Le prometieron que no le pasaría nada y que después de pagar el rescate podría ver a su marido. Yolanda Álvarez Antúnez lo creyó. La madre de cinco hijos y abuela de 13 no vio otra opción.
En una camioneta vieja que conducía su cuñado llegaron al cruce de un camino donde le dijeron que alguien los esperaría, pero nadie estaba. Discutieron unos segundos sobre si era mejor irse pero decidieron continuar.
Hacia las 10:30 de la noche entraron a un pueblo en la zona montañosa del estado sureño de Guerrero. Dos camionetas llenas de hombres armados les cerraron el paso. Uno se acercó a pie.
_“¿Es usted la del teléfono?”, le preguntó.
Ella también reconoció la voz. A la voz que por una semana habían ambos escuchado, finalmente le ponían un rostro.
El hombre pidió el dinero y ella le estiró la bolsa de plástico llena de billetes. Su esposo no se veía por ningún lado. Entonces todo se descompuso.
_“¡Bájense!”, gritó el hombre.
_“¿Pero por qué?”, intentó reclamar. “Si me dijeron que tenía palabra y que no nos iban a hacer daño”.
El hombre subió la voz y le repitió que se bajaran. Le ordenó subirse a una de las camionetas. Sin decir nada, su cuñado fue llevado a la otra.
Al lado de ella se colocaron dos hombres armados. El hombre que al que después conocería como 'El Nico' se puso al volante.
_“Se va a quedar usted, porque su esposo escapó”, le dijo. “Y hasta que no lo recuperemos, o regrese, va usted a irse”.
Encendió el carro.
_“Y no queremos que chille, porque no nos gustan las mujeres chillonas”, le advirtió.
“Deme la mano señora”, le pidió el joven. “Démela, no tenga miedo”. Su amabilidad contrastaba con la agresividad de los otros. Comenzaron a subir por un pequeño camino que iniciaba en la carretera y subía por un cerro, en medio de la oscuridad.
Delante y atrás de ellos iban varios hombres armados que caminaban con cierta seguridad. Obviamente, no era la primera vez que pasaban por ahí, pensó Yolanda.
Cuando llegaron al campamento a su cuñado le vendaron los ojos y le amarraron las manos. A ella sólo le taparon los ojos. A los dos les ordenaron que se acostaran sobre la tierra y les dieron una cobija.
En la madrugada sintió que alguien metía una mano en el bolsillo de su pantalón. Se movió y un hombre le preguntó qué tenía ahí. “Doscientos pesos que traigo por si se me acababa la gasolina”, le respondió. El hombre tomó el billete y no revisó el otro bolsillo, donde ella guardaba un rosario de plata.
Sus captores les advirtieron que si querían ir al baño que avisaran, que no se levantaran sin decir nada porque podrían dispararles. En algún momento a ella le pidieron que alzara la cabeza y le colocaron algo como almohada (más tarde vería que eran dos overoles doblados).
Esa noche no pudo dormir. La misma idea le venía una y otra vez, más una esperanza que una certeza: quizá su marido no había escapado, tal vez sí lo habían mandado en un taxi a su casa.
“Señor, qué bueno que le vine a quitar un poquito de sufrimiento a él”, se decía en silencio, mientras sentía cómo algunos insectos caminaban bajo su espalda. Al menos su 'Beto' estaría en casa.
Se conocieron a finales de la década de 1970 en Iguala, una ciudad que se extiende en un valle rodeado de montañas al norte del estado de Guerrero. Yolanda estudiaba ahí para ser educadora; Luis Alberto Castillo acababa de abandonar sus estudios en la Ciudad de México también para ser maestro y siguió a su papá, recién separado. Pronto, ella dejó luego la escuela para casarse con él.
En 1991, Luis Alberto perdió su trabajo y la pareja resolvió mudarse a Ahuehuepan, una comunidad de poco más de 500 habitantes con una sola caseta telefónica y prácticamente sin señal de celular. Abrieron una pequeña tienda a la orilla de la carretera, donde también abundan los restaurantes.
Tuvieron cinco hijos y llevaban una vida tranquila, incluso cuando Luis Alberto enfermó de diabetes y la dolencia empezó a afectarle la vista.
En 2012, sin embargo, las cosas habían cambiado: las ventas bajaron porque cada vez había menos personas que viajaban por esa carretera que conecta Iguala y Altamirano, dos ciudades donde grupos rivales del narcotráfico impusieron el terror a través de asesinatos, extorsiones y secuestros. Su intención: controlar importantes rutas para mover la goma de opio procedente de la amapola de las montañas hacia el mercado de Estados Unidos.
Según cifras oficiales, más de 25 mil personas han desaparecido desde 2007, aunque muchas de ellas han atraído poca atención. Esa realidad cambió el 26 de septiembre de 2014, cuando la desaparición de 43 estudiantes, tras ser detenidos por policías, provocó indignación dentro y fuera de México.
Poco más de 100 cuerpos han sido descubiertos en fosas clandestinas, aunque la mayoría permanecen sin ser identificados. El resto de los secuestrados en autobuses, carreteras o sacados de sus casas o una tienda, simplemente siguen desaparecidos. A diferencia de los 43 estudiantes, ellos son conocidos como “Los otros desaparecidos”.
La mañana del 10 de enero de 2013, Yolanda salió a Iguala para ver si el Seguro Social tenía lista la cita para atender a su esposo de la retinopatía diabética que le estaba quitando la vista. Ese jueves, Luis Alberto se quedó en Ahuehuepan para atender la tienda.
Fue cuando una camioneta roja con cuatro hombres se estacionó frente a la tienda y uno de ellos entró y dijo a Luis Alberto que se iba a ir con ellos.
Beto, como le decían, era un hombre robusto y alto de 54 años. Intentó resistirse y se agarró de un tubo afuera de la tienda. Un segundo hombre bajó, le puso un arma en el costado y ya no opuso resistencia, según contó a Yolanda una mujer que observó a pocos metros el momento del secuestro.
Horas después, Yolanda recibió la llamada: “Yo soy el que tengo a su marido, si lo quiere volver a ver con vida necesitamos que me entregue 500 mil pesos”, le dijo el hombre.
Eso era casi 40 mil dólares. Yolanda le dijo que era mucho dinero, que la familia estaba en medio de una crisis económica. Le repitió que consiguiera el dinero si quería ver a su esposo con vida.
Las llamadas se repitieron por una semana. El hombre exigía el dinero y Yolanda le decía que había conseguido algo, pero no la cantidad completa.
Cerca de las seis de la tarde del siguiente miércoles el teléfono sonó. En esta ocasión escuchó otra voz, una conocida: su marido.
“¿Sabes qué ‘chaparra’?”, le dijo, “has lo que tengas que hacer, vende lo que tengas que vender, porque aquí todos los días me dan una chinga que ya no puedo ni ver, ya no veo, ya casi no veo”.
Yolanda le pidió que tuviera fe, que rezara, pero antes de poder decir algo más la voz del secuestrador le machacó en el oído que ya no le darían más tiempo.
“Ya nos cansamos de estar cuidando a este viejo”, dijo el hombre y cortó la llamada.
El teléfono sonó tres horas después. ¿Cuánto dinero tenía? En total, 120 mil pesos, dijo Yolanda.
“Ya tráigamelos, ya tráigame lo que tenga reunido”, dijo el hombre. Le dio instrucciones y le aseguró que después de que ella llevara el dinero, su marido regresaría a su casa en un taxi.
Yolanda puso el dinero en una bolsa de plástico, se cambió las sandalias por unos tenis y se puso un chaleco. Esperó a su cuñado y se fueron en la camioneta usada de su papá.
Al paso de las horas la venda de los ojos se cayó. Vio que en total había 18 hombres armados, la mayoría jóvenes, como de 20 años.
'El Nico', con quien había negociado el rescate, era un hombre flaco, alto, moreno y con los hombros hacia adelante. El otro, quien estuvo en el asiento del copiloto era 'el Tucán', de estatura mediana y moreno claro que actuaba como el segundo al mando y responsable directo de los hombres en el campamento.
Horas antes la habían interrogado en la camioneta: ¿Quiénes eran los más ricos del pueblo? ¿Cuánto le habían dado sus padres? ¿Tenía ella más dinero? Yolanda estaba segura que si daba detalles pondría en riesgo a su familia y a otros.
Les dijo que no tenían dinero, que sus papás le habían dado muy poco, que habían pedido prestado, que tenían deudas desde antes y que incluso tuvieron que irse un tiempo a Nayarit, para ver si ella conseguía un empleo, porque la enfermedad de su esposo se agravaba y la dificultad para ver le complicaba trabajar.
“Pues si quiere trabajar, nosotros le damos trabajo. Y pues sirve que paga sus deudas”, le dijo 'el Nico'. Le ofrecieron que fuera uno de ellos. “Matar, cortar cabezas, torturar...”, siguió.
“Válgame Dios, yo no nací para eso”, le respondió Yolanda.
La primera noche, algunos de los jóvenes fumaban marihuana y oyó que algunos aspiraban con una pajilla algo de una olla. Se mostraban entre ellos imágenes de mujeres desnudas en sus celulares y de pronto algunos pelearon.
“Hubo una discusión muy fuerte entre ellos y me dio miedo”, recordó Yolanda, una mujer de entonces 53 años. “Miedo de que ya estando drogados fueran a hacerme algo”, dijo.
Yolanda tenía su rosario de plata en el bolsillo, pero temía que se lo robaran si lo sacaba. Por eso usó las puntas de sus dedos como misterios de un rosario improvisado y comenzó a rezar en silencio.
“Ellos diciendo tontería y media y yo rezando, yo rezando”, dijo. Esa noche tampoco pudo dormir. Y volvió a pensar que al menos su marido estaría de vuelta en casa. Pero no la golpearon ni maltrataron.
En la mañana, los hombres compartieron el desayuno de chile con queso, frijoles y tortillas hechas a mano. Luego supo que la comida era preparada en un pueblo cercano.
Yolanda es una mujer bajita y delgada, con el pelo rizado que le cae hasta la mitad de la espalda. Sus ojos son de un café tan claro que, a veces, cuando les dan el sol, puede pasar por verdes.
“¡Ah! ¡Está guapa la señora! ¡Tiene ojos claros!”, dijo uno de los hombres la primera mañana. “¿Y no tiene hijas?”, le preguntó. “¡No!, tengo puros hijos”, le repitió dos veces, seria. Yolanda llegó a preguntarse ¿qué pasaría por la mente de sus hijos? ¿Cómo estarían?, pero rápidamente la mente se iba hacia su marido, a rezar.
Los hombres solían hablar de enfrentamientos, de que tenían que cuidarse de la policía, del territorio que decían les pertenecía, de la zona que no debían pasar porque ya era del grupo rival. Decían que ellos eran 'La Familia Michoacana', un cártel de las drogas que surgió en el estado vecino de Michoacán.
Hasta entonces, los cárteles de las drogas y la violencia del narcotráfico eran algo lejano para ella. “Nada más se oían rumores de que andaba todo eso mal, que había gente armada”, dijo. Luego su marido fue secuestrado y ahora ella estaba ahí, cautiva.
Después de que la detuvieron, 'el Nico' le reclamó que faltaban 5 mil pesos del rescate de su marido. Ella lo negó, dijo que lo había contado. Quizá, dijo el hombre, estaba nerviosa y contó mal. Y eso lo tendría que explicar al 'Patrón', al jefe.
Aún no terminaba la mañana del jueves, cuando le acercaron un teléfono. Era el 'Patrón'. Oyó la voz de un hombre de quien no sabría más, ni volvería a escuchar.
“¿Qué pasó señora con el dinero?”, le preguntó.
Otra vez la extraña mezcla entre un amable “señora” con una amenaza implícita.
“A lo mejor porque yo estaba muy nerviosa conté mal”, le respondió. “¿Qué más podía hacer?”, dijo.
Cuando 'el Tucán' se acercó a preguntarle con quién tendría que negociar su rescate, Yolanda no lo podía creer. “¿Cómo es posible?”, preguntó. “Si yo les dije que no tenemos dinero”.
El hombre subió el tono e insistió. ¿Sería alguno de sus hijos? “No, va a ser mi hermano”, le dijo. El mismo número, el de la caseta telefónica de Ahuehuepan.
Salvo que ellos preguntaran, ella prácticamente no hablaba. La mayor parte del tiempo sentada en una piedra. Miraba y escuchaba. Oyó el ruido de un helicóptero que pasaba por encima de ellos, cubiertos por las copas de los árboles.
“Si se pudiera avisarles que estamos aquí”, pensó. “Como una película”. Pero no se podía.
Obedecía en todo: cuando le decían que se acostara, que se quedara sentada; no se quejaba cuando tenía que pedir permiso y un hombre armado la acompañaba y se quedaba muy cerca de ella cuando tenía que ir al baño. Y el obedecer y no quejarse le hacía pensar que tarde o temprano le ayudaría a salir de ahí.
Aunque estaban en lo alto de un cerro, parecía un campamento familiar para ellos: el piso de tierra estaba limpio de hojas y alrededor habían sido acomodadas piedras para formar pequeñas bardas que delimitaban el lugar.
Por momentos, el viento llevaba un zumbido conocido: el ruido del motor de un tráiler y entonces recordaba que estaban cerca de la carretera. El olor a plantas, a tierra, cedía al del sudor y los cigarrillos de los hombres que la cuidaban.
Su propio olor empezaba a incomodarla. No podía limpiarse, si acaso las manos con un poco del agua que le daban a beber en una botella de plástico. “Levantarme y sentir que ya la ropa, pues ya está sudada y uno acostumbrado a bañarse del diario”, dijo.
Las horas pasaban lento, como en una pesadilla de la que no podía despertar. Su mente estaba en blanco por el miedo y el impacto. Pero también había resignación: “¿Qué haces, más que estar entregada a lo que venga?”, dijo.
El viernes 'el Tucán' tuvo otro reclamo. ¿Qué pasaba en su pueblo? Ella no entendía. “No sé ni de qué me está hablando. Yo estoy aquí con ustedes”, dijo.
Después de su secuestro, los habitantes de Ahuehuepan cerraron la carretera del pueblo y exigieron un retén para impedir más secuestros.
Los secuestradores no estaban felices con la conmoción mientras intentaban negociar rescates por sus víctimas, a las que simplemente llamaban 'ardillas'. Todo lo que ella supo fue que de pronto tenían que moverse de lugar. Bajaron el cerro y luego lo subieron de nuevo, aunque a una zona aún más alta.
La noche cayó en el nuevo campamento y Yolanda susurró a su cuñado que no se durmiera, no fuera a picarles un alacrán o una víbora. Pasó entonces por su mente la posibilidad de morir, de que si la picaban o mordían no alcanzarían a llevarla a tiempo a ningún hospital. Pero los obligaron a acostarse y después de dos noches sin dormir, el cansancio finalmente la venció.
La mañana del sábado los levantaron con la noticia de que regresarían al campamento original. Poco antes del mediodía el radio volvió a sonar. Tenían que bajar a las 'ardillas' a la carretera.
“Ya se va a ir señora, parece que ya se va a ir si ya dan el rescate”, le dijo uno de los hombres.
Pasaron más horas. Fueron a otro lugar: un cementerio donde los hombres recibieron su pago quincenal.
Y luego los llevaron a un cruce en una carretera donde estaba un viejo 'vocho' blanco, un Volkswagen escarabajo. Al volante estaba su hijo menor y al lado su sobrino, el hijo de su cuñado. Llevaban el dinero, aunque sólo 100 mil de los 500 mil pesos que pidieron.
Pero los problemas aún no terminaban. 'el Nicoe se acercó una vez más a ella. “Faltan 2 mil pesos”, dijo. “¿Quién se queda, usted o los chavos?”, preguntó.
En medio de su angustia, otro de los hombres se compadeció e intervino. “Ya, déjalos ir, ¿qué son 2 mil pesos? Total, déjalos ir”, le dijo.
'El Nico' pensó un poco. “Ya váyanse”, concedió.
Subió al auto y preguntó a su hijo: “¿y tu papá? ¿Dónde se quedó? ¿En la casa o está con tus abuelitos”.
“No mamá”, le dijo el muchacho, “mi papá no ha regresado”.
Cuando la liberaron, su hermana y su mamá la abrazaron y lloraron. Pero ella no pudo. Al siguiente día salió rumbo a Iguala con su hijo menor y sólo ahí las lágrimas por fin brotaron, “cuando sentí el peso de la soledad”.
Tiempo después, Yolanda regresó a Ahuehuepan y recientemente reabrió la tienda, hasta donde le llegaron rumores de que habían visto a su marido. En una ocasión, un hombre que por años fue cliente de su tienda, le dijo que un amigo estuvo secuestrado y le contó que había estado en un lugar donde vio a Beto, que estaba mal de salud y que lo sacaron a que tomara aire y ya no volvió.
Ella todavía se despierta por las mañanas en espera de un milagro: que Beto reaparezca. Pero eso no ha pasado.
Aún lucha para entender lo que pasó, de haber logrado volver a casa tras su secuestro, pero sufrir aún el de su marido. Después de su calvario, Yolanda se volcó hacia su fe.
“Me traté yo mismo de revalorizar y evaluarme si podía con esta situación sola. Y sí”, dijo. “Yo dije: ‘tengo que poder con todo esto, porque por algo me pasó’ y como nos han hablado dentro de nuestra religión, Dios no nos manda (algo) a los corazones débiles. Cuando es un dolor tan grande el Señor sabe a qué corazones nos lo da, porque son esos que los podemos superar”.
FUENTE: LA JORNADA/AFP.
Iguala, Gro. El movimiento "Te buscaré hasta encontrarte", de familias que buscan a sus hijos, padres o hermanos desaparecidos en la región norte del estado pidieron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vino a esa ciudad a conocer la situación de más de 400 desapariciones forzadas, que la seguridad pública de Iguala quede en manos de fuerzas federales –policía federal y gendarmería– hasta que no se conozca el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de las personas que ellos buscan.
La reunión de la CIDH con este colectivo se realizó a mediodía en el sótano de la parroquia de San Gerardo, en un barrio obrero de esta ciudad, donde a fines de octubre, noviembre del año pasado, a la luz de la búsqueda de los muchachos de la Normal Rural, empezaron a acudir cientos de personas que también buscaban a algún ser querido que había desaparecido, en particular durante la administración del ex alcalde José Luis Abarca, periodo en el que se contabilizan al menos 104 casos de quienes se atrevieron a denunciar y de los cuales se tiene registro.
Mientras esta organización pedía que fuerzas federales se hicieran cargo de la seguridad, el nuevo pesidente municipal, el priista Esteban Albarrán, tomará posesión y presentó a su gabinete entre otros a Timoteo Mata Cruz, nuevo director de la policía auxiliar municipal. El colectivo "Te buscaré hasta encontrarte" acusan que estos funcionarios públicos tienen nexos con el crimen organizado que domina la vida política, económica y social de este municipio.
Encabezados por el secretario general de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza y James Cavallaro, la delegación que realiza una gira in loco por las zonas más conflictivas del país en términos de violación a los derechos humanos incluyeron en su agenda el reconocimiento al problema de "los otros desaparecidos" de Iguala, como se ha llamado a estos casos que surgieron a la superficie cuando, a la luz de la búsqueda de os estudiantes de Ayotzinapa, fueron descubiertas decenas de fosas en los cerros colindantes.
Sin ayuda de las autoridades, este grupo, que se formó esponanteamente y se fue fortalecimiendo con los meses, ha logrado la exhumación de 104 cuerpos, 11 de los cuales ya han sido identificados por los servicios de la PGR y 11 entregados a sus respectivas familias.
Al encuentro asisten numerosos padres y madres, esposas con sus hijos pequeños, hermanos y hermanas que buscan a uno, dos y hasta más miembros de sus familiaz diezmadas, vistiendo sus emblemáticas camisetas negras que en la espalda rezan en letras blancas: "Mientras no te entierre..." y al frente "Te seguiré buscando".
Ademas de entregar sus expedientes a la CIDH, la organización presentó un pliego de peticiones que incluyen: que la comisión emita una ecomendación, ya no solo de continaur la búsqueda de personas desaparecidas sino, sobretodo, de exigencia al Estado mexicano para que cese la ola de violencia en este municipio. Pidieron además medidas de seguridad para la proteción de las familias que buscan a sus seres queridos, participando en misiones de búsqueda en los cerros que roedan la ciudad, ya que la mayoría han sido amenazdos de muerte.
Al concluir la sesión de trabajo, la misión de la CIDH realizó un recorrido por los puntos que han sido explorados en el monte y donde, además de las fosas que ya se han ubicado, se tienen señalados al menos otros 40 puntos con indicios de resguardar bajo tierra restos humanos.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: BLANCHE PETRICH
HERMOSILLO, Son: Odracir Espinoza Valdez, recientemente nombrado como fiscal anticorrupción, y quien prometió “acabar con la justicia selectiva”, es militante activo del PRI.
El portal oficial de ese instituto político detalla que el “zar” anticorrupción es parte de la base partidista del Quinto Distrito Electoral y no precisa la fecha de afiliación.
El propio Espinoza Valdez reconoció su militancia luego de que Francisco Arenas, columnista del sitio web “Termómetro en línea”, relató que Espinoza Valdez se integró al PRI a principios de la década pasada cuando colaboró como asistente de la actual gobernadora Claudia Pavlovich, cuando ella ocupó la regiduría de Hermosillo de 2000 a 2003.
“Odracir Espinoza empezó a entender y saber de política de quien fuera su mentora en esas tareas: Claudia Pavlovich”, apuntó el columnista.
Y cuestionó: “Para responder a la expectativa generada se suponía que el fiscal anticorrupción tendría una personalidad relacionada con la sociedad civil, sin ninguna identidad partidista para que de esta manera se garantice su labor alejada de afectos e intereses”.
El recién nombrado fiscal reaccionó a la publicación y la noche del martes publicó tres mensajes en su cuenta de Twitter para defenderse:
Escribió: “Amigos en efecto me afilié hace algunos años en mi paso por la Universidad. Pero nunca ocupé cargos partidistas o de elección popular…”
En otro mensaje, aseguró que este tema ni cualquier otro afectarán la objetividad de la fiscalía debido a que es una institución de “funcionarios expertos y serios”, cuya labor es garantía de objetividad.
“No es un solo hombre, es una institución con marcos normativos y solidez técnica”, subrayó en otro tuit.
El lunes pasado, al tomar posesión de su nuevo encargo, Espinoza Valdez afirmó:
“Se ha acabado el tiempo de los intocables, de la justicia selectiva que es implacable en todo momento con los que menos tienen, pero es ciega, sorda y muda con quienes abusan del poder público para servicio personal.
“Se acabaron esos tiempos en los que la corrupción servía de mercadeo político, donde todo se podía negociar sin el menor pudor, la corrupción mata, todos lo sabemos y se ha comprobado”, dijo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
MÉXICO, D.F: Con la asistencia de padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el próximo viernes concluirá la jornada “De Tlatelolco a Ayotzinapa: 47 años de lucha contra la impunidad” con una marcha que partirá de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo capitalino.
En conferencia de prensa los integrantes del Comité del 68, Félix Hernández Gamundi y Romeo Cartagena, resaltaron que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa el año pasado ocurrió en un contexto en el que preparaban su participación en la marcha por el 46 aniversario de la matanza de Tlatelolco.
Al considerar a los 43 como “víctimas de la violencia de Estado”, Cartagena hizo un símil entre la matanza de Tlatelolco y los hechos de Iguala ocurridos en 2014, por lo que son “crímenes en que se articularon fuerzas legales e ilegales de un mismo régimen: el Ejército y policías unidos con francotiradores y el batallón Olimpia en Tlatelolco y Guerreros Unidos en Iguala”.
Cartagena señaló que el caso Iguala se sumó a “una cadena de tragedias” desatadas hace 47 años y que “son parte de una violencia reiterada del régimen” y tienen un común denominador: la impunidad.
A nombre de los integrantes del Comité 68, Cartagena exigió la consignación de “más de 50 averiguaciones previas que fueron concluidas por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP)”, que se procese una vez más al expresidente Luis Echeverría Álvarez por las masacres estudiantiles de 1968 y del 10 de junio de 1971, así como “se llegue a fondo” en las investigaciones de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa “y se castigue a los responsables, independientemente de su cargo público y participación en los hechos”.
Los integrantes del Comité 68 hicieron un llamado a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de visita de trabajo en el país, para que consideren “los genocidios del 2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971 como antecedente paradigmático de violaciones a los derechos humanos en México”.
Al señalar que la movilización de este año se inscribe en el Día Internacional de la No Violencia, aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, los miembros del comité organizador de la manifestación de este año convocaron a los asistentes a no caer en provocaciones y condenaron la violencia.
Félix Hernández Gamundi hizo un llamado al Gobierno del Distrito Federal a no movilizar fuerzas policiacas en tanto que convocó a personas encapuchadas –los llamados “anarquistas”– a “acatar las reglas” de la movilización estudiantil para recordar el 47 aniversario de la matanza de Tlatelolco.
Al asegurar que la presencia policiaca es una “provocación” a la violencia, Hernández Gamundi insistió en llamar al gobierno de Miguel Ángel Mancera a “abstenerse de enviar fuerzas policiacas y desplegar operativos”.
En el caso de grupos de personas vestidas de negro y encapuchados, que en anteriores marchas han provocado destrozos en inmuebles, el exdirigente estudiantil del Comité Nacional de Huelga (CNH) dijo que serán “bienvenidos con la premisa de que es una marcha pacífica y respeten las reglas de conducta”.
Hernández Gamundi recordó que en años anteriores “hubo marchas complicadas” porque se registraron actos de provocación, “cobijados por las fuerzas de seguridad en muchos casos”.
También resaltó que en movilizaciones organizadas por el Comité 68 para recordar los ataques a estudiantes el Jueves de Corpus de 1971 se pudo documentar con videos que policías “promovieron” la violencia, en tanto que en celebraciones recientes en las que no hubo cerco policiaco las marchas se desarrollaron de manera pacífica.
Luego puntualizó que “el grado de violencia es inversamente proporcional a la presencia policiaca”, por lo que insistió en su llamado al gobierno de Mancera para no instalar cercos el próximo viernes.
Max Alcántara, estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM y quien fuera integrante del movimiento #Yosoy132, se refirió a los simulacros policiacos realizados el 23 de septiembre en la explanada de Bellas Artes, lo que calificó como un “acto de intimidación” hacia las organizaciones que se movilizarán este viernes 2 de octubre.
Además, denunció la instalación de un “dispositivo policial desproporcionado, dirigido a provocar a los estudiantes”, a quienes suelen catear en la estación del metro Tlatelolco, a donde llegan los contingentes de organizaciones sociales para participar en la conmemoración.
Incluso, responsabilizó a las autoridades capitalinas de la infiltración de grupos porriles para desestabilizar la movilización, por lo que hizo un llamado a organizaciones sociales a “sumarse a la observación antes, durante y al término de la marcha”, sobre todo en los ingresos a los Metros que están en la ruta de salida de la movilización y colindantes con el Zócalo.
Alcántara anunció un proyecto por fundar una organización nacional de estudiantes universitarios, por lo que convocó a un encuentro en la UNSM el próximo 9 de octubre.
Al ser cuestionados por los reporteros sobre la posible participación de los “anarquistas”, Hernández Gamundi dijo que todas las organizaciones y colectivos que pretendan sumarse a la movilización serán “bienvenidos si es que participan apegados a las reglas de seguridad y conducta de la marcha, toda vez que a los organizadores les corresponde garantizar la seguridad”.
En la conferencia de prensa estuvieron Yohuven Aragón y Rigoberto Osorio, representantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), en la que están organizados los normalistas rurales del país.
Al recordar que hace un año los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron en su intento por acudir a la conmemoración del 46 aniversario del 2 de octubre, los estudiantes responsabilizaron a “los tres niveles de gobierno ante el hostigamiento que viven las normales rurales”.
Tras exigir justicia en el caso de Ayotzinapa, los integrantes de la FECSM hicieron un recuento de recientes actos de represión hacia las normales rurales, en Michoacán y Tlaxcala.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
HERMOSILLO, Son: El presidente ejecutivo de Minera México, Xavier García de Quevedo, reveló que la mina Buenavista del Cobre derramó un total de 700 toneladas de metales pesados a los ríos Sonora y Bacanuchi entre los 40 millones de litros de una solución de cobre acidulada.
El empresario atajó que el material tóxico derramado ya fue retirado en su totalidad de las cuencas sonorenses y aclaró que los restos de cobre, fierro y aluminio encontrados en las muestras “no son contaminantes” porque la entidad es una zona naturalmente “mineralizada”.
Además, el directivo del consorcio señaló que durante la remediación ambiental de los ríos se retiraron más de 4 mil 600 toneladas de suelos expuestos a sustancias mineras, por lo que resaltó que “ya se limpió más de lo que se vertió”.
Según García de Quevedo, en la mina causante del macroderrame que afectó a 25 mil habitantes en agosto de 2014, se invirtieron 120 millones de dólares en presas e infraestructura de contingencia, a fin de evitar otro accidente minero que impactó siete municipios sonorenses a lo largo de 254 kilómetros.
Las declaraciones del presidente ejecutivo de Minera México sobredimensionan lo informado en el verano pasado por Laboratorios ABC Química Investigación y Análisis, con sede en la Ciudad de México, que contabilizó 74.8 toneladas de metales tóxicos sedimentados en la presa El Molinito de Hermosillo, donde se desfogó el caudal derramado.
La mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, fue sancionada con 22.9 millones de pesos, tras incurrir en 55 irregularidades ambientales y fue obligada a crear un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para indemnizar a los afectados, labor que hasta la fecha no se ha cumplimentado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
El fuero constitucional del que gozan legisladores y gobernantes es una protección que funciona como en tiempos de la Colonia, dice Buscaglia.
México carece de una política de Estado para atender las decenas de miles de casos de desaparición forzada que hay en el país y para los que no hay legislación que proteja a víctimas ni a los potenciales testigos de los crímenes.
Así, planteó ayer en un foro el investigador Edgardo Buscaglia, en el país está prácticamente cancelada la posibilidad de que la información sobre los perpetradores fluya hacia las investigaciones y, con ella, se pueda establecer el paradero de las víctimas.
Buscaglia participó ayer vía skype en el “Foro Internacional Sobre Personas Desaparecidas en México”, en el que insistió en que la Ley que se genere –en discusión en el Senado de la República– debe contar con programas integrales de protección a víctimas y a testigos; esto, dijo varias veces, para que puedan avanzar las indagatorias ahora detenidas por “el terror” que viven potenciales testigos.
Otro problema para la solución de los casos, agregó el experto en marco legal para el combate al crimen organizado, es el fuero constitucional del que gozan legisladores, Gobernadores y otros funcionarios para no ser procesados y que, dijo Buscaglia, funciona como el sistema de protección política vigente durante la Colonia.
“Tenemos que entender que la delincuencia organizada es hija de la corrupción política, y en la medida en la que sigan teniendo un sistema de protección de políticos a través de un fuero tan amplio, jamás podrán llegar a la verdad”, dijo.
“Una de las principales medidas que deben impulsar es limitar el fuero del que gozan estos legisladores y se les pueda procesar por delitos”, agregó.
En su participación, Buscaglia también insistió en que las familias se organicen para tratar de llevar los casos ante la Corte Penal Internacional, en lugar de la Corte Interamericana, debido, dijo el académico, a que esta segunda instancia carece “de dientes” y no puede ni girar órdenes de detención contra probables responsables.
Las recomendaciones, sin embargo, fueron desairadas por cuatro servidores públicos que llegaron a la inauguración del foro realizado en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco y que, sin embargo, se fueron justo antes de que iniciara la ponencia de Buscaglia –conocido crítico de los “vacíos” del Estado mexicano ante el crimen organizado.
–¡Ya se fueron! –exclamaron desde su silla en el salón en el que se realizaba el foro algunas madres de víctimas mientras Buscaglia, a través de la pantalla, criticaba que los legisladores mexicanos dieran discursos en lugar de “llenar los vacíos legales”.
Se referían a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado; Sergio Rochín del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación; Mercedes Peláez, directora de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la misma Segob; y Jorge Aguilar Montaño, director general de Promoción de Cultura de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Desgraciadamente llegaron aquí la fauna de políticos, y en cuanto usted empezó a hablar, salieron volando, para no oír. Inmediatamente salieron y sólo llegaron para que nosotras pudiéramos escuchar su discurso, ya sabe”, dijo al micrófono Julia Alonso, integrante de la organización de familias de víctimas Ciencias Forenses, que busca generar un banco de datos sobre casos.
“Saben que les íbamos a decir todo lo que tienen que hacer”, dijo Teresa Vera, hermana de Minerva Vera –desaparecida en Oaxaca en 2006–, entrevistada por este medio al final de la ponencia. “Pero nosotros solicitamos que esté la autoridad presente, para que escuchen nuestras necesidades”, agregó la también integrante de la Plataforma de Víctimas de Desaparecidos de México.
La única funcionaria que regresó al término de la ponencia de Buscaglia, y para presentar sus datos, fue Peláez, que dijo haberse ausentado para atender “precisamente un caso”. En su exposición, la funcionaria planteó que –de los más de 26 mil casos de desaparición que, se estima, existen en el país– la dependencia a su cargo “acompaña” actualmente mil 348; es decir, un 5.1 por ciento.
“JUSTICIA INEXISTENTE”
Los servidores públicos tampoco escucharon las quejas de familiares que, a lo largo del foro, expusieron la total impunidad en la que se encuentran los casos y los diferentes obstáculos que enfrentan en las agencias del ministerio público.
Tita Radilla Martínez, de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, participó como ponente y planteó que la inoperancia de las instituciones del país es tal que, a cinco años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenciara al Estado mexicano por la desaparición, en los años 70, de su padre Rosendo Radilla, la investigación sigue sin avances.
“Este caso ilustra claramente cómo se ha negado a las víctimas de la desaparición forzada el acceso a la justicia; asimismo, ha servido para demostrar que en nuestro país la justicia es inexistente, permitiéndonos tener acceso a los tribunales internacionales, porque pues aquí no están haciendo nada”, dijo Radilla.
“Pero, como decía el ponente, no tiene dientes la Comisión Interamericana, porque a cinco años de emitida la sentencia, no hay ninguna pista no hay nada en cuanto a la investigación”, agregó.
La impunidad e incluso la obstaculización de las indagatorias por parte de las autoridades, sobre todo la exigencia de esperar 72 horas para que inicien los trabajos de búsqueda, fueron los temas comunes planteados tanto por investigadores como por víctimas.
“Yo quiero denunciar a Juan Antonio Ferrer, director del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (Capea), y a su equipo, porque quieren hacer el trabajo de coordinar la atención desde el escritorio”, dijo una madre de familia cuya hija se perdió en agosto en esta capital y que, por temor a represalias, pidió no revelar su identidad.
En el mes y medio que lleva buscando a su hija, agregó, ha sido ella quien ha tenido que recorrer el lugar de los hechos, rogado por pesquisas y oficios para poder revisar, ella, los videos de las cámaras de Seguridad Pública en la zona donde ocurrió el extravío. Videos que, por lo demás, explicó, eran inservibles y carecían de nitidez para poder hacer identificaciones.
“Se da uno cuenta de la falta de sensibilidad y capacidad téncica para investigar, la falta de voluntad, de diligencias, y de que, pese a que existen varias instancias en el Gobierno federal con funciones parecidas, no se coordinan”, dijo la madre de familia en entrevista con este medio.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-09-2015/1502710
MVS terminó la relación laboral con la periodista Carmen Aristegui el pasado 15 de marzo en medio de la polémica surgida por el despido de dos integrantes de su equipo de investigación por el tema “casa blanca”.
La periodista Carmen Aristegui anunció hoy que demandará al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por “obstrucción a la justicia” en el litigio que mantiene con el grupo MVS por su despido el pasado marzo.
“Nuestros abogados Javier Quijano y Javier Cortina están terminando de elaborar el documento, esta presentándose en estos momentos, en cualquier hora”, dijo Aristegui a periodistas en la ciudad colombiana de Medellín, donde participa en el Festival del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo.
Durante su intervención en el foro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) Aristegui confirmó que presentara de manera formal una queja en contra del gobierno de México.
MVS terminó la relación laboral con Aristegui el pasado 15 de marzo en medio de la polémica surgida por el despido de dos integrantes de su equipo de investigación, lo que hizo que la periodista diera un “ultimátum” al grupo para que fueran reintegrados.
Daniel Lizárraga e Irving Huerta los dos colaboradores despedidos formaban parte del equipo que sacó a la luz a finales de 2014 que la primera dama de México, Angélica Rivera, había encargado a un contratista del Gobierno la construcción de una lujosa mansión en el Distrito Federal.
La periodista dijo que los despedidos investigaban la casa de Malinalco de Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien adquirió de una empresa de Grupo Higa un crédito, con una tasa menor a la del mercado y, de acuerdo con nuevas revelaciones, también a un precio menor a lo que la compañía propiedad de Hinojosa Cantú la adquirió.
Aristegui denunció durante la conferencia “Contra la corrupción”, que su caso, inicialmente aceptado por un juez, no tuvo lugar “porque el Estado mexicano impidió que sucediera”. “¿Por qué el Estado mexicano, por qué el sistema de Justicia mexicano, por qué la industria de radio y televisión en México, cabildeó en contra de este juicio e impidieron que ocurriera? Eso, en castellano puro, es denegación de Justicia”, aseguró al terminar el evento.
La moderadora de la conferencia, la chilena Mónica González, indicó que la salida de Aristegui y los comunicadores que investigaron la mansión de la primera dama de México “compete e importa a toda la sociedad latinoamericana” porque constituye “la otra cara del asesinato de periodistas”.
En la categoría de Cobertura del Premio Gabriel García Márquez, que se entrega esta noche, están nominados Aristegui, Rafael Cabrera, Daniel Lizárraga, Irving Huerta y Sebastián Barragán, justamente por el reportaje “La casa blanca de Enrique Peña Nieto”, publicado en Aristegui Noticias.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-09-2015/1503739.
MORELIA, Mich: Un comandante de la Policía Ministerial del Estado fue baleado al tratar de evitar un asalto en un OXXO ubicado en la colonia Jardines de Guadalupe.
El agente fue identificado con el nombre de Noé Medina Martínez, quien recibió varios balazos que lo hirieron de gravedad y finalmente murió cuando recibía atención médica en un nosocomio de la ciudad.
Noé Medina, fue uno de los 35 funcionarios detenidos en el llamado “michoacanazo” en mayo del 2009, durante el gobierno del perredista Leonel Godoy Rangel, y liberado el 29 de septiembre del 2010 con otros policías involucrados en esa investigación fallida ordena por el entonces presidente Felipe Calderón.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
MORELIA, Mich: En completo hermetismo, el gobernador sustituto de la entidad, Salvador Jara Guerrero, entregó el martes pasado 10 notarias a connotados priistas.
Entre los beneficiados se encuentran: Jaime Darío Oseguera Méndez, secretario de Gobernación local; Pável Ocegueda Robledo, secretario particular de Jara Guerrero; Emiliano Pedraza, hermano del actual presidente del Colegio de Notarios en Michoacán, y el exdiputado local Juan Carlos Bolaños.
Trascendió que Jara Guerrero tiene registradas reinscripciones en otras 14 notarías más, cuatro de ellas a primos y hermanos del Secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina.
En su momento, el titular del Ejecutivo Estatal justificó que sí entregaría notarias, “pero poquitas”.
El 15 de julio de este año, la dirigencia de Movimiento Ciudadano pidió al mandatario “abstenerse” de entregar notarías públicas al término de su gobierno, por considerar el acto como “nepotismo y corrupción”.
En contraste, el líder del PRI, Agustín Trujillo, defendió que mientras lo permita la ley, no hay inconveniente en que Jara otorgue notarías.
Ese mismo día, el secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, no descartó que al término del gobierno de Salvador Jara Guerrero se otorguen notarías públicas, como tradicionalmente ocurre cuando concluye la gestión de los gobernantes.
Daniel Moncada Sánchez, líder de Movimiento Ciudadano, demandó a Jara Guerrero enfocarse en atender las problemáticas de finanzas y seguridad, así como transparentar la entrega de la administración en lugar de “pensar en regalar cargos” cuando Michoacán es una de las entidades con mayor endeudamiento.
Jara Guerrero estaría ampliando el número de fedatarios de 181 a 191.
A la lista se sumarían el aún titular del Centro de Desarrollo Municipal, Jaime Mares Camarena, expresidente municipal de La Piedad y exdiputado local del PRI, a quien al parecer se le asignó la Notaría número 8, con sede en La Piedad.
También se estableció que Nelly Esparza y Ricardo Esparza Cortina, hija y hermano del aún secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, respectivamente, alcanzaron dicho beneficio y sus notarias tendrían sede en Uruapan.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANO J.
IGUALA. GRO: El alcalde de Iguala, Esteban Albarrán Mendoza, nombró a Timoteo Mata Cruz “El Fibras”, nuevo director de la Policía Auxiliar municipal.
“El Fibras” es un excapitán del Ejército que se desempeñó como subdirector de Seguridad Pública en Zihuatanejo. En 2008 fue detenido y estuvo preso acusado de narcotráfico y brindar protección a operadores del cártel de los hermanos Beltrán Leyva en la región de Costa Grande.
De esta manera, Albarrán Mendoza conformó un triunvirato en el área de Seguridad Pública de Iguala con personajes ligados al narcotráfico.
Fue en este municipio donde en septiembre del año pasado fueron desaparecidos 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Ayer, Apro dio a conocer que el alcalde del PRI, quien esta mañana tomó protesta arropado por la clase política de la entidad, había designado a Crisóforo Tinoco Bahena encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y a Martín Ocampo Arteaga director de Tránsito.
Ambos han sido señalados por sus presuntos nexos con el grupo delictivo Guerreros Unidos y han ocupado cargos en áreas de Seguridad Pública desde la administración del priista Raúl Tovar y la actual, que hoy concluye, del exalcalde perredista José Luis Abarca Velázquez. Este último actualmente preso por sus presuntos nexos con el narcotráfico y señalado como responsable de la desaparición forzada de los 43 estudiantes.
Timoteo Mata Cruz, originario del municipio de Huitzuco de los Figueroa, hace siete años estuvo preso en un penal federal, acusado narcotráfico. En ese entonces se desempeñaba como jefe policíaco en Zihuatanejo, durante la administración del actual diputado local perredista Silvano Blanco.
El 23 de diciembre de 2008, soldados del 19 batallón de Infantería con sede en el municipio de Petatlán realizaron un operativo en un palenque ubicado en el balneario de Zihuatanejo, donde detuvieron a “El Fibras”, junto a Luis Antonio Romero de los Santos “El Chavo”, señalado como jefe de esta plaza al servicio del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y responsable del tráfico y venta de cocaína y marihuana en esta franja de la región Costa Grande de la entidad.
En la redada, los militares detuvieron a 20 hombres más, entre policías municipales, ministeriales y civiles que fueron acusados de brindar protección al jefe policíaco y narcotraficante.
Un reporte oficial de la Procuraduría General de la República (PGR) indica que el 9 de marzo de 2009, los 22 indiciados fueron trasladados al penal federal del Rincón, en Tepic, Nayarit, acusados de delincuencia organizada, portación de armas de fuego y posesión de granadas del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
La PGR informó que tras la detención de los 22 inculpados por el Ejército, la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA), de la SEIDO aseguró 10 inmuebles, 30 embarcaciones que utilizaban los miembros de este grupo delictivo para el trasiego de narcóticos en las costas de Zihuatanejo.
La investigación federal contra Timoteo Mata se extendió hasta su lugar de origen, el municipio de Huitzuco de los Figueroa.
El 13 de enero de 2009, el Ejército detuvo a seis policías municipales de Huitzuco por sus presuntos nexos con el exjefe policíaco.
Hasta 2007, “El Fibras” se había desempeñado como policía municipal de Huitzuco y luego se fue a Zihuatanejo, donde fue nombrado por el exalcalde perredista Silvano Blanco subdirector de la corporación policiaca.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
México, DF. El gobierno mexicano extraditó a Estados Unidos a Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, uno de los narcotraficantes que operaba en territorio mexicano para el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Valdés Villarreal fue detenido en agosto de 2010 cuando circulaba sobre la carretera México-Toluca, luego de haber conformado una célula delictiva, tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, quien fue abatido por elementos de la Marina en la ciudad de Cuernavaca.
La Barbie y otros doce integrantes del crimen organizado, entre ellos Eduardo Cotilla Sánchez, El Coss quien fuera uno de los líderes del cártel de Golfo, fueron sacados ese día del Centro Federal de Readaptación Social (Cefrereso) número 1, Altiplano, que se localiza en el municipio de Almoloya de Juárez, y trasladado a territorio estadunidense durante un operativo realizado por personal de las secretarías de Marina y la Defensa Nacional.
La Barbie, acusado de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, delitos contra la salud y homicidio calificado, es reclamado por la Corte Federal de Lousiana, en EU, por narcotráfico y lavado de dinero, informó en conferencia Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
En conferencia de prensa Tomán Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) dio a conocer que en un operativo interinstitucional en el que participaron efectivos del Ejército mexicano, de la Secretaría de Marina, la Policía Federal y la PGR, fueron extraditados a Estados Unidos 13 integrantes de grupo criminales, entre los que destacan Eduardo Costilla Sánchez, Edgar Valdez Villarreal y Carlos Montemayor.
Los tes extraditados son Jorge Eduardo Costilla Sánchez, uno de los líderes del Cártel del Golfo será juzgado en Texas por contrabando de cocaína y mariguana, y lavado de dinero
José Emanuel García Sota acusado de asesinar a una agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos de intento de homicidio en contra de otro elemento más de la misma corporación.
Martín Daniel Castillo Rascon está relacionado con los delitos de delincuencia organizada y secuestro y es reclamado por una corte de Texas.
Aureliano Montoya Peña a petición de una corte con sede en Illinois, fue enviado para un juicio por narcotráfico y asociación delictuosa.
Ricardo Valles de la Rosa será juzgado por asociación delictuosa, homicidio, portación de armas de fuego y narcotráfico en Texas.
Luis Humberto Hernández Félix está acusado de los homicidios de empleados del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez.
Alberto Núñez Payan es reclamado por una corte en Texas y se le relaciona con los delitos de asociación delictuosa, delincuencia organizada, narcotráfico y lavado de dinero.
Jean Baptiste Kingery será procesado por tráfico de armas y municiones de Estados Unidos a México.
Julio César Valenzuela Elizalde enfrentará cargos ante una corte en Arizona por tráfico de metanfetaminas y asociación delictuosa.
Antonio González Platas fue requerido por el condado de Pulaski, en Arkansas.
Antonio Reynoso González será juzgado en California por asociación delictuosa y delitos contra la salud.
Carlos Montemayor, El Suegro identificado como uno de los líderes de los grupos que surgieron del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva y suegro de Edgar Valdez Villarreal, fue puesto a disposición de una corte en Luisiana para ser juzgado por narcotráfico y lavado de dinero.
Valdez Villareal es reclamado por la corte de Luisiana para se juzgado por narcotráfico y lavado de dinero.
-¿Quién es La Barbie?-
Valdez Villarreal nació en 1976 en Laredo, Texas, y emigró a Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde comenzó su carrera delincuencial a principios de los años 90 del siglo pasado como golpeador al servicio de los hermanos Beltrán Leyva, quienes en esas fechas formaban parte del cártel de Juárez. El mayor (Arturo) llegó a ser considerado uno de los hombres más importantes de esa organización criminal.
Los hermanos Beltrán Leyva –Arturo, El Barbas; Héctor, El H; Mario Alberto,El General, y Alfredo, El Mochomo– abandonaron la organización juarense para sumarse al cártel de Sinaloa, tras la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, en enero de 2001.
Luego, entre 2003 y 2005, La Barbie se consolidó como operador delcártel Sinaloa en la zona de Nuevo León, Tamaulipas y Sonora, y fue designado líder de los grupos de sicarios conocidos como Los Pelones y Los Negros.
En 2003 fue capturado Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo, quien tenía bajo su mando al grupo de sicarios conocido como Los Zetas.
Esa situación provocó que en 2004La Barbie buscara integrar para el cártelde Sinaloa los estados de Nuevo León y Tamaulipas, entidades controladas en su mayor parte por el cártel del Golfo.
La averiguación previa PGR/ SIEDO/UEIDCS/106/2005 y reportes de la agencia antidrogas de Estados Unidos dan cuenta de la lucha entre La Barbie y Los Zetas, especialmente por el control de Nuevo Laredo, una de las principales puertas comerciales entre México y Estados Unidos.
El apodo de Édgar Valdez, según informaciones oficiales, surgió por su piel blanca, cabello rubio y origen estadunidense. Al escalar en el cártel de Sinaloa, se convirtió también en encargado de reclutar sicarios en estados como Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Durango, Nuevo León y Sonora.
La lealtad de La Barbie para JoaquínEl Chapo Guzmán Loera se terminó en enero de 2008, cuando los hermanos Beltrán Leyva también se separaron de esa organización.
La captura de Alfredo Beltrán Leyva,El Mochomo, fue el detonante para la escisión de este grupo de narcotraficantes, que había pasado de ser operador de sicarios a encargado de acciones de lavado de dinero, negociación para adquisición y trasiego de cocaína con grupos colombianos; traslado y distribución de drogas sintéticas, mariguana y cocaína en Estados Unidos, que servía al mismo tiempo al cártel de Sinaloa.
Según trascendería de informes oficiales del gobierno mexicano, los hermanos Beltrán rompieron con Sinaloa por considerar que Guzmán Loera entregó a El Mochomo. A partir de enero de 2008 en Sinaloa, Durango, Jalisco y Guerrero se inició una oleada de confrontaciones violentas entre ambas organizaciones.
Arturo Beltrán Leyva trasladó su imperio a Morelos y Guerrero. La Barbie se convirtió en uno de los principales líderes de la organización, junto con Héctor y Mario Alberto Beltrán, Sergio Villarreal Barragán, El Grande, y Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio.
El estado de Morelos se volvió zona de guerra entre grupos del crimen organizado. Comenzaron entonces los enfrentamientos con La Familia y elcártel de Sinaloa.
La presencia de Beltrán Leyva se extendió al Distrito Federal, estado de México, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Sinaloa.
La Barbie fue encargado, según reportes oficiales, de la zona de Guerrero y Morelos; asimismo, de los trasladados de cocaína y mariguana, además de los cultivos de amapola en la zona sur de México.
Para soportar el embate de sus enemigos, el cártel de los Beltrán Leyva formó una alianza con Los Zetas, quienes se escindieron del cártel del Golfo en diciembre de 2009.
La desintegración del cártel que dirigía Arturo Beltrán Leyva comenzó el 11 de diciembre de 2009, cuando efectivos de la Secretaría de Marina realizaron un operativo en Tepoztlán, Morelos, y detuvieron a 40 personas, entre ellas algunos integrantes de los grupos musicales Los Cadetes de Linares, Ramón Ayala y el Grupo Torrente. Esa noche lograron huir El Barbas y La Barbie, entre otros jefes de esa organización delincuencial.
Cuatro días más tarde, otrooperativo realizado por fuerzas especiales de la Armada en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, concluyó con la muerte de Arturo Beltrán Leyva. La Barbie fue señalado como traidor por los hermanos Héctor y Mario Alberto Beltrán, quienes mediante narcomantaslo acusaron de haber delatado a su jefe.
Desde enero de 2010, Édgar Valdez Villarreal y Gerardo Álvarez se escindieron de los hermanos Beltrán Leyva y comenzaron a operar al igual que lo habían hecho sus jefes, utilizando las redes de distribución que antes les habían sido encomendadas.
En abril de 2010, en la zona de Huixquilucan, efectivos del Ejército Mexicano detuvieron a El Indio. La Barbie quedó solo. Su grupo de sicarios cometió actos como la ejecución de más de 50 personas cuyos restos fueron encontrados en el tiro de una mina en el municipio de Taxco, Guerrero.
Asimismo se le señaló como el responsable de haber ordenado laejecución de decenas de personas presuntamente vinculadas a sus antiguos socios en Morelos, y al menos tres veces sostuvo enfrentamientos con elementos de la Policía Federal, sin que se pudiera lograr su detención.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO GARCÍA.
Xalapa, Veracruz. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se reunió con la rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara González, para establecer un acuerdo entorno a los adeudos que su administración mantiene con la casa de estudios.
La reunión, de dos horas y media de duración, se da luego de que La Jornada informara en su edición de hoy que el desorden financiero del gobierno estatal y la inseguridad que golpea a la entidad han alcanzado a la Universidad Veracruzana (UV). Entre agosto de 2013 y septiembre de 2015 los fondos retenidos por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa a la institución aumentaron de 867.9 a 2 mil 58.6 millones de pesos, correspondientes a recursos federales y estatales derivados de diversos convenios para el periodo 2008-2015.
En el segundo informe de actividades 2014-2015 de la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, se desglosa el crecimiento de los adeudos: 867.9 millones de pesos en agosto de 2013; 894.3 millones de pesos a diciembre de 2013, mil 8 millones a diciembre de 2014 y 2 mil 58.6 millones a agosto pasado.
En la reunión de este miércoles, a puerta cerrada, entre el gobernador y la rectora, estuvieron presentes el titular de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrin y la titular de finanzas de la UV, Clementina Guerrero García, no se logró establecer ninguna fecha para el pago de los compromiso financieros. Lo único que se determinó es que la Secretaría de Administración y Finanzas de la Universidad y el Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado se llamarán en el transcurso de este jueves, para tener una próxima reunión.
Duarte de Ochoa dejó claro en esta reunión que la Universidad Veracruzana seguirá contando con el apoyo y respaldo del Gobierno del Estado, que seguirá siendo el gobierno.
Con una matrícula de 79 mil 180 estudiantes e influencia en Chiapas y Oaxaca, la institución ejerce un presupuesto de 4 mil 677.4 millones de pesos, de los cuales 2 mil 465 millones (52.71 por ciento) deben ser aportados por el estado y 2 mil 117 millones de pesos (47.29 por ciento) por la Federación.
El gobernador Javier Duarte de Ochoa ha minimizado este problema. Explicó que las aportaciones que hace el gobierno del estado a la casa de estudios forman parte de un convenio de apoyo que cada año firman el Ejecutivo Federal y la UV, el cual estipula que las aportaciones a la universidad se harán de acuerdo con las posibilidades del gobierno estatal.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: EIRINET GÓMEZ.
MÉXICO, D.F: Con la creación de una fundación a cargo del exdelegado perredista en Cuauhtémoc Alejandro Fernández se lanza un nuevo proyecto para la rehabilitación de la zona Garibaldi-Lagunilla, cuyos propósitos centrales serán el impulso al desarrollo económico y turístico de ese perímetro, conformado por 37 manzanas del Centro Histórico.
Delimitada por el Eje 1 Norte Rayón al Norte, el Eje Central Lázaro Cárdenas en el Poniente, la calle República de Brasil en el Oriente y República de Cuba al Sur, la zona cuenta con nueve mil habitantes y 432 predios, de los cuales el 40% están dedicados al comercio. El resto tienen diversas ocupaciones, entre ellas la habitacional, según informes del exfuncionario.
En el famoso bar Tenampa, que este año celebrará su 90 aniversario, Fernández detalló el plan impulsado con apoyo de asociaciones de comerciantes de los mercados de La Lagunilla, de locatarios de Garibaldi, y vecinos.
Su proyecto principal será la rehabilitación de la calle Honduras, que va de Poniente a Oriente, desde la Plaza Garibaldi y hasta la Plaza de Santa Catarina. Se cambiarán banquetas, arroyo vehicular y alumbrado. Para ello, dijo, se solicitará al gobierno de la Ciudad de México un presupuesto de cinco millones de pesos.
Aseguró que de ningún modo está compitiendo con los proyectos o por los recursos, con el delegado electo Ricardo Monreal, de Morena, pues no se trata de una lucha entre partidos sino de unir esfuerzos para impulsar el desarrollo de la zona, fortalecer la integración comunitaria, la apropiación del espacio público y la economía local.
Para ello se plantean crear una red de establecimientos mercantiles, solicitar recursos del Fondo de Turismo de la Ciudad, otorgar beneficios fiscales a quienes empleen jóvenes que vivan en la misma zona, crear una escuela de Diseño, así como un fondo especial para el mejoramiento de la vivienda, un ordenamiento del comercio ambulante y un programa de seguridad.
Fernández entregó el proyecto al diputado perredista Raúl Flores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el propósito de que desde esa instancia se hagan los ajustes legales necesarios para su desarrollo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUDITH AMADOR TELLO.
MÉXICO, D.F: Jorge y Marcela, de ocho y cinco años de edad, respectivamente, fueron asesinados en la comunidad de Zoyotlán, municipio de Marquelia, en la Costa Chica de Guerrero. Ambos sufrieron un disparo en la cabeza.
Tres personas fueron detenidas como sospechosas del doble homicidio, ocurrido el pasado viernes 5, aunque sólo uno, Santiago Sainz Pascual, confesó su participación en el crimen.
Los padres de los menores, Adela López y Feliciano Rosario, exigieron a las autoridades que tomen cartas en el asunto para esclarecer la muerte de sus hijos, petición a la que se sumaron pobladores de la zona conocida como Arroyo Conejo, donde fueron localizados los cadáveres.
La Fiscalía General del estado (FGE) confirmó ayer la detención y reclusión de Santiago Sainz Pascual, señalado como “autor material confeso” de la violación y asesinato de Marcela, y del homicidio de Jorge.
Según el testimonio de los padres, ambos niños cuidaban a unos animales propiedad de la familia, a kilómetro y medio de la localidad. Los padres notaron que pasaba el tiempo y sus hijos no regresaban, dieron aviso a las autoridades y, tras una larga búsqueda, la noche del viernes 25 se localizó el cadáver de José y al día siguiente el de su hermana.
En un inicio se sospechó de tres hombres como responsables del doble asesinato, pero finalmente la FGE determinó que Sainz Pascual fue el único que abusó de la menor y luego asesinó a los dos menores.
La familia Rosario López dijo que no conocía al inculpado y mucho menos los motivos que lo orillaron a cometer el crimen.
“La Fiscalía se sumó a la indignación de la población de un hecho tan aberrante”, declaró en conferencia el fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz, quien acudió a Zoyotlán para evitar que los pobladores juzgaran al culpable de acuerdo a sus usos y costumbres.
Finalmente el imputado fue recluido en el penal de Las Cruces, en Acapulco, para que sea juzgado conforme a la ley, acusado de los delitos de violación y homicidio calificado.
De acuerdo con la carpeta de investigación que abrió la FGE sobre el caso, el cadáver de Marcela fue hallado a escasos metros de donde se encontraba el de su hermano, quien cursaba el segundo año de primaria.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El penal de alta seguridad de El Altiplano se encuentra cerrado y resguardado por fuerzas federales, reportaron familiares y abogados de internos.
“Están cerradas las puertas del penal y ni siquiera los trabajadores de limpieza y de la cocina han podido ingresar”, dijeron a Apro litigantes y familiares de internos.
Helicópteros están sobrevolando el penal y afuera hay seis unidades conocidas como rinos pertenecientes al Ejército y a la Policía Federal, describieron.
Según refieren, la presencia federal en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), Número 1 comenzó desde la madrugada, con la llegada de unidades de la Marina e incluso de una unidad del servicio médico forense.
En la edición que circula esta semana, la revista Proceso publicó que en el penal existen tensión y molestia entre los internos por las restricciones a las que han sido objeto desde la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán.
A partir del viernes 18, las autoridades a cargo del penal les quitaron televisores y relojes, además de obstaculizar las visitas de los familiares y los abogados. Los internos respondieron con una huelga de hambre.
En algunos internos hay temor luego de la muerte, el pasado 7 de septiembre, de Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, exlugarteniente del cártel de Los Zetas.
Nájera Talamantes, el vecino más cercano del Chapo en el penal del Altiplano, murió por causas aún no precisas y se encontraba bajo cuatro procesos disciplinarios que se le iniciaron luego de que declarara ante el ministerio público, durante más de cuatro horas, sobre la fuga del narcotraficante sinaloense.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA
El pasado 3 de junio, en esta columna, escribimos un perfil sobre el estado del régimen peñista. Señalamos:
“El gobierno de Enrique Peña Nieto no duró un sexenio. Fue una administración de medio tiempo. La cuerda le duró 30 meses. Y hasta ahí. No dio para más. Si mañana el presidente priista tomara la determinación de abandonar Los Pinos, nada pasaría. Absolutamente nada. Millones, y gran parte del país, inclusive, se lo agradecerían”.
El 23 de septiembre, en su columna en el diario El País, titulada “Lo que Ayotzinapa cambió”, Jorge Zepeda Patterson definió:
“Fue en esa coyuntura cuando nos dimos cuenta de que el sexenio había poco menos que terminado. Que el gobierno carecía de respuestas frente a la metástasis que invade el cuerpo social; que lo del Estado fallido puede ser una exageración, pero no en materia de inseguridad y justicia. Y no sólo por la noticia, brutal como era, sino por la torpeza e ineptitud del gobierno federal al intentar hacer un absurdo control de daños”. Hasta aquí lo escrito por Zepeda.
En ambos textos hay un punto de coincidencia innegable y evidente, retrato de la realidad nacional, pero también de alto riesgo para México: la fecha de caducidad del gobierno de Peña Nieto se adelantó. No será el 30 de noviembre de 2018. Se le agotó el margen de maniobra. Llegó a su tope. Está arrinconado y derrotado. Se acabó, pues.
Ayotzinapa, la casa blanca, la farsa con Virgilio Andrade, la casota de Videgaray en Malinalco, la corrupción del grupo gobernante, el escándalo OHL, el enriquecimiento de “La Gaviota”, las nueve propiedades del propio Peña Nieto, la simulación, el encubrimiento, y el propio estilo de gobernar – de alguna manera hay que llamarlo-, de Peña Nieto, han llevado a anticipar, prácticamente tres años, el final del penoso gobierno del golden boy mexiquense. Un fiasco.
¿O creían que nada iba a pasar ante tanto escándalo?
Y ahora, ¿qué sigue?
Más que gobierno, una administración que –no es por asustar-, pero que podría llevar a un escenario aún más negro: una crisis económica similar a la de 1994-95 (detonada por la irresponsabilidad financiera de Carlos Salinas), ante los magros resultados de la política económica operada por el brazo derecho de Peña: Luis Vice-garay.
Así que a toda la cascada de calamidades que le han caído al país en el actual gobierno, habrá que agregar las luces rojas encendidas ante la cada vez más pobre economía mexicana, con crecimiento raquítico, desempleo, devaluación y mejor le paramos de contar.
Se acabó, prácticamente, el sexenio.
Justo el tercer año de gobierno era el pico más alto del poder presidencial, ejercido desde el cénit del presidencialismo. Lejana aun la sucesión interna del PRI, el Presidente ordenaba, disponía y brillaba. Nadie le hacía sombra.
Hoy, la situación ha cambiado radicalmente.
Peña Nieto es el presidente con menor respaldo ciudadano en la historia: sólo 3 de cada 10 mexicanos lo respaldan, de acuerdo a la última encuesta del diario Reforma divulgada a principios de agosto. Un nivel de caída alarmante, sí, aunque entendible. Y por ello, a la espalda del Presidente, y no operada por el Presidente, los grupos priistas comienzan a irse por la libre rumbo al 2018.
Luis Videgaray, el favorito de Peña, tiene a su grupo apuntalado por los recientes cambios en el gabinete: Meade en Sedesol y Nuño en la SEP.
Manlio Fabio Beltrones operando, desde ahora, con el control y las riendas de la nomenclatura priista.
Osorio Chong aliándose con gobernadores para ver si le alcanza el gas para tres años.
Todos, sin consultarle a Peña Nieto sobre sus movimientos sucesorios aunque, como buenos priistas, guardando las formas y reglas no escritas del priato: la disciplina partidista. En eso no cambian.
Sin embargo, ante la innegable debilidad del Presidente de la República, los alfiles priistas se han comenzado a acomodar bajo los aires de la sucesión presidencial del 2018, tomando su propio camino, enfilándose con su propia fuerza política.
Llegará así un momento en que más les afectará que ayudará el tan cacareado “efecto Peña Nieto”. Tendrán que sacudirse el lastre del peñismo. Matar al jefe.
Ya lo veremos.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MARTÍN MORENO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/30-09-2015/39810.
