Guadalajara y Puerto Vallarta han merecido múltiples advertencias de organismos internacionales y nacionales por ser foco de explotación sexual infantil. Para el Sistema DIF del Estado y municipios, el flagelo apenas existe, con escasas víctimas atendidas.
Han pasado ocho años desde que emisarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) arribaron a Guadalajara para constatar la problemática de explotación sexual infantil, y no obstante, ésta sigue pasando prácticamente desapercibida ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Entes como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), continúan advirtiendo sobre la gravedad de este tipo de esclavitud en la urbe, pero ésta apenas existe para el DIF del Estado y los municipios. En su informe de enero del 2008, tras su paso por Guadalajara en 2007, el relator especial sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía de la ONU, Juan Miguel Petit, ya señalaba las deficiencias que halló en los organismos municipales que debían atender el flagelo. “La ineficacia, la mala capacitación, la corrupción y la falta de adecuados protocolos y reglamentos de monitoreo, persistentes en diversos organismos policiales y municipales, encargados de asegurar que no existan menores explotados en el llamado ‘mercado sexual’, favorece el accionar de especuladores y aprovechadores que quieren ofrecer a sus ‘clientes’ adolescentes y jóvenes”, escribió Petit en su informe. En los ocho años siguientes a esa visita (2007 al 2014), los organismos DIF metropolitanos, con Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga, atendieron 19 casos de explotación sexual infantil -dos promedio por año-, con 26 víctimas (niñas, excepto un niño y tres sin precisar). Y hay dos de estos DIF que sin reparos reconocen que nunca, en casi una década, han atendido y entrado en contacto con una sola víctima de explotación sexual en sus municipios: los de Zapopan y Tonalá. “Dentro de las actividades operativas del personal durante su recorrido en cruceros de calles y avenidas, así como en las comunidades del municipio, no se tiene registro de menores de edad detectados siendo víctimas de explotación sexual”, dijo DIF Zapopan. En cambio, en su Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas de 2014, la UNODC arroja estimaciones de 600 niñas y niños explotados sexualmente en Guadalajara, dentro de los 16 mil que estarían en esa condición en el país. El propio relator especial hablaba de al menos 80 niñas y niños en la ciudad que eran prostituidos “de manera más estable como modo de vida”. Dice ese informe: “En Guadalajara el Relator Especial fue informado de que existen grupos de niñas y niños que son explotados sexualmente con fines comerciales, cada uno enfrentando una distinta situación”. La ceguera El DIF Jalisco no arroja resultados muy distintos en la atención de la explotación sexual infantil a los de sus pares municipales, aunque son los principales entes públicos de protección a la niñez. En todo el estado, de 2010 a 2014, ha conocido de 10 niñas y un niño explotados: seis en Guadalajara, el resto en Gómez Farías, Tecalitlán, Colotlán, Ocotlán, y Lagos de Moreno, pues los expedientes de 2007 al 2009 están extraviados: “Revisada la entrega y recepción de administraciones pasadas, sin que se hayan entregado los expedientes en estos años”, dijo el organismo. En 2014 el DIF Jalisco detectó en Guadalajara a una niña de apenas seis años que ya era explotada sexualmente; y en ocho casos encontró que era la propia madre de la víctima quien la explotaba, y en otro, su padre. Como en Gómez Farias, en 2010: “La menor es explotada presuntamente por su madre, quien la golpea y la obliga a prostituirse”; o Colotlán, en 2012: “Madre que se dedica a ejercer actividades de prostitución y se lleva a su hija para que también se prostituya”, la niña tenía 14 años. Y aunque el ámbito de estos hechos parece no trascender al círculo familiar, en el informe del 2008 se les advirtió a las autoridades: “Lejos de ser una modalidad rústica o espontánea de delincuentes aislados, la explotación sexual de niños y adolescentes está vinculada a diversas formas del crimen organizado y a circuitos clandestinos del mercado sexual”. “La abundancia de dinero que generan estas actividades y las conexiones corruptas con diversos estamentos del sector estatal, facilitan el desarrollo de la explotación y vuelven con frecuencia una tarea imposible la persecución de los infractores”. Puerto rojo Puerto Vallarta es otro de los principales focos de este delito no solo de Jalisco, sino del país, por su “alto índice de explotación sexual de menores”, afirmó la CNDH en su informe sobre trata, al ser una vertiente de esta actividad. La UNODC, en su Diagnóstico, plasma estimaciones de mil 500 infantes explotados sexualmente “en zonas turísticas importantes como Puerto Vallarta, Cozumel, Playa del Carmen, Mazatlán, Veracruz, Los Cabos, La Paz, Manzanillo, Ixtapa y Huatulco”, y aúna: “Otros centros turísticos que constituyen polos de atracción de trata de personas con fines de explotación sexual son Guerrero y Jalisco; tanto en Acapulco como en Puerto Vallarta se ha denunciado la presencia de distintas modalidades, incluyendo la explotación sexual infantil, pornografía infantil y turismo sexual”. Pese a ello, el DIF del puerto solo atendió a ocho menores explotados en ocho años, seis en 2007 en la colonia Emiliano Zapata, y dos más en su delegación Ixtapa en 2011, ninguno en el gobierno del exalcalde Ramón Guerrero, de Movimiento Ciudadano, hasta 2014. El subregistro
El panorama local sobre la explotación sexual infantil que reconocen el DIF Jalisco y el de los municipios, no es el mismo que observan la UNODC, la CNDH y aun el DIF Nacional: uno mucho más grave. El 11 de noviembre de 2013, en su oficio 232.403.00/253/13, el DIF Nacional transparentó un informe sobre “Atención a Víctimas de Explotación Sexual Infantil Periodo 2007-2012”, del Programa para la Protección y Desarrollo Integral de la Infancia, con datos de sus pares estatales. Ahí, el DIF Nacional asegura que las autoridades de Jalisco le reportaron 2 mil 569 menores explotados tan solo en ese sexenio, mil 450 niñas y mil 119 niños. Lo cierto es que los resultados del DIF local confirman lo que el relator halló en 2008: “No existe un eficaz sistema de protección y asistencia a los niños y adolescentes que han sido víctimas de los delitos de explotación sexual o trata en cualquiera de sus formas”, eso los hace “muy vulnerables”.
Las colonias donde la explotación ha sido detectada por los DIF municipales son: en Guadalajara, Centro y Jardines del Bosque; en Tlaquepaque, Juan de la Barrera, Santa María Tequepexpan, Tateposco, Ojo de Agua, Artesanos, Las Huertas y Las Juntas; y en Tlajomulco, Vistas del Valle. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: LUIS HERRERA.
Cuatro billones 746 mil millones 945 mil pesos es el presupuesto de la Ley de Ingresos de la Federación para este 2016.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó en lo general la Miscelánea Fiscal para 2016, con 39 votos a favor, dos en contra de Morena y cero abstenciones, y acordaron discutir todas las reservas hoy lunes en la sesión del pleno. Los diputados y diputadas avalaron modificaciones a la propuesta que presentó el Ejecutivo federal, 23 cambios a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR); tres al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) y ocho modificaciones al Código Fiscal, y aprobaron también el dictamen de la Ley de Responsabilidad Presupuestal. Con estos cambios a las leyes señaladas se obtendrían alrededor de 17 mil millones más de recursos para el presupuesto que se ejercerá el próximo año, para lo cual se contempla en la propuesta de la Ley de Ingresos de la Federación un total de cuatro billones 746 mil millones 945 mil pesos. El diputado del PRI, Carlos David García Padilla, consideró que este dictamen es positivo para el país, no solamente por el incremento en los recursos disponibles, sino también porque se atienden a sectores que lo requieren. Al votar el dictamen, los diputados de Morena, en voz de Vidal Llarenas, anunciaron su voto en contra, y los panistas cada uno votó a favor, pero aclararon los puntos en los que no están de acuerdo y que llevarán a pleno para la discusión. Entre los puntos que no están de acuerdo los diputados y diputadas de Acción Nacional indicaron que insistirán en que se regrese el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en la frontera de 16 al 11 por ciento, pero cabe destacar que en el dictamen que se votó no se incluyó la ley del IVA.
Finalmente, también se pronunciaron porque se quite el IVA a los alimentos de mascotas, y en algunas medidas al ISR sobre todo porque consideran que no se apoya a los pequeños comerciantes. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF
MÉXICO, D.F: Tres hombres fueron acribillados la noche del domingo desde un automóvil en movimiento en calles de la colonia Bellavista, en Tlalnepantla, Estado de México. Los hombres, de aproximadamente 30 años de edad, caminaban por la calle Arbolitos, casi esquina con Escalerillas, cuando fueron baleados en más de 30 ocasiones con armas de grueso calibre, según los primeros informes. Los victimarios huyeron sin que alguien pudiera proporcionar datos de las características del vehículo en que viajaban. Vecinos que escucharon los disparos alertaron a la Policía. Al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil que constataron la muerte de los tres hombres quienes presentaban varios impactos de bala. Más de 30 casquillos percutidos de distinto calibre quedaron dispersos sobre el arroyo vehicular y la banqueta. De acuerdo con reportes policiacos, los sujetos ultimados vivían en una colonia aledaña conocida como El Mirador.
La zona fue acordonada por la Policía Municipal y los peritos se apersonaron en el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a Petróleos Mexicanos (Pemex) informar sobre la cantidad de petróleo o gasolina robada en todo el país entre enero de 2012 y agosto de 2015. En respuesta a la solicitud de un particular, Pemex sólo proporcionó los datos del volumen asegurado por la comisión del delito de robo de hidrocarburo en su modalidad de toma clandestina, pero no el total de petróleo y gasolina robados. Posteriormente modificó su respuesta y señaló que, tras una búsqueda en la Subdirección Jurídica de Operación Regional y en la Subdirección Jurídica Contenciosa, no encontró la información solicitada. Al analizar el caso, el Inai advirtió que un recurso de revisión anterior –RDA 4655/14—del 11 diciembre de 2014, Pemex Refinación señaló que la Gerencia de Coordinación de Operaciones puede realizar la cuantificación de volumen perdido por tomas clandestinas, mediante el “procedimiento para aplicar los criterios a seguir cuando se presenten variaciones de condiciones de operación en los sistemas de transporte por ducto”. Dicho procedimiento establece los criterios a seguir cuando se presentan variaciones en la operación de los sistemas de transporte por ducto, originadas por pérdida de contención, extracción ilícita y/o tomas clandestinas. La Gerencia de Sistemas y/o los Ingenieros de Medición Regionales, añadió el Inai, son los encargados de verificar, diariamente, la desviación de volumen de cada sistema de transporte por ducto a fin de identificar bajas de presión, derrame, toma clandestina, vaciado y otros. El valor obtenido corresponde al volumen de producto perdido. Además, señaló el órgano de transparencia, Pemex diseña y supervisa un sistema estratégico de salvaguardia, relacionado con el robo de hidrocarburos al interior de todos sus organismos subsidiarios. “Por tanto, se concluye que conoce las estadísticas de los volúmenes de combustible transportado y perdido por cualquier motivo, incluido las tomas clandestinas”, abundó el Inai. La comisionada a cargo del caso, Patricia Kurczyn, refirió también que halló un comunicado emitido por la Cámara de Diputados el 19 de septiembre del año pasado, sobre la comparecencia del director general de Pemex ante la Comisión de Energía, en la que el funcionario señaló que, de enero a agosto de 2014, el volumen de combustible sustraído por tomas clandestinas ascendió a 7.5 millones de barriles, equivalentes a 15 mil 300 millones de pesos.
Con esos elementos, el pleno del Inai revocó la respuesta de Pemex y le instruyó hacer una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas competentes, entre ellas la Subdirección de Salvaguardia Estratégica y la oficina del director general, a fin de entregar al recurrente la información de su interés. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El cadáver de un hombre con una máscara de Halloween fue colgado en el puente La Concordia, en la delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal. El cuerpo fue colocado alrededor de las cinco de la mañana. Aparentemente, la víctima presentaba señales de haber sido torturada. La víctima tenía el cuerpo vendado y una máscara de Halloween. El cadáver colgaba en la avenida Zaragoza. El hombre tenía aproximadamente 25 años de edad. Elementos del cuerpo de Bomberos retiraron el cadáver. A principios del mes pasado, el Cártel de Jalisco Nueva Generación colocó tres mantas afuera de ministerios públicos del Distrito Federal. En los mensajes, el grupo criminal asentó que viene “por la plaza” y advirtió al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, que “no se meta” y que “cumpla”. En su edición 2030, la revista Proceso publicó una investigación de la periodista Jesusa Cervantes sobre la operación de los cárteles de la droga en el Distrito Federal: “Desde 2010 han aparecido narcomantas en el Distrito Federal, algunas atribuidas a Los Zetas, otras al CJNG y unas más al Cártel de Sinaloa. Y desde 2008 se han encontrado personas ‘encajueladas’, con el tiro de gracia, cubiertas con cinta canela y con mensajes amenazantes firmados por gente de ‘El Chapo y el rey Zambada’. Todavía más: en 2014 se detectaron tres narcolaboratorios y uno más en lo que va de 2015. Y una última: la propia PGJDF divulgó la declaración de un acusado que aseveró que la matanza de cinco personas en la colonia Narvarte –entre ellas el colaborador de Proceso Rubén Espinosa–, el pasado 31 de julio, fue perpetrada por Los Zetas.
“Pese a todo esto, el lunes 7 Mancera insistió en que no opera ningún cártel en el Distrito Federal. Aceptó que han sido capturados algunos cabecillas en la ciudad, pero, sostuvo, ‘ello no quiere decir que estén establecidos; ellos mismos dicen que no les resulta compatible’”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Los gobiernos estatales tienen hasta el 23 de octubre y 6 de noviembre para reportar a los maestros que se hayan ausentados en los dos recientes paros laborales.
La Secretaria de Educación Pública (SEP) lanzó fechas límite para que los gobiernos de los estados reporten a los maestros que faltaron a clase el pasado 2 y 12 de octubre por el paro de labores convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Si bien el descuento no es inmediato, el 23 de octubre es el último día para reportar a las maestras y maestros que faltaron el 2 de octubre, sin justificación, a fin de que los descuentos se reflejen en la nómina 20, de la segunda quincena, mientras que para los que se ausentaron el pasado 12 de este mes, deberán ser reportados a más tardar el 6 de noviembre para que el descuento sea efectivo la primera quincena del siguiente mes, de acuerdo al calendario del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE). La SEP insistió en que denunciará a los servidores públicos que no reporten a los maestros faltistas ante la Secretaría de Función Pública (SFP) como el caso del gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, quien en días pasados descartó descontar el día a los maestros que participaron en el paro laboral del 12 de octubre.
“La SEP reitera que en caso de que los servidores públicos de las entidades federativas propicien el pago a maestros respecto a días en los que efectivamente no laboraron, iniciará el procedimiento de denuncia correspondiente ante la Secretaría de la Función Pública, a fin de que se les apliquen las sanciones administrativas procedentes. Las acciones anteriores serán independientes de las denuncias penales que procedan por alterar la información que presenten y que derive en una indebida aplicación de recursos federales” refiere la dependencia en un comunicado En tanto, la CNTE ya anunció un nuevo paro laboral para el próximo 14 y 15 de noviembre en el estado de Oaxaca, donde se llegó a reportar apenas el 35% de asistencia en los salones de clases tras las manifestaciones magisteriales. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
La CNTE convocó el pasado 2 y 12 de octubre a realizar las mismas acciones de protesta en Oaxaca, que reportó sólo el 35% de asistencia en las aulas pese a la advertencia de que se les descontaría el día.
La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó un nuevo paro de labores en el estado de Oaxaca para el próximo 14 y 15 de noviembre para exigir se retome una mesa de diálogo con el gobierno federal contra la reforma educativa. De acuerdo con el diario Reforma, la dirigencia magisterial convocó nuevamente al cierre de todas las escuelas públicas en la entidad, así como bloqueos a comercios y a sedes de la evaluación docente de la Secretaría de Educación Pública. Incluso las manifestaciones incluyen una jornada de protesta durante el quinto informe de gobierno de Gabino Cué, según un reporte de Milenio. La CNTE convocó el pasado 2 y 12 de octubre a realizar las mismas acciones de protesta en Oaxaca, que reportó sólo el 35% de asistencia en las aulas pese a la advertencia de que se les descontaría el día. Ante esto, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo que los descuentos para los maestros faltistas no son opcionales y si no se aplican, se abrirán procesos sancionadores contra los funcionarios responsables, esto luego de que el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega anunciara que no habría sanciones para los maestros por no registrarse hechos de violencia durante la jornada.
En tanto la Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló este 15 de octubre que los 291 maestros de nuevo ingreso en todo el país que no se presentaron a la Evaluación Diagnóstica, realizada del 22 de agosto al 3 de octubre pasados, serán dados de baja. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Como una “inversión política” calificó el secretario de Educación de Guerrero, Salvador Martínez della Rocca, no descontar el sueldo a los maestros de esa entidad que participaron en la marcha del pasado 12 de octubre. Pese a que el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, ordenó descontar el sueldo a los maestros que participaran en paros o movilizaciones, della Roca consideró que hacerlo sería “echarle más fuego a la chimenea”. “Creemos que es una inversión política el no descontarle a los maestros (…) Lo correcto era no echarle más leña a la chimenea”, dijo en entrevista con Grupo Imagen. Y sobre la advertencia de Nuño, dijo: “Yo le tengo mucho respeto al nuevo secretario porque dijo que quede claro que la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto es política, y también dijo que se iba analizar la situación en las condiciones en las que esté cada estado; eso me pareció maravilloso. Vamos a analizar las condiciones políticas de Guerrero”, pidió. El funcionario guerrerense consideró que si se empieza a descontar el día a los maestros que participen en movilizaciones, “se vuelve a incendiar el estado y no queremos. Hemos logrado pacificar y hacerles el descuento sería volver a incendiar el estado”, insistió. Además, dijo, sería casi imposible tener una lista de los maestros que participaron en las movilizaciones y no dieron clases porque pertenecen a la CETEG. “Ellos no van a proporcionar información de los maestros, sería difícil obtener los datos de cada uno. No podemos saber qué maestro marchó o qué maestro no fue a la escuela”, dijo. Afirmó que ya se acordó con los maestros regresar a clases y en caso de que participen en una manifestación, no realizar actos vandálicos.
“Le vamos a entregar a (el gobernador electo, Héctor) Astudillo un estado mejor del que nosotros recibimos; nosotros recibimos un estado incendiado por la tragedia, pero queremos entregarle un estado en paz”, finalizó. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
CUERNAVACA, Mor: Denuncias por supuestas trampas, asambleas amañadas y reuniones reventadas enmarcaron la renovación de consejeros estatales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la entidad. Las asambleas de dos de los cinco distritos electorales federales fueron suspendidas: Jiutepec (II) y Cuautla (III). En estos consejos, grupos minoritarios con militantes enviados por el comité nacional -según los integrantes locales- fueron utilizados para reventar las asambleas, dejando el dominio absoluto de la elección a la corriente del experredista senador Rabindranath Salazar Solorio, quien encabeza la fuerza dominante al interior de ese partido, desplazando incluso a los grupos fundadores. Por si fuera poco, la dirigencia nacional decidió no reprogramar las asambleas y sumar solamente a los 30 consejeros que sí fueron elegidos este domingo en los distritos de Cuernavaca (I), Jojutla (IV) y Yautepec (V). En Jiutepec, la asamblea prácticamente llegó a los golpes luego de que los ánimos se caldearon, lo que dio pie a la cancelación del proceso interno. Sin duda, Jiutepec y Cuautla son los municipios más politizados del estado. En el primero, dos derivaciones del perredismo se disputan la posibilidad de influir en la elección interna. La primera corriente es encabezada por Rabindranath Salazar Solorio, exmilitante del PRD quien llegó con ese partido a la alcaldía de Jiutepec (2006-2009), a la diputación local (2009-2012) y a su actual senaduría (2012-2018), pero que renunció a esa fuerza política en medio de la debacle perredista tras la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, en septiembre de 2014. La otra fuerza que disputa Jiutepec es la de la actual alcaldesa con licencia, Silvia Salazar, quien también llegó al cargo de la mano del PRD, pero que renunció antes de la elección y se integró a Morena. De hecho, Salazar compitió por esa fuerza política por una diputación local, pero perdió contra la candidata del PRD. Ambos grupos provocaron un sainete este domingo que terminó en la suspensión de la asamblea. No obstante, fue el senador quien sacó la mejor parte, pues controla los otros distritos. De hecho, Salazar es señalado como el próximo candidato a la gubernatura por esa fuerza política para las elecciones de junio de 2018. Rabín, como se le conoce, es presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Es uno de los arropados de Andrés Manuel López Obrador, y sobrino del finado líder histórico de la disidencia magisterial, Othón Salazar Ramírez, fallecido en 2008 en Tlapa, Guerrero. Durante la asamblea de Morena en Jiutepec, realizada en un reducido salón de fiestas conocido como El Acueducto, se impidió que el proceso fuera fluido. Muchos de los delegados tuvieron que esperar varias horas para poder registrarse e ingresar al salón. Además, según las denuncias, hicieron falta boletas, lo que dio argumentos suficientes al grupo de Silvia Salazar para demandar la anulación del proceso. Un número importante de militantes presionó al presidente de la asamblea y enviado de la dirigencia nacional, Víctor Linch, lo que finalmente terminó en que el proceso fuera suspendido. Mientras tanto, en Cuautla, los militantes de Morena de la región oriente no tuvieron la oportunidad de concluir la elección de los 10 consejeros estatales por ese distrito. De acuerdo con las denuncias, los fundadores de esa fuerza política rebasaron con mucho a los enviados por la dirigencia nacional, por lo que la consejera nacional Carmen Moreno enfrentó al grupo de Vicente Estrada, quien fuera fundador del Partido del Trabajo y hoy se ha incorporado a las filas de Morena. Con esto, la asamblea terminó por cancelarse. En tanto, cerca de las 21 horas, la dirigencia de Morena en Morelos emitió un comunicado de prensa en el que “reconoce y felicita la gran participación de sus militantes durante el desarrollo de las asambleas, en el que se registró una importante participación de los protagonistas del cambio verdadero en todo el estado”. Sin embargo, señala que no fue posible elegir a los 50 consejeros, pues sólo se eligieron 30. Los 20 restantes quedaron “pendientes”, dado que se careció “de las condiciones indispensables para el desarrollo de las asambleas en los distritos II (Jiutepec) y III (Cuautla)”.
Agrega que “el partido analizará lo que proceda a partir de la revisión que se haga de los hechos acontecidos en esos dos distritos”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: CORRESPONSALÍA.
WASHINGTON: Estados Unidos decidió retener 5 millones de dólares de la ayuda antidrogas al gobierno de Enrique Peña Nieto, tras concluir que México no cumple en su totalidad con los criterios necesarios en materia de derechos humanos, reportó el periódico estadunidense The Washington Post. “Este año no pudimos certificar que cumple totalmente con los criterios (de derechos humanos)”, declaró un funcionario del Departamento de Estado al diario. Bajo la ley de la llamada Iniciativa Mérida, el Departamento de Estado tiene que reportar al Congreso federal estadunidense si México cumple con los criterios de defensa y respeto a los derechos humanos dentro de la lucha contra el narcotráfico. En esta ocasión, el gobierno del presidente Barack Obama determinó “descertificar” al gobierno de Peña Nieto, por incumplir los requisitos necesarios impuestos por Washington en materia de derechos humanos, por lo que le retendrá el 15 por ciento de los fondos que destina para financiar la lucha contra el narcotráfico. Este año, el Congreso federal aprobó un paquete de 148 millones de dólares para financiar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en México. Con la descertificación, unos cinco millones de dólares ya no serán entregados al gobierno mexicano. “De tiempo en tiempo, (los) países no cumplen con los criterios requeridos por el Congreso”, acotó el funcionario del Departamento de Estado a The Washington Post. Aunque los cinco millones de dólares que le retiene el gobierno de Obama al de Peña Nieto es una cantidad muy pequeña, la decisión de descertificar a México tiene una connotación más política que de asistencia financiera, ya que el Departamento de Estado descalifica al gobierno mexicano en materia de derechos humanos. “Es una señal clara de la frustración de Estados Unidos (con el gobierno de Peña Nieto)”, subraya la nota exclusiva del periódico más importante de la capital estadunidense. La descertificación “ocurre cuando México ha sido acusado de que sus fuerzas de seguridad han cometido abusos, incluyendo la desaparición de los 43 estudiantes (de Ayotzinapa) el año pasado”, enfatiza el artículo que The Washington Post subió a su portal de Internet esta noche. La Iniciativa Mérida es la herramienta bilateral de combate al narcotráfico en México, y por medio de ella Estados Unidos ha dado al gobierno mexicano decenas de millones de dólares en equipo militar, tecnología, entrenamiento y asistencia judicial. El dinero que el gobierno de Obama decidió congelar en el financiamiento que otorga a México, será entregado al gobierno de Perú por el Departamento de Estado, con el fin de fortalecer la erradicación de la siembra de hoja de coca en el país sudamericano. Para restablecer el dinero congelado, ahora el gobierno de Peña Nieto necesita demostrarle al Departamento de Estado y al Congreso federal estadunidense que está tomando los pasos necesarios para garantizar la integridad de los derechos humanos de los mexicanos en la lucha contra el narcotráfico. En el año 2010, el Departamento de Estado también decidió retener el 15 por ciento de los fondos que destinó en ese entonces para ayudar a combatir al narcotráfico en México, sin embargo, poco después se los entregó luego de que según el gobierno de Obama, el gobierno mexicano corrigió los errores.
“En contraste, este año México perdió el dinero”, enfatiza la nota de The Washington Post. FUENTE: PROCESO. AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
Mediante su cuenta de Twitter, el gobierno estatal confirmó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán fue notificada de la resolución ya que hay pruebas que vinculan a Gómez Martínez con el secuestro de un empresario inmobiliario en 2011 en el municipio de Uruapan, el cual fue denunciado hasta 2015 ante la Unidad Especializada para el Combate al Secuestro.
Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, exlíder del grupo delictivo Los Caballeros Templarios recibió un nuevo auto de formal prisión por el secuestro de un empresario en 2011.
Mediante su cuenta de Twitter, el gobierno estatal confirmó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán fue notificada de la resolución ya que hay pruebas que vinculan a Gómez Martínez con el secuestro de un empresario inmobiliario en 2011 en el municipio de Uruapan, el cual fue denunciado hasta 2015 ante la Unidad Especializada para el Combate al Secuestro.
@PodJudMich confirma auto de formal prisión en contra de Servando Gómez Martínez, por el delito de Secuestro (1/5)
De acuerdo con funcionarios, la detención de la Tuta el pasado 27 de febrero, quien es considerado por la Procuraduría General de la República (PGR) como uno de los líderes más violentos del narcotráfico, ocurrió en un operativo de la Policía Federal en la ciudad de Morelia, a pesar de que las autoridades habían dicho que el líder criminal estaba escondido en la región de la montaña en esa entidad.
En este operativo también se logró el arresto del hermano de la Tuta, Falvio, y de otras ocho personas. Actualmente se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) del Altiplano en Almoloya, Estado de México. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
Cosalá, Sinalo. Ayón Mendoza recuerda que preparaba tortillas cuando empezó la lluvia de balas. Asustada, fue corriendo a buscar a su bebé, pero dos supuestos helicópteros de la Marina mexicana siguieron disparando "con más fuerza" contra la comunidad de Comedero Colorado (Durango, norte) sin que ella entendiera por qué. Desplazada ahora junto a decenas de vecinos atemorizados en Cosalá (Sinaloa), esta ama de casa de 24 años explica a la AFP el terror que vivió su comunidad la mañana del pasado 6 de octubre coincidiendo con un operativo de fuerzas de seguridad para cercar al poderoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, que se fugó de prisión en julio dando un duro golpe al gobierno de Enrique Peña Nieto. Como resultado de una intensa caza, de la que el gobierno dijo que el capo logró huir malherido y en la que negó que hubiera ataques a pobladores, la casa de Ayón quedó con decenas de impactos de bala y su carro calcinado, según denunció ante la fiscalía su marido, Gonzalo Elías Peña. Como pudo, escabulléndose entre matorrales y zanjones, la pareja huyó despavorida del pueblo y caminó cuatro días seguidos con su hija de dos años por la Sierra Madre Occidental, refugio natural del líder del cártel de Sinaloa. "Sin comer y sin tomar agua", el matrimonio llegó finalmente a la pintoresca Cosalá, donde en los últimos días han llegado buscando refugio unas 600 personas de empobrecidas comunidades serranas del municipio de Tamazula (Durango) que denuncian haber sufrido episodios similares. "Caminábamos a oscuras porque donde veían luz, luego empezaban a tirar. Era una tracatera por todos lados", recuerda Ayón, mientras espera pacientemente junto a otras familias desplazadas a que las autoridades le den una bolsa con alimentos y ropa. Pero su esposo replica exaltado: "Salió en el periódico que supuestamente le andaban buscando (a El Chapo), pero ahí conmigo no estaba y casi nos matan esos güeyes". Fuentes del gobierno de Peña Nieto confirmaron que fuerzas especiales persiguieron a Guzmán en una zona entre Durango y Sinaloa la semana pasada, y que el capo resultó herido en el rostro y la pierna en una caída mientras huía de un operativo. "Lluvia de balas" La historia de Ayón y Gonzalo se parece mucho a la de Marta Marbella, vecina de la comunidad de El Verano (también en Tamazula), que muestra aún incrédula en su celular fotografías de los balazos que quedaron en su casa fruto de una supuesta balacera de la Marina la tarde de ese 6 de octubre, posterior a la de Comedero Colorado y El Limón. En las imágenes se ven al menos una docena de agujeros en el techo, otros tantos en las paredes, en la puerta y también en el baño exterior donde Marta trató de resguardarse con su bebé. "Sí, alcanzaba a ver como el helicóptero se paraba y disparaba directamente a la casa. Tenía miedo, gritaba, lloraba, pero yo sabía que era inútil", recuerda esta ama de casa de 32 años, cuyo marido estaba trabajando en el campo a esa hora. Francisca Quintero Sánchez, de 40 años, también se apresuró a esconderse con sus tres hijos debajo de la cama cuando se desató "la lluvia de balas" durante alrededor de una hora. "Fue un rato de miedo, de terror a que nos fueran a matar sin ninguna culpa", expresa esta agricultora que, firme, asegura: "Los uniformes de ellos decían Marina. Los demás creen que somos tontos porque somos de rancho, pero sí sabemos leer y escribir". ¿Un enfrentamiento? Al día siguiente, Marta, Francisca y otras vecinas de El Verano decidieron ir a hablar con miembros de la Marina, que les dijeron que estaban buscando "a una persona que venía con mucha gente" y aparentemente reconocieron que dispararon porque estaban siendo atacados, algo que ellas niegan. "Que la Armada disparó sobre casas de la población civil es falso (...) (pero) obviamente cuando se encuentran con gente que dispara, van a repeler la agresión", dijo al respecto a la AFP una fuente del gobierno federal que pidió el anonimato. Hasta el momento no se han reportado muertos o heridos por el caso, pero la diputada local por Cosalá, Lucero Sánchez López denunció esta semana que habría al menos ocho desaparecidos.
Desde la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, su representante Oscar Loza no cuenta con reportes de desaparecidos pero subraya la preocupación de esta ONG sobre un supuesto intento de las autoridades "de quitar evidencias". FUENTE: LA JORNADA.
CUERNAVACA, Mor: El diputado priista Francisco Moreno Merino, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, busca arrancarse la etiqueta de “misógino” con el anuncio de iniciativas de ley efectistas y mediáticas. En medio del aumento de los feminicidios en la entidad, el legislador anunció que al asesino de una mujer “sería bueno arrancarle la vida”. “Necesitamos ser firmes en el castigo a estos crímenes (los feminicidios), porque aquél que atenta contra su origen, también se está negando un futuro. Y efectivamente quien atenta contra una mujer merece que le arranquen la vida”, dijo justo cuando los reflectores apuntan a su persona por haber organizado hace una semana una pasarela de modelos para contratar edecanes para el Legislativo. Moreno Merino confirmó que para frenar la violencia feminicida debería impulsarse desde la Mesa Directiva el endurecimiento de las penas para este delito. “Si es necesario, arrancarle la vida a aquellos que atentan contra lo más valioso que tenemos, que son las mujeres”, sostuvo. En entrevista, el priista confirmó su idea de legislar sobre la pena de muerte. –¿Está consciente que la pena de muerte fue abolida en México y que nuestro país participa en tratados internacionales que la prohíben?- se le inquirió. –Sí –Respondió el legislador recordado en 2011 por su comentario en plena Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al tachar a todas las mujeres de “meretrices”. Aunque luego, dijo que será el presidente de la República el que presentaría una iniciativa en breve para “revivir” la pena de muerte. “La pena de muerte es una iniciativa que el presidente Peña Nieto presentará en próximas fechas ante el Congreso de la Unión, por eso me adelanté a anunciarla desde aquí”, afirmó sonriente. Moreno Merino insistió en que además de “quitarle la vida” a quienes asesinan a mujeres, legislaría para que se aplique la Ley de Extinción de Dominio contra los feminicidas. Sin embargo, Moreno Merino no ha presentado ante la Secretaría de Servicios Legislativos, ni anunciado ante la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos ninguna iniciativa al respecto. La pena de muerte en México fue suprimida definitivamente de la Constitución el 9 de diciembre de 2005 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se reformó dicho precepto a efecto de abolirla absolutamente. En noviembre de 2008, el gobierno de Coahuila presentó una iniciativa a fin de modificar el Código Penal de ese estado para establecer la pena de muerte en contra de los secuestradores asesinos de sus víctimas. En el Congreso de Coahuila la iniciativa se discutió y se aprobó en diciembre de ese año, y en consecuencia, la Legislatura local solicitó formalmente al Congreso de La Unión que reformara los artículos 14 y 22 de la Constitución mexicana, para facultar a los estados a establecer en sus leyes locales la aplicación de la pena de muerte y que la modificación del Código Penal coahuilense pudiera entrar en vigencia. En diciembre de 2008 se presentó la iniciativa del Congreso de Coahuila ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Además en febrero de 2009 el Partido Verde Ecologista presentó también su propuesta en el mismo sentido. Ambas fueron desechadas por improcedentes. En 2012 Moreno Merino fue “bajado” por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI de la candidatura a primer senador por Morelos luego de protagonizar un capítulo en que ofendió a las mujeres de todo el país. Durante una comparecencia ante el Congreso de la Unión del entonces director del ISSSTE, Sergio Hidalgo Monroy Portillo, el entonces diputado federal Paco Moreno trató de ridiculizar al funcionario al exigirle que se amarrara los pantalones. El priista citó: “señor director, recuerde que no hay caballo fino que no tire a mula, ni mujer bonita que no llegue a ser meretriz…”.
El enojo de sus compañeras legisladoras fue tal que le exigieron una disculpa pública e iniciaron un movimiento que a los pocos días terminó por cancelarle la posibilidad de ser candidato a senador. FUENTE: PROCESO. AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)
MÉXICO, D.F: La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentó un amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el caso News Divine. Lo anterior con motivo de la interposición, ante dicho tribunal, de un recurso de revisión por parte de Guillermo Zayas González, quien se desempeñaba como mando único de la Unipol en la delegación Gustavo A. Madero durante el operativo fallido del 20 de junio de 2008 en la discoteca New’s Divine, y quien se encuentra sujeto a proceso penal por la probable comisión culposa de lesiones y el homicidio de 12 personas, la mayoría jóvenes, informó la CDHDF en un comunicado. A través del amicus curiae -observaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, dando una opinión jurídico-técnica para colaborar con el tribunal en la resolución-, la CDHDF aporta a la SCJN argumentos de hecho y de derecho con perspectiva de derechos humanos, respecto a la responsabilidad del superior jerárquico para evitar afectaciones a la integridad y vida de las personas, con la atenta petición de que dichos argumentos sean considerados en las valoraciones que desarrollará para resolver el citado recurso, a fin de garantizar a las víctimas el acceso a la verdad y a la justicia, como componentes fundamentales de la reparación del daño, así como para evitar un escenario de impunidad. En ese sentido, el amicus curiae expone los alcances de la responsabilidad del superior jerárquico en torno a las obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos a la vida e integridad personal de niños, niñas, adolescentes y demás personas que se encontraban en el News Divine. “Para esta Comisión es claro que las niñas, niños y adolescentes que se encontraban dentro del establecimiento, jamás debieron ser restringidos en su libertad, por su calidad de víctimas del delito y porque en el momento de los hechos debió prevalecer el respeto por el Interés Superior de la Niñez”, indicó la CDHDF. En su momento, esta Comisión emitió la recomendación 11/2008, al derivarse de la investigación realizada la acreditación de diversas violaciones de derechos humanos cometidas contra los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en el interior de dicha discoteca, lo que produjo, entre otras consecuencias, la muerte de 12 personas. A más de siete años de los trágicos acontecimientos, la CDHDF continúa acompañando a víctimas y familiares en la lucha por alcanzar justicia, conocer la verdad y evitar que dichas violaciones queden impunes. El amicus curiae está firmado por el Consejo de la CDHDF, integrado por la presidenta de la Comisión, Perla Gómez Gallardo; las consejeras y consejeros de esta institución Isabel Belausteguigoitia Rius, Nancy Pérez García, José Alfonso Bouzas Ortíz, Nashieli Ramírez Hernández, José Antonio Caballero Juárez, Denise Eugenia Dresser Guerra, José Luis Juan Caballero Ochoa, Mónica González Contró y Lawrence Flores Ayvar.
También está signado por las y los exconsejeros de la CDHDF Elena Azaola Garrido, Judith Bokser Misses, Clara Jusidman Rapoport, María de los Ángeles González Gamio, Patricia Galeana Herrera y Armando Hernández Cruz. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
El fallido atentado contra el exgobernador Fernando Moreño Peña –quien se reincorporaba a la política– es un claro mensaje del narco, asegura a Proceso el académico Manuel Salvador González Villa. En todo caso, puntualiza, quien lo ordenó es tan poderoso como el exmandatario. El ataque ocurre en un momento de vacío de poder aprovechado por los grupos criminales, en particular el Cártel de Sinaloa, para avisar que ya está en Colima.
MÉXICO, D.F: El atentado contra el exgobernador de Colima Fernando Moreno Peña, jefe del grupo político local más poderoso en las últimas décadas, ocurrió en un momento de vacío de poder en la entidad, derivado de la inminente sucesión en el gobierno estatal, y en el contexto de una disputa de cárteles del narcotráfico por el control del puerto de Manzanillo. Cabeza del Grupo Universidad, rector de esa institución educativa de 1989 a 1997 y gobernador de Colima de 1997 a 2003, Moreno Peña fue marginado del poder durante los gobiernos de Silverio Cavazos Ceballos y Mario Anguiano Moreno; pero el triunfo de José Ignacio Peralta Sánchez en la reciente elección de gobernador –cuya validación se espera por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)– ha sido visto localmente como el retorno del “fernandismo” al poder. Por lo pronto, el ataque contra el exmandatario, quien sobrevivió a los cuatro tiros recibidos mientras desayunaba en el restaurante Los Naranjos Campestre de la capital colimense, marcó el cierre de la administración de Anguiano, caracterizada desde el principio por la violencia del crimen organizado. El sexenio de Anguiano, que concluirá el sábado 31 de octubre, se inauguró con los asesinatos del exgobernador Cavazos Ceballos, su antecesor y aliado político, y de Saúl Adame Barreto, su coordinador de asesores, en noviembre de 2010 y febrero de 2011, respectivamente. La autoría fue atribuida por las autoridades, en el primer caso, a La Familia Michoacana; en el segundo, al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque nunca se explicaron públicamente los móviles. Principal opositor, dentro del priismo, del gobierno de Anguiano, Moreno Peña se valió de sus alianzas en el PRI nacional para tratar de impedir su candidatura en 2009, con el argumento de que tenía supuestos vínculos con el narcotráfico –uno de sus hermanos estaba preso, acusado de narcomenudeo–, pero el gobernador saliente, Cavazos, respaldó al entonces alcalde de Colima y lo convirtió en su heredero político. Según el coordinador estatal de Seguridad Pública, Félix Humberto Vuelvas Aguilar, la agresión contra Moreno Peña se suscitó a las 10:20 horas del lunes 12, cuando dos hombres armados con pistolas calibre 9 milímetros se introdujeron al restaurante, pero en el sistema de videovigilancia del lugar se aprecia que sólo uno le disparó, casi a bocajarro. Con lesiones en un lado del cuello, el tórax, una mano y uno de los codos –ninguna de ellas letal–, el exmandatario recibió los primeros auxilios de parte de su acompañante, el médico Carlos Salazar Silva, quien lo trasladó en su vehículo al Hospital Regional Universitario. Aunque Moreno Peña tiene actualmente a su disposición cinco agentes de seguridad proporcionados por el gobierno estatal, ese día les había pedido que no lo acompañaran, reveló Anguiano en rueda de prensa el martes 13. Por la forma en la cual sucedieron los hechos “pareciera que no lo quisieron matar, porque si esa hubiera sido la intención, se van sobre él y le pegan en la cabeza”, deduce González Villa, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. En todo caso, añade, “da la impresión de que el propósito fue hacerle saber que no es intocable; pero alguien que ordena un atentado de una figura pública tan conocida en Colima es seguramente tan poderoso y tan influyente como el propio Fernando Moreno, lo que nos dice que éste se mueve en niveles donde las cosas se manejan en otra dimensión y tiene muchos enemigos, no sólo en el mundo de la política, sino también del narcotráfico”. De acuerdo con González Villa, el mensaje del ataque también podría ser para el próximo gobernador que, conforme al anteproyecto de sentencia dado a conocer por el TEPJF al día siguiente del atentado, podría ser José Ignacio Peralta, quien además de su cercanía con Moreno Peña es parte del grupo del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. “Creo que el mensaje es para los dos: para Fernando Moreno, a quien hasta cierto punto su arrogancia de andar sin guardaespaldas en lugares públicos lo expuso a que lo mataran, pero también lo es para el próximo gobernador, a quien le están diciendo que no hay ninguna seguridad, nada que pueda evitar que lo asesinen si alguien decide hacerlo”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2033, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
El pasado 14 de octubre, Cortés anunció 16 reformas a esta ley que el grupo parlamentario de Acción Nacional impulsaría para "corregirle la plana al gobierno" en materia fiscal.
Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) votarán contra diferentes puntos de la Ley de Ingresos que será discutida este lunes 19 de octubre en el Pleno de la Cámara de Diputados. De acuerdo con el diario Reforma, el coordinador de la bancada del PAN, Marko Cortés, anticipó que votarán contra la “parte tóxica” de la ley. “Esperamos que el PRI-Gobierno reconozca que las cosas no van nada bien en México y tenga la apertura para aceptar los cambios que hemos propuesto” mencionó. El pasado 14 de octubre, Cortés anunció 16 reformas a esta ley que el grupo parlamentario de Acción Nacional impulsaría para “corregirle la plana al gobierno” en materia fiscal. Respecto al Impuesto Sobre la Renta (ISR), los diputados panistas proponen bajarlo del 30 al 28% para personas morales; del 35 al 30% a personas físicas, así como regresar al régimen de pequeño contribuyente, aumentar deducibilidad en restaurantes, automóviles y exploración minera entre otras medidas. También proponer eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en importaciones temporales para el sector maquilador, reducir este impuesto en la frontera del 16% al 11% y extender el IVA al transporte suburbanos y metropolitano.
En el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) proponen la reducción del precio de gasolinas bajando la cuota en la adquisición de combustibles a la mitad, así como a plaguicidas importados y a bebidas saborizadas sólo con bajo contenido calórico.
Los elementos harán tareas de Seguridad Pública en coordinación con elementos estatales de dos municipios colindantes con el Estado de México en el caso de Zitácuaro y Guerrero en torno a Huetamo; Los Reyes se ubica en la zona de transición de la Meseta y el Bajío cercano a Jalisco.
Este sábado 17 de octubre inició el desplazamiento de 500 policías militares a los municipios de Zitácuaro, Huetamo y Los Reyes como parte del tercer operativo conjunto anunciado desde la toma de posesión de Silvano Aureoles Conejo y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong el pasado primero de octubre. Los elementos harán tareas de Seguridad Pública en coordinación con elementos estatales de dos municipios colindantes con el Estado de México en el caso de Zitácuaro y Guerrero en torno a Huetamo; Los Reyes se ubica en la zona de transición de la Meseta y el Bajío cercano a Jalisco. De acuerdo a las fuentes consultadas del Grupo de Coordinación Michoacán (GCM) estos son los primeros convoyes del total de 3 mil elementos de la Policía Militar que reforzarán junto con 2 mil policías federales más que se suman a los tres mil que ya realizan tareas de Seguridad Pública en al menos una veintena de municipios de mayor presencia criminal e incidencia delictiva. Animal Político dio a conocer apenas este viernes 16 de octubre el inicio del tercer operativo de seguridad en Michoacán con el que el gobierno del estado y el federal pretenden, con la llegada de fuerzas federales, inhibir la violencia y alta incidencia delictiva. El primer “operativo Michoacán” fue implementado por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa y, los dos más recientes ordenados por Enrique Peña Nieto (uno de ellos, que fracasó, fue encabezado por Alfredo Castillo Cervantes). De acuerdo a la estrategia anunciada por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, la llegada de 5 mil elementos de las fuerzas armadas y federales es para reforzar la seguridad pública de la entidad hasta en tanto se tenga una Policía Estatal confiable y acreditada. Los militares se suman a los 3 mil efectivos de la Policía Federal que ya realizan tareas de Seguridad Pública en los municipios de Huetamo, Tuzantla, Carácuaro, Benito Juárez, San Lucas y Tiquicheo, colindantes con el estado de Guerrero, donde fueron dimitidas las corporaciones municipales ante su presunta relación con grupos del crimen organizado. Las fuentes consultadas por Animal Político, advirtieron del arribo de 2 mil elementos más de la Policía Federal que ingresarán al estado de manera paulatina para engrosar la seguridad en los municipios fronterizos con los estados de Jalisco, Colima, Guanajuato y Estado de México. Otra de las aristas de la estrategia es implementar medidas que acoten la operatividad del crimen organizado en el Puerto de Lázaro Cárdenas, el segundo más grande del país, anunció Aureoles Conejo. “El puerto es muy codiciado por los grupos delincuenciales por la que la riqueza significa, así como la entrada y salida de mercancías ilegales; entonces vamos para allá para hacer una revisión completa y tomar las medidas que se requieran para seguir garantizando la seguridad plena en el puerto”, reiteró. Además de que continúa la depuración de las policías municipales y la estatal a fin de lograr el objetivo de esta tercer estrategia coordinada, en la que 8 mil elementos de las fuerzas armadas y federales vigilarán Michoacán y en gran parte se hará cargo de la seguridad de la entidad de manera temporal. La pretensión de Silvano Aureoles es conformar la Policía Estatal de Michoacán que responda bajo los estándares del Mando Único para el que ha llamado a los presidentes municipales a firmar el convenio. Sin embargo los ayuntamientos se oponen debido a que no quieren dejar de percibir el recurso de la partida presupuestaria para Seguridad Pública y en algunos casos pretenden mantener el control de los mandos policiales. Pese al llamado del mandatario michoacano, es importante señalar que el convenio solo lo ha firmado el municipio de Tuzantla e implica que el gobierno del estado se haga cargo de la administración de las policías municipales, las acredite e imponga los altos y medios mandos. Por eso es que el rechazo de los alcaldes prevalece y tan solo en la reciente reunión que tuvieron las autoridades del Grupo de Coordinación Michoacán con 45 de los 56 ediles del PRD, uno se abstuvo y 41 de ellos le dieron el sí al Mando Único, siempre y cuando mantengan el control del recurso para la manutención de las corporaciones policiales, por lo que advirtieron que revisarían nuevamente los anexos.
No obstante, Aureoles señaló que solo espera la confirmación de la visita del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que será en unas dos semanas, para anunciar junto con todos los alcaldes la firma global del Mando Único. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: CARLOS ARRIETA.
Tixtla, Gro. Los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México el año pasado rechazaron hoy tajantemente el contenido de un documental sobre el caso estrenado este fin de semana en la ciudad de México, por considerar que se apega a la versión oficial de los hechos. "El documental que está presentándose en la capital no lo vemos con buenos ojos porque es el reflejo de la gran mentira que montó la PGR (Procuraduría General de la República, fiscalía) ante el pueblo y ante los padres de familia", dijo el portavoz de los padres, Melitón Ortega, en una conferencia de prensa realizada en la escuela normal "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Los padres dijeron que la cinta La noche de Iguala se apega a la llamada "verdad histórica" de la fiscalía, que señala que los estudiantes fueron incinerados en un basurero, lo que fue desacreditado en septiembre por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso. "Hoy rechazamos esa proyección, que no es otra cosa más que el resultado de las investigaciones de las instituciones de justicia para confundir a la gente y crean que los estudiantes estaban de alguna manera involucrados con el tema del crimen organizado", alegó Ortega. La noche de Iguala, del periodista Jorge Fernández Méndez, relata los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes de magisterio de la escuela de Ayotzinapa fueron atacados en el municipio de Iguala por policías municipales aliados con el crimen organizado. De acuerdo con la versión de la PGR, el cártel Guerreros Unidos confundió a los estudiantes con miembros de un grupo rival, por lo que los asesinó y quemó en un basurero del municipio de Cocula. Sin embargo, los expertos del GIEI sostuvieron en un informe que esa versión no es consistente científicamente. "Hacemos un llamado al pueblo de México a que no caigan en engaños pues se quiere hacer creer a toda costa que los normalistas están calcinados y nosotros sabemos que no es así", dijo Ortega. "Sabíamos que algo así tendría que hacer el gobierno para tratar de dar carpetazo (cerrar) al tema de Iguala. Están atentando contra la ley de víctimas al presentar este documental al saber que el caso de los desaparecidos es aún un tema abierto", criticó Mario González, padre de uno de los normalistas desaparecidos, quien además habló de una "campaña de desprestigio" contra los estudiantes de Ayotzinapa. Gonzáles dijo que en el tráiler se muestra a los estudiantes atacando con palos y piedras a la policía, por lo que llamó a la sociedad civil a boicotear la proyección del documental. Además, no descartó que los padres y los demás estudiantes realicen actividades de protestas por la exhibición de la cinta en cines de todo el país.
"No podemos obligar a todo el mundo a que no vean la cinta, pero a todos aquellos que han simpatizado les pedimos que desde sus trincheras apoyen si es necesario a boicotear la proyección", dijo. FUENTE: LA JORNADA.
San Cristóbal de Las Casas, Chis. Maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se enfrentaron esta mañana con policías cuando trataron de impedir que se aplicara la evaluación de diagnóstico en las instalaciones de la Escuela de Protección Civil, ubicadas en municipio de Ocozocoautla, informaron fuentes gubernamentales. Los profesores también están afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). En el enfrentamiento, ocurrido en la carretera que conduce de Tuxtla a Ocozocoautla, resultaron varios policías y maestros lesionados y por lo menos dos vehículos dañados y uno incendiado. Explicaron que el zafarrancho se produjo cuando los agentes trataron de desbloquear las vías de acceso a la sede del examen que se efectuaría al gremio, y las cuales habían sido cerradas durante la madrugada por los profesores de la sección 7. Agregaron que los policías lanzaron gases lacrimógenos y los maestros respondieron con piedras y palos e incendiaron una llanta en la carretera. La Secretaría de Educación de Chiapas informó que “en medio de una fuerte oposición y amenazas violentas, no solamente se logró la participación de poco más de la mitad de los convocados, sino ampliar el número de los participantes en la evaluación diagnóstica, pasando de 549 a 580 docentes”. De esta manera, dijo en un comunicado, “se logró que la mayoría de los maestros cumpliera con este requisito como parte de la reforma que plantea la restructuración educativa en México. “Lo anterior constata la participación de una mayoría de los maestros en esta evaluación diagnóstica, lo que a su vez nos permite destacar que en Chiapas tenemos maestros y maestras que ven en la evaluación uno de los principales instrumentos para mejorar su desarrollo profesional y su calidad de vida”, indicó la dependencia.
Expuso que “los maestros están sabedores de que quienes no hayan cumplido en el marco de la normatividad, se harán acreedores a las sanciones que prevé la ley”. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: ELIO HENRÍQUEZ.
La procuradora Arely Gómez maniobró durante meses para que no se conociera el expediente del caso Ayotzinapa. Puso candados para que la información sólo se ventilara después de 12 años, increpó al IFAI y luego al INAI, para terminar luciéndose en el Senado. Ahí, ante sus excompañeros, dijo que en la página web de la procuraduría podía consultarse la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/01/2015, pero en realidad se trata de una versión parcial de la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, su predecesor en el cargo.
MÉXICO, D.F: Durante nueve meses, la Procuraduría General de la República (PGR) hizo hasta lo imposible por esconder el expediente del caso Ayotzinapa y expuso sus alegatos. De la invocación simple de la reserva en averiguaciones previas, la dependencia liderada ahora por Arely Gómez González pasó a la descalificación y luego a la amenaza contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Al principio argumentó que no se trataba de una violación grave a los derechos humanos, pero al final y tras innumerables dilaciones consintió en subir a la página web de la procuraduría la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/01/2015 que contiene sólo una versión parcial de la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, su predecesor. Más que un ejercicio de transparencia, como lo presentó Gómez González, en realidad es una maniobra para cumplir una resolución emitida el 13 de mayo por el IINAI sin agotar el procedimiento. Se trata del expediente RDA 0618/15, resuelto por el pleno del instituto el mismo 13 de mayo, iniciado luego de que el pasado 12 de febrero la PGR declaró bajo reserva que sólo podía accederse al documento dentro de 12 años. Semanas antes, el 20 de enero, un ciudadano había solicitado la información sobre el caso y se enteró de la decisión de la procuraduría, por lo que presentó su inconformidad. Fue hasta el viernes 9 cuando el solicitante recibió el formato de pago para la reproducción en copias simples de 85 tomos y 13 anexos, con datos personales reservados (una versión pública) de la mencionada averiguación. El costo de la reproducción ascendía a 27 mil pesos. Un día antes, Gómez González compareció en el Senado, órgano que dejó en febrero para irse a la PGR en sustitución de Murillo Karam. La funcionaria se mostró relajada e incluso tuteó a varios de sus excompañeros y prácticamente sin responder con claridad a los cuestionamientos, anunció la apertura del caso Ayotzinapa. Al estilo del peñanietismo, el asunto se presentó como uno de los ejes de trabajo de la procuradora, que ella llamó transparencia y rendición de cuentas. Y abundó que la transparencia regía su trayectoria, incluido su paso por el Senado. Y en pleno autoelogio, presumió la creación de la Unidad de Apertura Gubernamental. Aseguró que durante meses habían trabajado en una versión pública sobre el caso Ayotzinapa que se abrió a los solicitantes la víspera de su comparecencia. Dijo también que era la primera averiguación previa en curso que se abría, cuando, entre otras, ya se había hecho con el expediente de las fosas de San Fernando. “Hoy, les anuncio que vamos a habilitar un apartado en el portal de la PGR, donde subiremos la versión pública del expediente del caso Iguala, para que de esta manera la ciudadanía, los periodistas y todas las personas interesadas puedan acceder directamente a la información que ahí estará disponible. “No basta con hablar de transparencia: hay que ser transparentes”, añadió. Pero estaba mintiendo. El boletín de prensa que la PGR difundió el jueves 8 destacaba la creación de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas –anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto luego del encuentro del 24 de septiembre pasado con los padres de los normalistas desaparecidos– y la apertura “del expediente del caso Ayotzinapa”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2033, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
