El fallido atentado contra el exgobernador Fernando Moreño Peña –quien se reincorporaba a la política– es un claro mensaje del narco, asegura a Proceso el académico Manuel Salvador González Villa. En todo caso, puntualiza, quien lo ordenó es tan poderoso como el exmandatario. El ataque ocurre en un momento de vacío de poder aprovechado por los grupos criminales, en particular el Cártel de Sinaloa, para avisar que ya está en Colima.
MÉXICO, D.F: El atentado contra el exgobernador de Colima Fernando Moreno Peña, jefe del grupo político local más poderoso en las últimas décadas, ocurrió en un momento de vacío de poder en la entidad, derivado de la inminente sucesión en el gobierno estatal, y en el contexto de una disputa de cárteles del narcotráfico por el control del puerto de Manzanillo. Cabeza del Grupo Universidad, rector de esa institución educativa de 1989 a 1997 y gobernador de Colima de 1997 a 2003, Moreno Peña fue marginado del poder durante los gobiernos de Silverio Cavazos Ceballos y Mario Anguiano Moreno; pero el triunfo de José Ignacio Peralta Sánchez en la reciente elección de gobernador –cuya validación se espera por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)– ha sido visto localmente como el retorno del “fernandismo” al poder. Por lo pronto, el ataque contra el exmandatario, quien sobrevivió a los cuatro tiros recibidos mientras desayunaba en el restaurante Los Naranjos Campestre de la capital colimense, marcó el cierre de la administración de Anguiano, caracterizada desde el principio por la violencia del crimen organizado. El sexenio de Anguiano, que concluirá el sábado 31 de octubre, se inauguró con los asesinatos del exgobernador Cavazos Ceballos, su antecesor y aliado político, y de Saúl Adame Barreto, su coordinador de asesores, en noviembre de 2010 y febrero de 2011, respectivamente. La autoría fue atribuida por las autoridades, en el primer caso, a La Familia Michoacana; en el segundo, al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque nunca se explicaron públicamente los móviles. Principal opositor, dentro del priismo, del gobierno de Anguiano, Moreno Peña se valió de sus alianzas en el PRI nacional para tratar de impedir su candidatura en 2009, con el argumento de que tenía supuestos vínculos con el narcotráfico –uno de sus hermanos estaba preso, acusado de narcomenudeo–, pero el gobernador saliente, Cavazos, respaldó al entonces alcalde de Colima y lo convirtió en su heredero político. Según el coordinador estatal de Seguridad Pública, Félix Humberto Vuelvas Aguilar, la agresión contra Moreno Peña se suscitó a las 10:20 horas del lunes 12, cuando dos hombres armados con pistolas calibre 9 milímetros se introdujeron al restaurante, pero en el sistema de videovigilancia del lugar se aprecia que sólo uno le disparó, casi a bocajarro. Con lesiones en un lado del cuello, el tórax, una mano y uno de los codos –ninguna de ellas letal–, el exmandatario recibió los primeros auxilios de parte de su acompañante, el médico Carlos Salazar Silva, quien lo trasladó en su vehículo al Hospital Regional Universitario. Aunque Moreno Peña tiene actualmente a su disposición cinco agentes de seguridad proporcionados por el gobierno estatal, ese día les había pedido que no lo acompañaran, reveló Anguiano en rueda de prensa el martes 13. Por la forma en la cual sucedieron los hechos “pareciera que no lo quisieron matar, porque si esa hubiera sido la intención, se van sobre él y le pegan en la cabeza”, deduce González Villa, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. En todo caso, añade, “da la impresión de que el propósito fue hacerle saber que no es intocable; pero alguien que ordena un atentado de una figura pública tan conocida en Colima es seguramente tan poderoso y tan influyente como el propio Fernando Moreno, lo que nos dice que éste se mueve en niveles donde las cosas se manejan en otra dimensión y tiene muchos enemigos, no sólo en el mundo de la política, sino también del narcotráfico”. De acuerdo con González Villa, el mensaje del ataque también podría ser para el próximo gobernador que, conforme al anteproyecto de sentencia dado a conocer por el TEPJF al día siguiente del atentado, podría ser José Ignacio Peralta, quien además de su cercanía con Moreno Peña es parte del grupo del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. “Creo que el mensaje es para los dos: para Fernando Moreno, a quien hasta cierto punto su arrogancia de andar sin guardaespaldas en lugares públicos lo expuso a que lo mataran, pero también lo es para el próximo gobernador, a quien le están diciendo que no hay ninguna seguridad, nada que pueda evitar que lo asesinen si alguien decide hacerlo”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2033, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
El pasado 14 de octubre, Cortés anunció 16 reformas a esta ley que el grupo parlamentario de Acción Nacional impulsaría para "corregirle la plana al gobierno" en materia fiscal.
Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) votarán contra diferentes puntos de la Ley de Ingresos que será discutida este lunes 19 de octubre en el Pleno de la Cámara de Diputados. De acuerdo con el diario Reforma, el coordinador de la bancada del PAN, Marko Cortés, anticipó que votarán contra la “parte tóxica” de la ley. “Esperamos que el PRI-Gobierno reconozca que las cosas no van nada bien en México y tenga la apertura para aceptar los cambios que hemos propuesto” mencionó. El pasado 14 de octubre, Cortés anunció 16 reformas a esta ley que el grupo parlamentario de Acción Nacional impulsaría para “corregirle la plana al gobierno” en materia fiscal. Respecto al Impuesto Sobre la Renta (ISR), los diputados panistas proponen bajarlo del 30 al 28% para personas morales; del 35 al 30% a personas físicas, así como regresar al régimen de pequeño contribuyente, aumentar deducibilidad en restaurantes, automóviles y exploración minera entre otras medidas. También proponer eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en importaciones temporales para el sector maquilador, reducir este impuesto en la frontera del 16% al 11% y extender el IVA al transporte suburbanos y metropolitano.
En el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) proponen la reducción del precio de gasolinas bajando la cuota en la adquisición de combustibles a la mitad, así como a plaguicidas importados y a bebidas saborizadas sólo con bajo contenido calórico.
Los elementos harán tareas de Seguridad Pública en coordinación con elementos estatales de dos municipios colindantes con el Estado de México en el caso de Zitácuaro y Guerrero en torno a Huetamo; Los Reyes se ubica en la zona de transición de la Meseta y el Bajío cercano a Jalisco.
Este sábado 17 de octubre inició el desplazamiento de 500 policías militares a los municipios de Zitácuaro, Huetamo y Los Reyes como parte del tercer operativo conjunto anunciado desde la toma de posesión de Silvano Aureoles Conejo y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong el pasado primero de octubre. Los elementos harán tareas de Seguridad Pública en coordinación con elementos estatales de dos municipios colindantes con el Estado de México en el caso de Zitácuaro y Guerrero en torno a Huetamo; Los Reyes se ubica en la zona de transición de la Meseta y el Bajío cercano a Jalisco. De acuerdo a las fuentes consultadas del Grupo de Coordinación Michoacán (GCM) estos son los primeros convoyes del total de 3 mil elementos de la Policía Militar que reforzarán junto con 2 mil policías federales más que se suman a los tres mil que ya realizan tareas de Seguridad Pública en al menos una veintena de municipios de mayor presencia criminal e incidencia delictiva. Animal Político dio a conocer apenas este viernes 16 de octubre el inicio del tercer operativo de seguridad en Michoacán con el que el gobierno del estado y el federal pretenden, con la llegada de fuerzas federales, inhibir la violencia y alta incidencia delictiva. El primer “operativo Michoacán” fue implementado por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa y, los dos más recientes ordenados por Enrique Peña Nieto (uno de ellos, que fracasó, fue encabezado por Alfredo Castillo Cervantes). De acuerdo a la estrategia anunciada por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, la llegada de 5 mil elementos de las fuerzas armadas y federales es para reforzar la seguridad pública de la entidad hasta en tanto se tenga una Policía Estatal confiable y acreditada. Los militares se suman a los 3 mil efectivos de la Policía Federal que ya realizan tareas de Seguridad Pública en los municipios de Huetamo, Tuzantla, Carácuaro, Benito Juárez, San Lucas y Tiquicheo, colindantes con el estado de Guerrero, donde fueron dimitidas las corporaciones municipales ante su presunta relación con grupos del crimen organizado. Las fuentes consultadas por Animal Político, advirtieron del arribo de 2 mil elementos más de la Policía Federal que ingresarán al estado de manera paulatina para engrosar la seguridad en los municipios fronterizos con los estados de Jalisco, Colima, Guanajuato y Estado de México. Otra de las aristas de la estrategia es implementar medidas que acoten la operatividad del crimen organizado en el Puerto de Lázaro Cárdenas, el segundo más grande del país, anunció Aureoles Conejo. “El puerto es muy codiciado por los grupos delincuenciales por la que la riqueza significa, así como la entrada y salida de mercancías ilegales; entonces vamos para allá para hacer una revisión completa y tomar las medidas que se requieran para seguir garantizando la seguridad plena en el puerto”, reiteró. Además de que continúa la depuración de las policías municipales y la estatal a fin de lograr el objetivo de esta tercer estrategia coordinada, en la que 8 mil elementos de las fuerzas armadas y federales vigilarán Michoacán y en gran parte se hará cargo de la seguridad de la entidad de manera temporal. La pretensión de Silvano Aureoles es conformar la Policía Estatal de Michoacán que responda bajo los estándares del Mando Único para el que ha llamado a los presidentes municipales a firmar el convenio. Sin embargo los ayuntamientos se oponen debido a que no quieren dejar de percibir el recurso de la partida presupuestaria para Seguridad Pública y en algunos casos pretenden mantener el control de los mandos policiales. Pese al llamado del mandatario michoacano, es importante señalar que el convenio solo lo ha firmado el municipio de Tuzantla e implica que el gobierno del estado se haga cargo de la administración de las policías municipales, las acredite e imponga los altos y medios mandos. Por eso es que el rechazo de los alcaldes prevalece y tan solo en la reciente reunión que tuvieron las autoridades del Grupo de Coordinación Michoacán con 45 de los 56 ediles del PRD, uno se abstuvo y 41 de ellos le dieron el sí al Mando Único, siempre y cuando mantengan el control del recurso para la manutención de las corporaciones policiales, por lo que advirtieron que revisarían nuevamente los anexos.
No obstante, Aureoles señaló que solo espera la confirmación de la visita del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que será en unas dos semanas, para anunciar junto con todos los alcaldes la firma global del Mando Único. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: CARLOS ARRIETA.
Tixtla, Gro. Los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México el año pasado rechazaron hoy tajantemente el contenido de un documental sobre el caso estrenado este fin de semana en la ciudad de México, por considerar que se apega a la versión oficial de los hechos. "El documental que está presentándose en la capital no lo vemos con buenos ojos porque es el reflejo de la gran mentira que montó la PGR (Procuraduría General de la República, fiscalía) ante el pueblo y ante los padres de familia", dijo el portavoz de los padres, Melitón Ortega, en una conferencia de prensa realizada en la escuela normal "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Los padres dijeron que la cinta La noche de Iguala se apega a la llamada "verdad histórica" de la fiscalía, que señala que los estudiantes fueron incinerados en un basurero, lo que fue desacreditado en septiembre por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso. "Hoy rechazamos esa proyección, que no es otra cosa más que el resultado de las investigaciones de las instituciones de justicia para confundir a la gente y crean que los estudiantes estaban de alguna manera involucrados con el tema del crimen organizado", alegó Ortega. La noche de Iguala, del periodista Jorge Fernández Méndez, relata los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes de magisterio de la escuela de Ayotzinapa fueron atacados en el municipio de Iguala por policías municipales aliados con el crimen organizado. De acuerdo con la versión de la PGR, el cártel Guerreros Unidos confundió a los estudiantes con miembros de un grupo rival, por lo que los asesinó y quemó en un basurero del municipio de Cocula. Sin embargo, los expertos del GIEI sostuvieron en un informe que esa versión no es consistente científicamente. "Hacemos un llamado al pueblo de México a que no caigan en engaños pues se quiere hacer creer a toda costa que los normalistas están calcinados y nosotros sabemos que no es así", dijo Ortega. "Sabíamos que algo así tendría que hacer el gobierno para tratar de dar carpetazo (cerrar) al tema de Iguala. Están atentando contra la ley de víctimas al presentar este documental al saber que el caso de los desaparecidos es aún un tema abierto", criticó Mario González, padre de uno de los normalistas desaparecidos, quien además habló de una "campaña de desprestigio" contra los estudiantes de Ayotzinapa. Gonzáles dijo que en el tráiler se muestra a los estudiantes atacando con palos y piedras a la policía, por lo que llamó a la sociedad civil a boicotear la proyección del documental. Además, no descartó que los padres y los demás estudiantes realicen actividades de protestas por la exhibición de la cinta en cines de todo el país.
"No podemos obligar a todo el mundo a que no vean la cinta, pero a todos aquellos que han simpatizado les pedimos que desde sus trincheras apoyen si es necesario a boicotear la proyección", dijo. FUENTE: LA JORNADA.
San Cristóbal de Las Casas, Chis. Maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se enfrentaron esta mañana con policías cuando trataron de impedir que se aplicara la evaluación de diagnóstico en las instalaciones de la Escuela de Protección Civil, ubicadas en municipio de Ocozocoautla, informaron fuentes gubernamentales. Los profesores también están afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). En el enfrentamiento, ocurrido en la carretera que conduce de Tuxtla a Ocozocoautla, resultaron varios policías y maestros lesionados y por lo menos dos vehículos dañados y uno incendiado. Explicaron que el zafarrancho se produjo cuando los agentes trataron de desbloquear las vías de acceso a la sede del examen que se efectuaría al gremio, y las cuales habían sido cerradas durante la madrugada por los profesores de la sección 7. Agregaron que los policías lanzaron gases lacrimógenos y los maestros respondieron con piedras y palos e incendiaron una llanta en la carretera. La Secretaría de Educación de Chiapas informó que “en medio de una fuerte oposición y amenazas violentas, no solamente se logró la participación de poco más de la mitad de los convocados, sino ampliar el número de los participantes en la evaluación diagnóstica, pasando de 549 a 580 docentes”. De esta manera, dijo en un comunicado, “se logró que la mayoría de los maestros cumpliera con este requisito como parte de la reforma que plantea la restructuración educativa en México. “Lo anterior constata la participación de una mayoría de los maestros en esta evaluación diagnóstica, lo que a su vez nos permite destacar que en Chiapas tenemos maestros y maestras que ven en la evaluación uno de los principales instrumentos para mejorar su desarrollo profesional y su calidad de vida”, indicó la dependencia.
Expuso que “los maestros están sabedores de que quienes no hayan cumplido en el marco de la normatividad, se harán acreedores a las sanciones que prevé la ley”. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: ELIO HENRÍQUEZ.
La procuradora Arely Gómez maniobró durante meses para que no se conociera el expediente del caso Ayotzinapa. Puso candados para que la información sólo se ventilara después de 12 años, increpó al IFAI y luego al INAI, para terminar luciéndose en el Senado. Ahí, ante sus excompañeros, dijo que en la página web de la procuraduría podía consultarse la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/01/2015, pero en realidad se trata de una versión parcial de la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, su predecesor en el cargo.
MÉXICO, D.F: Durante nueve meses, la Procuraduría General de la República (PGR) hizo hasta lo imposible por esconder el expediente del caso Ayotzinapa y expuso sus alegatos. De la invocación simple de la reserva en averiguaciones previas, la dependencia liderada ahora por Arely Gómez González pasó a la descalificación y luego a la amenaza contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Al principio argumentó que no se trataba de una violación grave a los derechos humanos, pero al final y tras innumerables dilaciones consintió en subir a la página web de la procuraduría la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/01/2015 que contiene sólo una versión parcial de la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, su predecesor. Más que un ejercicio de transparencia, como lo presentó Gómez González, en realidad es una maniobra para cumplir una resolución emitida el 13 de mayo por el IINAI sin agotar el procedimiento. Se trata del expediente RDA 0618/15, resuelto por el pleno del instituto el mismo 13 de mayo, iniciado luego de que el pasado 12 de febrero la PGR declaró bajo reserva que sólo podía accederse al documento dentro de 12 años. Semanas antes, el 20 de enero, un ciudadano había solicitado la información sobre el caso y se enteró de la decisión de la procuraduría, por lo que presentó su inconformidad. Fue hasta el viernes 9 cuando el solicitante recibió el formato de pago para la reproducción en copias simples de 85 tomos y 13 anexos, con datos personales reservados (una versión pública) de la mencionada averiguación. El costo de la reproducción ascendía a 27 mil pesos. Un día antes, Gómez González compareció en el Senado, órgano que dejó en febrero para irse a la PGR en sustitución de Murillo Karam. La funcionaria se mostró relajada e incluso tuteó a varios de sus excompañeros y prácticamente sin responder con claridad a los cuestionamientos, anunció la apertura del caso Ayotzinapa. Al estilo del peñanietismo, el asunto se presentó como uno de los ejes de trabajo de la procuradora, que ella llamó transparencia y rendición de cuentas. Y abundó que la transparencia regía su trayectoria, incluido su paso por el Senado. Y en pleno autoelogio, presumió la creación de la Unidad de Apertura Gubernamental. Aseguró que durante meses habían trabajado en una versión pública sobre el caso Ayotzinapa que se abrió a los solicitantes la víspera de su comparecencia. Dijo también que era la primera averiguación previa en curso que se abría, cuando, entre otras, ya se había hecho con el expediente de las fosas de San Fernando. “Hoy, les anuncio que vamos a habilitar un apartado en el portal de la PGR, donde subiremos la versión pública del expediente del caso Iguala, para que de esta manera la ciudadanía, los periodistas y todas las personas interesadas puedan acceder directamente a la información que ahí estará disponible. “No basta con hablar de transparencia: hay que ser transparentes”, añadió. Pero estaba mintiendo. El boletín de prensa que la PGR difundió el jueves 8 destacaba la creación de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas –anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto luego del encuentro del 24 de septiembre pasado con los padres de los normalistas desaparecidos– y la apertura “del expediente del caso Ayotzinapa”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2033, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
El ex líder moral del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y autor de la iniciativa Por México Hoy, destacó que no es momento de ser de izquierda ni derecha sino de ser patriotas y buscar el bienestar del país.
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se encuentra en una nueva etapa de su vida. Después de renunciar al Partido de la Revolución Democrática (PRD), hace casi un año, y de salirse de la actividad partidista, busca acercarse a los movimientos sociales para transformar al país, según sus palabras. Entre sus planes está hacer una nueva Constitución Mexicana y uno de sus principales objetivos es que se dé marcha atrás a las Reformas Estructurales aprobadas en la administración actual.
En entrevista con SinEmbargo, Cárdenas Solórzano aseguró que no es importante hablar de izquierdas o de derechas rumbo a 2018. Tampoco de partidos. Se necesita ser patriota y buscar el bienestar del país, argumentó.
“Hay muchas izquierdas. Algunos dicen que están la izquierda, otros que no están. Hay las electorales, otras que no. Hay de todo. Como diría yo en las derechas. Hay muchas derechas de muy distinto tono, y es muy difícil decir qué califica si se está en el derecha o en la izquierda. No hay ningún juez que lo establezca”, dijo.
El ingeniero Cárdenas se encuentra retirado de los partidos, pero no de la política. Recientemente lanzó la iniciativa Por México Hoy, junto con otros ex perredistas como el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, la maestra Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo. La agrupación busca aglutinar a todos aquellos inconformes con el estado del país, pero desde una trinchera distinta a los partidos políticos. –¿En qué consiste su proyecto Por México Hoy? –Es un proyecto en el que estamos involucrados mucha gente que estamos en la actividad pública. Algunos están en partidos, otros no estamos en partidos políticos. Algunos están en organizaciones sociales de distinto tipo. La idea es lograr cambios reales, importantes en el rumbo de desarrollo del país. La situación actual que ha creado la pobreza, hay desocupación, no hay oportunidades para los jóvenes, hay una violencia que se extiende y profundiza, una economía que no crece, esto debe y puede cambiarse. Para eso estamos proponiendo una discusión amplia, para ponernos de acuerdo cuáles son los cambios fundamentales que deben darse, pero consideramos que muchos de estos cambios van a requerir de cambios constitucionales importantes.
–¿Qué papel juegan las reformas estructurales en este escenario? –Se han dado reformas serias, que no están permitiendo que el país se desarrolle. Las llamadas reformas estructurales son retrocesos muy serios. Creemos que esto debe revertirse. Tener proyecto de cambios constitucionales, impulsar que se adopte una nueva Constitución y a partir de ahí, tomar esto como punto de apoyo y realmente llevar a cabo los cambios que hacen falta, para todo esto, lo que es indispensable es que haya una toma de conciencia muy amplia por parte de la población y al mismo tiempo que haya capacidad de movilización. En esto es en lo que estamos. En realidad buscando generar una gran capacidad de movilización, para que aquellos que tomen decisiones se vean convencidos y en su caso forzados a los cambios necesarios. Queremos crear una gran movilización por todo el país, para que demanden los cambios que están haciendo falta.
–Digamos, ¿están llamadas todas las organizaciones y población? Javier Sicilia ya se ha sumado. ¿Están llamando a hacer un sólo frente en Por México Hoy? , ¿cómo piensan organizar esta gran toma de conciencia?
–Primero hablar con la gente, convencerlos. Hay grupos que está participando. Hemos hablado con Javier Sicilia; hemos hablado con gente que no está participando en ningún grupo formal. Hay mucho ciudadano, mucha gente que se mueve sola en cierto modo, gente que está en actividades de todo tipo: en la academia, pero también en el comercio, agricultura, ganadería, trabajadores asalariados, gente que tiene mucho que aportar y que conoce mucho de cómo pueden resolverse los problemas. La gente que está viviendo los problemas es la que principalmente tiene a su alcance decir cuáles son las principales vías de solución.
–¿Buscan que todo se haga en un frente? –Que se haga en un sólo sentido. Yo no diría en un solo frente. No estamos tratando de hacer una organización electoral ni tener una agrupación política formalmente. Sí estamos haciendo política, queremos hacer política, pero nos interesa sobretodo la toma de conciencia y la movilización social que impulse los cambios que están haciendo falta.
–¿Cómo ve a esta sociedad civil? Hay una impresión de que hay un gran descontento social, pero que cada quien está por su lado, por su causa. ¿Ustedes buscan aglutinar a todos?
–Lo que queremos es que todo el mundo empuje en el mismo sentido. No queremos que se afilen a una organización o que impulsen candidaturas, eso es aparte, pero sí creemos que todo el mundo debe empujar en el mismo sentido, para que los cambios puedan llevarse a cambio.
–Cuándo usted habla de una nueva Constitución, ¿de qué estamos hablando exactamente ?, ¿de regresar a la que teníamos, quitando las reformas estructurales? , ¿o habla de otras implicaciones? –Esto lo tendrán que ver con más cuidado los constitucionalistas, pero sin duda hace falta que todos los derechos que la Constitución que otorga a los ciudadanos, puedan ejercitarse. Se dice que todo el mundo debe tener un salario mínimo suficiente para llevar una vida digna, que permita el sostenimiento de una familia, que pueda tener esparcimiento, con qué alimentarse, vestirse, tener vivienda. El salario mínimo no cumple con esos requisitos constitucionales. Queremos que se haga efectivo eso. Todo mexicanos debe tener trabajo, sin embargo, si una persona no tiene trabajo, no tiene ante qué autoridad acudir para exigirle. Consideramos necesario revertir las reformas estructurales, recuperar el control del subsuelo de parte del Estado mexicano, reestructurar al poder Judicial. Todo esto aterrizaría en una gran reforma de la Constitución.
LA CRISIS DE DDHH
–Ahora que vino la Comisión Interamericana [CIDH] y que dice que México está viviendo una grave crisis de derechos humanos, en esta parte, ¿hay trabajo por hacer en la Constitución? –Bueno lo primero es que hay que luchar para que se cumpla como esté, a partir de ahí, la Constitución establece los mecanismos sobre sus reformas. –Ingeniero, ¿qué opina usted en estos momentos de los partidos políticos? Es decir usted está trabajando ahorita por fuera de los partidos… –Pero no en contra.
–Pero por fuera…
–Nosotros no estamos en contra de nadie, ni de partidos ni de organizaciones ni de personas afiliadas a ningún partido. Tenemos que buscar el progreso del país.
–Pero, ¿de verdad los partidos políticos están representando hoy las necesidades de la población? –Pues de algunos sí, de otros no. Así tan sencillo como eso. –Usted, ¿por qué decide no estar en los partidos? Sabemos por qué no está en el PRD, pero lo vemos haciendo actividad política por fuera de los partidos. ¿Cuál fue el punto de inflexión? –Discrepancia de cómo se estaban manejando las cosas en el partido al que yo pertenecía. Yo decido separarme y seguir haciendo la política que creo es la correcta. GENTE INTOLERANTE –Lo hemos visto muy cerca de los movimientos sociales. Cuando le ocurrió aquella agresión, que todavía estaba en el PRD y que fue a la marcha [en una manifestación por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa de octubre de 2014. Cárdenas fue abucheado y agredido con agua, refresco y piedras], para usted, ¿qué significó?, ¿fue una sacudida? – Para mí fue una persona que no tiene capacidad de tolerancia. Gente que quería provocar, pero nada de fondo.
–Nada de fondo. Ahora, ¿cómo ve el panorama de la izquierda?, ¿está lista para retomar estas demandas sociales? – Hay muchas izquierdas. Algunos dicen que está la izquierda, otros que no está. Hay las electorales, otras que no. Hay de todo. Como diría yo en las derechas. Hay muchas derechas de muy distinto tono, y es muy difícil decir qué califica si se está en el derecha o en la izquierda. No hay ningún juez que lo establezca.
–Para 2018, ¿qué tan importante es que salga el PRI del poder?
–Yo considero que es muy importante que desde ahora pudiera darse un cambio en las políticas del Estado, que fueran favorables al país, impulsen un verdadero desarrollo y una equidad en los beneficios del desarrollo, quien lo haga, no sé quién es, pero cualquiera que sea, cualquier partido, que efectivamente estén buscando un cambio en la actual situación del país.
–¿Usted considera que la izquierda debería llegar en 2018 a la Presidencia de la República? y, ¿qué requiere para poder llegar? –No sé cuál izquierda dice usted –Bueno, algún partido de izquierda. –Yo lo que esperaría es que llegara un grupo, un equipo. En todo caso una organización que actúe con patriotismo, que busque el beneficio del país y el ejercicio pleno de la soberanía, el beneficio de la gente. No sé si eso quede en la izquierda, en la derecha, arriba o abajo, no le sé decir. –Bueno ahorita existe la impresión de que los partidos de izquierda están cada uno por su lado y que esto le beneficia al PRI… –Toda división fortalece al contrario.
–¿Haría un llamado a la unión?
–Yo no estoy participando en cuestiones electorales. Yo voy a ver quién sale, quién se presenta y qué ofrece.
–Regresando a Por México Hoy, ¿la va a registrar como AC? –No, simplemente nos vamos articular, trabajar juntos, saber qué se está haciendo en un lado y en otro. No hacen falta jefes, jerarquías, consejos. No hace falta nada de eso. Nomás la voluntad de trabajar juntos. – ¿Dónde se están organizando?, ¿cuál es la oficina? –La Fundación para la Democracia nos está sirviendo en este momento, como digamos un secretariado técnico, para llevar un directorio y saber quiénes somos. Hay una página. Hay manera de establecer contacto. –Ingeniero, ¿cuándo vamos a empezar a ver las propuestas políticas? –Tenemos varios documentos en la página abiertos a la discusión. Vamos a empezar el proyecto de Constitución con todos los insumos que estamos recibiendo. –¿Cuándo se acercarán al Congreso? – Cuando tengamos un proyecto completo. No sabemos cuándo puede ser. –¿Qué otros personajes se han acercado a participar con usted? – Mucha gente de los estados, compañeros que han estado en muchos momentos, no le pudiera dar nombres, porque son muchos. –¿De las organizaciones de desaparecidos, de migrantes? – Hay un poco de todos ellos trabajando juntos en este proyecto. –De aquí a 2018, ¿cuál es su meta principal? –Quisiera que los cambios se den en 2015, no en 2018. ¿Qué pasa en 2018? Vamos a ver. Faltan casi tres años. –Bueno este año ya se terminó.
–Quisiéramos que los cambios se hubieran dado ya. Que no se siguiera deteriorando el país día con día como está sucediendo. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SHAILA ROSAGEL. LINK: http://www.sinembargo.mx/19-10-2015/1521335.
México se unió a otra comunidad global de comercio: el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Fue ampliamente celebrado. Pero, 30 años después de la adhesión al FMI y a 20 del TLCAN, el balance no es el que tanto se pregonó. Todo lo contrario, dice un estudio apenas publicado.
Ciudad de México, 12 de octubre: Un análisis del Bank of América–Merrill Lynch promovió, en 2013, la mejor noticia para captar inversiones extranjeras en México: por primera vez, el salario por hora en el país era más bajo que en China; casi un 20 por ciento. La caída del salario, planteada en el análisis como una “ventaja”, mostraba que en los últimos 10 años el ingreso de los mexicanos había contraído tres veces su valor frente al percibido por la población del país asiático que, en 2003, ganaba un 188 por ciento menos que aquí.
Entrevistado por la agencia Reuters, el economista en jefe de la firma Bank of America–Merrill Lynch y ex analista de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Banco de México (Banxico), Carlos Capistrán, dijo que esta caída en los salarios –presionados, explicó, por el aumento poblacional–, eran una “ventaja competitiva” tan importante que incluso superaban los beneficios de las reformas de Enrique Peña Nieto.
“Ahora la gente está emocionada con México por las reformas. Pero cuando me pregunto: ‘¿qué es lo más importante que tiene México en términos de crecimiento?’ Es el bono demográfico”, dijo Capistrán en la nota de Reuters.
El comparativo en el nivel de ingresos apareció citado este año en un artículo que analiza el impacto del modelo de libre mercado en la calidad de vida de los mexicanos y que plantea que los bajos salarios son una explicación de la pobreza y la precariedad laboral y, éstas, parte de la criminalidad que ha convertido el homicidio en la principal causa de muerte entre la población de 15 a 44 años; es decir, en edad productiva. El comparativo en el nivel de ingresos apareció citado este año en un artículo que analiza el impacto del modelo de libre mercado en la calidad de vida de los mexicanos y que plantea que los bajos salarios son una explicación de la pobreza y la precariedad laboral y, éstas, parte de la criminalidad que ha convertido el homicidio en la principal causa de muerte entre la población de 15 a 44 años; es decir, en edad productiva. Por ese motivo, explica el artículo escrito por la médico social Asa Cristina Laurell y publicado en International Journal of Health Services (o Revista Internacional de Servicios de Salud), la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa muestra la punta del iceberg en el que están decenas de miles de muertes por homicidio y más de 26 mil desapariciones. “Hay una conciencia cada vez mayor en México de que estos eventos son el resultado de tres décadas de neoliberalismo, incluyendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá. La razón de esta interpretación es que la adopción del ajuste fiscal y de reformas estructurales ha destruido la estructura productiva industrial y agrícola del país, así como sus instituciones sociales públicas”, dice la introducción del artículo.
“Este proceso ha polarizado a la sociedad entre un grupo minúsculo de personas muy ricas y una gran mayoría cada vez más empobrecida. Los más afectados son los jóvenes que no pueden conseguir un trabajo o una oportunidad para la educación. Al mismo tiempo, los medios de comunicación han promovido un individualismo y consumismo al extremo, catalogando a las personas como ‘perdedoras’ o ‘ganadoras’ con base en la riqueza personal y el poder, en congruencia con la ideología neoliberal”, agrega.
El artículo revisa lo que la autora denomina las alteraciones políticas, económicas y sociales que han resultado de los más de 30 años transcurridos desde que, en 1983, México, sacudido por una crisis económica, aceptó la “receta” del Fondo Monetario Internacional para reducir la inflación, aplicar reformas estructurales y liberalizar el mercado. Pero el resultado del ajuste, dice Laurell, fue una dramática redistribución entre el capital disponible (que aumentó 48 al 64 por ciento entre 1982 y 1988) y el trabajo (que se redujo de un 42 al 29 por ciento), una caída del 30 al 40 por ciento en los salarios, aumento en el desempleo y reducción del 35 por ciento del gasto social. Entre 1990 y 2012, agrega, si bien el Producto Interno Bruto creció menos que en las décadas anteriores (sólo un 1.2 por ciento), el promedio de ingresos como producto del trabajo se estacionó, “lo cual indica una distribución en el ingreso regresiva”. Los salarios mínimos, mientras, siguieron a la baja, al caer 26 por ciento entre 1994 y 2014 (5.5 dólares diarios de finales de marzo pasado). Otros saldos mencionados son los más de 12 millones de mexicanos que han emigrado a Estados Unidos y el 58 por ciento de la población económicamente activa que, para 2014, se contaba en el sector informal. En ese periodo también, y gracias a las privatizaciones de empresas estatales a bajo costo, se creó una oligarquía nacional y trasnacional que ha “capturado” el poder político y debilitado la democracia representativa a través de un proceso marcado por la corrupción, la represión y la violencia. El TLC, por su parte, devastó el campo y dejó a los agricultores en desventaja frente a los subsidiados agronegocios de Estados Unidos; proceso en el que México se convirtió en importador neto de productos agrícolas y que culminó, agrega el análisis, en 2008, cuando concluyó la protección a la tarifa de granos básicos como el frijol y el maíz.
En ese tiempo se expandieron los cultivos de opio y mariguana y, también, menciona el análisis, la economía criminal empezó a jugar un papel creciente; el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió el control que tenía sobre los cárteles y surgió una especie de narco-Estado. La infiltración del dinero del narcotráfico en diferentes sectores de un país con los índices de crecimiento económico más bajos de América Latina da gran importancia a los giros criminales, lo cual explicaría, dice el estudio de Laurell, que la guerra contra las drogas no haya perseguido el dinero de los cárteles.
“La frontera entre el Estado de Derecho y el Estado de excepción es borrosa. El ajuste económico estructural con la liberalización y las privatizaciones ha provocado crisis recurrentes, pero ha sido mantenido, conduciendo a la destrucción de la estructura nacional en favor de las corporaciones supranacionales, particularmente financieras”, dice el texto.
“La asociación entre la economía criminal y la criminalidad económica también se discute. La privatización de los beneficios sociales y los servicios requiere subsidios del Estado que permiten la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. El impacto social de este proceso ha sido devastador, con una polarizada distribución del ingreso, salarios en caída, aumento del empleo precario, desigualdad en aumento y violencia extrema”, agrega.
El título del artículo, comenta la autora en entrevista, fue decidido a medida que avanzaba con la acumulación de los datos disponibles públicamente sobre política económica, desigualdad y criminalidad: “Tres décadas de neoliberalismo en México. La destrucción de la sociedad”.
DAÑOS A LA SALUD DE LOS MEXICANOS Cirujana, epidemióloga, doctora en Sociología, la investigadora Asa Cristina Laurell fue también una de las fundadoras del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y, entre 2000 y 2006, Secretaria de Salud del Distrito Federal con el entonces Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador. Antes fue coordinadora de la Maestría en Medicina Social de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); disciplina que analiza el contexto histórico en el que se generan las enfermedades y en la cual está considerada una de las autoras más importantes en América Latina. Desde esa perspectiva, en su estudio sobre los 30 años de neoliberalismo plantea que el aumento en la mortalidad por diabetes y enfermedades isquémicas del corazón –cuya tasa, cita el texto, aumentó de 46 a 77 por cada cien mil habitantes entre 2000 y 2012 en el caso de la primera, y de 43 a 67 en el caso de la segunda– son también evidencia del impacto de este modelo económico en el estilo de vida y en la salud de la población, caracterizadas ambas por un “estrés crónico” a nivel social e individual, así como el reemplazo de la dieta tradicional por la comida “chatarra”. Estos indicadores, agrega el análisis, son los más altos entre países latinoamericanos con producción nacional similar, como Argentina, Brasil o Chile. El caso de la muerte por diabetes, especifica el estudio, llegó a ser hasta cuatro veces más alto que los países mencionados en 2013. En ese contexto aparecen también las muertes por homicidio, sobre las cuales el artículo muestra un tabulador en el que se observa que los asesinatos de hombres aumentaron a más de doble entre 2000 y 2012, al pasar de nueve mil 442 a 22 mil 986. El impacto, dice, fue sobre todo entre los hombres en edad productiva, como el grupo de entre 15 a 44 años, cuyas muertes aumentaron un 160 por ciento al pasar de seis mil 538 a 17 mil 54 casos.
En entrevista, Laurell hace notar otro dato que dice considerar también de alarma y que fue difundido en 2014 por el Colegio de México en el estudio “El estancamiento de la esperanza de vida en México en la primera década del Siglo 21: el Impacto de las muertes violentas” y que expone cómo, después de años de crecimiento, este indicador bajó de 73 a 72 años entre 2000 y 2010; la mitad de esta reducción por causa de la violencia.
“La reversión de la esperanza de vida esencialmente ha ocurrido en dos o tres situaciones. La primera, durante las guerras, y yo creo que, independientemente de cómo se llame, claro que en México vivimos una violencia comparable con la de una guerra; y otra es durante cambios socioeconómicos muy abruptos, como fue el caso de los países socialistas cuando cambiaron y asumieron el modelo neoliberal”, dice Laurell en entrevista. “Por eso le llamé la destrucción de la sociedad”, agrega.
En la conversación, Laurell precisa que ahora es integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) formado por López Obrador. Pero lo ocurrido en los últimos 30 años en México, dice, no es cuestión de ideología ni de un “pleito de populistas”. “Hay todo un proceso comprobable sobre lo que ha pasado en México, y ahí está; sólo hay que juntar los datos de ese proceso”, comenta. SinEmbargo envió un correo electrónico al analista de Bank of America–Merrill Lynch consultando si consideraba que los bajos salarios de México tenían alguna relación con la violencia pero, al cierre de este artículo, no había sido respondido. TPP, EN BENEFICIO DE FARMACÉUTICAS En junio pasado, en un artículo de opinión publicado en La Jornada, Laurell analizó también la poca información oficial disponible sobre el nuevo pacto multilateral denominado Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (o TPP, sus siglas en inglés) y cuestionó la secresía de las negociaciones que, escribió, podrían afectar los términos de propiedad intelectual, específicamente en materia de productos farmacéuticos, impactando también su disponibilidad. “…propone ampliar la vigencia de las patentes; proteger los datos de las farmacéuticas para retardar el registro de genéricos; obstaculizar la producción estatal de medicamentos genéricos baratos para tratar enfermedades relevantes; desmantelar las flexibilidades de salud pública en la legislación internacional; entre otros”, advierte el texto publicado el 4 de junio en el mencionado periódico.
“El otro tema, ISDS (o mecanismos para resolver conflictos entre empresas privadas y Estados, o Investor-State Dispute Settlement), no es menos relevante en el terreno de la salud. Es así porque facilita a las empresas o corporaciones transnacionales llevar a los gobiernos ante una instancia de arbitraje internacional privada si consideren que un cambio en la política nacional perjudica la expectativa de ganancias de su inversión”, agregó el artículo. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO. LINK: http://www.sinembargo.mx/12-10-2015/1506349.
Los agentes estadunidenses que operan en México tenían las coordenadas precisas para cercar a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y recapturarlo. Lo habían rastreado durante semanas y dieron los datos a la Marina para que desplegara desde principios de mes a sus hombres en la sierra de Durango, donde presuntamente se encontraba el capo sinaloense… Pero los marinos llegaron tarde y éste simplemente desapareció.
WASHINGTON: Desde que se fugó del penal del Altiplano, el 11 de julio pasado, las agencias de inteligencia de Estados Unidos, encabezadas por la Drug Enforcement Administration (DEA), han utilizado la tecnología de rastreo y de interceptación de comunicaciones más avanzada para ubicar a Joaquín El Chapo Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, a quien detectaron en un rancho en la sierra de Durango hace dos semanas. “Recibimos información de inteligencia por medio de la interceptación de varias llamadas telefónicas (satelitales y de celulares) que nos indicó que El Chapo podría estar escondido en un rancho en la sierra de Durango, en los limites con Sinaloa. La información se la dimos al gobierno de México”, explica a Proceso un agente de inteligencia estadunidense, quien pide omitir su filiación. Y añade: “La información que conseguimos por medio de la tecnología la cotejamos con otra que habían conseguido en México nuestras agencias por medio de (informantes). Y cuando determinamos que podría ser El Chapo quien se ocultaba en el rancho, se la dimos a las autoridades mexicanas. “Al parecer la Marina mexicana llegó tarde al punto donde presuntamente lo habíamos ubicado. Hubo un retraso de varias horas desde que dimos la información hasta el momento del operativo… El lugar donde se encuentra el rancho está en un punto de difícil acceso. Esa fue la explicación que nos dieron”. Según el resumen de las agencias de inteligencia de Estados Unidos que han participado en la recaptura del capo sinaloense, a menos de 24 horas de su fuga los reportes lo ubicaron en la zona del Triángulo Dorado de la Sierra Madre Occidental, entre Chihuahua, Durango y Sinaloa, territorio controlado por el cártel que lidera El Chapo. Su fuga unió a las agencias de inteligencia de Estados Unidos con presencia en México, dice el entrevistado, vía telefónica. Y expone: “Pusieron a trabajar a sus activos (informantes) para recapturar a Guzmán Loera. La información obtenida se ha intercambiado y cotejado con la que obtiene por su parte el gobierno de México. La cooperación es muy buena, pero estamos conscientes de que es una tarea muy complicada”. Con el permiso para espiar en México que les dio el Felipe Calderón cuando estuvo en Los Pinos bajo el marco de la Iniciativa Mérida, las agencias de inteligencia estadunidenses pusieron a trabajar a sus operadores las 24 horas del día en la Oficina Binacional de Inteligencia desde julio pasado. “Aunque estamos recibiendo mucho apoyo y muy importante de parte del Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC, por sus siglas en ingles) y de otros sistemas (de espionaje) que tenemos cerca de la frontera con México, el intercambio de información bajo la Iniciativa Mérida está comenzando a dar resultados notables”, insiste el agente entrevistado. Según él, la estrategia de inteligencia estadunidense para recapturar al Chapo, coordinada por la DEA, ha dado “resultados notables”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2033, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESÚS ESQUIVEL Y PATRICIA DÁVILA.
La versión del expediente del caso Ayotzinapa que la PGR hizo pública, hace incomprensible que la procuradora Arely Gómez sostenga las conclusiones heredadas de Jesús Murillo Karam. Los peritajes realizados desde finales de 2014 revelan que las conclusiones de ese funcionario –su “verdad histórica”– nunca tuvieron fundamento científico, por lo que a principios de este año se realizó un extraño dictamen de incendios y explosiones que torció los resultados de anteriores estudios.
MÉXICO, D.F: El 7 de noviembre de 2014, Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), difundió a través de los medios la hipótesis de que los cuerpos de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos el 26 de septiembre anterior, fueron incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan. Para ello, sus asesinos habrían utilizado acelerantes de fuego como diésel o gasolina. Sin salirse de esa línea, el 27 de enero de 2015 presentó lo que llamó la “verdad histórica” del caso. Sin embargo, en los 85 tomos de la versión pública del expediente no hay ningún dictamen técnico pericial que respalde esa conclusión. El pasado domingo 11, después de muchas presiones de organismos no gubernamentales para tener acceso al expediente, la procuradora Arely Gómez González, quien ha sostenido la versión de su antecesor, puso a disposición de la ciudadanía aproximadamente 50 mil fojas del expediente del caso Ayotzinapa. Su contenido contradice la verdad que pretende imponer el gobierno federal. A solicitud de Proceso, expertos de distintas especialidades de la UNAM y del Instituto Nacional de Ciencias Penales realizaron un análisis del voluminoso expediente público a fin de localizar los peritajes en que se basa el dictamen de la PGR. El resultado fue que no hay un dictamen que determine la temperatura que según la Procuraduría alcanzaron las llantas empleadas para incinerar los cuerpos. Los mil 600 grados centígrados de que habló Murillo Karam no tienen fundamento técnico ni científico. Tampoco se realizó un análisis químico comparativo de los sedimentos recolectados en el basurero de Cocula y de los extraídos del río San Juan. Se supone que estos últimos fueron hallados –sin la presencia de los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense, que apoyaba a los padres de los desaparecidos– en una bolsa negra. Sin el estudio correspondiente, la PGR sostuvo que ésta contenía restos óseos de los estudiantes, arrojados ahí por los sicarios del grupo delictivo Guerreros Unidos. En la versión pública del expediente tampoco aparece un análisis pericial que ubique en el basurero de Cocula diésel o gasolina, que según Murillo Karam utilizaron los victimarios para acelerar el fuego que destruyó el ADN de los cadáveres. También ese detalle es técnicamente insostenible. En cambio, se encontraron en el lugar otros hidrocarburos (benceno, tolueno, etil-benceno y xileno) que no son componentes de la gasolina ni del diésel, sino de objetos hechos a base de polímeros como nylon, poliéster y ropa de algodón, fáciles de hallar en un basurero.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2033, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
GUANAJUATO, Gto: Militante y operador electoral del PAN en Guanajuato desde hace décadas, Adalberto Javier Rodríguez Moctezuma ocupa el cargo de director general del Instituto de la Tenencia de la Tierra en el estado y cobra un salario neto de 110 mil pesos mensuales sin contar con el perfil requerido para este cargo, denunció la organización civil Ciudadanos Hartos. Rodríguez Moctezuma es papá del actual secretario de Desarrollo Social y Humano en el mismo gabinete del gobernador Miguel Márquez, el exdiputado federal Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, y de Alma Cristina Rodríguez Vallejo, quien acaba de ser designada directora del DIF municipal en León por el alcalde panista Héctor López Santillana. En los últimos tres sexenios, Rodríguez Moctezuma ha ascendido en la administración estatal, aunque su currículum oficial –consultado a través de Transparencia por los activistas ciudadanos– indica que tiene certificado de estudios hasta secundaria, éste a través del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA). “Desde el 2001 y con sólo primaria, fue designado director de Regularización de Asentamientos Humanos” del estado, instancia de la Secretaría de Gobierno, cuando el titular de dicha dependencia era Juan Manuel Oliva Ramírez. En noviembre del 2006, ya con Oliva Ramírez como gobernador, Rodríguez Moctezuma fue designado por éste director general de Seguridad de la Tenencia de la Tierra. El funcionario obtuvo el certificado de secundaria a través del INEA al año siguiente, a mediados del 2007, de acuerdo con los datos consultados por Ciudadanos Hartos. Y en enero del 2013, a comienzos del actual sexenio del gobernador Miguel Márquez Márquez, éste lo designó director general del Instituto de Tenencia de la Tierra, organismo creado por el propio Márquez mediante un decreto gubernamental. El perfil del puesto, según se describe en la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas, es de un licenciado en Derecho con más de cinco años de experiencia en la administración pública. Rodríguez Moctezuma cuenta con un nivel 17 en el tabulador del gobierno estatal, y con funciones de ejecutar acciones para la regularización de asentamientos humanos; obtener los censos municipales de asentamientos, análisis socio-políticos, expedientes jurídicos e información técnica para integrar las propuestas de regularización, así como asesorar a los municipios para la integración de sus comisiones municipales de regularización, entre otras. Roberto Saucedo Pimentel, representante de Ciudadanos Hartos, informó que al indagar a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Estado –por petición de dirigentes de colonos– el perfil de Adalberto Rodríguez, se encontró con este detalle. Aclaró que independientemente de las capacidades y resultados que el funcionario haya obtenido por su labor, “lo cuestionable es que no se puede manejar en el discurso del gobierno del estado, la invitación a los jóvenes para superarse y seguir estudiando” mientras se otorgan cargos en los altos niveles sin cubrir los requisitos o el perfil profesional requerido, en este caso, el de licenciado en Derecho. Según la organización, no hay evidencia de que algún otro ciudadano guanajuatense tenga un nivel igual o superior en el tabulador del gobierno del estado con ese grado de escolaridad, por lo que, reclamó, “es necesario crear un verdadero servicio civil de carrera y dejar de lado la simulación del actual sistema”. Antes de ingresar a la administración estatal, Rodríguez Moctezuma era empresario del sector cuero-calzado.
A principio de la década de los 90 se integró al servicio público en la presidencia municipal de León como director del fideicomiso administrador de pipas y posteriormente, como titular de Promoción Social en el Instituto de la Vivienda del municipio. FUENTE: PROCESO. AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
En los últimos días, información difundida en medios de comunicación ha colocado en el ojo público a Gabino Cué Monteagudo y no precisamente por las mejores razones. Enriquecimiento ilícito, opacidad y represión, son algunas de las acusaciones de intelectuales, organizaciones y oposición en contra del Gobernador de Oaxaca, una de las entidades donde se concentra el mayor número de pobres en México, de acuerdo con el informe Medición de la Pobreza en México 2014, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El 5 de octubre el diario Reforma reveló que el mandatario estatal pagó 1.5 millones de pesos por la construcción de un baño de mármol en la sección “A” del Auditorio Guelaguetza, el cual se ubica cerca del palco oficial del Gobierno del estado y que tuvo un sobreprecio del 437 por ciento. El Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Oaxaca reveló que el baño, que mide 46 metros cuadrados, es para uso exclusivo de funcionarios como el Gobernador del estado, el Presidente de la República, secretarios de Estado y diplomáticos. El sanitario nombrado como “Gobernador” fue construido como parte de los trabajos de remodelación del auditorio, cuenta con acabados de mármol en las paredes y pisos, fue equipado con dos inodoros electrónicos, secadores de manos con sensor y demás accesorios. Esa misma semana, el pintor Sergio Hernández acusó a Gabino Cué de tener distintas propiedades o “casas blancas” tanto en Oaxaca como en la capital del país, una de ellas valuada en 7 millones de dólares. Denunció que el mandatario tiene una casa en la zona residencial de San Felipe, una de las más exclusivas de la entidad; otra propiedad en playa de Zicatela, donde está localizado en destino turístico de Puerto Escondido, y un edificio en una área exclusiva de Polanco en el Distrito Federal. El Gobernador salió en su defensa una semana después y rechazó que la propiedad que se le atribuye con un valor de 7 millones de dólares sea suya y aclaró que el inmueble es de uno de sus familiares. En su declaración patrimonial de 2009, antes de asumir el cargo como Gobernador –que finaliza hasta el próximo año–, Gabino Cué no reportó propiedades. Sólo informó sobre dos prestamos para adquirir dos camionetas Toyota y cuatro cuentas. La declaración es la última que difundió el mandatario, quien entonces se desempeñaba como Senador, en su página web Gabinocue.org Además, Cué Monteagudo es uno de los gobernadores que ha hecho caso omiso al ejercicio ciudadano promovido por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana, el llamado “3 de 3”, el cual reúne en un solo sitio web toda la información sobre las declaraciones patrimonial, de intereses y de impuestos de funcionarios y personas de interés público, que se sumen a la iniciativa de forma voluntaria. SUS FUNCIONARIOS El 10 de octubre, el periódico Reforma, difundió que el terreno de una de las “casas blancas” de Cué Monteagudo fue comprado a su Secretario de Turismo y Desarrollo Económico, José Zorrilla de San Martín Diego. El 21 de septiembre pasado, el Senador Benjamín Robles Montoya anunció su renuncia como jefe de la Oficina de la Gubernatura de Cué y acusó al Secretario de Administración, Alberto Vargas Varela, de enriquecimiento ilícito y actos de corrupción. Aseguró que mediante denuncias ciudadanas le han hecho llegar documentación en la que se comprueba cómo “mediante empresas con prestanombres se ha beneficiado”. “Es imposible que el Gobernador no se entere de lo que ocurre en su administración”, dijo en una entrevista. Antes, a finales de agosto pasado, el mismo Senador Robles Montoya presentó una denuncia ante la PGR en contra de otro colaborador cercano de Cué, Jorge Castillo Díaz, por los delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos y los que se configuren. Castillo ya está fuera del Gobierno local. OPACIDAD Y REPRESIÓN Desde junio pasado se han llevado a cabo manifestaciones en rechazo a la construcción del Centro de Convenciones en parte del Cerro del Fortín de Oaxaca (CCCO), debido al impacto ambiental y de diseño arquitectónico que atraería consigo la obra, además de que es un lugar declarado como Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Arte (UNESCO). Los pintores Francisco Toledo y Sergio Hernández han sido los principales denunciantes de la obra, incluso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó el pasado 8 de octubre a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca implementar medidas cautelares a favor de los artistas, luego de que ambos denunciaran amenazas en su contra por oponerse a la construcción. La inconformidad por el CCCO fue tal, que Gabino Cué y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) acordaron realizar una consulta ciudadana para que los ciudadanos oaxaqueños opinaran acerca del proyecto. Toledo y un grupo de artistas e intelectuales presentaron un amparo en contra de dicha consulta debido a que consideraron que es inconstitucional; sin embargo, el Gobierno estatal la hizo oídos sordos e implementó la votación popular el domingo 4 de octubre. Los resultados, de acuerdo al Gobierno de Oaxaca, favorecían la construcción del Centro Cultural en el cerro del Fortín. Al respecto, el también fundador del Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural (Pro Oax), Francisco Toledo, se negó a emitir su voto al considerar que la consulta fue manipulada.
“Todo es una burla. No sé cómo se van a enfrentar las próximas elecciones cuando la institución que las organiza [el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca], hace algo tan desprestigiado. De todos modos las elecciones se harán. A lo mejor por el desprestigio se van a abstener de votar, aunque tampoco es una solución”, expresó Toledo en una entrevista para SinEmbargo. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/18-10-2015/1519535.
