domingo, 18 de octubre de 2015

México: 548 recomendaciones por violaciones a DDHH en 9 años, la mayoría por tortura

De 2006 a la fecha el Gobierno de México ha recibido 548 recomendaciones de parte de organismos nacionales e internacionales en materia de violaciones graves a los derechos humanos, la mayoría por tortura y tratos crueles, de acuerdo con un recuente hecho por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) llamado “Derechos Humanos: el riesgo de normalizar la excepción”.

No obstante, el cumplimiento de un número considerable de estas recomendaciones continúa pendiente. Por ejemplo, de las 12 recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre 2000 y 2013, el 50 por ciento aún no han sido atendidas. “Más allá de los pendientes, lo preocupante es que a pesar de las acciones formales que ha tomado el Estado mexicano –ratificación de tratados, aceptación de la competencia de organismos como la Corte Interamericana y reformas legales– los efectos no han sido los esperados. Por ello, es momento de replantear los mecanismos de solución”, establece el documento.


Advierte también que el discurso sobre la necesidad de aplicar “mano dura” se está generalizando entre la población.
“La ruta crítica está trazada por las recomendaciones de los organismos internacionales: la respuesta hacia la crisis de seguridad debe ir necesariamente acompañada de un fortalecimiento al respeto a los derechos humanos. No obstante, la ausencia de un planteamiento integral que incluya un fuerte componente de derechos en la agenda de seguridad pública y el enfoque reactivo del gobierno mexicano, refuerzan la posibilidad de que el imaginario colectivo se apropie de soluciones de ‘mano dura’. Es decir, acciones que bajo la promesa de reducir la delincuencia comprometan el respeto a los derechos humanos de los delincuentes”, alerta.

Las violaciones a los derechos humanos ha sido un tema recurrente en los últimos días luego de que el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió su informe sobre la situación de derechos humanos en México así como una serie de recomendaciones.
“El mensaje central del reporte es claro: México se encuentra inmerso en una crisis en materia de derechos humanos. El informe del Comisionado es congruente con una serie de reportes previos provenientes de diversas fuentes: el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura y otros tratos crueles, el reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos, el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI). Todos coinciden en el diagnóstico del problema: el Estado mexicano ha sido incapaz de garantizar la protección de derechos humanos en el contexto de violencia en el país. Además, en ocasiones, la violación ha provenido de las mismas autoridades federales, estatales y municipales”, señala el CIDAC.

De acuerdo con el informe emitido por el Alto Comisionado, México acumula desde que inició la guerra contra el narco, 151 mil muertos y 26 mil desaparecidos, agravado por una impunidad del 98 por ciento.

El representante de la ONU acentuó la resistencia del Gobierno mexicano ante las opiniones de organismos no gubernamentales y las caracterizó como “intolerantes ante la crítica pública”.

“La administración de Enrique Peña Nieto ha insistido en negar los diagnósticos de los distintos organismos en materia de derechos humanos, como si ello fuera suficiente para evadir la realidad”, destaca por su parte el análisis del think tank mexicano.


LAS RECOMENDACIONES

De acuerdo con el recuento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es el organismo que ha hecho el mayor número de recomendaciones al Gobierno de México con 335, seguida por la CIDH con 142, la mayoría se refieren a casos de tortura, desaparición forzada y “tratos crueles”.

“Las violaciones a derechos humanos han sido una de las principales consecuencias de la actual crisis de inseguridad. Además, es cada vez más notorio como la violación de estos derechos es una práctica que no ha sido atendida por las distintas instituciones gubernamentales. Desgraciadamente, el andamiaje legal e institucional de protección a los derechos humanos no ha impedido su vulnerabilidad. Además, ante el fracaso de la estrategia de seguridad, la sociedad se encuentra cada vez más desesperada por encontrar respuestas donde las alternativas de mano dura han ganado una considerable popularidad”, advierte el documento elaborado por los investigadores Mireya Moreno, Carlos de la Rosa, Ximena López, Rafael Vega y Santiago Martínez y coordinado por Mariana Meza.

La tentación de la mano dura, advierte el documento, se ha impuesto ante la falta de alternativas a los crecientes niveles de inseguridad y la poca solución por parte del sistema de justicia a la mayoría de las denuncias.

“Este tipo de soluciones tienen altas posibilidades de resultar atractivas para la ciudadanía. No es casualidad que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) haya impulsado propuestas que prometían la ‘pena de muerte o cadena perpetua a secuestradores’”, considera.


Una encuesta de Latin American Public Opinion Project (LAPOP), citada en el documento, muestra cómo el discurso de la mano dura se ha hecho más popular entre los mexicanos: comparando los datos de 2008 y 2014 se observa que el 26 y 29 por ciento de la sociedad, respectivamente, considera que en el país hace falta un gobierno de mano dura para resolver los principales problemas. En 2006, el 13.5 por ciento de la población consideró que en algunas circunstancias, un gobierno autoritario es una buena alternativa, para 2014 la cifra había crecido a 18.4 por ciento.
“Es decir, debido a la incapacidad del Estado para contener la inseguridad se ha propiciado que la sociedad se orille a respuestas menos democráticas que vulneran el respeto a los derechos humanos, las cuales lejos de resolver el problema sólo encaminarían al país a un escenario autoritario”, alerta y cita como un ejemplo el caso del Ejército en las calles.

“Mientras el Alto Comisionado recomienda al Gobierno mexicano plantearse una ruta de transición que posibilite el regreso de las fuerzas armadas a los cuarteles, el General Cienfuegos –titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)–, entre otros, ha señalado el vacío legal en el cual operan las fuerzas armadas, y ha señalado la necesidad de elaborar leyes que regulen la actuación del Ejército en las calles. Es decir, normalizar una situación de excepción. La tentación está en que el Ejecutivo elija la opción de aprobar legislación que detalle de forma explícita el comportamiento del Ejército que favorecerá a perpetuar la excepción”.

Acusa que de los 4 mil arraigos ejecutados durante el gobierno del panista, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), únicamente en el 3 por ciento de los casos (120) se ejerció acción penal, lo cual muestra la poca efectividad de una medida que viola los derechos humanos y no contribuye a disminuir el nivel de inseguridad.


“La CNDH cuenta con 807 expedientes de queja de personas sometidas a arraigo de 2007 a 2014 y de éstas el 54 por ciento se deben a tratos crueles”, resalta.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-10-2015/1518861

“El Chapo” y “casa blanca” trajeron desánimo, irritación y enojo, acepta Luis Videgaray

En México existe desánimo, frustración y enojo por los casos como la fuga de “El Chapo” y el la “casa blanca” de la Primera Dama –que costó más de 7 millones de dólares- reconoció el Secretario de Hacienda, Luis Videgarya Caso.

Sin embargo, cuestionado sobre su vivienda en Malinalco, Estado de México, comprada a Grupo Higa, uno de los principales contratistas del gobierno, sólo respondió: “La casa es mía y de mi familia, y seguirá siendo mía”.

Desde noviembre del año pasado, trabajos periodísticos sacaron a la luz cómo el Presidente Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera Hurtado y el mismo Videgaray Caso habían comprado casas a contratistas del Estado de México y del Gobierno Federal.

En el caso de la casa del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el diario estadounidense The Wall Street Journal reveló que la casa que Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, vendió al Secretario de Hacienda por 7.5 millones de pesos, fue adquirida por la firma de bienes raíces al mismo precio, 10 meses antes, según el Registro Público de la Propiedad del Estado de México.

El WSJ publicó que el índice de precios al consumidor aumentó 3.5 por ciento en el periodo entre las dos ventas. Asimismo, recuerda que entre el último trimestre de 2011 y el último trimestre de 2012, los precios de los bienes raíces en el Estado de México también subieron un 3.5 por ciento en promedio.

Tanto Videgaray como Rivera Hurtado y el Presidente Enrique Peña Nieto fueron exonerados por la Secretaría de la Función Pública de cualquier conflicto de interés que la compra de estas casas pudiera representar.

Videgaray fue cuestionado por el diario español El País sobre si este escándalo de conflicto de interés afectaría su futuro político, a lo que respondió: “Ha sido un episodio complejo en lo personal, que ha afectado sobre todo a mi familia. Sobre el futuro político, eso lo dejo a los analistas y comentaristas”.

Videgaray fue cuestionado por la Reforma Hacendaria, la impunidad en el país, en desempleo y la pobreza.

En el tema de la impunidad en el país, principalmente por parte de funcionarios públicos, Videgaray Caso aseguró México ha avanzado de manera notable en los últimos 30 años. Ahora tenemos un mejor Poder Judicial, institutos electorales fiables, leyes de transparencia y acceso a la información, y se han aprobado medidas anticorrupción que van a tener efectos muy importantes en las próximas décadas. “Ese proceso mejora las perspectivas económicas y a la inversa. Más allá de las coyunturas, México va en la dirección correcta”.

MÉXICO Y LA POBREZA

Sobre el tema de la creciente pobreza en el país, en la que viven 55 millones de mexicanos, el funcionario justificó que la medición se hizo en agosto, cuando la inflación tocó su máximo en el país y justificó: “Esa medición se hizo en agosto del año pasado en la cresta del aumento inflacionario por la Reforma Tributaria. Si volviéramos a medir ahora, con la caída de la inflación, tendríamos una cifra diferente. De todos modos, dentro de esa encuesta, hay datos alentadores: la pobreza extrema ha disminuido y ha mejorado el acceso a la seguridad social”.

También justificó la Reforma Hacendaria, que ha sido cuestionada por ciudadanos y empresarios al imponer nuevos impuestos, “la reforma buscaba una mayor progresividad y aumentó la carga tributaria de algunas personas físicas. Por ejemplo, estableció un tope a las deducciones personales en el impuesto sobre la renta, pero es que el 90 por ciento de esas deducciones lo efectuaba el 10 por ciento de la población con mayores ingresos. El escenario contrario suponía gravar a los que menos tienen, y eso hubiera sido regresivo”.

Sobre el cuestionado Acuerdo de Asociación del Pacífico (TPP), cuestionado por distintas organizaciones civiles por la manera en que afectará a ciudadanos de países como México, el funcionario federal afirmó que se trata de una oportunidad doble porque “nos permite entrar en economías con las que no teníamos las puertas abiertas. Y además actualiza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Brasileños y guatemaltecos castigan a la corrupción… En México, impunidad garantizada

MÉXICO, D.F: En Guatemala, un conjunto de factores desembocó en la destitución y encarcelamiento del presidente de la República tras descubrir su involucramiento en una red de defraudación aduanera. En Brasil, la lucha contra la corrupción ya condujo a decenas de altos funcionarios detrás de las rejas; sin embargo, en México los recientes escándalos que involucraron posibles conflictos de intereses o desvío de dinero público no trascendieron en sanciones administrativas o penales.

Este fue el diagnóstico de una mesa de discusión que organizó la fundación Heinrich Böll y que contó con la presencia del fiscal brasileño Carlos Bruno Ferreira da Silva, así como Enrique Naveda, el periodista español que fundó el medio electrónico Plaza Pública en Guatemala y el abogado Óscar Arredondo, integrante de la organización Fundar.

Arredondo explicó que el “evidente conflicto de intereses” que rodeó el tema de la “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto evidenció el marco jurídico “débil y discrecional” que impera en México para investigar los casos de corrupción.

También lamentó el alto grado de impunidad del Ejército mexicano, que quedó exhibido en la negación categórica del secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, de permitir a los peritos interrogar a los militares del 27 batallón de Iguala.

Subrayó que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo diseño se encuentra en discusión, plantea una oportunidad para combatir la corrupción desde la institucionalidad, con una fiscalía autónoma y una mejor rendición de cuentas.

“La institución es una solución, pero sin gente de mucho valor no se puede hacer nada”, expuso Ferreira, actual secretario de cooperación internacional de la Procuraduría General de la República de Brasil. Abundó: “En Brasil la fiscalía necesitó muchos años para madurar, conquistamos nuestra autonomía cada día, hemos aprendido a armar los casos de mejor manera, con menos presunciones y más pruebas materiales”.

Recordó que a partir de 2005 y el desmantelamiento del “Mensalao” –una red de diputados que vendían sus votos al Partido de los Trabajadores–, dio un empuje a la fiscalía, ya que los brasileños se percataron “que era posible encarcelar a políticos del mayor grado”, a pesar de la corrupción en el sistema judicial.

El fiscal brasileño explicó que, a diferencia de México –donde la PGR forma parte del ejecutivo federal y por lo tanto está subordinada al presidente de la República–, en Brasil la fiscalía posee un estatuto y dispone de un presupuesto propio, negociado de manera directa con el parlamento.

La designación del nuevo titular de la fiscalía garantiza la relativa independencia de la institución: El fiscal saliente propone al presidente una lista de tres candidatos; éste elige a uno y el Senado ratifica su designación.

En Brasil, subrayó el fiscal, los funcionarios están protegidos ante los cambios de administración, ya que los cargos se obtienen mediante concursos, por lo que “un fiscal no está preocupado por su futuro económico o político”.

Un método que resultó eficaz en el combate contra la corrupción, señaló el brasileño, fue el endurecimiento drástico de las penas contra los operadores de las redes de corrupción con la posibilidad de alivianar sus sentencias a cambio de su colaboración.

“Hemos recibido 250 denuncias que imputan crímenes a más de 170 políticos”, subrayó Ferreira, al resaltar que otro paso importante en el país sudamericano fue la posibilidad de investigar a las empresas, sin las cuales “no hay corrupción”.

Guatemala: “Alineación de astros”

Naveda explicó que, contrario a la interpretación de los observadores extranjeros, la caída del expresidente Otto Pérez Molina no respondió solamente a la revelación de su participación en “La Línea” –una red de defraudación aduanera—por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sino a una compleja “alineación de astros”.

Sin quitar mérito al movimiento espontáneo y ciudadano, que presionó hasta la renuncia de Pérez Molina, el periodista analizó que la llamada “primavera guatemalteca” se acabó con las elecciones fraudulentas –los fondos de campaña resultaron ilegales– del pasado 6 de septiembre, apenas tres días después de la caída de Pérez Molina.

En entrevista con Apro, Naveda recordó que los dos candidatos que consiguieron su pase a la segunda ronda electoral no representan ninguna perspectiva de renuevo, sino que sus proyectos ofrecen “volver a los últimos 10 años o volver a los últimos 25 años”.

El comediante “nacionalista católico” Jimmy Morales triunfó con su partido Frente de Convergencia Nacional (FCN), fundado por “el grupo de militares más salvajes, que perpetraron las masacres más sangrientas de la guerra”.

Su rival, Sandra Torres, encabezó el partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE), mismo que llevó a su exesposo Álvaro Colom Caballeros a la presidencia en 2007 –se divorció de él para presentarse como presidenta–.

Las elecciones provocaron “una rotación de las élites sin resolver el problema sistémico de la corrupción”, aseveró el periodista, al analizar que “muchos de los guatemaltecos que protestaron para exigir la renuncia de Pérez Molina se aliviaron con ella; muchos no pedían la caída del sistema pero personificaron los vicios del sistema en tres o cuatro individuos”.

Y lamentó: “La caída de Pérez Molina fue importante pero fue un trofeo menor: no implicó ningún cambio a las reglas. Hubo una posibilidad de cambio, pero de la primavera, Guatemala pasó al invierno sin pasar por el otoño”.

El pequeño país centroamericano concentró la atención internacional el pasado 16 de abril, cuando el Ministerio Público guatemalteco, junto con la CICIG, reveló la existencia de “La Línea”, con base a una larga investigación cuyos hallazgos se fundamentaron en hechos y no en simples declaraciones.

La sociedad ya mostraba señales de hartazgo ante la descarada corrupción, que los medios de comunicación exhibían con frecuencia y que la clase media difundía en las redes sociales. “Los ‘memes’ sirvieron como canalizadores de indignación”, subrayó Naveda.

A partir de abril, los mensajes de denuncia de los personajes políticos que aparecían señalados como miembros de La Línea –entre ellos la vice presidenta Roxana Baldetti—se multiplicaron en las redes sociales, entre otros en una página de Facebook llamada “RenunciaYa”, cuya fundadora convocaba a una protesta cada sábado.

En ése entonces se acercaba la fecha de las elecciones. Las intenciones de voto auguraban el triunfo absoluto del partido de oposición, Líder. Sin embargo, el escándalo de “La Línea” provocó un efecto dominó sobre Líder: La ciudadanía repudió de igual manera a los dos partidos principales, ante las evidencias de que eran socios, más que competencia.

Naveda recordó que mientras las paredes del país se cubrieron de pintas y pancartas que señalaban “Líder = PP”, las intenciones de voto para Líder declinaron de manera dramática. En un intento de distanciarse de la imagen del presidente, los diputados de Líder levantaron la inmunidad jurídica a Pérez Molina, lo que permitió al Ministerio Público detener y encarcelar al mandatario.

Pero además de la indignación y de la presión de la oposición, el periodista reveló que la diplomacia estadunidense empujó el presidente hacia la salida, para evitar que la situación de malestar desbordara en un golpe de Estado –como ocurrió en Honduras en 2009–.

Al mismo tiempo, afirmó el español, las distintas facciones del sector privado y del ejército, así como los demás grupos de poder consiguieron nuevas alianzas con las élites que surgieron de la derrota de los principales partidos.


“En Guatemala, los poderes fácticos están muy fragmentados, el ejército y los diversos sectores privados no están unidos y uno solo no puede imponer su visión ni su hegemonía”, explicó Naveda y, soltando una pequeña carcajada, añadió: “No existe un PRI allá”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Renuncia especialista al Consejo Consultivo del IFT por espaldarazo a Televisa

MÉXICO, D.F: El profesor Carlos Urzúa Macías, integrante del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), renunció a esta instancia en desacuerdo por la resolución del organismo que exoneró a Grupo Televisa de tener poder sustancial de mercado en el servicio de televisión de paga, dada a conocer el viernes 2.

En una breve carta, enviada el lunes 12 a Gabriel Contreras, comisionado presidente del IFT, Urzúa Macías afirma que “tras leer la resolución, por fortuna no unánime, del pleno del IFT respecto de la determinación de la existencia de un agente económico con poder sustancial en el mercado de la televisión de paga, me he dado cuenta de que lo que yo entiendo por competencia económica es al parecer radicalmente diferente de lo que algunos miembros del pleno entienden por ello”.

Economista especializado en organización industrial y profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, Urzúa es el primero de los 15 integrantes de este Consejo Consultivo que decide “renunciar de manera irrevocable a mi puesto honorífico” como integrante de este organismo.

El Consejo Consultivo comenzó a operar desde marzo pasado, integrado por 15 especialistas, sobre todo abogados e ingenieros, expertos en telecomunicaciones, derecho a la información y competencia económica.

Los consejeros no reciben percepción económica y su función principal ha sido trabajar en los asuntos en los que el IFT ha realizado consultas públicas. Sus recomendaciones no son vinculantes, pero constituyen un aval moral.

La polémica decisión de cicno votos contra dos que exoneró a Grupo Televisa de tener poder sustancial del mercado, también generó un fuerte descontento interno en las dos unidades de investigación que realizaron estudios previos y determinaron que la compañía de Emilio Azcárraga Jean tiene más de 62% de los suscriptores a través de los sistemas de televisión por cable y satelital y es dominante en más de 2 mil municipios del país.

Los otros integrantes del Consejo Consultivo son Clara Luz Alvarez, Irma Avila, Carlos Bello Hernández, Aleida Calleja, Ernesto Flores, Gerardo González Abarca, Santiago Gutiérrez Fernández, Erik Huerta Velázquez, Salma Jalife, Irene Levy, Elisa Mariscal, Luis Miguel Martínez Cervantes, Carlos Merchán, Carlos Ponce Beltrán y Juan José Crispín, secretario.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Marinos y no la PGR, los que hallaron bolsa con cenizas de presuntos normalistas, revela titular de la Semar

MÉXICO, D.F: Quienes descubrieron la bolsa con cenizas y restos óseos, que la PGR aseguró correspondían a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, fueron elementos de la Marina y no autoridades civiles, reveló el titular de la Armada, Vidal Francisco Soberón Sanz, a los diputados de la comisión especial del caso Iguala.

Durante una hora y media, cinco de los ocho miembros de la instancia legislativa se entrevistaron con el almirante, quien también aclaró que los marinos iniciaron su participación el 28 de septiembre de 2014 a petición del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Además explicó a los diputados que la PGR les solicitó algunos buzos para explorar el río San Juan de Cocula, siendo ellos quienes hallaron la bolsa con presuntos restos humanos, y que luego Jesús Murillo Karam, entonces procurador general, aseguró que eran de los estudiantes desaparecidos.

Incluso detalló que entregaron la bolsa a elementos de Infantería de la Sedena y fueron ellos quienes la resguardaron hasta que llegó la PGR.

No sólo eso, además Soberón Sanz comentó a los legisladores que nunca se les notificó que deberían haber estado presentes en las diligencias los expertos del equipo forense argentino.

Como se recordará, el equipo forense emitió un comunicado en donde estableció que no podía certificar que tales restos eran humanos o pertenecían a los 43 normalistas desaparecidos, debido a que sus expertos no se encontraron en el lugar en el momento del hallazgo; además de que al llegar al sitio, la bolsa ya estaba abierta y los restos fuera de ella.

Al encuentro con el titular de Marina sólo acudieron la presidenta de la comisión, la panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez; el diputado del PRI, Víctor Manuel Silva Tejeda; María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza; Aracely Damián, de Morena, y Víctor Sánchez, de MC.

Además del almirante secretario estuvieron el jefe del Estado Mayor, Luis Gerardo Alcalá Ferráez, y el jefe de la Unidad Jurídica, Alejandro Miguel Vázquez, entre otros.


El próximo lunes 19 la comisión especial se reunirá con Sergio Jaime Rochín del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

sábado, 17 de octubre de 2015

El robo por hambre en México encierra a 7 mil personas, la mayoría mujeres, en la cárcel

Ciudad de México, 14 de octubre: En México hay aproximadamente 7 mil personas que están recluidas en las cárceles y purgan una condena de hasta 10 años por robar una charola de carne, una mantequilla, unas alitas de pollo, un yogurt, leche o pan, porque no tenían dinero y necesitaban comer, de acuerdo con cifras de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Este tipo de delito se le conoce como Robo Famélico y por lo general lo cometen las personas de escasos recursos quienes no tienen para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia y que en México, de acuerdo con las últimas cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), suman 55.3 millones, un aumento de casi 2 millones de personas respecto al 2012.

“En el Código Penal no se habla de robo famélico, lo ubican sólo como robo, las personas que hurtan comida no tienen ni siquiera para pagar una fianza y como no tienen una defensa adecuada las encierran y pasan hasta 10 años en la cárcel por este delito”, explicó a SinEmbargo la licenciada Olivia Garza de los Santos, directora de Modernizando el Sistema Penitenciario A.C.

El Código Penal Federal contempla en su artículo 367 que “comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley”.

“El robo famélico encaja totalmente en lo que dice el Código Penal Federal en el artículo 367, aunque si se comprueba que se apropió de algún producto para satisfacer sus necesidades entonces no se le aplica pena; pero si a la persona se le atribuye otras circunstancias, como el hecho de que cometa el delito con más gente o que vaya armada, eso constituye un agravante”, expuso el profesor Carlos Enríquez Escallon, especialista en Derecho Penal de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco.


El académico detalló que para acreditar que alguien ha cometido un delito y acreditar que alguien es merecedor a un beneficio que le otorga la Ley tiene que probarlo.
“Si hay 7 mil presos en la cárcel por cometer este tipo de delitos quiere decir o que no probaron lo suficiente su inocencia y ni el Ministerio Público ni el juez les creyó y de todas maneras consignó. Quizá puede ser un exceso por parte de las autoridades”, expuso.
El artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales considera la excluyente del delito de robo cuando existe un estado de necesidad justificante.


“A nivel federal las personas que cometen este tipo de delitos llegan a pasar hasta 10 años en prisión porque normalmente es el delito más el agravante; es decir que se cometa el robo en un lugar cerrado o si va acompañada de alguien se considera como pandilla, el delito no va solo”, dijo Olivia Garza.

LA ANTAD Y EL ROBO FAMÉLICO

Los establecimientos afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) son las que presentan más denuncias en contra de las personas por robar alimentos, no sólo se les acusa de este delito, también las acusan de intento de homicidio, amenazas, lesiones y daños a sus sucursales.

“La tienda que más ha afectado a las personas por el delito de robo famélico es Walmart, aunque hay muchas de la asociación AMDA, también está Superama y OXXO”, reveló la abogada Garza de los Santos.


La también ex presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la ALDF, aseguró que la política de estas tiendas de autoservicio es denunciar y no otorgar el perdón.
“Es muy triste que una madre que tiene que llevar de comer a sus hijos que se robó unas alitas de pollo la encontremos en Santa Martha Acatitla porque la tienda no le quiere otorgar el perdón”, dijo.
Para desalentar el llamado robo hormiga, que incluye a los alimentos, estas tiendas departamentales se aseguran que los infractores permanezcan varios años en la cárcel.

De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, el 90 por ciento de los procesos penales que en contra de las personas que cometen robo famélico son acusados por los abogados de las tiendas afiliadas a la ANTAD.

El Censo Nacional de Mermas y Prevención de Pérdidas de 2014 de la ANTAD señala que en 2014 se tuvieron 31 mil 461 incidencias de robos, 2.0 por ciento más que en 2013.

En el Distrito Federal, a partir del año 2008, los diputados de la ALDF aprobaron una serie de reformas al Código Penal que cambia horas o días de prisión por trabajos comunitarios, siempre y cuando el presunto culpable compruebe que fue por necesidad y es la primera vez que lo hace. En casos de reincidencia, contempla, habrá prisión.

“La tendencia en la ALDF en la legislatura que me tocó era bajar las penas para que las personas que hubieran robado por hambre pudieran salir de la cárcel, también se cambió el tipo penal, antes el robo era un delito de oficio y ahora se cambió al de querella, entonces si la parte agraviada otorga el perdón, las personas pueden salir en libertad”, mencionó Olivia Garza.

Refirió que desde la ALDF se impulsó convenio con la afianzadora Insurgentes para que las personas que hubieran cometido delitos como el robo famélico pudieran alcanzar la fianza pagando 500 pesos y recobrando su libertad de manera inmediata, sin embargo, en el resto del país no ocurre así.

La también ex Diputada panista de la ALDF añadió que los capitalinos les cuesta 138 pesos diarios el que una persona esté privada de la libertad. “La proporción del costo es muy grande y finalmente no hay un tema de reinserción social, por eso nosotros estamos más por las alternativas a la prisión, que haya una sanción como una poda de árboles, una pinta de banquetas, este tipo de acciones donde la comunidad reciba un beneficio, que le demos una segunda oportunidad a estas personas”,  subrayó.


Olivia Garza adelantó que desde la sociedad civil se estará impulsando a que se realicen las modificaciones que se hicieron en el Distrito Federal para no criminalizar la pobreza.
“Yo creo que el delito de robo debe ser perseguido pero en función y en proporción del daño causado, en este caso que son robos de hambre no se debe criminalizar la pobreza en ningún estado de la República”, enfatizó.
De acuerdo con el especialista en Derecho Penal, Carlos Enríquez, la falta de recursos económicos que enfrentan los presos que cometieron robo famélico, los obliga a someterse a otros reos para poder subsistir en la cárcel.

ALGUNOS CASOS

–Distrito Federal

En septiembre pasado el periódico Reforma publicó el caso de una mujer que robó en un establecimiento de Bodega Aurrerá una charola de carne y una mantequilla porque no tenía dinero y necesitaba dar de comer a sus hijos. La señora fue llevada a juicio por no poder pagar los 59 pesos que costaban los alimentos, a pesar de que confesó el robo y el por qué lo había cometido.

De acuerdo con el diario de circulación nacional, la representación de WalMart se negó a alcanzar un acuerdo repertorio como lo establece el sistema penal acusatorio para delitos no graves y pidió enviar el caso ante un juez.

Bodega Aurrerá es el nombre de uno de los formatos de tiendas de autoservicio en México de la filial mexicana de Walmart.

Finalmente, el Juez Séptimo Penal del Sistema Procesal Acusatorio, Prudencio González Tenorio, resolvió la no vinculación a proceso y dejó a Nancy en libertad, con el pago de los 59 pesos, sin que la mujer llegara a pisar la cárcel.

Otro caso ocurrió en el Wal-Mart Toreo. Una mujer de 30 años, madre de cinco hijos fue detenida el 19 de junio del año pasado por robar una mermelada, un yogurt y un frasco de Nutella.

Era la primera vez que la señora Patricia López Nazario cometía robo, por ello, podía quedar en libertad si se llegaba a un arreglo con la parte afectada, sin embargo, el abogado de la tienda de autoservicio se negó a otorgarle el perdón.

La Fiscalía en Miguel Hidalgo le pidió una fianza de 12 mil 785 pesos para no ser consignada al reclusorio.

En julio de 2014, la señora Ana María intentó robar en un Walmart dos paquetes de carne y uno de camarón para darles de comer a sus hijos, pero fue descubierta y fue condenada a seis meses de prisión por no poder pagar la fianza de 27 mil pesos.

La mujer acudió el 23 de julio del año pasado a la tienda de autoservicio ubicada en Avenida Cuitláhuac, en la delegación Azcapotzalco y sustrajo los alimentos, al darse cuenta de que fue sorprendida dejó la comida antes de pasar la línea de cajas y trató de salir del establecimiento.

Sin embargo, personal de la tienda la alcanzó y le mostró los productos que pretendía robar, la regresó, le hizo un ticket del monto y llamó a una patrulla. Ana maría fue llevada al Ministerio Público donde le pidieron 27 mil pesos para dejarla libre, dinero que no pudo pagar y fue llevada a prisión.

–Oaxaca

El señor Juvenal López Lucas fue acusado por el gerente de la tienda Aurrerá, Sergio Javier Pérez Mancera, del robo de dos pares de sandalias y dos charolas con desechos de costillas, con un valor de 372.90 pesos.

López Lucas, quien es albañil, fue llevado a la cárcel el 6 de septiembre luego de que el Juez Tercero de lo penal aplicó el rigor de la Ley al indígena zapoteco de 30 años al dictarle auto de formal prisión por considerarlo presunto responsable del robo de mercancía a la tienda de autoservicio.

“Sí, robé. Mis hijos tenían hambre y yo también. Se me hizo fácil guardarme los productos entre la ropa; pensaba vender las chanclas para comprar la leche de mis dos hijos y las costillitas para comerlas con mi esposa”, declaró Javier Pérez al diario local Tiempo en Línea.

El señor comentó que se encontraba sin empleo luego de que la obra en que trabajaba fue suspendida por no contar con permisos para construir los departamentos.


El caso provocó indignación entre la comunidad de Oaxaca, quienes alzaron la voz por la injusticia que las autoridades manejaron en el caso.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: GUADALUPE FUENTES LÓPEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/14-10-2015/1513879.

Conapred emite resolución para el IMSS por aplicar pruebas de VIH como requisito de contratación

Las otras dos resoluciones del Conapred se deben a casos en los que se negó o se restringió el servicio de guarderías y por la negación o restricción del pago de la pensión por viudez.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) emitió tres Resoluciones por Disposición dirigidas al IMSS y al ISSSTE, sobre casos de negación o restricción en el servicio de guarderías, negación o restricción del pago de la pensión y sobre la aplicación de pruebas de detección de VIH como requisito de contratación.

La resolución 7/15 se refiere a una persona que fue sujeta a pruebas de detección de VIH, como requisito de contratación en el IMSS.

Este caso se presentó en julio de 2011, cuando un hombre inició los trámites para trabajar en el IMSS como médico general, por lo que realizó una serie de exámenes médicos requeridos.

Una semana después, le llamaron del área de Prevención y Promoción a la Salud, para que repitiera unos análisis sin especificarle cuáles, por lo que volvió a someterse a ellos. Para la tercer visita, se le informó que había resultado positivo al VIH.

Cinco meses después el sujeto dio seguimiento a su trámite de contratación, pero el coordinador de Salud en el Trabajo en la Delegación del IMSS en Saltillo le dijo que no salió apto y que de ninguna forma podría tener acceso al trabajo para el cual aplicó.

En este caso el Conapred emitió cinco puntos resolutivos entre los que destacan: que el IMSS debe tomar las medidas necesarias para que no se repita este acto.

Además, debe darle “las facilidades necesarias al agraviado” para que participe en un nuevo proceso de selección y, en caso de resultar procedente, se le contrate.

La resolución 8/15 se debe a los casos de un hombre a quien le negaron la inscripción de su hijo en una estancia infantil del ISSSTE y al de otro sujeto a quien le restringieron el servicio de guardería.

En este caso, el Conapred emitió cuatro resoluciones, entre las que destaca la promoción de una reforma al Reglamento del Servicio de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil del ISSSTE y a la Ley del Seguro Social, respectivamente, de manera que sea una disposición incluyente y no discriminatoria por motivo de género, en particular en agravio de los padres derechohabientes y sus hijos.

La tercera resolución, la 9/15, se debe a casos en que a hombres viudos cuyas cónyuges o personas concubinas fueron derechohabientes o trabajadoras del IMSS, se les niega o restringe la pensión por viudez, por no contar con una constancia de dependencia económica y/o con dictamen de incapacidad total permanente.

La resolución del Conapred indica que se les debe otorgar la pensión por viudez y pagar, “de forma retroactiva, el monto correspondiente a la pensión por viudez, contado a partir desde la fecha de fallecimiento de las cónyuges o concubinas de las personas peticionarias”.

El Consejo señaló que las resoluciones ya fueron notificadas, por lo que las autoridades responsables tienen un plazo de tres días hábiles para “pronunciarse sobre la aceptación de las mismas y tienen 30 días naturales para que remitan pruebas de cumplimiento”.


En caso de que el ISSSTE o el IMSS busquen inconformarse, ambas instituciones cuentan con 15 días hábiles para interponer recurso de revisión, de acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, concluyó el Conapred.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La investigación atrás de la Casa Blanca

La revelación de que el presidente Enrique Peña Nieto y su familia poseen una mansión de siete millones de dólares construida a su gusto por Grupo Higa –un consorcio ampliamente favorecido por el hoy mandatario– fue producto de una de las investigaciones periodísticas más sólidas de los últimos años. Los autores –Rafael Cabrera, Daniel Lizárraga, Irving Huerta y Sebastián Barragán– han escrito un libro en donde amplían su reportaje y describen la investigación, paso a paso. Con autorización de editorial Grijalbo y de los autores, presentamos un fragmento de La casa blanca de Peña Nieto.

MÉXICO, D.F: “Ya le dije a Lizárraga que baje eso a güevo”, decía un mensaje de texto enviado al teléfono móvil de Daniel Lizárraga, el coordinador de la Unidad de Investigaciones Especiales del noticiario de Carmen Aristegui. Era el 24 de junio de 2014 en la Ciudad de México.

Lizárraga sintió que su teléfono saltaba entre sus manos. Leyó varias veces el mensaje. Algo andaba mal. El remitente era Felipe Chao, el vicepresidente de Relaciones Institucionales de MVS.

Chao se equivocó de chat. El mensaje quería enviarlo a su jefe, Joaquín Vargas, presidente del Consejo de Administración de Grupo MVS y del Consejo de Administración de CMR –un consorcio que aglutina a 129 restaurantes en México.

En Los Pinos y entre los directivos de la empresa ya estaban enterados de que se preparaba un reportaje que podría dinamitar la imagen de Enrique Peña Nieto como el joven presidente autor de los grandes cambios. Durante todo ese día, el ambiente se tornó pesado, como un bulto de cemento sobre la espalda.

Por la mañana Lizárraga y Chao habían sostenido una charla telefónica. Ambos se conocieron desde años atrás, uno en su calidad de reportero del diario Reforma y el otro como vocero del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Chao le pidió a Lizárraga que detuviera ese reportaje porque sería muy costoso para la empresa. No explicó de qué se trataba, pero lo citó, esa misma tarde, en el Beefbar del Hotel Camino Real, en la zona de Polanco.

Chao llegó agitado y con las mejillas enrojecidas. Pidió un whisky y dijo a Lizárraga que debía detener ese reportaje.

–No tengo mucha información, sólo puedo decirte que alguien de la Presidencia habló y las cosas no están fáciles. Tampoco sé qué cosa están investigando, lo único que vengo a pedirte es que, sea lo que sea, lo bajes.

Dio un trago a su whisky y siguió:

–En este momento pégale al que sea, Lizárraga, al que sea, menos a ése. Hay muchas cosas en juego.

–¿Quién les habló? ¿Qué les dijeron? –preguntó el reportero.

–No sé quién habló. Tampoco sé qué fue lo que dijo. Te llamé para pedirte que bajes eso. Como te dije, hay muchas cosas en juego –insistió el directivo.

–¿Cómo cuáles?

–Hay algo con un canal de televisión. No te puedo comentar más. Estoy aquí para pedirte que lo bajes, que hables con tu jefa, que la hagas entender. Y tú, por favor, no vayas a irte. Ya te conozco.

Y dijo algo más:

–Te mandé un mensaje equivocado, por favor, no seas cabrón, bórralo.


(Fragmento del texto que se publica en la revista Proceso 2033, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAFAEL CABRERA, DANIEL LIZÁRRAGA, IRVING HUERTA Y SEBASTIÁN BARRAGÁN (REPORTAJE ESPECIAL).

“El Chapo”, herido en el rostro y una pierna, asegura la cadena NBC

MÉXICO, D.F: El narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán habría sido herido en el rostro y en una de sus piernas en un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de la Marina, reportó la televisora estadunidense NBC News.

“Marines mexicanos tienen en la mira desde la semana pasada al capo del Cártel de Sinaloa después de que agentes antinarcóticos estadunidenses interceptaran señales de teléfonos celulares que sugieren que El Chapo se escondía en un rancho cerca de Cosalá en la Sierra Madre del oeste de México”, dice el medio que, sin dar nombres, sostiene su reporte en la consulta a tres fuentes con conocimiento de la operación.

Los hechos habrían ocurrido hace una semana y media, dijeron a NBC los funcionarios consultados.

De acuerdo con la televisora, marinos asaltaron en helicópteros el rancho en el que presuntamente se encontraba El Chapo, pero se vieron obligados al repliegue después de ser recibidos a disparos por las fuerzas de seguridad del líder del Cártel de Sinaloa.

La nota de NBC detalla que los marinos regresaron al sitio más tarde, entraron en el campamento y descubrieron los teléfonos celulares, radios de dos vías y medicamentos.

Según la versión a la que tuvo acceso la televisora estadunidense, El Chapo y sus acompañantes habrían huido en vehículos todo terreno.

Siempre de acuerdo con las fuentes consultadas por NBC, tras este escape, las autoridades persiguieron y tendrían rodeado a Guzmán Loera dentro de un radio de dos millas.

“Sin embargo, una semana y media después de la redada, las autoridades están perdiendo la esperanza de que la captura de Guzmán sea inminente”, dice el medio.

El pasado 6 de octubre la Secretaría de Marina Armada de México inició un operativo en la zona, valiéndose de aviones equipados con tecnología de punta, helicópteros y vehículos.

Pero este cerco por aire y tierra está provocando zozobra en los habitantes de la región, principalmente en varias comunidades de los municipios de Tamazula, Durango, y Cosalá, Sinaloa.

Hay, por ejemplo, alrededor de 250 desplazados que huyeron de Tamazula a Cosalá, de acuerdo con datos del DIF de este último municipio, cuyo alcalde, Samuel Lizárraga, señaló:

“Estamos preparados para seguir dando atención a la gente que está viniendo a Cosalá. Hemos atendido aproximadamente a 250 personas, entre niños, jóvenes y adultos mayores que vienen a pedir auxilio y han caminado de manera exhaustiva”.

Indicó que los desplazados llegan “deshidratados y muy agotados”, por lo que inmediatamente se les da atención médica, entregándoles cobijas, despensas y colchonetas.

En sus testimonios, los desplazados aseguran temerosos:

“Estamos huyendo porque hay muchos soldados en nuestras comunidades. Y éstos nos dicen que están buscando a un hombre muy peligroso que se hace acompañar por otros individuos”.

Para apoyarlos, algunas organizaciones humanitarias, como la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, ya empiezan a acompañar a los desplazados en su peligrosa travesía.

La situación se está agravando, al grado de que ya hay ocho desplazados desaparecidos, de acuerdo a la diputada local por Cosalá, Lucero Guadalupe Sánchez.

Así, el operativo para capturar al “Chapo” empieza a provocar una crisis humanitaria en la región.


El Chapo Guzmán escapó el pasado 11 de julio del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de El Altiplano en el Estado de México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“El Chapo” se les vuelve a escapar; en la huida, se lesiona: CNS

MÉXICO, D.F: Esta noche la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) admitió que Joaquín “El Chapo” Guzmán logró burlar, una vez más, el operativo federal desplegado para su captura, aunque en su huida se produjo las lesiones en la cara y una pierna que la cadena de televisión estadunidense NBC reportó con anticipación.

En un comunicado conjunto de Segob, Marina, Sedena, PGR y CNS confirmaron que operativos con agencias internacionales en el noroeste de México motivaron la huida precipitada de El Chapo, acción que le causó lesiones.

“Como consecuencia de estas acciones y para evitar su aprehensión, en días recientes el prófugo realizó una huida precipitada que, de acuerdo con la información recabada, le causó lesiones en una pierna y en el rostro”, destaca el boletín.

“Es importante precisar que estas heridas no fueron producto de un enfrentamiento directo”, aclara el documento.

Antes, la televisora estadunidense NBC reportó que, de acuerdo con tres fuentes con conocimiento de una operación de la Marina, el capo fue interceptado la semana pasada en un rancho cerca de Cosala, Sinaloa, pero los marinos se replegaron por los disparos presuntamente de los guardaespaldas de Guzmán Loera.

“Marinos mexicanos se acercaron al capo sinaloense la semana pasada después de que agentes de drogas de Estados Unidos interceptaron señales de celular que sugerían que ‘El Chapo’ se estaba escondiendo en un rancho cerca de Cosala, en la Sierra Madre”, precisa el despacho de NBC.

Según la televisora, El Chapo habría sido herido en el rostro y en una de sus piernas en un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de la Marina.

A continuación, el texto íntegro del comunicado:

Respecto a información que han publicado algunos medios nacionales e internacionales, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno República informan lo siguiente:

Desde el día en que ocurrió la evasión de Joaquín Guzmán Loera, las instituciones del Gabinete de Seguridad pusieron en marcha una estrategia coordinada con el objetivo de lograr su recaptura.

Como parte de estos esfuerzos y derivado del trabajo de inteligencia e intercambio de información con agencias internacionales, se han realizado operativos en todo el país, mismos que en las últimas semanas se han focalizado en la región noroeste del territorio nacional.

Como consecuencia de estas acciones y para evitar su aprehensión, en días recientes el prófugo realizó una huida precipitada, que de acuerdo con la información recabada, le causó lesiones en una pierna y en el rostro.

Es importante precisar que estas heridas no fueron producto de un enfrentamiento directo.


Conforme a las instrucciones del Presidente de la República, el Gabinete de Seguridad continúa realizando todas las acciones que permitan lograr la reaprehensión de este delincuente.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Crece marginación en Veracruz 18.7% de 2010 a la fecha: Banco de Alimentos

Veracruz, Ver.- La vicepresidenta del Banco de Alimentos de Veracruz, María Antonia Navarro de Jiménez, indicó que la pobreza creció 18.7 por ciento en el estado del 2010 a la fecha.

La entrevistada señaló que la entidad ocupa el segundo lugar nacional en pobreza extrema.

“La pobreza se ha incrementado del 2010 a ahorita en 18.7 por ciento aquí en Veracruz, somos el segundo lugar en pobreza extrema, el estado de Veracruz, tenemos muchas personas que hablan dialectos y que no han tenido capacitación”, apuntó.

María Antonia Navarro de Jiménez recordó que el Banco de Alimentos apoya a 6 mil 500 familias de la zona conurbada, pero mencionó que se tienen otras 400 familias en lista de espera.

Sin embargo, Navarro de Jiménez comentó que existen familias de otros municipios lejanos que solicitaron el apoyo del Banco de Alimentos debido a que carecen de los recursos para su subsistencia.

Por otra parte, la entrevistada confirmó que se realizará la colecta de alimentos en el transcurso de hoy sábado en la plaza ubicada frente a los tribunales federales de la avenida Juan Pablo II.

Navarro de Jiménez explicó que jóvenes del Servicio Militar Nacional (SMN) recorrerán colonias de la zona conurbada para recabar alimentos, mismos que trasladarán a la plaza para que de ahí se transporten a las instalaciones del Banco de Alimentos de Veracruz.

La vicepresidenta destacó que la colecta la realizan simultáneamente 61 bancos de alimentos del país.


“Esto es para concientizar a las gentes, para que vean hacia un lado y vean la pobreza extrema que tenemos dentro de nuestro propio estado, con su propia riqueza de tierras y, sin embargo, tenemos mucha marginación, mucha pobreza, nada más que abramos nuestro corazón a quien más lo necesita”, concluyó.

FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ.

“Cero tolerancia” a normalistas, advierte el fiscal Godínez Muñoz

El fiscal General del Estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, informó que los seis jóvenes detenidos del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG) fueron consignados como probables responsables del delito de privación de la libertad personal y será el juez de primera instancia del ramo penal quien determine si alcanzan fianza.

Godínez Muñoz enfatizó que “habrá cero tolerancia” contra quien cometa cualquier acto tipificado como delito, y dijo que la Fiscalía apoya toda manifestación que no violente los derechos de terceros y cometan delitos.

La noche del miércoles, seis normalistas egresados y que están aglutinados en el FUNPEG fueron detenidos y trasladados a la Fiscalía Regional de Acapulco.

Integrantes del FUNPEG denunciaron que los seis normalistas fueron detenidos cuando regresaban de una reunión con el gobernador Rogelio Ortega Martínez y funcionarios de su administración, que fue pactada el sábado pasado, y que los jóvenes fueron golpeados por los policías durante la detención.

En conferencia de prensa en las instalaciones del Ministerio Público de Costa Azul, ayer a las 8 de la noche, el fiscal leyó un comunicado en el que relató cómo se dio la detención de los seis integrantes del FUNPEG.

Expuso que a las 8:48 de la noche del miércoles los jóvenes abordaron un autobús, conducido por el chofer Jesús Muñoz García, que se encontraba en la terminal de la Estrella de Oro en Acapulco y obligaron al conductor a dirigirse a la Autopista del Sol con dirección a Chilpancingo.

Pasando el tramo La Venta-Dos Arroyos, policías federales detuvieron el autobús con “los seis aludidos inculpados”, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, decretando su retención legal a las 0:30 horas del jueves.

La Fiscalía ejerció acción penal contra los jóvenes ante el juez de primera instancia como probables responsables del delito de privación de la libertad personal, la cual quedó en la averiguación previa TAB/A.E.S.P/1753/2015.

Los normalistas fueron puestos a disposición del juez en el reclusorio de Acapulco, para que dentro del término constitucional se resuelva su situación jurídica.

El fiscal expuso que podrían alcanzar fianza para obtener la libertad si lo decreta el juez.

Godínez Muñoz enfatizó que la “Fiscalía se pronuncia en que habrá cero tolerancia contra cualquier acto que sea tipificado como delito”, y que apoya toda manifestación “sin violentar los derechos de terceros ni cometer hechos tipificados como delitos”.

Agregó que es el primer paso para evitar que se sigan tomando autobuses, y que lo harán con certeza jurídica.

A pregunta expresa sobre si los jóvenes habían sido golpeados, el fiscal indicó que están certificados y todo el proceso de detención está documentado, además de que en “todo” momento estuvieron acompañados por personal de derechos humanos, aseguró.

El fiscal también informó que se reunió con los egresados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos para trazar una ruta y acercamiento con la Fiscalía, y les recomendó “llevar en alto el nombre de Guerrero por medio del estudio, por un camino de profesionalismo y progreso, evitando en todo momento el ser radical, el de cometer hechos que sean tipificados como delitos”.

Agregó que los normalistas deben aprovechar tragedias como la de Iguala para poner en alto el nombre de su escuela y familias, respetando las normas.
Por la mañana, el fiscal informó que la detención fue por el robo de un autobús, pero no dio detalles al respecto, y se limitó a decir que los normalistas detenidos serán consignados ante un juez.

Dijo que no habría negociaciones para que los jóvenes sean liberados, y reiteró que serían consignados por el robo de un autobús.

Godínez Muñoz asistió ayer como invitado especial a la instalación de la Comisión de Seguridad en el Congreso Local, que preside la diputada de Movimiento Ciudadano, Magdalena Camacho Díaz; acto en el que también estuvo presente el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, y el presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno.

Sobre la declaración del comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, Julio Hernández Barros, quien informó que tiene registrados cerca de 500 desaparecidos en el estado y que es necesaria la creación de un registro nacional de ADN para que pueda hacerse un cruce con el de los desaparecidos y los cuerpos hallados, el fiscal dijo que la institución que él encabeza tiene una cifra menor y anunció que el lunes se inaugurará un banco de genética en Guerrero.

El miércoles en Chilapa, luego de reunirse con familiares de desaparecidos de ese municipio, donde estuvieron el gobernador electo Héctor Astudillo Flores, el alcalde priista Jesús Parra García y agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), el comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAV), Julio Hernández informó que tiene registrados cerca de 500 desaparecidos en el estado.

En la materia, Hernández aseguró que Guerrero está entre los peores de la República, además de que hay personas que no han podido ser identificadas y que es necesaria la creación de un registro nacional de ADN para que pueda hacerse un cruce con el de los desaparecidos y los cuerpos hallados.

De este tema, Miguel Ángel Godínez explicó que la Fiscalía del estado tiene un registro menor, pero no dio cifras con el argumento de que no las tenía a la mano.

Explicó que el número es más bajo porque no todos los casos de desaparición son denunciadas, o algunas familias presentan la denuncia directamente a la PGR o a la Secretaría de Gobernación, por lo que no hay registro en el ámbito local.

Para atender el problema de las desapariciones, aseguró que la Fiscalía está haciendo un mapeo de la zona en donde fueron vistos por última vez las víctimas, además de que recurrirá a todas las instancias que pudieran proporcionar información que amplíe las investigaciones, a fin de que las acciones de localización y búsqueda sean más efectivas.

De la necesidad de un registro nacional de ADN, como lo plantea el comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, el fiscal adelantó que el lunes se inaugurará el banco de genética en el estado, aunque no precisó si tendrá su sede en Chilpancingo o Acapulco.

“La intención es tener ya un registro de antecedentes genéticos para cuando se encuentren fosas clandestinas, cuando haya personas desaparecidas. Se están activando protocolos y estrategias, que antes no se realizaban para la localización de personas desaparecidas”, manifestó.

Indicó que en la inauguración estarán presentes familiares de víctimas de desaparición, las muestras serán voluntarias y totalmente gratuitas, y además aseguró que para la creación de este banco de genética se tuvo asesoría de autoridades federales y organismos internacionales, que también capacitaron a personal de la fiscalía para su operación.


Sobre el enfrentamiento en la comunidad de Puentecillas, perteneciente al municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), la tarde del miércoles, Godínez Muñoz explicó que no hay información oficial de que haya intervenido un helicóptero, pero aseguró que se realizarán las investigaciones correspondientes.

FUENTE: EL SUR.
AUTOR: MARIANA LABASTIDA/CARLOS NAVARRETE ROMERO.
LINK: http://suracapulco.mx/archivos/314690.

La hora de la Corte

MÉXICO, D.F: La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá dentro de poco recibir a dos nuevos ministros o ministras. Por fortuna, el debate ya ha empezado. ¿Qué clase de personas deben llegar a ese tribunal?

La Corte tiene 11 lugares, de los cuales dos son ahora ocupados por mujeres pero una de ellas va a retirarse. Lo lógico sería que las dos vacantes fueran ocupadas por mujeres de tal forma que la composición de sexo de la Corte alcanzara tres mujeres y ocho hombres, lo cual seguiría estando lejos dos conceptos: equidad numérica de género y empoderamiento de mujeres. Con el nombramiento de dos ministras, los cartones no se emparejarían pero no estarían tan desbalanceados.

A lo anterior se suma la preocupación sobre el perfil de las mujeres que han de ser ministras. Si éstas fueran personas que reproducen al género como algo “natural” aunque en verdad sea la construcción social de una relación de poder jerarquizada, entonces no se habría avanzado un milímetro y con probabilidad alta tendríamos una regresión. En cambio, si las nuevas ministras se ubicaran en el campo de la lucha a favor de los derechos de las mujeres y de la igualdad, entonces habría un cambio en la Corte.

Otro tema es el directamente político. En Italia, por poner sólo un ejemplo, la militancia política está prohibida a los jueces. En realidad, este aspecto aporta a la necesidad de evitar que quienes dicen el derecho lo hagan bajo presiones políticas de cualquier clase. No está mal este concepto por más que resulte insuficiente. En México es preciso reivindicarlo con toda convicción.

El tercer problema es el amiguismo. Los presidentes de la República buscaban con frecuencia que amigos suyos llegaran a la Corte aunque no fueran personas idóneas. Lo lograron siempre. Ahora, bajo el programa restaurador de Peña Nieto, el amiguismo adquiere nuevos bríos. El embajador en Washington, Medina Mora, llegó por sorpresa a la Corte a pesar de haber sido procurador, es decir, uno de los principales violadores sistémicos de los derechos humanos. Pero Medina Mora ayudará al transexenismo, el programa de Peña Nieto.

Ahora bien, un punto relevante es que, con la composición actual del Senado, el Partido Acción Nacional es decisivo para nombrar a los dos ministros o ministras, considerando que el PRI hará lo que le ordene Peña. El PAN suele exigir un bien precioso del rancio oscurantismo del que es portador: que los aspirantes sean contrarios a la despenalización del aborto. Lo demás le importa menos. Este elemento podría brindar al panismo una nueva aproximación ideológica concreta con Peña Nieto, lo cual es un peligro para los movimientos y partidos que luchan a favor de los derechos de las mujeres.
Lo que se ofrece como más factible es que Peña y el PAN tomen cada cual un lugar con lo que se podría producir un desastre en la integración de la Corte, tanto porque sería un cuoteo político pernicioso como porque se produciría un nuevo acto de unidad trascendente de las derechas.


En realidad aquí la izquierda parlamentaria tiene un papel muy reducido y no está mal que así sea porque Medina Mora pudo haber sido rechazado con el voto en contra de tres senadores de ese bando los cuales se desaparecieron a la hora de las definiciones, es decir, del voto. Los protagonistas principales en esta coyuntura deberán ser los movimientos, grupos y corrientes progresistas y feministas, tanto dentro como fuera de la academia. Todo ese conglomerado de sujetos políticos debería unirse bajo una misma plataforma para dar otro sentido y lograr otro desenlace a la hora de la Corte.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PABLO GÓMEZ (ANÁLISIS).

Por problemas económicos, hombre mata a su esposa e hijas y se suicida

MÉXICO, D.F: La supuesta imposibilidad para sostener económicamente a su familia, orilló a un hombre a asesinar a su esposa, a sus tres hijas y luego suicidarse.

El hecho sucedió en un condominio de la avenida San Jerónimo 181, colonia Tizapán, delegación Álvaro Obregón.

Ángel Salvador Villada Moreno, de 41 años, mató a su esposa a hijas asfixiándolas, según los peritajes.

El padre de familia y abogado dejó un mensaje escrito en donde explica que su decisión se debió a que atravesaba problemas económicos graves.

Las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) indican que una empleada doméstica encontró los cuerpos cuando se disponía a hacer la limpieza del departamento, este viernes a las 8:30 horas.

Según los peritajes, Villada Moreno pri­me­ro asesinó a su esposa y lue­go pa­só a la re­cá­ma­ra de sus hi­jas pa­ra ha­cer lo mis­mo.

El hombre se quitó la vida de un tiro. Su cuerpo fue encontrado en el jardín, con un disparo en la cabeza y un arma cerca de su mano.

El mensaje que dejó el padre de familia estaba compuesto por tres hojas, donde explicaba los motivos por los cuales decidió privar de la vida a su familia.

En la carta el abogado afirma que tenía muchas deudas económicas.

Las víctimas son Lidia Aidé Martínez Gutiérrez, de 39 años; y sus hijas de 6, 8 y 11 años.

El incidente causó conmoción entre los vecinos quienes se negaron a dar declaraciones.

El agen­te del Mi­nis­te­rio Pú­bli­co en Ál­va­ro Obre­gón y policías capitalinos acudieron al lugar mientras los pe­ri­tos tomaron las mues­tras ne­ce­sa­rias para la investigación.


La PGJDF, a través de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, y la Dirección General de Servicios Periciales, tomó conocimiento del deceso de las cinco personas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.