El próximo apagón analógico se llevará a cabo el 29 de octubre.
A la fecha se han apagado 57 señales analógicas en siete entidades del país. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) constataron que el reciente apagón analógico se llevó a cabo en forma ordenada y sin contratiempos en Monterrey y su zona metropolitana, como ha sucedido en otras ciudades del país. Las entregas de televisores hechas por la SCT permitieron alcanzar un nivel de penetración de 97 por ciento de hogares de escasos recursos definidos por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por lo que el Ifetel pudo determinar que el apagón analógico se llevara a cabo el 24 de septiembre en Monterrey y su zona metropolitana. De acuerdo con el Módulo de Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del INEGI, en 2014 el 33 por ciento de los hogares (436 mil) de Nuevo León dependía de la televisión analógica; en contraste con 10.3 que se observó en octubre de 2015. Este dato resalta la importancia del proceso de apagón analógico y su difusión en el incremento de la penetración, como sucede en otras partes del mundo. Así, el proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) continúa y el próximo apagón analógico se llevará a cabo el 29 de octubre e implicará el cese de transmisiones analógicas de seis señales en Cuernavaca, Morelos; siete en Torreón, Coahuila y Gómez Palacio, Durango, y una en San Luis Río Colorado, Sonora. Asimismo, la SCT se encuentra integrando la información relativa a la penetración de televisores digitales en diversas áreas de cobertura en el Valle de México, entre otras, para ser notificada en breve al Ifetel. Con el cese de estas transmisiones analógicas se alcanzará 75 por ciento de la población que se beneficiaría de recibir exclusivamente señales digitales. Por lo que hace al programa de entrega de televisores del gobierno federal, la SCT cumple con el mandato legal de entregar equipos digitales al menos a 90 por ciento de los hogares de escasos recursos definidos por la Sedesol. La dependencia ha establecido el listado de beneficiarios con base en los padrones de 12 programas de desarrollo social. En consecuencia, la SCT ha atendido puntualmente a los hogares de escasos recursos que ha definido la Secretaría. A nivel nacional, la SCT ha entregado 6.2 millones de televisores digitales a igual número de hogares de escasos recursos y en este año se concluirá la entrega beneficiando a 9.4 millones de hogares, casi un tercio de los hogares del país. Cabe recordar que la transición a la TDT no es un proceso reciente, 30 de 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya la han concluido y normalmente los hogares enfrentan los cambios tecnológicos con sus propios recursos. Así, México echo a andar una política social sin precedentes en el mundo, que posiciona al país a la vanguardia en términos de inclusión social de la población de escasos recursos, ya que en otras naciones no ha habido apoyos de esta magnitud ante este cambio tecnológico. Además, con el objetivo de dar seguimiento a todo el proceso de transición digital, se llevó a cabo una encuesta del 1 al 7 de octubre por parte de la empresa Planning Quant, que revela que 56.2 por ciento de los hogares tiene televisión de paga. Señala que 89.4 por ciento de la población tuvo conocimiento del apagón analógico, siendo la televisión el principal medio por el que se informaron. Una semana después del apagón únicamente 10.3 por ciento de los hogares no contaba con la posibilidad de recibir señales digitales, esto es, 472 mil 635 personas que representan 120 mil 795 hogares. De acuerdo con la encuesta, 63 por ciento de los hogares tiene cuando menos un televisor digital en sus hogares, mientras que 3.4 por ciento de los hogares que sólo tienen televisores analógicos, los tienen conectados a un decodificador.
En ese sentido, el Ifetel y la SCT continuarán informando periódicamente sobre los avances en la Transición en la Televisión Digital Terrestre y ratifican su compromiso con el mandato establecido en la Constitución, de concluir este proceso el 31 de diciembre de 2015. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
MORELIA, Mich: En coordinación con el gobierno estatal, el Ejército tomó bajo “resguardo” seis municipios de Michoacán para revertir “rebrotes” de inseguridad pública, revelaron fuentes oficiales. Los primeros territorios que se encuentran en custodia de la milicia son: Morelia, Uruapan, Zitácuaro, Sahuayo, Huetamo y La Piedad, donde en meses recientes se han producido reiterados eventos delictivos del fuero común y federal. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desarmó a elementos policiacos del municipio de Tuzantla, donde el gobernador Silvano Aureoles Conejo echó a andar el pasado 5 de octubre el Mando Unificado. Mientras se materializa la estrategia, los militares desempeñarán las funciones de policía municipal, encargándose de la seguridad de la localidad. Habitantes se mostraron sorprendidos las primeras horas de este domingo cuando personal militar desarmó a una treintena de elementos de la policía municipal a quienes las autoridades locales les solicitaron su renuncia. Desde el inicio del gobierno actual, alrededor de mil efectivos castrenses han sido desplegados en la geografía estatal, y en los próximos días “llegarán otros centenares para garantizar la paz y seguridad de las familias michoacanas”, explicaron los funcionarios consultados. A Morelia llegaron 120 militares y a Uruapan 80, en tanto que los 800 restantes se distribuyeron en Zitácuaro, Huetamo, Sahuayo y La Piedad. Además de militares también arribarán elementos de la Policía Federal. Según Aureoles Conejo, entre cuatro y cinco mil elementos de las fuerzas federales arribarán a Michoacán para hacerse cargo de la seguridad del estado y para blindar las fronteras con otras entidades, por donde intentan ingresar grupos delincuenciales.
“Están llegando ya los elementos de refuerzo, hoy (el domingo pasado) llegó un primer grupo de la Policía Federal incluyendo algún equipo aéreo y van a seguir llegando en los siguientes días”, recalcó Aureoles como lo adelantó en su toma de protesta. FUENTE: PROCESO. AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
MÉXICO, D.F: La contienda por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) se redujo a dos candidatos, pues este lunes el magistrado Eduardo Alfonso Guerrero Martínez declinó su participación y dejó en la recta final a Rafael Guerra Álvarez y al actual presidente Edgar Elías Azar. En la sesión del pleno de magistrados de este martes, los aspirantes a presidir el máximo órgano de justicia de la ciudad presentaron sus proyectos de trabajo en intervenciones de hasta 30 minutos, informó el Tribunal en un comunicado. Durante el encuentro privado –que duró unas tres horas–, los magistrados cuestionaron a los candidatos sobre la manera en que llevarán a cabo sus propuestas en caso de ser electos para presidir el órgano en los próximos tres años. Al final de su intervención, el magistrado Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, integrante de la Primera Sala Penal, informó a sus colegas que no participará en la elección del próximo 4 de noviembre. Se trata del aspirante que más había manifestado de manera pública su inconformidad por la intención de Elías Azar de mantenerse en el puesto, tras dos periodos de cuatro años, y ante la polémica legal de que ésta pudiera ser una segunda reelección del funcionario. Luego del decline de Guerrero Martínez, el único contendiente de Elías Azar es Rafael Guerra Álvarez, magistrado de la Séptima Sala Penal. Entre los casos que ha tenido en sus manos están: el secuestro y desaparición de los jóvenes de la discoteca News Divine.
La votación para el presidente del TSJDF será el próximo 4 de noviembre, en sesión pública del pleno de magistrados, mediante voto secreto de sus integrantes. FUENTE: PROCESO. AUTOR: SARA PANTOJA.
Xalapa, Ver: El gobernador priista Javier Duarte de Ochoa anunció esta mañana el despido de dos mil 173 “aviadores” de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), quienes –dijo– “causaban un agravio” a las finanzas públicas del estado por 815 millones 300 mil pesos al año. En rueda de prensa matutina, a un año y 15 días de que concluya su polémico sexenio, el mandatario estatal omitió señalar si habrá sanciones contra los extitulares de la SEV, Flavino Ríos (hoy secretario de Gobierno) y Adolfo Mota (diputado federal), o contra la actual secretaria, Xóchitl Osorio, por haber sido permisivos en la contratación de aviadores. Duarte anunció esos ceses como parte del proceso de implementación de la reforma educativa en Veracruz, y también presentó un “decálogo” para mejorar la educación en la entidad. Entre las aristas más destacadas está la eliminación del exceso de plazas y la inversión de 3 mil 560 millones de pesos en infraestructura escolar. En un comunicado, el gobierno estatal dio a conocer que entre las medidas para poner en marcha la reforma educativa destaca “el despido de 2 mil 173 personas que ostentan plazas de la Secretaría de Educación (SEV) sin desempeñar en forma efectiva su jornada de trabajo –conocidos comúnmente como ‘aviadores’–, quienes causan un agravio a las finanzas públicas de 815.3 millones de pesos anuales”. De acuerdo con el texto, el gobernador anunció “su cese inmediato y la cancelación definitiva de estas plazas”. Minutos antes, en conferencia de prensa, el priista anunció que de los 3 mil millones de pesos que se ocuparán para mejorar la infraestructura educativa, destacan las “escuelas de excelencia”, donde habrá nuevas construcciones, o el mejoramiento y ampliación de las instalaciones que ya existen. “(El) gobierno tomará medidas que “debieron haberse tomado hace décadas”, puntualizó Duarte. Entre los puntos del decálogo dado a conocer hoy también resalta la distribución de la plantilla de personal de la SEV, porque según el gobierno hay un excedente de mil 585 plazas estatales que no son necesarias, por lo que se implementará un programa de jubilación anticipada a los trabajadores que tengan entre 25 y 29 años de servicio. Dentro del Plan de Contención del Gasto del Sector Educativo, Duarte también señaló que se acabará con la dualidad en la nómina, es decir que aquellos servidores públicos con plaza en la SEV y que ocupen cargos de elección popular o laboren en otra área de gobierno, no podrán cobrar en ambas dependencias. “Además se intensificará la verificación de las estructuras ocupacionales establecidas para los planteles educativos y centros de trabajo del sector, teniendo como elemento central de análisis la relación del número de alumnos por maestro”, concluyó el priista. En la SEV era “vox populi” que los empleados en nómina que cobraban sin trabajar fueron contratados por recomendación de Duarte. Se trataba de periodistas afines al gobierno, esposas y concubinas de políticos de oposición (PRD y PAN) y militantes de partidos políticos cooptados por el propio gobernador.
En 2014 el entonces secretario de Educación de Veracruz, Adolfo Mota, armó una estructura paralela dentro de la dependencia para crear un “equipo alterno de campaña” que trabajara en el distrito de Xalapa rural, donde este año fue ungido como diputado federal. Todos los empleados de Mota devengaban salario en la SEV. FUENTE: PROCESO. AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
Pactos de no agresión, la protección constitucional y la debilidad institucional impiden que gobernadores corruptos vayan a juicio durante sus mandatos.
Cuando era candidato a la Presidencia de la República, Vicente Fox Quesada, decía un día sí y el otro también que si llegaba a Los Pinos, sacaría de ahí a todas las “tepocatas, alimañas y víboras prietas”. Esa era su particular forma de decir que se encargaría de acabar con la corrupción de los gobiernos priistas. También tenía una frase para referirse a los políticos que se habían enriquecido de manera ilícita, los llamaba “peces gordos”. Fox llegó a Los Pinos y su sexenio se caracterizó por incumplir su promesa de llevar ante la justicia a las “tepocatas”. “Vicente Fox prometió que los peces gordos estarían en la cárcel y al final ni a charales llegamos”, recordó Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa. Prácticamente Fox inauguró una nueva forma de comunicarse con el elector al incluir el discurso anticorrupción en los mensajes de las campañas electorales. De Vicente Fox a Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, Gobernador de Nuevo León, cada día es más socorrido que un candidato a cualquier puesto de elección popular utilice alguna consigna para advertir que castigará a los políticos corruptos de administraciones pasadas, generalmente, de partidos políticos distintos al suyo. En su mensaje ante el Congreso luego de rendir protesta como el primer Gobernador independiente de Nuevo León, “El Bronco” arremetió contra su predecesor Rodrigo Medina de la Cruz: “Hoy les digo claro y fuerte: se les acabó la fiesta a los bandidos. Que ni se hagan ilusiones los manos largas: a partir de hoy, se acabaron los moches y las transas”.
Medina de la Cruz dejó un gobierno pintado por la corrupción y distintas acusaciones por enriquecimiento ilícito, en el que habría participado su padre Humberto Medina, dueño de por lo menos siete predios en el municipio de San Pedro Garza García con valor de 300 millones de pesos.
“El discurso de la transparencia, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción son muy redituables porque hacen contacto con lo que indigna a la sociedad, entonces resulta un discurso muy redituable para que lo usen como argumentos electorales, pero de allí a llevarlo a la realidad hay un tramo muy largo”, consideró Óscar Arredondo Pico, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Información.
Políticos de todos los niveles de gobierno, de todos los colores partidistas, de todas las ideologías partidistas, han utilizado en su discurso alguna alusión para castigar la corrupción y el enriquecimiento ilícito del pasado. Sin embargo, en la inmensa mayoría de los casos ha reinado la impunidad, lo cual ha generado un sentimiento de indignación entre la ciudadanía y finalmente de frustración porque existen hombres intocables para la justicia mexicana. Los ex Gobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrigton Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores han sido señalados por su presunta colusión con el crimen organizado, principalmente con el grupo delictivo “Los Zetas”, y por sumir a su entidad en un clima de violencia e inseguridad. El ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, ha sido acusado de dejar a los coahuilenses una deuda cercana a los 34 mil millones de pesos, sin rendir cuentas sobre el uso y destino de esos recursos. Fausto Vallejo Figueroa, ex Gobernador de Michoacán, tuvo un polémico sexenio en donde sus colaboradores políticos cercanos, e inclusive su hijo Rodrigo Vallejo Mora, estuvieron acusados de colusión con el crimen organizado y de brindar protección a Servando Gómez Martínez “La Tuta”, líder de la “Familia Michoacana” y posteriormente de “Los Caballeros Templarios”. Tampoco son excepcionales los ex Gobernadores acusados de enriquecimiento ilícito y sus familiares han disfrutado sus fortunas en Estados Unidos y últimamente en sitios tan lejanos como Dubai, en Emiratos Árabes Unidos. Basta recordar las fotos que los propios familiares de algunos polémicos políticos suben a las redes sociales, como es el caso de Graciela Reynoso López, hija del ex Gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, ya que ella misma ha subido a Fecebook o Instagram fotos de sus viajes a la zona turística de Dubai, donde la familia del ex mandatario posee un departamento.
¿SE PUEDE CASTIGAR A LOS GOBERNADORES CORRUPTOS?
En su primer discurso como Gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, el ex priista que acabó con 83 años de gobiernos del tricolor, fue contundente, advirtió a quienes se dedicaron a robar a la población que “no les espera el disfrute de rentas, sino la cárcel”. El mensaje estaba dedicado a su predecesor Andrés Granier Melo, acusado de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos federales. Granier Melo fue detenido y permanece preso en el penal de Tepepan desde mediados de 2013. Aunque recientemente fue exonerado de delitos de orden federal, no ha salido libre pues se mantienen las acusaciones del orden del fuero común. Actualmente continúan en libertad varios ex gobernadores de Tamaulipas, Morelos, Coahuila, Michoacán y otros estados, acusados de colusión con el crimen organizado, desvíos millonarios de recursos públicos y enriquecimiento ilícito. LO POLÍTICAMENTE CORRECTO Especialistas consultados por SinEmbargo explicaron que son múltiples los factores que permiten que prevalezca la impunidad. El primero de ellos y el más evidente es la falta de voluntad política. “La tendencia es ‘yo no te piso los callos y tú me dejas gobernar tranquilo’”, afirmó Héctor Tejera Gaona, profesor investigador de la División de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Para el doctor en antropología social, las campañas electorales son en esencia “estrategias para ganar votos”, pero una vez que terminan, los ganadores deben luchar contra el reacomodo de los grupos políticos, poderes fácticos e incluso disputas por el control político entre grupos del crimen organizado. El problema tiene que ver con la fortaleza de los grupos políticos que dejan el poder y la debilidad de los nuevos. En ocasiones, los gobernadores salientes tienen grupos políticos muy fuertes que pueden poner en riesgo la estabilidad del nuevo gobierno. “Lo que sucede, muchas veces, es que el Gobernador entra en una situación de debilidad porque el Gobernador anterior, que gobernó seis años, tiene redes e influencias. Puede hacer que los próximos cinco meses [el nuevo Gobernador] se la pase negociando con manifestantes que le van a cerrar las calles”, explicó Héctor Tejera Gaona, investigador de la UAM Unidad Iztapalapa. Subrayó que es difícil que los nuevos Gobernadores actúen contra los grupos contrarios porque desatarían las venganzas políticas. Sin embargo, a veces es imposible no actuar contra los predecesores porque dejan enormes faltantes de recursos públicos en las arcas de la administración pública, que no les queda otra. Pero hasta en estos casos es difícil que se actúe en contra de “peces gordos”, pues sólo funcionarios de menor rango son quienes llegan a pisar la cárcel por los delitos de políticos de mayor envergadura. “Así que usualmente, a la larga sí pueden agarrar a alguien que sea vergonzoso, pero en general no se mueve demasiado el agua”, detalló el académico.
DEBILIDAD INSTITUCIONAL MÁS QUE FALTA DE VOLUNTAD
En muchas ocasiones, la impunidad no es fruto solo de la falta de voluntad política del candidato convertido en Gobernador, sino de su desconocimiento del andamiaje institucional y de las propias fallas de los mecanismos para combatir una corrupción enquistada en las estructuras administrativas.
“No es solamente asunto de falta de voluntad política, en algunos casos puede que esta sea la razón, pero en otros se trata de una debilidad de las instituciones que los nuevos gobernadores heredan y que son incapaces para poder corregir y aplicar el Estado de Derecho en sus demarcaciones”, explicó Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
Después del escándalo mediático de las denuncias públicas ya sea en campaña electoral o recién iniciado un gobierno, se avanza muy poco en la verdadera aplicación del Estado de Derecho y esto refleja el problema institucional que tiene el país en su conjunto. “Mientras no se rompan estos círculos perversos de debilidad institucional y por lo tanto incapacidad para la aplicación de la ley, continuará la impunidad; y por lo tanto, nuevos incentivos para violarla”, afirmó el investigador de México Evalúa. Detalló que si a los mecanismos de transparencia no se les acompaña de capacidad técnica de investigación de las instituciones, pues difícilmente se van a documentar correctamente los casos de corrupción, por lo tanto, cuando se presenten a los jueces, los casos se caerán por sí mismos. Así que sin capacidad de formar fortaleza institucional junto con capacidad de investigación fiscal, financiera y penal, los gobernantes corren el peligro de caer en el descredito por lanzar solo “discursos de bravuconería” sin castigar a los verdaderos responsables de los quebrantos de las finanzas públicas. “Ese es el peligro de muchos candidatos que buscan hacer promesas simplistas en esta materia, que para poder avanzar en esta lucha frontal sí es fundamental hacer dos cosas: por un lado adecuar muchas de las leyes que tiene resquicios por los cuales se cuelan problemas impunidad”, explicó Marco Fernández. LA TENTACIÓN ES MUCHA Y NO TIENE CONTROLES
Para Óscar Arredondo, investigador de Fundar, la corrupción está tan enquistada en la administración pública de los tres niveles de gobierno que trasciende a los grupos que entran o salen de un periodo a otro.
“Es muy grave, es como si al llegar al poder tuvieras una garantía de impunidad absoluta gracias al propio fuero. Desde el principio, las leyes ni siquiera te sujetan a ningún principio de investigación, sabes que estás absuelto sobre todo si eres el titular del Ejecutivo y de su grupo de poder”, detalló el investigador de Fundar.
Esto, sumado a que muchas veces hay también un acuerdo tácito de impunidad porque entre una administración y otra también se heredan estos andamiajes de corrupción. GOBERNADORES SE EMBARRAN DE LODO En otros casos, los gobernantes que en campaña expresaron su deseo de combatir la corrupción, terminaron inmersos en el lodo que prometieron limpiar. En campaña, el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa dijo que su gobierno sería uno de “manos limpias,” es decir, honrado, honesto, transparente y alejado de corruptelas, sin embargo, durante su sexenio encumbró a personajes como la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo –ahora presa- o Carlos Romero Deschamps, Senador priista y líder de los trabajadores petroleros. En otro caso, el ex Gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías llegó al poder con una amplia aceptación social por su proyecto denominado “Nuevo Sonora” que incluía, además del combate a la corrupción, llegar al fondo en el incendio que cobró la vida de 49 niños en la Guardería ABC de Hermosillo, el 5 de junio de 2009. Padrés Elías no hizo la una ni la otra, incluso tiene tras de sí varias sospechas de enriquecimiento ilícito, ejemplificadas en la construcción de una presa en el rancho “Pozo Nuevo”, propiedad de su familia. Seis años después la nueva Gobernadora, la priista Claudia Pavlovich Arellano, afirmaba que Sonora “no volverá a ser tierra fértil para quienes abusaron de la confianza de los sonorenses y en lugar de servir se sirvieron con la cuchara grande”. El investigador Óscar Arredondo explicó que en otros casos no existe la posibilidad de coordinar acciones entre el órgano de fiscalización de la fFderación y los órganos de fiscalización estatales y con esto se evita que las investigaciones lleguen más lejos. Otras veces sucede que cuando llega al poder una persona que en su campaña electoral tenía el discurso la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, pero cuando llega a la Casa de Gobierno empieza a conocer la verdadera dimensión de los grupos de poder o se da cuenta cómo las organizaciones criminales se han infiltrado en los órganos de gobierno. Para el investigador Marco Fernández, el verdadero peligro de la impunidad radica en que cuando los políticos no cumplen sus promesas de castigo para los corruptos, se generan niveles de frustración y de desilusión muy altos. “Es como un bumerán que se regresa contra el que prometió el estado de derecho y cuando eso ocurre en el imaginario del público inevitablemente tiene explicaciones de falta de voluntad política o incluso de complicidad”, detalló.
El especialista mencionó muchos de los problemas que hay en la impunidad no es por complicidad, es por falta de capacidad institucional. “La impunidad se mantendrá mientras las autoridades de investigación no tengan la capacidad de documentar adecuadamente los hechos”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: DAVID MARTÍNEZ HUERTA. LINK: http://www.sinembargo.mx/19-10-2015/1521355.
El Administrador de CAPUFE en Camargo, Tamaulipas, fue secuestrado de sus oficinas y llevado a un rancho. De acuerdo con nuevos testimonios, elementos del Ejército mexicano entraron al lugar y “ejecutaron a Jorge Antonio Parral Rabadán a corta distancia”. Después, el funcionario federal fue presentado como uno entre los sicarios.
El 24 de abril de 2010, en Camargo, Tamaulipas, Jorge Antonio Parral Rabadán fue privado de su libertad por un comando de la delincuencia organizada en las instalaciones de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), donde laboraba. Dos días más tarde fue ejecutado en el Rancho “El Puerto”, en Nuevo León, por militares que incursionaron en el lugar. Después, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) declaró que su muerte sucedió durante un “enfrentamiento entre elementos del Ejército y sicarios”. Y entre esos últimos fue enlistado Parral, dice un reportaje de la revista VICE publicado en Estados Unidos. La nota firmada por el periodista Daniel Hernández está basada en las denuncias que ha realizado la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Indica que la asociación civil fundada en 1989 exige al gobierno mexicano que “es imprescindible el esclarecimiento de los hechos, la consignación de quienes resulten responsables, así como la redignificación del honor y dignidad de Jorge Antonio Parral Rabadán”, de 38 años de edad, y quien se desempeñaba como Administrador General del Puente Internacional de CAPUFE en Camargo. Su hermana Jesica, en un video realizado por la CMDPDH, narra que su hermano estaba preocupado por el clima de inseguridad y la serie de sucesos violentos suscitados en su lugar de trabajo, por lo que solicitó a sus superiores en CAPUFE tomaran cartas en el asunto y les brindaran protección con autoridades federales. Cuando a Jorge se lo llevaron, narra su hermana, CAPUFE no levantó una denuncia sino hasta dos días después, a exigencia de sus padres. Camargo, Tamaulipas, es una población asolada por la violencia. Cuando el entonces Presidente Felipe Calderón declaró la guerra a las drogas, la ciudad vivió combates diarios, lo que provocó una migración de habitantes pocas veces vista en México.
La familia dice la tardanza de CAPUFE para denunciar los hechos contribuyó a la muerte de Parral Rabadán. “Se perdió tiempo valioso para rescatar a Jorge con vida. Independendientemente de que era responsabilidad de CAPUFE el proporcionarle un lugar de trabajo seguro. Tuvieron que pasar 10 meses para que finalmente con nuestra labor familiar de búsqueda supiéramos que dos días después del secuestro, es decir, el 26 de abril de 2010. Jorge fue víctima mortal de los abusos extraordinarios de la fuerza y del poder por parte del Ejército mexicano, quienes sin ninguna estrategia irrumpieron en el lugar donde se encontraba privado ilegalmente de su libertad, y le dispararon a una muy corta distancia”, narra la hermana de Jorge Antonio.
“…a pesar de que se encontraba vulnerable, lo ejecutaron. Asimismo, en el afán de ocultar la verdad, el Ejército alteró la escena del crimen y alteró los hechos, e injustamente se refirieron a él como un sicario, ante los medios de comunicación nacionales e internacionales. Su paradero fue ocultado por los militares, en contubernio con las autoridades de Nuevo León, quienes en su informe cambiaron sus características personales y no le notificaron a la familia que ahí se encontraba mi hermano, no obstante que en el lugar en que Jorge fue privado de la vida, fue recuperada su identificación de CAPUFE”, aseguró la hermana de Parral en la misma grabación publicada en la plataforma YouTube.
VIDEO: Los años negros de Camargo.
“La verdad y la justicia, son las principales formas de reparación”, señala la CMDPDH, que cuenta con estatus consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y que también es miembro de la Federación Internacional de los Derechos Humanos y de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas. Tras la insistencia continua de la familia Parral Rabadán, la investigación del secuestro y desaparición de Jorge A. Parral fue atraída en junio de 2010 por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (entonces, SIEDO, hoy SEIDO). Sin embargo, denuncia la CMDPDH, no ha habido avances significativos, y nadie ha sido consignado por las violaciones cometidas en contra de Parral, con excepción de los cuatro civiles detenidos por el Ejército en el lugar de los hechos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió una Recomendación el 21 de noviembre de 2013, la cual no incluyó a autoridades que vulneraron seriamente los derechos humanos de Parral y su familia, como CAPUFE y la Procuraduría General de la República (PGR), asegura la asociación civil.
“CAPUFE, no sólo al incumplir con su deber de prevención y protección de los derechos de Jorge Antonio Parral, sino que además en uso de su carácter oficial y con recursos otorgados por el Estado, cometió y sigue cometiendo violaciones en contra de la familia Parral. La PGR por su parte ha incurrido en una serie de irregularidades en la integración de la averiguación previa desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos y hasta el día de hoy no ha mostrado avances reales en la investigación”, denuncia la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
La CMDPDH asegura también que a más de cuatro años de la privación arbitraria de la libertad, ejecución extrajudicial y posterior desaparición forzada de Jorge A. Parral, la familia Parral Rabadán “continúa siendo revictimizada durante el proceso de búsqueda de justicia y verdad”. LA HISTORIA CONTADA POR VICE
“La última vez que la familia de Jorge Antonio Parral Rabadán lo vio con vida, fue unos cuatro meses antes de su desaparición”, dice la crónica publicada hoy por VICE y firmada por Daniel Hernández. Ellos lo visitaban en su trabajo la administración de un puente fronterizo mexicano en la línea internacional con los Estados Unidos, alrededor de la Navidad de 2009, narra la publicación estadounidense. “En medio del empeoramiento de violencia de los cárteles en el noreste de México, se oyeron disparos durante la noche en el pequeño pueblo fronterizo de Ciudad Camargo, Tamaulipas, a pocos kilómetros del puente internacional, donde trabajó el joven Parral, justo al otro lado del Río Grande, Texas”, dice la nota firmada por Hernández. La familia de Jorge le pidió renunciar a su trabajo, para volver a su ciudad natal, Cuernavaca. Pero él les dijo que no se preocuparan. “Nunca olvidaré la expresión de su cara,”, narró a VICE, Jesica Parral Rabadán. “Fue como, ‘Yo sé que tienes razón’. Pero él me decía, ‘tengo que pagar mi casa… vamos a ver’”. El 24 de abril de 2010, alrededor de las 9:30 de la mañana, un comando de hombres armados entró en la instalación del puente fronterizo de Camargo. Era un sábado, y Jorge Parral estaba descansando en las habitaciones del administrador, donde vivió la travesía de asistir a los usuarios las 24 horas del día, indica VICE, que también narra cómo un grupo de hombres armados irrumpieron en su cuarto, arrancaron a Parral de la cama, y lo secuestraron. Dos días después del secuestro, soldados del Ejército entraron en un rancho en el vecino estado de Nuevo León para investigar las denuncias de un grupo del crimen organizado escondido allí, y para liberar “a varias personas retenidas contra su voluntad”, según lo informó la propia institución de seguridad.
VIDEO: Los años negros de Camargo.
“Fue uno de varios de estos enfrentamientos que el Ejército de México informó en 2010, después de que fuerzas de seguridad se vertieran en el estado de Tamaulipas, en un intento por sofocar la guerra entre los cárteles de los Zetas y del Golfo”.
Un tiroteo se produjo con hombres no identificados armados en un rancho llamado “El Puerto” en Nuevo León, cerca de la frontera de Tamaulipas, y tres “sicarios” murieron por el fuego militar, dijo el Ejército. Al principio, los dos incidentes no tenían ninguna conexión aparente, señala VICE, que abunda en que en un país que sufre “olas de violencia relacionadas con las drogas desde que el ex Presidente Felipe Calderón envió a los militares a las calles en 2006, Tamaulipas -como Jalisco, Guerrero y Michoacán- se habían convertido en más que otro perpetuo “punto caliente”, en la que los tiroteos, secuestros, y ejecuciones, eran comunes. Pero a través de una presión persistente, la familia de Parral descubrió que los soldados mexicanos mataron a Jorge en el rancho y lo hicieron pasar como un sicario. Desde que han estado pidiendo justicia, este caso poco conocido “refleja la cifra preocupante que ha tomado a la la sociedad mexicana como rehén desde que el gobierno comenzó a emplear las fuerzas armadas para combatir el crimen organizado”. VICE narra que Jorge Parral estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de las Américas (UDLA) en Puebla, y que practicaba kung fu “con avidez”. Que además consiguió su trabajo en CAPUFE superando a otros más de mil solicitantes, en una convocatoria abierta que tuvo lugar en 2003. La publicación internacional narra también el vía crucis por el que pasó la familia Parral, buscando a Jorge casi sin ninguna ayuda de las autoridades, en un laberinto burocrático, tanto en el gobierno de Calderón, cuyo mandato terminó en 2012, y en el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
LA EJECUCIÓN DE JORGE PARRAL
La familia encontró que el arma que le quitó la vida a Jorge Parral pertenecía a un soldado mexicano que participó en la incursión militar de el rancho “El Puerto”, de acuerdo con un informe de noviembre de 2013, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH). Parral, evidentemente, había sido llevado al rancho por sus captores. Cuando la patrulla del Ejército llegó, le dispararon en repetidas ocasiones mientras sostenía los brazos en una posición defensiva. Pruebas de balística demostraron que también fue baleado a quemarropa. La familia de Parral, aseguran que una funcionaria de Capufe admitió más tarde que los soldados habían hecho nada para reducir al mínimo las muertes de las víctimas de secuestro cuando entraron en el rancho. “Ella dejó escapar que [los soldados] básicamente se apresuraron, disparando a lo loco”, dijo Jesica, en referencia a la funcionaria de la cual no reveló el nombre. Casi seis años después de que Jorge Parral fuera secuestrado y sin avances concretos, la familia Parral Rabadán decidieron hacer público su caso. En octubre de 2013, la SEDENA cedió su jurisdicción sobre la investigación de los homicidios ocurridos en el rancho “El Puerto”, y le entregó el caso a las autoridades civiles durante un empujón a nivel nacional para tratar los casos de abusos militares en tribunales civiles. “Pero desde entonces, el asunto ha languidecido en el sistema judicial en Nuevo León”, asegura VICE. El Ejército ha dicho que hizo cuatro detenciones en relación con el caso y liberó a siete cautivos, pero ninguno de estos individuos han sido identificados públicamente. VICE realizó una solicitud de información a la SEDENA, pero esto no fue respondida. “Y aunque los documentos del gobierno identificaron el arma que mató a Parral y el único soldado autorizado para portarla, ese soldado, cuyo nombre tampoco se nombra en los informes, aún tiene que enfrentar cargos en relación con el asesinato”. Aunado a esto, la familia Parra Rabadán aseguran que oficiales militares también se han acercado a su casa para ofrecerles dinero, con una solicitud implícita de silencio. LA INSENSIBILIDAD DE CAPUFE Por otra parte, la familia también está demandando que Capufe podría pague último cheque de Jorge Parral, después de que descubrieron que la institución gubernamental había descontado su salario durante el resto del mes de abril 2010, mientras que su paradero era aún desconocido, muestran los registros. Antes de su secuestro, ante el “derramamiento de sangre” por el conflicto en aumento del narcotráfico en Tamaulipas, Jorge Parral había pedido a sus jefes en CAPUFE para que otorgaran más seguridad en el puente de Camargo. Pero la respuesta fue negativa: no había suficiente presupuesto en CAPUFE para proteger el puente de Camargo y a sus empleados, le dijeron. VICE dice que CAPUFE, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), no devolvió las llamadas en busca de comentarios. Hoy en día, la familia sigue siendo firme en su búsqueda de justicia para Jorge, un proceso que describieron está “plagado de incidentes de crueldad”. La familia dijo que, por ejemplo, durante una reunión con Marisela Morales, ex Procuradora General de la República con Calderón, ella cuestionó por qué la familia Parral “no iba a Monterrey y se enfrentaba a los presuntos secuestradores de Jorge por sí mismos”. En enero de 2013, el actual presidente Peña Nieto firmó Ley General para las Víctimas. La familia Parral Rabadán estuvo presente en la firma. Alicia Rabadán dijo que tuvo la oportunidad de saludar a Peña Nieto y entregarle los documentos sobre el caso de su hijo.
El Presidente dijo a la afligida madre que él “personalmente” tomaría las riendas del asunto y encontraría algunas respuestas para su familia. Un portavoz de Peña Nieto confirmó el intercambio, pero no ofreció más detalles. Los Parral dijeron que no han oído hablar nada de Peña Nieto desde entonces. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/19-10-2015/1523417
MORELIA, Mich: La Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado identificó a los presuntos responsables del asesinato de cuatro personas ocurrido el pasado fin de semana en un bar del municipio de Huetamo, informó el secretario de Gobierno, Adrián López.. Los hechos se registraron la madrugada del domingo pasado, cuando un sujeto que portaba un arma larga ingresó al bar “El Palomo” y sin mediar palabra disparó en repetidas ocasiones contra cuatro sujetos que ocupaban una de las mesas. Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil quienes confirmaron el fallecimiento de las cuatro personas y atendieron a varias personas que sufrieron crisis nerviosa. Luego llegaron elementos del Ejército, Policía Federal y municipal, estos últimos acordonaron el área y se implementó un operativo de búsqueda para dar con los responsables del crimen. El agente del Ministerio Público acompañado de peritos especialistas en criminalística llevaron a cabo las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento y traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense local, donde este lunes fueron identificados como: Héctor G., Florentino L., Francisco G. y Vitalino P. vecinos del rancho Cuchalalates. Entrevistado en el marco del 45 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río, el secretario de Gobierno, Adrián López reconoció que las condiciones de inseguridad prevalecientes en esa región aún permiten este tipo de sucesos violentos. López Solís confió en que el arribo de contingentes militares a ese municipio inhiba la actividad criminal y la ola de violencia generada durante las últimas semanas.
“Los hechos violentos son lamentables pero suceden y seguirán sucediendo por la propia dinámica delincuencial del estado”, reconoció el funcionario estatal. FUENTE: PROCESO. AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS.
MÉXICO, D.F: El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, confesó que su encuentro con el Papa Francisco en Roma fue gestionado por el cardenal Norberto Rivera. En entrevista radiofónica, indicó que hizo la petición en la nunciatura, donde le respondieron muy rápido que decidiera ir a la audiencia pública papal de los miércoles y el tabasqueño aprovechó la ocasión porque tenía ya programada la visita a la Casa de América Latina en París. “Nos colocaron en un lugar cercano al Papa y, cuando terminó su mensaje, pues es una audiencia general, estuvieron los mineros que quedaron atrapados 70 días en un socavón de Chile. Termina la audiencia, baja a saludar, va a la parte donde estábamos nosotros y saluda. Al principio el pontífice pensó que debía bendecir la medalla (de Bartolomé de las Casas, protector de indígenas en Chiapas), y le aclaré que era para él. Le entregué la carta y un saludo. “El sábado nos regresamos. Fue el objetivo de este viaje. La importancia que tiene la labor como dirigente moral que está llevando a cabo el Papa Francisco. Tenía yo interés de entregarle un presente, una medallita de fray Bartolomé de las Casas. Se trata de un Papa verdaderamente cristiano”, aclaró López Obrador. Aunque no descartó una posible reunión en el marco de la visita de Francisco en 2016, recordó que cuando fue jefe de Gobierno capitalino recibió al papa Juan Pablo II en la Basílica de Guadalupe, y se encontró con Benedicto XVI en una misa en Guanajuato, cuando era el tabasqueño era candidato presidencial. En cuanto a su visita a París, López Obrador aclaró que no se reunió con Marcelo Ebrard, también exjefe de Gobierno capitalino y quien reside en ese país. “No hubo encuentro con Marcelo… Me preguntaron en la conferencia. No vi a Marcelo, lo único que dije es que está siendo acosado por Peña porque le achacan que fue quien dio la información de la Casa Blanca que supuestamente vendió el contratista de Higa a Peña y su esposa, fue un moche”, denunció.
Y no descartó reunirse “sin problemas” con Ebrard, pues él también padeció la “persecución política” desde su desafuero en 2004. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
TOLUCA, Edomex: El gobernador priista Eruviel Ávila pretende generar descontento social con la imposición ilegal de Jesús Sánchez Isidoro como alcalde en Valle de Chalco para que la población no se inconforme cuando el Tribunal Electoral (TEEM), por decisión política, arrebate el triunfo al perredismo, advirtió Octavio Martínez, secretario general del PRD en la entidad. “Quien está detrás de todo esto –la doble presidencia municipal– es el gobernador; lo que él pretende es desestabilizar la administración pública a efecto de enrarecer el ambiente, previo a la resolución del TEEM sobre el triunfo del PRD en este municipio”, señaló. Al confrontar a Sánchez Isidoro y Fernando Ruiz Razo, alertó, “la única pretensión del mandatario es que haya un conflicto en el ayuntamiento entre los propios perredistas para que la resolución salga a favor del PRI y que no haya un apoyo social contra el fallo”, destacó. Derivado de la contienda del 7 de junio, el perredista Ramón Montalvo obtuvo el triunfo con sólo 183 votos de diferencia, en relación con el priista Luis Enrique Martínez Ventura, quien impugnó los resultados que son susceptibles de modificación sólo con la nulidad de una casilla. Por ahora, Martínez Vargas acusó que la estrategia de desgaste del PRD en esa demarcación es fraguada y operada por José Manzur, secretario general de Gobierno, “jefe político de Jesús Sánchez Isidoro, hermano del priista David Sánchez, exalcalde de Coacalco”. En su calidad de secretario general del PRD mexiquense, indicó que ya se puso en contacto con Carlos Navarrete, el presidente nacional de su instituto político, “y le he pedido que cite a ambos alcaldes para que se cumpla la legalidad, respeten la ley y el fallo del TEEM, y que haga un llamado al gobierno del estado para que no se preste a estas cosas, que no desestabilice a la administración”. En caso de que Sánchez Isidoro insista en conflictuar lo que resta de la administración, adelantó, “el PRD le va a iniciar un procedimiento de expulsión de sus filas”. Contra todo orden jurídico, expuso, Sánchez Isidoro mantiene el control del ayuntamiento desde la tarde del viernes pasado, cuando a nombre del municipio emitió un escueto comunicado de un párrafo para asegurar: “En la sesión extraordinaria de cabildo número 18 realizada hace unos minutos, como único punto se anunció la incorporación del doctor Jesús Sánchez Isidoro a la presidencia municipal de este lugar, después de que el Congreso del Estado de México le otorgara una licencia al cargo de diputado local”. Martínez Vargas indicó que a la fecha Sánchez Isidoro se ha negado a detallar el sustento jurídico de esta determinación. Lo más lamentable, señaló, es que la flagrante violación se realiza con la anuencia de Manzur Quiroga, encargado de la política interna de la entidad, quien no ha intervenido para obligar a que se acate el fallo del TEEM en los términos en que fue emitido. Con ello, dijo, el funcionario estatal contribuye a la desestabilización del municipio, lo que deja en claro que el gobierno mexiquense no se encuentra interesado en el bienestar de la población, sino en violentar a cualquier precio la decisión de los ciudadanos plasmada en las urnas para consumar los triunfos que no ganó a través del voto. El dirigente partidista recordó que el viernes 16 el cabildo de Valle de Chalco realizó una sesión extraordinaria para cumplir con un único punto en el orden del día: el cumplimiento a la sentencia del TEEM por la que ordena se tome protesta a Fernando Ruiz Razo como edil sustituto. El cuerpo edilicio, recordó, tiene 14 integrantes, contando al alcalde; seis –entre ellos dos priistas y Sánchez Isidoro– pretendieron modificar el orden del día para tomar protesta a Sánchez Isidoro. No obstante, otros ocho –siete regidores y un síndico– tomaron protesta a Ruiz Razo, quien ya informó al TEEM sobre el cumplimiento de la sentencia en su favor.
Jesús Sánchez Isidoro rindió protesta como diputado local el 4 de septiembre; desde la curul promovió tres solicitudes de licencia temporal como alcalde de Valle de Chalco; la última concluía el 31 de diciembre, hasta que la semana pasada el TEEM resolvió un juicio ciudadano y ordenó al cabildo dar posesión del cargo de presidente municipal sustituto a Ruiz Razo. FUENTE: PROCESO. AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
"No nos espanta ni el poder económico de OHL ni su criminal forma de actuar", advierte la empresa.
Infraiber presentó, el pasado 15 de octubre, dos nuevas demandas ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, por lo que considera “el caso de corrupción más grave de la historia reciente del país”, como se refiere a la concesión del Circuito Exterior Mexiquense, en el que están involucrados OHL, el gobierno del Estado de México y el federal.
En un texto enviado a este sitio por la empresa denunciante, señala que “Infraiber reclama la invalidez y nulidad absoluta de:
La Sexta Modificación del Título de Concesión del Circuito Exterior Mexiquense de fecha 20 de enero de 2015, en la que se contiene un acuerdo ilícito, producto innegable de la corrupción, por virtud del cual el Gobierno del Estado de México y OHL pretenden seguir cobrando a los usuarios el costo del SIVA hasta (por lo menos) el año 2051, pero no para destinarlo a la auditoría independiente de los aforos vehiculares e ingresos generados en dicha autopista, sino ¡para la compra e instalación de video cámaras! No es broma de mal gusto: ése es el objeto de la ilegal Sexta Modificación. Decenas de millones de pesos cada año de aquí al 2051, para que el Gobierno de Eruviel Ávila (y los que vengan) compre e instale video cámaras. ¿De verdad, señor Gobernador?
El registro de inversión correspondiente al período que va del 1º de julio al 31 de diciembre de 2013, en el que el Saascaem (por error o producto de otro acuerdo ilícito con OHL) pretende hacernos creer que la inversión de OHL en el Circuito Exterior Mexiquense se incrementó ¡más de $5,000 millones de pesos en un período de 6 meses! La grotesca ilegalidad de este documento, suscrito por una persona que no cumplía los requisitos legales para ser Director General del Saascaem, no puede ser más evidente”.
Infraiber -a quien se le revocó un contrato para auditar los aforos vehiculares de dicho circuito- advirtió que “no vamos a dejar de presentar batalla dignamente contra la corrupción de OHL (el ENRON mexicano), el Gobierno del Estado de México y el Gobierno Federal en el Circuito Exterior Mexiquense”. La empresa sostuvo que “no nos espanta ni el poder económico de OHL (hoy más aparente que real) ni su criminal forma de actuar, aprobada (tristemente) desde el más alto nivel del poder (el más alto) en nuestro México”. “No nos espanta el hecho de que OHL pueda disponer a su antojo de la PGR para llevar a cabo operativos criminales, con el propósito de presionar a Infraiber para que se desista de las numerosísimas denuncias presentadas ante las autoridades competentes, tanto en México como en España, en relación (principalmente) con la magia contable tipo ENRON con la que OHL y Deloitte engañan al público inversionista y a las autoridades”, señaló.
“A la arbitrariedad y la ilegalidad de OHL y el Gobierno, oponemos nuestros argumentos y el derecho que creemos nos asiste. Sabremos defender esos argumentos y derechos con la dignidad y valentía de mexicanos comunes y corrientes que no están dispuestos a permitir que el poder de la corrupción les pase por encima”, indicó Infraiber. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Según AP, tras su fuga se escondió en Sinaloa. Pero también lo buscan en Durango. Ya hay 600 "refugiados" por la 'cacería' contra el narcotraficante.
Después de fugarse, el 11 de julio pasado, poco o nada se supo de Joaquín Guzmán Loera. Versiones periodísticas apuntaron que pasó tanto tiempo desde que ocurrió la evasión, hasta que notaron que no estaba en su celda y comenzaron su búsqueda, que El Chapo pudo salir de la zona y tomar una avioneta. Su piloto hoy se encuentra detenido. Las noticias resurgieron el pasado viernes, cuando el Gabinete de Seguridad dio a conocer que Guzmán Loera resultó lesionado durante las acciones efectuadas por las autoridades federales para reaprehenderlo. En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, Marina-Armada de México (Semar), así como la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) precisaron sin embargo que dichas heridas “no fueron producto de un enfrentamiento directo”. “En días recientes el prófugo realizó una huida precipitada, que de acuerdo con la información recabada, le causó lesiones en una pierna y en el rostro”, revelaron. Se escondió en Sinaloa: AP La agencia AP difundió el fin de semana que Sinaloa, donde nació el narcotraficante, fue el lugar escogido por el capo para esconderse desde que se fugó de la cárcel. Los operativos de búsqueda han provocado hasta ahora el desplazamiento de al menos 600 habitantes de la sierra. Un funcionario federal dijo a AP que, tras su fuga, Guzmán fue trasladado hacia el estado de Querétaro, desde donde fue llevado en una avioneta a una zona montañosa de Sinaloa. Por ello, en las últimas semanas la búsqueda se concentró en la sierra que está entre Sinaloa y el estado vecino de Durango, dijo el funcionario, quien habló con la AP bajo condición de guardar el anonimato. Las operaciones son encabezadas por la Marina mexicana, la dependencia que en 2014 capturó en el puerto de Mazatlán, también en Sinaloa, a Guzmán, quien se fugó por primera vez en 2001 de otro penal de máxima seguridad. Samuel Lizárraga, alcalde del municipio de Cosalá, en Sinaloa, fronterizo con Durango, contó a AP cómo varias familiares resultaron desplazadas, por los operativos: ”Algunos nos contaban que habían estado hasta 6 días caminando desde algunas zonas de la sierra. Llegaban con mucho miedo. Habilitamos instalaciones para atenderles y les dimos ayuda humanitaria”. Oscar Loza, un portavoz de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Sinaloa, precisó que alrededor del 6 de octubre comenzaron a recibir llamadas de los pobladores de esa zona que les pedían ayuda porque sus pueblos estaban bajo el fuego de la Marina. “El sábado 10 conseguimos llegar a una de las comunidades, llamada El Verano, y nos recibieron en llanto”, explicó Loza. “Solo les dijeron que iban buscando a un señor y que no podían salir“, añadió Loza. “Cuando llegamos había una casa con el techo perforado por los balazos y una señora con una niña de menos de dos años que había aguantado ahí hora y media. Eso les dejó en el desamparo. Otra gente huyó al monte”. “Llegaron disparando al ranchito de mi hermano”, se quejó un vecino. Operativos también en Durango: Marina La Secretaría de Marina-Armada de México refrendó su compromiso de garantizar permanentemente la seguridad de los ciudadanos y afirmó que en las operaciones de su personal, que continuarán en Sinaloa y Durango, se respetan estrictamente los derechos humanos. Lo anterior, luego de la información sobre quejas por violación de derechos humanos en contra de elementos navales, por las acciones realizadas en días pasados en el municipio de Tamazula, Durango. La dependencia afirmó que para el desarrollo de las operaciones navales, los integrantes de la institución son capacitados constantemente, con el fin de distinguir entre lo que es una legítima defensa, de un abuso de fuerza. La Semar abundó que hasta el momento no ha recibido notificación oficial en relación a denuncias de violación a los derechos humanos de la población señalada, pero en caso de recibirse será atendida a la brevedad y conforme a lo que marca la ley. En un comunicado añadió que el personal de la Marina Armada de México permanecerá en la sierra de Durango y Sinaloa, realizando operaciones para restablecer el orden y seguridad en ese lugar.
La Secretaría de Marina negó la violación de derechos humanos hacia pobladores de Durango que se han desplazado hacia Cosalá, donde ya suman 600 personas refugiadas que denuncian malos tratos y abuso de autoridad. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Jojutla, Mor. No habrá resistencia “que nos impida hacer realidad la reforma educativa” aseguró el presidente Enrique Peña Nieto y estableció que aplicarla no es sólo una obligación legal sino un imperativo moral. Reunido con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el mandatario reiteró la importancia de decir “una y otra vez a los maestros, ante las tergiversaciones y distorsiones que se han querido hacer de la reforma” que ésta no está diseñada para sancionar ni castigar a nadie. La reforma educativa, insistió, está diseñada para capacitar e impulsar a los maestros, para que puedan ganar más a partir de sus propios méritos, y poder destacarse dentro del gremio magisterial con mejor formación y preparación, y posibilidades de crecimiento dentro del escalafón. Anunció entonces que la evaluación docente de noviembre les brindará importantes beneficios a los profesores pues nadie perderá su empleo por el resultado de la misma. Aquellos –dijo Peña- que no alcancen el nivel mínimo, recibirán tutorías y formación continua para estar en condiciones de evaluarse nuevamente; los de nivel mínimo de suficiencia tendrán garantizada su permanencia por cuatro años y se les dotará de herramientas para su mejoramiento profesional. Asimismo, los que califiquen con un nivel bueno recibirán una promoción en incremento de horas en la plaza que ocupan y quienes alcancen un desempeño destacado recibirán un aumento en su sueldo que podrá ser hasta 35 por ciento adicional. Para los maestro de educación media superior -añadió- que logren calificación de excelencia serán promovidos en su función, obtendrán un cambio de categoría en la misma labor y con nueva plaza. Además, para quienes impartan clases en zonas rurales de alta pobreza y saquen calificación buena o superior en la evaluación, recibirán un aumento salarial de hasta 40 por ciento. Peña Nieto reiteró que los protagonistas de la reforma educativa son los maestros de México y por ello hizo un amplio reconocimiento a aquellos que han hecho suya esta reforma, que la han asimilado y se preparan todos los días parta impartir la enseñanza que demandan los niños y jóvenes de México. Respecto a los certificados de infraestructura educativa, cuyos convenios fueron firmados hoy por los mandatarios locales, el jefe del Ejecutivo reconoció que hoy miles de escuelas no tienen las instalaciones suficientes y adecuadas para cumplir su función. Citó el correspondiente censo del Inegi según el cual, por ejemplo el 11 por ciento de las escuelas públicas del país no tienen baño y en Chiapas, Guerrero y Oaxaca dicho porcentaje puede ser hasta del 30 por ciento. Esto debe cambiar, dijo Peña, porque todos los estudiantes merecen espacios dignos y decorosos. Se trata de hacer la mayor renovación en estructura educativa en las últimas décadas para que todas dispongan aulas con agua, luz y baños adecuados así como muros y pisos firmes. Los certificados de infraestructura que se conocerán como “Cien” serán un instrumento financiero que permitirá en tres años obtener 50 mil millones de pesos adicionales y de ese modo beneficiar a 5.6 millones de alumnos de escuelas públicas y de los cuales 1.9 millones habitan en zonas indígenas.
Se prevé, indicó, apoyar a 30 mil planteles de más de dos mil municipios. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: ROSA ELVIRA VARGAS.
México, DF. La generación de empleos en la industria manufacturera que opera en México se estancó en agosto respecto a julio de este año, según datos preliminares dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El universo de personal obrero que labora en este subsector fue el mismo en agosto que en el mes anterior, precisó el organismo con cifras corregidas de distorsiones estacionales; en tanto que el de los empleados administrativos tuvo una expansión mensual de 0.2 por ciento. El estancamiento de agosto en la generación de empleos en las plantas fabriles del país, se observó después de que en junio y julio se expandía a tasas mensuales de 0.6 y 0.2 por ciento respectivamente. Por lo que respecta al comparativo respecto al mismo mes del año pasado, con cifras originales, el personal ocupado en las manufacturas reportó en agosto un aumento anual de 2.9 por ciento, con una expansión de 3 en el universo obrero y de 2.1 por ciento en el de los empleados. De las 21 ramas fabricantes de productos manufacturados hubo 5 que reportaron disminuciones anuales en su planta de personal: la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón se redujo en 6.8 por ciento; en la industria química, la contracción fue de 3.3 por ciento; en la fabricación de prendas de vestir fue de 1.5 y en la talabartería cayó 0.2 por ciento. Por su parte, entre las ramas de mayor aumento anual de empleos figuraron: la fabricante de muebles, colchones y persianas, 6.7 por ciento: la automotriz, 6.6 por ciento; la fabricación de equipo de computación, 4.5; la industria del plástico y hule con 4.2 por ciento más personal que en agosto del año pasado y la procesadora de textiles, excepto prendas de vestir, con un crecimiento laboral de 4.3 por ciento. En cuanto al número de horas trabajadas en agosto, respecto alas laboradas en el mismo mes de 2014, se registró un incremento de 2.1 por ciento, como promedio de una elevación anual de 2.1 por ciento en el tiempo de trabajo obrero y de 1.8 en el de los empleados administrativos.
Mientras las remuneraciones reales con las que se pagó a los trabajadores de las empresas de manufacturas en agosto de 2015 fueron las mismas que en agosto de 2014; es decir, indicó el Inegi, tuvieron un incremento de 0.0 por ciento. Esto, como resultado de una disminución anual de 0.5 por ciento en el caso de los obreros y un aumento de 1.4 por ciento para los empleados. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: JUAN ANTONIO ZUÑIGA.
