México, DF. El gobierno mexicano extraditó a Estados Unidos a Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, uno de los narcotraficantes que operaba en territorio mexicano para el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Valdés Villarreal fue detenido en agosto de 2010 cuando circulaba sobre la carretera México-Toluca, luego de haber conformado una célula delictiva, tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, quien fue abatido por elementos de la Marina en la ciudad de Cuernavaca.
La Barbie y otros doce integrantes del crimen organizado, entre ellos Eduardo Cotilla Sánchez, El Coss quien fuera uno de los líderes del cártel de Golfo, fueron sacados ese día del Centro Federal de Readaptación Social (Cefrereso) número 1, Altiplano, que se localiza en el municipio de Almoloya de Juárez, y trasladado a territorio estadunidense durante un operativo realizado por personal de las secretarías de Marina y la Defensa Nacional.
La Barbie, acusado de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, delitos contra la salud y homicidio calificado, es reclamado por la Corte Federal de Lousiana, en EU, por narcotráfico y lavado de dinero, informó en conferencia Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
En conferencia de prensa Tomán Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) dio a conocer que en un operativo interinstitucional en el que participaron efectivos del Ejército mexicano, de la Secretaría de Marina, la Policía Federal y la PGR, fueron extraditados a Estados Unidos 13 integrantes de grupo criminales, entre los que destacan Eduardo Costilla Sánchez, Edgar Valdez Villarreal y Carlos Montemayor.
Los tes extraditados son Jorge Eduardo Costilla Sánchez, uno de los líderes del Cártel del Golfo será juzgado en Texas por contrabando de cocaína y mariguana, y lavado de dinero
José Emanuel García Sota acusado de asesinar a una agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos de intento de homicidio en contra de otro elemento más de la misma corporación.
Martín Daniel Castillo Rascon está relacionado con los delitos de delincuencia organizada y secuestro y es reclamado por una corte de Texas.
Aureliano Montoya Peña a petición de una corte con sede en Illinois, fue enviado para un juicio por narcotráfico y asociación delictuosa.
Ricardo Valles de la Rosa será juzgado por asociación delictuosa, homicidio, portación de armas de fuego y narcotráfico en Texas.
Luis Humberto Hernández Félix está acusado de los homicidios de empleados del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez.
Alberto Núñez Payan es reclamado por una corte en Texas y se le relaciona con los delitos de asociación delictuosa, delincuencia organizada, narcotráfico y lavado de dinero.
Jean Baptiste Kingery será procesado por tráfico de armas y municiones de Estados Unidos a México.
Julio César Valenzuela Elizalde enfrentará cargos ante una corte en Arizona por tráfico de metanfetaminas y asociación delictuosa.
Antonio González Platas fue requerido por el condado de Pulaski, en Arkansas.
Antonio Reynoso González será juzgado en California por asociación delictuosa y delitos contra la salud.
Carlos Montemayor, El Suegro identificado como uno de los líderes de los grupos que surgieron del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva y suegro de Edgar Valdez Villarreal, fue puesto a disposición de una corte en Luisiana para ser juzgado por narcotráfico y lavado de dinero.
Valdez Villareal es reclamado por la corte de Luisiana para se juzgado por narcotráfico y lavado de dinero.
-¿Quién es La Barbie?-
Valdez Villarreal nació en 1976 en Laredo, Texas, y emigró a Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde comenzó su carrera delincuencial a principios de los años 90 del siglo pasado como golpeador al servicio de los hermanos Beltrán Leyva, quienes en esas fechas formaban parte del cártel de Juárez. El mayor (Arturo) llegó a ser considerado uno de los hombres más importantes de esa organización criminal.
Los hermanos Beltrán Leyva –Arturo, El Barbas; Héctor, El H; Mario Alberto,El General, y Alfredo, El Mochomo– abandonaron la organización juarense para sumarse al cártel de Sinaloa, tras la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, en enero de 2001.
Luego, entre 2003 y 2005, La Barbie se consolidó como operador delcártel Sinaloa en la zona de Nuevo León, Tamaulipas y Sonora, y fue designado líder de los grupos de sicarios conocidos como Los Pelones y Los Negros.
En 2003 fue capturado Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo, quien tenía bajo su mando al grupo de sicarios conocido como Los Zetas.
Esa situación provocó que en 2004La Barbie buscara integrar para el cártelde Sinaloa los estados de Nuevo León y Tamaulipas, entidades controladas en su mayor parte por el cártel del Golfo.
La averiguación previa PGR/ SIEDO/UEIDCS/106/2005 y reportes de la agencia antidrogas de Estados Unidos dan cuenta de la lucha entre La Barbie y Los Zetas, especialmente por el control de Nuevo Laredo, una de las principales puertas comerciales entre México y Estados Unidos.
El apodo de Édgar Valdez, según informaciones oficiales, surgió por su piel blanca, cabello rubio y origen estadunidense. Al escalar en el cártel de Sinaloa, se convirtió también en encargado de reclutar sicarios en estados como Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Durango, Nuevo León y Sonora.
La lealtad de La Barbie para JoaquínEl Chapo Guzmán Loera se terminó en enero de 2008, cuando los hermanos Beltrán Leyva también se separaron de esa organización.
La captura de Alfredo Beltrán Leyva,El Mochomo, fue el detonante para la escisión de este grupo de narcotraficantes, que había pasado de ser operador de sicarios a encargado de acciones de lavado de dinero, negociación para adquisición y trasiego de cocaína con grupos colombianos; traslado y distribución de drogas sintéticas, mariguana y cocaína en Estados Unidos, que servía al mismo tiempo al cártel de Sinaloa.
Según trascendería de informes oficiales del gobierno mexicano, los hermanos Beltrán rompieron con Sinaloa por considerar que Guzmán Loera entregó a El Mochomo. A partir de enero de 2008 en Sinaloa, Durango, Jalisco y Guerrero se inició una oleada de confrontaciones violentas entre ambas organizaciones.
Arturo Beltrán Leyva trasladó su imperio a Morelos y Guerrero. La Barbie se convirtió en uno de los principales líderes de la organización, junto con Héctor y Mario Alberto Beltrán, Sergio Villarreal Barragán, El Grande, y Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio.
El estado de Morelos se volvió zona de guerra entre grupos del crimen organizado. Comenzaron entonces los enfrentamientos con La Familia y elcártel de Sinaloa.
La presencia de Beltrán Leyva se extendió al Distrito Federal, estado de México, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Sinaloa.
La Barbie fue encargado, según reportes oficiales, de la zona de Guerrero y Morelos; asimismo, de los trasladados de cocaína y mariguana, además de los cultivos de amapola en la zona sur de México.
Para soportar el embate de sus enemigos, el cártel de los Beltrán Leyva formó una alianza con Los Zetas, quienes se escindieron del cártel del Golfo en diciembre de 2009.
La desintegración del cártel que dirigía Arturo Beltrán Leyva comenzó el 11 de diciembre de 2009, cuando efectivos de la Secretaría de Marina realizaron un operativo en Tepoztlán, Morelos, y detuvieron a 40 personas, entre ellas algunos integrantes de los grupos musicales Los Cadetes de Linares, Ramón Ayala y el Grupo Torrente. Esa noche lograron huir El Barbas y La Barbie, entre otros jefes de esa organización delincuencial.
Cuatro días más tarde, otrooperativo realizado por fuerzas especiales de la Armada en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, concluyó con la muerte de Arturo Beltrán Leyva. La Barbie fue señalado como traidor por los hermanos Héctor y Mario Alberto Beltrán, quienes mediante narcomantaslo acusaron de haber delatado a su jefe.
Desde enero de 2010, Édgar Valdez Villarreal y Gerardo Álvarez se escindieron de los hermanos Beltrán Leyva y comenzaron a operar al igual que lo habían hecho sus jefes, utilizando las redes de distribución que antes les habían sido encomendadas.
En abril de 2010, en la zona de Huixquilucan, efectivos del Ejército Mexicano detuvieron a El Indio. La Barbie quedó solo. Su grupo de sicarios cometió actos como la ejecución de más de 50 personas cuyos restos fueron encontrados en el tiro de una mina en el municipio de Taxco, Guerrero.
Asimismo se le señaló como el responsable de haber ordenado laejecución de decenas de personas presuntamente vinculadas a sus antiguos socios en Morelos, y al menos tres veces sostuvo enfrentamientos con elementos de la Policía Federal, sin que se pudiera lograr su detención.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO GARCÍA.
miércoles, 30 de septiembre de 2015
Se reúnen Duarte y rectora de la UV; no hay acuerdo sobre adeudo
Xalapa, Veracruz. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se reunió con la rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara González, para establecer un acuerdo entorno a los adeudos que su administración mantiene con la casa de estudios.
La reunión, de dos horas y media de duración, se da luego de que La Jornada informara en su edición de hoy que el desorden financiero del gobierno estatal y la inseguridad que golpea a la entidad han alcanzado a la Universidad Veracruzana (UV). Entre agosto de 2013 y septiembre de 2015 los fondos retenidos por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa a la institución aumentaron de 867.9 a 2 mil 58.6 millones de pesos, correspondientes a recursos federales y estatales derivados de diversos convenios para el periodo 2008-2015.
En el segundo informe de actividades 2014-2015 de la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, se desglosa el crecimiento de los adeudos: 867.9 millones de pesos en agosto de 2013; 894.3 millones de pesos a diciembre de 2013, mil 8 millones a diciembre de 2014 y 2 mil 58.6 millones a agosto pasado.
En la reunión de este miércoles, a puerta cerrada, entre el gobernador y la rectora, estuvieron presentes el titular de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrin y la titular de finanzas de la UV, Clementina Guerrero García, no se logró establecer ninguna fecha para el pago de los compromiso financieros. Lo único que se determinó es que la Secretaría de Administración y Finanzas de la Universidad y el Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado se llamarán en el transcurso de este jueves, para tener una próxima reunión.
Duarte de Ochoa dejó claro en esta reunión que la Universidad Veracruzana seguirá contando con el apoyo y respaldo del Gobierno del Estado, que seguirá siendo el gobierno.
Con una matrícula de 79 mil 180 estudiantes e influencia en Chiapas y Oaxaca, la institución ejerce un presupuesto de 4 mil 677.4 millones de pesos, de los cuales 2 mil 465 millones (52.71 por ciento) deben ser aportados por el estado y 2 mil 117 millones de pesos (47.29 por ciento) por la Federación.
El gobernador Javier Duarte de Ochoa ha minimizado este problema. Explicó que las aportaciones que hace el gobierno del estado a la casa de estudios forman parte de un convenio de apoyo que cada año firman el Ejecutivo Federal y la UV, el cual estipula que las aportaciones a la universidad se harán de acuerdo con las posibilidades del gobierno estatal.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: EIRINET GÓMEZ.
La reunión, de dos horas y media de duración, se da luego de que La Jornada informara en su edición de hoy que el desorden financiero del gobierno estatal y la inseguridad que golpea a la entidad han alcanzado a la Universidad Veracruzana (UV). Entre agosto de 2013 y septiembre de 2015 los fondos retenidos por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa a la institución aumentaron de 867.9 a 2 mil 58.6 millones de pesos, correspondientes a recursos federales y estatales derivados de diversos convenios para el periodo 2008-2015.
En el segundo informe de actividades 2014-2015 de la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, se desglosa el crecimiento de los adeudos: 867.9 millones de pesos en agosto de 2013; 894.3 millones de pesos a diciembre de 2013, mil 8 millones a diciembre de 2014 y 2 mil 58.6 millones a agosto pasado.
En la reunión de este miércoles, a puerta cerrada, entre el gobernador y la rectora, estuvieron presentes el titular de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrin y la titular de finanzas de la UV, Clementina Guerrero García, no se logró establecer ninguna fecha para el pago de los compromiso financieros. Lo único que se determinó es que la Secretaría de Administración y Finanzas de la Universidad y el Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado se llamarán en el transcurso de este jueves, para tener una próxima reunión.
Duarte de Ochoa dejó claro en esta reunión que la Universidad Veracruzana seguirá contando con el apoyo y respaldo del Gobierno del Estado, que seguirá siendo el gobierno.
Con una matrícula de 79 mil 180 estudiantes e influencia en Chiapas y Oaxaca, la institución ejerce un presupuesto de 4 mil 677.4 millones de pesos, de los cuales 2 mil 465 millones (52.71 por ciento) deben ser aportados por el estado y 2 mil 117 millones de pesos (47.29 por ciento) por la Federación.
El gobernador Javier Duarte de Ochoa ha minimizado este problema. Explicó que las aportaciones que hace el gobierno del estado a la casa de estudios forman parte de un convenio de apoyo que cada año firman el Ejecutivo Federal y la UV, el cual estipula que las aportaciones a la universidad se harán de acuerdo con las posibilidades del gobierno estatal.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: EIRINET GÓMEZ.
Presentan nuevo proyecto para regenerar la zona Garibaldi-Lagunilla
MÉXICO, D.F: Con la creación de una fundación a cargo del exdelegado perredista en Cuauhtémoc Alejandro Fernández se lanza un nuevo proyecto para la rehabilitación de la zona Garibaldi-Lagunilla, cuyos propósitos centrales serán el impulso al desarrollo económico y turístico de ese perímetro, conformado por 37 manzanas del Centro Histórico.
Delimitada por el Eje 1 Norte Rayón al Norte, el Eje Central Lázaro Cárdenas en el Poniente, la calle República de Brasil en el Oriente y República de Cuba al Sur, la zona cuenta con nueve mil habitantes y 432 predios, de los cuales el 40% están dedicados al comercio. El resto tienen diversas ocupaciones, entre ellas la habitacional, según informes del exfuncionario.
En el famoso bar Tenampa, que este año celebrará su 90 aniversario, Fernández detalló el plan impulsado con apoyo de asociaciones de comerciantes de los mercados de La Lagunilla, de locatarios de Garibaldi, y vecinos.
Su proyecto principal será la rehabilitación de la calle Honduras, que va de Poniente a Oriente, desde la Plaza Garibaldi y hasta la Plaza de Santa Catarina. Se cambiarán banquetas, arroyo vehicular y alumbrado. Para ello, dijo, se solicitará al gobierno de la Ciudad de México un presupuesto de cinco millones de pesos.
Aseguró que de ningún modo está compitiendo con los proyectos o por los recursos, con el delegado electo Ricardo Monreal, de Morena, pues no se trata de una lucha entre partidos sino de unir esfuerzos para impulsar el desarrollo de la zona, fortalecer la integración comunitaria, la apropiación del espacio público y la economía local.
Para ello se plantean crear una red de establecimientos mercantiles, solicitar recursos del Fondo de Turismo de la Ciudad, otorgar beneficios fiscales a quienes empleen jóvenes que vivan en la misma zona, crear una escuela de Diseño, así como un fondo especial para el mejoramiento de la vivienda, un ordenamiento del comercio ambulante y un programa de seguridad.
Fernández entregó el proyecto al diputado perredista Raúl Flores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el propósito de que desde esa instancia se hagan los ajustes legales necesarios para su desarrollo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUDITH AMADOR TELLO.
Delimitada por el Eje 1 Norte Rayón al Norte, el Eje Central Lázaro Cárdenas en el Poniente, la calle República de Brasil en el Oriente y República de Cuba al Sur, la zona cuenta con nueve mil habitantes y 432 predios, de los cuales el 40% están dedicados al comercio. El resto tienen diversas ocupaciones, entre ellas la habitacional, según informes del exfuncionario.
En el famoso bar Tenampa, que este año celebrará su 90 aniversario, Fernández detalló el plan impulsado con apoyo de asociaciones de comerciantes de los mercados de La Lagunilla, de locatarios de Garibaldi, y vecinos.
Su proyecto principal será la rehabilitación de la calle Honduras, que va de Poniente a Oriente, desde la Plaza Garibaldi y hasta la Plaza de Santa Catarina. Se cambiarán banquetas, arroyo vehicular y alumbrado. Para ello, dijo, se solicitará al gobierno de la Ciudad de México un presupuesto de cinco millones de pesos.
Aseguró que de ningún modo está compitiendo con los proyectos o por los recursos, con el delegado electo Ricardo Monreal, de Morena, pues no se trata de una lucha entre partidos sino de unir esfuerzos para impulsar el desarrollo de la zona, fortalecer la integración comunitaria, la apropiación del espacio público y la economía local.
Para ello se plantean crear una red de establecimientos mercantiles, solicitar recursos del Fondo de Turismo de la Ciudad, otorgar beneficios fiscales a quienes empleen jóvenes que vivan en la misma zona, crear una escuela de Diseño, así como un fondo especial para el mejoramiento de la vivienda, un ordenamiento del comercio ambulante y un programa de seguridad.
Fernández entregó el proyecto al diputado perredista Raúl Flores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el propósito de que desde esa instancia se hagan los ajustes legales necesarios para su desarrollo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUDITH AMADOR TELLO.
Asesinan en Guerrero a hermanos de ocho y cinco años de edad
MÉXICO, D.F: Jorge y Marcela, de ocho y cinco años de edad, respectivamente, fueron asesinados en la comunidad de Zoyotlán, municipio de Marquelia, en la Costa Chica de Guerrero. Ambos sufrieron un disparo en la cabeza.
Tres personas fueron detenidas como sospechosas del doble homicidio, ocurrido el pasado viernes 5, aunque sólo uno, Santiago Sainz Pascual, confesó su participación en el crimen.
Los padres de los menores, Adela López y Feliciano Rosario, exigieron a las autoridades que tomen cartas en el asunto para esclarecer la muerte de sus hijos, petición a la que se sumaron pobladores de la zona conocida como Arroyo Conejo, donde fueron localizados los cadáveres.
La Fiscalía General del estado (FGE) confirmó ayer la detención y reclusión de Santiago Sainz Pascual, señalado como “autor material confeso” de la violación y asesinato de Marcela, y del homicidio de Jorge.
Según el testimonio de los padres, ambos niños cuidaban a unos animales propiedad de la familia, a kilómetro y medio de la localidad. Los padres notaron que pasaba el tiempo y sus hijos no regresaban, dieron aviso a las autoridades y, tras una larga búsqueda, la noche del viernes 25 se localizó el cadáver de José y al día siguiente el de su hermana.
En un inicio se sospechó de tres hombres como responsables del doble asesinato, pero finalmente la FGE determinó que Sainz Pascual fue el único que abusó de la menor y luego asesinó a los dos menores.
La familia Rosario López dijo que no conocía al inculpado y mucho menos los motivos que lo orillaron a cometer el crimen.
“La Fiscalía se sumó a la indignación de la población de un hecho tan aberrante”, declaró en conferencia el fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz, quien acudió a Zoyotlán para evitar que los pobladores juzgaran al culpable de acuerdo a sus usos y costumbres.
Finalmente el imputado fue recluido en el penal de Las Cruces, en Acapulco, para que sea juzgado conforme a la ley, acusado de los delitos de violación y homicidio calificado.
De acuerdo con la carpeta de investigación que abrió la FGE sobre el caso, el cadáver de Marcela fue hallado a escasos metros de donde se encontraba el de su hermano, quien cursaba el segundo año de primaria.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Tres personas fueron detenidas como sospechosas del doble homicidio, ocurrido el pasado viernes 5, aunque sólo uno, Santiago Sainz Pascual, confesó su participación en el crimen.
Los padres de los menores, Adela López y Feliciano Rosario, exigieron a las autoridades que tomen cartas en el asunto para esclarecer la muerte de sus hijos, petición a la que se sumaron pobladores de la zona conocida como Arroyo Conejo, donde fueron localizados los cadáveres.
La Fiscalía General del estado (FGE) confirmó ayer la detención y reclusión de Santiago Sainz Pascual, señalado como “autor material confeso” de la violación y asesinato de Marcela, y del homicidio de Jorge.
Según el testimonio de los padres, ambos niños cuidaban a unos animales propiedad de la familia, a kilómetro y medio de la localidad. Los padres notaron que pasaba el tiempo y sus hijos no regresaban, dieron aviso a las autoridades y, tras una larga búsqueda, la noche del viernes 25 se localizó el cadáver de José y al día siguiente el de su hermana.
En un inicio se sospechó de tres hombres como responsables del doble asesinato, pero finalmente la FGE determinó que Sainz Pascual fue el único que abusó de la menor y luego asesinó a los dos menores.
La familia Rosario López dijo que no conocía al inculpado y mucho menos los motivos que lo orillaron a cometer el crimen.
“La Fiscalía se sumó a la indignación de la población de un hecho tan aberrante”, declaró en conferencia el fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz, quien acudió a Zoyotlán para evitar que los pobladores juzgaran al culpable de acuerdo a sus usos y costumbres.
Finalmente el imputado fue recluido en el penal de Las Cruces, en Acapulco, para que sea juzgado conforme a la ley, acusado de los delitos de violación y homicidio calificado.
De acuerdo con la carpeta de investigación que abrió la FGE sobre el caso, el cadáver de Marcela fue hallado a escasos metros de donde se encontraba el de su hermano, quien cursaba el segundo año de primaria.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Fuerzas federales toman el penal de El Altiplano
MÉXICO, D.F: El penal de alta seguridad de El Altiplano se encuentra cerrado y resguardado por fuerzas federales, reportaron familiares y abogados de internos.
“Están cerradas las puertas del penal y ni siquiera los trabajadores de limpieza y de la cocina han podido ingresar”, dijeron a Apro litigantes y familiares de internos.
Helicópteros están sobrevolando el penal y afuera hay seis unidades conocidas como rinos pertenecientes al Ejército y a la Policía Federal, describieron.
Según refieren, la presencia federal en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), Número 1 comenzó desde la madrugada, con la llegada de unidades de la Marina e incluso de una unidad del servicio médico forense.
En la edición que circula esta semana, la revista Proceso publicó que en el penal existen tensión y molestia entre los internos por las restricciones a las que han sido objeto desde la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán.
A partir del viernes 18, las autoridades a cargo del penal les quitaron televisores y relojes, además de obstaculizar las visitas de los familiares y los abogados. Los internos respondieron con una huelga de hambre.
En algunos internos hay temor luego de la muerte, el pasado 7 de septiembre, de Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, exlugarteniente del cártel de Los Zetas.
Nájera Talamantes, el vecino más cercano del Chapo en el penal del Altiplano, murió por causas aún no precisas y se encontraba bajo cuatro procesos disciplinarios que se le iniciaron luego de que declarara ante el ministerio público, durante más de cuatro horas, sobre la fuga del narcotraficante sinaloense.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA
“Están cerradas las puertas del penal y ni siquiera los trabajadores de limpieza y de la cocina han podido ingresar”, dijeron a Apro litigantes y familiares de internos.
Helicópteros están sobrevolando el penal y afuera hay seis unidades conocidas como rinos pertenecientes al Ejército y a la Policía Federal, describieron.
Según refieren, la presencia federal en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), Número 1 comenzó desde la madrugada, con la llegada de unidades de la Marina e incluso de una unidad del servicio médico forense.
En la edición que circula esta semana, la revista Proceso publicó que en el penal existen tensión y molestia entre los internos por las restricciones a las que han sido objeto desde la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán.
A partir del viernes 18, las autoridades a cargo del penal les quitaron televisores y relojes, además de obstaculizar las visitas de los familiares y los abogados. Los internos respondieron con una huelga de hambre.
En algunos internos hay temor luego de la muerte, el pasado 7 de septiembre, de Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, exlugarteniente del cártel de Los Zetas.
Nájera Talamantes, el vecino más cercano del Chapo en el penal del Altiplano, murió por causas aún no precisas y se encontraba bajo cuatro procesos disciplinarios que se le iniciaron luego de que declarara ante el ministerio público, durante más de cuatro horas, sobre la fuga del narcotraficante sinaloense.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Peña Nieto, cada vez más solo
El pasado 3 de junio, en esta columna, escribimos un perfil sobre el estado del régimen peñista. Señalamos:
Ayotzinapa, la casa blanca, la farsa con Virgilio Andrade, la casota de Videgaray en Malinalco, la corrupción del grupo gobernante, el escándalo OHL, el enriquecimiento de “La Gaviota”, las nueve propiedades del propio Peña Nieto, la simulación, el encubrimiento, y el propio estilo de gobernar – de alguna manera hay que llamarlo-, de Peña Nieto, han llevado a anticipar, prácticamente tres años, el final del penoso gobierno del golden boy mexiquense. Un fiasco.
¿O creían que nada iba a pasar ante tanto escándalo?
Y ahora, ¿qué sigue?
Más que gobierno, una administración que –no es por asustar-, pero que podría llevar a un escenario aún más negro: una crisis económica similar a la de 1994-95 (detonada por la irresponsabilidad financiera de Carlos Salinas), ante los magros resultados de la política económica operada por el brazo derecho de Peña: Luis Vice-garay.
Así que a toda la cascada de calamidades que le han caído al país en el actual gobierno, habrá que agregar las luces rojas encendidas ante la cada vez más pobre economía mexicana, con crecimiento raquítico, desempleo, devaluación y mejor le paramos de contar.
Se acabó, prácticamente, el sexenio.
Justo el tercer año de gobierno era el pico más alto del poder presidencial, ejercido desde el cénit del presidencialismo. Lejana aun la sucesión interna del PRI, el Presidente ordenaba, disponía y brillaba. Nadie le hacía sombra.
Hoy, la situación ha cambiado radicalmente.
Peña Nieto es el presidente con menor respaldo ciudadano en la historia: sólo 3 de cada 10 mexicanos lo respaldan, de acuerdo a la última encuesta del diario Reforma divulgada a principios de agosto. Un nivel de caída alarmante, sí, aunque entendible. Y por ello, a la espalda del Presidente, y no operada por el Presidente, los grupos priistas comienzan a irse por la libre rumbo al 2018.
Luis Videgaray, el favorito de Peña, tiene a su grupo apuntalado por los recientes cambios en el gabinete: Meade en Sedesol y Nuño en la SEP.
Manlio Fabio Beltrones operando, desde ahora, con el control y las riendas de la nomenclatura priista.
Osorio Chong aliándose con gobernadores para ver si le alcanza el gas para tres años.
Todos, sin consultarle a Peña Nieto sobre sus movimientos sucesorios aunque, como buenos priistas, guardando las formas y reglas no escritas del priato: la disciplina partidista. En eso no cambian.
Sin embargo, ante la innegable debilidad del Presidente de la República, los alfiles priistas se han comenzado a acomodar bajo los aires de la sucesión presidencial del 2018, tomando su propio camino, enfilándose con su propia fuerza política.
Llegará así un momento en que más les afectará que ayudará el tan cacareado “efecto Peña Nieto”. Tendrán que sacudirse el lastre del peñismo. Matar al jefe.
Ya lo veremos.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MARTÍN MORENO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/30-09-2015/39810.
“El gobierno de Enrique Peña Nieto no duró un sexenio. Fue una administración de medio tiempo. La cuerda le duró 30 meses. Y hasta ahí. No dio para más. Si mañana el presidente priista tomara la determinación de abandonar Los Pinos, nada pasaría. Absolutamente nada. Millones, y gran parte del país, inclusive, se lo agradecerían”.El 23 de septiembre, en su columna en el diario El País, titulada “Lo que Ayotzinapa cambió”, Jorge Zepeda Patterson definió:
“Fue en esa coyuntura cuando nos dimos cuenta de que el sexenio había poco menos que terminado. Que el gobierno carecía de respuestas frente a la metástasis que invade el cuerpo social; que lo del Estado fallido puede ser una exageración, pero no en materia de inseguridad y justicia. Y no sólo por la noticia, brutal como era, sino por la torpeza e ineptitud del gobierno federal al intentar hacer un absurdo control de daños”. Hasta aquí lo escrito por Zepeda.En ambos textos hay un punto de coincidencia innegable y evidente, retrato de la realidad nacional, pero también de alto riesgo para México: la fecha de caducidad del gobierno de Peña Nieto se adelantó. No será el 30 de noviembre de 2018. Se le agotó el margen de maniobra. Llegó a su tope. Está arrinconado y derrotado. Se acabó, pues.
Ayotzinapa, la casa blanca, la farsa con Virgilio Andrade, la casota de Videgaray en Malinalco, la corrupción del grupo gobernante, el escándalo OHL, el enriquecimiento de “La Gaviota”, las nueve propiedades del propio Peña Nieto, la simulación, el encubrimiento, y el propio estilo de gobernar – de alguna manera hay que llamarlo-, de Peña Nieto, han llevado a anticipar, prácticamente tres años, el final del penoso gobierno del golden boy mexiquense. Un fiasco.
¿O creían que nada iba a pasar ante tanto escándalo?
Y ahora, ¿qué sigue?
Más que gobierno, una administración que –no es por asustar-, pero que podría llevar a un escenario aún más negro: una crisis económica similar a la de 1994-95 (detonada por la irresponsabilidad financiera de Carlos Salinas), ante los magros resultados de la política económica operada por el brazo derecho de Peña: Luis Vice-garay.
Así que a toda la cascada de calamidades que le han caído al país en el actual gobierno, habrá que agregar las luces rojas encendidas ante la cada vez más pobre economía mexicana, con crecimiento raquítico, desempleo, devaluación y mejor le paramos de contar.
Se acabó, prácticamente, el sexenio.
Justo el tercer año de gobierno era el pico más alto del poder presidencial, ejercido desde el cénit del presidencialismo. Lejana aun la sucesión interna del PRI, el Presidente ordenaba, disponía y brillaba. Nadie le hacía sombra.
Hoy, la situación ha cambiado radicalmente.
Peña Nieto es el presidente con menor respaldo ciudadano en la historia: sólo 3 de cada 10 mexicanos lo respaldan, de acuerdo a la última encuesta del diario Reforma divulgada a principios de agosto. Un nivel de caída alarmante, sí, aunque entendible. Y por ello, a la espalda del Presidente, y no operada por el Presidente, los grupos priistas comienzan a irse por la libre rumbo al 2018.
Luis Videgaray, el favorito de Peña, tiene a su grupo apuntalado por los recientes cambios en el gabinete: Meade en Sedesol y Nuño en la SEP.
Manlio Fabio Beltrones operando, desde ahora, con el control y las riendas de la nomenclatura priista.
Osorio Chong aliándose con gobernadores para ver si le alcanza el gas para tres años.
Todos, sin consultarle a Peña Nieto sobre sus movimientos sucesorios aunque, como buenos priistas, guardando las formas y reglas no escritas del priato: la disciplina partidista. En eso no cambian.
Sin embargo, ante la innegable debilidad del Presidente de la República, los alfiles priistas se han comenzado a acomodar bajo los aires de la sucesión presidencial del 2018, tomando su propio camino, enfilándose con su propia fuerza política.
Llegará así un momento en que más les afectará que ayudará el tan cacareado “efecto Peña Nieto”. Tendrán que sacudirse el lastre del peñismo. Matar al jefe.
Ya lo veremos.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MARTÍN MORENO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/30-09-2015/39810.
Seguridad Pública descarta que sus elementos participen en levantones
Coatzacoalcos, Ver: La Fuerza Civil y la Policía Naval descartaron que sus elementos hayan de levantado a cuatro personas de un taller mecánico de Coatzacoalcos, como denunciaron sus familiares; confirmaron que se encuentran apoyando en la búsqueda.
A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dio a conocer que colabora con la Fiscalía del Estado, como organismos responsables de investigar el paradero de Odilio Ramírez Reyes, Rosendo Vázquez Peña, Uriel Gutiérrez Gorra y Omar Shamed Wreden González, privados de su libertad el 25 de septiembre.
La dependencia señaló que esta coadyuvando en la investigación, pero descarta que algunos de sus elementos se hayan visto involucrados en el secuestro.
“La dependencia reitera su compromiso de servir y regirse siempre mediante los esquemas preventivos, basados en los principios de honestidad, solidaridad y lealtad, es por ello que es completamente falso que alguno de los elementos de Fuerza Civil o Policía Naval se haya visto involucrado en dicho caso”
Refieren que el agrupamiento especializado “Fuerza Civil fue creado con los más altos estándares de adiestramiento, capacitación y equipamiento, lo que se ve reflejado en la confiabilidad que brinda al momento de implementar acciones sociales u operativas”.
En el mismo caso, la Policía Naval señaló que también sus elementos trabajan de manera coordinada y ninguno de sus elementos participó en el hecho, como lo señalaron los padres de las 4 personas desaparecidas.
“La SSP reitera que los elementos de Fuerza Civil y de la Policía Naval se trasladan en unidades oficiales, con números a la vista y portando uniformes, sin el rostro cubierto y con nombre e identificación”
Los padres de las 4 personas desaparecidas abrieron la investigación ministerial número 963/2016 y aún no se han tenido pistas de su paradero.
Refuerzan seguridad en Las Choapas
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sostuvieron una reunión con miembros de la Asociación Ganadera local y autoridades municipales para atender temas relacionados con el abigeato y reforzamiento en las estrategias de seguridad, luego de una ola de violencia que azota ese municipio.
El director de Operaciones de la SSP, Alfonso Díaz Pineda y el Presidente Municipal, Marco Antonio Estrada Montiel, acordaron redoblar las acciones para contraatacar el abigeato, tomar medidas en lo relacionado al tráfico de migrantes y mantener una estrategia permanente de seguridad en el municipio.
En este municipio se continuaran realizando filtros de seguridad en puntos aleatorios de la ciudad, además de establecer patrullajes permanentes en zonas vulnerables, siempre en coordinación con Tránsito y Seguridad Vial y Policía Municipal.
Asimismo, acordaron la colaboración directa con los integrantes de la Asociación Ganadera, esto para atender cualquier cuestión que involucre el robo de semovientes y sucesos de índole delictiva.
FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ
A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dio a conocer que colabora con la Fiscalía del Estado, como organismos responsables de investigar el paradero de Odilio Ramírez Reyes, Rosendo Vázquez Peña, Uriel Gutiérrez Gorra y Omar Shamed Wreden González, privados de su libertad el 25 de septiembre.
La dependencia señaló que esta coadyuvando en la investigación, pero descarta que algunos de sus elementos se hayan visto involucrados en el secuestro.
“La dependencia reitera su compromiso de servir y regirse siempre mediante los esquemas preventivos, basados en los principios de honestidad, solidaridad y lealtad, es por ello que es completamente falso que alguno de los elementos de Fuerza Civil o Policía Naval se haya visto involucrado en dicho caso”
Refieren que el agrupamiento especializado “Fuerza Civil fue creado con los más altos estándares de adiestramiento, capacitación y equipamiento, lo que se ve reflejado en la confiabilidad que brinda al momento de implementar acciones sociales u operativas”.
En el mismo caso, la Policía Naval señaló que también sus elementos trabajan de manera coordinada y ninguno de sus elementos participó en el hecho, como lo señalaron los padres de las 4 personas desaparecidas.
“La SSP reitera que los elementos de Fuerza Civil y de la Policía Naval se trasladan en unidades oficiales, con números a la vista y portando uniformes, sin el rostro cubierto y con nombre e identificación”
Los padres de las 4 personas desaparecidas abrieron la investigación ministerial número 963/2016 y aún no se han tenido pistas de su paradero.
Refuerzan seguridad en Las Choapas
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sostuvieron una reunión con miembros de la Asociación Ganadera local y autoridades municipales para atender temas relacionados con el abigeato y reforzamiento en las estrategias de seguridad, luego de una ola de violencia que azota ese municipio.
El director de Operaciones de la SSP, Alfonso Díaz Pineda y el Presidente Municipal, Marco Antonio Estrada Montiel, acordaron redoblar las acciones para contraatacar el abigeato, tomar medidas en lo relacionado al tráfico de migrantes y mantener una estrategia permanente de seguridad en el municipio.
En este municipio se continuaran realizando filtros de seguridad en puntos aleatorios de la ciudad, además de establecer patrullajes permanentes en zonas vulnerables, siempre en coordinación con Tránsito y Seguridad Vial y Policía Municipal.
Asimismo, acordaron la colaboración directa con los integrantes de la Asociación Ganadera, esto para atender cualquier cuestión que involucre el robo de semovientes y sucesos de índole delictiva.
FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ
Planea Semarnat parque recreativo… junto a basurero tóxico
HERMOSILLO, Son: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) planea construir un parque recreativo en el predio contiguo al basurero tóxico llamado Cytrar.
Un programa de uso alternativo creado por esta dependencia federal propone crear un área verde con zonas deportivas, pese a que en este confinamiento, que data oficialmente de 1988, se almacenan 127 mil 531 toneladas de desechos peligrosos que, por su naturaleza, pueden ser corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables o bioinfecciosos.
Además, en las inmediaciones del basurero tóxico, que tiene una capacidad total de 96 mil metros cúbicos, dividido en dos celdas, se prevé la creación de un jardín botánico con plantas de la región, según lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana 059, que consiste “en la siembra ordenada por especies de arbolado y cactáceas del área semidesértica de Sonora”.
Asimismo, se proyecta edificar una sala audiovisual donde se den a conocer los procesos de los residuos allí almacenados e informar sobre los ecosistemas semidesérticos de la entidad.
El Cytrar, de acuerdo con autoridades, opera desde 1988, pero según la versión de activistas consultados, el basurero fue activado tres años antes, y los materiales vaciados sobre el arroyo Las Víboras, en el kilómetro 15 de la carretera Hermosillo-Guaymas, estuvieron expuestos al aire libre en perjuicio de los capitalinos sonorenses.
La Semarnat admite que fueron confinados elementos generados en la industria automotriz, polvos de fundidoras, materiales sólidos impregnados con solventes, pintura y aceites; tierras contaminadas, filtros de aceite, recipientes vacíos, adhesivos plásticos, diversa basura industrial, lodos de plantas de tratamiento, residuos de tintas, balastros, rebabas de acero, selladoras, uretanos, aserrín y tierras diatomeaceas.
Sin embargo, la empresa canadiense Proeco advirtió a Semarnat en 2004 que fueron encontrados bifenilos policlorados (PCB, por sus siglas en inglés) que son parte de una “docena sucia” de sustancias altamente tóxicas que no se encuentran de forma natural en el ambiente y se utilizaban como refrigerantes de transformadores eléctricos, hasta que fueron prohibidos en 1977.
También se encontró arsénico, asbesto, benceno, tolueno, cianuro de sodio y toneladas de escoria de plomo, cada una de estas sustancias de gran toxicidad para los seres vivos al grado de causar la muerte.
Pese a ello, el subdelegado de Semarnat en Sonora, Ramón Mejía, afirmó que los contaminantes confinados en el Cytrar no representan riesgos para la salud porque están tapados y no entran en contacto con agua, tierra o aire.
“Diariamente, personal especializado da mantenimiento y vigilancia las 24 horas a filtros y demás”, justificó.
Y subrayó: “Hacen falta confinamientos para estos tóxicos que se pueden encontrar en los basureros públicos y hasta en las calles de la ciudad”.
Peor aún. La mancha urbana hermosillense se ha extendido a tal escala que los más nuevos conjuntos habitacionales se encuentran a menos de tres kilómetros de este megaconfinamiento.
Para la activista Rosa María O’Leary, quien en conjunto con otros inconformes impidió la llegada de más tóxicos a la ciudad, consideró que el basurero fue “la cereza del pastel” tras la firma del Tratado de Libre Comercio de 1994.
“El precio de igualarnos con Estados Unidos y Canadá fue convertirnos en su excusado tóxico”, acusó.
Se logró el cierre del confinamiento, añadió, el 19 de noviembre de 1998 luego de una lucha que enfrentó campañas de desprestigio contra las organizaciones civiles y ciudadanos independientes, así como acciones represivas que sólo lograron fortalecer la lucha.
“Permanecimos un mes impidiendo la entrada de los camiones, pese a amenazas de los traileros y de la empresa; fuimos desalojados por las autoridades municipales y estatales; nos trasladamos a la plaza Zaragoza, donde permanecimos seis meses en un plantón permanente, de frente a los días más calurosos del año con temperaturas promedio de 48 grados Centígrados hasta que nuevamente fuimos desalojados por la Policía Judicial”, relató.
Bitácora ambientalista
Según la información documentada por los activistas que impidieron la operación del basurero tóxico Cytrar, éste fue construido a mediados de 1980 por Ford Motor Company Hermosillo y recibió su primera autorización del Instituto Nacional de Ecología el 7 de diciembre de 1988, la cual fue otorgada a nombre de Parques Industriales de Sonora, con duración de cinco años y exclusivamente para residuos regionales.
Durante la administración municipal de Guatimoc Iberry González se concedió la anuencia de uso de suelo, a nombre del Parque Industrial, “únicamente para desechos provenientes del mismo parque industrial”.
El 4 de mayo de 1994 el INE autorizó una prórroga con vigencia hasta que “concluyera la vida útil del confinamiento”, sin condicionarla a vigilancia regional y en perjuicio de la legislación vigente a la época.
El ingeniero Manuel Llano Ortega, junto a algunos activistas locales, fue el primero en denunciar las irregularidades en marzo de 1997, las supuestas violaciones al marco legal ambiental y los peligros asociados en el traslado de desechos extranjeros provenientes de Alco Pacífico, una recicladora de baterías ubicada en El Florido, Baja California.
En este traslado de tóxico se cometieron graves irregularidades, destaca la bitácora ambientalista:
“La ciudadanía hermosillense no fue consultada por la autoridad municipal de manera previa a la expedición del ilegal permiso de uso de suelo del basurero tóxico”.
Y añade: “Cytrar se estableció a una distancia mucho menor de los 25 kilómetros que ordenaba la ley y las celdas del confinamiento (basurero) no reunían los requisitos mínimos ambientales”.
También documentan que Cytrar costó 7.5 millones de dólares a los sonorenses, mediante una indemnización que fue pagada a la empresa española Tec-Med, concesionaria encargada de operar este proyecto.
Posteriormente, se entregaron 750 mil dólares a la empresa canadiense Proeco, luego de realizar un estudio ambiental al confinamiento que resultó en mucho de beneficio para Profepa, Semarnat y el complaciente Consejo Ciudadano de Protección al Medio Ambiente.
De esta manera, los sonorenses también absorbieron el pago de 6.5 millones de pesos para Tec-Med, por ser la empresa que trasladó y recibió las 2 mil 456 toneladas de tóxicos.
Los residuos provenían de Estados Unidos y del resto de la República Mexicana, muchos de ellos procedentes allende el Atlántico, los descargaban en el puerto de Veracruz, y de ahí los mandaban a Rimsa en Minas, Nuevo León, y a Sonora.
“Ellos (los transportistas) preferían venirse hasta Sonora porque nada más vaciaban los camiones sin ningún cuidado, era simple y sencillamente un tiradero tóxico, igual los traían de barcos procedentes del Pacífico, los descargaban en Guaymas”, precisa el informe.
Ante esta irregularidad, se unieron a la protesta la Academia Sonorense de Derechos Humanos AC, Alianza Cívica, Conciencia y Voluntad, Unión de Usuarios y Ciudadanos por el Cambio Democrático.
“La historia ha sido la misma que hemos visto en las cuestiones ambientales, las transnacionales vienen a nuestro país donde las autoridades competentes les otorgan todas las facilidades, y sin ninguna dignidad como gobierno se ponen de rodillas ante los inversionistas”, alertaron los activistas.
Las diferentes secretarías, añaden, tenían la encomienda de atraer inversiones con el agregado de ser omisas en el cumplimiento de la ley y los derechos de los mexicanos.
“Las organizaciones ambientalistas son contratadas por Semarnat para convertirlas en promotoras de empresas sucias porque conocen a fondo el sistema; a otros activistas les ofrecen un empleo o apoyo a sus organizaciones, y de esta manera el silencio se vende barato pero tiene un gran costo para nuestro pueblo”, concluyeron los activistas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ (REPORTAJE ESPECIAL).
Un programa de uso alternativo creado por esta dependencia federal propone crear un área verde con zonas deportivas, pese a que en este confinamiento, que data oficialmente de 1988, se almacenan 127 mil 531 toneladas de desechos peligrosos que, por su naturaleza, pueden ser corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables o bioinfecciosos.
Además, en las inmediaciones del basurero tóxico, que tiene una capacidad total de 96 mil metros cúbicos, dividido en dos celdas, se prevé la creación de un jardín botánico con plantas de la región, según lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana 059, que consiste “en la siembra ordenada por especies de arbolado y cactáceas del área semidesértica de Sonora”.
Asimismo, se proyecta edificar una sala audiovisual donde se den a conocer los procesos de los residuos allí almacenados e informar sobre los ecosistemas semidesérticos de la entidad.
El Cytrar, de acuerdo con autoridades, opera desde 1988, pero según la versión de activistas consultados, el basurero fue activado tres años antes, y los materiales vaciados sobre el arroyo Las Víboras, en el kilómetro 15 de la carretera Hermosillo-Guaymas, estuvieron expuestos al aire libre en perjuicio de los capitalinos sonorenses.
La Semarnat admite que fueron confinados elementos generados en la industria automotriz, polvos de fundidoras, materiales sólidos impregnados con solventes, pintura y aceites; tierras contaminadas, filtros de aceite, recipientes vacíos, adhesivos plásticos, diversa basura industrial, lodos de plantas de tratamiento, residuos de tintas, balastros, rebabas de acero, selladoras, uretanos, aserrín y tierras diatomeaceas.
Sin embargo, la empresa canadiense Proeco advirtió a Semarnat en 2004 que fueron encontrados bifenilos policlorados (PCB, por sus siglas en inglés) que son parte de una “docena sucia” de sustancias altamente tóxicas que no se encuentran de forma natural en el ambiente y se utilizaban como refrigerantes de transformadores eléctricos, hasta que fueron prohibidos en 1977.
También se encontró arsénico, asbesto, benceno, tolueno, cianuro de sodio y toneladas de escoria de plomo, cada una de estas sustancias de gran toxicidad para los seres vivos al grado de causar la muerte.
Pese a ello, el subdelegado de Semarnat en Sonora, Ramón Mejía, afirmó que los contaminantes confinados en el Cytrar no representan riesgos para la salud porque están tapados y no entran en contacto con agua, tierra o aire.
“Diariamente, personal especializado da mantenimiento y vigilancia las 24 horas a filtros y demás”, justificó.
Y subrayó: “Hacen falta confinamientos para estos tóxicos que se pueden encontrar en los basureros públicos y hasta en las calles de la ciudad”.
Peor aún. La mancha urbana hermosillense se ha extendido a tal escala que los más nuevos conjuntos habitacionales se encuentran a menos de tres kilómetros de este megaconfinamiento.
Para la activista Rosa María O’Leary, quien en conjunto con otros inconformes impidió la llegada de más tóxicos a la ciudad, consideró que el basurero fue “la cereza del pastel” tras la firma del Tratado de Libre Comercio de 1994.
“El precio de igualarnos con Estados Unidos y Canadá fue convertirnos en su excusado tóxico”, acusó.
Se logró el cierre del confinamiento, añadió, el 19 de noviembre de 1998 luego de una lucha que enfrentó campañas de desprestigio contra las organizaciones civiles y ciudadanos independientes, así como acciones represivas que sólo lograron fortalecer la lucha.
“Permanecimos un mes impidiendo la entrada de los camiones, pese a amenazas de los traileros y de la empresa; fuimos desalojados por las autoridades municipales y estatales; nos trasladamos a la plaza Zaragoza, donde permanecimos seis meses en un plantón permanente, de frente a los días más calurosos del año con temperaturas promedio de 48 grados Centígrados hasta que nuevamente fuimos desalojados por la Policía Judicial”, relató.
Bitácora ambientalista
Según la información documentada por los activistas que impidieron la operación del basurero tóxico Cytrar, éste fue construido a mediados de 1980 por Ford Motor Company Hermosillo y recibió su primera autorización del Instituto Nacional de Ecología el 7 de diciembre de 1988, la cual fue otorgada a nombre de Parques Industriales de Sonora, con duración de cinco años y exclusivamente para residuos regionales.
Durante la administración municipal de Guatimoc Iberry González se concedió la anuencia de uso de suelo, a nombre del Parque Industrial, “únicamente para desechos provenientes del mismo parque industrial”.
El 4 de mayo de 1994 el INE autorizó una prórroga con vigencia hasta que “concluyera la vida útil del confinamiento”, sin condicionarla a vigilancia regional y en perjuicio de la legislación vigente a la época.
El ingeniero Manuel Llano Ortega, junto a algunos activistas locales, fue el primero en denunciar las irregularidades en marzo de 1997, las supuestas violaciones al marco legal ambiental y los peligros asociados en el traslado de desechos extranjeros provenientes de Alco Pacífico, una recicladora de baterías ubicada en El Florido, Baja California.
En este traslado de tóxico se cometieron graves irregularidades, destaca la bitácora ambientalista:
“La ciudadanía hermosillense no fue consultada por la autoridad municipal de manera previa a la expedición del ilegal permiso de uso de suelo del basurero tóxico”.
Y añade: “Cytrar se estableció a una distancia mucho menor de los 25 kilómetros que ordenaba la ley y las celdas del confinamiento (basurero) no reunían los requisitos mínimos ambientales”.
También documentan que Cytrar costó 7.5 millones de dólares a los sonorenses, mediante una indemnización que fue pagada a la empresa española Tec-Med, concesionaria encargada de operar este proyecto.
Posteriormente, se entregaron 750 mil dólares a la empresa canadiense Proeco, luego de realizar un estudio ambiental al confinamiento que resultó en mucho de beneficio para Profepa, Semarnat y el complaciente Consejo Ciudadano de Protección al Medio Ambiente.
De esta manera, los sonorenses también absorbieron el pago de 6.5 millones de pesos para Tec-Med, por ser la empresa que trasladó y recibió las 2 mil 456 toneladas de tóxicos.
Los residuos provenían de Estados Unidos y del resto de la República Mexicana, muchos de ellos procedentes allende el Atlántico, los descargaban en el puerto de Veracruz, y de ahí los mandaban a Rimsa en Minas, Nuevo León, y a Sonora.
“Ellos (los transportistas) preferían venirse hasta Sonora porque nada más vaciaban los camiones sin ningún cuidado, era simple y sencillamente un tiradero tóxico, igual los traían de barcos procedentes del Pacífico, los descargaban en Guaymas”, precisa el informe.
Ante esta irregularidad, se unieron a la protesta la Academia Sonorense de Derechos Humanos AC, Alianza Cívica, Conciencia y Voluntad, Unión de Usuarios y Ciudadanos por el Cambio Democrático.
“La historia ha sido la misma que hemos visto en las cuestiones ambientales, las transnacionales vienen a nuestro país donde las autoridades competentes les otorgan todas las facilidades, y sin ninguna dignidad como gobierno se ponen de rodillas ante los inversionistas”, alertaron los activistas.
Las diferentes secretarías, añaden, tenían la encomienda de atraer inversiones con el agregado de ser omisas en el cumplimiento de la ley y los derechos de los mexicanos.
“Las organizaciones ambientalistas son contratadas por Semarnat para convertirlas en promotoras de empresas sucias porque conocen a fondo el sistema; a otros activistas les ofrecen un empleo o apoyo a sus organizaciones, y de esta manera el silencio se vende barato pero tiene un gran costo para nuestro pueblo”, concluyeron los activistas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ (REPORTAJE ESPECIAL).
El narco ronda, pero Mancera cierra los ojos
A inicios de mes, el Cártel de Jalisco Nueva Generación colocó tres mantas afuera de ministerios públicos del Distrito Federal, pero el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, sigue negando que el narcotráfico opere en la capital del país. Pese a la multitud de mensajes similares que han aparecido a partir de 2008, los ejecutados, encajuelados y hasta los cuatro narcolaboratorios que se han detectado, la política negacionista ha sido una constante desde que Mancera era procurador.
MÉXICO, D.F: El miércoles 9, a las 23:30 horas, en la capital del país aparecieron tres cartulinas firmadas por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). En ellas, el grupo criminal asentó que viene “por la plaza” y advirtió al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, que “no se meta” y que “cumpla”.
Además, a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) les espetó que, “si no quieren más muertos”, dejen trabajar al grupo criminal.
Los mensajes del CJNG fueron instalados en diferentes oficinas de justicia del gobierno Mancera: una cartulina apareció pegada en la pared de la Fiscalía Desconcentrada de Tlalpan; una más en el Ministerio Público (MP) ubicado en el Parque de los Venados (delegación Benito Juárez) y la tercera en el MP de la Glorieta de Insurgentes (delegación Cuauhtémoc).
Desde que fue procurador del Distrito Federal y ahora como jefe de Gobierno, Mancera ha negado que la capital del país sea centro de operaciones de diversos cárteles de la droga.
Sin embargo, Proceso cuenta con una “tarjeta informativa” de la Fiscalía Desconcentrada de Tlalpan, dependiente de la PGJDF, en la que se reportan los mensajes y se reconoce la existencia de “diversas hojas impresas con amenazas y de igual forma firmadas con las iniciales CJNG”.
De hecho, ya desde el 27 de julio pasado los habitantes del pueblo de Santo Tomás Ajusco habían encontrado siete “narcomantas” a lo largo de la carretera Picacho-Ajusco. Estaban firmadas por el Cártel de Sinaloa, que manifestaba contar con el apoyo de la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR). Por esto exigía a Mancera que les dejara la plaza.
La reportera entrevistó a habitantes de la zona que confirmaron la presencia de los mensajes. De hecho, al menos la foto de uno circuló en las redes sociales.
El 31 de julio la SSPDF rechazó la existencia de los recados, y asentó a través de un comunicado: “No existe elemento alguno que suponga la veracidad de la manta. Con información de inteligencia y operación policial de la dependencia se aclara que no existe ningún tipo de mensaje. Tampoco es cierto que la SSPDF haya instrumentado alguna acción para retirar una manta que no existió”.
Desde 2010 han aparecido narcomantas en el Distrito Federal, algunas atribuidas a Los Zetas, otras al CJNG y unas más al Cártel de Sinaloa. Y desde 2008 se han encontrado personas “encajueladas”, con el tiro de gracia, cubiertas con cinta canela y con mensajes amenazantes firmados por gente de “El Chapo y el rey Zambada”. Todavía más: en 2014 se detectaron tres narcolaboratorios y uno más en lo que va de 2015. Y una última: la propia PGJDF divulgó la declaración de un acusado que aseveró que la matanza de cinco personas en la colonia Narvarte –entre ellas el colaborador de Proceso Rubén Espinosa–, el pasado 31 de julio, fue perpetrada por Los Zetas.
Pese a todo esto, el lunes 7 Mancera insistió en que no opera ningún cártel en el Distrito Federal. Aceptó que han sido capturados algunos cabecillas en la ciudad, pero, sostuvo, “ello no quiere decir que estén establecidos; ellos mismos dicen que no les resulta compatible”.
Pruebas y advertencias
Afuera de las oficinas del MP cercano al Parque de los Venados apareció la cartulina donde se leía:
“QUE QUEDE CLARO VENIMOS POR LA PLAZA SR. MANCERA USTED DECIDE SSPDF NO SE META AQUÍ LOS QUE NO RESPETAN LOS MATAMOS GABRIEL REGINO NO CUMPLIO. LO DE LA TAQUERIA FUE UN AVISO SIGUEN LOS LAGARTOS Y LOS CANO NOSOTROS NO VAMOS A PERDONAR SI QUIEN SE META NO PAGA SE LO CHINGAN. AQUÍ SOLO CJNG.” (sic)
El mensaje no aclara qué hecho ocurrió en “la taquería”. Podría referirse, sin embargo, a la ejecución de una mujer a las 21:50 horas del 3 de agosto pasado en la taquería El Negro de la colonia San José Insurgentes. La joven mujer era propietaria de dos estéticas.
Gabriel Regino fue el creador de la Dirección de Asuntos Internos de la SSPDF, área que se encargaba de vigilar e investigar el comportamiento de las corporaciones policiacas. Posteriormente ocupó la Dirección Operativa de la SSPDF. Era apodado El Jefe Tigre.
También fue subsecretario de Participación Ciudadana y Policías Complementarias, puesto desde el que coordinaba a los grupos de élite Cobra, Zorros y Fuerza de Tarea. Dejó el cargo cuando fue acusado de tener vínculos con el Cártel del Norte del Valle de Colombia, según publicó el diario Reforma el 3 de diciembre de 2006. Regino envió una carta de desmentido al medio.
De 2001 a 2003, Regino y Mancera compartieron el despacho “Abogados Consultores”.
Las otras cartulinas
A la misma hora y el mismo día, 23:30 horas del miércoles 9, apareció la otra cartulina en la pared del MP de Tlalpan, ubicado rumbo a la carretera Picacho-Ajusco:
“SSPDF PGJ NO SE META EN NUESTRA CONTRA SR MANCERA CUMPLA LA PLAZA ES NUESTRA BENIMOS POR LA PLAZA NADIE MAS TIENE NADA QUE ASER. SI NO QUIERE MÁS MUERTOS DEJE TRABAJAR. SI NO A PURA BALA Y SANGRE LA TOMAMOS LA TRAISION SE PAGA CON VIDA SI NOS OBLIGAN USAMOS PURO GRANADASO PARA QUE APRENDAN A RESPETAR CJNG.” (sic)
La tercera cartulina apareció al mismo tiempo en el MP ubicado en la Glorieta de Insurgentes. Ahí se acusa a Luis Rosales Gamboa, subsecretario de Operación Policial, de haber recibido pagos y no estar cumpliendo con los acuerdos.
Fuentes allegadas a la SSPDF afirman que existe la orden expresa de no abrir averiguaciones previas respecto de las citadas cartulinas. Sin embargo, los propios policías hacen registros “por si pasa algo”.
Proceso tiene uno de esos registros. Se trata de una tarjeta informativa rotulada y con sellos de la “PGJDF, Fiscalía Desconcentrada en Tlalpan”. Ahí se lee: “Se informa para conocimiento de la superioridad que siendo las 23:30 horas del día 9 de septiembre de 2015 y al encontrarme al interior de las instalaciones de esta fiscalía, se presentó el C. (y aparece tachado en negro el nombre del oficial), para informar que en un muro exterior de esta fiscalía se (nuevamente borrado) pegada con amenazas en contra del personal (borrado) como de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y que estaba firmada con las iniciales ‘CJNG’.
“Asimismo al hacer una revisión del lugar fueron encontradas diversas hojas impresas con amenazas similares y de igual forma firmadas con las iniciales CJNG.
“Se pone a disposición de la guardia los materiales encontrados para su custodia. Atentamente Sufragio efectivo no reelección, Ciudad de México a 09 de septiembre de 2015 (nombre y firma borrados).”
Este semanario solicitó una entrevista con el comisionado de Seguridad Nacional, Renato Sales, para hablar del narcotráfico en el Distrito Federal, pero se negó.
De mantas a laboratorios
El jefe de Gobierno capitalino se ha limitado a decir que, además de algunos capos, hay “un problema de narcomenudeo”.
En marzo de 2005, las autoridades capitalinas identificaron 2 mil 111 puntos de venta de droga, según se establece en un documento elaborado para la octava Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia. (Proceso 1482).
El 8 de junio de 2013, y ya siendo gobernante del Distrito Federal, Mancera insistió en que la ciudad sólo tenía “un problema de narcomenudeo”.
Dos meses después, el 27 de agosto de aquel año, la prensa dio cuenta de dos hombres asesinados, amarrados de pies y manos y con la cara cubierta con cinta canela. Junto a ellos había un narcomensaje: “ESTO LES VA A PASAR A TODOS LOS QUE SE METAN CON NOSOTROS ATTE CJNG” (sic), en la delegación Tlalpan. Se abrió la averiguación previa FTLP/TLP-3/T-1/02131/13-08.
El 13 de mayo de 2014 se encontró, en la delegación Venustiano Carranza, otro hombre muerto y encajuelado. Y el 13 de enero de este año, en la misma delegación, aparecieron dos varones ejecutados en un auto.
Desde que Mancera era el procurador local ya se habían presentado casos de encajuelados y narcomensajes: el 21 de mayo de 2008 fueron hallados dos cadáveres en un vehículo abandonado en la carretera México-Cuernavaca, con un narcomensaje: “Así van a quedar los que se (me)tan con El Chapo y el rey Zambada” (sic).
Dos semanas después, el 7 de junio de 2008, aparecieron dos hombres asesinados en la esquina de Tlalpan y Castellanos Quinto, delegación Coyoacán.
En cuanto a las narcomantas, una fue colocada el 10 de marzo de 2010 sobre el Eje 1 Norte, entre avenida Industria y Oriente 138 de la colonia Moctezuma, delegación Venustiano Carranza. Estaba firmada por Los Zetas. El mensaje rezaba: “VENIMOS POR LA PLAZA Y POR LOS CHIVAS, LA TIERRA NO ES DE QUIEN LA TRABAJA, ES NUESTRA, NO QUEREMOS RATERO. ATTE Z”.
Ocho meses después fue encontrado, en la carretera Picacho-Ajusco, el cadáver decapitado de Elías Nieto Menéndez El Mayo, jefe de plaza en Chiapas para Los Zetas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
MÉXICO, D.F: El miércoles 9, a las 23:30 horas, en la capital del país aparecieron tres cartulinas firmadas por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). En ellas, el grupo criminal asentó que viene “por la plaza” y advirtió al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, que “no se meta” y que “cumpla”.
Además, a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) les espetó que, “si no quieren más muertos”, dejen trabajar al grupo criminal.
Los mensajes del CJNG fueron instalados en diferentes oficinas de justicia del gobierno Mancera: una cartulina apareció pegada en la pared de la Fiscalía Desconcentrada de Tlalpan; una más en el Ministerio Público (MP) ubicado en el Parque de los Venados (delegación Benito Juárez) y la tercera en el MP de la Glorieta de Insurgentes (delegación Cuauhtémoc).
Desde que fue procurador del Distrito Federal y ahora como jefe de Gobierno, Mancera ha negado que la capital del país sea centro de operaciones de diversos cárteles de la droga.
Sin embargo, Proceso cuenta con una “tarjeta informativa” de la Fiscalía Desconcentrada de Tlalpan, dependiente de la PGJDF, en la que se reportan los mensajes y se reconoce la existencia de “diversas hojas impresas con amenazas y de igual forma firmadas con las iniciales CJNG”.
De hecho, ya desde el 27 de julio pasado los habitantes del pueblo de Santo Tomás Ajusco habían encontrado siete “narcomantas” a lo largo de la carretera Picacho-Ajusco. Estaban firmadas por el Cártel de Sinaloa, que manifestaba contar con el apoyo de la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR). Por esto exigía a Mancera que les dejara la plaza.
La reportera entrevistó a habitantes de la zona que confirmaron la presencia de los mensajes. De hecho, al menos la foto de uno circuló en las redes sociales.
El 31 de julio la SSPDF rechazó la existencia de los recados, y asentó a través de un comunicado: “No existe elemento alguno que suponga la veracidad de la manta. Con información de inteligencia y operación policial de la dependencia se aclara que no existe ningún tipo de mensaje. Tampoco es cierto que la SSPDF haya instrumentado alguna acción para retirar una manta que no existió”.
Desde 2010 han aparecido narcomantas en el Distrito Federal, algunas atribuidas a Los Zetas, otras al CJNG y unas más al Cártel de Sinaloa. Y desde 2008 se han encontrado personas “encajueladas”, con el tiro de gracia, cubiertas con cinta canela y con mensajes amenazantes firmados por gente de “El Chapo y el rey Zambada”. Todavía más: en 2014 se detectaron tres narcolaboratorios y uno más en lo que va de 2015. Y una última: la propia PGJDF divulgó la declaración de un acusado que aseveró que la matanza de cinco personas en la colonia Narvarte –entre ellas el colaborador de Proceso Rubén Espinosa–, el pasado 31 de julio, fue perpetrada por Los Zetas.
Pese a todo esto, el lunes 7 Mancera insistió en que no opera ningún cártel en el Distrito Federal. Aceptó que han sido capturados algunos cabecillas en la ciudad, pero, sostuvo, “ello no quiere decir que estén establecidos; ellos mismos dicen que no les resulta compatible”.
Pruebas y advertencias
Afuera de las oficinas del MP cercano al Parque de los Venados apareció la cartulina donde se leía:
“QUE QUEDE CLARO VENIMOS POR LA PLAZA SR. MANCERA USTED DECIDE SSPDF NO SE META AQUÍ LOS QUE NO RESPETAN LOS MATAMOS GABRIEL REGINO NO CUMPLIO. LO DE LA TAQUERIA FUE UN AVISO SIGUEN LOS LAGARTOS Y LOS CANO NOSOTROS NO VAMOS A PERDONAR SI QUIEN SE META NO PAGA SE LO CHINGAN. AQUÍ SOLO CJNG.” (sic)
El mensaje no aclara qué hecho ocurrió en “la taquería”. Podría referirse, sin embargo, a la ejecución de una mujer a las 21:50 horas del 3 de agosto pasado en la taquería El Negro de la colonia San José Insurgentes. La joven mujer era propietaria de dos estéticas.
Gabriel Regino fue el creador de la Dirección de Asuntos Internos de la SSPDF, área que se encargaba de vigilar e investigar el comportamiento de las corporaciones policiacas. Posteriormente ocupó la Dirección Operativa de la SSPDF. Era apodado El Jefe Tigre.
También fue subsecretario de Participación Ciudadana y Policías Complementarias, puesto desde el que coordinaba a los grupos de élite Cobra, Zorros y Fuerza de Tarea. Dejó el cargo cuando fue acusado de tener vínculos con el Cártel del Norte del Valle de Colombia, según publicó el diario Reforma el 3 de diciembre de 2006. Regino envió una carta de desmentido al medio.
De 2001 a 2003, Regino y Mancera compartieron el despacho “Abogados Consultores”.
Las otras cartulinas
A la misma hora y el mismo día, 23:30 horas del miércoles 9, apareció la otra cartulina en la pared del MP de Tlalpan, ubicado rumbo a la carretera Picacho-Ajusco:
“SSPDF PGJ NO SE META EN NUESTRA CONTRA SR MANCERA CUMPLA LA PLAZA ES NUESTRA BENIMOS POR LA PLAZA NADIE MAS TIENE NADA QUE ASER. SI NO QUIERE MÁS MUERTOS DEJE TRABAJAR. SI NO A PURA BALA Y SANGRE LA TOMAMOS LA TRAISION SE PAGA CON VIDA SI NOS OBLIGAN USAMOS PURO GRANADASO PARA QUE APRENDAN A RESPETAR CJNG.” (sic)
La tercera cartulina apareció al mismo tiempo en el MP ubicado en la Glorieta de Insurgentes. Ahí se acusa a Luis Rosales Gamboa, subsecretario de Operación Policial, de haber recibido pagos y no estar cumpliendo con los acuerdos.
Fuentes allegadas a la SSPDF afirman que existe la orden expresa de no abrir averiguaciones previas respecto de las citadas cartulinas. Sin embargo, los propios policías hacen registros “por si pasa algo”.
Proceso tiene uno de esos registros. Se trata de una tarjeta informativa rotulada y con sellos de la “PGJDF, Fiscalía Desconcentrada en Tlalpan”. Ahí se lee: “Se informa para conocimiento de la superioridad que siendo las 23:30 horas del día 9 de septiembre de 2015 y al encontrarme al interior de las instalaciones de esta fiscalía, se presentó el C. (y aparece tachado en negro el nombre del oficial), para informar que en un muro exterior de esta fiscalía se (nuevamente borrado) pegada con amenazas en contra del personal (borrado) como de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y que estaba firmada con las iniciales ‘CJNG’.
“Asimismo al hacer una revisión del lugar fueron encontradas diversas hojas impresas con amenazas similares y de igual forma firmadas con las iniciales CJNG.
“Se pone a disposición de la guardia los materiales encontrados para su custodia. Atentamente Sufragio efectivo no reelección, Ciudad de México a 09 de septiembre de 2015 (nombre y firma borrados).”
Este semanario solicitó una entrevista con el comisionado de Seguridad Nacional, Renato Sales, para hablar del narcotráfico en el Distrito Federal, pero se negó.
De mantas a laboratorios
El jefe de Gobierno capitalino se ha limitado a decir que, además de algunos capos, hay “un problema de narcomenudeo”.
En marzo de 2005, las autoridades capitalinas identificaron 2 mil 111 puntos de venta de droga, según se establece en un documento elaborado para la octava Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia. (Proceso 1482).
El 8 de junio de 2013, y ya siendo gobernante del Distrito Federal, Mancera insistió en que la ciudad sólo tenía “un problema de narcomenudeo”.
Dos meses después, el 27 de agosto de aquel año, la prensa dio cuenta de dos hombres asesinados, amarrados de pies y manos y con la cara cubierta con cinta canela. Junto a ellos había un narcomensaje: “ESTO LES VA A PASAR A TODOS LOS QUE SE METAN CON NOSOTROS ATTE CJNG” (sic), en la delegación Tlalpan. Se abrió la averiguación previa FTLP/TLP-3/T-1/02131/13-08.
El 13 de mayo de 2014 se encontró, en la delegación Venustiano Carranza, otro hombre muerto y encajuelado. Y el 13 de enero de este año, en la misma delegación, aparecieron dos varones ejecutados en un auto.
Desde que Mancera era el procurador local ya se habían presentado casos de encajuelados y narcomensajes: el 21 de mayo de 2008 fueron hallados dos cadáveres en un vehículo abandonado en la carretera México-Cuernavaca, con un narcomensaje: “Así van a quedar los que se (me)tan con El Chapo y el rey Zambada” (sic).
Dos semanas después, el 7 de junio de 2008, aparecieron dos hombres asesinados en la esquina de Tlalpan y Castellanos Quinto, delegación Coyoacán.
En cuanto a las narcomantas, una fue colocada el 10 de marzo de 2010 sobre el Eje 1 Norte, entre avenida Industria y Oriente 138 de la colonia Moctezuma, delegación Venustiano Carranza. Estaba firmada por Los Zetas. El mensaje rezaba: “VENIMOS POR LA PLAZA Y POR LOS CHIVAS, LA TIERRA NO ES DE QUIEN LA TRABAJA, ES NUESTRA, NO QUEREMOS RATERO. ATTE Z”.
Ocho meses después fue encontrado, en la carretera Picacho-Ajusco, el cadáver decapitado de Elías Nieto Menéndez El Mayo, jefe de plaza en Chiapas para Los Zetas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Contra AMLO, un “independiente”… sometido
MÉXICO, D.F: Al supuesto plan empresarial para “eliminar físicamente” a Andrés Manuel López Obrador se suma ahora el proyecto de una candidatura presidencial “independiente” para evitar también su hipotético triunfo en 2018, pero tiempos crispados esperan a México si entre los promotores de ésta se encuentran Diego Fernández de Cevallos y Jorge G. Castañeda.
Muchos no lo recuerdan, sobre todo los jóvenes, pero hace exactamente una década los mismos que ahora traman una candidatura presidencial “independiente”, varios de ellos esbirros de Carlos Salinas –padrino de Enrique Peña Nieto y emblema de la alta corrupción–, incurrieron en las peores ilegalidades y mentiras para descarrilar a López Obrador.
En 2004, cuando López Obrador como jefe de Gobierno se fortalecía ante el fiasco de Vicente Fox y Roberto Madrazo aglutinaba a lo peor del priismo –uno de cuyos prosélitos era El Bronco Jaime Rodríguez–, una élite de ilustrados y millonarios vino a salvar a los ignorantes de no lanzarse “al vacío” del “populismo”.
En mayo de ese año, Castañeda proclamó que a López Obrador había que “ganarle a la buena, a la mala y de todas las maneras posibles”.
Y eso fue exactamente lo que sucedió: Se activó desde el gobierno de Fox el proceso para desaforar a López Obrador, con Fernández de Cevallos como el articulador entre la Procuraduría General de la República (PGR) de Rafael Macedo de la Concha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (PGR) presidida por Mariano Azuela y la Cámara de Diputados con Manlio Fabio Beltrones.
Como no lo había hecho nunca en casos idénticos, la PGR inició un proceso para quitarle el fuero a López Obrador –que consumó Beltrones, hoy presidente del PRI– por haber desobedecido la orden de un juez para no abrir un camino a un hospital, una maniobra que encubría el plan tramado en Los Pinos, en Semana Santa, ya ampliamente documentado.
Lo que siguió fue una cadena de ilegalidades y un dispendio multimillonario para, con una campaña de miedo propalada por las televisoras, los organismos empresariales, los sindicatos oficiales como el encabezado por Elba Esther Gordillo imponer, en 2006, a Felipe Calderón, quien llamó a López Obrador “un peligro para México”, todo con el contubernio del órgano electoral que presidía Luis Carlos Ugalde.
El propio gobernador Peña Nieto abandonó a Madrazo, el candidato presidencial priista, y operó a favor de Calderón, quien también contó con el apoyo de gobernadores como Mario Marín de Puebla, Ulises Ruiz de Oaxaca y Eugenio Hernández de Tamaulipas, cuyas corruptelas y abusos fueron intocables para Calderón.
Luego de que Calderón fue impuesto en la presidencia de la República, platiqué con Castañeda sobre su participación en el plan para descarrilar a López Obrador, y ratificó –sincero, cínico– su papel como instigador sin escrúpulos en las elecciones. “Se entra a ganar por las buenas, por las malas, como se pueda… dentro de la legalidad.”
En la entrevista, celebrada en julio de 2007 en el departamento que alquilaba a su amiga Elba Esther Gordillo –hoy presa–, Castañeda reivindicó como suya la idea de proponerle a la cúpula empresarial la estrategia de “miedo” contra López Obrador, asociándolo a la dictadura:
“Por ejemplo, en toda la campaña de asociar a López Obrador con Hugo Chávez a quien le hicieron caso fue a Dick Morris para generar la campaña de miedo. Pero yo lo había propuesto semanas antes. A mí no me hacían caso, pero me parece cantado: No se necesita la experiencia de Dick Morris ni el ocio mío para que se les ocurra, es evidente.”
Castañeda puede ser en 2018 el candidato presidencial “independiente”, luego de que no pudo serlo en 2006 cuando recibió para su campaña –me dijo– “entre tres y cuatro millones de dólares” de empresarios, fondos que constató Transparencia Mexicana, de Federico Reyes Heroles, otro de los impulsores del proyecto contra López Obrador.
Los que odian al tabasqueño ya tienen en Castañeda, pues, a un potencial candidato “independiente”, otro es Juan Ramón de la Fuente, el exrector de la UNAM que de coquetear con López Obrador está entusiasmado con el proyecto de enfrentarlo y los que se vayan sumando, incluido El Bronco.
Pero el punto es: ¿Qué independencia puede tener un “independiente” cuyo soporte político y económico es la misma coalición de intereses que llevó a Fox, Calderón y Peña a Los Pinos y que resultaron un fracaso por someterse a ese entramado?
¿Qué capacidad de cambio para bien puede tener un candidato “independiente” que estará sometido a Fernández de Cevallos, Reyes Heroles, Claudio X. González, Héctor Aguilar Camín, Fernando Gómez Mont, Enrique Krauze, Julio Madrazo y otros personajes de la misma talla?
En aquella entrevista, Castañeda dijo que si López Obrador quiere ganar la presidencia de México tiene que hacer lo que él ya hizo: “Es cierto que para convencer te tienes que volver un pinche socialdemócrata y reformista de mierda. ¡Sí, tienes que aceptar básicamente el neoliberalismo y la relación con Estados Unidos, sí!”
Ahí tienen a uno de sus “independientitos”…
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
Muchos no lo recuerdan, sobre todo los jóvenes, pero hace exactamente una década los mismos que ahora traman una candidatura presidencial “independiente”, varios de ellos esbirros de Carlos Salinas –padrino de Enrique Peña Nieto y emblema de la alta corrupción–, incurrieron en las peores ilegalidades y mentiras para descarrilar a López Obrador.
En 2004, cuando López Obrador como jefe de Gobierno se fortalecía ante el fiasco de Vicente Fox y Roberto Madrazo aglutinaba a lo peor del priismo –uno de cuyos prosélitos era El Bronco Jaime Rodríguez–, una élite de ilustrados y millonarios vino a salvar a los ignorantes de no lanzarse “al vacío” del “populismo”.
En mayo de ese año, Castañeda proclamó que a López Obrador había que “ganarle a la buena, a la mala y de todas las maneras posibles”.
Y eso fue exactamente lo que sucedió: Se activó desde el gobierno de Fox el proceso para desaforar a López Obrador, con Fernández de Cevallos como el articulador entre la Procuraduría General de la República (PGR) de Rafael Macedo de la Concha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (PGR) presidida por Mariano Azuela y la Cámara de Diputados con Manlio Fabio Beltrones.
Como no lo había hecho nunca en casos idénticos, la PGR inició un proceso para quitarle el fuero a López Obrador –que consumó Beltrones, hoy presidente del PRI– por haber desobedecido la orden de un juez para no abrir un camino a un hospital, una maniobra que encubría el plan tramado en Los Pinos, en Semana Santa, ya ampliamente documentado.
Lo que siguió fue una cadena de ilegalidades y un dispendio multimillonario para, con una campaña de miedo propalada por las televisoras, los organismos empresariales, los sindicatos oficiales como el encabezado por Elba Esther Gordillo imponer, en 2006, a Felipe Calderón, quien llamó a López Obrador “un peligro para México”, todo con el contubernio del órgano electoral que presidía Luis Carlos Ugalde.
El propio gobernador Peña Nieto abandonó a Madrazo, el candidato presidencial priista, y operó a favor de Calderón, quien también contó con el apoyo de gobernadores como Mario Marín de Puebla, Ulises Ruiz de Oaxaca y Eugenio Hernández de Tamaulipas, cuyas corruptelas y abusos fueron intocables para Calderón.
Luego de que Calderón fue impuesto en la presidencia de la República, platiqué con Castañeda sobre su participación en el plan para descarrilar a López Obrador, y ratificó –sincero, cínico– su papel como instigador sin escrúpulos en las elecciones. “Se entra a ganar por las buenas, por las malas, como se pueda… dentro de la legalidad.”
En la entrevista, celebrada en julio de 2007 en el departamento que alquilaba a su amiga Elba Esther Gordillo –hoy presa–, Castañeda reivindicó como suya la idea de proponerle a la cúpula empresarial la estrategia de “miedo” contra López Obrador, asociándolo a la dictadura:
“Por ejemplo, en toda la campaña de asociar a López Obrador con Hugo Chávez a quien le hicieron caso fue a Dick Morris para generar la campaña de miedo. Pero yo lo había propuesto semanas antes. A mí no me hacían caso, pero me parece cantado: No se necesita la experiencia de Dick Morris ni el ocio mío para que se les ocurra, es evidente.”
Castañeda puede ser en 2018 el candidato presidencial “independiente”, luego de que no pudo serlo en 2006 cuando recibió para su campaña –me dijo– “entre tres y cuatro millones de dólares” de empresarios, fondos que constató Transparencia Mexicana, de Federico Reyes Heroles, otro de los impulsores del proyecto contra López Obrador.
Los que odian al tabasqueño ya tienen en Castañeda, pues, a un potencial candidato “independiente”, otro es Juan Ramón de la Fuente, el exrector de la UNAM que de coquetear con López Obrador está entusiasmado con el proyecto de enfrentarlo y los que se vayan sumando, incluido El Bronco.
Pero el punto es: ¿Qué independencia puede tener un “independiente” cuyo soporte político y económico es la misma coalición de intereses que llevó a Fox, Calderón y Peña a Los Pinos y que resultaron un fracaso por someterse a ese entramado?
¿Qué capacidad de cambio para bien puede tener un candidato “independiente” que estará sometido a Fernández de Cevallos, Reyes Heroles, Claudio X. González, Héctor Aguilar Camín, Fernando Gómez Mont, Enrique Krauze, Julio Madrazo y otros personajes de la misma talla?
En aquella entrevista, Castañeda dijo que si López Obrador quiere ganar la presidencia de México tiene que hacer lo que él ya hizo: “Es cierto que para convencer te tienes que volver un pinche socialdemócrata y reformista de mierda. ¡Sí, tienes que aceptar básicamente el neoliberalismo y la relación con Estados Unidos, sí!”
Ahí tienen a uno de sus “independientitos”…
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
Propone Francisco Toledo instituir un premio al político más sordo
El gobernador y el secretario de Turismo de Oaxaca, nominados.
Oaxaca, Oax. Francisco Toledo, fundador del Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Oaxaca (Pro Oax), propuso instituir la medalla al mérito político, que sería entregada al funcionario que menos escucha al pueblo. Entre los nominados, consideró el pintor juchiteco, podrían estar el gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, y el secretario de Turismo y Desarrollo Económico (Styde), José Zorrilla de San Martín Diego.
Este es el símbolo de la sordera política, dijo el artista plástico y se desprendió del pecho una oreja con un moño naranja, que mostró a los periodistas convocados en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca.
Queremos instituir una medalla al mérito político, dijo, y añadió que esta presea tendría que ser más grande, no de plata, ¿eh? De algo barato.
Agregó que buscará proponer al presidente de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca que el reconocimiento se entregue durante ese evento, que se iniciará el 24 de octubre y culminará el primero de noviembre.
Que se entregue a un político que pudiéramos escoger entre todos y decir que le toca por ser el más sordo de los políticos.
Juan José Mendoza Escudero y Brenda Mendoza Sánchez, vecinos de la colonia Guelaguetza, interpusieron ante el juez de distrito con sede en la ciudad de Oaxaca un amparo contra el acuerdo IEEPCO-CG-6/2015, que aprobó una consulta pública para definir si se construye el Centro Cultural y de Convenciones.
El Frente en Defensa del Cerro del Fortín explicó que este ejercicio es ilegal porque la figura no está prevista en la ley.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JORGE A. PÉREZ ALFONSO.
Oaxaca, Oax. Francisco Toledo, fundador del Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Oaxaca (Pro Oax), propuso instituir la medalla al mérito político, que sería entregada al funcionario que menos escucha al pueblo. Entre los nominados, consideró el pintor juchiteco, podrían estar el gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, y el secretario de Turismo y Desarrollo Económico (Styde), José Zorrilla de San Martín Diego.
Este es el símbolo de la sordera política, dijo el artista plástico y se desprendió del pecho una oreja con un moño naranja, que mostró a los periodistas convocados en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca.
Queremos instituir una medalla al mérito político, dijo, y añadió que esta presea tendría que ser más grande, no de plata, ¿eh? De algo barato.
Agregó que buscará proponer al presidente de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca que el reconocimiento se entregue durante ese evento, que se iniciará el 24 de octubre y culminará el primero de noviembre.
Que se entregue a un político que pudiéramos escoger entre todos y decir que le toca por ser el más sordo de los políticos.
Juan José Mendoza Escudero y Brenda Mendoza Sánchez, vecinos de la colonia Guelaguetza, interpusieron ante el juez de distrito con sede en la ciudad de Oaxaca un amparo contra el acuerdo IEEPCO-CG-6/2015, que aprobó una consulta pública para definir si se construye el Centro Cultural y de Convenciones.
El Frente en Defensa del Cerro del Fortín explicó que este ejercicio es ilegal porque la figura no está prevista en la ley.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JORGE A. PÉREZ ALFONSO.
CHURINTZIO QUEDARÁ INMUNE A REFORMA EDUCATIVA: INFORMA EX EDIL
El ex edil de Churintzio Juan Luis Contreras Calderón, informó que la Suprema Corte de Justicia invalidó la Ley de Educación en el Estado tras la controversia constitucional promovida por su administración en el 2014, por lo cual la reforma educativa no tendrá efecto en su municipio y sentará un precedente a nivel nacional que podría echar abajo la aplicación de la normativa federal en todo el país.
A decir del ex edil los argumentos esgrimidos por los magistrados exhibieron que la ley aprobada nivel estatal no estaba armonizada con la federal, además de que diversos artículos se contraponían a otras disposiciones, incluso en materia de derechos humanos, razón por la cual se le otorgó la razón al municipio, y este quedará inmune a las reformas estatales.
FUENTE: LA JORNADA DE MICHOACÁN.
AUTOR: DANIELA OSORIO.
A decir del ex edil los argumentos esgrimidos por los magistrados exhibieron que la ley aprobada nivel estatal no estaba armonizada con la federal, además de que diversos artículos se contraponían a otras disposiciones, incluso en materia de derechos humanos, razón por la cual se le otorgó la razón al municipio, y este quedará inmune a las reformas estatales.
FUENTE: LA JORNADA DE MICHOACÁN.
AUTOR: DANIELA OSORIO.
Denuncian ONG ante la CIDH abusos por Plan Frontera Sur
VILLAHERMOSA, Tab: Organismos civiles y religiosos defensores de migrantes pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no queden impunes los abusos del Plan Frontera Sur del gobierno federal.
La CIDH, encabezada por el comisionado Felipe González e conformada por Deborah Benchoam y Álvaro Botero Navarro, integrantes de la Secretaría Ejecutiva del organismo, se reunieron con representantes de las ONG en el hogar-refugio para personas migrantes La 72, localizado en el municipio de Tenosique, Tabasco.
Previamente, por la mañana, sostuvieron un encuentro con el gobernador Arturo Núñez y su gabinete de seguridad, en la residencia oficial Quinta Grijalva.
A través de su cuenta de Twitter, La 72 informó que en el primer semestre del año documentó 12 muertes de migrantes centroamericanos por el endurecimiento de acciones contra extranjeros sin papeles, como consecuencia del Plan Frontera Sur.
“El Plan Frontera Sur debe acabar y generar justicia para las víctimas. No puede quedar impune lo que provocó”, exigió La 72 en la reunión con la CIDH, a la que también asistieron representantes de Movimiento Migrante Mesoamericano y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías, entre otras organizaciones.
El Centro Fray Matías denunció ante los enviados del organismo regional “la dramática situación de los menores migrantes en México”, la cual arreció con la puesta en marcha del Plan Frontera Sur.
En agosto, el senador priista Humberto Domingo Mayans Canabal renunció a la coordinación del Plan Frontera Sur y regresó a su escaño. En julio de 2014 había asumido el cargo.
Durante ese periodo, en la frontera con Tabasco se aseguraron 100 mil migrantes, quienes fueron retornados a sus países de origen, principalmente Honduras, Guatemala y El Salvador.
Los organismos no gubernamentales denunciaron ante la CIDH que con el Plan Frontera Sur se impide a los migrantes subir al ferrocarril de carga conocido como “La Bestia”, lo que les obliga a buscar rutas más peligrosas para llegar al norte del país y luego a los Estados Unidos, haciéndolos víctimas de la delincuencia organizada.
A finales de junio, nueve guatemaltecos perdieron la vida en el municipio tabasqueño de Jalapa al derrapar la camioneta en la que viajaban sobre un puente y caer al río, durante una persecución para detenerlos.
A su arribo a Tabasco, la misión de la CIDH se reunió en privado con el gobernador Arturo Núñez y su gabinete de seguridad, en la que participaron también funcionarios de las secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE).
De acuerdo con un comunicado oficial, se revisaron temas relacionados con la situación general de los derechos humanos en Tabasco, la política migratoria en la frontera sur y la protección de los derechos de los migrantes en su paso por el estado.
El caso más importante que indaga la CIDH en Tabasco es el de la posible ejecución extrajudicial de los presuntos secuestradores Sagrario Negrete Marín y Daniel Tadeo de la Cruz Martínez, bailarina y mesero del bar La Doña de esta capital, ocurrido el 14 de agosto.
Ambos fueron detenidos y fotografiados vivos sobre una patrulla de la policía estatal y posteriormente fueron hallados muertos, con el tiro de gracia, entre el monte.
Sagrario y Daniel Tadeo formaban parte del grupo de seis presuntos delincuentes que intentaron secuestrar a un hombre en el centro de Villahermosa y, al no lograr su objetivo, huyeron en un Jetta rojo luego de abandonar una camioneta.
La policía los persiguió y en el camino los fugitivos asesinaron a dos agentes que les marcaron el alto. Finalmente, tres pistoleros fueron abatidos sobre la carretera al municipio de Cárdenas.
Sagrario y Daniel Tadeo fueron arrestados vivos, igual que la única sobreviviente, Virginia García Gervasio, quien se encuentra internada en el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset).
El 25 de agosto, el fiscal general Fernando Valenzuela Pernas anunció que la CIDH había iniciado una investigación de oficio sobre la presunta ejecución de la bailarina Sagrario Negrete y el mesero Daniel Tadeo.
Además, que el organismo regional que había dado un plazo de 20 días para que la FGE informara sobre el avance de las diligencias sobre este caso, las cuales se les hizo llegar antes de cumplirse la fecha.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
La CIDH, encabezada por el comisionado Felipe González e conformada por Deborah Benchoam y Álvaro Botero Navarro, integrantes de la Secretaría Ejecutiva del organismo, se reunieron con representantes de las ONG en el hogar-refugio para personas migrantes La 72, localizado en el municipio de Tenosique, Tabasco.
Previamente, por la mañana, sostuvieron un encuentro con el gobernador Arturo Núñez y su gabinete de seguridad, en la residencia oficial Quinta Grijalva.
A través de su cuenta de Twitter, La 72 informó que en el primer semestre del año documentó 12 muertes de migrantes centroamericanos por el endurecimiento de acciones contra extranjeros sin papeles, como consecuencia del Plan Frontera Sur.
“El Plan Frontera Sur debe acabar y generar justicia para las víctimas. No puede quedar impune lo que provocó”, exigió La 72 en la reunión con la CIDH, a la que también asistieron representantes de Movimiento Migrante Mesoamericano y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías, entre otras organizaciones.
El Centro Fray Matías denunció ante los enviados del organismo regional “la dramática situación de los menores migrantes en México”, la cual arreció con la puesta en marcha del Plan Frontera Sur.
En agosto, el senador priista Humberto Domingo Mayans Canabal renunció a la coordinación del Plan Frontera Sur y regresó a su escaño. En julio de 2014 había asumido el cargo.
Durante ese periodo, en la frontera con Tabasco se aseguraron 100 mil migrantes, quienes fueron retornados a sus países de origen, principalmente Honduras, Guatemala y El Salvador.
Los organismos no gubernamentales denunciaron ante la CIDH que con el Plan Frontera Sur se impide a los migrantes subir al ferrocarril de carga conocido como “La Bestia”, lo que les obliga a buscar rutas más peligrosas para llegar al norte del país y luego a los Estados Unidos, haciéndolos víctimas de la delincuencia organizada.
A finales de junio, nueve guatemaltecos perdieron la vida en el municipio tabasqueño de Jalapa al derrapar la camioneta en la que viajaban sobre un puente y caer al río, durante una persecución para detenerlos.
A su arribo a Tabasco, la misión de la CIDH se reunió en privado con el gobernador Arturo Núñez y su gabinete de seguridad, en la que participaron también funcionarios de las secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE).
De acuerdo con un comunicado oficial, se revisaron temas relacionados con la situación general de los derechos humanos en Tabasco, la política migratoria en la frontera sur y la protección de los derechos de los migrantes en su paso por el estado.
El caso más importante que indaga la CIDH en Tabasco es el de la posible ejecución extrajudicial de los presuntos secuestradores Sagrario Negrete Marín y Daniel Tadeo de la Cruz Martínez, bailarina y mesero del bar La Doña de esta capital, ocurrido el 14 de agosto.
Ambos fueron detenidos y fotografiados vivos sobre una patrulla de la policía estatal y posteriormente fueron hallados muertos, con el tiro de gracia, entre el monte.
Sagrario y Daniel Tadeo formaban parte del grupo de seis presuntos delincuentes que intentaron secuestrar a un hombre en el centro de Villahermosa y, al no lograr su objetivo, huyeron en un Jetta rojo luego de abandonar una camioneta.
La policía los persiguió y en el camino los fugitivos asesinaron a dos agentes que les marcaron el alto. Finalmente, tres pistoleros fueron abatidos sobre la carretera al municipio de Cárdenas.
Sagrario y Daniel Tadeo fueron arrestados vivos, igual que la única sobreviviente, Virginia García Gervasio, quien se encuentra internada en el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset).
El 25 de agosto, el fiscal general Fernando Valenzuela Pernas anunció que la CIDH había iniciado una investigación de oficio sobre la presunta ejecución de la bailarina Sagrario Negrete y el mesero Daniel Tadeo.
Además, que el organismo regional que había dado un plazo de 20 días para que la FGE informara sobre el avance de las diligencias sobre este caso, las cuales se les hizo llegar antes de cumplirse la fecha.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
Enviados de la CIDH reciben a familiares de desaparecidos en Nuevo León
MONTERREY, N.L: Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibieron en audiencia a familiares de víctimas de ejecución extrajudicial, desaparición y tortura, en hechos ocurridos en Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas Nuevo León y Zacatecas.
El encuentro se efectuó a las 2:45 de la tarde en la Facultad Libre de Derecho (FLD), donde los enviados del organismo hemisférico, encabezados por la comisionada Tracy Robinson, escucharon a las personas cuyos familiares padecieron graves violaciones a sus derechos humanos.
En la reunión se expuso el caso de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos, Coahuila, y el de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey presuntamente asesinados por militares, así como sucesos de desaparición en las entidades mencionadas.
Horas después se realizó una segunda audiencia en la misma FLD, en la que participaron organismos de la sociedad civil. Éstos presentaron diagnósticos y recomendaciones para solucionar el problema de las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las desapariciones, así como el conflicto que viven los migrantes que cruzan por México y las violaciones a los derechos humanos perpetradas en los centros penitenciarios del país.
Además de Robinson, en ambas audiencias estuvieron presentes Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, y los especialistas Tania Reneaum y Efrén Olviares.
La actividad para los enviados del organismo inició desde temprano, con una reunión que sostuvieron a las 11 de la mañana con los mismos familiares de desaparecidos en el norte del país.
El grupo acudió a la invitación que le hizo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, para participar en un acto simbólico en el Reloj del Barrio Antiguo, en el centro de esta capital.
También asistieron integrantes de organizaciones civiles como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Grupo Amores, y Eslabones, de Nuevo León; familiares de mineros de Pasta de Conchos y Grupo Vida, de Coahuila; el Centro de los Derechos de las Mujeres, de Chihuahua, y el Comité de los Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Con mantas en las que imprimieron imágenes de sus seres queridos (desaparecidos en años recientes), alrededor de 100 personas se dieron cita en el Reloj del Barrio Antiguo.
En un acto simbólico, la madre de un desaparecido de Nuevo León encendió un cirio y luego lo pasó a una representante de Coahuila, quien a su vez la cedió a una zacatecana. La vela pasó a manos de una representante de Tamaulipas, quien finalmente se la entregó a Robinson.
Virginia Buenrostro, integrante del Grupo Amores, pidió a los enviados de la CIDH que con esa llama encendida recorrieran el mundo “derramando la luz” de la verdad y la justicia.
Con el pabilo en sus manos, Robinson caminó unos 50 metros hasta colocarse frente al Mural de los Desaparecidos, pintado por artistas auspiciados por CADHAC y Amores en una barda de la avenida Constitución, donde las mujeres elevaron la consigna: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
En un breve mensaje, Robinson se comprometió a mantener encendida “la llama de la esperanza” y a trabajar por el bien común de los presentes. “He visto las caras de sus seres amados, que vienen de todos los rincones de la región. Quiero que sepan que la Comisión los ha escuchado y observo la luz de esta veladora como un símbolo de la importancia de trabajar en los derechos humanos, una labor en la que estamos todos comprometidos”, dijo.
La comisionada de origen jamaiquino destacó que el próximo 2 de octubre, cuando terminen su visita a México, presentarán una evaluación sobre el estado en que se encuentran los derechos humanos en el país.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
El encuentro se efectuó a las 2:45 de la tarde en la Facultad Libre de Derecho (FLD), donde los enviados del organismo hemisférico, encabezados por la comisionada Tracy Robinson, escucharon a las personas cuyos familiares padecieron graves violaciones a sus derechos humanos.
En la reunión se expuso el caso de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos, Coahuila, y el de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey presuntamente asesinados por militares, así como sucesos de desaparición en las entidades mencionadas.
Horas después se realizó una segunda audiencia en la misma FLD, en la que participaron organismos de la sociedad civil. Éstos presentaron diagnósticos y recomendaciones para solucionar el problema de las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las desapariciones, así como el conflicto que viven los migrantes que cruzan por México y las violaciones a los derechos humanos perpetradas en los centros penitenciarios del país.
Además de Robinson, en ambas audiencias estuvieron presentes Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, y los especialistas Tania Reneaum y Efrén Olviares.
La actividad para los enviados del organismo inició desde temprano, con una reunión que sostuvieron a las 11 de la mañana con los mismos familiares de desaparecidos en el norte del país.
El grupo acudió a la invitación que le hizo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, para participar en un acto simbólico en el Reloj del Barrio Antiguo, en el centro de esta capital.
También asistieron integrantes de organizaciones civiles como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Grupo Amores, y Eslabones, de Nuevo León; familiares de mineros de Pasta de Conchos y Grupo Vida, de Coahuila; el Centro de los Derechos de las Mujeres, de Chihuahua, y el Comité de los Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Con mantas en las que imprimieron imágenes de sus seres queridos (desaparecidos en años recientes), alrededor de 100 personas se dieron cita en el Reloj del Barrio Antiguo.
En un acto simbólico, la madre de un desaparecido de Nuevo León encendió un cirio y luego lo pasó a una representante de Coahuila, quien a su vez la cedió a una zacatecana. La vela pasó a manos de una representante de Tamaulipas, quien finalmente se la entregó a Robinson.
Virginia Buenrostro, integrante del Grupo Amores, pidió a los enviados de la CIDH que con esa llama encendida recorrieran el mundo “derramando la luz” de la verdad y la justicia.
Con el pabilo en sus manos, Robinson caminó unos 50 metros hasta colocarse frente al Mural de los Desaparecidos, pintado por artistas auspiciados por CADHAC y Amores en una barda de la avenida Constitución, donde las mujeres elevaron la consigna: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
En un breve mensaje, Robinson se comprometió a mantener encendida “la llama de la esperanza” y a trabajar por el bien común de los presentes. “He visto las caras de sus seres amados, que vienen de todos los rincones de la región. Quiero que sepan que la Comisión los ha escuchado y observo la luz de esta veladora como un símbolo de la importancia de trabajar en los derechos humanos, una labor en la que estamos todos comprometidos”, dijo.
La comisionada de origen jamaiquino destacó que el próximo 2 de octubre, cuando terminen su visita a México, presentarán una evaluación sobre el estado en que se encuentran los derechos humanos en el país.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
“Prohíbe” Jucopo a Comisión Ayotzinapa sesionar esta semana
MÉXICO, D.F: La Junta de Coordinación Política –que encabeza el PRI y en la que detenta la mayoría junto con PVEM y Panal– “prohibió” a la Comisión Especial de Ayotzinapa reunirse este martes, miércoles y jueves próximo, confirmó la presidenta del organismo, la panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez.
La semana pasada esa comisión acordó sesionar todos los martes entre las 3 y 4 de la tarde para avanzar en los trabajos sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, sin embargo, este martes Murguía Gutiérrez debió salir en conferencia de prensa para aclarar la prohibición.
“Al conocer que la sesión de hoy iba a ser muy larga, solicité por escrito a la Junta de Coordinación Política la autorización para que en el receso pudiéramos reunirnos y tener nuestra sesión de comisión, como lo habíamos acordado”, refirió la legisladora.
Sin embargo, abundó, “en este momento me comentan vía telefónica que por acuerdo de la Jucopo, que está reunida y trabajando ahorita, nos dicen que no se autoriza el trabajo en comisiones, ni hoy, ni mañana ni el jueves”, acusó la panista.
Los representantes de los medios de información mostraron su sorpresa, debido a que es práctica parlamentaria que habiendo sesión del pleno diversas comisiones sesionen en forma simultánea.
Incluso, se llegan a prolongar de manera premeditada algunas sesiones del pleno para que en comisiones se lleguen a votaciones de dictámenes y luego “bajarlos” al pleno.
Lo anterior se le hizo ver a la novel diputada, quien recordó que “es una disposición general” que aparece en el artículo 212 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que establece que “las comisiones, sólo de manera extraordinaria y con el permiso de la Junta, podrán reunirse durante las sesiones del pleno. En caso de que se presente una votación en el pleno, se decretará un receso, en la reunión de la comisión, en tanto los integrantes acuden a votar”.
Sin embargo, la disposición aprobada en diciembre de 2010 nunca ha sido cumplida, pues resulta impráctica, sobre todo cuando existe discusión de Presupuesto y Ley de Ingresos.
A las 19:30 horas de este martes la Junta seguía reunida a la par que se lleva a cabo un “receso” de la sesión del pleno. En la Jucopo participan únicamente los coordinadores y vicecoordinadores parlamentarios, por lo que el resto de los legisladores no tiene mayor ocupación.
El receso se debe a que aún no existe acuerdo sobre la distribución de las comisiones.
Apro reveló el viernes anterior que el PRI se quedaría con 22 comisiones; PAN con 12; PRD, siete; PVEM cinco; Morena cuatro; MC tres; Panal una, y PES una.
Además, existe pleno acuerdo con el número de presidencias a entregar, sin embargo, el “tipo” de comisiones que se pretende asignar a Morena ha sido motivo de discusión y desacuerdo.
Morena demanda Educación, Radio y Televisión, Seguridad Social y la del Distrito Federal.
El PRI tuvo en la legislatura pasada la del Distrito Federal, y en esta ocasión cedió dicha instancia, pero el PRD, por tener 60 legisladores contra 35 de Morena, la escogió primero, hecho que rechazó Morena al considerar que “hace el corte” (es decir, que se reparten lo principal entre los tres principales partidos, y lo que queda, “el retazo”, es lo que pretenden asignarle al partido forjado por Andrés Manuel López Obrador, acusó la coordinadora de Morena, Rocío Nahle.
Como la discusión continuó todo el martes y se decretó un receso, la Jucopo presentó esta situación como argumento para impedir sesionar a la Comisión Especial de Ayotzinapa.
A pesar de haberse conformado desde hace dos semanas, la instancia especial no ha aprobado siquiera su plan de trabajo. A pesar de ello, la presidenta ya ha enviado oficios a diversas instancias para que se reúnan con los integrantes de la comisión.
Hasta el momento la única que ha aceptado y puesto fecha es la procuradora general de la República, Arely Gómez, quien recibirá a los miembros de la comisión en su oficina a la una de la tarde del viernes próximo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
La semana pasada esa comisión acordó sesionar todos los martes entre las 3 y 4 de la tarde para avanzar en los trabajos sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, sin embargo, este martes Murguía Gutiérrez debió salir en conferencia de prensa para aclarar la prohibición.
“Al conocer que la sesión de hoy iba a ser muy larga, solicité por escrito a la Junta de Coordinación Política la autorización para que en el receso pudiéramos reunirnos y tener nuestra sesión de comisión, como lo habíamos acordado”, refirió la legisladora.
Sin embargo, abundó, “en este momento me comentan vía telefónica que por acuerdo de la Jucopo, que está reunida y trabajando ahorita, nos dicen que no se autoriza el trabajo en comisiones, ni hoy, ni mañana ni el jueves”, acusó la panista.
Los representantes de los medios de información mostraron su sorpresa, debido a que es práctica parlamentaria que habiendo sesión del pleno diversas comisiones sesionen en forma simultánea.
Incluso, se llegan a prolongar de manera premeditada algunas sesiones del pleno para que en comisiones se lleguen a votaciones de dictámenes y luego “bajarlos” al pleno.
Lo anterior se le hizo ver a la novel diputada, quien recordó que “es una disposición general” que aparece en el artículo 212 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que establece que “las comisiones, sólo de manera extraordinaria y con el permiso de la Junta, podrán reunirse durante las sesiones del pleno. En caso de que se presente una votación en el pleno, se decretará un receso, en la reunión de la comisión, en tanto los integrantes acuden a votar”.
Sin embargo, la disposición aprobada en diciembre de 2010 nunca ha sido cumplida, pues resulta impráctica, sobre todo cuando existe discusión de Presupuesto y Ley de Ingresos.
A las 19:30 horas de este martes la Junta seguía reunida a la par que se lleva a cabo un “receso” de la sesión del pleno. En la Jucopo participan únicamente los coordinadores y vicecoordinadores parlamentarios, por lo que el resto de los legisladores no tiene mayor ocupación.
El receso se debe a que aún no existe acuerdo sobre la distribución de las comisiones.
Apro reveló el viernes anterior que el PRI se quedaría con 22 comisiones; PAN con 12; PRD, siete; PVEM cinco; Morena cuatro; MC tres; Panal una, y PES una.
Además, existe pleno acuerdo con el número de presidencias a entregar, sin embargo, el “tipo” de comisiones que se pretende asignar a Morena ha sido motivo de discusión y desacuerdo.
Morena demanda Educación, Radio y Televisión, Seguridad Social y la del Distrito Federal.
El PRI tuvo en la legislatura pasada la del Distrito Federal, y en esta ocasión cedió dicha instancia, pero el PRD, por tener 60 legisladores contra 35 de Morena, la escogió primero, hecho que rechazó Morena al considerar que “hace el corte” (es decir, que se reparten lo principal entre los tres principales partidos, y lo que queda, “el retazo”, es lo que pretenden asignarle al partido forjado por Andrés Manuel López Obrador, acusó la coordinadora de Morena, Rocío Nahle.
Como la discusión continuó todo el martes y se decretó un receso, la Jucopo presentó esta situación como argumento para impedir sesionar a la Comisión Especial de Ayotzinapa.
A pesar de haberse conformado desde hace dos semanas, la instancia especial no ha aprobado siquiera su plan de trabajo. A pesar de ello, la presidenta ya ha enviado oficios a diversas instancias para que se reúnan con los integrantes de la comisión.
Hasta el momento la única que ha aceptado y puesto fecha es la procuradora general de la República, Arely Gómez, quien recibirá a los miembros de la comisión en su oficina a la una de la tarde del viernes próximo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Sabritas se niega a pagar impuestos en Ixtac
Ixtaczoquitlán, Ver: La empresa Sabritas pudiera ser embargada por evasión de contribuciones municipales, de hecho el Ayuntamiento de este lugar ya inició el proceso administrativo; otras dos empresas de esta zona igual estarían por entrar en el mismo problema, aunque ya se iniciaron las negociaciones.
De acuerdo con el apoderado legal del ayuntamiento y asesor jurídico, Miguel Ángel Torres Moreno a la empresa, que se encuentra en el parque industrial de este municipio, ya se les venció el plazo para la regularización de su situación fiscal y no acudieron a resolverla.
Incluso, señala, “el personal de la empresa Sabritas planta Ixtaczoquitlán desde el primero de septiembre se ha negado en recibir a las autoridades municipales y sólo argumentan que no hay quien los pueda atender, por lo que creemos que es un acto de rebeldía pero no le da la importancia de tener actualizados sus valores catastrales o de plano no tienen el interés de realizar el pago de sus contribuciones a diferencia de otras empresas”.
La situación fiscal de la empresa, explica, “se desprende de la actualización de predios que realizó la Dirección General de Catastro y Valuación de Gobierno del Estado de Veracruz en coordinación con el Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán y ya se les ha determinado el crédito fiscal”.
“No es justo que un contribuyente persona física que con mucho esfuerzo acude a realizar el pago de sus contribuciones en tiempo y forma y, una industria hablando de la magnitud que representa Sabritas, se niegue en realizar el pago de sus contribuciones”, asegura.
En el caso de la empresa, “ya se le notificó sus nuevos valores catastrales desde el pasado uno de septiembre y tras la negativa del personal de la misma empresa, a recibir las resoluciones ya se ejecutaron las notificaciones como lo establece el código de procedimientos administrativos para el estado de Veracruz”.
Con las notificaciones, agrega, “el crédito fiscal se les vence por la omisión de pago, sin embargo ellos no han acudido a la autoridad dentro del término de 15 días que se les concedió para efectuar el pago correspondiente”.
El vencimiento del emplazamiento, añade, “venció hace 15 día y ya se procedió a emitir el mandamiento de ejecución, el requerimiento de pago y en caso de que la empresa no realice el pago de lo que adeuda se le embargaran bienes suficientes que garanticen ese adeudo.
“Los valores catastrales que se encuentran actualizados a la fecha, se encuentran los predios que albergan las empresas Pepsi, Proquina, Cafiver y Sabritas; las primeras tres en mención están en la mejor disposición de colaborar con las autoridades municipales poniéndose al día en sus contribuciones, no así Sabritas quien se ha negado a atender a las autoridades municipales cuando éstas han acudido a sus instalaciones; en el caso de la empresa Proquina dijo que se encuentra interesada en mantener una buena relación e incluso se están regularizando en el tema de uso de suelo y en el pago de sus contribuciones en base a los nuevos valores catastrales, al igual que la empresa Pepsico ya se acercaron y se convino el pago que realizarán al ayuntamiento.
FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.
De acuerdo con el apoderado legal del ayuntamiento y asesor jurídico, Miguel Ángel Torres Moreno a la empresa, que se encuentra en el parque industrial de este municipio, ya se les venció el plazo para la regularización de su situación fiscal y no acudieron a resolverla.
Incluso, señala, “el personal de la empresa Sabritas planta Ixtaczoquitlán desde el primero de septiembre se ha negado en recibir a las autoridades municipales y sólo argumentan que no hay quien los pueda atender, por lo que creemos que es un acto de rebeldía pero no le da la importancia de tener actualizados sus valores catastrales o de plano no tienen el interés de realizar el pago de sus contribuciones a diferencia de otras empresas”.
La situación fiscal de la empresa, explica, “se desprende de la actualización de predios que realizó la Dirección General de Catastro y Valuación de Gobierno del Estado de Veracruz en coordinación con el Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán y ya se les ha determinado el crédito fiscal”.
“No es justo que un contribuyente persona física que con mucho esfuerzo acude a realizar el pago de sus contribuciones en tiempo y forma y, una industria hablando de la magnitud que representa Sabritas, se niegue en realizar el pago de sus contribuciones”, asegura.
En el caso de la empresa, “ya se le notificó sus nuevos valores catastrales desde el pasado uno de septiembre y tras la negativa del personal de la misma empresa, a recibir las resoluciones ya se ejecutaron las notificaciones como lo establece el código de procedimientos administrativos para el estado de Veracruz”.
Con las notificaciones, agrega, “el crédito fiscal se les vence por la omisión de pago, sin embargo ellos no han acudido a la autoridad dentro del término de 15 días que se les concedió para efectuar el pago correspondiente”.
El vencimiento del emplazamiento, añade, “venció hace 15 día y ya se procedió a emitir el mandamiento de ejecución, el requerimiento de pago y en caso de que la empresa no realice el pago de lo que adeuda se le embargaran bienes suficientes que garanticen ese adeudo.
“Los valores catastrales que se encuentran actualizados a la fecha, se encuentran los predios que albergan las empresas Pepsi, Proquina, Cafiver y Sabritas; las primeras tres en mención están en la mejor disposición de colaborar con las autoridades municipales poniéndose al día en sus contribuciones, no así Sabritas quien se ha negado a atender a las autoridades municipales cuando éstas han acudido a sus instalaciones; en el caso de la empresa Proquina dijo que se encuentra interesada en mantener una buena relación e incluso se están regularizando en el tema de uso de suelo y en el pago de sus contribuciones en base a los nuevos valores catastrales, al igual que la empresa Pepsico ya se acercaron y se convino el pago que realizarán al ayuntamiento.
FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)