En Change.org se subió una petición para exigirle a la SCJN que no equipare el cateo con las visitas domiciliares, pues, alerta, de ser así se permitiría “que cualquier autoridad pueda entrar a nuestra casa, oficina y pueda llevarse lo que pueda, nosotros incluidos”.
Ciudad de México, 7 de octubre: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso por segunda ocasión el proyecto de sentencia que elaboró el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea respecto a un amparo que promovió una empresa que podría abrir paso a equipar las visitas domiciliarias, administrativas o fiscales con cateos penales, una acción que vulneraría los derechos humanos de los ciudadanos, aseguraron especialistas.
Rodrigo Muñoz, profesor y abogado fiscalista de la Universidad Iberoamericana, dijo que la incautación de bienes en las visitas domiciliarias es exclusivamente facultad de las autoridades penales y no de las administrativas, por lo que “pretender ampliar a todo lo que implica un cateo como tal, sería totalmente improcedente y violatorio”.
Por su parte, Clara Elena Valladares, profesora investigadora de Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa, afirmó que “evidentemente sí se estarían violando los derechos humanos y tendríamos que acudir a otras instancias para pedir esa protección porque finalmente no se han hecho cambios en la Secretaría de Hacienda que permitan por visita domiciliaria realizar algún tipo de embargo”.
La alerta de que las auditorías fiscales podrían ser equiparadas con cateos judiciales comenzó luego de que se diera a conocer que el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea respondió con un proyecto de sentencia al amparo interpuesto por la empresa importadora de acero Válvulas Worcester tras la visita domiciliaria por parte de agentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) donde supuestamente se sustrajeron bienes de la compañía durante la revisión del pago de impuestos aduaneros.
Respecto al proyecto de resolución que emitió el órgano de justicia durante dicho proceso, Arturo Zaldívar argumentó: “encontramos que no existe restricción constitucional, dentro del ejercicio de facultades conferido a la autoridad, para poder introducirse legalmente al domicilio del particular, ésta pueda no sólo entrar al mismo sino sustraer determinados objetos bajo ciertas reglas”.
Sin embargo, los fiscalistas sostienen que lo anterior contradice la Reforma Constitucional de 2011 donde se estableció que las autoridades están obligadas a promover, respetar y proteger los derechos humanos.
El académico de la Ibero explicó que por principio constitucional el domicilio de cada persona es inviolable, sin embargo detalló que hay excepciones en la Constitución que así lo demandan como es el caso de los cateos que realizan las fuerzas policiales “pero éstos sólo se dan en materia penal mientras que las visitas domiciliarias que realizan los órganos administrativos tienen limitantes”.
“Se violan los principios porque se otorgan facultades a una autoridad que carece de ellas y se estaría desvirtuando totalmente el origen y el objetivo de las visitas de las autoridades fiscales cuya obligación es sólo vigilar el cumplimiento de lo que ordena el administrativo”, con lo que se estaría faltando a lo que establecen los Artículos 14 y 16 constitucionales.
Detalló que en todo caso si hay indicios de que existen otro tipo de aspectos a verificar por parte de la Comisión de Delitos, sigue siendo materia penal y no responsabilidad del fisco.
Detalló que en todo caso si hay indicios de que existen otro tipo de aspectos a verificar por parte de la Comisión de Delitos, sigue siendo materia penal y no responsabilidad del fisco.
PETICIÓN EN CHANGE.ORG
Luego de que el caso se diera conocer, el ciudadano Rafael Rodríguez subió a la plataforma Change.org una petición dirigida a la SCJN para que no aprueba la equiparación entre cateo y visita domiciliaria.
En la petición que hasta el momento recaudó 425 firmas se explica que “un cateo es: un registro y allanamiento de un domicilio particular por la autoridad, con el propósito de buscar personas u objetos relacionados con la investigación de un delito”, mientras que una visita domiciliaria es “atribución de las autoridades administrativas, ejercitable a efecto de comprobar la situación legal de los administrados respecto al cumplimiento de ordenamientos administrativos o fiscales”.
Asimismo, la carta detalla que “equipararlos [visita y cateo] es permitir que cualquier autoridad pueda entrar a nuestra casa, oficina y pueda llevarse lo que pueda, nosotros incluidos”.
Al respecto, los firmantes de la petición argumentaron que dicha acción se trata de “terrorismo fiscal”, “viola la privacidad de las personas”, “es una violación a los derechos humanos”.
EL ANTECEDENTE
En agosto de 2003, la SCJN determinó que las autoridades administrativas, es decir, la Secretaría de Hacienda, el SAT, entre otras, no tenían facultades par realizar cateos, luego de que la Secretaría de Hacienda en Nuevo León se le otorgó la facultad por parte de los legisladores de ejecutar cateos a los contribuyentes “dudosos”.
En aquel momento los ministros argumentaron que la decisión tomada por el gobierno de Nuevo León era inconstitucional ya que violaban el artículo 16 constitucional el cual expresa claramente que sólo las autoridades judiciales pueden ordenar cateos.
El artículo 16 (reformado en su integridad mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 18 de junio de 2008) establece que “nadie puede ser molesta do en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Asimismo se aclara que “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual estableciera los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden publico, seguridad y salud publicas o para proteger los derechos de terceros. ( extracto adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 1 de junio de 2009).
Clara Elena Valladares agregó que es importante que los contribuyentes conozcan sus derechos ya que existen mecanismos de defensa que pueden ocupar si agentes llegan a incautar bienes durante las visitas y comentó que “la realidad es que hay un desconocimiento de las leyes y por eso a veces la autoridad se excede”.
Dijo que se requiere mayor información para evitar que estas costas sucedan “hay instituciones de educación que tienen programas de apoyo y atención fiscal para generar más conocimientos de la ley y sus modificaciones”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: XANATH LASTIRI.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-10-2015/1511458
En su primer día como gobernador, Jaime Rodríguez Calderón pidió ayuda porque dice que no es Supermán ni Santa Clos. A los ciudadanos, clase política y empresarios les recordó que Nuevo León necesita de todos para salir del desorden y endeudamiento financiero.
El gobernador Jaime Rodríguez Calderón pidió a la comunidad en general que lo ayuden en la tarea de enfrentar el desorden y endeudamiento financiero por el que atraviesa Nuevo León.
Ante unas 12 mil personas en la Arena Monterrey, Rodríguez Calderón “El Bronco”, demandó a empresarios, ciudadanía, diputados locales y federales, senadores y alcaldes electos, trabajar juntos por el estado.
“Ayúdenme, échenme la mano, no voy a poder solo, no soy Supermán, ni soy Santa Clos. He platicado con los empresarios y ellos quieren seguir ayudando al gobierno pagando sus impuestos, siempre y cuando sus impuestos se orienten a dar un servicio a la comunidad.
“A los diputados locales, federales, a los senadores, no me dejen solo, se los pido... Nuevo León necesita de todos. Son ustedes de Nuevo León y les quiero pedir que me ayuden a traer recursos. Es tiempo de dejar atrás los conflictos.
Exhortó a dejar atrás el tono hostil entre partidos que se vivió durante la pasada campaña electoral.
“Y aunque habrá diferencias, deberán poner por encima su interés por Nuevo León. A quienes fuimos contrincantes hoy les pido su ayuda. A quienes me enfrenté les pido me disculpen y me perdonen”, solicitó el mandatario estatal.
En su mensaje pidió a los ciudadanos pagar impuestos, porque verán un gobierno eficiente a la hora de gastar esos recursos.
“La gente va a ver las diferencias entre el trato y maltrato, la gente va a ver la diferencia en administrar eficientemente los recursos que ponen en nuestra manos. Convoco a la ayuda de todo el estado, porque ocupo que todo mundo colabore.
“No solamente pagando sus impuestos, sino vigilar que sus impuestos sean bien administrados y bien gastados. Les pido a todos un aplauso para los diputados, senadores y funcionarios federales por fortalecerme y ayudarme por Nuevo León”, invitó “El Bronco”.
Ahí viene la purga
Adelantó que su administración tendrá que “apretarse el cinturón” para que los recursos alcancen, lo que se reflejará en el presupuesto para el próximo año que presentará al Congreso local.
“Tengo que hacer una purga… hay muchos huevones en el gobierno, hay mucho aviador en el gobierno y tenemos identificadas a esas personas, vamos a suprimir unas áreas de gobierno.
“Tenemos que trabajar para terminar el Metro, porque nos dejaron el Metro todo jodido. Necesitamos 3 mil millones de pesos para mantener la Línea 1 y 2 del Metro, y otros 3 mil para terminar lo que dejaron incompleto”, dijo Rodríguez Calderón.
Un grupo de asistentes interrumpió esta parte del mensaje de “El Bronco”, al pedir que el exgobernador Rodrigo Medina regrese lo que se llevó.
“Quítaselo a Medina…”, se escuchó entre los asistentes.
Rodríguez añadió que su gobierno será el primero en erradicar la pobreza de manera inmediata, por lo que quiere construir puentes con los pobres.
“No puede ser que tengamos a Noruega en San Pedro y a Sudáfrica en San Bernabé”, reprobó “El Bronco”.
En el evento estuvieron los gobernadores Egidio Torre Cantú, de Tamaulipas; Eruviel Ávila, del Estado de México; Manuel Velasco, de Chiapas; Francisco Domínguez, de Querétaro, y el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, entre otros invitados especiales.
Gabinete comienza a tomar forma
En rueda de prensa, el gobernador nombró a algunos de los elegidos para integrarse al Gabinete.
Destacó a Esthela Gutiérrez como secretaria de Educación; Enrique Torres en Agua y Drenaje, y Roberto Russildi como secretario de Desarrollo Urbano.
Dependencias en las que, dijo, durante los trabajos de transición salieron a relucir anomalías que serán atendidas por el nuevo gobierno independiente.
La madrugada del domingo el mandatario tomó protesta a Cuauhtémoc Antúnez como secretario de Seguridad Pública, y a Manuel González en la Secretaría de Gobierno.
Ambos lo acompañaron en el evento multitudinario en la Arena Monterrey, que lució casi llena.
Rodríguez, también nombró a Nora Elia Cantú como encargada de la Contraloría General del Estado; Roberto Russildi será secretario de Desarrollo Urbano, y Jorge Arrambide, director de Metrorrey, entre otros nombramientos que adelantó ayer. Se espera que en el transcurso de la semana complete la lista de funcionarios de primer nivel.
LOS QUE YA RINDIERON PROTESTA
> Manuel González
Secretario de Gobierno
> Cuauhtémoc Antúnez
Secretario de Seguridad Pública
LOS ANUNCIADOS
> Fernando Elizondo
Coordinador ejecutivo del Gabinete
> Esthela Gutiérrez
Secretaria de Educación
> Roberto Russildi
Secretario de Desarrollo Urbano
> Luz N. Berrún Castañón
Secretaria de Desarrollo Social
> Manuel de la O.
Secretario de Salud
> Humberto Torres
Secretario de Obras Públicas
> Nora Elia Cantú
Contralora general
> Jorge Arrambide
Director de Metrorrey
> Enrique Torres
Director de Agua y Drenaje
> Eduardo Santos
Director del DIF
> Ismael Rodríguez Campos
Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje
> Adalberto Núñez
Director de Fomerrey
> Fernando Turner
Secretario de Desarrollo Económico
> Miguel Treviño de Hoyos
Jefe de la oficina del gobernador
> Diana Adame
Dirección de Comunicación
LOS QUE FALTAN
> Procuraduría de Justicia
> Tesorería
> Turismo
> Simeprode
> Red Estatal de Autopistas
> Sistema de Caminos de Nuevo León
Cabalgan por Nuevo León independiente
Tras convertirse en el primer gobernador independiente de Nuevo León y México, “El Bronco” arrancó la mañana con una cabalgata acompañado de cientos de jinetes de varias entidades.
Montando a su caballo “Tornado”, Rodríguez Calderón estuvo acompañado de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas en Michoacán, y el sacerdote y activista Alejandro Solalinde.
“Le pedí que rezará por mí, para tener la luz de gobernar bien a Nuevo León”, dijo Rodríguez Calderón.
En su trayecto por el Parque Fundidora hacia la Arena Monterrey, cientos de personas estuvieron presentes para saludar y tomar fotos del contingente de jinetes.
En la mitad del recorrido, el gobernador se tomó una “selfie stick” con todos los cabalgantes.
“A dónde le pico a esta madre…”, bromeó el mandatario estatal.
Previamente, unos 450 jinetes salieron de la parte baja del Puente del Papa por el lecho del Río Santa Catarina para trasladarse hacia el Parque Fundidora, en donde “El Bronco” se unió al contingente.
El recorrido culminó frente a la Arena Monterrey, en donde se despidió de todos los cabalgantes.
Un grupo de motociclistas, que venía atrás del contingente de jinetes, se detuvo para saludar al gobernador, quien se subió a una de las motos para tomarse una foto portando un casco con cuernos.
El primer día de actividades del gobernador culminó con una verbena popular en el Parque Fundidora, con grupos musicales de varios géneros e inflables para los niños.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JESÚS PADILLA.
México, DF. Después de casi un año de permanecer en concurso mercantil, el juez federal Guillermo Campos declaró este lunes la quiebra de la Sociedad Financiera Popular (Ficrea), que fue intervenida por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, luego de que fuera detectado un fraude millonario perpetrado por Rafael Olvera, su ex accionistas mayoritario.
La sentencia del juez puede ser impugnada por los acreedores en un plazo de 15 días hábiles, a fin de que sea un tribunal unitario el que confirme, modifique o revoque el fallo.
Según el resolutivo del juez Campos, titular del juzgado decimocuarto de Distrito en Materia Civil, existen elementos suficientes de prueba para determinar que la Sofipo está en situación de insolvencia frente a sus depositantes y acreedores, y como se trata de una institución financiera debe pasar directamente a la etapa de quiebra.
El proceso de concurso mercantil implica que el juez, y no la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, será el supervisor de la liquidación de activos con los que se busca pagar a los alrededor de 4 mil ahorradores que tenían depósitos superiores a los 130 mil pesos que ya cubrió el seguro de las Sofipos, así como a otros acreedores.
En caso de que no sea impugnada la sentencia de quiebra, el siguiente paso jurídico sería que el juez determine la prelación y graduación de los créditos a cargo de Ficrea, y el Comité de Protección al Ahorro del Fondo de Protección de Sofipos tendrá que designar un síndico, que será el encargado de administrar la quiebra, siempre bajo vigilancia de Campos Osorio.
El concurso mercantil es una de las diferentes vías jurídicas que han tomado los más de 6 mil 800 ahorradores afectados por Ficrea y que llevan a cabo a través de unos 10 despachos de abogados.
El 1 de julio pasado el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito admitió la demanda de un grupo de 36 ahorradores para que la Sofipo entrara en concurso mercantil, tras ello, designó a un visitador que acudió a Ficrea para verificar que está dentro de los parámetros que dicta la Ley de Concursos.
José Franco, uno de los ahorradores afectados, dijo, que el proceso de recuperación y liquidación de bienes para pagar a los miles de acreedores después de la declaratoria de quiebra de Ficrea podría durar años por la complejidad para la recuperación de inmuebles que existen en el exterior.
Por su parte, el abogado Fernando González Santillán , representante de algunos ahorradores afectados señaló que de manera alterna ya preparan una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) , por las diversas violaciones que cometieron las autoridades en contra de los defraudados.
A su vez, Gricelda Nieblas Aldana. directora general del Instituto Federal de Especialista de Concursos Mercantiles (IFECOM), dijo: “Esta sentencia establece que existen las condiciones para que Ficrea entre en concurso mercantil en etapa de quiebra. El viernes se dictó la sentencia y hoy se listó por parte del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal”.
“Se dieron las condiciones que marca para eso el artículo décimo de la Ley de Concursos Mercantiles; es decir, que hace menos de 30 días se venció más del 30 por ciento del pasivo”, agregó.
Después de esta sentencia, se fijarán las condiciones para determinar quiénes son los acreedores, cuánto se les debe y en qué orden cobrarán, y también se determinarán cuántos activos tiene la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) y se hará una propuesta de pago a los acreedores. “Declaración de concurso mercantil: notifíquese personalmente esta sentencia a los acreedores demandantes, interventor, comerciante, visitador, por oficio al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a las autoridades fiscales competentes”, se expone en la sentencia.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Alfredo Méndez/Israel Rodríguez.
MÉXICO, D.F: Un baño de mármol para uso exclusivo del presidente, secretarios de Estado, diplomáticos y el gobernador de Oaxaca, fue construido por órdenes del actual mandatario estatal Gabino Cué Monteagudo en el Auditorio de la Gelaguetza con un costo de 1.5 millones de pesos que significa un sobreprecio de 437%, reveló hoy el diario Reforma.
El diario conoció del costo de la obra a través de una solicitud de información atendida por el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico de Oaxaca, a cargo del proyecto, y estimó el sobreprecio con base en una cotización independiente entre constructores locales y tiendas de Oaxaca.
Según la cotización independiente, el costo real de la edificación y equipamiento es de 290 mil 138 pesos.
La obra, que incluye cimentación, albañilería, acarreo de material, instalación de accesorios y acabados fue valuada en alrededor de 172 mil pesos. Y el equipamiento: mobiliario del sanitario y los acabados de mármol, inodoros eléctricos, dosificador jabón y secador con sensor, no superan los 120 mil pesos.
El baño, que fue denominado “Gobernador”, forma parte de las obras de remodelación del Auditorio Guelaguetza, en el Cerro del Fortín. Antes no existía y los funcionarios debían usar los sanitarios generales, aunque su presencia en dicho auditorio es escasa pues, a lo mucho acuden dos días al año.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
WASHINGTON: Luego de cinco años de negociaciones, Estados Unidos y 11 naciones más de América, Asía y Oceanía, que en conjunto representan el 40% del Producto Interno Bruto mundial, concretaron hoy el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés).
El acuerdo comercial concretado esta mañana en Atlanta, Georgia, establecerá el área de intercambio comercial más grande del mundo y es el segundo acuerdo de libre comercio al que se integra Estados Unidos desde que se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Telecan).
Bajo las reglas del nuevo compromiso, las naciones que lo integran se comprometen a bajar aún más sus aranceles, unir las reglas de especificación técnica de los productos para facilitar las exportaciones e importaciones, y mejorar las regulaciones para combatir el proteccionismo.
Tras congratularse por concretar el acuerdo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, destacó que el TPP creara más empleos en su país.
“Podremos exportar más productos hechos en Estados Unidos a todo el mundo, lo cual empujará la creación de más empleos y mejor pagados (…).
“Cuando más del 95% de nuestros clientes potenciales se encuentran fuera de nuestras fronteras, no podemos dejar que países como China escriban las reglas de la economía global”, dijo Obama a través de una declaración por escrito que divulgó la Casa Blanca.
Estados Unidos, abundó, debe “escribir la reglas de la economía mundial, abrir nuevos mercados a nuestros productos al mismo tiempo que definimos estándares más altos para proteger a los trabajadores y al medio ambiente”.
El mandatario estadunidense aseguró que durante toda su presidencia ha luchado por mejorar la situación económica de su país, por la creación de empleos y fortalecer la competencia económica global bajo reglas justas como las que definirán al TPP.
El compromiso comercial que asocia a las economías de Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, fue considerado por Obama como “un resultado bipartidario” gracias al respaldo que ofreció el Congreso federal de su país para sacarlo adelante.
Al presidente Obama le corresponde ahora cabildear en el Congreso para que los legisladores ratifiquen el TPP, el cual se negoció durante cinco años.
En el Capitolio de Washington existe una oposición férrea al TPP por parte de legisladores demócratas y republicanos, que podrían hacer difícil la tarea de ratificación a la Casa Blanca.
La oposición al TPP en el Capitolio sostiene que acuerdos comerciales como el TLCAN, sólo provocan pérdida de empleos en Estados Unidos. Con ellos coinciden los sindicatos laborales estadunidenses quienes encabezan el cabildeo para derrocar al compromiso logrado en Atlanta.
El presidente aclaró que “tienen varios meses” para leer los detalles del TPP, por lo que indicó que “no los firmará” para su entrada en vigor hasta que el Congreso y el poder ejecutivo tengan la seguridad de que beneficia a Estados Unidos y a sus trabajadores.
“Estoy listo para trabajar con los legisladores de los dos partidos mientras analizan este acuerdo”, concluyó el presidente Obama.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
México, DF. En septiembre pasado los recursos para las pensiones de los trabajadores mexicanos ligaron su tercer mes consecutivo de minusvalía, con una baja de 5 mil 349 millones de pesos en sólo un mes, para un acumulado de 37 mil 788 millones menos entre julio y septiembre.
De acuerdo con la más reciente acutalización de cifras del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), la Comisión Nacional del SAR (Consar) dio a conocer que en septiembre pasado el saldo acumulado de los recursos depositados en las pensiones fue de 2 billones 481 mil 246 millones de pesos, lo que representa 5 mil 349 millones de pesos menos que en agosto.
Entre julio y septiembre se registró el periodo de mayor volatilidad del año debido a la incertidumbre en los mercados financieros por la determinación de la política monetaria de Estados Unidos que preveía un alza en las tasas de interés.
El reporte de la Consar indica que el saldo de 2 billones 481 mil 246 millones de pesos depositados en los fondos de pensiones “ya descuenta los flujos de retiros correspondientes al mismo mes que ascendieron a 4 mil 773.26 millones de pesos”. En esta cifra el organismo incluye particularmente retiros por desempleo, aunque la cifra también se utilizar para cuantificar las jubilaciones y otros apoyos a los trabajadores.
Los retiros realizados por los trabajadores registraron un incremento de 98.33 millones de pesos respecto de la cifra registrada en julio pasado.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR CARDOSO.
Silvano Aureoles Conejo toma oficialmente la gubernatura de Michoacán, relevando a un fallido gobierno priista.
Tras el fallido periodo de gobierno de los priistas Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reyna García y Salvador Jara Guerrero, ahora con la premisa de ofrecer “un nuevo comienzo” para los michoacanos, el gobernador Silvano Aureoles Conejo asumió la titularidad del Poder Ejecutivo del gobierno estatal de Michoacán.
El que este primero de octubre se convirtió en el gobernador número 62 del estado, asume el mando de la entidad más conflictiva del país, en donde el principal problema es la presencia del crimen organizado y la movilización de los grupos de autodefensa, que se niegan a dejar las armas en tanto el estado no garantice la extinción de los cárteles de las drogas.
De acuerdo con las estimaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), se sabe que más de cinco mil hombres, principalmente jóvenes y hasta niños, son los que integran el movimiento de autodefensas en la zona sur del estado de Michoacán, los que se concentran mayormente en las regiones de Tierra Caliente y la Costa Sierra Nahua.
La misma PGR ha reconocido que en Michoacán no están desarticulados los cárteles de La Familia Michoacana ni los Caballeros Templarios. “La Familia ha resurgido con mayor fuerza –dice un informe oficial fechado apenas en septiembre pasado-, y trata de asentarse entre los grupos de autodefensas independientes”.
Algunos grupos de autodefensas, los de la zona occidente, principalmente, han secundado públicamente lo que ya es revisado por la PGR, al reconocer que las células de los carteles de las drogas están tratando de infiltrar a los grupos de civiles armados, a los que intentan convertir en apéndices de choque a su servicio.
Gabinete
Parte del gabinete del nuevo gobierno de Michoacán:
>Adrián Solís, secretario de Gobierno
>José Antonio Bernal Bustamante, secretario de Seguridad Pública
>José Martín Godoy, procurador de Justicia
>Carlos Maldonado, secretario de Finanzas y Administración
>Silvia Estrada, secretaria de la Contraloría
>Silvia Figueroa Zamudio, secretaria de Educación
>Miriam Tinoco Soto, secretaria de Política Social
>Carlos Aranza, secretario de Salud en Michoacán.
>Julieta López Bautista, coordinadora de Comunicación Social.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: La “cultura del miedo” impuesta hace más de 30 años en México y alimentada por el incremento cuantitativo y cualitativo de la criminalidad, ha derivado en el aumento de la “privatización de la seguridad pública”, alerta un estudio realizado por especialistas del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Claudia Zamorano Villarreal, coordinadora del estudio “Privatización de la seguridad pública en metrópolis mexicanas. Retos institucionales, socio-culturales y territoriales”, resaltó que a pesar del incremento de la inversión pública en la seguridad, en los últimos 15 años la “cultura del miedo generada por una red no fabricada, de diferentes grupos sociales que también inflan el miedo, ha derivado en la consolidación de un buen negocio que es la seguridad privada y la coproducción de la misma”.
En conferencia, la investigadora informó que de 1989 a 2014, el número de empresas privadas dedicadas a la seguridad privada pasó de 210 a 3 mil 834. Además, ese negocio emplea a 450 mil personas, en tanto que hay un promedio de 600 mil “guardias de seguridad que operan en la ilegalidad”.
Al señalar que en casos extremos la cultura del miedo y la inseguridad real han llevado al linchamiento de presuntos delincuentes en colonias populares, Zamorano Villarreal consideró que con el incremento de la “securización, es decir una especie de inflación de medidas de seguridad de los ciudadanos”, se corre el riesgo de que se erosione el concepto de que “el monopolio de la violencia lo tiene el Estado”.
Y mientras los ciudadanos buscan aumentar sus medidas de seguridad, paradójicamente la inversión pública se ha incrementado en los últimos 15 años, aseguró la especialista.
“Durante el periodo de Vicente Fox el presupuesto asignado a la Seguridad y la Defensa apenas ascendió un 9%, durante el sexenio de Felipe Calderón el presupuesto del sector creció 62% y el de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aumentó 142%”, agregó.
Parte del incremento presupuestal, añadió, se reflejó en el aumento del personal policiaco, al pasar de 12 mil 907 efectivos en 2006 a 36 mil 940 en 2012; en tanto que al cierre de 2014, con la suma de policías estatales y municipales hay 367 mil efectivos policiacos en las calles.
En cuanto a los últimos tres años de Enrique Peña Nieto, Claudia Zamorano advirtió que persiste un problema metodológico para hacer los cálculos por la absorción de la SSP por la Secretaría de Gobernación.
Pese a esa dificultad, detectó que en 2015 “entre la policía Federal, la Gendarmería de la República y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se absorbieron cerca de 2 mil 540 millones de dólares, lo que representa un 22% del presupuesto asignado a todo el sector de Seguridad y Defensa”.
Persiste corrupción
Claudia Zamorano, autora del estudio del CIESAS, admitió la persistencia de “actos de corrupción, tanto de reguladores como regulados, lo que se refleja en un amplio número de agencias de seguridad que funcionan sin permiso y pone en riesgo, incluso, a quienes contratan estos servicios porque no saben en quién están poniendo su seguridad”.
Reconoció que, si bien el incremento de la criminalidad alimenta el miedo ciudadano, se han generado “burbujas de seguridad privada”, es decir, “colonias altamente resguardadas, que ciertamente disminuyen la incidencia delictiva pero que también pueden alojar a sujetos del crimen organizado, como sucedió en mayo de 2010, cuando en el Condado de Sayavedra, Estado de México, se encontró una de las casas de seguridad vinculada con el narcotraficante Edgar Váldez Villarreal, La Barbie”, extraditado este miércoles a Estados Unidos.
Durante la investigación de campo, realizada en el Valle de México, hallaron la existencia de la “coproducción de la seguridad pública” en la zona Esmeralda de Atizapan.
Ahí, colonos “pagan un sobresueldo de 260 mil pesos mensuales a la Policía Municipal para que les ayude a resguardar la zona, esto hace que la seguridad pública devenga en privada porque está sirviendo no a un bien común sino a un grupo determinado de población, de manera que crecen las diferencias entre los ricos y los pobres”.
Doctora en Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, la investigadora resaltó que el “costo del miedo” se refleja claramente en las últimas cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE), dadas a conocer este miércoles por el Inegi.
Según esa información, de los 226.7 mil millones de pesos que significaron para los ciudadanos el costo del delito en el país en 2014, se destinó 28.1% a la adquisición de medidas preventivas de seguridad, es decir, 63.6 mil millones de pesos invertidos en cerraduras o candados, rejas o bardas, cambios de puertas o ventanas, realización de acciones conjuntas con vecinos o la compra de un perro guardián.
De esos 226.7 millones de pesos, 68.3% corresponde a pérdidas económicas generadas por los efectos de la delincuencia. En tanto, 3.6 significan gastos generados por los daños a la salud provocados por el delito, según el Inegi.
Por último, la investigadora del CIESAS añadió que durante el trabajo de campo se ha podido observar que las medidas de seguridad tomadas por colonos del Distrito Federal y municipios conurbados, ha derivado en una “fragmentación social y urbana”, que si bien podría garantizar la seguridad dentro de sus espacios, “cuando salen de él, se ponen en más riesgo”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
CHILPANCINGO, Gro: Después de que fuera exhibido públicamente, el alcalde priista de Iguala, Esteban Albarrán Mendoza, reculó en el nombramiento de Crisóforo Tinoco Bahena –un personaje de negro historial señalado por sus presuntos nexos con el narco– como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública municipal. El edil no ofreció explicaciones de su decisión.
No obstante, dejó firme la designación de Timoteo Mata Cruz, “El Fibras”, como director de la Policía Auxiliar municipal, y Martín Ocampo Arteaga en Tránsito.
Mata Cruz es un excapitán del Ejército originario del municipio de Huitzuco, quien se desempeñó como subdirector de Seguridad Pública en Zihuatanejo. En 2008 fue detenido y estuvo preso acusado de narcotráfico y brindar protección a operadores del cártel de los hermanos Beltrán Leyva en la región de Costa Grande.
Mientras que Ocampo Arteaga junto a Tinoco Bahena ha sido vinculado públicamente con el grupo delictivo Guerreros Unidos y ambos han ocupado cargos en áreas de Seguridad Pública desde la administración del priista Raúl Tovar y la del exalcalde perredista José Luis Abarca Velázquez, este último actualmente preso por sus presuntos nexos con el narcotráfico y señalado como responsable de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ayer durante su toma de protesta, el edil priista de Iguala anunció públicamente que ya no va a nombrar a Crisóforo Tinoco Bahena como encargado de despacho de la SSP y que, en su lugar, se quedará el policía estatal Carlos Uri Arcos Calderón, quien se venía desempeñando como titular de la dependencia durante la administración saliente del exalcalde interino Silvano Mendiola Pérez.
En declaraciones a reporteros, Albarrán Mendoza informó que la decisión de dejar fuera a Crisóforo Tinoco la tomó el martes por la noche, y dijo sin explicar que se trató de “un cambio de mandos”.
Ello, luego de que Apro dio a conocer que el mismo día por la mañana el alcalde priista presentó públicamente una lista de sus próximos colaboradores, donde destacaban los nombres de Crisóforo Tinoco, Martín Ocampo y Timoteo Mata en áreas estratégicas de seguridad, todos policías vinculados con el narco.
Albarrán Mendoza insistió en defender a Tinoco Bahena al argumentar que fue investigado por autoridades federales y no tuvo responsabilidad en los señalamientos que se le imputan.
Incluso, dijo que Tinoco habría acreditado los exámenes de control y confianza.
“Lo que se menciona de que estas personas tienen cuestionamientos o situaciones con la ley, ellos fueron investigados, como fue investigada toda la corporación policiaca en Iguala, algunos en este momento se encuentran en la cárcel, otros fueron regresados nuevamente y fueron reinstaladas en el ayuntamiento, todavía el día de ayer eran servidores públicos”, expresó el priista.
Luego dijo que Tinoco fue reinstalado en la policía municipal, al no existir señalamientos en su contra tras la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Después de esto vamos a tener un poquito más de cuidado en ese aspecto, pero yo en mi caso lo que sí reitero, y lo dije en mi discurso, cualquier persona que esté fuera de la ley, que se le finquen responsabilidades, hay una Ley de Servidores Públicos, hay una ley anticorrupción, hay una ley de transparencia y en este momento están muy vigilados por esas leyes y yo seré muy cuidadoso en ello”, prometió Albarrán Mendoza.
No obstante, omitió informar si va a mantener y dejar fuera a Timoteo Mata en la dirección de la Policía Auxiliar como lo anunció hace dos días, así como al líder de transportistas también vinculado al narco que contempla para Tránsito, Martín Ocampo Arteaga.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
CIUDAD DEL CARMEN, Cam: En su debut como alcalde, el panista Pablo Gutiérrez Lázarus oficializó el nombramiento de Guillermo Zayas González, presunto responsable de la tragedia en la discoteca News Divine, como director municipal de Seguridad Pública.
La noticia levantó ámpula entre familiares de las víctimas y colectivos que las acompañan en el proceso legal, quienes exigieron al joven munícipe revalorar el nombramiento de Zayas González pues, advirtieron, “su incapacidad, como ocurrió en la Ciudad de México, pone en riesgo a los ciudadanos carmelitas, en especial a los jóvenes y niños”.
Asimismo, adelantaron que padres de las víctimas de la tragedia viajarán la próxima semana a esta isla para manifestar al nuevo munícipe su inconformidad por este nombramiento.
La tragedia en la discoteca News Divine ocurrió el 20 de junio de 2008, cuando un mal planeado operativo a cargo de Zayas González cobró la vida de 12 personas, entre ellas nueve jóvenes de entre 13 a 24 años, y dejó lesionados a siete más.
Como fiscal de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el mando policiaco tuvo momentos estelares, como la captura de Orlando Magaña, El Chacal de Tlalpan, uno de los multihomicidas de la familia Narezo Noyola.
En 2008, ya en el gobierno de Marcelo Ebrard, fungió como director regional de la zona norte de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y coordinador de la Unipol en la delegación Gustavo A. Madero. La fatalidad lo alcanzó luego del fallido operativo del 20 de junio de ese año en la discoteca News Divine, en el que nueve jóvenes –entre ellos adolescentes– y tres policías perecieron asfixiados.
La incorporación de Zayas González al gabinete de Gutiérrez Lázarus, quien hoy entró en funciones como alcalde, se filtró hace varios días. En su defensa argumentó que el cuestionado policía ya estaba exonerado y que le fue recomendado por el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.
“El licenciado Renato Sales nos recomienda que si queremos brindarle seguridad a nuestro municipio, le apostemos al comandante Zayas González”, comentó entonces el aún edil electo.
“En el rubro de seguridad es mejor acudir a alguien que sabe, en vez de presentar ocurrencias; es un hecho y estoy consciente de los riesgos”, añadió Gutiérrez Lázarus.
Hoy, en acalorada reunión de cabildo, en la que los priistas se opusieron a la designación, el munícipe formalizó el nombramiento de Zayas González como titular de la SSP municipal.
Al respecto, el abogado Armando Barrera, miembro del colectivo Cauce Ciudadano AC, que representa legalmente a los padres de algunas de las víctimas, criticó el nombramiento y desmintió que Zayas haya sido exonerado, pues el juicio aún no termina y él está aún bajo proceso judicial.
“Desde la perspectiva jurídica resultan totalmente falsas las aseveraciones respecto de su inocencia”, explicó a la corresponsal en entrevista telefónica desde la Ciudad de México, y agregó:
“Tan es así que a estas alturas, aunque han pasado bastantes años, ni siquiera tiene una sentencia emitida por el juez que conoce su causa”.
Detalló que “la situación es que (Zayas) tiene unos procesos de amparo, el último de los cuales es uno de revisión en contra de una sentencia que emitió un tribunal federal en la que no le dio de manera general y concreta la razón en sus agravios”.
Es decir, abundó, “los juicios de amparo que él promueve son en contra de los autos de formal prisión por los delitos de lesiones y homicidios que dieron origen a la causa del expediente penal en la que está involucrado”, destacó.
Y recalcó: “No ha llegado la posibilidad jurídica de que se emita una sentencia en su contra, por ende no puede haber una consideración de culpabilidad o inclusive de inocencia… todavía se le está procesando, entonces las argumentaciones que están haciendo para la designación de Zayas en Carmen son con base en información falsa, errónea, que sin duda están dando con mala fe para validar su nombramiento”.
“En definitiva no está exonerado”, puntualizó.
Luego insistió en que se continúe el juicio penal que se le sigue, donde primero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe resolver los juicios de amparo que interpuso contra el auto de formal de prisión que se le dio en la primera etapa de intervención de un juzgado.
“La SCJN, al resolver esos juicios de amparo, ni siquiera tendrá que tocar el tema de fondo sobre su responsabilidad, porque son juicios de amparo que no van contra una sentencia definitiva, sino de autos de formal prisión, por tanto es ilógico que ellos pidieran pensar o exponer que ya fue exonerado”, reiteró.
Por tanto, dijo, “su situación legal es que aún está bajo proceso”.
Si bien jurídicamente no hay ningún impedimento legal que se pueda aplicar de manera tajante para evitar que sea funcionario, acotó, “nosotros fundamentamos que hay un impedimento político y ético para su nombramiento, puesto que por su imprudencia innegable, inexcusable, inició un operativo que fue a todas luces ilegal”.
También resaltó que hay todas las pruebas documentales de que él fue la persona de mayor alto rango en el fallido operativo del News Divine, “quien lo ordenó, quien lo solicitó, y que como resultado fallecieron 12 personas, nueve de ellas adolescentes”.
Y advirtió: “Es innegable que su incapacidad pone en riesgo a la gente de Campeche, de El Carmen, esa es la postura de las familias y organizaciones que las acompañamos”.
“Gutiérrez Lazarus está equivocado, su ineficiencia (de Guillermo Zayas) ya costó vidas en el Distrito Federal y lo que menos queremos es que cobre más vidas”, insistió.
Sobre la recomendación de Sales Heredia, el litigante comentó:
“No tenemos certeza de que hubo esa supuesta recomendación, pero si la hubiera, una recomendación no es de carácter vinculante; además, no puede tomarse en consideración la resolución de un juzgado que ni siquiera está en la capacidad de emitir la sentencia, que no puede entrar al fondo del caso y por tanto no puede haber absolución”.
Aclaró que Zayas González enfrenta su proceso en libertad caucional, debido a que su delito se reclasificó por determinación y, en lugar de homicidio doloso, se le está juzgando por homicidio culposo.
Por su parte, entrevistado vía telefónica, Daniel Gershenson, del colectivo Alarbo AC, que también acompaña a los familiares de las víctimas en su clamor de justicia, tronó:
“Gutiérrez Lázarus no tiene autoridad moral para incorporar a Zayas. Es falso que esté absuelto. Si tiene un ápice de ética, el nuevo alcalde de El Carmen tendrá que revalorar la pertinencia de que se quede este señor, porque los ciudadanos, y sobre todo los jóvenes y niños, no estarán bien servidos con esta persona”, sentenció.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSA SANTANA.
Los niveles de confianza de todas las autoridades de seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia, cayeron de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015.
La confianza en las fuerzas armadas, la Policía Federal (PF) y la Procuraduría General de la República (PGR), disminuyó en 2014, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
La mayor caída en el nivel de confianza la sufrió el Ejército, de 80.77% en 2013, a 77.6% en 2014, reveló la Envipe que fue presentada por el INEGI este miércoles. La Marina pasó de un nivel de confianza del 84.4% en 2013 a un 81.6% en 2014.
Durante 2014, el porcentaje de los mexicanos que tiene mucha o alguna confianza en la PGR bajó a 49.2%, después de alcanzar un 51.4% en 2013, mientras que la PF perdió 1.5% de su nivel de confianza.
La institución peor evaluada por los encuestados fue la Policía de Tránsito, que sólo tiene la confianza del 31.3% de los mexicanos, las policías municipales cuentan con el 36% del respaldo de los ciudadanos y los ministerios públicos y procuradurías locales sólo tienen la confianza del 41.5% de los habitantes.
La encuesta aplicada anualmente por el Inegi demostró que en 2014 todas las instituciones de seguridad pública, seguridad nacional y procuración e impartición de justicia perdieron la confianza de los mexicanos.
Además de las ya enumeradas, los jueces cayeron de un nivel de confianza del 47.4% al 46.2%, las policías estatales del 44.1% a un 42.5% y las policías ministeriales o judiciales pasaron de tener la confianza del 42.5% de los mexicanos al 42.4%.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Loretta Lynch señaló que las extradiciones no habrían sido posibles sin la “estrecha colaboración y relación productiva” que goza el Departamento de Justicia con los funcionarios del más alto nivel en la PGR mexicana.
La procuradora general de Justicia de Estados Unidos, Loretta Lynch, agradeció el miércoles la decisión de México de extraditar a territorio estadounidense a 13 individuos, entre ellos presuntos y prominentes jefes del narcotráfico.
“Estoy agradecida con nuestras contrapartes mexicanas no sólo por su apoyo en este importante asunto, sino por sus esfuerzos extraordinarios e incansable colaboración en nuestra continua lucha contra el crimen organizado internacional”, señaló Lynch.
En un comunicado, añadió que espera “con interés continuar nuestros logros en cumplimiento de esa misión, mientras construimos conjuntamente sobre estos resultados en los días y meses por venir”.
Antes, el director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) de México, Tomás Zerón, anunció la extradición de 13 personas, entre ellas Édgar Valdez Villarreal “la Barbie”, acusado de narcotráfico y lavado de dinero.
También fueron extraditados: Luis Humberto Hernández Celis, relacionado con el asesinato en 2010 de tres personas vinculadas al Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez y Jorge Eduardo Costilla Sánchez “el Coss”, acusado de contrabando de drogas y lavado de dinero.
Otros extraditados: son Jean Baptiste Kingery, José Emanuel García Sota, Martín Daniel Castillo Rascón, Aureliano Montoya Peña, Ricardo Valles de la Rosa, Alberto Núñez Payán, Julio César Valenzuela Elizalde, Antonio González Platas, Antonio Reynoso González y Carlos Montemayor.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
SANTA ANA, Son: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reportó el derrame aún incuantificable de solución cianurada en las instalaciones de la mina extractora de oro, Molimentales del Noroeste SA de CV.
Según la dependencia federal, el incidente se registró el lunes pasado y, un día después, se notificó a las autoridades ambientales luego de presentarse una fisura en un dren de la pileta de solución cianurada en los patios de lixiviados.
El tóxico, precisa el informe oficial, tenía un concentración de 500 partes por millón (ppm) y hasta el momento se desconoce la superficie afectada por esta eventualidad.
Personal de Profepa realizará en breve una visita de inspección a las instalaciones de la empresa con el fin de identificar posibles afectaciones ambientales y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.
En tanto, el derrame fue contenido mediante el levantamiento de un bordo, con el objetivo de facilitar el rebombeo de retorno de la solución cianurada.
Este sería el tercer derrame de cianuro en minas donde se extrae oro en Sonora durante este año.
El primero se registró el 7 de enero en la minera Penmont SdeRL de CV, ubicada en Caborca, a unos 277 kilómetros al noreste de la capital sonorense.
En aquella ocasión se desbordaron 82 mil litros de solución cianurada, alrededor de 64 mil litros de la sustancia fueron rebombeados a los patios de lixiviación y los 18 mil restantes fueron absorbidos por el material utilizado para la construcción del bordo de contención.
El cianuro es un agente químico transportado y utilizado para la separación del oro del resto de los minerales que se encuentran en la tierra.
Después, el 10 de marzo, en la mina “María”, propiedad de Frisco, se derramaron 180 mil litros de solución gastada de cobre sobre 1.6 kilómetros del arroyo “El Tordillo”.
De acuerdo con la información de Profepa, durante la madrugada de ese día se registró una obstrucción en el vertedor que va de una pila a una de emergencia, en donde se bombea una solución con 0.02 partes por millón de cobre y un pH de 1.5 a 2 unidades.
“Al momento del derrame no se pudo dar inicio a las actividades de neutralización de la solución sobre el arroyo El Tordillo porque los propietarios del predio impidieron el paso al personal de la minera”, justificó en aquella ocasión la dependencia federal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
MÉXICO, D.F: Un indicador de la calidad democrática de México es lo que pasa en su sistema judicial. El Poder Ejecutivo ve al Judicial no como un poder más del Estado, sino como un instrumento de castigo y control.
Tanto el Ejecutivo federal como los gobernadores se empeñan en mantener al Poder Judicial como un poder de tercera, en lugar de ser el verdadero tercer poder del Estado, además del Legislativo.
Los jueces y magistrados federales ahora mismo se encuentran en una campaña, tal vez inútil, para evitar que el presidente Enrique Peña Nieto anteponga el cálculo político en la conformación de las ternas de las que habrán de salir los sustitutos de los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, quienes el 30 de noviembre próximo pasan a retiro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El objetivo es impedir la llegada de Raúl Cervantes, un operador del PRI que fue asesor jurídico en la campaña presidencial y ahora es senador con licencia. Los jueces y magistrados se sienten desplazados y agraviados desde que Peña propuso al expolicía y exembajador Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte.
En los gobiernos de los estados, el control del Poder Judicial es aún más burdo. Con la farsa de la intervención de los congresos, el control de los tribunales termina en manos de amigos y compadres de los gobernadores. La justicia aplica así sólo para los desafectos.
La capital del país no es la excepción en el afán de control. Pero el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar, enfrenta una rebelión de jueces y magistrados que se oponen a su segunda reelección.
Con miras a la sucesión en el órgano de justicia del Distrito Federal, también en noviembre próximo, un grupo de magistrados le han reprochado directamente a Elías Azar su pretensión de ocupar por tercera vez consecutiva la presidencia del Tribunal, con lo que llegaría a casi una década de control del aparato del Poder Judicial de la capital del país.
Uno de sus principales opositores es el anterior presidente del TSJDF, José Guadalupe Carrera Domínguez, con quien mantiene ya una larga confrontación.
Carrera Domínguez, ponente de la Octava Sala Penal del TSJDF, de plano lo acusa de ejercer un control vertical del aparato de justicia y, peor aún, de intervenir en resoluciones judiciales de jueces y magistrados.
“Usted es el primero en violar la autonomía del tribunal”, le dijo Carrera en una sesión privada de pleno el pasado 21 de septiembre. Puso el caso de una resolución en la que se decretó la formal prisión a un ciudadano inocente acusado de secuestro.
En ese mismo encuentro, algunos otros magistrados apelaron a que la propia normativa del TSJDF impide la reelección, como ocurre a nivel nacional.
Edgar Elías aseguró que no respondería desde su posición como presidente en el pleno, sino que fuera de ese foro respondería a las “acusaciones y ataques que sufrí en este momento”.
Pero además dijo que ya había sido objeto de amenazas contra él y su familia.
Ese día, según relataron testigos, se discutieron las bases para la próxima elección del presidente del TSJDF. Elías Azar quiere mantenerse tres años más y hasta posiblemente buscar ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Edgar Elías llegó al TSJDF en 2006 y gracias a una reforma de la Asamblea Legislativa en diciembre del año pasado el escenario está puesto para que se reelija.
La reforma alargó de los 70 a los 75 años la edad de retiro de los jueces y magistrados capitalinos. Sin ella, el magistrado Edgar Elías pasaría de la presidencia casi al retiro, pues en agosto próximo Elías Azar, descendiente de inmigrantes sirios, cumple los 70 años de edad.
Es conocida la confrontación entre Elías Azar y Carrera Domínguez. El propio presidente del TSJDF la ventiló al responsabilizar a Carrera Domínguez de haber propiciado que se exhibiera al sistema de justicia del DF en el documental Presunto Culpable, en 2011.
Pero más allá de este conflicto, la disputa por el control del aparato de justicia en la capital, así como la designación de los próximos ministros de la Corte, explica por qué la justicia es y ha sido sólo una aspiración de los mexicanos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
TOLUCA, Edomex: Luego de la cancelación de la fecha comprometida para la exhumación del cuerpo del normalista Julio César Mondragón, la CIDH, familiares y activistas solicitaron al Poder Judicial del Estado de México agilizar los trámites practicar una nueva necropsia.
Julio César es el estudiante de la Normal de Ayotzinapa asesinado y desollado la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y avecindado en el Estado de México.
Familiares y activistas pugnan por la exhumación del cuerpo, con el objetivo de someterlo a un segundo examen pericial y una nueva necropsia que permitiría abonar más elementos para despejar algunas dudas y esclarecer en su totalidad la forma y causa en que se registró su deceso.
“Nosotros, aun sin tener un ojo experto, notamos las marcas de la tortura en el rostro de Julio”, dijeron.
La solicitud, que se suma a la planteada semanas atrás ante el Poder Judicial Federal, se formalizó esta mañana en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM).
Hace una semana, recordaron, se había fijado como fecha para la exhumación el 30 de septiembre. No obstante, el miércoles 23 las autoridades del Estado de México, donde yacen los restos del estudiante, solicitaron postergar la fecha con el argumento de que la fragmentación de los expedientes del caso obliga a realizar diversas notificaciones que no se podían cubrir en tiempo y forma.
Los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que realizarán los nuevos estudios, refirieron, incluso ya habían comprado sus boletos para viajar a México, en virtud de que la demanda prevé que se encarguen de estas acciones.
“Ya habíamos solicitado a un perito independiente más que viajará a nuestro país para trabajar con los del equipo argentino; por el retraso, este perito también pagará multas, producto de la cancelación de vuelto internacional”, lamentaron.
En busca de concretar la segunda necropsia, los interesados han realizado incontables viajes a Iguala y a Toluca para que los encargados de la procuración de justicia autoricen y den tramité a la exhumación que llevarán a cabo los expertos del EAAF y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH.
En una carta dirigida a la opinión pública, los peticionarios precisan que la demanda tiene por objetivo “alcanzar la verdad en el caso de Julio César”. “Es necesario exhumar su cuerpo y realizar una nueva necropsia”, precisan.
“Exigimos –manifestaron– que esta diligencia pueda ser observada por el GIEI, así como por la comisión especial creada en la Cámara de Diputados para continuar las investigaciones y dar seguimiento al caso Ayotzinapa”.
También demandaron “que el cadáver de Julio César Mondragón Fontes sea trasladado a la Ciudad de México para que en la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR se realice la radiografía de sus restos y todos los estudios necesarios. Es ahí y sólo ahí donde se cuenta con el equipo e instrumentos idóneos para que el EAAF pueda trabajar”.
Además, solicitaron “que para realizar el estudio sean incorporadas como evidencia las 13 fotografías entregadas al presidente Enrique Peña Nieto para su análisis minucioso”.
Y “que los resultados de los dictámenes periciales que por su parte realizará la PGR sean explicados y entregados directamente a la familia de Julio César Mondragón”.
Esta solicitud, recordaron, “es un acuerdo firmado por Enrique Peña Nieto que, hasta el momento, ha sido violado en cada ocasión”.
De igual manera pidieron “que el Estado Mexicano, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pague los gastos del nuevo funeral que habremos de realizar luego de la diligencia de exhumación y nueva necropsia”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
Después de tomar posesión en su cargo, el delegado anunció que se instalará una mesa conjunta y se revisarán los permisos para los trabajos de la paraestatal.
El nuevo delegado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, decidió suspender la instalación de luminarias de alta tecnología a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido a su tardanza y a la molestia que generan entre los vecinos de la delegación.
Después de su toma de protesta, una de sus primeras acciones fue cancalr las obras que la CFE tiene en 48 puntos de la demarcación, las cuales serán retomadas hasta que se instale una mesa de trabajo conjunta y se firme un convenio con la paraestatal, anunció este jueves, informó el diario Reforma.
“He tomado la decisión de suspender los 48 puntos que tiene la CFE en obras inconclusas”, afirmó el militante de Morena sobre los trabajos que afectan principalmente a los vecinos de las colonias Roma, Juárez y Cuauhtémoc.
Explicó que revisarán los permisos y se iniciará nueva etapa, “tanto las instituciones públicas como de los privados tienen que aprender a respetar a los vecinos y al Gobierno Delegacional”, señaló Monreal.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
