El ex líder moral del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y autor de la iniciativa Por México Hoy, destacó que no es momento de ser de izquierda ni derecha sino de ser patriotas y buscar el bienestar del país.
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se encuentra en una nueva etapa de su vida. Después de renunciar al Partido de la Revolución Democrática (PRD), hace casi un año, y de salirse de la actividad partidista, busca acercarse a los movimientos sociales para transformar al país, según sus palabras.
Entre sus planes está hacer una nueva Constitución Mexicana y uno de sus principales objetivos es que se dé marcha atrás a las Reformas Estructurales aprobadas en la administración actual.
En entrevista con SinEmbargo, Cárdenas Solórzano aseguró que no es importante hablar de izquierdas o de derechas rumbo a 2018. Tampoco de partidos. Se necesita ser patriota y buscar el bienestar del país, argumentó.
“Hay muchas izquierdas. Algunos dicen que están la izquierda, otros que no están. Hay las electorales, otras que no. Hay de todo. Como diría yo en las derechas. Hay muchas derechas de muy distinto tono, y es muy difícil decir qué califica si se está en el derecha o en la izquierda. No hay ningún juez que lo establezca”, dijo.
El ingeniero Cárdenas se encuentra retirado de los partidos, pero no de la política. Recientemente lanzó la iniciativa Por México Hoy, junto con otros ex perredistas como el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, la maestra Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo.
La agrupación busca aglutinar a todos aquellos inconformes con el estado del país, pero desde una trinchera distinta a los partidos políticos.
–¿En qué consiste su proyecto Por México Hoy?
–Es un proyecto en el que estamos involucrados mucha gente que estamos en la actividad pública. Algunos están en partidos, otros no estamos en partidos políticos. Algunos están en organizaciones sociales de distinto tipo. La idea es lograr cambios reales, importantes en el rumbo de desarrollo del país. La situación actual que ha creado la pobreza, hay desocupación, no hay oportunidades para los jóvenes, hay una violencia que se extiende y profundiza, una economía que no crece, esto debe y puede cambiarse. Para eso estamos proponiendo una discusión amplia, para ponernos de acuerdo cuáles son los cambios fundamentales que deben darse, pero consideramos que muchos de estos cambios van a requerir de cambios constitucionales importantes.
–¿Qué papel juegan las reformas estructurales en este escenario?
–Se han dado reformas serias, que no están permitiendo que el país se desarrolle. Las llamadas reformas estructurales son retrocesos muy serios. Creemos que esto debe revertirse. Tener proyecto de cambios constitucionales, impulsar que se adopte una nueva Constitución y a partir de ahí, tomar esto como punto de apoyo y realmente llevar a cabo los cambios que hacen falta, para todo esto, lo que es indispensable es que haya una toma de conciencia muy amplia por parte de la población y al mismo tiempo que haya capacidad de movilización. En esto es en lo que estamos. En realidad buscando generar una gran capacidad de movilización, para que aquellos que tomen decisiones se vean convencidos y en su caso forzados a los cambios necesarios. Queremos crear una gran movilización por todo el país, para que demanden los cambios que están haciendo falta.
–Digamos, ¿están llamadas todas las organizaciones y población? Javier Sicilia ya se ha sumado. ¿Están llamando a hacer un sólo frente en Por México Hoy? , ¿cómo piensan organizar esta gran toma de conciencia?
–Primero hablar con la gente, convencerlos. Hay grupos que está participando. Hemos hablado con Javier Sicilia; hemos hablado con gente que no está participando en ningún grupo formal. Hay mucho ciudadano, mucha gente que se mueve sola en cierto modo, gente que está en actividades de todo tipo: en la academia, pero también en el comercio, agricultura, ganadería, trabajadores asalariados, gente que tiene mucho que aportar y que conoce mucho de cómo pueden resolverse los problemas. La gente que está viviendo los problemas es la que principalmente tiene a su alcance decir cuáles son las principales vías de solución.
–¿Buscan que todo se haga en un frente?
–Que se haga en un sólo sentido. Yo no diría en un solo frente. No estamos tratando de hacer una organización electoral ni tener una agrupación política formalmente. Sí estamos haciendo política, queremos hacer política, pero nos interesa sobretodo la toma de conciencia y la movilización social que impulse los cambios que están haciendo falta.
–¿Cómo ve a esta sociedad civil? Hay una impresión de que hay un gran descontento social, pero que cada quien está por su lado, por su causa. ¿Ustedes buscan aglutinar a todos?
–Lo que queremos es que todo el mundo empuje en el mismo sentido. No queremos que se afilen a una organización o que impulsen candidaturas, eso es aparte, pero sí creemos que todo el mundo debe empujar en el mismo sentido, para que los cambios puedan llevarse a cambio.
–Cuándo usted habla de una nueva Constitución, ¿de qué estamos hablando exactamente ?, ¿de regresar a la que teníamos, quitando las reformas estructurales? , ¿o habla de otras implicaciones?
–Esto lo tendrán que ver con más cuidado los constitucionalistas, pero sin duda hace falta que todos los derechos que la Constitución que otorga a los ciudadanos, puedan ejercitarse. Se dice que todo el mundo debe tener un salario mínimo suficiente para llevar una vida digna, que permita el sostenimiento de una familia, que pueda tener esparcimiento, con qué alimentarse, vestirse, tener vivienda. El salario mínimo no cumple con esos requisitos constitucionales. Queremos que se haga efectivo eso. Todo mexicanos debe tener trabajo, sin embargo, si una persona no tiene trabajo, no tiene ante qué autoridad acudir para exigirle. Consideramos necesario revertir las reformas estructurales, recuperar el control del subsuelo de parte del Estado mexicano, reestructurar al poder Judicial. Todo esto aterrizaría en una gran reforma de la Constitución.
LA CRISIS DE DDHH
–Ahora que vino la Comisión Interamericana [CIDH] y que dice que México está viviendo una grave crisis de derechos humanos, en esta parte, ¿hay trabajo por hacer en la Constitución?
–Bueno lo primero es que hay que luchar para que se cumpla como esté, a partir de ahí, la Constitución establece los mecanismos sobre sus reformas.
–Ingeniero, ¿qué opina usted en estos momentos de los partidos políticos? Es decir usted está trabajando ahorita por fuera de los partidos…
–Pero no en contra.
–Pero por fuera…
–Nosotros no estamos en contra de nadie, ni de partidos ni de organizaciones ni de personas afiliadas a ningún partido. Tenemos que buscar el progreso del país.
–Pero, ¿de verdad los partidos políticos están representando hoy las necesidades de la población?
–Pues de algunos sí, de otros no. Así tan sencillo como eso.
–Usted, ¿por qué decide no estar en los partidos? Sabemos por qué no está en el PRD, pero lo vemos haciendo actividad política por fuera de los partidos. ¿Cuál fue el punto de inflexión?
–Discrepancia de cómo se estaban manejando las cosas en el partido al que yo pertenecía. Yo decido separarme y seguir haciendo la política que creo es la correcta.
GENTE INTOLERANTE
–Lo hemos visto muy cerca de los movimientos sociales. Cuando le ocurrió aquella agresión, que todavía estaba en el PRD y que fue a la marcha [en una manifestación por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa de octubre de 2014. Cárdenas fue abucheado y agredido con agua, refresco y piedras], para usted, ¿qué significó?, ¿fue una sacudida?
– Para mí fue una persona que no tiene capacidad de tolerancia. Gente que quería provocar, pero nada de fondo.
–Nada de fondo. Ahora, ¿cómo ve el panorama de la izquierda?, ¿está lista para retomar estas demandas sociales?
– Hay muchas izquierdas. Algunos dicen que está la izquierda, otros que no está. Hay las electorales, otras que no. Hay de todo. Como diría yo en las derechas. Hay muchas derechas de muy distinto tono, y es muy difícil decir qué califica si se está en el derecha o en la izquierda. No hay ningún juez que lo establezca.
–Para 2018, ¿qué tan importante es que salga el PRI del poder?
–Yo considero que es muy importante que desde ahora pudiera darse un cambio en las políticas del Estado, que fueran favorables al país, impulsen un verdadero desarrollo y una equidad en los beneficios del desarrollo, quien lo haga, no sé quién es, pero cualquiera que sea, cualquier partido, que efectivamente estén buscando un cambio en la actual situación del país.
–¿Usted considera que la izquierda debería llegar en 2018 a la Presidencia de la República? y, ¿qué requiere para poder llegar?
–No sé cuál izquierda dice usted
–Bueno, algún partido de izquierda.
–Yo lo que esperaría es que llegara un grupo, un equipo. En todo caso una organización que actúe con patriotismo, que busque el beneficio del país y el ejercicio pleno de la soberanía, el beneficio de la gente. No sé si eso quede en la izquierda, en la derecha, arriba o abajo, no le sé decir.
–Bueno ahorita existe la impresión de que los partidos de izquierda están cada uno por su lado y que esto le beneficia al PRI…
–Toda división fortalece al contrario.
–¿Haría un llamado a la unión?
–Yo no estoy participando en cuestiones electorales. Yo voy a ver quién sale, quién se presenta y qué ofrece.
–Regresando a Por México Hoy, ¿la va a registrar como AC?
–No, simplemente nos vamos articular, trabajar juntos, saber qué se está haciendo en un lado y en otro. No hacen falta jefes, jerarquías, consejos. No hace falta nada de eso. Nomás la voluntad de trabajar juntos.
– ¿Dónde se están organizando?, ¿cuál es la oficina?
–La Fundación para la Democracia nos está sirviendo en este momento, como digamos un secretariado técnico, para llevar un directorio y saber quiénes somos. Hay una página. Hay manera de establecer contacto.
–Ingeniero, ¿cuándo vamos a empezar a ver las propuestas políticas?
–Tenemos varios documentos en la página abiertos a la discusión. Vamos a empezar el proyecto de Constitución con todos los insumos que estamos recibiendo.
–¿Cuándo se acercarán al Congreso?
– Cuando tengamos un proyecto completo. No sabemos cuándo puede ser.
–¿Qué otros personajes se han acercado a participar con usted?
– Mucha gente de los estados, compañeros que han estado en muchos momentos, no le pudiera dar nombres, porque son muchos.
–¿De las organizaciones de desaparecidos, de migrantes?
– Hay un poco de todos ellos trabajando juntos en este proyecto.
–De aquí a 2018, ¿cuál es su meta principal?
–Quisiera que los cambios se den en 2015, no en 2018. ¿Qué pasa en 2018? Vamos a ver. Faltan casi tres años.
–Bueno este año ya se terminó.
–Quisiéramos que los cambios se hubieran dado ya. Que no se siguiera deteriorando el país día con día como está sucediendo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-10-2015/1521335.
México se unió a otra comunidad global de comercio: el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Fue ampliamente celebrado. Pero, 30 años después de la adhesión al FMI y a 20 del TLCAN, el balance no es el que tanto se pregonó. Todo lo contrario, dice un estudio apenas publicado.
Ciudad de México, 12 de octubre: Un análisis del Bank of América–Merrill Lynch promovió, en 2013, la mejor noticia para captar inversiones extranjeras en México: por primera vez, el salario por hora en el país era más bajo que en China; casi un 20 por ciento.
La caída del salario, planteada en el análisis como una “ventaja”, mostraba que en los últimos 10 años el ingreso de los mexicanos había contraído tres veces su valor frente al percibido por la población del país asiático que, en 2003, ganaba un 188 por ciento menos que aquí.
Entrevistado por la agencia Reuters, el economista en jefe de la firma Bank of America–Merrill Lynch y ex analista de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Banco de México (Banxico), Carlos Capistrán, dijo que esta caída en los salarios –presionados, explicó, por el aumento poblacional–, eran una “ventaja competitiva” tan importante que incluso superaban los beneficios de las reformas de Enrique Peña Nieto.
“Ahora la gente está emocionada con México por las reformas. Pero cuando me pregunto: ‘¿qué es lo más importante que tiene México en términos de crecimiento?’ Es el bono demográfico”, dijo Capistrán en la nota de Reuters.
El comparativo en el nivel de ingresos apareció citado este año en un artículo que analiza el impacto del modelo de libre mercado en la calidad de vida de los mexicanos y que plantea que los bajos salarios son una explicación de la pobreza y la precariedad laboral y, éstas, parte de la criminalidad que ha convertido el homicidio en la principal causa de muerte entre la población de 15 a 44 años; es decir, en edad productiva.
El comparativo en el nivel de ingresos apareció citado este año en un artículo que analiza el impacto del modelo de libre mercado en la calidad de vida de los mexicanos y que plantea que los bajos salarios son una explicación de la pobreza y la precariedad laboral y, éstas, parte de la criminalidad que ha convertido el homicidio en la principal causa de muerte entre la población de 15 a 44 años; es decir, en edad productiva.
Por ese motivo, explica el artículo escrito por la médico social Asa Cristina Laurell y publicado en International Journal of Health Services (o Revista Internacional de Servicios de Salud), la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa muestra la punta del iceberg en el que están decenas de miles de muertes por homicidio y más de 26 mil desapariciones.
“Hay una conciencia cada vez mayor en México de que estos eventos son el resultado de tres décadas de neoliberalismo, incluyendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá. La razón de esta interpretación es que la adopción del ajuste fiscal y de reformas estructurales ha destruido la estructura productiva industrial y agrícola del país, así como sus instituciones sociales públicas”, dice la introducción del artículo.
“Este proceso ha polarizado a la sociedad entre un grupo minúsculo de personas muy ricas y una gran mayoría cada vez más empobrecida. Los más afectados son los jóvenes que no pueden conseguir un trabajo o una oportunidad para la educación. Al mismo tiempo, los medios de comunicación han promovido un individualismo y consumismo al extremo, catalogando a las personas como ‘perdedoras’ o ‘ganadoras’ con base en la riqueza personal y el poder, en congruencia con la ideología neoliberal”, agrega.
El artículo revisa lo que la autora denomina las alteraciones políticas, económicas y sociales que han resultado de los más de 30 años transcurridos desde que, en 1983, México, sacudido por una crisis económica, aceptó la “receta” del Fondo Monetario Internacional para reducir la inflación, aplicar reformas estructurales y liberalizar el mercado.
Pero el resultado del ajuste, dice Laurell, fue una dramática redistribución entre el capital disponible (que aumentó 48 al 64 por ciento entre 1982 y 1988) y el trabajo (que se redujo de un 42 al 29 por ciento), una caída del 30 al 40 por ciento en los salarios, aumento en el desempleo y reducción del 35 por ciento del gasto social.
Entre 1990 y 2012, agrega, si bien el Producto Interno Bruto creció menos que en las décadas anteriores (sólo un 1.2 por ciento), el promedio de ingresos como producto del trabajo se estacionó, “lo cual indica una distribución en el ingreso regresiva”. Los salarios mínimos, mientras, siguieron a la baja, al caer 26 por ciento entre 1994 y 2014 (5.5 dólares diarios de finales de marzo pasado).
Otros saldos mencionados son los más de 12 millones de mexicanos que han emigrado a Estados Unidos y el 58 por ciento de la población económicamente activa que, para 2014, se contaba en el sector informal.
En ese periodo también, y gracias a las privatizaciones de empresas estatales a bajo costo, se creó una oligarquía nacional y trasnacional que ha “capturado” el poder político y debilitado la democracia representativa a través de un proceso marcado por la corrupción, la represión y la violencia.
El TLC, por su parte, devastó el campo y dejó a los agricultores en desventaja frente a los subsidiados agronegocios de Estados Unidos; proceso en el que México se convirtió en importador neto de productos agrícolas y que culminó, agrega el análisis, en 2008, cuando concluyó la protección a la tarifa de granos básicos como el frijol y el maíz.
En ese tiempo se expandieron los cultivos de opio y mariguana y, también, menciona el análisis, la economía criminal empezó a jugar un papel creciente; el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió el control que tenía sobre los cárteles y surgió una especie de narco-Estado. La infiltración del dinero del narcotráfico en diferentes sectores de un país con los índices de crecimiento económico más bajos de América Latina da gran importancia a los giros criminales, lo cual explicaría, dice el estudio de Laurell, que la guerra contra las drogas no haya perseguido el dinero de los cárteles.
“La frontera entre el Estado de Derecho y el Estado de excepción es borrosa. El ajuste económico estructural con la liberalización y las privatizaciones ha provocado crisis recurrentes, pero ha sido mantenido, conduciendo a la destrucción de la estructura nacional en favor de las corporaciones supranacionales, particularmente financieras”, dice el texto.
“La asociación entre la economía criminal y la criminalidad económica también se discute. La privatización de los beneficios sociales y los servicios requiere subsidios del Estado que permiten la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. El impacto social de este proceso ha sido devastador, con una polarizada distribución del ingreso, salarios en caída, aumento del empleo precario, desigualdad en aumento y violencia extrema”, agrega.
El título del artículo, comenta la autora en entrevista, fue decidido a medida que avanzaba con la acumulación de los datos disponibles públicamente sobre política económica, desigualdad y criminalidad: “Tres décadas de neoliberalismo en México. La destrucción de la sociedad”.
DAÑOS A LA SALUD DE LOS MEXICANOS
Cirujana, epidemióloga, doctora en Sociología, la investigadora Asa Cristina Laurell fue también una de las fundadoras del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y, entre 2000 y 2006, Secretaria de Salud del Distrito Federal con el entonces Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador.
Antes fue coordinadora de la Maestría en Medicina Social de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); disciplina que analiza el contexto histórico en el que se generan las enfermedades y en la cual está considerada una de las autoras más importantes en América Latina.
Desde esa perspectiva, en su estudio sobre los 30 años de neoliberalismo plantea que el aumento en la mortalidad por diabetes y enfermedades isquémicas del corazón –cuya tasa, cita el texto, aumentó de 46 a 77 por cada cien mil habitantes entre 2000 y 2012 en el caso de la primera, y de 43 a 67 en el caso de la segunda– son también evidencia del impacto de este modelo económico en el estilo de vida y en la salud de la población, caracterizadas ambas por un “estrés crónico” a nivel social e individual, así como el reemplazo de la dieta tradicional por la comida “chatarra”.
Estos indicadores, agrega el análisis, son los más altos entre países latinoamericanos con producción nacional similar, como Argentina, Brasil o Chile. El caso de la muerte por diabetes, especifica el estudio, llegó a ser hasta cuatro veces más alto que los países mencionados en 2013.
En ese contexto aparecen también las muertes por homicidio, sobre las cuales el artículo muestra un tabulador en el que se observa que los asesinatos de hombres aumentaron a más de doble entre 2000 y 2012, al pasar de nueve mil 442 a 22 mil 986. El impacto, dice, fue sobre todo entre los hombres en edad productiva, como el grupo de entre 15 a 44 años, cuyas muertes aumentaron un 160 por ciento al pasar de seis mil 538 a 17 mil 54 casos.
En entrevista, Laurell hace notar otro dato que dice considerar también de alarma y que fue difundido en 2014 por el Colegio de México en el estudio “El estancamiento de la esperanza de vida en México en la primera década del Siglo 21: el Impacto de las muertes violentas” y que expone cómo, después de años de crecimiento, este indicador bajó de 73 a 72 años entre 2000 y 2010; la mitad de esta reducción por causa de la violencia.
“La reversión de la esperanza de vida esencialmente ha ocurrido en dos o tres situaciones. La primera, durante las guerras, y yo creo que, independientemente de cómo se llame, claro que en México vivimos una violencia comparable con la de una guerra; y otra es durante cambios socioeconómicos muy abruptos, como fue el caso de los países socialistas cuando cambiaron y asumieron el modelo neoliberal”, dice Laurell en entrevista. “Por eso le llamé la destrucción de la sociedad”, agrega.
En la conversación, Laurell precisa que ahora es integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) formado por López Obrador. Pero lo ocurrido en los últimos 30 años en México, dice, no es cuestión de ideología ni de un “pleito de populistas”.
“Hay todo un proceso comprobable sobre lo que ha pasado en México, y ahí está; sólo hay que juntar los datos de ese proceso”, comenta.
SinEmbargo envió un correo electrónico al analista de Bank of America–Merrill Lynch consultando si consideraba que los bajos salarios de México tenían alguna relación con la violencia pero, al cierre de este artículo, no había sido respondido.
TPP, EN BENEFICIO DE FARMACÉUTICAS
En junio pasado, en un artículo de opinión publicado en La Jornada, Laurell analizó también la poca información oficial disponible sobre el nuevo pacto multilateral denominado Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (o TPP, sus siglas en inglés) y cuestionó la secresía de las negociaciones que, escribió, podrían afectar los términos de propiedad intelectual, específicamente en materia de productos farmacéuticos, impactando también su disponibilidad.
“…propone ampliar la vigencia de las patentes; proteger los datos de las farmacéuticas para retardar el registro de genéricos; obstaculizar la producción estatal de medicamentos genéricos baratos para tratar enfermedades relevantes; desmantelar las flexibilidades de salud pública en la legislación internacional; entre otros”, advierte el texto publicado el 4 de junio en el mencionado periódico.
“El otro tema, ISDS (o mecanismos para resolver conflictos entre empresas privadas y Estados, o Investor-State Dispute Settlement), no es menos relevante en el terreno de la salud. Es así porque facilita a las empresas o corporaciones transnacionales llevar a los gobiernos ante una instancia de arbitraje internacional privada si consideren que un cambio en la política nacional perjudica la expectativa de ganancias de su inversión”, agregó el artículo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-10-2015/1506349.
Los agentes estadunidenses que operan en México tenían las coordenadas precisas para cercar a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y recapturarlo. Lo habían rastreado durante semanas y dieron los datos a la Marina para que desplegara desde principios de mes a sus hombres en la sierra de Durango, donde presuntamente se encontraba el capo sinaloense… Pero los marinos llegaron tarde y éste simplemente desapareció.
WASHINGTON: Desde que se fugó del penal del Altiplano, el 11 de julio pasado, las agencias de inteligencia de Estados Unidos, encabezadas por la Drug Enforcement Administration (DEA), han utilizado la tecnología de rastreo y de interceptación de comunicaciones más avanzada para ubicar a Joaquín El Chapo Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, a quien detectaron en un rancho en la sierra de Durango hace dos semanas.
“Recibimos información de inteligencia por medio de la interceptación de varias llamadas telefónicas (satelitales y de celulares) que nos indicó que El Chapo podría estar escondido en un rancho en la sierra de Durango, en los limites con Sinaloa. La información se la dimos al gobierno de México”, explica a Proceso un agente de inteligencia estadunidense, quien pide omitir su filiación.
Y añade: “La información que conseguimos por medio de la tecnología la cotejamos con otra que habían conseguido en México nuestras agencias por medio de (informantes). Y cuando determinamos que podría ser El Chapo quien se ocultaba en el rancho, se la dimos a las autoridades mexicanas.
“Al parecer la Marina mexicana llegó tarde al punto donde presuntamente lo habíamos ubicado. Hubo un retraso de varias horas desde que dimos la información hasta el momento del operativo… El lugar donde se encuentra el rancho está en un punto de difícil acceso. Esa fue la explicación que nos dieron”.
Según el resumen de las agencias de inteligencia de Estados Unidos que han participado en la recaptura del capo sinaloense, a menos de 24 horas de su fuga los reportes lo ubicaron en la zona del Triángulo Dorado de la Sierra Madre Occidental, entre Chihuahua, Durango y Sinaloa, territorio controlado por el cártel que lidera El Chapo.
Su fuga unió a las agencias de inteligencia de Estados Unidos con presencia en México, dice el entrevistado, vía telefónica.
Y expone: “Pusieron a trabajar a sus activos (informantes) para recapturar a Guzmán Loera. La información obtenida se ha intercambiado y cotejado con la que obtiene por su parte el gobierno de México. La cooperación es muy buena, pero estamos conscientes de que es una tarea muy complicada”.
Con el permiso para espiar en México que les dio el Felipe Calderón cuando estuvo en Los Pinos bajo el marco de la Iniciativa Mérida, las agencias de inteligencia estadunidenses pusieron a trabajar a sus operadores las 24 horas del día en la Oficina Binacional de Inteligencia desde julio pasado.
“Aunque estamos recibiendo mucho apoyo y muy importante de parte del Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC, por sus siglas en ingles) y de otros sistemas (de espionaje) que tenemos cerca de la frontera con México, el intercambio de información bajo la Iniciativa Mérida está comenzando a dar resultados notables”, insiste el agente entrevistado.
Según él, la estrategia de inteligencia estadunidense para recapturar al Chapo, coordinada por la DEA, ha dado “resultados notables”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2033, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS ESQUIVEL Y PATRICIA DÁVILA.
La versión del expediente del caso Ayotzinapa que la PGR hizo pública, hace incomprensible que la procuradora Arely Gómez sostenga las conclusiones heredadas de Jesús Murillo Karam. Los peritajes realizados desde finales de 2014 revelan que las conclusiones de ese funcionario –su “verdad histórica”– nunca tuvieron fundamento científico, por lo que a principios de este año se realizó un extraño dictamen de incendios y explosiones que torció los resultados de anteriores estudios.
MÉXICO, D.F: El 7 de noviembre de 2014, Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), difundió a través de los medios la hipótesis de que los cuerpos de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos el 26 de septiembre anterior, fueron incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan.
Para ello, sus asesinos habrían utilizado acelerantes de fuego como diésel o gasolina.
Sin salirse de esa línea, el 27 de enero de 2015 presentó lo que llamó la “verdad histórica” del caso. Sin embargo, en los 85 tomos de la versión pública del expediente no hay ningún dictamen técnico pericial que respalde esa conclusión.
El pasado domingo 11, después de muchas presiones de organismos no gubernamentales para tener acceso al expediente, la procuradora Arely Gómez González, quien ha sostenido la versión de su antecesor, puso a disposición de la ciudadanía aproximadamente 50 mil fojas del expediente del caso Ayotzinapa. Su contenido contradice la verdad que pretende imponer el gobierno federal.
A solicitud de Proceso, expertos de distintas especialidades de la UNAM y del Instituto Nacional de Ciencias Penales realizaron un análisis del voluminoso expediente público a fin de localizar los peritajes en que se basa el dictamen de la PGR.
El resultado fue que no hay un dictamen que determine la temperatura que según la Procuraduría alcanzaron las llantas empleadas para incinerar los cuerpos. Los mil 600 grados centígrados de que habló Murillo Karam no tienen fundamento técnico ni científico.
Tampoco se realizó un análisis químico comparativo de los sedimentos recolectados en el basurero de Cocula y de los extraídos del río San Juan. Se supone que estos últimos fueron hallados –sin la presencia de los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense, que apoyaba a los padres de los desaparecidos– en una bolsa negra. Sin el estudio correspondiente, la PGR sostuvo que ésta contenía restos óseos de los estudiantes, arrojados ahí por los sicarios del grupo delictivo Guerreros Unidos.
En la versión pública del expediente tampoco aparece un análisis pericial que ubique en el basurero de Cocula diésel o gasolina, que según Murillo Karam utilizaron los victimarios para acelerar el fuego que destruyó el ADN de los cadáveres. También ese detalle es técnicamente insostenible.
En cambio, se encontraron en el lugar otros hidrocarburos (benceno, tolueno, etil-benceno y xileno) que no son componentes de la gasolina ni del diésel, sino de objetos hechos a base de polímeros como nylon, poliéster y ropa de algodón, fáciles de hallar en un basurero.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2033, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
GUANAJUATO, Gto: Militante y operador electoral del PAN en Guanajuato desde hace décadas, Adalberto Javier Rodríguez Moctezuma ocupa el cargo de director general del Instituto de la Tenencia de la Tierra en el estado y cobra un salario neto de 110 mil pesos mensuales sin contar con el perfil requerido para este cargo, denunció la organización civil Ciudadanos Hartos.
Rodríguez Moctezuma es papá del actual secretario de Desarrollo Social y Humano en el mismo gabinete del gobernador Miguel Márquez, el exdiputado federal Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, y de Alma Cristina Rodríguez Vallejo, quien acaba de ser designada directora del DIF municipal en León por el alcalde panista Héctor López Santillana.
En los últimos tres sexenios, Rodríguez Moctezuma ha ascendido en la administración estatal, aunque su currículum oficial –consultado a través de Transparencia por los activistas ciudadanos– indica que tiene certificado de estudios hasta secundaria, éste a través del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA).
“Desde el 2001 y con sólo primaria, fue designado director de Regularización de Asentamientos Humanos” del estado, instancia de la Secretaría de Gobierno, cuando el titular de dicha dependencia era Juan Manuel Oliva Ramírez.
En noviembre del 2006, ya con Oliva Ramírez como gobernador, Rodríguez Moctezuma fue designado por éste director general de Seguridad de la Tenencia de la Tierra.
El funcionario obtuvo el certificado de secundaria a través del INEA al año siguiente, a mediados del 2007, de acuerdo con los datos consultados por Ciudadanos Hartos.
Y en enero del 2013, a comienzos del actual sexenio del gobernador Miguel Márquez Márquez, éste lo designó director general del Instituto de Tenencia de la Tierra, organismo creado por el propio Márquez mediante un decreto gubernamental.
El perfil del puesto, según se describe en la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas, es de un licenciado en Derecho con más de cinco años de experiencia en la administración pública.
Rodríguez Moctezuma cuenta con un nivel 17 en el tabulador del gobierno estatal, y con funciones de ejecutar acciones para la regularización de asentamientos humanos; obtener los censos municipales de asentamientos, análisis socio-políticos, expedientes jurídicos e información técnica para integrar las propuestas de regularización, así como asesorar a los municipios para la integración de sus comisiones municipales de regularización, entre otras.
Roberto Saucedo Pimentel, representante de Ciudadanos Hartos, informó que al indagar a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Estado –por petición de dirigentes de colonos– el perfil de Adalberto Rodríguez, se encontró con este detalle.
Aclaró que independientemente de las capacidades y resultados que el funcionario haya obtenido por su labor, “lo cuestionable es que no se puede manejar en el discurso del gobierno del estado, la invitación a los jóvenes para superarse y seguir estudiando” mientras se otorgan cargos en los altos niveles sin cubrir los requisitos o el perfil profesional requerido, en este caso, el de licenciado en Derecho.
Según la organización, no hay evidencia de que algún otro ciudadano guanajuatense tenga un nivel igual o superior en el tabulador del gobierno del estado con ese grado de escolaridad, por lo que, reclamó, “es necesario crear un verdadero servicio civil de carrera y dejar de lado la simulación del actual sistema”.
Antes de ingresar a la administración estatal, Rodríguez Moctezuma era empresario del sector cuero-calzado.
A principio de la década de los 90 se integró al servicio público en la presidencia municipal de León como director del fideicomiso administrador de pipas y posteriormente, como titular de Promoción Social en el Instituto de la Vivienda del municipio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
En los últimos días, información difundida en medios de comunicación ha colocado en el ojo público a Gabino Cué Monteagudo y no precisamente por las mejores razones. Enriquecimiento ilícito, opacidad y represión, son algunas de las acusaciones de intelectuales, organizaciones y oposición en contra del Gobernador de Oaxaca, una de las entidades donde se concentra el mayor número de pobres en México, de acuerdo con el informe Medición de la Pobreza en México 2014, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El 5 de octubre el diario Reforma reveló que el mandatario estatal pagó 1.5 millones de pesos por la construcción de un baño de mármol en la sección “A” del Auditorio Guelaguetza, el cual se ubica cerca del palco oficial del Gobierno del estado y que tuvo un sobreprecio del 437 por ciento.
El Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Oaxaca reveló que el baño, que mide 46 metros cuadrados, es para uso exclusivo de funcionarios como el Gobernador del estado, el Presidente de la República, secretarios de Estado y diplomáticos.
El sanitario nombrado como “Gobernador” fue construido como parte de los trabajos de remodelación del auditorio, cuenta con acabados de mármol en las paredes y pisos, fue equipado con dos inodoros electrónicos, secadores de manos con sensor y demás accesorios.
Esa misma semana, el pintor Sergio Hernández acusó a Gabino Cué de tener distintas propiedades o “casas blancas” tanto en Oaxaca como en la capital del país, una de ellas valuada en 7 millones de dólares. Denunció que el mandatario tiene una casa en la zona residencial de San Felipe, una de las más exclusivas de la entidad; otra propiedad en playa de Zicatela, donde está localizado en destino turístico de Puerto Escondido, y un edificio en una área exclusiva de Polanco en el Distrito Federal.
El Gobernador salió en su defensa una semana después y rechazó que la propiedad que se le atribuye con un valor de 7 millones de dólares sea suya y aclaró que el inmueble es de uno de sus familiares.
En su declaración patrimonial de 2009, antes de asumir el cargo como Gobernador –que finaliza hasta el próximo año–, Gabino Cué no reportó propiedades. Sólo informó sobre dos prestamos para adquirir dos camionetas Toyota y cuatro cuentas. La declaración es la última que difundió el mandatario, quien entonces se desempeñaba como Senador, en su página web Gabinocue.org
Además, Cué Monteagudo es uno de los gobernadores que ha hecho caso omiso al ejercicio ciudadano promovido por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana, el llamado “3 de 3”, el cual reúne en un solo sitio web toda la información sobre las declaraciones patrimonial, de intereses y de impuestos de funcionarios y personas de interés público, que se sumen a la iniciativa de forma voluntaria.
SUS FUNCIONARIOS
El 10 de octubre, el periódico Reforma, difundió que el terreno de una de las “casas blancas” de Cué Monteagudo fue comprado a su Secretario de Turismo y Desarrollo Económico, José Zorrilla de San Martín Diego.
El 21 de septiembre pasado, el Senador Benjamín Robles Montoya anunció su renuncia como jefe de la Oficina de la Gubernatura de Cué y acusó al Secretario de Administración, Alberto Vargas Varela, de enriquecimiento ilícito y actos de corrupción. Aseguró que mediante denuncias ciudadanas le han hecho llegar documentación en la que se comprueba cómo “mediante empresas con prestanombres se ha beneficiado”.
“Es imposible que el Gobernador no se entere de lo que ocurre en su administración”, dijo en una entrevista.
Antes, a finales de agosto pasado, el mismo Senador Robles Montoya presentó una denuncia ante la PGR en contra de otro colaborador cercano de Cué, Jorge Castillo Díaz, por los delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos y los que se configuren. Castillo ya está fuera del Gobierno local.
OPACIDAD Y REPRESIÓN
Desde junio pasado se han llevado a cabo manifestaciones en rechazo a la construcción del Centro de Convenciones en parte del Cerro del Fortín de Oaxaca (CCCO), debido al impacto ambiental y de diseño arquitectónico que atraería consigo la obra, además de que es un lugar declarado como Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Arte (UNESCO).
Los pintores Francisco Toledo y Sergio Hernández han sido los principales denunciantes de la obra, incluso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó el pasado 8 de octubre a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca implementar medidas cautelares a favor de los artistas, luego de que ambos denunciaran amenazas en su contra por oponerse a la construcción.
La inconformidad por el CCCO fue tal, que Gabino Cué y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) acordaron realizar una consulta ciudadana para que los ciudadanos oaxaqueños opinaran acerca del proyecto.
Toledo y un grupo de artistas e intelectuales presentaron un amparo en contra de dicha consulta debido a que consideraron que es inconstitucional; sin embargo, el Gobierno estatal la hizo oídos sordos e implementó la votación popular el domingo 4 de octubre. Los resultados, de acuerdo al Gobierno de Oaxaca, favorecían la construcción del Centro Cultural en el cerro del Fortín.
Al respecto, el también fundador del Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural (Pro Oax), Francisco Toledo, se negó a emitir su voto al considerar que la consulta fue manipulada.
“Todo es una burla. No sé cómo se van a enfrentar las próximas elecciones cuando la institución que las organiza [el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca], hace algo tan desprestigiado. De todos modos las elecciones se harán. A lo mejor por el desprestigio se van a abstener de votar, aunque tampoco es una solución”, expresó Toledo en una entrevista para SinEmbargo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-10-2015/1519535.
El ataque ocurrió anoche en la Costera, cerca de la zona de la Condesa, a un costado del restaurante Forza Italia donde él estaba con su esposa. En el ataque, dos de los guardaespaldas del gobernador electo resultaron heridos y fueron llevados al hospital naval para ser atendidos.
El gobernador electo descartó que el ataque haya estado dirigido contra él y que se haya refugiado en la base naval, como trascendió. El empleado hotelero José Luis Mojica Zavaleta, el nombre de la víctima incidental, informa la Fiscalía.
Una balacera se desató anoche en la avenida Costera de Acapulco, afuera del restaurante Forza Italia ubicado frente al hotel Calinda, donde el gobernador electo Héctor Astudillo Flores cenaba con su esposa Mercedes Calvo.
Las autoridades informaron que el ataque fue al aledaño bar Reynas.
Los disparos impactaron en la humanidad de José Luis Mojica Zavaleta, un empleado hotelero que caminaba por el lugar del atentado y que le ocasionaron la muerte, hecho que ya investiga la Fiscalía General del Estado.
El ataque fue contra las fachadas de los bares Reynas, Kántala y VIP, los tres ubicados a un costado del restaurante Forza Italia.
En el ataque, dos de los guardaespaldas del gobernador resultaron heridos y fueron llevados al hospital naval para ser atendidos.
En una breve llamada a El Sur, Astudillo Flores dijo que no fue un atentado en su contra y confirmó que dos de sus guardaespaldas resultaron “con heridas leves” durante el ataque al bar que está a un lado del lugar donde él estaba cenando.
Explicó que sus guardaespaldas no repelieron la agresión.
Lo que se conoció anoche es que afuera del restaurante Forza Italia, lugar donde estaba cenando el gobernador electo Héctor Astudillo, ocurrió una balacera y al escucharse las detonaciones los guardaespaldas del gobernador lo sacaron de inmediato del lugar y lo llevaron a las instalaciones de la Octava Zona Naval.
Otra versión que se conoció es que Héctor Astudillo iba en su camioneta y fue a su vehículo al que hombres armados desde otro automóvil le dispararon, y después del ataque se refugió en las instalaciones de la Octava Zona Naval, versión que el gobernador electo negó.
También se dijo que los guardaespaldas del gobernador electo hicieron disparos y dos resultaron heridos.
El ataque a los bares generó una intensa movilización policiaca y al lugar llegaron más de veinte patrullas de diferentes corporaciones, entre Policía Federal, del estado y municipal, así como efectivos del Ejército, porque la información que se dio al principio es que había sido atacado el restaurante donde cenaba e gobernador electo.
Al lugar llegó el coordinador estatal de la Policía Federal, Rafael Lomelí, el fiscal regional David García Muñoz, y el titular del Ministerio Publico de Costa Azul.
En el ataque los vehículos afectados fueron tres, uno de ellos un Corvette rojo con placas de circulación HCN-68-32, que tenía disparos en la ventana del lado del chofer; otro fue un Versa blanco con placas del estado de México, que recibió disparos en la ventana de la parte de atrás del conductor, y un Peugeot rojo con placas HBG1713, el cual tenía disparos en la ventanilla del conductor, y al lado del que, en la banqueta, quedó el cuerpo de la única víctima.
Los agentes policiales acordonaron la zona para revisar los tres vehículos que resultaron con daños en el ataque.
La balacera también causó pánico entre los visitantes a los bares que se ubican en la transitada avenida Costera, quienes fueron sacados y colocados afuera de una tienda Oxxo.
En el bar presuntamente atacado de nombre Reynas hay cámaras de seguridad afuera y a un costado se encuentra el bar Kántala, otro bar llamado VIP y a un costado el restaurante Forza Italia.
En las fachadas de los bares se observaron al menos unos seis disparos, y según versiones policiacas hombres armados a bordo de otro vehículo dispararon contra el bar Reynas y ahí resultó muerto un hombre de unos sesenta años, el cual quedó tendido boca abajo frente a la entrada del bar.
Policías ministeriales no permitieron la toma de fotografías y obstruyeron la realización del trabajo de los reporteros ante la presencia del fiscal regional.
El cuerpo fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense para los trámites legales correspondientes.
Según las autoridades la víctima murió por un infarto producido por la balacera. Hasta las 12 la noche se continuaba realizando el peritaje.
Tras el ataque fuerzas federales y estatales desplegaron un plan de recorridos de vigilancia por toda la ciudad.
No fue un ataque en mi contra, dice el gobernador electo.
En una llamada a El Sur después de media noche, Héctor Astudillo dijo que no fue un ataque en su contra, que estaba bien y lamentó lo sucedido.
Confirmó que dos de sus guardaespaldas resultados heridos pero dijo que ellos no hicieron disparos.
Dos horas después de los hechos el gobernador electo confirmó que estaba en el restaurante Forza Italia, cercano al lugar donde ocurrió la balacera, mediante mensajes difundidos en las cuentas de Facebook y Twitter.
“Lamentable lo que sucede en Acapulco, trabajaremos para disminuir los índices de violencia en Guerrero. Hoy me tocó estar cenando en una pizzería cerca de donde se realizaron hechos de violencia. Me encuentro bien”, escribió en Facebook a las 11:47 de la noche.
En Twitter el mensaje que difundió fue similar, “lamentable lo que sucede en Acapulco; hubo un incidente en un lugar cercano en donde estábamos cenando. Nos encontramos bien” escribió a las 11:34 de la noche.
En los mensajes que difundió por redes sociales el gobernador electo descartó que el ataque haya sido contra él y que se hubiera refugiado en las instalaciones base naval.
Astudillo Flores estuvo ayer en Tierra Caliente y Zihuatanejo, donde se reunió con alcaldes a quienes les pidió poner atención en el área de seguridad pública; y se supo que por la noche regresaría a Acapulco.
Por su parte el alcalde Evodio Velázquez escribió en su cuenta de Twitter que “me comuniqué con @Hector Astudillo, se encuentra bien. Lamento los hechos, redoblaremos esfuerzos para trabajar unidos contra la inseguridad”.
El restaurante Forza Italia se ubica frente al hotel Calinda, en la Costera, en la zona Dorada del puerto, que ayer registró una ocupación del 57 por ciento.
El 10 de noviembre de 2013, dentro del restaurante Forza Italia un hombre fue asesinado, y días después fue identificado como Moreno Gallo, quien había sido jefe de la mafia italiana con sede en Montreal, Canadá.
FUENTE: EL SUR.
AUTOR: CARLOS ROMERO.
MÉXICO, D.F: La semana pasada los países que tomaron parte en las negociaciones del Acuerdo Transpacífico (TPP) llegaron a un acuerdo final, entre ellos México. El gobierno mexicano es grandilocuente en lo que respecta a las bondades de este instrumento que, en buena medida, dejaría atrás al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que nunca funcionó debidamente. La verdad de las cosas es muy distinta a la que quiere ver el gobierno. Veamos.
Primero. En la edición 2030 de Proceso abordé los principales rubros del TPP y el tema de por qué debería hacerse público su contenido.
No voy a repetirme aquí. Daré, en cambio, seguimiento al asunto relativo a los cambios inesperados que se han generado de una semana a otra. El primer punto es el hilo conductor del discurso del gobierno de Enrique Peña Nieto, que se sintetiza en los siguientes aspectos: a) Es una gran oportunidad para México firmar el más grande tratado de libre comercio del mundo; b) se eliminarían las paridades cambiarias del peso contra otras monedas, fundamentalmente contra el dólar; c) se darían trabajos a miles de mexicanos en el mediano y largo plazos; y d) se va a permitir que los productos mexicanos compitan en los mercados más grandes del mundo, lo que supondría una reactivación de la economía, entrada de divisas y mayores trabajos.
Así presentado, cualquiera preguntaría: ¿Dónde firmo? Pero esto no es verdad, al menos no todo. Hasta ahora lo que el gobierno pregona como supuestos beneficios es tan sólo un acto de fe, muy respetable si fuera un asunto de religión o de dogmas que deben aceptarse tal como son. No es, por supuesto, el caso. Se trata de una reforma constitucional cocinada en los hechos por la puerta de atrás y que no admite creer, sino, en cambio, revisar las letras grandes y las chiquitas para cotejar lo que se dice con lo que es.
Si todo suena tan idílico, la primera pregunta es: ¿Por qué no dejan ver el contenido del tratado y someterlo a los más distintos expertos en los temas que conlleva? Si fuera como dicen que es, el gobierno de Enrique Peña Nieto tendría muchos bonos sociales, que, por cierto, requiere con urgencia.
Segundo. La opacidad como signo distintivo de las negociaciones del TPP y las resistencias en varios países, como Chile y Estados Unidos, y por fortuna México, donde apenas empiezan a surgir, representa un signo de preocupación sobre el contenido final de esta pieza jurídica.
El problema es que el TPP no es un tratado de libre comercio tipo TLCAN, sino un acuerdo comercial y de restricción de derechos humanos. Esta última parte es la que debe preocupar a los ciudadanos. El presidente Barak Obama ha engañado con la verdad en torno al TPP: “No podemos permitir que países como China escriban las reglas de la economía global. Nosotros debemos escribir esas reglas, abriendo nuevos mercados a los productos estadunidenses”, de acuerdo con The Wall Street Journal (http://blogs.wsj.com/washwire/2015/10/05/text-of-obamas-statement-on-trans-pacific-partnership/).
Nada se ha dicho sobre México que, hoy como ayer, es convidado a una fiesta por razones de seguridad nacional estadunidenses, pero no porque estas nuevas reglas tengan un impacto positivo para el país. Me voy a detener en un problema que impactará en los casi vacíos bolsillos de los mexicanos: el relativo al sector farmacéutico.
Éste es uno de las más grandes donantes de dinero a diputados y senadores de Estados Unidos, en retribución, por supuesto, de apoyo en sus áreas estratégicas. Sólo en 2014 los laboratorios farmacéuticos gastaron 229 millones de dólares en contribuciones políticas hasta donde se tiene registrado (http://www.truth-out.org/news/item/33010-how-much-of-big-pharma-s-massive-profits-are-used-to-influence-politicians).
Tercero. Gracias a este lobby, en el proyecto del TPP se incluyeron cláusulas para que las patentes se extiendan más tiempo, lo que obra en perjuicio de los medicamentos genéricos y, por ende, de los bolsillos de los mexicanos.
Peor todavía: sobre este punto, en otros de los países firmantes del acuerdo internacional se ha dicho que la extensión de las patentes a los medicamentos no tendrá un impacto necesariamente negativo en los ciudadanos por las políticas generales de descuento a varios de los países firmantes.
Resulta, sin embargo, que el gobierno de México, justo en el marco de su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en mayo de 1994, firmó una solicitud en la cual pedía que no se le considerara “país en vías de desarrollo” y, en consecuencia, rechazaba los descuentos en medicamentos de genéricos para dichos países.
De esta forma, los fármacos de patente en el país tienen precios más altos que los de Alemania, Canadá, Italia y Francia, y están a la par del Reino Unido (http://content.healthaffairs.org/content/early/2003/10/29/hlthaff.w3.521.full.pdf), con la diferencia de que en México los sueldos son sustancialmente más bajos que en Canadá y los países europeos. Esta decisión del gobierno mexicano ha sido un flagelo para las familias de más bajos recursos. Y así se podrían enumerar otros casos en los que el gobierno de México, de manera irresponsable, ha aceptado precios internacionales o ha requerido expresamente que no se le considere país en desarrollo y, por tanto, no sea sujeto de precios diferenciados a la baja.
En este marco, es urgente que se conozca el contenido del TPP y sólo se ratifique por el Senado si existen mayores beneficios que perjuicios para la mayoría de la sociedad, dictámenes de expertos en cada uno de los rubros de por medio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA.
Un convenio de transporte aéreo entre Estados Unidos y México –negociado en noviembre y que espera ser ratificado por el Senado– le permitirá a las aerolíneas estadunidenses acaparar el mercado mexicano de los vuelos internacionales de pasajeros o de carga. Las líneas mexicanas ya protestaron porque ven amenazado su futuro. Les espera, dicen, el mismo destino de la Compañía Mexicana de Aviación: la muerte.
MÉXICO, D.F: El pasado noviembre, durante las negociaciones del Convenio Bilateral Sobre Transporte Aéreo entre México y Estados Unidos, el gobierno mexicano permitió la aplicación de una política de cielos abiertos para que las aerolíneas estadunidenses ingresen, aterricen y suban pasajeros o carga, sin restricciones, en el espacio aéreo nacional.
Dos oficios –cuyas copias tiene Proceso– revelan cómo el director general de Aeronáutica Civil, Gilberto López Meyer, acepta la petición del director del Departamento de Transporte de la Secretaría de Transportes de Estados Unidos, Paul Gretch, a fin de “proporcionar máxima flexibilidad para las operaciones de las aerolíneas estadunidenses y mexicanas”.
Sin mencionarla específicamente, Gretch pide a Meyer que se le otorgue la Quinta Libertad del Aire, que consiste (de acuerdo con el derecho aeronáutico internacional) en embarcar pasajeros, correo y carga de un país, desembarcar en un segundo país, volver a embarcar en éste y transportar a un tercero. “En otras palabras, es el privilegio de llevar tráfico entre dos países distintos al de la aerolínea”, según la página web del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional (FDAN), abrelosojosnoloscielos.org
Las nueve Libertades del Aire forman parte del Convenio de Chicago –firmado en 1944 por varias naciones– donde se establecieron reglas para el servicio de transporte aéreo civil, para regular el intercambio de derechos comerciales, salvaguardar la navegación aérea internacional y desarrollar la industria.
Para el FDAN (organización de pilotos, sobrecargos, personal sindicalizado, ingenieros y especialistas), la “flexibilidad” pedida por los estadunidenses es desventajosa para las operadoras mexicanas.
El FDAN manifestó sus preocupaciones ante la Secretaría de Gobernación, sin resultados. El pasado 23 de septiembre publicó un desplegado en el diario Reforma para informar a la opinión pública sobre la política de cielos abiertos.
Negociación fallida
La última ronda oficial de negociaciones del convenio bilateral se realizó el 4 de noviembre de 2014 en el Hotel Intercontinental de Santa Fe, tras 20 meses de reuniones en México y Washington. Ésta no acabó bien.
Los dueños de Aeroméxico, AeroUnion, Aeromar, Volaris, Interjet, Viva Aerobús y Estafeta, junto con los sindicatos de pilotos, sobrecargos, trabajadores de tierra y del Colegio de Pilotos estuvieron en esa reunión y aceptaron los términos del convenio, hasta que los directores de Interjet, Volaris y Viva Aerobús (Miguel Alemán Magnani, Enrique Beltranena y Juan Carlos Zuazua, respectivamente) enviaron una carta a la subsecretaria de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Yuriria Mascott Pérez, para pedirle que el Antitrust Immunity (ATI) no formara parte de las negociaciones, como querían otras aerolíneas y los sindicatos.
El ATI es una salvaguarda que permite a las empresas del aire solicitar inmunidad antimonopólica al gobierno a fin de que se les permita aliarse con las aerolíneas estadunidenses en la operación de una misma red y un mismo itinerario; ésta no opera en México pues oficialmente no hay una política de cielos abiertos.
Las líneas aéreas mexicanas de bajo costo ya tienen convenios con las grandes aerolíneas estadunidenses.
“La indicada figura no existe en el derecho mexicano y su otorgamiento o negativa no compete, en todo caso, a las autoridades aeronáuticas en México”, decía la misiva enviada después de 15 horas de discusión. Esta actitud reventó la negociación. Jamás se volvieron a reunir.
Poco más de un año después, los miembros de la industria y de los sindicatos, reunidos en el FDAN, se enteraron de la firma del Convenio Bilateral en Washington. Hubo molestia. Decidieron publicar un desplegado el pasado 23 de septiembre para recordarle al gobierno federal su incumplimiento de palabra respecto a la inmunidad antimonopólica.
A plana entera en Reforma recriminaron al gobierno que las aerolíneas mexicanas no han podido competir con las estadunidenses, las cuales dominan 75% del mercado entre ambas naciones.
La flota de las aerolíneas estadunidenses rebasa las 7 mil aeronaves, mientras la mexicana “difícilmente llega a 350, incluyendo las de carga”, lo cual muestra su desventaja, recalcaron.
El FDAN sentenció que con esta política de cielos abiertos, a todas las aerolíneas mexicanas les espera lo mismo que a la Compañía Mexicana de Aviación: la desaparición.
Ese mismo día –23 de septiembre–, la SCT les respondió que la negociación con Estados Unidos concluyó en noviembre de 2014 “y los términos no han variado”. El proyecto “busca mayor conectividad y ampliar las posibilidades de la industria aérea nacional”.
La Secretaría admitió, asimismo, que el convenio permitirá a cualquier aerolínea mexicana o estadunidense realizar vuelos entre ciudades de los dos países, refiriéndose a la tercera y cuarta libertades del aire. Pero al referirse a la quinta, señaló: “El proyecto de convenio establece que permanecen las quintas libertades vigentes hoy y se señala la posibilidad de que, caso por caso, conforme a la legislación aplicable y atendiendo al interés público, las autoridades aeronáuticas puedan acordar otras más en el futuro. No hay cielos abiertos ni cambio de política en esta materia”.
En un foro organizado por el Gobierno del Distrito Federal los días 22 y 23 de septiembre pasados, para analizar el destino de las 710 hectáreas de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Gerardo López Meyer, titular de la Dirección general de Aeronáutica Civil (DGAC), de la SCT, dijo que el ATI no está atado formalmente al convenio.
“El gobierno mexicano desea que haya la oportunidad para que las empresas americanas y norteamericanas que quieran, las que quieran, de poder tener la opción de un antitrust, pero el convenio es una cosa y el antitrust es otra cosa. El secreto de esta negociación con Estados Unidos es más competencia, queremos más competencia”, reconoció López Meyer en ese foro.
Y se contradijo cuando aseguró que con estos acuerdos las empresas mexicanas entrarán a otros mercados, pero reconoció que la flota estadunidense es más amplia.
“Eso es competencia”, sentenció.
“American Airlines tiene mil aviones, pero vuela a 500 destinos en todo el mundo. Sí, tienen mil aviones, pero no van a agarrar uno para venir a Zacazonapan o a México, Guadalajara o Querétaro. Sí, son asimetrías de tamaño de flota, pero también de pasajeros y no van a dejar de volar a Oriente por venirse a volar a León. Las aerolíneas americanas tienen dedicada en México la flota que el mercado aguanta”, justifica.
Por otra parte, el 24 de septiembre, un día después de que la SCT respondió al FDAN, López Meyer fue premiado.
En el comunicado 440 de la Dirección General de Comunicación Social de la SCT, fechado ese día, se difunde que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo había anunciado el nombramiento de López Meyer como vicepresidente de Operaciones de Seguridad y de Vuelos de la Safety and Flight Operations.
“López Meyer asumirá el cargo a partir del 19 de octubre y se trasladará a la sede en Montreal para sustituir a Kevin Hiatt, quien dejó la posición en julio pasado”, apunta.
Intercambio de oficios
Las declaraciones de la SCT sobre la Quinta Libertad del Aire que, en su opinión, no es una política de cielos abiertos, se desmoronan con dos oficios intercambiados entre Gretch y López Meyer, que forman parte del Memorando de Oficios referido por la dependencia.
En el primero, el estadunidense pide la “flexibilización” de sus operaciones y las mexicanas, porque así lo indica el Acuerdo de Transporte Aéreo firmado el 21 de noviembre de 2014 en Washington, pero agrega: “Específicamente, propongo que, a partir de la fecha en que el Acuerdo entre en vigor, nuestras autoridades aeronáuticas deben considerar de manera positiva las solicitudes presentadas por las aerolíneas estadunidenses y mexicanas para el servicio hacia o desde cualquier punto o varios puntos específicos”.
El acuerdo no debe ser entendido como una renuncia o afectación a los requisitos para obtener autorizaciones de operación, permisos técnicos, el derecho a revocarlas o a realizar cualquier procedimiento de concesión de licencias para aprobarlas, “incluyendo cualquier hallazgo de interés público”.
Con esto, señala, estarían en el entendido de realizar alianzas entre aerolíneas de ambos países.
En su respuesta López Meyer resalta “la ampliación” de oportunidades para las aerolíneas de ambos países. Acepta los términos del funcionario estadunidense y pide recibir “consideraciones concretas y formales” como la prestación de la Orden 92-8-13 del Departamento de Transporte de Estados Unidos.
El Anexo 1 del Acuerdo, adjuntado al oficio de Gretch, prevé los lineamientos del Transporte Aéreo Programado entre ambos países. Establece que las aerolíneas estadunidenses tendrán derecho a operar servicios aéreos combinados en cada una de las rutas especificadas, en ambas direcciones y realizar escalas programadas en México.
Desde Estados Unidos, las aerolíneas de ese país podrán volar a uno o varios puntos en México. En particular, desde Dallas/Fort Worth y San Antonio a la Ciudad de México, Toluca y Acapulco, y puntos posteriores en Panamá y más allá. Desde Nueva York, Washington, Baltimore, Los Angeles y Houston a la Ciudad de México y Toluca, y a un punto o varios puntos posteriores en América Central o del Sur.
Además, desde un punto o varios puntos de Estados Unidos, a través de un punto o varios puntos intermedios, a un punto o varios puntos en México y más allá, de mutuo acuerdo y por escrito con las autoridades aeronáuticas de las partes.
En el caso de las aerolíneas mexicanas tendrán derecho a operar servicios aéreos combinados, en ambas direcciones y realizar escalas programadas en Estados Unidos en los siguientes puntos:
“Desde un punto o varios puntos en México a uno o varios puntos de Estados Unidos de América. Desde Acapulco, Hermosillo, Ciudad de México, Toluca, Monterrey, Oaxaca, Puerto Escondido, Tampico, Veracruz, Villahermosa e Ixtapa/Zihuatanejo a Chicago, Kansas City, Minneapolis/Saint Paul y Saint Louis y puntos posteriores a Canadá.
“Desde Acapulco, Chihuahua, Guadalajara, Guaymas, Hermosillo, Huatulco, La Paz, Loreto, Manzanillo, Ciudad de México, Toluca, Monterrey, Puerto Escondido, Puerto Vallarta, San José del Cabo e Ixtapa/Zihuatanejo a Cleveland, Detroit, Filadelfia, Washington y Baltimore y puntos posteriores a Canadá.
“Desde Acapulco, Guadalajara, Huatulco, Loreto, Manzanillo, Ciudad de México, Toluca, Monterrey, Puerto Vallarta, San José del Cabo e Ixtapa/Zihuatanejo a Boston y Nueva York y puntos posteriores a Europa. Desde Cancún, Cozumel, Guadalajara, Mérida, Ciudad de México, Toluca y Monterrey a Houston y Nueva Orleáns y puntos posteriores a Canadá y Europa.
“Desde Guadalajara, Huatulco, Mérida, Ciudad de México, Toluca y Oaxaca a Miami y puntos posteriores. Desde un punto o varios puntos en México, a través de un punto o varios puntos intermedios, a un punto o varios puntos de Estados Unidos de América y más allá del mutuo acuerdo por escrito con las autoridades aeronáuticas de la parte”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA (REPORTAJE ESPECIAL).
MÉXICO, D.F: Desde el 2009, la Procuraduría General de la República (PGR) del panista Felipe Calderón Hinojosa, hasta la que encabezó Jesús Murillo Karam, durante los primeros dos años del priista Enrique Peña Nieto, se sabía de los vínculos del matrimonio Abarca con el crimen organizado.
Todavía más, había desde entonces averiguaciones previas abiertas y nadie, ni del PAN, PRI o posteriormente del PRD, junto a algunos allegados de Andrés Manuel López Obrador, hicieron nada por frenar a José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Al contrario, al primero lo encumbraron como presidente municipal en un país donde ser jefe local equivale a ser el cacique del pueblo, el que ordena y permite actos de corrupción y violencia.
Sólo la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos, hizo reaccionar al gobierno. El primero, hay que reconocerlo, fue el entonces fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, quien abrió a la pareja un proceso por homicidio y homicidio en grado de desaparición.
El argumento que presentó Iñaki Blanco fue valerse de la figura de “garante”, esto es, de que como acalde de Iguala Abarca Velázquez no tomó las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los normalistas y de la población en general.
Prueba de que sí estuvo enterado es la declaración ministerial de su hija Yamileth, quien dijo ante la PGR que su padre siempre se mantuvo en comunicación con los policías y estuvo enterado paso a paso de lo que sucedía a los normalistas.
Quien diga que Abarca no tiene procesos abiertos falla. Sí los hay y empezaron en Guerrero, lástima que fue luego de los acontecimientos de la infame noche entre el 26 y 27 de septiembre de hace ya un año.
Hoy se sabe que desde hace 15 años autoridades federales, estatales y locales conocían que los Pineda Villa estaban ligados desde los noventa a los Beltrán Leyva y al llamado Cártel del Pacífico, que aún encabeza Joaquín “El Chapo” Guzmán. Pero no se les hizo nada.
Más tarde, las diferencias entre Arturo y Héctor Beltrán Leyva dieron paso a que su cártel se fraccionara en Guerrero, dando paso a Guerreros Unidos, Los Rojos, La Barrredora y El Cartel Independiente de Acapulco (CIDA), entre otros.
Las autoridades federales –Marina, Sedena, Cisen, Gobernación, Presidencia, PGR y Policía Federal–, todos los altos mandos de este país sabían desde hace años que el matrimonio Abarca era peligroso y aun así dejaron que se encumbrara en lo político, económico y criminal.
Por lo tanto, hoy todo el Estado mexicano tiene responsabilidad directa en la atroz desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en la muerte de otros tantos normalistas, de civiles y del dolor de 43 familias, el dolor de 43 grupos de amigos y de toda una nación que está herida, que llora pero que también exige que esto pare y se haga justicia.
Si no lo demandamos, si lo “superamos” como Peña Nieto quisiera, y nos cansamos de exigir justicia, entonces será porque el Estado ya logró su objetivo: masacrar nuestras personalidades y acciones sin que nos demos cuenta.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES (ANÁLISIS).
De 2006 a la fecha el Gobierno de México ha recibido 548 recomendaciones de parte de organismos nacionales e internacionales en materia de violaciones graves a los derechos humanos, la mayoría por tortura y tratos crueles, de acuerdo con un recuente hecho por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) llamado “Derechos Humanos: el riesgo de normalizar la excepción”.
No obstante, el cumplimiento de un número considerable de estas recomendaciones continúa pendiente. Por ejemplo, de las 12 recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre 2000 y 2013, el 50 por ciento aún no han sido atendidas. “Más allá de los pendientes, lo preocupante es que a pesar de las acciones formales que ha tomado el Estado mexicano –ratificación de tratados, aceptación de la competencia de organismos como la Corte Interamericana y reformas legales– los efectos no han sido los esperados. Por ello, es momento de replantear los mecanismos de solución”, establece el documento.
Advierte también que el discurso sobre la necesidad de aplicar “mano dura” se está generalizando entre la población.
“La ruta crítica está trazada por las recomendaciones de los organismos internacionales: la respuesta hacia la crisis de seguridad debe ir necesariamente acompañada de un fortalecimiento al respeto a los derechos humanos. No obstante, la ausencia de un planteamiento integral que incluya un fuerte componente de derechos en la agenda de seguridad pública y el enfoque reactivo del gobierno mexicano, refuerzan la posibilidad de que el imaginario colectivo se apropie de soluciones de ‘mano dura’. Es decir, acciones que bajo la promesa de reducir la delincuencia comprometan el respeto a los derechos humanos de los delincuentes”, alerta.
Las violaciones a los derechos humanos ha sido un tema recurrente en los últimos días luego de que el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió su informe sobre la situación de derechos humanos en México así como una serie de recomendaciones.
“El mensaje central del reporte es claro: México se encuentra inmerso en una crisis en materia de derechos humanos. El informe del Comisionado es congruente con una serie de reportes previos provenientes de diversas fuentes: el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura y otros tratos crueles, el reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos, el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI). Todos coinciden en el diagnóstico del problema: el Estado mexicano ha sido incapaz de garantizar la protección de derechos humanos en el contexto de violencia en el país. Además, en ocasiones, la violación ha provenido de las mismas autoridades federales, estatales y municipales”, señala el CIDAC.
De acuerdo con el informe emitido por el Alto Comisionado, México acumula desde que inició la guerra contra el narco, 151 mil muertos y 26 mil desaparecidos, agravado por una impunidad del 98 por ciento.
El representante de la ONU acentuó la resistencia del Gobierno mexicano ante las opiniones de organismos no gubernamentales y las caracterizó como “intolerantes ante la crítica pública”.
“La administración de Enrique Peña Nieto ha insistido en negar los diagnósticos de los distintos organismos en materia de derechos humanos, como si ello fuera suficiente para evadir la realidad”, destaca por su parte el análisis del think tank mexicano.
LAS RECOMENDACIONES
De acuerdo con el recuento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es el organismo que ha hecho el mayor número de recomendaciones al Gobierno de México con 335, seguida por la CIDH con 142, la mayoría se refieren a casos de tortura, desaparición forzada y “tratos crueles”.
“Las violaciones a derechos humanos han sido una de las principales consecuencias de la actual crisis de inseguridad. Además, es cada vez más notorio como la violación de estos derechos es una práctica que no ha sido atendida por las distintas instituciones gubernamentales. Desgraciadamente, el andamiaje legal e institucional de protección a los derechos humanos no ha impedido su vulnerabilidad. Además, ante el fracaso de la estrategia de seguridad, la sociedad se encuentra cada vez más desesperada por encontrar respuestas donde las alternativas de mano dura han ganado una considerable popularidad”, advierte el documento elaborado por los investigadores Mireya Moreno, Carlos de la Rosa, Ximena López, Rafael Vega y Santiago Martínez y coordinado por Mariana Meza.
La tentación de la mano dura, advierte el documento, se ha impuesto ante la falta de alternativas a los crecientes niveles de inseguridad y la poca solución por parte del sistema de justicia a la mayoría de las denuncias.
“Este tipo de soluciones tienen altas posibilidades de resultar atractivas para la ciudadanía. No es casualidad que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) haya impulsado propuestas que prometían la ‘pena de muerte o cadena perpetua a secuestradores’”, considera.
Una encuesta de Latin American Public Opinion Project (LAPOP), citada en el documento, muestra cómo el discurso de la mano dura se ha hecho más popular entre los mexicanos: comparando los datos de 2008 y 2014 se observa que el 26 y 29 por ciento de la sociedad, respectivamente, considera que en el país hace falta un gobierno de mano dura para resolver los principales problemas. En 2006, el 13.5 por ciento de la población consideró que en algunas circunstancias, un gobierno autoritario es una buena alternativa, para 2014 la cifra había crecido a 18.4 por ciento.
“Es decir, debido a la incapacidad del Estado para contener la inseguridad se ha propiciado que la sociedad se orille a respuestas menos democráticas que vulneran el respeto a los derechos humanos, las cuales lejos de resolver el problema sólo encaminarían al país a un escenario autoritario”, alerta y cita como un ejemplo el caso del Ejército en las calles.
“Mientras el Alto Comisionado recomienda al Gobierno mexicano plantearse una ruta de transición que posibilite el regreso de las fuerzas armadas a los cuarteles, el General Cienfuegos –titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)–, entre otros, ha señalado el vacío legal en el cual operan las fuerzas armadas, y ha señalado la necesidad de elaborar leyes que regulen la actuación del Ejército en las calles. Es decir, normalizar una situación de excepción. La tentación está en que el Ejecutivo elija la opción de aprobar legislación que detalle de forma explícita el comportamiento del Ejército que favorecerá a perpetuar la excepción”.
Acusa que de los 4 mil arraigos ejecutados durante el gobierno del panista, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), únicamente en el 3 por ciento de los casos (120) se ejerció acción penal, lo cual muestra la poca efectividad de una medida que viola los derechos humanos y no contribuye a disminuir el nivel de inseguridad.
“La CNDH cuenta con 807 expedientes de queja de personas sometidas a arraigo de 2007 a 2014 y de éstas el 54 por ciento se deben a tratos crueles”, resalta.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-10-2015/1518861
