ECATEPEC, Edomex: Quince personas detenidas y cinco inmuebles asegurados, fue el saldo de un operativo realizado este viernes en las seis colonias de mayor incidencia delictiva de Ecatepec por elementos de la Marina, el Ejército y la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC).
En el dispositivo participaron mil 650 elementos, que revisaron 11 puntos de venta de droga y catearon 13 inmuebles de las colonias Tablas del Pozo, San Andrés de la Cañada, Ampliación de San Pedro Xalostoc, Buenavista, Benito Juárez y Hank González, detalló el procurador mexiquense Alejandro Gómez.
El funcionario estatal destacó que los cateos implicaron el cumplimiento de diez órdenes de aprehensión, y se entregó una decena de órdenes de presentación.
También se revisaron cuatro puntos fijos y siete móviles de venta de drogas.
“Los resultados preliminares son de 15 personas detenidas en ejecución de órdenes de aprehensión, faltas administrativas, delitos contra la salud y por venta ilícita de bebidas alcohólicas”, refirió.
Cinco inmuebles fueron asegurados, tres de ellos porque al interior se encontraron sustancias psicotrópicas o drogas, y dos por venta de bebidas alcohólicas sin licencia.
También fueron confiscados un arma larga y 142 cartuchos.
El operativo, detalló, se implementó en respuesta a una serie de denuncias y quejas ciudadanas en el sentido de que se estaban presentando diversos hechos delictivos en la zona, venta de drogas y de bebidas alcohólicas.
“Nos decían que a esas colonias no llegaban elementos de la Policía Municipal y Estatal”, admitió.
En el dispositivo, detalló, participaron mil 653 elementos; 26 de La Marina, 75 del Ejército, 12 de la Policía Federal, mil 200 de la CESC, 244 policías ministeriales, 61 agentes del Ministerio Público, y 35 peritos o personal administrativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
Gómez Sánchez adelantó que los operativos continuarán, sobre todo en las zonas alejadas y de difícil acceso.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
VALLE DE CHALCO, Edomex: El ayuntamiento de Valle de Chalco tiene dos presidentes municipales, después de que ocho integrantes del cabildo tomaron protesta a Fernando Ruiz Razo por mandato del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) y cinco a Jesús Sánchez Isidoro, diputado local a quien el jueves por la noche el pleno otorgó licencia para reincorporarse a la alcaldía.
Sánchez Isidoro tomó protesta en la sala de cabildos, donde el secretario del ayuntamiento, José Luis Herrera González, lo asentó en acta de cabildo; Ruiz Razo lo hizo fuera del recinto, donde el síndico José Luis Galván dio fe de los hechos.
Desde las sesiones de cabildo alternas, celebradas aproximadamente a las 18:30 horas de ayer, un promedio de cien policías municipales mantienen resguardada la alcaldía, apoyados por una veintena de estatales.
Hasta esta mañana, ninguno de los alcaldes había arribado al Palacio Municipal; la oficina del edil se mantenía cerrada con cadena y candado, pero en recepción se reconoce como titular a Jesús Sánchez Isidoro, a pesar de que durante su toma de protesta no logró reunir el quórum legal requerido que le obligaba la presencia de la mitad del cabildo más un integrante.
Ambos alcaldes son perredistas. Jesús Sánchez Isidoro pertenece a la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN) liderada en la entidad por Héctor Bautista, actual secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
Fernando Ruiz Razo pertenece a Nueva Izquierda (NI), la misma del presidente municipal electo, Ramón Montalvo, impugnado ante el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) por Luis Enrique Martínez Ventura, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien perdió por 182 votos.
Jesús Sánchez Isidoro es presidente municipal constitucional propietario de Valle de Chalco Solidaridad para el periodo 2012-2015; no obstante, solicitó licencia para contender por la diputación local; al incorporarse a la Legislatura, se mantuvo presente en la alcaldía a través de tres licencias temporales, pero nunca presentó licencia definitiva.
Mediante la licencia temporal, garantizó que José Luis Hernández Bautista, primer regidor de su misma corriente, asumiera el cargo de alcalde por ministerio de ley, y evitó que su suplente, Fernando Ruiz Razo, se convirtiera en presidente municipal sustituto.
Hace unos días, el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) resolvió un juicio de los derechos del ciudadano en favor de Ruiz Razo, su promotor, entablado en contra de Sánchez Isidoro, que obliga a que se le tome protesta como sustituto al suplente.
No obstante, para evitarlo, Jesús Sánchez solicitó licencia temporal, ahora al cargo de diputado local, para regresar a la alcaldía.
El plazo para acatar el fallo del TEEM vence este sábado a las 15:00 horas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERONICA MENDOZA.
Texcoco, Méx., 6 de octubre. México puede alcanzar la autosuficiencia alimentaria mediante la producción de maíz, frijol y oleaginosas, sin necesidad de recurrir a la siembra de organismos genéticamente modificados (OGM), que sólo incrementan el 0.3 por ciento de la producción nacional, señaló Alejandro Espinosa Calderón, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
Al participar en el primer foro campesino Más allá de los transgénicos, organizado por la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), el académico consideró que lo que se requiere para alcanzar la autosuficiencia es tener políticas públicas que contemplen el extensionismo rural para los 2.3 millones de productores.
Explicó que la producción en maíz es posible debido a que los 2.3 millones de productores cuentan con al menos una variedad de semillas nativas, que están distribuidas en diferentes regiones del país, aunado a las variedades mejoradas que los investigadores mexicanos han desarrollado mediante una diversidad genética que les permite soportar el cambio climático.
Abundó que el país puede producir más de los 10 millones de toneladas que se importan de grano. “De acuerdo a declaraciones del doctor (Antonio) Turrent, los mexicanos podemos producir hasta 54 millones de toneladas, necesitamos 32, lo que necesitamos un gobierno patriota que apoye esa producción, una gran cruzada que permita a los productores tener semilla de maíces nativos, tenemos más de 100 mil agrónomos desempleados que pueden hacerlo”, dijo.
Destacó que el riesgo de que en México se autorice la siembra de transgénicos es que en Sinaloa se utilizarían 500 mil hectáreas para producir 5 millones de grano de maíz para la elaboración de tortillas, además de que se pueden contaminar las variedades nativas lo cual es un riesgo para la riqueza cultural de los mexicanos.
Refirió que el verdadero problema que se genera al prohibirse la siembra de transgénicos es la gran pérdida millonaria para Monsanto y por el momento existe una moratoria para esta práctica, por lo que es importante que el gobierno federal atienda las voces de la Unión de Científicos, que están comprometidos con la sociedad y con el país, empeñados en hacer variedades de maíz y otros cultivos.
“Debemos regresar a la mexicanidad de la comida a través del maíz, frijol, amaranto, chía, chile, donde está nuestra cultura, lo que nos identifica como mexicanos. El maíz es la especie más importante para la humanidad y cada año se cosechan mil millones de toneladas de grano en todo el mundo, seguido del trigo”, puntualizó.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JAVIER SALINAS.
FECHA: 6 OCTUBRE 2015.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/06/mexico-capaz-de-lograr-autosuficiencia-alimentaria-sin-usar-transgenicos-5516.html.
El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la propuesta de Moreno Cárdenas de eliminar el impuesto de la tenencia de los vehículos con valor mayor a 250,000 pesos, para desviar la atención sobre la creciente inseguridad en el estado. El presidente de la Junta de Gobierno y Administración, Ramón Méndez Lanz, revela que se negoció con la fracción parlamentaria del partido de AMLO, que no hubiera discusión, ni debate.
CAMPECHE, Cam. 15 de octubre del 2015: Con el aval de los tres diputados de Morena y en “fast track”, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la eliminación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos con un valor de más de 250 mil pesos, que fue una propuesta populista de campaña del priísta Alejandro Moreno Cárdenas y que utilizó ahora para tratar de desviar la atención sobre la inseguridad creciente en el estado.
Los legisladores morenistas, Carlos Martínez Aké, Adriana Avilez Avilez y Andrea del Carmen Martínez Aguilar, votaron a favor en lo general y en lo particular, y no se atrevieron a subir a la tribuna legislativa para expresar observaciones, hacer críticas o señalamientos sobre la propuesta que entrará en vigor el uno de enero del 2016.
Los representantes de la izquierda campechana, incluso, aprobaron una mentira escrita en el dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y de Finanzas y Hacienda Pública, en el que se señala que es “en beneficio de la economía de las familias campechanas, sobre todo de aquellas a las que más esfuerzo les cuesta la adquisición de un vehículo”, cuando desde diciembre del año 2009, al entrar el ex gobernador Fernando Ortega Bernés, decretó la eliminación de la tenencia para los vehículos con valor menor a 250 mil pesos.
En el documento, no se explica que al eliminar el impuesto señalado, dejará de haber recaudación por dicho concepto, que ascendía anualmente a unos 122 millones de pesos, y por ende, no se tendrán los recursos para su distribución como se venía haciendo, y sólo se establece vagamente cómo se sustituirán estos recursos.
Además, en uno de los últimos puntos, se aclara que la eliminación de esta obligación fiscal para el 2016, no tiene efecto retroactivo, “pues dicho beneficio debe operar hacia el futuro, y no buscar premiar a aquellos contribuyentes que no hubieren cumplido con la obligación de realizar el pago de sus contribuciones fiscales al Estado, pues en caso de ser contrario, se estarían contraviniendo las Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos del Estado de los ejercicios fiscales anteriores, así como el Código Fiscal, y la legislación federal aplicable y los Convenios de Colaboración que en su momento se signaron para tales efectos”.
“Por lo que se concluye que las obligaciones derivadas de este impuesto de tenencia vehicular, correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, seguirán siendo exigibles, aún y cuando surta efectos el presente decreto, conforme a las disposiciones o actos jurídicos que les dieron origen”, se puntualiza.
La apresurada aprobación
La iniciativa fue presentada apenas el ocho de octubre por Moreno Cárdenas en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, precisamente un día después del intento de ejecución del ex dirigente estatal de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca), Laureano Ceballos Fuentes.
En sesión celebrada el 13 de octubre, hace dos días, se dio lectura a su texto, ordenándose su turno a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Finanzas y Hacienda Pública, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, y los integrantes de las comisiones dictaminadoras sesionaron emitiendo el presente resolutivo.
De esta manera, en la sexta sesión de su actual periodo ordinario, los 35 diputados que integran la LXII Legislatura estatal votaron a favor, tanto en lo general como en lo particular, del dictamen relativo a una iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche; derogar los artículos transitorios quinto, sexto y séptimo del Decreto número 6 expedido por la LX Legislatura del Estado de Campeche, y el artículo 35 de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche.
La aprobación en el Congreso pudo ser acelerada por “Alito”, para desviar la atención sobre otro hecho delictivo: El “levantón” y el secuestro de un empleado petrolero en Ciudad del Carmen.
Los otros 2 dictámenes aprobados
También por unanimidad fue aprobado un dictamen relativo a una iniciativa para reformar los artículos 6 fracción II, 48 fracción V y 66 fracción IV incisos a) y b) de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche, que tiene como finalidad prolongar la pensión a que tienen derecho los servidores públicos del Estado y de los Municipios por jubilación o pensión, a favor del hijo con discapacidad ante la muerte del jubilado o de su cónyuge, en los casos en que el hijo discapacitado no pueda valerse por sí mismo y/o que carezca de otro beneficio de seguridad social, pues lo que se pretende es no dejar en desamparo al hijo con discapacidad del jubilado o pensionado.
Con el mismo sentido de la votación y previa dispensa de más trámites, fue aprobada una iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al titular del Gobierno Federal, para que a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, se haga la valoración y procedimiento para que se incluya al Estado de Campeche como Zona Económica Especial.
Negoció Morena la ninguna discusión y el ningún debate
Sobre la postura de la fracción parlamentaria de Morena, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración, Ramón Méndez Lanz, reveló que se negoció con los diputados del partido de Andrés Manuel López Obrador.
-Diputado, pues el primer acuerdo, uno de los primeros dictámenes que se aprueba, la eliminación de la tenencia; ninguna discusión, ningún debate, todo en unanimidad. Su opinión al respecto.
-Se trabajó, obviamente y con solidaridad con todos los representantes de las diversas fuerzas políticas del Estado. Obviamente, en el análisis hay mucho más cosas a favor que en contra, y por tanto, todos de acuerdo, decidieron aprobarla por unanimidad. Lo cual, siempre hemos dicho, podemos venir a debatir, podemos venir a discutir los puntos de vista de cada fracción, pero al fin de cuentas lo que debe de prevalecer es un orden, debe prevalecer la congruencia y lo que beneficia principalmente a los ciudadanos del Estado de Campeche.
-¿Satisfecho con esto, diputado?
-Bueno, en este primer inicio, por supuesto yo creo que todos estamos en el entendido que todos buscamos lo mejor para el Estado. Eso es parte del trabajo que hacemos todos los días con las fracciones, de que entendamos de que aquí hay que buscar puntos de vista, acuerdos, temas que beneficien a los campechanos. Sobre eso vamos a estar todos estos tres años que vienen por delante, para lograr que siempre existan consensos y acuerdos. Y lo que sí es importante recalcar, es que en los trabajos de las Comisiones, sí se discute, sí se trabaja.
-Diputado, se mostró madurez política por parte de los grupos parlamentarios, sobre todo en el caso de Morena, porque en la sesión pasada había ahí un posicionamiento medio en contra, que no dejaba muy satisfecho a esos tres legisladores, hoy ni siguiera debaten el dictamen, lo aprueban por unanimidad.
-Volvemos a lo mismo, a mí me parece…
– ¿Hay un consenso?
-Exactamente, vamos entendiendo todos. Este es un ejercicio para todos los diputados, los 35 que componemos esta LXII Legislatura, de que tenemos que trabajar, aunque haya discusiones, es normal que existan en todos los Congresos. Así es, y lo que hay que buscar siempre es el consenso.
FUENTE: PÁGINA ABIERTA.
AUTOR: DANIEL SÁNCHEZ.
MÉXICO, D.F: Más de la mitad de los 569 mil millones de pesos que el gobierno federal destinó al gasto social en 2015 se dispersó en una gran cantidad de programas y acciones mal diseñados o de desempeño insuficiente, mientras 75 mil mdp fueron operados de manera opaca, reveló el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (Indep) 2015, publicado hoy por la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc).
Al presentar el informe ante un panel de legisladores y funcionarios, Alejandro González Arriola, director de la ONG, expuso que sólo 23 de los 161 programas de distintas secretarías del gobierno federal fueron manejados de manera correcta.
Además, lamentó que este año, por primera vez desde 2009 –cuando Gesoc elaboró el primer Indep–, “vimos un retroceso en la política social”.
“Observamos un incremento en el número de programas con un desempeño insuficiente y una disminución de los programas que funcionan”, afirmó González, al resaltar que 55 programas sociales fueron “reprobados en su desempeño” en 2015, unos 22 más que un año antes.
Entre éstos destacan el Programa de Vivienda Rural, Programa Integral de Desarrollo Rural, Programa de Infraestructura Indígena, Pprograma de Abasto Rural a cargo de Diconsa o el programa de Comedores Comunitarios.
Asimismo, 47 programas fueron bien diseñados y obtuvieron avances “aceptables” en el cumplimiento de sus metas, pero no llegaron a cubrir al menos a 65% de población potencialmente beneficiaria, por lo que Gesoc considera que reflejan la “dispersión de la política social” del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Se trata, por ejemplo, de los programas de Apoyo Alimentario (PAL), de Fomento a la Agricultura y Granadero (Proagro y Progan) o Hábitat. Al sumar los fondos atribuidos a los 47 programas se obtiene un total de 108 mil 605 millones de pesos, 19.1% del gasto social.
Solamente 10 programas, entre ellos el Seguro Popular o el de Pensión para Adultos Mayores, alcanzaron un nivel de desempeño “óptimo” –11 menos que en 2014– y otros 13 –siete menos que el años pasado– contaron con un “alto potencial” de desempeño; es decir, fueron bien diseñados pero no contaron con el presupuesto necesario para cubrir toda la población objetivo.
Prospera, el Programa de Vivienda Digna o el de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, recibieron esta calificación.
El nivel general de desempeño de los programas también empeoró: de 68.78 puntos promedio el año pasado –sobre un total de 100–, se redujo a 62.40 este año. Debajo de 60 puntos, el Gesoc considera que un programa es de desempeño “escaso”.
“Este índice es el primero que verdaderamente captura a esta administración. Por la lógica del índice, pusimos datos del año previo (2014), que necesariamente refleja el desempeño de un año antes (2013). Es decir, es el primer índice que refleja el desempeño de la actual administración en la política social”, insistió González.
La demoledora conclusión del informe planteó: “El 85.7% (138 de los 161) de los programas sociales del gobierno federal, que representan 55.7% del total del presupuesto asignado en 2015 a este sector, están bajo de una de dos condiciones: No se puede estimar su desempeño debido a su opacidad, o bien no tienen posibilidad alguna de resolver el problema público que abordan debido a la dispersión programática y presupuestal que presentan”.
González resaltó que este esquema de eficiencia baja del gasto público se refleja en la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), ya que muchos de estos programas forman parte de la estrategia de la administración de Peña Nieto para combatir el escaso acceso a la alimentación.
“Caja negra”
El documentó exhibió que, bajo la administración de Peña Nieto, el presupuesto dedicado a programas que operan bajo opacidad absoluta –y que conforman la “caja negra” del gasto social– se disparó, al pasar de 41 mil 418 millones de pesos en 2014 a 75 mil 256 millones este año.
Esto es el caso de los más de 20 mil millones de pesos destinados al programa de implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito, que dirige el comisionado de la Policía Federal (PF), Enrique Francisco Galindo Ceballos.
También se ignora el desempeño de los 6 mil millones del programa de productividad y competitividad agroalimentaria, a cargo de Ricardo Aguilar Castillo –actualmente funcionario en la Sagarpa–, quien fungió como secretario del Trabajo durante la administración de Peña Nieto en el Estado de México y además se desempeñó como expresidente del PRI en la entidad.
La Conagua y su titular Roberto Ramírez de la Parra –coordinador jurídico de la Secretaría de Agua y Obra Pública durante la gubernatura de Peña Nieto– maneja de manera discrecional cuatro programas sociales –que involucran un total de 3 mil 443 millones de pesos–, mientras el DIF nacional, a cargo de Laura Ibernia Vargas Carrillo –la esposa de Miguel Ángel Osorio Chong–, tiene tres programas de desempeño desconocido.
Alejandro del Mazo Maza, funcionario de la Semarnat, diputado del PVEM e hijo de Alfredo del Mazo –exgobernador mexiquense y primo de Peña Nieto–, dispone de tres programas sociales que no rinden cuentas sobre su desempeño.
Del mismo modo, quienes manejan los más de mil 365 millones de pesos dedicados a la gestión del deporte en la Secretaría de Educación Pública (SEP) –a cargo de Alfredo Castillo Cervantes, excomisionado de seguridad en Michoacán y exfuncionario del Estado de México— no rinden cuentas sobre su desempeño.
Así opera más de una cuarta parte de los programas con una vertiente social del gobierno federal, que operan 13.2% del presupuesto asignado a la política social, lamentó el informe, al subrayar que “debido a que persisten graves problemas de opacidad, no existe razón por la cual un solo peso deba ser asignado a este tipo de programas”.
“Son puertas abiertas para el uso discrecional y arbitrario de fondos públicos”, insistió González, al añadir que “hay intereses detrás de cada presupuesto asignado”.
Pese a los repetidos señalamientos de mal desempeño de la mayoría de los programas, cada año los diputados federales aprueban su presupuesto.
En otras palabras, lamentó González, los legisladores votan el proyecto de presupuesto que les entrega la Secretaría de Hacienda sin conocer su contenido, debido a que no existe una oficina legislativa encargada de estudiar los ingresos y egresos de la Federación.
“El gasto que aprobamos en el Legislativo no tiene ninguna relación con ninguna evaluación ni con ningún indicador, y no me queda claro que Hacienda lo haga”, abundó Vidal Llerenas, diputado de Morena, al precisar: “En materia de seguridad por ejemplo, no sabemos si es mejor comprar armas que invertir en inteligencia, que comprar aviones; los compramos pero no tenemos ninguna claridad en lo que estamos haciendo”.
El “presupuesto base cero” que el gobierno federal operará en el ejercicio fiscal 2016 prevé una reducción de 46 mil millones de pesos en el gasto social, debido a la supresión de programas y la fusión de otros.
Sin embargo, Gesoc observó que 25 de los 42 programas que operaron en 2015 con un nivel de desempeño “escaso” continuarán el próximo año: 20 no sufrirán modificación alguna y otros cinco se fusionarán. La SHCP mantendrá 23 de los 43 programas que conforman la “caja negra” del gasto social, a los que adjudicará 56 mil 653 millones de pesos.
Los programas de desempeño “óptimo”, por su parte, sufrirán de un recorte de 4 mil 788 millones de pesos, “a pesar de que la inversión en estos programas resulta socialmente rentable”, señaló el informe.
Un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que asistió a la presentación del reporte lamentó que el gobierno federal recortara el presupuesto del programa de Pensión para Adultos Mayores en cerca de 3 mil millones de pesos.
“Con este recorte se dejará de atender a cerca de 794 mil adultos mayores”, advirtió.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
Ciudad de México, 14 de octubre: Juan Sandoval Íñiguez, Cardenal emérito de la Arquidiócesis de Guadalajara, dijo durante la Eucaristía de Patrocinio de la Virgen de Zapopan que las escuelas y los libros de texto incitan a los niños a la perversión.
“Yo creo que la perversión de la juventud, a veces programada desde las escuelas, es un mal inmenso que quita la inocencia y orienta a los que apenas van creciendo, los orienta al libertinaje. Vengan a ver los libros de texto a ver qué se les enseña a los niños de primarias y secundarias”, dijo.
Sandoval Íñiguez mencionó que esta perversión se debe en gran medida a la corrupción que se vive en el país y debido a que la iglesia es denigrada constantemente.
“La corrupción general de personas e instituciones, esa corrupción que está llegando al colmo, en la que estamos haciendo fondo, una corrupción que va acompañada de descaro, una desvergüenza que no se había visto en otros siglos”.
No es la primera vez que el Cardenal realiza este tipo de declaraciones, frases como “Las mujeres no deben de andar provocando, por eso hay muchas violadas”, o “los gays son una minoría que no me preocupa” que han caracterizado a uno uno de los católicos más conservadores del país.
El pasado 20 de mayo encabezó junto al Arzobispo de San Luis Potosí, Monseñor Carlos Cabrero un “Magno exorcismo” con el fin de que el número de abortos y de crímenes violentos bajaran en el país.
“Que se vaya tomando conciencia de la gravedad de la situación en México, y que ojalá se multiplique esto que hicimos”, alentó el Arzobispo emérito de Guadalajara.
El Cardenal mexicano lamentó “la violencia contra grandes y chicos” en México, pues “es cierto que se hacen abortos aunque no se hubiera dado la despenalización, pero ya que un país llegue a despenalizar el aborto, un país cristiano, eso es lo trágico, es ya un pecado mucho, muy grave”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/14-10-2015/1518462
De nueva cuentan, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquean la Avenida Ventura Puente justo frente a la Secretaría de Finanzas, ello para exigir al gobierno del estado liquide los adeudos pendientes correspondientes a prestaciones e incrementos.
En estos momentos hay elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) resguardando la dependencia estatal; los magisteriales amagaron con no retirarse de la dependencias hasta que se les pague.
FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.
En Change.org se subió una petición para exigirle a la SCJN que no equipare el cateo con las visitas domiciliares, pues, alerta, de ser así se permitiría “que cualquier autoridad pueda entrar a nuestra casa, oficina y pueda llevarse lo que pueda, nosotros incluidos”.
Ciudad de México, 7 de octubre: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso por segunda ocasión el proyecto de sentencia que elaboró el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea respecto a un amparo que promovió una empresa que podría abrir paso a equipar las visitas domiciliarias, administrativas o fiscales con cateos penales, una acción que vulneraría los derechos humanos de los ciudadanos, aseguraron especialistas.
Rodrigo Muñoz, profesor y abogado fiscalista de la Universidad Iberoamericana, dijo que la incautación de bienes en las visitas domiciliarias es exclusivamente facultad de las autoridades penales y no de las administrativas, por lo que “pretender ampliar a todo lo que implica un cateo como tal, sería totalmente improcedente y violatorio”.
Por su parte, Clara Elena Valladares, profesora investigadora de Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa, afirmó que “evidentemente sí se estarían violando los derechos humanos y tendríamos que acudir a otras instancias para pedir esa protección porque finalmente no se han hecho cambios en la Secretaría de Hacienda que permitan por visita domiciliaria realizar algún tipo de embargo”.
La alerta de que las auditorías fiscales podrían ser equiparadas con cateos judiciales comenzó luego de que se diera a conocer que el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea respondió con un proyecto de sentencia al amparo interpuesto por la empresa importadora de acero Válvulas Worcester tras la visita domiciliaria por parte de agentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) donde supuestamente se sustrajeron bienes de la compañía durante la revisión del pago de impuestos aduaneros.
Respecto al proyecto de resolución que emitió el órgano de justicia durante dicho proceso, Arturo Zaldívar argumentó: “encontramos que no existe restricción constitucional, dentro del ejercicio de facultades conferido a la autoridad, para poder introducirse legalmente al domicilio del particular, ésta pueda no sólo entrar al mismo sino sustraer determinados objetos bajo ciertas reglas”.
Sin embargo, los fiscalistas sostienen que lo anterior contradice la Reforma Constitucional de 2011 donde se estableció que las autoridades están obligadas a promover, respetar y proteger los derechos humanos.
El académico de la Ibero explicó que por principio constitucional el domicilio de cada persona es inviolable, sin embargo detalló que hay excepciones en la Constitución que así lo demandan como es el caso de los cateos que realizan las fuerzas policiales “pero éstos sólo se dan en materia penal mientras que las visitas domiciliarias que realizan los órganos administrativos tienen limitantes”.
“Se violan los principios porque se otorgan facultades a una autoridad que carece de ellas y se estaría desvirtuando totalmente el origen y el objetivo de las visitas de las autoridades fiscales cuya obligación es sólo vigilar el cumplimiento de lo que ordena el administrativo”, con lo que se estaría faltando a lo que establecen los Artículos 14 y 16 constitucionales.
Detalló que en todo caso si hay indicios de que existen otro tipo de aspectos a verificar por parte de la Comisión de Delitos, sigue siendo materia penal y no responsabilidad del fisco.
Detalló que en todo caso si hay indicios de que existen otro tipo de aspectos a verificar por parte de la Comisión de Delitos, sigue siendo materia penal y no responsabilidad del fisco.
PETICIÓN EN CHANGE.ORG
Luego de que el caso se diera conocer, el ciudadano Rafael Rodríguez subió a la plataforma Change.org una petición dirigida a la SCJN para que no aprueba la equiparación entre cateo y visita domiciliaria.
En la petición que hasta el momento recaudó 425 firmas se explica que “un cateo es: un registro y allanamiento de un domicilio particular por la autoridad, con el propósito de buscar personas u objetos relacionados con la investigación de un delito”, mientras que una visita domiciliaria es “atribución de las autoridades administrativas, ejercitable a efecto de comprobar la situación legal de los administrados respecto al cumplimiento de ordenamientos administrativos o fiscales”.
Asimismo, la carta detalla que “equipararlos [visita y cateo] es permitir que cualquier autoridad pueda entrar a nuestra casa, oficina y pueda llevarse lo que pueda, nosotros incluidos”.
Al respecto, los firmantes de la petición argumentaron que dicha acción se trata de “terrorismo fiscal”, “viola la privacidad de las personas”, “es una violación a los derechos humanos”.
EL ANTECEDENTE
En agosto de 2003, la SCJN determinó que las autoridades administrativas, es decir, la Secretaría de Hacienda, el SAT, entre otras, no tenían facultades par realizar cateos, luego de que la Secretaría de Hacienda en Nuevo León se le otorgó la facultad por parte de los legisladores de ejecutar cateos a los contribuyentes “dudosos”.
En aquel momento los ministros argumentaron que la decisión tomada por el gobierno de Nuevo León era inconstitucional ya que violaban el artículo 16 constitucional el cual expresa claramente que sólo las autoridades judiciales pueden ordenar cateos.
El artículo 16 (reformado en su integridad mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 18 de junio de 2008) establece que “nadie puede ser molesta do en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Asimismo se aclara que “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual estableciera los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden publico, seguridad y salud publicas o para proteger los derechos de terceros. ( extracto adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 1 de junio de 2009).
Clara Elena Valladares agregó que es importante que los contribuyentes conozcan sus derechos ya que existen mecanismos de defensa que pueden ocupar si agentes llegan a incautar bienes durante las visitas y comentó que “la realidad es que hay un desconocimiento de las leyes y por eso a veces la autoridad se excede”.
Dijo que se requiere mayor información para evitar que estas costas sucedan “hay instituciones de educación que tienen programas de apoyo y atención fiscal para generar más conocimientos de la ley y sus modificaciones”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: XANATH LASTIRI.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-10-2015/1511458
En su primer día como gobernador, Jaime Rodríguez Calderón pidió ayuda porque dice que no es Supermán ni Santa Clos. A los ciudadanos, clase política y empresarios les recordó que Nuevo León necesita de todos para salir del desorden y endeudamiento financiero.
El gobernador Jaime Rodríguez Calderón pidió a la comunidad en general que lo ayuden en la tarea de enfrentar el desorden y endeudamiento financiero por el que atraviesa Nuevo León.
Ante unas 12 mil personas en la Arena Monterrey, Rodríguez Calderón “El Bronco”, demandó a empresarios, ciudadanía, diputados locales y federales, senadores y alcaldes electos, trabajar juntos por el estado.
“Ayúdenme, échenme la mano, no voy a poder solo, no soy Supermán, ni soy Santa Clos. He platicado con los empresarios y ellos quieren seguir ayudando al gobierno pagando sus impuestos, siempre y cuando sus impuestos se orienten a dar un servicio a la comunidad.
“A los diputados locales, federales, a los senadores, no me dejen solo, se los pido... Nuevo León necesita de todos. Son ustedes de Nuevo León y les quiero pedir que me ayuden a traer recursos. Es tiempo de dejar atrás los conflictos.
Exhortó a dejar atrás el tono hostil entre partidos que se vivió durante la pasada campaña electoral.
“Y aunque habrá diferencias, deberán poner por encima su interés por Nuevo León. A quienes fuimos contrincantes hoy les pido su ayuda. A quienes me enfrenté les pido me disculpen y me perdonen”, solicitó el mandatario estatal.
En su mensaje pidió a los ciudadanos pagar impuestos, porque verán un gobierno eficiente a la hora de gastar esos recursos.
“La gente va a ver las diferencias entre el trato y maltrato, la gente va a ver la diferencia en administrar eficientemente los recursos que ponen en nuestra manos. Convoco a la ayuda de todo el estado, porque ocupo que todo mundo colabore.
“No solamente pagando sus impuestos, sino vigilar que sus impuestos sean bien administrados y bien gastados. Les pido a todos un aplauso para los diputados, senadores y funcionarios federales por fortalecerme y ayudarme por Nuevo León”, invitó “El Bronco”.
Ahí viene la purga
Adelantó que su administración tendrá que “apretarse el cinturón” para que los recursos alcancen, lo que se reflejará en el presupuesto para el próximo año que presentará al Congreso local.
“Tengo que hacer una purga… hay muchos huevones en el gobierno, hay mucho aviador en el gobierno y tenemos identificadas a esas personas, vamos a suprimir unas áreas de gobierno.
“Tenemos que trabajar para terminar el Metro, porque nos dejaron el Metro todo jodido. Necesitamos 3 mil millones de pesos para mantener la Línea 1 y 2 del Metro, y otros 3 mil para terminar lo que dejaron incompleto”, dijo Rodríguez Calderón.
Un grupo de asistentes interrumpió esta parte del mensaje de “El Bronco”, al pedir que el exgobernador Rodrigo Medina regrese lo que se llevó.
“Quítaselo a Medina…”, se escuchó entre los asistentes.
Rodríguez añadió que su gobierno será el primero en erradicar la pobreza de manera inmediata, por lo que quiere construir puentes con los pobres.
“No puede ser que tengamos a Noruega en San Pedro y a Sudáfrica en San Bernabé”, reprobó “El Bronco”.
En el evento estuvieron los gobernadores Egidio Torre Cantú, de Tamaulipas; Eruviel Ávila, del Estado de México; Manuel Velasco, de Chiapas; Francisco Domínguez, de Querétaro, y el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, entre otros invitados especiales.
Gabinete comienza a tomar forma
En rueda de prensa, el gobernador nombró a algunos de los elegidos para integrarse al Gabinete.
Destacó a Esthela Gutiérrez como secretaria de Educación; Enrique Torres en Agua y Drenaje, y Roberto Russildi como secretario de Desarrollo Urbano.
Dependencias en las que, dijo, durante los trabajos de transición salieron a relucir anomalías que serán atendidas por el nuevo gobierno independiente.
La madrugada del domingo el mandatario tomó protesta a Cuauhtémoc Antúnez como secretario de Seguridad Pública, y a Manuel González en la Secretaría de Gobierno.
Ambos lo acompañaron en el evento multitudinario en la Arena Monterrey, que lució casi llena.
Rodríguez, también nombró a Nora Elia Cantú como encargada de la Contraloría General del Estado; Roberto Russildi será secretario de Desarrollo Urbano, y Jorge Arrambide, director de Metrorrey, entre otros nombramientos que adelantó ayer. Se espera que en el transcurso de la semana complete la lista de funcionarios de primer nivel.
LOS QUE YA RINDIERON PROTESTA
> Manuel González
Secretario de Gobierno
> Cuauhtémoc Antúnez
Secretario de Seguridad Pública
LOS ANUNCIADOS
> Fernando Elizondo
Coordinador ejecutivo del Gabinete
> Esthela Gutiérrez
Secretaria de Educación
> Roberto Russildi
Secretario de Desarrollo Urbano
> Luz N. Berrún Castañón
Secretaria de Desarrollo Social
> Manuel de la O.
Secretario de Salud
> Humberto Torres
Secretario de Obras Públicas
> Nora Elia Cantú
Contralora general
> Jorge Arrambide
Director de Metrorrey
> Enrique Torres
Director de Agua y Drenaje
> Eduardo Santos
Director del DIF
> Ismael Rodríguez Campos
Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje
> Adalberto Núñez
Director de Fomerrey
> Fernando Turner
Secretario de Desarrollo Económico
> Miguel Treviño de Hoyos
Jefe de la oficina del gobernador
> Diana Adame
Dirección de Comunicación
LOS QUE FALTAN
> Procuraduría de Justicia
> Tesorería
> Turismo
> Simeprode
> Red Estatal de Autopistas
> Sistema de Caminos de Nuevo León
Cabalgan por Nuevo León independiente
Tras convertirse en el primer gobernador independiente de Nuevo León y México, “El Bronco” arrancó la mañana con una cabalgata acompañado de cientos de jinetes de varias entidades.
Montando a su caballo “Tornado”, Rodríguez Calderón estuvo acompañado de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas en Michoacán, y el sacerdote y activista Alejandro Solalinde.
“Le pedí que rezará por mí, para tener la luz de gobernar bien a Nuevo León”, dijo Rodríguez Calderón.
En su trayecto por el Parque Fundidora hacia la Arena Monterrey, cientos de personas estuvieron presentes para saludar y tomar fotos del contingente de jinetes.
En la mitad del recorrido, el gobernador se tomó una “selfie stick” con todos los cabalgantes.
“A dónde le pico a esta madre…”, bromeó el mandatario estatal.
Previamente, unos 450 jinetes salieron de la parte baja del Puente del Papa por el lecho del Río Santa Catarina para trasladarse hacia el Parque Fundidora, en donde “El Bronco” se unió al contingente.
El recorrido culminó frente a la Arena Monterrey, en donde se despidió de todos los cabalgantes.
Un grupo de motociclistas, que venía atrás del contingente de jinetes, se detuvo para saludar al gobernador, quien se subió a una de las motos para tomarse una foto portando un casco con cuernos.
El primer día de actividades del gobernador culminó con una verbena popular en el Parque Fundidora, con grupos musicales de varios géneros e inflables para los niños.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JESÚS PADILLA.
México, DF. Después de casi un año de permanecer en concurso mercantil, el juez federal Guillermo Campos declaró este lunes la quiebra de la Sociedad Financiera Popular (Ficrea), que fue intervenida por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, luego de que fuera detectado un fraude millonario perpetrado por Rafael Olvera, su ex accionistas mayoritario.
La sentencia del juez puede ser impugnada por los acreedores en un plazo de 15 días hábiles, a fin de que sea un tribunal unitario el que confirme, modifique o revoque el fallo.
Según el resolutivo del juez Campos, titular del juzgado decimocuarto de Distrito en Materia Civil, existen elementos suficientes de prueba para determinar que la Sofipo está en situación de insolvencia frente a sus depositantes y acreedores, y como se trata de una institución financiera debe pasar directamente a la etapa de quiebra.
El proceso de concurso mercantil implica que el juez, y no la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, será el supervisor de la liquidación de activos con los que se busca pagar a los alrededor de 4 mil ahorradores que tenían depósitos superiores a los 130 mil pesos que ya cubrió el seguro de las Sofipos, así como a otros acreedores.
En caso de que no sea impugnada la sentencia de quiebra, el siguiente paso jurídico sería que el juez determine la prelación y graduación de los créditos a cargo de Ficrea, y el Comité de Protección al Ahorro del Fondo de Protección de Sofipos tendrá que designar un síndico, que será el encargado de administrar la quiebra, siempre bajo vigilancia de Campos Osorio.
El concurso mercantil es una de las diferentes vías jurídicas que han tomado los más de 6 mil 800 ahorradores afectados por Ficrea y que llevan a cabo a través de unos 10 despachos de abogados.
El 1 de julio pasado el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito admitió la demanda de un grupo de 36 ahorradores para que la Sofipo entrara en concurso mercantil, tras ello, designó a un visitador que acudió a Ficrea para verificar que está dentro de los parámetros que dicta la Ley de Concursos.
José Franco, uno de los ahorradores afectados, dijo, que el proceso de recuperación y liquidación de bienes para pagar a los miles de acreedores después de la declaratoria de quiebra de Ficrea podría durar años por la complejidad para la recuperación de inmuebles que existen en el exterior.
Por su parte, el abogado Fernando González Santillán , representante de algunos ahorradores afectados señaló que de manera alterna ya preparan una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) , por las diversas violaciones que cometieron las autoridades en contra de los defraudados.
A su vez, Gricelda Nieblas Aldana. directora general del Instituto Federal de Especialista de Concursos Mercantiles (IFECOM), dijo: “Esta sentencia establece que existen las condiciones para que Ficrea entre en concurso mercantil en etapa de quiebra. El viernes se dictó la sentencia y hoy se listó por parte del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal”.
“Se dieron las condiciones que marca para eso el artículo décimo de la Ley de Concursos Mercantiles; es decir, que hace menos de 30 días se venció más del 30 por ciento del pasivo”, agregó.
Después de esta sentencia, se fijarán las condiciones para determinar quiénes son los acreedores, cuánto se les debe y en qué orden cobrarán, y también se determinarán cuántos activos tiene la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) y se hará una propuesta de pago a los acreedores. “Declaración de concurso mercantil: notifíquese personalmente esta sentencia a los acreedores demandantes, interventor, comerciante, visitador, por oficio al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a las autoridades fiscales competentes”, se expone en la sentencia.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Alfredo Méndez/Israel Rodríguez.
MÉXICO, D.F: Un baño de mármol para uso exclusivo del presidente, secretarios de Estado, diplomáticos y el gobernador de Oaxaca, fue construido por órdenes del actual mandatario estatal Gabino Cué Monteagudo en el Auditorio de la Gelaguetza con un costo de 1.5 millones de pesos que significa un sobreprecio de 437%, reveló hoy el diario Reforma.
El diario conoció del costo de la obra a través de una solicitud de información atendida por el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico de Oaxaca, a cargo del proyecto, y estimó el sobreprecio con base en una cotización independiente entre constructores locales y tiendas de Oaxaca.
Según la cotización independiente, el costo real de la edificación y equipamiento es de 290 mil 138 pesos.
La obra, que incluye cimentación, albañilería, acarreo de material, instalación de accesorios y acabados fue valuada en alrededor de 172 mil pesos. Y el equipamiento: mobiliario del sanitario y los acabados de mármol, inodoros eléctricos, dosificador jabón y secador con sensor, no superan los 120 mil pesos.
El baño, que fue denominado “Gobernador”, forma parte de las obras de remodelación del Auditorio Guelaguetza, en el Cerro del Fortín. Antes no existía y los funcionarios debían usar los sanitarios generales, aunque su presencia en dicho auditorio es escasa pues, a lo mucho acuden dos días al año.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
WASHINGTON: Luego de cinco años de negociaciones, Estados Unidos y 11 naciones más de América, Asía y Oceanía, que en conjunto representan el 40% del Producto Interno Bruto mundial, concretaron hoy el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés).
El acuerdo comercial concretado esta mañana en Atlanta, Georgia, establecerá el área de intercambio comercial más grande del mundo y es el segundo acuerdo de libre comercio al que se integra Estados Unidos desde que se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Telecan).
Bajo las reglas del nuevo compromiso, las naciones que lo integran se comprometen a bajar aún más sus aranceles, unir las reglas de especificación técnica de los productos para facilitar las exportaciones e importaciones, y mejorar las regulaciones para combatir el proteccionismo.
Tras congratularse por concretar el acuerdo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, destacó que el TPP creara más empleos en su país.
“Podremos exportar más productos hechos en Estados Unidos a todo el mundo, lo cual empujará la creación de más empleos y mejor pagados (…).
“Cuando más del 95% de nuestros clientes potenciales se encuentran fuera de nuestras fronteras, no podemos dejar que países como China escriban las reglas de la economía global”, dijo Obama a través de una declaración por escrito que divulgó la Casa Blanca.
Estados Unidos, abundó, debe “escribir la reglas de la economía mundial, abrir nuevos mercados a nuestros productos al mismo tiempo que definimos estándares más altos para proteger a los trabajadores y al medio ambiente”.
El mandatario estadunidense aseguró que durante toda su presidencia ha luchado por mejorar la situación económica de su país, por la creación de empleos y fortalecer la competencia económica global bajo reglas justas como las que definirán al TPP.
El compromiso comercial que asocia a las economías de Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, fue considerado por Obama como “un resultado bipartidario” gracias al respaldo que ofreció el Congreso federal de su país para sacarlo adelante.
Al presidente Obama le corresponde ahora cabildear en el Congreso para que los legisladores ratifiquen el TPP, el cual se negoció durante cinco años.
En el Capitolio de Washington existe una oposición férrea al TPP por parte de legisladores demócratas y republicanos, que podrían hacer difícil la tarea de ratificación a la Casa Blanca.
La oposición al TPP en el Capitolio sostiene que acuerdos comerciales como el TLCAN, sólo provocan pérdida de empleos en Estados Unidos. Con ellos coinciden los sindicatos laborales estadunidenses quienes encabezan el cabildeo para derrocar al compromiso logrado en Atlanta.
El presidente aclaró que “tienen varios meses” para leer los detalles del TPP, por lo que indicó que “no los firmará” para su entrada en vigor hasta que el Congreso y el poder ejecutivo tengan la seguridad de que beneficia a Estados Unidos y a sus trabajadores.
“Estoy listo para trabajar con los legisladores de los dos partidos mientras analizan este acuerdo”, concluyó el presidente Obama.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
México, DF. En septiembre pasado los recursos para las pensiones de los trabajadores mexicanos ligaron su tercer mes consecutivo de minusvalía, con una baja de 5 mil 349 millones de pesos en sólo un mes, para un acumulado de 37 mil 788 millones menos entre julio y septiembre.
De acuerdo con la más reciente acutalización de cifras del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), la Comisión Nacional del SAR (Consar) dio a conocer que en septiembre pasado el saldo acumulado de los recursos depositados en las pensiones fue de 2 billones 481 mil 246 millones de pesos, lo que representa 5 mil 349 millones de pesos menos que en agosto.
Entre julio y septiembre se registró el periodo de mayor volatilidad del año debido a la incertidumbre en los mercados financieros por la determinación de la política monetaria de Estados Unidos que preveía un alza en las tasas de interés.
El reporte de la Consar indica que el saldo de 2 billones 481 mil 246 millones de pesos depositados en los fondos de pensiones “ya descuenta los flujos de retiros correspondientes al mismo mes que ascendieron a 4 mil 773.26 millones de pesos”. En esta cifra el organismo incluye particularmente retiros por desempleo, aunque la cifra también se utilizar para cuantificar las jubilaciones y otros apoyos a los trabajadores.
Los retiros realizados por los trabajadores registraron un incremento de 98.33 millones de pesos respecto de la cifra registrada en julio pasado.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR CARDOSO.
Silvano Aureoles Conejo toma oficialmente la gubernatura de Michoacán, relevando a un fallido gobierno priista.
Tras el fallido periodo de gobierno de los priistas Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reyna García y Salvador Jara Guerrero, ahora con la premisa de ofrecer “un nuevo comienzo” para los michoacanos, el gobernador Silvano Aureoles Conejo asumió la titularidad del Poder Ejecutivo del gobierno estatal de Michoacán.
El que este primero de octubre se convirtió en el gobernador número 62 del estado, asume el mando de la entidad más conflictiva del país, en donde el principal problema es la presencia del crimen organizado y la movilización de los grupos de autodefensa, que se niegan a dejar las armas en tanto el estado no garantice la extinción de los cárteles de las drogas.
De acuerdo con las estimaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), se sabe que más de cinco mil hombres, principalmente jóvenes y hasta niños, son los que integran el movimiento de autodefensas en la zona sur del estado de Michoacán, los que se concentran mayormente en las regiones de Tierra Caliente y la Costa Sierra Nahua.
La misma PGR ha reconocido que en Michoacán no están desarticulados los cárteles de La Familia Michoacana ni los Caballeros Templarios. “La Familia ha resurgido con mayor fuerza –dice un informe oficial fechado apenas en septiembre pasado-, y trata de asentarse entre los grupos de autodefensas independientes”.
Algunos grupos de autodefensas, los de la zona occidente, principalmente, han secundado públicamente lo que ya es revisado por la PGR, al reconocer que las células de los carteles de las drogas están tratando de infiltrar a los grupos de civiles armados, a los que intentan convertir en apéndices de choque a su servicio.
Gabinete
Parte del gabinete del nuevo gobierno de Michoacán:
>Adrián Solís, secretario de Gobierno
>José Antonio Bernal Bustamante, secretario de Seguridad Pública
>José Martín Godoy, procurador de Justicia
>Carlos Maldonado, secretario de Finanzas y Administración
>Silvia Estrada, secretaria de la Contraloría
>Silvia Figueroa Zamudio, secretaria de Educación
>Miriam Tinoco Soto, secretaria de Política Social
>Carlos Aranza, secretario de Salud en Michoacán.
>Julieta López Bautista, coordinadora de Comunicación Social.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: La “cultura del miedo” impuesta hace más de 30 años en México y alimentada por el incremento cuantitativo y cualitativo de la criminalidad, ha derivado en el aumento de la “privatización de la seguridad pública”, alerta un estudio realizado por especialistas del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Claudia Zamorano Villarreal, coordinadora del estudio “Privatización de la seguridad pública en metrópolis mexicanas. Retos institucionales, socio-culturales y territoriales”, resaltó que a pesar del incremento de la inversión pública en la seguridad, en los últimos 15 años la “cultura del miedo generada por una red no fabricada, de diferentes grupos sociales que también inflan el miedo, ha derivado en la consolidación de un buen negocio que es la seguridad privada y la coproducción de la misma”.
En conferencia, la investigadora informó que de 1989 a 2014, el número de empresas privadas dedicadas a la seguridad privada pasó de 210 a 3 mil 834. Además, ese negocio emplea a 450 mil personas, en tanto que hay un promedio de 600 mil “guardias de seguridad que operan en la ilegalidad”.
Al señalar que en casos extremos la cultura del miedo y la inseguridad real han llevado al linchamiento de presuntos delincuentes en colonias populares, Zamorano Villarreal consideró que con el incremento de la “securización, es decir una especie de inflación de medidas de seguridad de los ciudadanos”, se corre el riesgo de que se erosione el concepto de que “el monopolio de la violencia lo tiene el Estado”.
Y mientras los ciudadanos buscan aumentar sus medidas de seguridad, paradójicamente la inversión pública se ha incrementado en los últimos 15 años, aseguró la especialista.
“Durante el periodo de Vicente Fox el presupuesto asignado a la Seguridad y la Defensa apenas ascendió un 9%, durante el sexenio de Felipe Calderón el presupuesto del sector creció 62% y el de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aumentó 142%”, agregó.
Parte del incremento presupuestal, añadió, se reflejó en el aumento del personal policiaco, al pasar de 12 mil 907 efectivos en 2006 a 36 mil 940 en 2012; en tanto que al cierre de 2014, con la suma de policías estatales y municipales hay 367 mil efectivos policiacos en las calles.
En cuanto a los últimos tres años de Enrique Peña Nieto, Claudia Zamorano advirtió que persiste un problema metodológico para hacer los cálculos por la absorción de la SSP por la Secretaría de Gobernación.
Pese a esa dificultad, detectó que en 2015 “entre la policía Federal, la Gendarmería de la República y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se absorbieron cerca de 2 mil 540 millones de dólares, lo que representa un 22% del presupuesto asignado a todo el sector de Seguridad y Defensa”.
Persiste corrupción
Claudia Zamorano, autora del estudio del CIESAS, admitió la persistencia de “actos de corrupción, tanto de reguladores como regulados, lo que se refleja en un amplio número de agencias de seguridad que funcionan sin permiso y pone en riesgo, incluso, a quienes contratan estos servicios porque no saben en quién están poniendo su seguridad”.
Reconoció que, si bien el incremento de la criminalidad alimenta el miedo ciudadano, se han generado “burbujas de seguridad privada”, es decir, “colonias altamente resguardadas, que ciertamente disminuyen la incidencia delictiva pero que también pueden alojar a sujetos del crimen organizado, como sucedió en mayo de 2010, cuando en el Condado de Sayavedra, Estado de México, se encontró una de las casas de seguridad vinculada con el narcotraficante Edgar Váldez Villarreal, La Barbie”, extraditado este miércoles a Estados Unidos.
Durante la investigación de campo, realizada en el Valle de México, hallaron la existencia de la “coproducción de la seguridad pública” en la zona Esmeralda de Atizapan.
Ahí, colonos “pagan un sobresueldo de 260 mil pesos mensuales a la Policía Municipal para que les ayude a resguardar la zona, esto hace que la seguridad pública devenga en privada porque está sirviendo no a un bien común sino a un grupo determinado de población, de manera que crecen las diferencias entre los ricos y los pobres”.
Doctora en Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, la investigadora resaltó que el “costo del miedo” se refleja claramente en las últimas cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE), dadas a conocer este miércoles por el Inegi.
Según esa información, de los 226.7 mil millones de pesos que significaron para los ciudadanos el costo del delito en el país en 2014, se destinó 28.1% a la adquisición de medidas preventivas de seguridad, es decir, 63.6 mil millones de pesos invertidos en cerraduras o candados, rejas o bardas, cambios de puertas o ventanas, realización de acciones conjuntas con vecinos o la compra de un perro guardián.
De esos 226.7 millones de pesos, 68.3% corresponde a pérdidas económicas generadas por los efectos de la delincuencia. En tanto, 3.6 significan gastos generados por los daños a la salud provocados por el delito, según el Inegi.
Por último, la investigadora del CIESAS añadió que durante el trabajo de campo se ha podido observar que las medidas de seguridad tomadas por colonos del Distrito Federal y municipios conurbados, ha derivado en una “fragmentación social y urbana”, que si bien podría garantizar la seguridad dentro de sus espacios, “cuando salen de él, se ponen en más riesgo”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
