Balacera deja un muerto en zona donde cenaba Gobernador electo de Guerrero; niega atentado

El ataque ocurrió anoche en la Costera, cerca de la zona de la Condesa, a un costado del restaurante Forza Italia donde él estaba con su esposa. En el ataque, dos de los guardaespaldas del gobernador electo resultaron heridos y fueron llevados al hospital naval para ser atendidos.

El gobernador electo descartó que el ataque haya estado dirigido contra él y que se haya refugiado en la base naval, como trascendió. El empleado hotelero José Luis Mojica Zavaleta, el nombre de la víctima incidental, informa la Fiscalía.

Una balacera se desató anoche en la avenida Costera de Acapulco, afuera del restaurante Forza Italia ubicado frente al hotel Calinda, donde el gobernador electo Héctor Astudillo Flores cenaba con su esposa Mercedes Calvo.

Las autoridades informaron que el ataque fue al aledaño bar Reynas.

Los disparos impactaron en la humanidad de José Luis Mojica Zavaleta, un empleado hotelero que caminaba por el lugar del atentado y que le ocasionaron la muerte, hecho que ya investiga la Fiscalía General del Estado.

El ataque fue contra las fachadas de los bares Reynas, Kántala y VIP, los tres ubicados a un costado del restaurante Forza Italia.

En el ataque, dos de los guardaespaldas del gobernador resultaron heridos y fueron llevados al hospital naval para ser atendidos.

En una breve llamada a El Sur, Astudillo Flores dijo que no fue un atentado en su contra y confirmó que dos de sus guardaespaldas resultaron “con heridas leves” durante el ataque al bar que está a un lado del lugar donde él estaba cenando.

Explicó que sus guardaespaldas no repelieron la agresión.

Lo que se conoció anoche es que afuera del restaurante Forza Italia, lugar donde estaba cenando el gobernador electo Héctor Astudillo, ocurrió una balacera y al escucharse las detonaciones los guardaespaldas del gobernador lo sacaron de inmediato del lugar y lo llevaron a las instalaciones de la Octava Zona Naval.

Otra versión que se conoció es que Héctor Astudillo iba en su camioneta y fue a su vehículo al que hombres armados desde otro automóvil le dispararon, y después del ataque se refugió en las instalaciones de la Octava Zona Naval, versión que el gobernador electo negó.

También se dijo que los guardaespaldas del gobernador electo hicieron disparos y dos resultaron heridos.

El ataque a los bares generó una intensa movilización policiaca y al lugar llegaron más de veinte patrullas de diferentes corporaciones, entre Policía Federal, del estado y municipal, así como efectivos del Ejército, porque la información que se dio al principio es que había sido atacado el restaurante donde cenaba e gobernador electo.

Al lugar llegó el coordinador estatal de la Policía Federal, Rafael Lomelí, el fiscal regional David García Muñoz, y el titular del Ministerio Publico de Costa Azul.

En el ataque los vehículos afectados fueron tres, uno de ellos un Corvette rojo con placas de circulación HCN-68-32, que tenía disparos en la ventana del lado del chofer; otro fue un Versa blanco con placas del estado de México, que recibió disparos en la ventana de la parte de atrás del conductor, y un Peugeot rojo con placas HBG1713, el cual tenía disparos en la ventanilla del conductor, y al lado del que, en la banqueta, quedó el cuerpo de la única víctima.

Los agentes policiales acordonaron la zona para revisar los tres vehículos que resultaron con daños en el ataque.

La balacera también causó pánico entre los visitantes a los bares que se ubican en la transitada avenida Costera, quienes fueron sacados y colocados afuera de una tienda Oxxo.

En el bar presuntamente atacado de nombre Reynas hay cámaras de seguridad afuera y a un costado se encuentra el bar Kántala, otro bar llamado VIP y a un costado el restaurante Forza Italia.

En las fachadas de los bares se observaron al menos unos seis disparos, y según versiones policiacas hombres armados a bordo de otro vehículo dispararon contra el bar Reynas y ahí resultó muerto un hombre de unos sesenta años, el cual quedó tendido boca abajo frente a la entrada del bar.

Policías ministeriales no permitieron la toma de fotografías y obstruyeron la realización del trabajo de los reporteros ante la presencia del fiscal regional.

El cuerpo fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense para los trámites legales correspondientes.

Según las autoridades la víctima murió por un infarto producido por la balacera. Hasta las 12 la noche se continuaba realizando el peritaje.

Tras el ataque fuerzas federales y estatales desplegaron un plan de recorridos de vigilancia por toda la ciudad.

No fue un ataque en mi contra, dice el gobernador electo.

En una llamada a El Sur después de media noche, Héctor Astudillo dijo que no fue un ataque en su contra, que estaba bien y lamentó lo sucedido.

Confirmó que dos de sus guardaespaldas resultados heridos pero dijo que ellos no hicieron disparos.

Dos horas después de los hechos el gobernador electo confirmó que estaba en el restaurante Forza Italia, cercano al lugar donde ocurrió la balacera, mediante mensajes difundidos en las cuentas de Facebook y Twitter.

“Lamentable lo que sucede en Acapulco, trabajaremos para disminuir los índices de violencia en Guerrero. Hoy me tocó estar cenando en una pizzería cerca de donde se realizaron hechos de violencia. Me encuentro bien”, escribió en Facebook a las 11:47 de la noche.

En Twitter el mensaje que difundió fue similar, “lamentable lo que sucede en Acapulco; hubo un incidente en un lugar cercano en donde estábamos cenando. Nos encontramos bien” escribió a las 11:34 de la noche.

En los mensajes que difundió por redes sociales el gobernador electo descartó que el ataque haya sido contra él y que se hubiera refugiado en las instalaciones base naval.

Astudillo Flores estuvo ayer en Tierra Caliente y Zihuatanejo, donde se reunió con alcaldes a quienes les pidió poner atención en el área de seguridad pública; y se supo que por la noche regresaría a Acapulco.

Por su parte el alcalde Evodio Velázquez escribió en su cuenta de Twitter que “me comuniqué con @Hector Astudillo, se encuentra bien. Lamento los hechos, redoblaremos esfuerzos para trabajar unidos contra la inseguridad”.

El restaurante Forza Italia se ubica frente al hotel Calinda, en la Costera, en la zona Dorada del puerto, que ayer registró una ocupación del 57 por ciento.


El 10 de noviembre de 2013, dentro del restaurante Forza Italia un hombre fue asesinado, y días después fue identificado como Moreno Gallo, quien había sido jefe de la mafia italiana con sede en Montreal, Canadá.

FUENTE: EL SUR.
AUTOR: CARLOS ROMERO.

Las trampas del TPP

MÉXICO, D.F: La semana pasada los países que tomaron parte en las negociaciones del Acuerdo Transpacífico (TPP) llegaron a un acuerdo final, entre ellos México. El gobierno mexicano es grandilocuente en lo que respecta a las bondades de este instrumento que, en buena medida, dejaría atrás al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que nunca funcionó debidamente. La verdad de las cosas es muy distinta a la que quiere ver el gobierno. Veamos.

Primero. En la edición 2030 de Proceso abordé los principales rubros del TPP y el tema de por qué debería hacerse público su contenido.

No voy a repetirme aquí. Daré, en cambio, seguimiento al asunto relativo a los cambios inesperados que se han generado de una semana a otra. El primer punto es el hilo conductor del discurso del gobierno de Enrique Peña Nieto, que se sintetiza en los siguientes aspectos: a) Es una gran oportunidad para México firmar el más grande tratado de libre comercio del mundo; b) se eliminarían las paridades cambiarias del peso contra otras monedas, fundamentalmente contra el dólar; c) se darían trabajos a miles de mexicanos en el mediano y largo plazos; y d) se va a permitir que los productos mexicanos compitan en los mercados más grandes del mundo, lo que supondría una reactivación de la economía, entrada de divisas y mayores trabajos.

Así presentado, cualquiera preguntaría: ¿Dónde firmo? Pero esto no es verdad, al menos no todo. Hasta ahora lo que el gobierno pregona como supuestos beneficios es tan sólo un acto de fe, muy respetable si fuera un asunto de religión o de dogmas que deben aceptarse tal como son. No es, por supuesto, el caso. Se trata de una reforma constitucional cocinada en los hechos por la puerta de atrás y que no admite creer, sino, en cambio, revisar las letras grandes y las chiquitas para cotejar lo que se dice con lo que es.

Si todo suena tan idílico, la primera pregunta es: ¿Por qué no dejan ver el contenido del tratado y someterlo a los más distintos expertos en los temas que conlleva? Si fuera como dicen que es, el gobierno de Enrique Peña Nieto tendría muchos bonos sociales, que, por cierto, requiere con urgencia.

Segundo. La opacidad como signo distintivo de las negociaciones del TPP y las resistencias en varios países, como Chile y Estados Unidos, y por fortuna México, donde apenas empiezan a surgir, representa un signo de preocupación sobre el contenido final de esta pieza jurídica.

El problema es que el TPP no es un tratado de libre comercio tipo TLCAN, sino un acuerdo comercial y de restricción de derechos humanos. Esta última parte es la que debe preocupar a los ciudadanos. El presidente Barak Obama ha engañado con la verdad en torno al TPP: “No podemos permitir que países como China escriban las reglas de la economía global. Nosotros debemos escribir esas reglas, abriendo nuevos mercados a los productos estadunidenses”, de acuerdo con The Wall Street Journal (http://blogs.wsj.com/washwire/2015/10/05/text-of-obamas-statement-on-trans-pacific-partnership/).

Nada se ha dicho sobre México que, hoy como ayer, es convidado a una fiesta por razones de seguridad nacional estadunidenses, pero no porque estas nuevas reglas tengan un impacto positivo para el país. Me voy a detener en un problema que impactará en los casi vacíos bolsillos de los mexicanos: el relativo al sector farmacéutico.

Éste es uno de las más grandes donantes de dinero a diputados y senadores de Estados Unidos, en retribución, por supuesto, de apoyo en sus áreas estratégicas. Sólo en 2014 los laboratorios farmacéuticos gastaron 229 millones de dólares en contribuciones políticas hasta donde se tiene registrado (http://www.truth-out.org/news/item/33010-how-much-of-big-pharma-s-massive-profits-are-used-to-influence-politicians).


Tercero. Gracias a este lobby, en el proyecto del TPP se incluyeron cláusulas para que las patentes se extiendan más tiempo, lo que obra en perjuicio de los medicamentos genéricos y, por ende, de los bolsillos de los mexicanos.

Peor todavía: sobre este punto, en otros de los países firmantes del acuerdo internacional se ha dicho que la extensión de las patentes a los medicamentos no tendrá un impacto necesariamente negativo en los ciudadanos por las políticas generales de descuento a varios de los países firmantes.

Resulta, sin embargo, que el gobierno de México, justo en el marco de su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en mayo de 1994, firmó una solicitud en la cual pedía que no se le considerara “país en vías de desarrollo” y, en consecuencia, rechazaba los descuentos en medicamentos de genéricos para dichos países.

De esta forma, los fármacos de patente en el país tienen precios más altos que los de Alemania, Canadá, Italia y Francia, y están a la par del Reino Unido (http://content.healthaffairs.org/content/early/2003/10/29/hlthaff.w3.521.full.pdf), con la diferencia de que en México los sueldos son sustancialmente más bajos que en Canadá y los países europeos. Esta decisión del gobierno mexicano ha sido un flagelo para las familias de más bajos recursos. Y así se podrían enumerar otros casos en los que el gobierno de México, de manera irresponsable, ha aceptado precios internacionales o ha requerido expresamente que no se le considere país en desarrollo y, por tanto, no sea sujeto de precios diferenciados a la baja.

En este marco, es urgente que se conozca el contenido del TPP y sólo se ratifique por el Senado si existen mayores beneficios que perjuicios para la mayoría de la sociedad, dictámenes de expertos en cada uno de los rubros de por medio.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA.

Cielos abiertos… para Estados Unidos

Un convenio de transporte aéreo entre Estados Unidos y México –negociado en noviembre y que espera ser ratificado por el Senado– le permitirá a las aerolíneas estadunidenses acaparar el mercado mexicano de los vuelos internacionales de pasajeros o de carga. Las líneas mexicanas ya protestaron porque ven amenazado su futuro. Les espera, dicen, el mismo destino de la Compañía Mexicana de Aviación: la muerte.

MÉXICO, D.F: El pasado noviembre, durante las negociaciones del Convenio Bilateral Sobre Transporte Aéreo entre México y Estados Unidos, el gobierno mexicano permitió la aplicación de una política de cielos abiertos para que las aerolíneas estadunidenses ingresen, aterricen y suban pasajeros o carga, sin restricciones, en el espacio aéreo nacional.

Dos oficios –cuyas copias tiene Proceso– revelan cómo el director general de Aeronáutica Civil, Gilberto López Meyer, acepta la petición del director del Departamento de Transporte de la Secretaría de Transportes de Estados Unidos, Paul Gretch, a fin de “proporcionar máxima flexibilidad para las operaciones de las aerolíneas estadunidenses y mexicanas”.

Sin mencionarla específicamente, Gretch pide a Meyer que se le otorgue la Quinta Libertad del Aire, que consiste (de acuerdo con el derecho aeronáutico internacional) en embarcar pasajeros, correo y carga de un país, desembarcar en un segundo país, volver a embarcar en éste y transportar a un tercero. “En otras palabras, es el privilegio de llevar tráfico entre dos países distintos al de la aerolínea”, según la página web del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional (FDAN), abrelosojosnoloscielos.org

Las nueve Libertades del Aire forman parte del Convenio de Chicago –firmado en 1944 por varias naciones– donde se establecieron reglas para el servicio de transporte aéreo civil, para regular el intercambio de derechos comerciales, salvaguardar la navegación aérea internacional y desarrollar la industria.

Para el FDAN (organización de pilotos, sobrecargos, personal sindicalizado, ingenieros y especialistas), la “flexibilidad” pedida por los estadunidenses es desventajosa para las operadoras mexicanas.

El FDAN manifestó sus preocupaciones ante la Secretaría de Gobernación, sin resultados. El pasado 23 de septiembre publicó un desplegado en el diario Reforma para informar a la opinión pública sobre la política de cielos abiertos.

Negociación fallida

La última ronda oficial de negociaciones del convenio bilateral se realizó el 4 de noviembre de 2014 en el Hotel Intercontinental de Santa Fe, tras 20 meses de reuniones en México y Washington. Ésta no acabó bien.

Los dueños de Aeroméxico, AeroUnion, Aeromar, Volaris, Interjet, Viva Aerobús y Estafeta, junto con los sindicatos de pilotos, sobrecargos, trabajadores de tierra y del Colegio de Pilotos estuvieron en esa reunión y aceptaron los términos del convenio, hasta que los directores de Interjet, Volaris y Viva Aerobús (Miguel Alemán Magnani, Enrique Beltranena y Juan Carlos Zuazua, respectivamente) enviaron una carta a la subsecretaria de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Yuriria Mascott Pérez, para pedirle que el Antitrust Immunity (ATI) no formara parte de las negociaciones, como querían otras aerolíneas y los sindicatos.

El ATI es una salvaguarda que permite a las empresas del aire solicitar inmunidad antimonopólica al gobierno a fin de que se les permita aliarse con las aerolíneas estadunidenses en la operación de una misma red y un mismo itinerario; ésta no opera en México pues oficialmente no hay una política de cielos abiertos.

Las líneas aéreas mexicanas de bajo costo ya tienen convenios con las grandes aerolíneas estadunidenses.

“La indicada figura no existe en el derecho mexicano y su otorgamiento o negativa no compete, en todo caso, a las autoridades aeronáuticas en México”, decía la misiva enviada después de 15 horas de discusión. Esta actitud reventó la negociación. Jamás se volvieron a reunir.

Poco más de un año después, los miembros de la industria y de los sindicatos, reunidos en el FDAN, se enteraron de la firma del Convenio Bilateral en Washington. Hubo molestia. Decidieron publicar un desplegado el pasado 23 de septiembre para recordarle al gobierno federal su incumplimiento de palabra respecto a la inmunidad antimonopólica.

A plana entera en Reforma recriminaron al gobierno que las aerolíneas mexicanas no han podido competir con las estadunidenses, las cuales dominan 75% del mercado entre ambas naciones.

La flota de las aerolíneas estadunidenses rebasa las 7 mil aeronaves, mientras la mexicana “difícilmente llega a 350, incluyendo las de carga”, lo cual muestra su desventaja, recalcaron.

El FDAN sentenció que con esta política de cielos abiertos, a todas las aerolíneas mexicanas les espera lo mismo que a la Compañía Mexicana de Aviación: la desaparición.

Ese mismo día –23 de septiembre–, la SCT les respondió que la negociación con Estados Unidos concluyó en noviembre de 2014 “y los términos no han variado”. El proyecto “busca mayor conectividad y ampliar las posibilidades de la industria aérea nacional”.

La Secretaría admitió, asimismo, que el convenio permitirá a cualquier aerolínea mexicana o estadunidense realizar vuelos entre ciudades de los dos países, refiriéndose a la tercera y cuarta libertades del aire. Pero al referirse a la quinta, señaló: “El proyecto de convenio establece que permanecen las quintas libertades vigentes hoy y se señala la posibilidad de que, caso por caso, conforme a la legislación aplicable y atendiendo al interés público, las autoridades aeronáuticas puedan acordar otras más en el futuro. No hay cielos abiertos ni cambio de política en esta materia”.

En un foro organizado por el Gobierno del Distrito Federal los días 22 y 23 de septiembre pasados, para analizar el destino de las 710 hectáreas de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Gerardo López Meyer, titular de la Dirección general de Aeronáutica Civil (DGAC), de la SCT, dijo que el ATI no está atado formalmente al convenio.

“El gobierno mexicano desea que haya la oportunidad para que las empresas americanas y norteamericanas que quieran, las que quieran, de poder tener la opción de un antitrust, pero el convenio es una cosa y el antitrust es otra cosa. El secreto de esta negociación con Estados Unidos es más competencia, queremos más competencia”, reconoció López Meyer en ese foro.

Y se contradijo cuando aseguró que con estos acuerdos las empresas mexicanas entrarán a otros mercados, pero reconoció que la flota estadunidense es más amplia.

“Eso es competencia”, sentenció.

“American Airlines tiene mil aviones, pero vuela a 500 destinos en todo el mundo. Sí, tienen mil aviones, pero no van a agarrar uno para venir a Zacazonapan o a México, Guadalajara o Querétaro. Sí, son asimetrías de tamaño de flota, pero también de pasajeros y no van a dejar de volar a Oriente por venirse a volar a León. Las aerolíneas americanas tienen dedicada en México la flota que el mercado aguanta”, justifica.

Por otra parte, el 24 de septiembre, un día después de que la SCT respondió al FDAN, López Meyer fue premiado.

En el comunicado 440 de la Dirección General de Comunicación Social de la SCT, fechado ese día, se difunde que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo había anunciado el nombramiento de López Meyer como vicepresidente de Operaciones de Seguridad y de Vuelos de la Safety and Flight Operations.

“López Meyer asumirá el cargo a partir del 19 de octubre y se trasladará a la sede en Montreal para sustituir a Kevin Hiatt, quien dejó la posición en julio pasado”, apunta.

Intercambio de oficios

Las declaraciones de la SCT sobre la Quinta Libertad del Aire que, en su opinión, no es una política de cielos abiertos, se desmoronan con dos oficios intercambiados entre Gretch y López Meyer, que forman parte del Memorando de Oficios referido por la dependencia.

En el primero, el estadunidense pide la “flexibilización” de sus operaciones y las mexicanas, porque así lo indica el Acuerdo de Transporte Aéreo firmado el 21 de noviembre de 2014 en Washington, pero agrega: “Específicamente, propongo que, a partir de la fecha en que el Acuerdo entre en vigor, nuestras autoridades aeronáuticas deben considerar de manera positiva las solicitudes presentadas por las aerolíneas estadunidenses y mexicanas para el servicio hacia o desde cualquier punto o varios puntos específicos”.

El acuerdo no debe ser entendido como una renuncia o afectación a los requisitos para obtener autorizaciones de operación, permisos técnicos, el derecho a revocarlas o a realizar cualquier procedimiento de concesión de licencias para aprobarlas, “incluyendo cualquier hallazgo de interés público”.

Con esto, señala, estarían en el entendido de realizar alianzas entre aerolíneas de ambos países.

En su respuesta López Meyer resalta “la ampliación” de oportunidades para las aerolíneas de ambos países. Acepta los términos del funcionario estadunidense y pide recibir “consideraciones concretas y formales” como la prestación de la Orden 92-8-13 del Departamento de Transporte de Estados Unidos.

El Anexo 1 del Acuerdo, adjuntado al oficio de Gretch, prevé los lineamientos del Transporte Aéreo Programado entre ambos países. Establece que las aerolíneas estadunidenses tendrán derecho a operar servicios aéreos combinados en cada una de las rutas especificadas, en ambas direcciones y realizar escalas programadas en México.

Desde Estados Unidos, las aerolíneas de ese país podrán volar a uno o varios puntos en México. En particular, desde Dallas/Fort Worth y San Antonio a la Ciudad de México, Toluca y Acapulco, y puntos posteriores en Panamá y más allá. Desde Nueva York, Washington, Baltimore, Los Angeles y Houston a la Ciudad de México y Toluca, y a un punto o varios puntos posteriores en América Central o del Sur.

Además, desde un punto o varios puntos de Estados Unidos, a través de un punto o varios puntos intermedios, a un punto o varios puntos en México y más allá, de mutuo acuerdo y por escrito con las autoridades aeronáuticas de las partes.

En el caso de las aerolíneas mexicanas tendrán derecho a operar servicios aéreos combinados, en ambas direcciones y realizar escalas programadas en Estados Unidos en los siguientes puntos:

“Desde un punto o varios puntos en México a uno o varios puntos de Estados Unidos de América. Desde Acapulco, Hermosillo, Ciudad de México, Toluca, Monterrey, Oaxaca, Puerto Escondido, Tampico, Veracruz, Villahermosa e Ixtapa/Zihuatanejo a Chicago, Kansas City, Minneapolis/Saint Paul y Saint Louis y puntos posteriores a Canadá.

“Desde Acapulco, Chihuahua, Guadalajara, Guaymas, Hermosillo, Huatulco, La Paz, Loreto, Manzanillo, Ciudad de México, Toluca, Monterrey, Puerto Escondido, Puerto Vallarta, San José del Cabo e Ixtapa/Zihuatanejo a Cleveland, Detroit, Filadelfia, Washington y Baltimore y puntos posteriores a Canadá.

“Desde Acapulco, Guadalajara, Huatulco, Loreto, Manzanillo, Ciudad de México, Toluca, Monterrey, Puerto Vallarta, San José del Cabo e Ixtapa/Zihuatanejo a Boston y Nueva York y puntos posteriores a Europa. Desde Cancún, Cozumel, Guadalajara, Mérida, Ciudad de México, Toluca y Monterrey a Houston y Nueva Orleáns y puntos posteriores a Canadá y Europa.


“Desde Guadalajara, Huatulco, Mérida, Ciudad de México, Toluca y Oaxaca a Miami y puntos posteriores. Desde un punto o varios puntos en México, a través de un punto o varios puntos intermedios, a un punto o varios puntos de Estados Unidos de América y más allá del mutuo acuerdo por escrito con las autoridades aeronáuticas de la parte”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA (REPORTAJE ESPECIAL).

Los cómplices del matrimonio Abarca

MÉXICO, D.F: Desde el 2009, la Procuraduría General de la República (PGR) del panista Felipe Calderón Hinojosa, hasta la que encabezó Jesús Murillo Karam, durante los primeros dos años del priista Enrique Peña Nieto, se sabía de los vínculos del matrimonio Abarca con el crimen organizado.

Todavía más, había desde entonces averiguaciones previas abiertas y nadie, ni del PAN, PRI o posteriormente del PRD, junto a algunos allegados de Andrés Manuel López Obrador, hicieron nada por frenar a José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Al contrario, al primero lo encumbraron como presidente municipal en un país donde ser jefe local equivale a ser el cacique del pueblo, el que ordena y permite actos de corrupción y violencia.

Sólo la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos, hizo reaccionar al gobierno. El primero, hay que reconocerlo, fue el entonces fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, quien abrió a la pareja un proceso por homicidio y homicidio en grado de desaparición.

El argumento que presentó Iñaki Blanco fue valerse de la figura de “garante”, esto es, de que como acalde de Iguala Abarca Velázquez no tomó las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los normalistas y de la población en general.

Prueba de que sí estuvo enterado es la declaración ministerial de su hija Yamileth, quien dijo ante la PGR que su padre siempre se mantuvo en comunicación con los policías y estuvo enterado paso a paso de lo que sucedía a los normalistas.

Quien diga que Abarca no tiene procesos abiertos falla. Sí los hay y empezaron en Guerrero, lástima que fue luego de los acontecimientos de la infame noche entre el 26 y 27 de septiembre de hace ya un año.

Hoy se sabe que desde hace 15 años autoridades federales, estatales y locales conocían que los Pineda Villa estaban ligados desde los noventa a los Beltrán Leyva y al llamado Cártel del Pacífico, que aún encabeza Joaquín “El Chapo” Guzmán. Pero no se les hizo nada.

Más tarde, las diferencias entre Arturo y Héctor Beltrán Leyva dieron paso a que su cártel se fraccionara en Guerrero, dando paso a Guerreros Unidos, Los Rojos, La Barrredora y El Cartel Independiente de Acapulco (CIDA), entre otros.

Las autoridades federales –Marina, Sedena, Cisen, Gobernación, Presidencia, PGR y Policía Federal–, todos los altos mandos de este país sabían desde hace años que el matrimonio Abarca era peligroso y aun así dejaron que se encumbrara en lo político, económico y criminal.

Por lo tanto, hoy todo el Estado mexicano tiene responsabilidad directa en la atroz desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en la muerte de otros tantos normalistas, de civiles y del dolor de 43 familias, el dolor de 43 grupos de amigos y de toda una nación que está herida, que llora pero que también exige que esto pare y se haga justicia.


Si no lo demandamos, si lo “superamos” como Peña Nieto quisiera, y nos cansamos de exigir justicia, entonces será porque el Estado ya logró su objetivo: masacrar nuestras personalidades y acciones sin que nos demos cuenta.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES (ANÁLISIS).

México: 548 recomendaciones por violaciones a DDHH en 9 años, la mayoría por tortura

De 2006 a la fecha el Gobierno de México ha recibido 548 recomendaciones de parte de organismos nacionales e internacionales en materia de violaciones graves a los derechos humanos, la mayoría por tortura y tratos crueles, de acuerdo con un recuente hecho por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) llamado “Derechos Humanos: el riesgo de normalizar la excepción”.

No obstante, el cumplimiento de un número considerable de estas recomendaciones continúa pendiente. Por ejemplo, de las 12 recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre 2000 y 2013, el 50 por ciento aún no han sido atendidas. “Más allá de los pendientes, lo preocupante es que a pesar de las acciones formales que ha tomado el Estado mexicano –ratificación de tratados, aceptación de la competencia de organismos como la Corte Interamericana y reformas legales– los efectos no han sido los esperados. Por ello, es momento de replantear los mecanismos de solución”, establece el documento.


Advierte también que el discurso sobre la necesidad de aplicar “mano dura” se está generalizando entre la población.

“La ruta crítica está trazada por las recomendaciones de los organismos internacionales: la respuesta hacia la crisis de seguridad debe ir necesariamente acompañada de un fortalecimiento al respeto a los derechos humanos. No obstante, la ausencia de un planteamiento integral que incluya un fuerte componente de derechos en la agenda de seguridad pública y el enfoque reactivo del gobierno mexicano, refuerzan la posibilidad de que el imaginario colectivo se apropie de soluciones de ‘mano dura’. Es decir, acciones que bajo la promesa de reducir la delincuencia comprometan el respeto a los derechos humanos de los delincuentes”, alerta.

Las violaciones a los derechos humanos ha sido un tema recurrente en los últimos días luego de que el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió su informe sobre la situación de derechos humanos en México así como una serie de recomendaciones.

“El mensaje central del reporte es claro: México se encuentra inmerso en una crisis en materia de derechos humanos. El informe del Comisionado es congruente con una serie de reportes previos provenientes de diversas fuentes: el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura y otros tratos crueles, el reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos, el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI). Todos coinciden en el diagnóstico del problema: el Estado mexicano ha sido incapaz de garantizar la protección de derechos humanos en el contexto de violencia en el país. Además, en ocasiones, la violación ha provenido de las mismas autoridades federales, estatales y municipales”, señala el CIDAC.

De acuerdo con el informe emitido por el Alto Comisionado, México acumula desde que inició la guerra contra el narco, 151 mil muertos y 26 mil desaparecidos, agravado por una impunidad del 98 por ciento.

El representante de la ONU acentuó la resistencia del Gobierno mexicano ante las opiniones de organismos no gubernamentales y las caracterizó como “intolerantes ante la crítica pública”.

“La administración de Enrique Peña Nieto ha insistido en negar los diagnósticos de los distintos organismos en materia de derechos humanos, como si ello fuera suficiente para evadir la realidad”, destaca por su parte el análisis del think tank mexicano.


LAS RECOMENDACIONES

De acuerdo con el recuento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es el organismo que ha hecho el mayor número de recomendaciones al Gobierno de México con 335, seguida por la CIDH con 142, la mayoría se refieren a casos de tortura, desaparición forzada y “tratos crueles”.

“Las violaciones a derechos humanos han sido una de las principales consecuencias de la actual crisis de inseguridad. Además, es cada vez más notorio como la violación de estos derechos es una práctica que no ha sido atendida por las distintas instituciones gubernamentales. Desgraciadamente, el andamiaje legal e institucional de protección a los derechos humanos no ha impedido su vulnerabilidad. Además, ante el fracaso de la estrategia de seguridad, la sociedad se encuentra cada vez más desesperada por encontrar respuestas donde las alternativas de mano dura han ganado una considerable popularidad”, advierte el documento elaborado por los investigadores Mireya Moreno, Carlos de la Rosa, Ximena López, Rafael Vega y Santiago Martínez y coordinado por Mariana Meza.

La tentación de la mano dura, advierte el documento, se ha impuesto ante la falta de alternativas a los crecientes niveles de inseguridad y la poca solución por parte del sistema de justicia a la mayoría de las denuncias.

“Este tipo de soluciones tienen altas posibilidades de resultar atractivas para la ciudadanía. No es casualidad que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) haya impulsado propuestas que prometían la ‘pena de muerte o cadena perpetua a secuestradores’”, considera.


Una encuesta de Latin American Public Opinion Project (LAPOP), citada en el documento, muestra cómo el discurso de la mano dura se ha hecho más popular entre los mexicanos: comparando los datos de 2008 y 2014 se observa que el 26 y 29 por ciento de la sociedad, respectivamente, considera que en el país hace falta un gobierno de mano dura para resolver los principales problemas. En 2006, el 13.5 por ciento de la población consideró que en algunas circunstancias, un gobierno autoritario es una buena alternativa, para 2014 la cifra había crecido a 18.4 por ciento.

“Es decir, debido a la incapacidad del Estado para contener la inseguridad se ha propiciado que la sociedad se orille a respuestas menos democráticas que vulneran el respeto a los derechos humanos, las cuales lejos de resolver el problema sólo encaminarían al país a un escenario autoritario”, alerta y cita como un ejemplo el caso del Ejército en las calles.

“Mientras el Alto Comisionado recomienda al Gobierno mexicano plantearse una ruta de transición que posibilite el regreso de las fuerzas armadas a los cuarteles, el General Cienfuegos –titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)–, entre otros, ha señalado el vacío legal en el cual operan las fuerzas armadas, y ha señalado la necesidad de elaborar leyes que regulen la actuación del Ejército en las calles. Es decir, normalizar una situación de excepción. La tentación está en que el Ejecutivo elija la opción de aprobar legislación que detalle de forma explícita el comportamiento del Ejército que favorecerá a perpetuar la excepción”.

Acusa que de los 4 mil arraigos ejecutados durante el gobierno del panista, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), únicamente en el 3 por ciento de los casos (120) se ejerció acción penal, lo cual muestra la poca efectividad de una medida que viola los derechos humanos y no contribuye a disminuir el nivel de inseguridad.


“La CNDH cuenta con 807 expedientes de queja de personas sometidas a arraigo de 2007 a 2014 y de éstas el 54 por ciento se deben a tratos crueles”, resalta.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-10-2015/1518861

“El Chapo” y “casa blanca” trajeron desánimo, irritación y enojo, acepta Luis Videgaray

En México existe desánimo, frustración y enojo por los casos como la fuga de “El Chapo” y el la “casa blanca” de la Primera Dama –que costó más de 7 millones de dólares- reconoció el Secretario de Hacienda, Luis Videgarya Caso.

Sin embargo, cuestionado sobre su vivienda en Malinalco, Estado de México, comprada a Grupo Higa, uno de los principales contratistas del gobierno, sólo respondió: “La casa es mía y de mi familia, y seguirá siendo mía”.

Desde noviembre del año pasado, trabajos periodísticos sacaron a la luz cómo el Presidente Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera Hurtado y el mismo Videgaray Caso habían comprado casas a contratistas del Estado de México y del Gobierno Federal.

En el caso de la casa del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el diario estadounidense The Wall Street Journal reveló que la casa que Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, vendió al Secretario de Hacienda por 7.5 millones de pesos, fue adquirida por la firma de bienes raíces al mismo precio, 10 meses antes, según el Registro Público de la Propiedad del Estado de México.

El WSJ publicó que el índice de precios al consumidor aumentó 3.5 por ciento en el periodo entre las dos ventas. Asimismo, recuerda que entre el último trimestre de 2011 y el último trimestre de 2012, los precios de los bienes raíces en el Estado de México también subieron un 3.5 por ciento en promedio.

Tanto Videgaray como Rivera Hurtado y el Presidente Enrique Peña Nieto fueron exonerados por la Secretaría de la Función Pública de cualquier conflicto de interés que la compra de estas casas pudiera representar.

Videgaray fue cuestionado por el diario español El País sobre si este escándalo de conflicto de interés afectaría su futuro político, a lo que respondió: “Ha sido un episodio complejo en lo personal, que ha afectado sobre todo a mi familia. Sobre el futuro político, eso lo dejo a los analistas y comentaristas”.

Videgaray fue cuestionado por la Reforma Hacendaria, la impunidad en el país, en desempleo y la pobreza.

En el tema de la impunidad en el país, principalmente por parte de funcionarios públicos, Videgaray Caso aseguró México ha avanzado de manera notable en los últimos 30 años. Ahora tenemos un mejor Poder Judicial, institutos electorales fiables, leyes de transparencia y acceso a la información, y se han aprobado medidas anticorrupción que van a tener efectos muy importantes en las próximas décadas. “Ese proceso mejora las perspectivas económicas y a la inversa. Más allá de las coyunturas, México va en la dirección correcta”.

MÉXICO Y LA POBREZA

Sobre el tema de la creciente pobreza en el país, en la que viven 55 millones de mexicanos, el funcionario justificó que la medición se hizo en agosto, cuando la inflación tocó su máximo en el país y justificó: “Esa medición se hizo en agosto del año pasado en la cresta del aumento inflacionario por la Reforma Tributaria. Si volviéramos a medir ahora, con la caída de la inflación, tendríamos una cifra diferente. De todos modos, dentro de esa encuesta, hay datos alentadores: la pobreza extrema ha disminuido y ha mejorado el acceso a la seguridad social”.

También justificó la Reforma Hacendaria, que ha sido cuestionada por ciudadanos y empresarios al imponer nuevos impuestos, “la reforma buscaba una mayor progresividad y aumentó la carga tributaria de algunas personas físicas. Por ejemplo, estableció un tope a las deducciones personales en el impuesto sobre la renta, pero es que el 90 por ciento de esas deducciones lo efectuaba el 10 por ciento de la población con mayores ingresos. El escenario contrario suponía gravar a los que menos tienen, y eso hubiera sido regresivo”.

Sobre el cuestionado Acuerdo de Asociación del Pacífico (TPP), cuestionado por distintas organizaciones civiles por la manera en que afectará a ciudadanos de países como México, el funcionario federal afirmó que se trata de una oportunidad doble porque “nos permite entrar en economías con las que no teníamos las puertas abiertas. Y además actualiza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte”.

FUENTE: SIN EMBARGO.

AUTOR: REDACCIÓN.

Brasileños y guatemaltecos castigan a la corrupción… En México, impunidad garantizada

MÉXICO, D.F: En Guatemala, un conjunto de factores desembocó en la destitución y encarcelamiento del presidente de la República tras descubrir su involucramiento en una red de defraudación aduanera. En Brasil, la lucha contra la corrupción ya condujo a decenas de altos funcionarios detrás de las rejas; sin embargo, en México los recientes escándalos que involucraron posibles conflictos de intereses o desvío de dinero público no trascendieron en sanciones administrativas o penales.

Este fue el diagnóstico de una mesa de discusión que organizó la fundación Heinrich Böll y que contó con la presencia del fiscal brasileño Carlos Bruno Ferreira da Silva, así como Enrique Naveda, el periodista español que fundó el medio electrónico Plaza Pública en Guatemala y el abogado Óscar Arredondo, integrante de la organización Fundar.

Arredondo explicó que el “evidente conflicto de intereses” que rodeó el tema de la “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto evidenció el marco jurídico “débil y discrecional” que impera en México para investigar los casos de corrupción.

También lamentó el alto grado de impunidad del Ejército mexicano, que quedó exhibido en la negación categórica del secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, de permitir a los peritos interrogar a los militares del 27 batallón de Iguala.

Subrayó que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo diseño se encuentra en discusión, plantea una oportunidad para combatir la corrupción desde la institucionalidad, con una fiscalía autónoma y una mejor rendición de cuentas.

“La institución es una solución, pero sin gente de mucho valor no se puede hacer nada”, expuso Ferreira, actual secretario de cooperación internacional de la Procuraduría General de la República de Brasil. Abundó: “En Brasil la fiscalía necesitó muchos años para madurar, conquistamos nuestra autonomía cada día, hemos aprendido a armar los casos de mejor manera, con menos presunciones y más pruebas materiales”.

Recordó que a partir de 2005 y el desmantelamiento del “Mensalao” –una red de diputados que vendían sus votos al Partido de los Trabajadores–, dio un empuje a la fiscalía, ya que los brasileños se percataron “que era posible encarcelar a políticos del mayor grado”, a pesar de la corrupción en el sistema judicial.

El fiscal brasileño explicó que, a diferencia de México –donde la PGR forma parte del ejecutivo federal y por lo tanto está subordinada al presidente de la República–, en Brasil la fiscalía posee un estatuto y dispone de un presupuesto propio, negociado de manera directa con el parlamento.

La designación del nuevo titular de la fiscalía garantiza la relativa independencia de la institución: El fiscal saliente propone al presidente una lista de tres candidatos; éste elige a uno y el Senado ratifica su designación.

En Brasil, subrayó el fiscal, los funcionarios están protegidos ante los cambios de administración, ya que los cargos se obtienen mediante concursos, por lo que “un fiscal no está preocupado por su futuro económico o político”.

Un método que resultó eficaz en el combate contra la corrupción, señaló el brasileño, fue el endurecimiento drástico de las penas contra los operadores de las redes de corrupción con la posibilidad de alivianar sus sentencias a cambio de su colaboración.

“Hemos recibido 250 denuncias que imputan crímenes a más de 170 políticos”, subrayó Ferreira, al resaltar que otro paso importante en el país sudamericano fue la posibilidad de investigar a las empresas, sin las cuales “no hay corrupción”.

Guatemala: “Alineación de astros”

Naveda explicó que, contrario a la interpretación de los observadores extranjeros, la caída del expresidente Otto Pérez Molina no respondió solamente a la revelación de su participación en “La Línea” –una red de defraudación aduanera—por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sino a una compleja “alineación de astros”.

Sin quitar mérito al movimiento espontáneo y ciudadano, que presionó hasta la renuncia de Pérez Molina, el periodista analizó que la llamada “primavera guatemalteca” se acabó con las elecciones fraudulentas –los fondos de campaña resultaron ilegales– del pasado 6 de septiembre, apenas tres días después de la caída de Pérez Molina.

En entrevista con Apro, Naveda recordó que los dos candidatos que consiguieron su pase a la segunda ronda electoral no representan ninguna perspectiva de renuevo, sino que sus proyectos ofrecen “volver a los últimos 10 años o volver a los últimos 25 años”.

El comediante “nacionalista católico” Jimmy Morales triunfó con su partido Frente de Convergencia Nacional (FCN), fundado por “el grupo de militares más salvajes, que perpetraron las masacres más sangrientas de la guerra”.

Su rival, Sandra Torres, encabezó el partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE), mismo que llevó a su exesposo Álvaro Colom Caballeros a la presidencia en 2007 –se divorció de él para presentarse como presidenta–.

Las elecciones provocaron “una rotación de las élites sin resolver el problema sistémico de la corrupción”, aseveró el periodista, al analizar que “muchos de los guatemaltecos que protestaron para exigir la renuncia de Pérez Molina se aliviaron con ella; muchos no pedían la caída del sistema pero personificaron los vicios del sistema en tres o cuatro individuos”.

Y lamentó: “La caída de Pérez Molina fue importante pero fue un trofeo menor: no implicó ningún cambio a las reglas. Hubo una posibilidad de cambio, pero de la primavera, Guatemala pasó al invierno sin pasar por el otoño”.

El pequeño país centroamericano concentró la atención internacional el pasado 16 de abril, cuando el Ministerio Público guatemalteco, junto con la CICIG, reveló la existencia de “La Línea”, con base a una larga investigación cuyos hallazgos se fundamentaron en hechos y no en simples declaraciones.

La sociedad ya mostraba señales de hartazgo ante la descarada corrupción, que los medios de comunicación exhibían con frecuencia y que la clase media difundía en las redes sociales. “Los ‘memes’ sirvieron como canalizadores de indignación”, subrayó Naveda.

A partir de abril, los mensajes de denuncia de los personajes políticos que aparecían señalados como miembros de La Línea –entre ellos la vice presidenta Roxana Baldetti—se multiplicaron en las redes sociales, entre otros en una página de Facebook llamada “RenunciaYa”, cuya fundadora convocaba a una protesta cada sábado.

En ése entonces se acercaba la fecha de las elecciones. Las intenciones de voto auguraban el triunfo absoluto del partido de oposición, Líder. Sin embargo, el escándalo de “La Línea” provocó un efecto dominó sobre Líder: La ciudadanía repudió de igual manera a los dos partidos principales, ante las evidencias de que eran socios, más que competencia.

Naveda recordó que mientras las paredes del país se cubrieron de pintas y pancartas que señalaban “Líder = PP”, las intenciones de voto para Líder declinaron de manera dramática. En un intento de distanciarse de la imagen del presidente, los diputados de Líder levantaron la inmunidad jurídica a Pérez Molina, lo que permitió al Ministerio Público detener y encarcelar al mandatario.

Pero además de la indignación y de la presión de la oposición, el periodista reveló que la diplomacia estadunidense empujó el presidente hacia la salida, para evitar que la situación de malestar desbordara en un golpe de Estado –como ocurrió en Honduras en 2009–.

Al mismo tiempo, afirmó el español, las distintas facciones del sector privado y del ejército, así como los demás grupos de poder consiguieron nuevas alianzas con las élites que surgieron de la derrota de los principales partidos.


“En Guatemala, los poderes fácticos están muy fragmentados, el ejército y los diversos sectores privados no están unidos y uno solo no puede imponer su visión ni su hegemonía”, explicó Naveda y, soltando una pequeña carcajada, añadió: “No existe un PRI allá”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Renuncia especialista al Consejo Consultivo del IFT por espaldarazo a Televisa

MÉXICO, D.F: El profesor Carlos Urzúa Macías, integrante del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), renunció a esta instancia en desacuerdo por la resolución del organismo que exoneró a Grupo Televisa de tener poder sustancial de mercado en el servicio de televisión de paga, dada a conocer el viernes 2.

En una breve carta, enviada el lunes 12 a Gabriel Contreras, comisionado presidente del IFT, Urzúa Macías afirma que “tras leer la resolución, por fortuna no unánime, del pleno del IFT respecto de la determinación de la existencia de un agente económico con poder sustancial en el mercado de la televisión de paga, me he dado cuenta de que lo que yo entiendo por competencia económica es al parecer radicalmente diferente de lo que algunos miembros del pleno entienden por ello”.

Economista especializado en organización industrial y profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, Urzúa es el primero de los 15 integrantes de este Consejo Consultivo que decide “renunciar de manera irrevocable a mi puesto honorífico” como integrante de este organismo.

El Consejo Consultivo comenzó a operar desde marzo pasado, integrado por 15 especialistas, sobre todo abogados e ingenieros, expertos en telecomunicaciones, derecho a la información y competencia económica.

Los consejeros no reciben percepción económica y su función principal ha sido trabajar en los asuntos en los que el IFT ha realizado consultas públicas. Sus recomendaciones no son vinculantes, pero constituyen un aval moral.

La polémica decisión de cicno votos contra dos que exoneró a Grupo Televisa de tener poder sustancial del mercado, también generó un fuerte descontento interno en las dos unidades de investigación que realizaron estudios previos y determinaron que la compañía de Emilio Azcárraga Jean tiene más de 62% de los suscriptores a través de los sistemas de televisión por cable y satelital y es dominante en más de 2 mil municipios del país.

Los otros integrantes del Consejo Consultivo son Clara Luz Alvarez, Irma Avila, Carlos Bello Hernández, Aleida Calleja, Ernesto Flores, Gerardo González Abarca, Santiago Gutiérrez Fernández, Erik Huerta Velázquez, Salma Jalife, Irene Levy, Elisa Mariscal, Luis Miguel Martínez Cervantes, Carlos Merchán, Carlos Ponce Beltrán y Juan José Crispín, secretario.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Marinos y no la PGR, los que hallaron bolsa con cenizas de presuntos normalistas, revela titular de la Semar

MÉXICO, D.F: Quienes descubrieron la bolsa con cenizas y restos óseos, que la PGR aseguró correspondían a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, fueron elementos de la Marina y no autoridades civiles, reveló el titular de la Armada, Vidal Francisco Soberón Sanz, a los diputados de la comisión especial del caso Iguala.

Durante una hora y media, cinco de los ocho miembros de la instancia legislativa se entrevistaron con el almirante, quien también aclaró que los marinos iniciaron su participación el 28 de septiembre de 2014 a petición del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Además explicó a los diputados que la PGR les solicitó algunos buzos para explorar el río San Juan de Cocula, siendo ellos quienes hallaron la bolsa con presuntos restos humanos, y que luego Jesús Murillo Karam, entonces procurador general, aseguró que eran de los estudiantes desaparecidos.

Incluso detalló que entregaron la bolsa a elementos de Infantería de la Sedena y fueron ellos quienes la resguardaron hasta que llegó la PGR.

No sólo eso, además Soberón Sanz comentó a los legisladores que nunca se les notificó que deberían haber estado presentes en las diligencias los expertos del equipo forense argentino.

Como se recordará, el equipo forense emitió un comunicado en donde estableció que no podía certificar que tales restos eran humanos o pertenecían a los 43 normalistas desaparecidos, debido a que sus expertos no se encontraron en el lugar en el momento del hallazgo; además de que al llegar al sitio, la bolsa ya estaba abierta y los restos fuera de ella.

Al encuentro con el titular de Marina sólo acudieron la presidenta de la comisión, la panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez; el diputado del PRI, Víctor Manuel Silva Tejeda; María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza; Aracely Damián, de Morena, y Víctor Sánchez, de MC.

Además del almirante secretario estuvieron el jefe del Estado Mayor, Luis Gerardo Alcalá Ferráez, y el jefe de la Unidad Jurídica, Alejandro Miguel Vázquez, entre otros.


El próximo lunes 19 la comisión especial se reunirá con Sergio Jaime Rochín del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

El robo por hambre en México encierra a 7 mil personas, la mayoría mujeres, en la cárcel

Ciudad de México, 14 de octubre: En México hay aproximadamente 7 mil personas que están recluidas en las cárceles y purgan una condena de hasta 10 años por robar una charola de carne, una mantequilla, unas alitas de pollo, un yogurt, leche o pan, porque no tenían dinero y necesitaban comer, de acuerdo con cifras de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Este tipo de delito se le conoce como Robo Famélico y por lo general lo cometen las personas de escasos recursos quienes no tienen para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia y que en México, de acuerdo con las últimas cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), suman 55.3 millones, un aumento de casi 2 millones de personas respecto al 2012.

“En el Código Penal no se habla de robo famélico, lo ubican sólo como robo, las personas que hurtan comida no tienen ni siquiera para pagar una fianza y como no tienen una defensa adecuada las encierran y pasan hasta 10 años en la cárcel por este delito”, explicó a SinEmbargo la licenciada Olivia Garza de los Santos, directora de Modernizando el Sistema Penitenciario A.C.

El Código Penal Federal contempla en su artículo 367 que “comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley”.

“El robo famélico encaja totalmente en lo que dice el Código Penal Federal en el artículo 367, aunque si se comprueba que se apropió de algún producto para satisfacer sus necesidades entonces no se le aplica pena; pero si a la persona se le atribuye otras circunstancias, como el hecho de que cometa el delito con más gente o que vaya armada, eso constituye un agravante”, expuso el profesor Carlos Enríquez Escallon, especialista en Derecho Penal de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco.


El académico detalló que para acreditar que alguien ha cometido un delito y acreditar que alguien es merecedor a un beneficio que le otorga la Ley tiene que probarlo.

“Si hay 7 mil presos en la cárcel por cometer este tipo de delitos quiere decir o que no probaron lo suficiente su inocencia y ni el Ministerio Público ni el juez les creyó y de todas maneras consignó. Quizá puede ser un exceso por parte de las autoridades”, expuso.

El artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales considera la excluyente del delito de robo cuando existe un estado de necesidad justificante.


“A nivel federal las personas que cometen este tipo de delitos llegan a pasar hasta 10 años en prisión porque normalmente es el delito más el agravante; es decir que se cometa el robo en un lugar cerrado o si va acompañada de alguien se considera como pandilla, el delito no va solo”, dijo Olivia Garza.

LA ANTAD Y EL ROBO FAMÉLICO

Los establecimientos afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) son las que presentan más denuncias en contra de las personas por robar alimentos, no sólo se les acusa de este delito, también las acusan de intento de homicidio, amenazas, lesiones y daños a sus sucursales.

“La tienda que más ha afectado a las personas por el delito de robo famélico es Walmart, aunque hay muchas de la asociación AMDA, también está Superama y OXXO”, reveló la abogada Garza de los Santos.


La también ex presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la ALDF, aseguró que la política de estas tiendas de autoservicio es denunciar y no otorgar el perdón.

“Es muy triste que una madre que tiene que llevar de comer a sus hijos que se robó unas alitas de pollo la encontremos en Santa Martha Acatitla porque la tienda no le quiere otorgar el perdón”, dijo.

Para desalentar el llamado robo hormiga, que incluye a los alimentos, estas tiendas departamentales se aseguran que los infractores permanezcan varios años en la cárcel.

De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, el 90 por ciento de los procesos penales que en contra de las personas que cometen robo famélico son acusados por los abogados de las tiendas afiliadas a la ANTAD.

El Censo Nacional de Mermas y Prevención de Pérdidas de 2014 de la ANTAD señala que en 2014 se tuvieron 31 mil 461 incidencias de robos, 2.0 por ciento más que en 2013.

En el Distrito Federal, a partir del año 2008, los diputados de la ALDF aprobaron una serie de reformas al Código Penal que cambia horas o días de prisión por trabajos comunitarios, siempre y cuando el presunto culpable compruebe que fue por necesidad y es la primera vez que lo hace. En casos de reincidencia, contempla, habrá prisión.

“La tendencia en la ALDF en la legislatura que me tocó era bajar las penas para que las personas que hubieran robado por hambre pudieran salir de la cárcel, también se cambió el tipo penal, antes el robo era un delito de oficio y ahora se cambió al de querella, entonces si la parte agraviada otorga el perdón, las personas pueden salir en libertad”, mencionó Olivia Garza.

Refirió que desde la ALDF se impulsó convenio con la afianzadora Insurgentes para que las personas que hubieran cometido delitos como el robo famélico pudieran alcanzar la fianza pagando 500 pesos y recobrando su libertad de manera inmediata, sin embargo, en el resto del país no ocurre así.

La también ex Diputada panista de la ALDF añadió que los capitalinos les cuesta 138 pesos diarios el que una persona esté privada de la libertad. “La proporción del costo es muy grande y finalmente no hay un tema de reinserción social, por eso nosotros estamos más por las alternativas a la prisión, que haya una sanción como una poda de árboles, una pinta de banquetas, este tipo de acciones donde la comunidad reciba un beneficio, que le demos una segunda oportunidad a estas personas”,  subrayó.


Olivia Garza adelantó que desde la sociedad civil se estará impulsando a que se realicen las modificaciones que se hicieron en el Distrito Federal para no criminalizar la pobreza.

“Yo creo que el delito de robo debe ser perseguido pero en función y en proporción del daño causado, en este caso que son robos de hambre no se debe criminalizar la pobreza en ningún estado de la República”, enfatizó.

De acuerdo con el especialista en Derecho Penal, Carlos Enríquez, la falta de recursos económicos que enfrentan los presos que cometieron robo famélico, los obliga a someterse a otros reos para poder subsistir en la cárcel.

ALGUNOS CASOS

–Distrito Federal

En septiembre pasado el periódico Reforma publicó el caso de una mujer que robó en un establecimiento de Bodega Aurrerá una charola de carne y una mantequilla porque no tenía dinero y necesitaba dar de comer a sus hijos. La señora fue llevada a juicio por no poder pagar los 59 pesos que costaban los alimentos, a pesar de que confesó el robo y el por qué lo había cometido.

De acuerdo con el diario de circulación nacional, la representación de WalMart se negó a alcanzar un acuerdo repertorio como lo establece el sistema penal acusatorio para delitos no graves y pidió enviar el caso ante un juez.

Bodega Aurrerá es el nombre de uno de los formatos de tiendas de autoservicio en México de la filial mexicana de Walmart.

Finalmente, el Juez Séptimo Penal del Sistema Procesal Acusatorio, Prudencio González Tenorio, resolvió la no vinculación a proceso y dejó a Nancy en libertad, con el pago de los 59 pesos, sin que la mujer llegara a pisar la cárcel.

Otro caso ocurrió en el Wal-Mart Toreo. Una mujer de 30 años, madre de cinco hijos fue detenida el 19 de junio del año pasado por robar una mermelada, un yogurt y un frasco de Nutella.

Era la primera vez que la señora Patricia López Nazario cometía robo, por ello, podía quedar en libertad si se llegaba a un arreglo con la parte afectada, sin embargo, el abogado de la tienda de autoservicio se negó a otorgarle el perdón.

La Fiscalía en Miguel Hidalgo le pidió una fianza de 12 mil 785 pesos para no ser consignada al reclusorio.

En julio de 2014, la señora Ana María intentó robar en un Walmart dos paquetes de carne y uno de camarón para darles de comer a sus hijos, pero fue descubierta y fue condenada a seis meses de prisión por no poder pagar la fianza de 27 mil pesos.

La mujer acudió el 23 de julio del año pasado a la tienda de autoservicio ubicada en Avenida Cuitláhuac, en la delegación Azcapotzalco y sustrajo los alimentos, al darse cuenta de que fue sorprendida dejó la comida antes de pasar la línea de cajas y trató de salir del establecimiento.

Sin embargo, personal de la tienda la alcanzó y le mostró los productos que pretendía robar, la regresó, le hizo un ticket del monto y llamó a una patrulla. Ana maría fue llevada al Ministerio Público donde le pidieron 27 mil pesos para dejarla libre, dinero que no pudo pagar y fue llevada a prisión.

–Oaxaca

El señor Juvenal López Lucas fue acusado por el gerente de la tienda Aurrerá, Sergio Javier Pérez Mancera, del robo de dos pares de sandalias y dos charolas con desechos de costillas, con un valor de 372.90 pesos.

López Lucas, quien es albañil, fue llevado a la cárcel el 6 de septiembre luego de que el Juez Tercero de lo penal aplicó el rigor de la Ley al indígena zapoteco de 30 años al dictarle auto de formal prisión por considerarlo presunto responsable del robo de mercancía a la tienda de autoservicio.

“Sí, robé. Mis hijos tenían hambre y yo también. Se me hizo fácil guardarme los productos entre la ropa; pensaba vender las chanclas para comprar la leche de mis dos hijos y las costillitas para comerlas con mi esposa”, declaró Javier Pérez al diario local Tiempo en Línea.

El señor comentó que se encontraba sin empleo luego de que la obra en que trabajaba fue suspendida por no contar con permisos para construir los departamentos.


El caso provocó indignación entre la comunidad de Oaxaca, quienes alzaron la voz por la injusticia que las autoridades manejaron en el caso.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: GUADALUPE FUENTES LÓPEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/14-10-2015/1513879.

Conapred emite resolución para el IMSS por aplicar pruebas de VIH como requisito de contratación

Las otras dos resoluciones del Conapred se deben a casos en los que se negó o se restringió el servicio de guarderías y por la negación o restricción del pago de la pensión por viudez.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) emitió tres Resoluciones por Disposición dirigidas al IMSS y al ISSSTE, sobre casos de negación o restricción en el servicio de guarderías, negación o restricción del pago de la pensión y sobre la aplicación de pruebas de detección de VIH como requisito de contratación.

La resolución 7/15 se refiere a una persona que fue sujeta a pruebas de detección de VIH, como requisito de contratación en el IMSS.

Este caso se presentó en julio de 2011, cuando un hombre inició los trámites para trabajar en el IMSS como médico general, por lo que realizó una serie de exámenes médicos requeridos.

Una semana después, le llamaron del área de Prevención y Promoción a la Salud, para que repitiera unos análisis sin especificarle cuáles, por lo que volvió a someterse a ellos. Para la tercer visita, se le informó que había resultado positivo al VIH.

Cinco meses después el sujeto dio seguimiento a su trámite de contratación, pero el coordinador de Salud en el Trabajo en la Delegación del IMSS en Saltillo le dijo que no salió apto y que de ninguna forma podría tener acceso al trabajo para el cual aplicó.

En este caso el Conapred emitió cinco puntos resolutivos entre los que destacan: que el IMSS debe tomar las medidas necesarias para que no se repita este acto.

Además, debe darle “las facilidades necesarias al agraviado” para que participe en un nuevo proceso de selección y, en caso de resultar procedente, se le contrate.

La resolución 8/15 se debe a los casos de un hombre a quien le negaron la inscripción de su hijo en una estancia infantil del ISSSTE y al de otro sujeto a quien le restringieron el servicio de guardería.

En este caso, el Conapred emitió cuatro resoluciones, entre las que destaca la promoción de una reforma al Reglamento del Servicio de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil del ISSSTE y a la Ley del Seguro Social, respectivamente, de manera que sea una disposición incluyente y no discriminatoria por motivo de género, en particular en agravio de los padres derechohabientes y sus hijos.

La tercera resolución, la 9/15, se debe a casos en que a hombres viudos cuyas cónyuges o personas concubinas fueron derechohabientes o trabajadoras del IMSS, se les niega o restringe la pensión por viudez, por no contar con una constancia de dependencia económica y/o con dictamen de incapacidad total permanente.

La resolución del Conapred indica que se les debe otorgar la pensión por viudez y pagar, “de forma retroactiva, el monto correspondiente a la pensión por viudez, contado a partir desde la fecha de fallecimiento de las cónyuges o concubinas de las personas peticionarias”.

El Consejo señaló que las resoluciones ya fueron notificadas, por lo que las autoridades responsables tienen un plazo de tres días hábiles para “pronunciarse sobre la aceptación de las mismas y tienen 30 días naturales para que remitan pruebas de cumplimiento”.


En caso de que el ISSSTE o el IMSS busquen inconformarse, ambas instituciones cuentan con 15 días hábiles para interponer recurso de revisión, de acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, concluyó el Conapred.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.