siquiera su plan de trabajo. A pesar de ello, la presidenta ya ha enviado oficios a diversas instancias para que se reúnan con los integrantes de la comisión.
Hasta el momento la única que ha aceptado y puesto fecha es la procuradora general de la República, Arely Gómez, quien recibirá a los miembros de la comisión en su oficina a la una de la tarde del viernes próximo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Ixtaczoquitlán, Ver: La empresa Sabritas pudiera ser embargada por evasión de contribuciones municipales, de hecho el Ayuntamiento de este lugar ya inició el proceso administrativo; otras dos empresas de esta zona igual estarían por entrar en el mismo problema, aunque ya se iniciaron las negociaciones.
De acuerdo con el apoderado legal del ayuntamiento y asesor jurídico, Miguel Ángel Torres Moreno a la empresa, que se encuentra en el parque industrial de este municipio, ya se les venció el plazo para la regularización de su situación fiscal y no acudieron a resolverla.
Incluso, señala, “el personal de la empresa Sabritas planta Ixtaczoquitlán desde el primero de septiembre se ha negado en recibir a las autoridades municipales y sólo argumentan que no hay quien los pueda atender, por lo que creemos que es un acto de rebeldía pero no le da la importancia de tener actualizados sus valores catastrales o de plano no tienen el interés de realizar el pago de sus contribuciones a diferencia de otras empresas”.
La situación fiscal de la empresa, explica, “se desprende de la actualización de predios que realizó la Dirección General de Catastro y Valuación de Gobierno del Estado de Veracruz en coordinación con el Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán y ya se les ha determinado el crédito fiscal”.
“No es justo que un contribuyente persona física que con mucho esfuerzo acude a realizar el pago de sus contribuciones en tiempo y forma y, una industria hablando de la magnitud que representa Sabritas, se niegue en realizar el pago de sus contribuciones”, asegura.
En el caso de la empresa, “ya se le notificó sus nuevos valores catastrales desde el pasado uno de septiembre y tras la negativa del personal de la misma empresa, a recibir las resoluciones ya se ejecutaron las notificaciones como lo establece el código de procedimientos administrativos para el estado de Veracruz”.
Con las notificaciones, agrega, “el crédito fiscal se les vence por la omisión de pago, sin embargo ellos no han acudido a la autoridad dentro del término de 15 días que se les concedió para efectuar el pago correspondiente”.
El vencimiento del emplazamiento, añade, “venció hace 15 día y ya se procedió a emitir el mandamiento de ejecución, el requerimiento de pago y en caso de que la empresa no realice el pago de lo que adeuda se le embargaran bienes suficientes que garanticen ese adeudo.
“Los valores catastrales que se encuentran actualizados a la fecha, se encuentran los predios que albergan las empresas Pepsi, Proquina, Cafiver y Sabritas; las primeras tres en mención están en la mejor disposición de colaborar con las autoridades municipales poniéndose al día en sus contribuciones, no así Sabritas quien se ha negado a atender a las autoridades municipales cuando éstas han acudido a sus instalaciones; en el caso de la empresa Proquina dijo que se encuentra interesada en mantener una buena relación e incluso se están regularizando en el tema de uso de suelo y en el pago de sus contribuciones en base a los nuevos valores catastrales, al igual que la empresa Pepsico ya se acercaron y se convino el pago que realizarán al ayuntamiento.
FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.
Hace un año dijo que estaba dormido y no supo nada.
El ex alcalde de Iguala José Luis Abarca mintió siempre; las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) revelan que estuvo al tanto de lo que ocurría con los estudiantes de Ayotzinapa, policías y miembros de Guerreros unidos desde las 22 horas del 26 de septiembre de 2014, pero en distintas entrevistas periodísticas realizadas al día siguiente declaró que nunca se enteró de nada, que esa noche había estado comiendo tacos y luego se fue a dormir.
Según declaraciones de un policía y un integrante de protección civil que se encuentran detenidos, el ex edil supo a través de diversas llamadas telefónicas con el ex secretario de seguridad pública Felipe Flores Velázquez y el director operativo de esa corporación, Francisco Salgado Valladares, lo que sucedía en diversas zonas de la ciudad.
Salgado Valladares es identificado como el encargado de controlar al grupo de reacción de la policía municipal, y al mismo tiempo era uno de los enlaces con Guerreros unidos. Incluso, de acuerdo con la averiguación previa, él fue quien encabezó la entrega de los normalistas a los Guerreros unidos ‘‘para que los asesinaran e incineraran’’.
En el primer tomo de la indagatoria se menciona que desde las 22 horas del 26 de septiembre de 2014, Abarca solicitó que se le mantuviera al tanto de lo que ocurría. Casi a la misma hora, Cesar Nava González, jefe de la policía de Cocula, ordenó que se realizara el traslado de algunos estudiantes a la comandancia de la secretaría de seguridad pública de Iguala.
Las patrullas de Cocula llevaban a 10 de los normalistas, mientras que en dos vehículos bajo el mando de Salgado Valladares se transportaba aproximadamente a 30 estudiantes más.
En una declaración que se acredita a una persona cuyo nombre esté testado –por tratarse de una versión pública de la averiguación–, pero al que se identifica como director de Gobierno de Guerrero, se señala que desde antes de las 22 horas y a petición del entonces gobernador Ángel Aguirre buscó al edil para preguntarle si tenía algún reporte de lo que pasaba, pues ya se tenía conocimiento de que habían ocurrido tiroteos y se hablaba de muertos y heridos. ‘‘De Abarca no obtuve respuesta desde las 22:15 hasta las 0:06 a través de un mensaje, y hasta las 0:14 recibió mi primera llamada. Cuando le pregunté qué estaba ocurriendo en Iguala, me dijo que estaba en su domicilio dormido y preguntaría.
‘‘A las 0:35 volví a llamarle y me relató de modo muy puntual lo del informe de labores de su esposa como presidenta del DIF; (me dijo) que se quedó al baile, que estuvo en la verbena y después le pregunté que cuál era el reporte que tenía de su secretaría de seguridad pública, ya que se había dicho que hubo lesionados y muertos en el centro de Iguala.
‘‘Se concretó a decirme que como estaba muy cansado se fue a dormir a su casa, que no tenía ningún reporte de violencia y que los pequeños disturbios que se habían dado en el centro de Iguala no reportaban lo que yo decía.’’
En la declaración, la persona identificada como director de Gobierno relata que al día siguiente viajó a Iguala y durante la mañana y la tarde Abarca le canceló varios encuentros, asegurando que tenía muchas citas.
A pesar de que ya le había preguntado sobre el ataque a los integrantes del equipo de futbol Avispones, el alcalde Abarca seguía negando que hubieran ocurrido hechos de violencia en ese ayuntamiento.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Gustavo Castillo, Alonso Urrutia y Jesús Aranda
CUERNAVACA, Mor: La ley de víctimas es “letra muerta” en la entidad, toda vez que a más de dos años de su aprobación –y a casi seis meses de instalada la comisión ejecutiva– hasta el momento no ha dado resultados, ni siquiera ha podido ejercer los recursos que le fueron asignados para reparar el daño de las miles de víctimas en el estado.
En entrevista, la comisionada Norma Delgado confirma que aún no tienen oficinas, y tampoco se ha creado el fideicomiso que permita operar, de acuerdo con la ley, los recursos para atender a las víctimas y, en su caso, realizar la reparación del daño.
Pero lo que es más grave es que la ley fue aprobada de manera ambigua y hasta el momento la comisión ha estado subordinada a una figura que, aunque existe en la ley, no tiene claras sus facultades.
Se trata de la coordinación ejecutiva, cargo que ocupa una funcionaria pública que depende directamente de la Secretaría de Gobierno de la administración de Graco Ramírez, lo que representa un contrasentido, pues parece que el Ejecutivo tiene subyugada a la comisión.
La Ley de Atención y Reparación de Víctimas y Violaciones a los Derechos Humanos nació a propósito del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabezó en 2011 el poeta Javier Sicilia.
La iniciativa fue aprobada el 12 de julio de 2013 por mayoría en el Congreso local y prevé la conformación de una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, misma que elegirían los diputados a partir de una terna propuesta por el Ejecutivo por cada uno de los espacios de esa instancia.
En el proceso de integración de las ternas participó el gobierno del estado, pero por ley debió tomar en cuenta las propuestas hechas por el ombudsman estatal y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), además de las organizaciones de la sociedad civil.
De tal suerte que surgieron nueve propuestas de las instituciones y seis de las organizaciones.
Por fin, el 8 de octubre pasado el Congreso aprobó por unanimidad la designación de Juan Carlos Morales Figueroa, Angélica Rodríguez Monroy, Concepción de la Rosa Bernal, Norma Delgado Díaz y Eva Penélope Picazo Hernández como integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Pese a ello, la comisión fue instalada, con la inconformidad de la propia UAEM y del Movimiento por la Paz, hasta el 30 de marzo anterior.
Esto trajo como consecuencia que los recursos destinados ya desde el año pasado a reparación del daño, como establece la ley, no fueran ejercidos y se perdieran, pues fue hasta hace seis meses que fue instalada la Comisión de Víctimas.
Así, sumaron 30 millones de pesos los que dejaron de ejercerse, mientras que Morelos se convirtió a lo largo de 2014 en uno de los estados más violentos del país.
Para este 2015, el Congreso local destinó 27 millones de pesos, tres menos que el año anterior, para el mismo propósito, sin embargo, al llegar al décimo mes del año y a pesar de que hace seis meses se instaló la comisión, estos recursos todavía no pueden ejercerse, debido a que no se ha creado el fideicomiso para operarlos, tal como lo establece la ley.
Mientras tanto, el número de víctimas del delito se incrementa sin que exista una estrategia que pueda detener que Morelos sea el cuarto lugar nacional en número de homicidios en agosto, según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP); en tanto que en secuestro y extorsión la entidad no ha podido dejar los primeros cinco sitios.
Norma Delgado advierte: “No queremos ser una comisión de papel, queremos hacer algo por las víctimas, porque al final para eso nos propusimos. Nosotras (son cuatro consejeras y un consejero) participamos en un proceso de selección en el Congreso, no puede ser que ahora el gobierno nos ponga a una coordinadora” que, al final es una funcionaria pública, en este caso, Nadxelli Carranco Lechuga, coordinadora ejecutiva de la comisión y quien además es directora general de Armonización Legislativa de la Secretaría de Gobierno.
“No sirve para nada”: Sicilia
El fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia Zardaín, aseguró en entrevista que, en el marco normativo actual, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas “no sirve para nada”, pues está subordinada a los intereses del gobierno de Graco Ramírez, quien está visto que no tiene interés por las víctimas, pues la estrategia para el combate al crimen sólo está basada en lo policiaco.
El poeta sostuvo que por eso la ley de víctimas es “letra muerta”, debido a que hay una tutela de parte del gobierno del estado, misma que se ha convertido en una subordinación de las funciones de la comisión al Ejecutivo, pervirtiendo así el espíritu de la ley, pues es un contrasentido.
“Quien forma parte de la fábrica de víctimas, que es el Estado, formando parte, o más bien, encabezando o coordinando, subordinando al final de cuentas a la comisión a los intereses del Estado, o en este caso, del gobierno del estado”, sostuvo.
Luego señaló que hace seis meses el Movimiento, la UAEM y la propia CDHM se levantaron de la mesa y salieron de la instalación de la comisión realizada por Graco Ramírez en la residencia oficial del Ejecutivo, “porque lo que nosotros queríamos entonces, y sostenemos ahora, es que la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación de Víctimas debe ser un organismo constitucionalmente autónomo, lo que le daría la posibilidad de, entonces sí, responder en la medida de sus posibilidades a la crisis humanitaria que vivimos”, dijo.
Roberto Villanueva Guzmán, director de Atención a Víctimas de la UAEM, dijo que es lamentable que la Comisión Ejecutiva de Morelos esté atendiendo a las personas que acuden en busca de auxilio en la sala de espera de la oficina de la Coordinación Ejecutiva, dado que las comisionadas ni siquiera tienen oficina.
También resaltó que el problema de que no cuenten con instalaciones va más allá de la comodidad de las comisionadas. El asunto es que ni siquiera pueden dar atención digna a las víctimas, que no es posible dar asesoría jurídica y menos aún acompañamiento psicosocial, tan necesario en los procesos de dolor y victimización.
Por ello, exigió al Ejecutivo estatal, así como al Congreso local, llevar a cabo las acciones necesarias para que, a la brevedad, la Comisión adquiera el estatus de autonomía suficiente para lograr que pueda cumplir con las funciones que la legislación le otorga y que la realidad demanda.
Compromiso sin atender
El 30 de marzo, cuando se instaló la comisión, el gobernador Graco Ramírez debió escuchar los reclamos de Javier Sicilia, quien se apersonó en la residencia oficial Casa Morelos y, en uso del micrófono, demandó que se detuviera la instalación para que previamente se presentara la iniciativa de ley al Congreso, como iniciativa preferente, y con ello dar a la instancia la autonomía necesaria para llevar a cabo sus funciones sin tutelas.
Ante la negativa del gobernador, las comisionadas, el comisionado y las representaciones de los demás poderes, el poeta se levantó de la mesa, pues advirtió que no se quedaría a legitimar un acto que de suyo carecía de ella.
Sicilia advirtió entonces lo que ahora se confirma, que el instalar la comisión en estas condiciones sería solamente un organismo de papel que no resolvería ni paliaría en nada la situación de las víctimas.
Después de que Sicilia se retiró de la mesa, el gobernador Graco Ramírez se comprometió a presentar las iniciativas necesarias al Congreso para garantizar la autonomía constitucional a la comisión.
Sin embargo, han pasado seis meses y el mandatario no sólo no hizo nada, ya que al mismo tiempo demuestra su desprecio por las víctimas al obligar a las comisionadas a despachar en la sala de espera o en el pasillo de una oficina de la Secretaría de Gobierno.
Con tristeza, la comisionada Norma Delgado admite: “Bueno, ahí despachamos como podemos. El problema es que a veces, cuando ese lugar se utiliza para capacitación o alguna reunión de la dependencia, tenemos que salirnos para que puedan entrar ellos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA.
XALAPA, Ver: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la situación de violencia que se vive en México, especialmente en esta entidad.
De visita en esta capital, el relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, y la comisionada especial de la CIDH, Rosa María Ortiz, se reunieron con periodistas y familiares de reporteros asesinados en el actual sexenio. Al encuentro también asistieron madres y esposas de personas desaparecidas en el estado.
Ahí, Lanza y Ortiz escucharon cómo el narcotráfico, la delincuencia organizada y la corrupción se han implantado en las distintas instituciones de los tres niveles de gobierno, lo que ha facilitado la impunidad en el caso de los asesinatos de periodistas.
De acuerdo con Lanza, Veracruz fue elegido por la CIDH debido al nivel de violencia que se registra desde hace varios años.
“La relatoría está altamente preocupada por la situación de violencia contra las y los periodistas, y por la cantidad de asesinatos que han ocurrido en los últimos cinco años, (además) del efecto que eso está generando, no sólo en las víctimas, sino en la sociedad”, dijo.
Para tomar nota de las vejaciones que han sufrido los veracruzanos, los integrantes de la CIDH realizaron dos mesas de trabajo, una con familiares de víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, y una más con periodistas.
Aunque las reuniones fueron privadas, Lanza y Ortiz aceptaron hablar de manera breve con medios locales. De acuerdo con el relator especial, a través de reportes periodísticos de medios nacionales han podido palpar la zozobra de los periodistas de Veracruz, quienes han alertado sobre los peligros de dar cobertura a temas relacionados con el crimen organizado, la corrupción o la exigencia de justicia para reporteros asesinados.
“En Veracruz son varios temas en la agenda. Preocupan, y mucho, los asesinatos de periodistas. Preocupa su protección y la procuración de justicia… El contexto que tenemos es que en México y en Centroamérica las estructuras estatales hoy viven infiltradas por el crimen organizado. Pareciera que en Veracruz sobresale la violencia sobre otros estados”, espetó Lanza.
Por su parte, Rosa María Ortiz expuso que el contexto social del ejercicio periodístico en México gira en torno a la violencia.
Dijo: “Creemos que la libertad de expresión es clave para fortalecer la libertad de expresión en México. Además nos preocupan las violaciones extremas por condiciones de violencia que la población sufre, y estamos interesados en escuchar a la sociedad civil. Hemos escuchado a las autoridades, falta oír a la gente”.
Por la mañana, los enviados de la CIDH se reunieron con el gobernador Javier Duarte de Ochoa y con el fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras. Las directrices sobre esa reunión no fueron dadas a conocer.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
MÉXICO, D.F: Frente a la grave crisis de desapariciones –tanto forzadas como realizadas por particulares– que vive México, la sociedad civil debe madurar y organizarse para presionar a las instituciones y fomentar mecanismos de justicia transicional, ya que “el club de impunes jamás se autocastigará”, afirmó hoy el académico Edgardo Buscaglia.
En videoconferencia desde Estados Unidos, el investigador de la Universidad de Columbia recordó que “en Colombia la sociedad civil se ha organizado mucho más, las víctimas se han juntado con sindicatos, estudiantes y otros sectores organizados y, a través de esta integración, han ejercido una presión mayor sobre las autoridades”, explicó, para enseguida añadir que “hay que imponer un costo social a la impunidad con paros o atraer la atención internacional”.
Decenas de miradas observaban la pantalla, instalada en la UAM Xochimilco, para permitir la intervención del especialista durante el arranque del Foro Internacional sobre Personas Desaparecidas en México, donde estudiantes y madres de personas desaparecidas conformaban la audiencia.
La mayoría lleva años buscando a sus seres queridos. Otra familia tiene apenas seis semanas de desconocer el paradero de su hija. Y se enfrentaron demasiado con la burocracia y los discursos demagógicos para estar convencidas de la ignorancia y la indiferencia de la mayoría de los servidores públicos.
De hecho, ningún funcionario permaneció en el foro después de sus respectivas ponencias.
Las madres, en cambio, demostraron que se convirtieron en especialistas en la materia y que no sólo se trasladaron hacia el recinto académico para escuchar conferencias magistrales.
“Han pasado tres años y sigo llorando”, declaró una madre al hablar al micrófono. A lo largo de más de mil días se volvió una “buscadora profesional”, yendo “a la brecha” y arriesgando su vida en el destape de fosas clandestinas en Tamaulipas.
“Mi propuesta es integrarnos en un grupo de búsqueda ciudadana”, lanzó.
Otra de las mujeres preguntó de manera tímida sobre aspectos técnicos de la búsqueda. Mientras la ponente intentaba responder, su vecina agregó:
“Olvidó precisar que el lugar dónde está su hermana está resguardado por el crimen organizado y quiere saber cómo forzar a las autoridades a actuar”, agregó.
Lo mismo ocurrió con la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres en América Latina y el Caribe, de acuerdo con su integrante Teresa Columba Ulloa Ziáurriz, ya que si bien empezó con una misión enfocada hacia la prevención, realiza ahora labores de atención y seguimiento a víctimas y de los casos.
Con detalles muy crudos, describió algunos de ellos, que abarcan desde redes de prostitución y tráfico de órganos hasta el empleo de niñas como “dedos” en Veracruz, una nueva modalidad en la que la menor de edad tiene la misión de introducirse a las casas de sus compañeras de clase para determinar el nivel socioeconómico de la familia, evaluando las ganancias de un secuestro.
Ulloa aseveró que el nuevo sistema penal no es más eficiente que el anterior ya que, precisó, “los ministerios públicos no están formados para hacer investigaciones”.
Y recordó el caso de una niña desaparecida, cuando ella tuvo que sugerir al MP de consultar el registro de aviación civil para ver los nombres de los pasajeros que se subieron en aviones a raíz de la desaparición. “No se le había ocurrido”, deploró.
Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo Radilla Pacheco –visto por última vez en un cuartel militar de Guerrero en 1974– subrayó por su parte que a pesar del alcance simbólico del caso de su padre, pues en 2009 llevó a la condena del Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), las autoridades se siguen negando a investigar lo ocurrido.
“La justicia es ineficiente, tuvimos que acudir a las instancias internacionales pero a más de cinco años de la decisión no ha pasado nada, no sé si es bueno o malo porque los familiares no tenemos nada más”.
Tras seis semanas de búsqueda incesante, otra madre insistió en que la búsqueda se convirtió en su ocupación de tiempo completo. “Más busco y más investigo y menos encuentro”, lamentó.
Con un tono de resignación, la mujer precisó: “Cada día que pasa se diluyen las probabilidades de encontrar a mi hija viva, ahora lo que me digo es que voy a buscar en los Semefos”.
José Luis Cisneros, académico y criminólogo de la UAM Xochimilco, subrayó el papel de autoridad “moral y ética” que deberían desempeñar las universidades en temas tan graves como los de las desapariciones forzadas y en manos de particulares.
Sin embargo, abandonó rápidamente el tono académico y confesó, desesperado: “Yo no veo solución, no veo nada. Las reformas van y vienen pero esto sigue igual. La sociedad es tan egoísta que nada quiere saber. ¡Todos fallamos! ¿Hasta cuándo vamos a reaccionar?”
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
El Congreso debe crear una ley contra la tortura en un escenario en el que no existe una definición unificada del delito ni se conoce el número real de casos en el país.
En México no existe un registro sobre el número de casos de tortura pues en los estados no se cuentan así o porque los califican como delitos menores, por lo que es imposible conocer la gravedad del problema pese a que organismos internacionales lo han calificado como una práctica generalizada en el país.
En ese contexto, el Congreso deberá crear y aprobar en menos de 100 días una Ley General contra la Tortura que sea parte de los cambios constitucionales aprobados en junio al artículo 73 que faculta al Legislativo para emitir leyes sobre desaparición forzada, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Según la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), un registro nacional unificado, que incluya casos federales y estatales, debe ser uno de los puntos que la nueva Ley deberá contemplar para cumplir con la Constitución pero también con los estándares de tratados internacionales suscritos en México.
El Relator Especial sobre la Tortura de la ONU dijo, tras su visita al país en 2014, que es imposible conocer el número exacto de casos de tortura por la falta de un registro nacional de casos y por la falta de datos en las entidades federativas.
El registro nacional que deberá tener la nueva Ley tiene que contar con datos desglosados por estado e incluir aquellos que lleguen a manos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las comisiones de las entidades federativas, detallan tanto la CMDPDH y la OMCT en el documento “Propuesta para la conformación de una ley eficaz de aplicación nacional sobre tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
“El Registro Nacional de casos de tortura deberá tener en cuenta lo siguiente:
a) reflejar de manera exhaustiva y adecuada todos los casos, incluyendo información acerca del sexo, edad y nacionalidad de la persona y lugar y fecha en que se cometieron los hechos;
b) permitir generar datos estadísticos respecto de casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, aun cuando hayan sido esclarecidos;
y c) ser completado con base en criterios claros y homogéneos y actualizado de manera permanente”, datos que no se conocen en la actualidad.
Otras recomendaciones es que México haga explícita la prohibición absoluta de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes en una Ley General y que se reconozca que estas acciones implican una violación grave a los Derechos Humanos.
También se recomienda que la definición de tortura sea la misma para la legislación federal y todas las entidades federativas, pues actualmente se cuenta con más de treinta conceptos distintos.
Al unificar el delito de tortura éste debería incluir los siguientes elementos:
- que se trate de un acto u omisión por el cual se inflija a una persona dolores o sufrimientos ya sean físicos o mentales,
- que la tortura “se inflija intencionadamente”,
- con un amplio catálogo de finalidades (para obtener una declaración, por ejemplo), iv) que el sujeto activo pueda ser cualquier persona (civil, militar o una autoridad).
Una Ley General de Tortura, insisten la CMDPDH y la OMCT, debe garantizar investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales, en las que no aplique la jurisdicción militar.
El gobierno federal sólo ha informado de cinco sentencias condenatorias de tortura, entre 2005 y 2013, pese a que la CNDH informó que de 2006 a 2014 recibió 4 mil 404 quejas por tratos crueles, degradantes o inhumanos.
En la Ley que el Congreso deberá aprobar en menos de 100 días, exigen organizaciones civiles, no se pueden considerar disposiciones por las que el delito de tortura prescriba, se de inmunidad o algún tipo de amnistía.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
El secretario de Seguridad municipal declaró que denunció al exsubdirector Cesar Nava (hoy procesado) pero los militares lo liberaron junto con otros policías infiltrados. Fue pieza clave en desaparición de normalistas. La PGR sí ignoró el quinto autobús en su consignación ante el juez. Hay siete testigos protegidos en el caso.
Cesar Nava González, el ex subdirector de la Policía de Cocula –implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa–, fue detenido un año antes por el Ejército, pero horas después liberado, de acuerdo con una denuncia presentada ante la PGR por su entonces jefe, el secretario de Seguridad Pública de ese municipio, Salvador Bravo Bárcenas.
El expediente de la averiguación previa por el ataque en contra de los normalistas, que la Procuraduría General de la República (PGR) consignó en enero pasado ante un juez, contiene la declaración de Bravo Bárcenas, en la que asegura que en 2013 alertó al 27 Batallón de Infantería de la infiltración entre sus subordinados.
La revelación se encuentra en el tomo 81 de la versión pública del expediente caso Ayotzinapa, que la PGR desclasificó la semana pasada. Animal Político pudo revisarlo gracias a una solicitud de transparencia.
De acuerdo con lo asentado en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/1017/2014, Bravo Bárcenas rindió una declaración el 15 de octubre de 2014 donde denunció la actuación irregular del subdirector de la policía municipal.
Dijo que Nava se incorporó en el 2013 a la Policía de Cocula, pero en junio de ese año irrumpió en su oficina para decirle que él se haría cargo del control de toda la fuerza policial.
“’A partir de hoy yo voy a tomar las decisiones de la policía’, a lo que yo le pregunté (a Nava) por qué, y me dijo: ‘es lo que más te conviene, ya tengo ubicada a tu familia’”, declaró Bravo Bárcenas ante el Ministerio Público.
El secretario aseguró que Nava le mostró varias fotografías provenientes de teléfonos celulares que le habían tomado a su familia, por lo que consideró que las amenazas eran reales y decidió denunciar lo que había ocurrido ante el 27 Batallón de Infantería en Iguala. Bravo Bárcenas es mayor del Ejércitom, por lo que mantenía comunicación directa con el personal de la secretaría de la Defensa Nacional..
Militares, oídos sordos
Tras recibir las amenazas, el secretario de seguridad acudió con el 27 Batallón para denunciar a su subdirector, así como el control que había tomado de la corporación en favor del crimen organizado.
“Tú no te preocupes, yo me voy a hacer cargo a ver qué pasa”, le dijo el comandante del batallón militar, cuyo nombre no aparece en el expediente.
Ocho días después de la denuncia, continúa en su declaración Bravo Bárcenas, los militares irrumpieron en el cuartel de la policía municipal y separaron a Nava González, así como a todo el grupo de agentes que le rendían cuentas exclusivamente a él y no al secretario de Seguridad.
“Se los llevaron y en ese momento pensé que por fin ya mantendrían detenido a Cesar Nava y su gente pero, al poco rato, los militares llegaron de nuevo con Cesar Nava y sin decirme palabra alguna. Luego ya no pasó nada”, dijo el secretario.
De acuerdo con lo asentado en el mismo expediente del caso Ayotzinapa, Nava fue de los principales colaboradores del grupo criminal Guerreros Unidos, y prácticamente tenía a toda la fuerza municipal al servicio de los delincuentes.
Raúl Núñez Salgado, presunto operador financiero de la organización delictiva y cuya declaración también está asentada en el expediente, dijo que mensualmente se entregaban 350 mil pesos a Cesar Nava para que él lo administrara entre los agentes infiltrados.
Otros detenidos, como David Cruz Hernández, integrante de Protección Civil de Iguala, pero también jefe de espías de Guerreros Unidos, dijo que Cesar Nava operaba en varios casos las detenciones y desapariciones que efectuaba Guerreros Unidos en la región.
“Tenía pánico”
Tras ser detenido, Cesar Nava aceptó que él coordinó un grupo de policías de Cocula que intervinieron en el transporte de los normalistas retenidos en Ayotzinapa, pero dijo que fue por una solicitud de “apoyo” de Iguala tras recibir un reporte de disparos. Justificó que el “miedo” y “pánico” lo llevaron a cambiar el número de las patrullas involucradas.
Las declaraciones vertidas en el expediente de por lo menos cinco agentes municipales de Cocula confirman que la tarde del 26 de septiembre del 2014, se trasladaron en convoy a Iguala con Nava González al frente, para apoyar a los policías de Iguala por un presunto enfrentamiento con normalistas de Ayotzinapa.
Como ya se hizo público en su momento, los policías de Cocula apoyaron en el traslado de los normalistas hasta la zona de “Loma del Coyote” donde fueron entregados a sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos que, según la investigación de la Procuraduría, los asesinaron e incineraron.
Nava González dijo que actuó pensando en que se trataba de una solicitud de apoyo y que las detenciones eran legales. Asegura que le preguntó al subdirector de la Policía de Iguala si los detenidos iban a ser llevados al Batallón 27 de Infantería o al CEFERESO, y que se le hizo “extraño” que el traslado fuera a Loma del Coyote.
“Cuando veo en las noticias lo ocurrido siento que me van a involucrar, me da miedo y es cuando cambiamos el número de las patrullas, el objetivo es que no me involucraran con las personas muertas”, dijo.
Cuando comenzaron a ser detenidos los policías de Iguala, Nava señaló que “le dio pánico” y que por eso ya no fue a trabajar sino que decidió irse hacia el centro del país a la Ciudad de México, donde finalmente fue detenido.
El quinto camión y los informantes
En la consignación que la PGR hizo ante un juez federal por el caso Ayotzinapa en enero de este año, queda confirmado que el Ministerio Público excluyó totalmente de la narrativa de los hechos lo relacionado con el quinto autobús de la línea Estrella Roja, que los normalistas también tomaron en la Central de Autobuses de Iguala.
En su informe sobre el caso Iguala, el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló que los normalistas salieron con ese autobús de la terminal y en el mismo intentaron escapar de la ciudad. Lo que pasó con dicho autobús y sus ocupantes, no ha sido indagado a fondo por las autoridades.
La revisión que pudo hacer Animal Político del expediente de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/1017/2014, enviada al juez en enero de este año, no menciona en ninguna parte este autobús. Solamente se hace referencia a los otros cuatro de las líneas Estrella de oro y Costa Line.
“Ya afuera de la central se encontraron yéndose en caravana los camiones Estrella de Oro 1568 y 1531 y los de la empresa Costa Line danto un total de cuatro camiones, saliendo por la calle de Aldama donde tienen un roce con la Policía Municipal de Iguala”, señala la narración de los hechos de la PGR.
La descripción del Ministerio Público continúa hasta el presunto destino fatal que tuvieron los estudiantes en Cocula, sin hacer mención al quinto autobús.
El expediente de la averiguación revela también que la versión de los hechos ocurrida esa noche, no solamente está apoyada en lo dicho por estudiantes y por los ahora detenidos, sino en lo que refieren siete testigos cuya identidad fue protegida. En el expediente figuran con indicativos como “L.U,G.A.” o “C.A.N.C.A.”.
Dichos testimonios reforzaron por ejemplo la versión de que militares llegaron a un hospital particular para verificar el estado en que se encontraban normalistas heridos, y que varios de ellos huyeron y buscaron refugio en el cerro o en domicilios particulares luego del ataque. Además confirmaron que hubo un segundo ataque a la media noche.
“A la media noche llegaron varios carros particulares entre ellos una camioneta roja, doble cabina, de la cual bajó gente vestida de negro y armada los cuales dispararon por lo que los normalistas fueron a esconderse”, se señala en el expediente.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL
XALAPA, Ver: La Fiscalía General del Estado (FGE), Fuerza Civil y autoridades federales lograron desmantelar una célula de Los Zetas que operaba en el corredor industrial Córdoba-Orizaba, este último municipio recién declarado Pueblo Mágico.
A esta banda, de quienes no se presentaron sus datos generales o fotografías, el gobierno de Veracruz adjudica haber cometido 16 homicidios en los últimos meses.
En rueda de prensa, el gobernador priista Javier Duarte de Ochoa presumió la detención de ocho integrantes de Los Zetas, quienes habrían perpetrado diversos homicidios en la región, entre ellos los cometidos en el interior de los mercados Revolución y La Garza, los asesinatos del excomandante de la Policía Municipal de Cuitláhuac, Martín Rosales Ordaz, y de otros que se encuentran ligados a enfrentamientos de bandas rivales.
Duarte expuso que las capturas derivaron de la coordinación de los cuerpos de seguridad integrados por el Ejército Mexicano, la Marina-Armada de México, Policía Federal, Procuraduría General de la República (PGR), Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Policía Estatal Acreditable y la Fuerza Civil.
“Aquí no hay ni habrá cabida para quienes buscan transgredir la ley; quienes lo hagan serán castigados con todos los instrumentos legales, pero siempre con pleno apego a sus derechos humanos, como lo he expresado a los miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que se encuentran de visita en el estado”, presumió Duarte en la rueda de prensa realizada en su ciudad natal.
Aprovechando la coyuntura de la visita de miembros de la CIDH, el priista Duarte movilizó a todas las fuerzas armadas y de su gabinete de seguridad y procuración de justicia para trasladarse a Córdoba, donde sostuvo que se realizaron una serie de investigaciones y operativos tácticos de inteligencia para la captura de los integrantes de Los Zetas.
En la numeralia que entregó el gobierno priista, Duarte expuso que en el presente año, y mediante el Operativo Blindaje Córdoba, se ha detenido a un total de 7 mil 815 sujetos como probables responsables de delitos como robo, asalto, contra la salud, delincuencia organizada y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, entre otros.
“En esta lucha frontal sin precedente contra la delincuencia, todos ellos actúan de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado y dan resultados tangibles, cumpliendo con el compromiso de procurar el bien de todos los veracruzanos”, expresó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
