Luego del escape del capo sinaloense, el penal de El Altiplano entró en el caos. Las autoridades aparentemente quisieron vengarse de la afrenta, pero con los internos: a mediados de este mes los despojaron de sus televisores y relojes, artículos a los que tienen derecho. La medida inexplicable creó un ambiente de rebelión y motivó la interposición el viernes 25 de cientos de amparos de los presos, en medio de una huelga de hambre que hasta el cierre de la edición 2030 de la revista Proceso seguía creciendo.
MÉXICO, D.F: El viernes 18, desde las 05:00 hasta pasadas las 23:00 horas, en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano, en Almoloya, Estado de México, policías federales y custodios irrumpieron en las celdas de todos los módulos y despojaron a los reclusos de televisores y relojes. Violentamente, en algunos casos.
El operativo lo confirman amparos interpuestos por cerca de 400 presos de ese penal de alta seguridad el viernes 25 en el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo del Segundo Circuito, con sede en Toluca, según pudo verificar este semanario. Se calcula que en el centro penitenciario hay una población aproximada de mil 200 internos.
Tras el operativo comenzó una rebelión que se ha mantenido al menos hasta el viernes 25, sin que la Secretaría de Gobernación ni la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) comuniquen a la sociedad lo que ha ocurrido dentro del penal en la última semana.
Proceso también pudo confirmar en distintas fuentes que hasta ese día había una huelga de hambre a la cual ya se habían sumado al menos 500 internos. Se afirma que algunos presos no han comido en los últimos cinco días; al menos uno de ellos ha sufrido desmayos…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2030 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HARNÁNDEZ.
El senador Manuel Bartlett reiteró que la reforma educativa es un instrumento para la privatización, y el legislador del PVEM Juan Gerardo Flores, destacó los avances de la misma.
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, compareció ante el pleno del Senado y afirmó que el gobierno federal avanzará hacia un nuevo modelo educativo e iniciará un dialogo amplio con los maestros, pedagogos, expertos, sociedad civil y legisladores federales y locales para cumplir con este objetivo.
Propuso un diálogo cercano y respetuoso con el magisterio mexicano, en el que se tenga una gran claridad: “el sindicato deberá cumplir su función de proteger los derechos laborales y buscar el bienestar económico de sus agremiados, y nosotros, la autoridad, cumplir nuestra función de autoridad”, de acuerdo con un boletín del Senado.
Por el Partido Acción Nacional, el senador Juan Carlos Romero Hicks, señaló que no se observa una estrategia integral ordenada para transformar la educación del país. Especificó que el gobierno federal tiene el apoyo de los partidos políticos, de la sociedad, herramientas y recursos, y aun así no se han alcanzado los resultados deseables.
Comentó que lo que hacen la autoridad educativa y el Congreso, la Secretaría de Gobernación lo destruye; por lo que el gobierno federal, en materia de educación, “no aprueba el examen de medio curso. La reforma educativa sigue pendiente”. Dijo que además ha incumplido con los mandatos de algunos artículos transitorios de la Ley General de Educación.
Al fijar la postura del Partido del Trabajo, el senador Manuel Bartlett Díaz reiteró que la reforma educativa es un proyecto de los organismos financieros internacionales, particularmente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), un “instrumento para la privatización de todos los servicios”.
Consideró que la educativa es una reforma de carácter laboral con el propósito de controlar a los maestros por medio de las evaluaciones y de formar, bajo principios neoliberales, “empleados y obreros al servicio del desarrollo económico” y no a mexicanos conscientes de sus facultades. Además dijo que el modelo educativo del que habló Nuño Mayer “está en el aire”.
En nombre del grupo parlamentario del PVEM, el senador Juan Gerardo Flores Ramírez destacó que a casi tres años de la aprobación de la reforma educativa se aprecian avances sustanciales en su instrumentación, y señaló que el Servicio Profesional Docente es un aspecto medular de la reforma educativa.
El senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, argumentó que está pendiente una verdadera reforma del sistema educativo nacional, por lo que pidió dejar de lado la simulación y el desinterés por el sector y establecer una fecha para un debate nacional sobre esta materia.
La senadora Mely Romero Celis, del Partido Revolucionario Institucional, destacó como un logro que la evaluación magisterial se aplique en las 32 entidades federativas del país, con lo cual los maestros se capacitan y tienen mayor oportunidad de desarrollo profesional, comentó.
Señaló retos que la SEP debe atender: ocuparse de la disparidad nacional en el rubro educativo, completar los ciclos escolares, el combate a la violencia escolar, vincular la educación y las vocaciones productivas mediante un modelo de educación dual, y el cambio de modelo de escuelas normales.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
México, DF.- En tan sólo 10 minutos el pleno de la Cámara de Diputados avaló el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el cual se determinó la distribución, por unanimidad, de las 56 comisiones ordinarias, una vez que la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) allanó el camino al aceptar presidir las de Seguridad Social, Transparencia y Anticorrupción, Reforma Agraria y Fomento Cooperativo.
“Son las que tenemos” dijo la coordinadora de Morena, Rocío Nahle García cuando se le preguntó si estaban conformes con el acuerdo. La legisladora sostuvo que la Comisión del Distrito Federal que fue solicitada por ese grupo parlamentario será presidida por el PRD “porque así lo designó el presidente de la Junta de Coordinación, César Camacho Quiroz”.
Sin embargo, dijo que su bancada aceptó la distribución de las comisiones en un afán de construir “y porque no venimos de ambiciosos ni a pasar por encima de nadie. En Morena no hay intolerancia”.
La sesión ordinaria de la cual se decretó un receso ayer a las tres de la tarde se reanudó hoy a las 17:38 horas sólo para que la secretaría de Mesa Directiva leyera el resolutivo enviado por la Junta, así como para informar que se recibió la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para expedir la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales que se turnó a la Comisión de Economía.
César Camacho, coordinador de PRI celebró el fin de la negociación, a la que calificó como “ el primer gran acuerdo político de la 63 legislatura”.
De esta manera, el PRI presidirá 23 comisiones: Presupuesto, Economía, Gobernación, Energía, Defensa Nacional, Agricultura, Agua potable, Asuntos Indígenas, Comunicaciones, Deporte, Derechos Humanos, Desarrollo Social, Ganadería, Igualdad de género, Infraestructura, Jurisdiccional, Justicia, Pesca, Población, Relaciones Exteriores (que antes tenía Acción Nacional), Trabajo y Vivienda.
El PAN mantiene las de Hacienda, Cultura, Transportes, Turismo, Seguridad Pública, Salud, Atención a grupos vulnerables, Cambio climático, desarrollo rural, Fortalecimiento al federalismo, Juventud y Régimen y reglamentos.
Mientras que el PRD presidirá las de Vigilancia, Auditoría Superior de la Federación, Distrito Federal, Asuntos de la frontera norte, Derechos de la niñez, Educación, Puntos Constitucionales.
El PVEM continuá presidiendo la de Radio y televisión así como Asuntos de la frontera sur, Desarrollo Municipal, Medio Ambiente y Recursos Hidraúlicos.
MC tendrá a su cargo Desarrollo Metropolitano, Marina y Protección civil.
Nueva Alianza conserva la única comisión que ha presidido desde hace tres legislaturas Ciencia y Tecnología
Y Encuentro Social la de Asuntos migratorios, que hasta la legislatura pasada presidía el PRD.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ENRIQUE MÉNDEZ.
MONTERREY, N.L: A lo largo de toda su campaña hacia la gubernatura, Jaime Rodríguez Calderón reiteró que la administración del priista Rodrigo Medina estaba coludida con las televisoras locales, que buscaron “descarrilar” su llegada al poder.
En los comicios, “El Bronco” ganó y pronto superó su discurso antimonopolios televisivos.
Sin embargo, esta semana el gobernador electo, que entra en funciones el próximo domingo, reavivó el debate al ser descubierta la entrega de un contrato que la empresa paraestatal Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) concedió a una filial de Multimedios, el consorcio de comunicaciones más grande en la entidad.
De acuerdo con el periódico “El Norte”, Comercializadora Jubileo SA de CV (CJ) ganó una licitación pública para instalar un sistema de secado de lodos en la planta tratadora de aguas residuales de Dulces Nombres, municipio de Pesquería.
“El Bronco” dijo que investigará el contrato de 538.8 millones de pesos que recibirá la filial de Multimedios, pues su giro original era la venta y compra de equipos y juegos mecánicos para ferias y parque de diversiones, pero recientemente añadió como otra actividad la elaboración de plantas para procesar residuos.
“Es una obra contratada de una manera tendenciosa, muy sospechosa, y que evidentemente la vamos a revisar. He dado instrucciones ya a quien vaya a ir al área de Agua y Drenaje y a la Contraloría para revisar cómo se dio.
“No es posible –advirtió– que se les den tantos contratos a las empresas televisoras. Eso es muy común en los gobiernos cuando se coluden con las empresas televisoras”, sentenció “El Bronco”.
Además pidió a SADM que suspenda los primeros pagos programados a Comercializadora Jubileo los días 1 y 4 de octubre.
“Si tienen vergüenza deben pararlos, pero no creo que la tengan”, machacó.
La empresa CJ fue creada en 1999 para comprar, vender y fabricar juegos mecánicos para parques de diversiones, según la nota. Ahí se menciona que se localiza en avenida Eloy Cavazos, sin número, en el parque La Pastora, donde se encuentra el parque de diversiones Bosque Mágico, de Multimedios.
Este miércoles, tanto la empresa como la paraestatal publicaron desplegados en ese medio impreso, pero no aportaron explicaciones para justificar la contratación cuestionada.
Luego de señalar que “El Norte” miente, Comercializadora Jubileo justificó que diversificó sus actividades “para extenderse a las soluciones medioambientales y otras ramas industriales”.
Y actualmente trabaja con otras firmas nacionales e internacionales como Traco Iberia, STC y Aqualogy, abundó.
También señala que Jubileo ganó legalmente la licitación, y la empresa licitante se mostró satisfecha con su solvencia “técnica, moral y empresarial”. Y aseguró que no son una empresa de diversión.
Por su parte, SADM destacó que en la licitación efectuada el 18 de febrero de este año se recibieron tres propuestas y la de Comercializadora Jubileo fue la mejor.
Todo el procedimiento, sostuvo, fue efectuado dentro de la legalidad y la planta Dulces Nombres es necesaria para tratar los lodos que ahí se generan.
“El Norte” publica este miércoles que Diversiones Dinámicas, filial de Multimedios, recibió 15 millones de pesos para ampliar Bosque Mágico. La entrega se hizo en dos pagos: 5 millones en diciembre y los 10 millones restantes en mayo pasado.
El dinero salió del Fideicomiso de la Zona Citrícola del Estado (Fidecitrus), una oficina del gobierno del priista Rodrigo Medina que fomenta el desarrollo de los municipios ubicados en esta región sur de la entidad.
En campaña y ya como gobernador electo, Rodríguez Calderón, anunció que no dará un peso a las televisoras, pues suspenderá la tradición priista de pagar enlaces en vivo para resaltar la figura del gobernador.
“El Bronco” señaló que a lo largo del sexenio pasado, por gasto de publicidad y difusión, Medina de la Cruz erogó unos 5 mil millones de pesos, una parte de los cuales fueron entregados a Multimedios, TV Azteca y Televisa, las tres televisoras con mayor presencia en la región.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
COLIMA, Col: Siete diputados locales, cinco panistas y dos perredistas, presentaron hoy ante el Congreso local una denuncia de juicio político contra el gobernador Mario Anguiano Moreno, “por el desvío de fondos económicos desde el Ejecutivo estatal en perjuicio del presupuesto del estado de Colima”.
Presentada este miércoles, a unas horas del final de la actual legislatura, la demanda fue suscrita por los panistas Gina Araceli Rocha Ramírez, Yulenny Guylaine Cortés León, Sergio Hernández Torres, Petronilo Gallegos Solís y José Donaldo Ricardo Zúñiga, así como los perredistas Joel Esparza Peralta y Francisco Rodríguez García.
En su reclamo, leído en la tribuna por la diputada Gina Araceli Rocha, los denunciantes pidieron que “de acuerdo con la ley, y de ser procedente, el pleno de este Congreso se constituya en Jurado de Acusación” y que, “como medida precautoria, se aseguren bienes suficientes del C. Mario Anguiano Moreno, gobernador del estado, para garantizar que éstos no se dilapiden, y que, en caso de resultar responsable el acusado en el procedimiento, se cubra con dichos bienes la reparación del daño”.
Los quejosos estimaron que algunas conductas del mandatario son motivo de procedencia del juicio político, ya que “el escandaloso déficit financiero, las deudas que aquejan al gobierno estatal, así como las condiciones en que la nueva administración recibirá la entidad, son resultado de una serie de violaciones presupuestales que el Ejecutivo ha cometido en el sexenio en curso”.
Entre las presuntas anomalías, señalaron que “ha existido un manejo irregular por 600 millones de pesos por utilización de recursos federales en gasto corriente, bajo su administración y teniendo el mandatario conocimiento”.
Se refirieron también a las siete denuncias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene presentadas contra el gobierno de Colima ante la PGR por “la simulación de reintegros de fondos federales, desviados a otros rubros”.
Asimismo, “a lo largo de más de cuatro bimestres la inestabilidad financiera del estado se ha evidenciado en el adeudo que el gobierno mantiene con 3 mil 400 adultos mayores, a quienes el Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud no ha pagado la pensión alimenticia a la cual son acreedores, situación que ha minado el bienestar y la integridad de este sector vulnerable”.
Otras presuntas evidencias del desequilibrio financiero presentadas por los diputados son los constantes retrasos en el pago de la nómina y los consecuentes paros de labores de burócratas y de profesores estatales, así como el reciente despido de mil 50 trabajadores de confianza y el notable crecimiento del monto de la deuda pública de la entidad.
“La totalidad de los hechos expuestos en el presente documento —aseveraron los denunciantes— revela una violación completa del derecho de la ciudadanía a la información, ya que el Ejecutivo estatal ha mantenido en la opacidad el destino verdadero de los fondos que pertenecen a sus gobernados y que provienen, mayormente, de las contribuciones de éstos”.
Concluyeron: “Con base en todos los fundamentos anteriores, nos es posible declarar que los incumplimientos del gobierno estatal en sus obligaciones con los adultos mayores, los estudiantes becados, los trabajadores de dependencias públicas y los maestros, han demostrado, antes que nada, transgresiones a los presupuestos de egresos. Pero también se ha tratado de violaciones a los derechos ya otorgados a ciudadanos colimenses, derechos que actualmente se han ignorado en nombre de una crisis proveniente de malos manejos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
MÉXICO, D.F: Es bien sabido que en México la transición a la democracia fracasó en el 2000 cuando por primera vez en su historia el PRI perdió el poder presidencial a manos del empresario Vicente Fox quien, en lugar de crear las condiciones para un ajuste de cuentas políticas, sociales, judiciales y de derechos humanos, pactó con los poderes fácticos, entre ellos las televisoras.
Este tema viene a colación por el reciente caso del conductor estrella de Televisa, Joaquín López-Dóriga, acusado de extorsión por la empresaria más rica de México, María Asunción Aramburuzabala, y exhibido en su negocio de venta de espacios en sus programas de radio y televisión a figuras políticas y funcionarios, como lo reveló el excelente reportaje de Jenaro Villamil en la revista Proceso de esta semana, titulado “Los negocios de López Dóriga. Cuando el micrófono tiene precio”.
López-Dóriga no es el único que ha hecho un gran negocio personal con el uso del espacio noticioso en diversos medios. No hace mucho en las redes sociales circularon copias escaneadas de contratos a nombre de la empresa Comunícalo SA de CV, presuntamente de Ricardo Alemán, por 2 millones 250 mil pesos y el gobierno del priista Eruviel Ávila. El pago era para aparecer en el programa del periodista titulado “La Báscula”, que se emitía en TV Mexiquense y que el columnista conducía en ese entonces hasta que le dieron un espacio en Televisa.
Hubo otra información parecida que causó polémica, se trataba de la lista de pago a varios conductores de noticias en 2012 y 2013 por parte del gobierno mexiquense para que hablaran bien de Enrique Peña Nieto. En dicha lista aparecía Joaquín López-Dóriga, José Cárdenas, Óscar Mario Beteta, Ricardo Rocha, Eduardo Ruiz Healy, Jorge Fernández, Denise Maerker, Ciro Gómez Leyva, Adela Micha y Paola Rojas. Fue difundida en las redes con una riada de críticas a la ética y moral de cada uno de estos personajes de los medios de comunicación.
A pesar de que esta información fue desmentida y desdeñada por cada uno de los aludidos, en las redes sociales quedaron estigmatizados como parte de la prensa oficiosa que se ha enriquecido usufructuando sus espacios noticiosos o de análisis en diversas empresas privadas de comunicación que, a su vez, han sido beneficiadas por el gobierno federal a través contratos de publicidad o concesiones de espacios en el espectro público.
En el fondo de esta práctica lo que encontramos es que la mayor parte de las empresas de medios se han convertido en verdaderos poderes fácticos que actúan con toda impunidad en el marco de un gobierno acostumbrado a los pactos y alianzas con grupos de interés y de presión para mantener ciertos privilegios y ganancias particulares.
Las grandes empresas de los medios de comunicación nunca entraron en el proceso de transición a la democracia sino al revés, impidieron y obstaculizaron la apertura social y dejaron que algunos de sus “conductores estrella” hicieran sus propios negocios con distintos personajes del poder político, dando paso a una etapa negra del periodismo mexicano. Al final ambos se han beneficiado del negocio político creado detrás de los micrófonos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
Le prometieron que no le pasaría nada y que después de pagar el rescate podría ver a su marido. Yolanda Álvarez Antúnez lo creyó. La madre de cinco hijos y abuela de 13 no vio otra opción.
En una camioneta vieja que conducía su cuñado llegaron al cruce de un camino donde le dijeron que alguien los esperaría, pero nadie estaba. Discutieron unos segundos sobre si era mejor irse pero decidieron continuar.
Hacia las 10:30 de la noche entraron a un pueblo en la zona montañosa del estado sureño de Guerrero. Dos camionetas llenas de hombres armados les cerraron el paso. Uno se acercó a pie.
_“¿Es usted la del teléfono?”, le preguntó.
Ella también reconoció la voz. A la voz que por una semana habían ambos escuchado, finalmente le ponían un rostro.
El hombre pidió el dinero y ella le estiró la bolsa de plástico llena de billetes. Su esposo no se veía por ningún lado. Entonces todo se descompuso.
_“¡Bájense!”, gritó el hombre.
_“¿Pero por qué?”, intentó reclamar. “Si me dijeron que tenía palabra y que no nos iban a hacer daño”.
El hombre subió la voz y le repitió que se bajaran. Le ordenó subirse a una de las camionetas. Sin decir nada, su cuñado fue llevado a la otra.
Al lado de ella se colocaron dos hombres armados. El hombre que al que después conocería como 'El Nico' se puso al volante.
_“Se va a quedar usted, porque su esposo escapó”, le dijo. “Y hasta que no lo recuperemos, o regrese, va usted a irse”.
Encendió el carro.
_“Y no queremos que chille, porque no nos gustan las mujeres chillonas”, le advirtió.
“Deme la mano señora”, le pidió el joven. “Démela, no tenga miedo”. Su amabilidad contrastaba con la agresividad de los otros. Comenzaron a subir por un pequeño camino que iniciaba en la carretera y subía por un cerro, en medio de la oscuridad.
Delante y atrás de ellos iban varios hombres armados que caminaban con cierta seguridad. Obviamente, no era la primera vez que pasaban por ahí, pensó Yolanda.
Cuando llegaron al campamento a su cuñado le vendaron los ojos y le amarraron las manos. A ella sólo le taparon los ojos. A los dos les ordenaron que se acostaran sobre la tierra y les dieron una cobija.
En la madrugada sintió que alguien metía una mano en el bolsillo de su pantalón. Se movió y un hombre le preguntó qué tenía ahí. “Doscientos pesos que traigo por si se me acababa la gasolina”, le respondió. El hombre tomó el billete y no revisó el otro bolsillo, donde ella guardaba un rosario de plata.
Sus captores les advirtieron que si querían ir al baño que avisaran, que no se levantaran sin decir nada porque podrían dispararles. En algún momento a ella le pidieron que alzara la cabeza y le colocaron algo como almohada (más tarde vería que eran dos overoles doblados).
Esa noche no pudo dormir. La misma idea le venía una y otra vez, más una esperanza que una certeza: quizá su marido no había escapado, tal vez sí lo habían mandado en un taxi a su casa.
“Señor, qué bueno que le vine a quitar un poquito de sufrimiento a él”, se decía en silencio, mientras sentía cómo algunos insectos caminaban bajo su espalda. Al menos su 'Beto' estaría en casa.
Se conocieron a finales de la década de 1970 en Iguala, una ciudad que se extiende en un valle rodeado de montañas al norte del estado de Guerrero. Yolanda estudiaba ahí para ser educadora; Luis Alberto Castillo acababa de abandonar sus estudios en la Ciudad de México también para ser maestro y siguió a su papá, recién separado. Pronto, ella dejó luego la escuela para casarse con él.
En 1991, Luis Alberto perdió su trabajo y la pareja resolvió mudarse a Ahuehuepan, una comunidad de poco más de 500 habitantes con una sola caseta telefónica y prácticamente sin señal de celular. Abrieron una pequeña tienda a la orilla de la carretera, donde también abundan los restaurantes.
Tuvieron cinco hijos y llevaban una vida tranquila, incluso cuando Luis Alberto enfermó de diabetes y la dolencia empezó a afectarle la vista.
En 2012, sin embargo, las cosas habían cambiado: las ventas bajaron porque cada vez había menos personas que viajaban por esa carretera que conecta Iguala y Altamirano, dos ciudades donde grupos rivales del narcotráfico impusieron el terror a través de asesinatos, extorsiones y secuestros. Su intención: controlar importantes rutas para mover la goma de opio procedente de la amapola de las montañas hacia el mercado de Estados Unidos.
Según cifras oficiales, más de 25 mil personas han desaparecido desde 2007, aunque muchas de ellas han atraído poca atención. Esa realidad cambió el 26 de septiembre de 2014, cuando la desaparición de 43 estudiantes, tras ser detenidos por policías, provocó indignación dentro y fuera de México.
Poco más de 100 cuerpos han sido descubiertos en fosas clandestinas, aunque la mayoría permanecen sin ser identificados. El resto de los secuestrados en autobuses, carreteras o sacados de sus casas o una tienda, simplemente siguen desaparecidos. A diferencia de los 43 estudiantes, ellos son conocidos como “Los otros desaparecidos”.
La mañana del 10 de enero de 2013, Yolanda salió a Iguala para ver si el Seguro Social tenía lista la cita para atender a su esposo de la retinopatía diabética que le estaba quitando la vista. Ese jueves, Luis Alberto se quedó en Ahuehuepan para atender la tienda.
Fue cuando una camioneta roja con cuatro hombres se estacionó frente a la tienda y uno de ellos entró y dijo a Luis Alberto que se iba a ir con ellos.
Beto, como le decían, era un hombre robusto y alto de 54 años. Intentó resistirse y se agarró de un tubo afuera de la tienda. Un segundo hombre bajó, le puso un arma en el costado y ya no opuso resistencia, según contó a Yolanda una mujer que observó a pocos metros el momento del secuestro.
Horas después, Yolanda recibió la llamada: “Yo soy el que tengo a su marido, si lo quiere volver a ver con vida necesitamos que me entregue 500 mil pesos”, le dijo el hombre.
Eso era casi 40 mil dólares. Yolanda le dijo que era mucho dinero, que la familia estaba en medio de una crisis económica. Le repitió que consiguiera el dinero si quería ver a su esposo con vida.
Las llamadas se repitieron por una semana. El hombre exigía el dinero y Yolanda le decía que había conseguido algo, pero no la cantidad completa.
Cerca de las seis de la tarde del siguiente miércoles el teléfono sonó. En esta ocasión escuchó otra voz, una conocida: su marido.
“¿Sabes qué ‘chaparra’?”, le dijo, “has lo que tengas que hacer, vende lo que tengas que vender, porque aquí todos los días me dan una chinga que ya no puedo ni ver, ya no veo, ya casi no veo”.
Yolanda le pidió que tuviera fe, que rezara, pero antes de poder decir algo más la voz del secuestrador le machacó en el oído que ya no le darían más tiempo.
“Ya nos cansamos de estar cuidando a este viejo”, dijo el hombre y cortó la llamada.
El teléfono sonó tres horas después. ¿Cuánto dinero tenía? En total, 120 mil pesos, dijo Yolanda.
“Ya tráigamelos, ya tráigame lo que tenga reunido”, dijo el hombre. Le dio instrucciones y le aseguró que después de que ella llevara el dinero, su marido regresaría a su casa en un taxi.
Yolanda puso el dinero en una bolsa de plástico, se cambió las sandalias por unos tenis y se puso un chaleco. Esperó a su cuñado y se fueron en la camioneta usada de su papá.
Al paso de las horas la venda de los ojos se cayó. Vio que en total había 18 hombres armados, la mayoría jóvenes, como de 20 años.
'El Nico', con quien había negociado el rescate, era un hombre flaco, alto, moreno y con los hombros hacia adelante. El otro, quien estuvo en el asiento del copiloto era 'el Tucán', de estatura mediana y moreno claro que actuaba como el segundo al mando y responsable directo de los hombres en el campamento.
Horas antes la habían interrogado en la camioneta: ¿Quiénes eran los más ricos del pueblo? ¿Cuánto le habían dado sus padres? ¿Tenía ella más dinero? Yolanda estaba segura que si daba detalles pondría en riesgo a su familia y a otros.
Les dijo que no tenían dinero, que sus papás le habían dado muy poco, que habían pedido prestado, que tenían deudas desde antes y que incluso tuvieron que irse un tiempo a Nayarit, para ver si ella conseguía un empleo, porque la enfermedad de su esposo se agravaba y la dificultad para ver le complicaba trabajar.
“Pues si quiere trabajar, nosotros le damos trabajo. Y pues sirve que paga sus deudas”, le dijo 'el Nico'. Le ofrecieron que fuera uno de ellos. “Matar, cortar cabezas, torturar...”, siguió.
“Válgame Dios, yo no nací para eso”, le respondió Yolanda.
La primera noche, algunos de los jóvenes fumaban marihuana y oyó que algunos aspiraban con una pajilla algo de una olla. Se mostraban entre ellos imágenes de mujeres desnudas en sus celulares y de pronto algunos pelearon.
“Hubo una discusión muy fuerte entre ellos y me dio miedo”, recordó Yolanda, una mujer de entonces 53 años. “Miedo de que ya estando drogados fueran a hacerme algo”, dijo.
Yolanda tenía su rosario de plata en el bolsillo, pero temía que se lo robaran si lo sacaba. Por eso usó las puntas de sus dedos como misterios de un rosario improvisado y comenzó a rezar en silencio.
“Ellos diciendo tontería y media y yo rezando, yo rezando”, dijo. Esa noche tampoco pudo dormir. Y volvió a pensar que al menos su marido estaría de vuelta en casa. Pero no la golpearon ni maltrataron.
En la mañana, los hombres compartieron el desayuno de chile con queso, frijoles y tortillas hechas a mano. Luego supo que la comida era preparada en un pueblo cercano.
Yolanda es una mujer bajita y delgada, con el pelo rizado que le cae hasta la mitad de la espalda. Sus ojos son de un café tan claro que, a veces, cuando les dan el sol, puede pasar por verdes.
“¡Ah! ¡Está guapa la señora! ¡Tiene ojos claros!”, dijo uno de los hombres la primera mañana. “¿Y no tiene hijas?”, le preguntó. “¡No!, tengo puros hijos”, le repitió dos veces, seria. Yolanda llegó a preguntarse ¿qué pasaría por la mente de sus hijos? ¿Cómo estarían?, pero rápidamente la mente se iba hacia su marido, a rezar.
Los hombres solían hablar de enfrentamientos, de que tenían que cuidarse de la policía, del territorio que decían les pertenecía, de la zona que no debían pasar porque ya era del grupo rival. Decían que ellos eran 'La Familia Michoacana', un cártel de las drogas que surgió en el estado vecino de Michoacán.
Hasta entonces, los cárteles de las drogas y la violencia del narcotráfico eran algo lejano para ella. “Nada más se oían rumores de que andaba todo eso mal, que había gente armada”, dijo. Luego su marido fue secuestrado y ahora ella estaba ahí, cautiva.
Después de que la detuvieron, 'el Nico' le reclamó que faltaban 5 mil pesos del rescate de su marido. Ella lo negó, dijo que lo había contado. Quizá, dijo el hombre, estaba nerviosa y contó mal. Y eso lo tendría que explicar al 'Patrón', al jefe.
Aún no terminaba la mañana del jueves, cuando le acercaron un teléfono. Era el 'Patrón'. Oyó la voz de un hombre de quien no sabría más, ni volvería a escuchar.
“¿Qué pasó señora con el dinero?”, le preguntó.
Otra vez la extraña mezcla entre un amable “señora” con una amenaza implícita.
“A lo mejor porque yo estaba muy nerviosa conté mal”, le respondió. “¿Qué más podía hacer?”, dijo.
Cuando 'el Tucán' se acercó a preguntarle con quién tendría que negociar su rescate, Yolanda no lo podía creer. “¿Cómo es posible?”, preguntó. “Si yo les dije que no tenemos dinero”.
El hombre subió el tono e insistió. ¿Sería alguno de sus hijos? “No, va a ser mi hermano”, le dijo. El mismo número, el de la caseta telefónica de Ahuehuepan.
Salvo que ellos preguntaran, ella prácticamente no hablaba. La mayor parte del tiempo sentada en una piedra. Miraba y escuchaba. Oyó el ruido de un helicóptero que pasaba por encima de ellos, cubiertos por las copas de los árboles.
“Si se pudiera avisarles que estamos aquí”, pensó. “Como una película”. Pero no se podía.
Obedecía en todo: cuando le decían que se acostara, que se quedara sentada; no se quejaba cuando tenía que pedir permiso y un hombre armado la acompañaba y se quedaba muy cerca de ella cuando tenía que ir al baño. Y el obedecer y no quejarse le hacía pensar que tarde o temprano le ayudaría a salir de ahí.
Aunque estaban en lo alto de un cerro, parecía un campamento familiar para ellos: el piso de tierra estaba limpio de hojas y alrededor habían sido acomodadas piedras para formar pequeñas bardas que delimitaban el lugar.
Por momentos, el viento llevaba un zumbido conocido: el ruido del motor de un tráiler y entonces recordaba que estaban cerca de la carretera. El olor a plantas, a tierra, cedía al del sudor y los cigarrillos de los hombres que la cuidaban.
Su propio olor empezaba a incomodarla. No podía limpiarse, si acaso las manos con un poco del agua que le daban a beber en una botella de plástico. “Levantarme y sentir que ya la ropa, pues ya está sudada y uno acostumbrado a bañarse del diario”, dijo.
Las horas pasaban lento, como en una pesadilla de la que no podía despertar. Su mente estaba en blanco por el miedo y el impacto. Pero también había resignación: “¿Qué haces, más que estar entregada a lo que venga?”, dijo.
El viernes 'el Tucán' tuvo otro reclamo. ¿Qué pasaba en su pueblo? Ella no entendía. “No sé ni de qué me está hablando. Yo estoy aquí con ustedes”, dijo.
Después de su secuestro, los habitantes de Ahuehuepan cerraron la carretera del pueblo y exigieron un retén para impedir más secuestros.
Los secuestradores no estaban felices con la conmoción mientras intentaban negociar rescates por sus víctimas, a las que simplemente llamaban 'ardillas'. Todo lo que ella supo fue que de pronto tenían que moverse de lugar. Bajaron el cerro y luego lo subieron de nuevo, aunque a una zona aún más alta.
La noche cayó en el nuevo campamento y Yolanda susurró a su cuñado que no se durmiera, no fuera a picarles un alacrán o una víbora. Pasó entonces por su mente la posibilidad de morir, de que si la picaban o mordían no alcanzarían a llevarla a tiempo a ningún hospital. Pero los obligaron a acostarse y después de dos noches sin dormir, el cansancio finalmente la venció.
La mañana del sábado los levantaron con la noticia de que regresarían al campamento original. Poco antes del mediodía el radio volvió a sonar. Tenían que bajar a las 'ardillas' a la carretera.
“Ya se va a ir señora, parece que ya se va a ir si ya dan el rescate”, le dijo uno de los hombres.
Pasaron más horas. Fueron a otro lugar: un cementerio donde los hombres recibieron su pago quincenal.
Y luego los llevaron a un cruce en una carretera donde estaba un viejo 'vocho' blanco, un Volkswagen escarabajo. Al volante estaba su hijo menor y al lado su sobrino, el hijo de su cuñado. Llevaban el dinero, aunque sólo 100 mil de los 500 mil pesos que pidieron.
Pero los problemas aún no terminaban. 'el Nicoe se acercó una vez más a ella. “Faltan 2 mil pesos”, dijo. “¿Quién se queda, usted o los chavos?”, preguntó.
En medio de su angustia, otro de los hombres se compadeció e intervino. “Ya, déjalos ir, ¿qué son 2 mil pesos? Total, déjalos ir”, le dijo.
'El Nico' pensó un poco. “Ya váyanse”, concedió.
Subió al auto y preguntó a su hijo: “¿y tu papá? ¿Dónde se quedó? ¿En la casa o está con tus abuelitos”.
“No mamá”, le dijo el muchacho, “mi papá no ha regresado”.
Cuando la liberaron, su hermana y su mamá la abrazaron y lloraron. Pero ella no pudo. Al siguiente día salió rumbo a Iguala con su hijo menor y sólo ahí las lágrimas por fin brotaron, “cuando sentí el peso de la soledad”.
Tiempo después, Yolanda regresó a Ahuehuepan y recientemente reabrió la tienda, hasta donde le llegaron rumores de que habían visto a su marido. En una ocasión, un hombre que por años fue cliente de su tienda, le dijo que un amigo estuvo secuestrado y le contó que había estado en un lugar donde vio a Beto, que estaba mal de salud y que lo sacaron a que tomara aire y ya no volvió.
Ella todavía se despierta por las mañanas en espera de un milagro: que Beto reaparezca. Pero eso no ha pasado.
Aún lucha para entender lo que pasó, de haber logrado volver a casa tras su secuestro, pero sufrir aún el de su marido. Después de su calvario, Yolanda se volcó hacia su fe.
“Me traté yo mismo de revalorizar y evaluarme si podía con esta situación sola. Y sí”, dijo. “Yo dije: ‘tengo que poder con todo esto, porque por algo me pasó’ y como nos han hablado dentro de nuestra religión, Dios no nos manda (algo) a los corazones débiles. Cuando es un dolor tan grande el Señor sabe a qué corazones nos lo da, porque son esos que los podemos superar”.
FUENTE: LA JORNADA/AFP.
Iguala, Gro. El movimiento "Te buscaré hasta encontrarte", de familias que buscan a sus hijos, padres o hermanos desaparecidos en la región norte del estado pidieron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vino a esa ciudad a conocer la situación de más de 400 desapariciones forzadas, que la seguridad pública de Iguala quede en manos de fuerzas federales –policía federal y gendarmería– hasta que no se conozca el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de las personas que ellos buscan.
La reunión de la CIDH con este colectivo se realizó a mediodía en el sótano de la parroquia de San Gerardo, en un barrio obrero de esta ciudad, donde a fines de octubre, noviembre del año pasado, a la luz de la búsqueda de los muchachos de la Normal Rural, empezaron a acudir cientos de personas que también buscaban a algún ser querido que había desaparecido, en particular durante la administración del ex alcalde José Luis Abarca, periodo en el que se contabilizan al menos 104 casos de quienes se atrevieron a denunciar y de los cuales se tiene registro.
Mientras esta organización pedía que fuerzas federales se hicieran cargo de la seguridad, el nuevo pesidente municipal, el priista Esteban Albarrán, tomará posesión y presentó a su gabinete entre otros a Timoteo Mata Cruz, nuevo director de la policía auxiliar municipal. El colectivo "Te buscaré hasta encontrarte" acusan que estos funcionarios públicos tienen nexos con el crimen organizado que domina la vida política, económica y social de este municipio.
Encabezados por el secretario general de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza y James Cavallaro, la delegación que realiza una gira in loco por las zonas más conflictivas del país en términos de violación a los derechos humanos incluyeron en su agenda el reconocimiento al problema de "los otros desaparecidos" de Iguala, como se ha llamado a estos casos que surgieron a la superficie cuando, a la luz de la búsqueda de os estudiantes de Ayotzinapa, fueron descubiertas decenas de fosas en los cerros colindantes.
Sin ayuda de las autoridades, este grupo, que se formó esponanteamente y se fue fortalecimiendo con los meses, ha logrado la exhumación de 104 cuerpos, 11 de los cuales ya han sido identificados por los servicios de la PGR y 11 entregados a sus respectivas familias.
Al encuentro asisten numerosos padres y madres, esposas con sus hijos pequeños, hermanos y hermanas que buscan a uno, dos y hasta más miembros de sus familiaz diezmadas, vistiendo sus emblemáticas camisetas negras que en la espalda rezan en letras blancas: "Mientras no te entierre..." y al frente "Te seguiré buscando".
Ademas de entregar sus expedientes a la CIDH, la organización presentó un pliego de peticiones que incluyen: que la comisión emita una ecomendación, ya no solo de continaur la búsqueda de personas desaparecidas sino, sobretodo, de exigencia al Estado mexicano para que cese la ola de violencia en este municipio. Pidieron además medidas de seguridad para la proteción de las familias que buscan a sus seres queridos, participando en misiones de búsqueda en los cerros que roedan la ciudad, ya que la mayoría han sido amenazdos de muerte.
Al concluir la sesión de trabajo, la misión de la CIDH realizó un recorrido por los puntos que han sido explorados en el monte y donde, además de las fosas que ya se han ubicado, se tienen señalados al menos otros 40 puntos con indicios de resguardar bajo tierra restos humanos.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: BLANCHE PETRICH
HERMOSILLO, Son: Odracir Espinoza Valdez, recientemente nombrado como fiscal anticorrupción, y quien prometió “acabar con la justicia selectiva”, es militante activo del PRI.
El portal oficial de ese instituto político detalla que el “zar” anticorrupción es parte de la base partidista del Quinto Distrito Electoral y no precisa la fecha de afiliación.
El propio Espinoza Valdez reconoció su militancia luego de que Francisco Arenas, columnista del sitio web “Termómetro en línea”, relató que Espinoza Valdez se integró al PRI a principios de la década pasada cuando colaboró como asistente de la actual gobernadora Claudia Pavlovich, cuando ella ocupó la regiduría de Hermosillo de 2000 a 2003.
“Odracir Espinoza empezó a entender y saber de política de quien fuera su mentora en esas tareas: Claudia Pavlovich”, apuntó el columnista.
Y cuestionó: “Para responder a la expectativa generada se suponía que el fiscal anticorrupción tendría una personalidad relacionada con la sociedad civil, sin ninguna identidad partidista para que de esta manera se garantice su labor alejada de afectos e intereses”.
El recién nombrado fiscal reaccionó a la publicación y la noche del martes publicó tres mensajes en su cuenta de Twitter para defenderse:
Escribió: “Amigos en efecto me afilié hace algunos años en mi paso por la Universidad. Pero nunca ocupé cargos partidistas o de elección popular…”
En otro mensaje, aseguró que este tema ni cualquier otro afectarán la objetividad de la fiscalía debido a que es una institución de “funcionarios expertos y serios”, cuya labor es garantía de objetividad.
“No es un solo hombre, es una institución con marcos normativos y solidez técnica”, subrayó en otro tuit.
El lunes pasado, al tomar posesión de su nuevo encargo, Espinoza Valdez afirmó:
“Se ha acabado el tiempo de los intocables, de la justicia selectiva que es implacable en todo momento con los que menos tienen, pero es ciega, sorda y muda con quienes abusan del poder público para servicio personal.
“Se acabaron esos tiempos en los que la corrupción servía de mercadeo político, donde todo se podía negociar sin el menor pudor, la corrupción mata, todos lo sabemos y se ha comprobado”, dijo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
MÉXICO, D.F: Con la asistencia de padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el próximo viernes concluirá la jornada “De Tlatelolco a Ayotzinapa: 47 años de lucha contra la impunidad” con una marcha que partirá de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo capitalino.
En conferencia de prensa los integrantes del Comité del 68, Félix Hernández Gamundi y Romeo Cartagena, resaltaron que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa el año pasado ocurrió en un contexto en el que preparaban su participación en la marcha por el 46 aniversario de la matanza de Tlatelolco.
Al considerar a los 43 como “víctimas de la violencia de Estado”, Cartagena hizo un símil entre la matanza de Tlatelolco y los hechos de Iguala ocurridos en 2014, por lo que son “crímenes en que se articularon fuerzas legales e ilegales de un mismo régimen: el Ejército y policías unidos con francotiradores y el batallón Olimpia en Tlatelolco y Guerreros Unidos en Iguala”.
Cartagena señaló que el caso Iguala se sumó a “una cadena de tragedias” desatadas hace 47 años y que “son parte de una violencia reiterada del régimen” y tienen un común denominador: la impunidad.
A nombre de los integrantes del Comité 68, Cartagena exigió la consignación de “más de 50 averiguaciones previas que fueron concluidas por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP)”, que se procese una vez más al expresidente Luis Echeverría Álvarez por las masacres estudiantiles de 1968 y del 10 de junio de 1971, así como “se llegue a fondo” en las investigaciones de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa “y se castigue a los responsables, independientemente de su cargo público y participación en los hechos”.
Los integrantes del Comité 68 hicieron un llamado a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de visita de trabajo en el país, para que consideren “los genocidios del 2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971 como antecedente paradigmático de violaciones a los derechos humanos en México”.
Al señalar que la movilización de este año se inscribe en el Día Internacional de la No Violencia, aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, los miembros del comité organizador de la manifestación de este año convocaron a los asistentes a no caer en provocaciones y condenaron la violencia.
Félix Hernández Gamundi hizo un llamado al Gobierno del Distrito Federal a no movilizar fuerzas policiacas en tanto que convocó a personas encapuchadas –los llamados “anarquistas”– a “acatar las reglas” de la movilización estudiantil para recordar el 47 aniversario de la matanza de Tlatelolco.
Al asegurar que la presencia policiaca es una “provocación” a la violencia, Hernández Gamundi insistió en llamar al gobierno de Miguel Ángel Mancera a “abstenerse de enviar fuerzas policiacas y desplegar operativos”.
En el caso de grupos de personas vestidas de negro y encapuchados, que en anteriores marchas han provocado destrozos en inmuebles, el exdirigente estudiantil del Comité Nacional de Huelga (CNH) dijo que serán “bienvenidos con la premisa de que es una marcha pacífica y respeten las reglas de conducta”.
Hernández Gamundi recordó que en años anteriores “hubo marchas complicadas” porque se registraron actos de provocación, “cobijados por las fuerzas de seguridad en muchos casos”.
También resaltó que en movilizaciones organizadas por el Comité 68 para recordar los ataques a estudiantes el Jueves de Corpus de 1971 se pudo documentar con videos que policías “promovieron” la violencia, en tanto que en celebraciones recientes en las que no hubo cerco policiaco las marchas se desarrollaron de manera pacífica.
Luego puntualizó que “el grado de violencia es inversamente proporcional a la presencia policiaca”, por lo que insistió en su llamado al gobierno de Mancera para no instalar cercos el próximo viernes.
Max Alcántara, estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM y quien fuera integrante del movimiento #Yosoy132, se refirió a los simulacros policiacos realizados el 23 de septiembre en la explanada de Bellas Artes, lo que calificó como un “acto de intimidación” hacia las organizaciones que se movilizarán este viernes 2 de octubre.
Además, denunció la instalación de un “dispositivo policial desproporcionado, dirigido a provocar a los estudiantes”, a quienes suelen catear en la estación del metro Tlatelolco, a donde llegan los contingentes de organizaciones sociales para participar en la conmemoración.
Incluso, responsabilizó a las autoridades capitalinas de la infiltración de grupos porriles para desestabilizar la movilización, por lo que hizo un llamado a organizaciones sociales a “sumarse a la observación antes, durante y al término de la marcha”, sobre todo en los ingresos a los Metros que están en la ruta de salida de la movilización y colindantes con el Zócalo.
Alcántara anunció un proyecto por fundar una organización nacional de estudiantes universitarios, por lo que convocó a un encuentro en la UNSM el próximo 9 de octubre.
Al ser cuestionados por los reporteros sobre la posible participación de los “anarquistas”, Hernández Gamundi dijo que todas las organizaciones y colectivos que pretendan sumarse a la movilización serán “bienvenidos si es que participan apegados a las reglas de seguridad y conducta de la marcha, toda vez que a los organizadores les corresponde garantizar la seguridad”.
En la conferencia de prensa estuvieron Yohuven Aragón y Rigoberto Osorio, representantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), en la que están organizados los normalistas rurales del país.
Al recordar que hace un año los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron en su intento por acudir a la conmemoración del 46 aniversario del 2 de octubre, los estudiantes responsabilizaron a “los tres niveles de gobierno ante el hostigamiento que viven las normales rurales”.
Tras exigir justicia en el caso de Ayotzinapa, los integrantes de la FECSM hicieron un recuento de recientes actos de represión hacia las normales rurales, en Michoacán y Tlaxcala.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
HERMOSILLO, Son: El presidente ejecutivo de Minera México, Xavier García de Quevedo, reveló que la mina Buenavista del Cobre derramó un total de 700 toneladas de metales pesados a los ríos Sonora y Bacanuchi entre los 40 millones de litros de una solución de cobre acidulada.
El empresario atajó que el material tóxico derramado ya fue retirado en su totalidad de las cuencas sonorenses y aclaró que los restos de cobre, fierro y aluminio encontrados en las muestras “no son contaminantes” porque la entidad es una zona naturalmente “mineralizada”.
Además, el directivo del consorcio señaló que durante la remediación ambiental de los ríos se retiraron más de 4 mil 600 toneladas de suelos expuestos a sustancias mineras, por lo que resaltó que “ya se limpió más de lo que se vertió”.
Según García de Quevedo, en la mina causante del macroderrame que afectó a 25 mil habitantes en agosto de 2014, se invirtieron 120 millones de dólares en presas e infraestructura de contingencia, a fin de evitar otro accidente minero que impactó siete municipios sonorenses a lo largo de 254 kilómetros.
Las declaraciones del presidente ejecutivo de Minera México sobredimensionan lo informado en el verano pasado por Laboratorios ABC Química Investigación y Análisis, con sede en la Ciudad de México, que contabilizó 74.8 toneladas de metales tóxicos sedimentados en la presa El Molinito de Hermosillo, donde se desfogó el caudal derramado.
La mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, fue sancionada con 22.9 millones de pesos, tras incurrir en 55 irregularidades ambientales y fue obligada a crear un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para indemnizar a los afectados, labor que hasta la fecha no se ha cumplimentado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
El fuero constitucional del que gozan legisladores y gobernantes es una protección que funciona como en tiempos de la Colonia, dice Buscaglia.
México carece de una política de Estado para atender las decenas de miles de casos de desaparición forzada que hay en el país y para los que no hay legislación que proteja a víctimas ni a los potenciales testigos de los crímenes.
Así, planteó ayer en un foro el investigador Edgardo Buscaglia, en el país está prácticamente cancelada la posibilidad de que la información sobre los perpetradores fluya hacia las investigaciones y, con ella, se pueda establecer el paradero de las víctimas.
Buscaglia participó ayer vía skype en el “Foro Internacional Sobre Personas Desaparecidas en México”, en el que insistió en que la Ley que se genere –en discusión en el Senado de la República– debe contar con programas integrales de protección a víctimas y a testigos; esto, dijo varias veces, para que puedan avanzar las indagatorias ahora detenidas por “el terror” que viven potenciales testigos.
Otro problema para la solución de los casos, agregó el experto en marco legal para el combate al crimen organizado, es el fuero constitucional del que gozan legisladores, Gobernadores y otros funcionarios para no ser procesados y que, dijo Buscaglia, funciona como el sistema de protección política vigente durante la Colonia.
“Tenemos que entender que la delincuencia organizada es hija de la corrupción política, y en la medida en la que sigan teniendo un sistema de protección de políticos a través de un fuero tan amplio, jamás podrán llegar a la verdad”, dijo.
“Una de las principales medidas que deben impulsar es limitar el fuero del que gozan estos legisladores y se les pueda procesar por delitos”, agregó.
En su participación, Buscaglia también insistió en que las familias se organicen para tratar de llevar los casos ante la Corte Penal Internacional, en lugar de la Corte Interamericana, debido, dijo el académico, a que esta segunda instancia carece “de dientes” y no puede ni girar órdenes de detención contra probables responsables.
Las recomendaciones, sin embargo, fueron desairadas por cuatro servidores públicos que llegaron a la inauguración del foro realizado en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco y que, sin embargo, se fueron justo antes de que iniciara la ponencia de Buscaglia –conocido crítico de los “vacíos” del Estado mexicano ante el crimen organizado.
–¡Ya se fueron! –exclamaron desde su silla en el salón en el que se realizaba el foro algunas madres de víctimas mientras Buscaglia, a través de la pantalla, criticaba que los legisladores mexicanos dieran discursos en lugar de “llenar los vacíos legales”.
Se referían a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado; Sergio Rochín del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación; Mercedes Peláez, directora de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la misma Segob; y Jorge Aguilar Montaño, director general de Promoción de Cultura de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Desgraciadamente llegaron aquí la fauna de políticos, y en cuanto usted empezó a hablar, salieron volando, para no oír. Inmediatamente salieron y sólo llegaron para que nosotras pudiéramos escuchar su discurso, ya sabe”, dijo al micrófono Julia Alonso, integrante de la organización de familias de víctimas Ciencias Forenses, que busca generar un banco de datos sobre casos.
“Saben que les íbamos a decir todo lo que tienen que hacer”, dijo Teresa Vera, hermana de Minerva Vera –desaparecida en Oaxaca en 2006–, entrevistada por este medio al final de la ponencia. “Pero nosotros solicitamos que esté la autoridad presente, para que escuchen nuestras necesidades”, agregó la también integrante de la Plataforma de Víctimas de Desaparecidos de México.
La única funcionaria que regresó al término de la ponencia de Buscaglia, y para presentar sus datos, fue Peláez, que dijo haberse ausentado para atender “precisamente un caso”. En su exposición, la funcionaria planteó que –de los más de 26 mil casos de desaparición que, se estima, existen en el país– la dependencia a su cargo “acompaña” actualmente mil 348; es decir, un 5.1 por ciento.
“JUSTICIA INEXISTENTE”
Los servidores públicos tampoco escucharon las quejas de familiares que, a lo largo del foro, expusieron la total impunidad en la que se encuentran los casos y los diferentes obstáculos que enfrentan en las agencias del ministerio público.
Tita Radilla Martínez, de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, participó como ponente y planteó que la inoperancia de las instituciones del país es tal que, a cinco años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenciara al Estado mexicano por la desaparición, en los años 70, de su padre Rosendo Radilla, la investigación sigue sin avances.
“Este caso ilustra claramente cómo se ha negado a las víctimas de la desaparición forzada el acceso a la justicia; asimismo, ha servido para demostrar que en nuestro país la justicia es inexistente, permitiéndonos tener acceso a los tribunales internacionales, porque pues aquí no están haciendo nada”, dijo Radilla.
“Pero, como decía el ponente, no tiene dientes la Comisión Interamericana, porque a cinco años de emitida la sentencia, no hay ninguna pista no hay nada en cuanto a la investigación”, agregó.
La impunidad e incluso la obstaculización de las indagatorias por parte de las autoridades, sobre todo la exigencia de esperar 72 horas para que inicien los trabajos de búsqueda, fueron los temas comunes planteados tanto por investigadores como por víctimas.
“Yo quiero denunciar a Juan Antonio Ferrer, director del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (Capea), y a su equipo, porque quieren hacer el trabajo de coordinar la atención desde el escritorio”, dijo una madre de familia cuya hija se perdió en agosto en esta capital y que, por temor a represalias, pidió no revelar su identidad.
En el mes y medio que lleva buscando a su hija, agregó, ha sido ella quien ha tenido que recorrer el lugar de los hechos, rogado por pesquisas y oficios para poder revisar, ella, los videos de las cámaras de Seguridad Pública en la zona donde ocurrió el extravío. Videos que, por lo demás, explicó, eran inservibles y carecían de nitidez para poder hacer identificaciones.
“Se da uno cuenta de la falta de sensibilidad y capacidad téncica para investigar, la falta de voluntad, de diligencias, y de que, pese a que existen varias instancias en el Gobierno federal con funciones parecidas, no se coordinan”, dijo la madre de familia en entrevista con este medio.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-09-2015/1502710
MVS terminó la relación laboral con la periodista Carmen Aristegui el pasado 15 de marzo en medio de la polémica surgida por el despido de dos integrantes de su equipo de investigación por el tema “casa blanca”.
La periodista Carmen Aristegui anunció hoy que demandará al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por “obstrucción a la justicia” en el litigio que mantiene con el grupo MVS por su despido el pasado marzo.
“Nuestros abogados Javier Quijano y Javier Cortina están terminando de elaborar el documento, esta presentándose en estos momentos, en cualquier hora”, dijo Aristegui a periodistas en la ciudad colombiana de Medellín, donde participa en el Festival del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo.
Durante su intervención en el foro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) Aristegui confirmó que presentara de manera formal una queja en contra del gobierno de México.
MVS terminó la relación laboral con Aristegui el pasado 15 de marzo en medio de la polémica surgida por el despido de dos integrantes de su equipo de investigación, lo que hizo que la periodista diera un “ultimátum” al grupo para que fueran reintegrados.
Daniel Lizárraga e Irving Huerta los dos colaboradores despedidos formaban parte del equipo que sacó a la luz a finales de 2014 que la primera dama de México, Angélica Rivera, había encargado a un contratista del Gobierno la construcción de una lujosa mansión en el Distrito Federal.
La periodista dijo que los despedidos investigaban la casa de Malinalco de Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien adquirió de una empresa de Grupo Higa un crédito, con una tasa menor a la del mercado y, de acuerdo con nuevas revelaciones, también a un precio menor a lo que la compañía propiedad de Hinojosa Cantú la adquirió.
Aristegui denunció durante la conferencia “Contra la corrupción”, que su caso, inicialmente aceptado por un juez, no tuvo lugar “porque el Estado mexicano impidió que sucediera”. “¿Por qué el Estado mexicano, por qué el sistema de Justicia mexicano, por qué la industria de radio y televisión en México, cabildeó en contra de este juicio e impidieron que ocurriera? Eso, en castellano puro, es denegación de Justicia”, aseguró al terminar el evento.
La moderadora de la conferencia, la chilena Mónica González, indicó que la salida de Aristegui y los comunicadores que investigaron la mansión de la primera dama de México “compete e importa a toda la sociedad latinoamericana” porque constituye “la otra cara del asesinato de periodistas”.
En la categoría de Cobertura del Premio Gabriel García Márquez, que se entrega esta noche, están nominados Aristegui, Rafael Cabrera, Daniel Lizárraga, Irving Huerta y Sebastián Barragán, justamente por el reportaje “La casa blanca de Enrique Peña Nieto”, publicado en Aristegui Noticias.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-09-2015/1503739.
MORELIA, Mich: Un comandante de la Policía Ministerial del Estado fue baleado al tratar de evitar un asalto en un OXXO ubicado en la colonia Jardines de Guadalupe.
El agente fue identificado con el nombre de Noé Medina Martínez, quien recibió varios balazos que lo hirieron de gravedad y finalmente murió cuando recibía atención médica en un nosocomio de la ciudad.
Noé Medina, fue uno de los 35 funcionarios detenidos en el llamado “michoacanazo” en mayo del 2009, durante el gobierno del perredista Leonel Godoy Rangel, y liberado el 29 de septiembre del 2010 con otros policías involucrados en esa investigación fallida ordena por el entonces presidente Felipe Calderón.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
