El abogado José Alberto de la Cruz informó que esta semana interpondrá una queja ante el Consejo de la Judicatura contra Víctor Octavio Luna, Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, por estar alargando el proceso.
Las familias de los 11 policías federales encargados de monitorear las celdas del Altiplano saben bien que Joaquín el Chapo Guzmán lleva 100 días fuera de la cárcel porque desde el 11 de julio de 2014 los papeles cambiaron. Mientras el narcotraficantes está libre, los policías están presos y, según su defensa, enfrentan un proceso con prácticas dilatorias. El abogado José Alberto de la Cruz informó que esta semana interpondrá una queja ante el Consejo de la Judicatura contra Víctor Octavio Luna, Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México por estar alargando el proceso. De acuerdo con De la Cruz, el juez debía remitir el recurso de apelación al Tribunal de Alzada en cinco días; sin embargo ya lleva 20,porque el expediente es extenso y “dice que están sacando copias”. El juez también pidió que los 11 policías representados ratifiquen la continuidad de De la Cruz como abogado defensor porque “puede haber conflicto de intereses, pues unos a otros se pueden inculpar”, lo cual no es cierto, afirma el abogado a Animal Político. El proceso también se está alargando porque mientras la defensa pide la declaración de testigos, estos no son localizados o resulta que están de comisión. “Este tipo de prácticas se deben de solventar, se tienen que agilizar porque las personas están presas”, advierte la defensa. En tanto, por primera vez desde la aprehensión de los federales, sus esposas, hermanas y cuñadas fueron recibidas por el Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo, el viernes 16 de octubre durante dos horas. Edith Mujica, cuñada de Jaime Galindo le preguntó: “¿Cree que hayan sido sus empleados, después de todos los controles de confianza que le aplican?”. El funcionario federal respondió que confía en ellos y espera que salgan bien librados, en beneficio de la institución, cuenta la familiar a Animal Político. En dos horas, las familias expusieron su mayor preocupación: que los 11 policías estén seguros en el penal de máxima seguridad de Nayarit, al que fueron trasladados el miércoles 14 de octubre luego de permanecer en el Altiplano por poco más de un mes. Según les explicaron, el cambio fue para preservar su seguridad porque serían al área de “población”, es decir, con el resto de reos del Altiplano y eso los ponía en riesgo de ser víctimas de alguna agresión por parte de los delincuentes a los que meses antes, ellos vigilaban. De acuerdo con familiares que asistieron a la reunión, el comisionado Galindo, el titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Eduardo Guerrero, y el Jefe de la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, Alejandro Chanes, aseguraron que la integridad de los 11 está garantizada. Galindo se comprometió a respetar el proceso que enfrentan los policías federales y a tomar “decisiones” una vez que se determine su responsabilidad en la fuga del narcotraficante más buscado de México. “Queremos creer, queremos creer que son honestos”, dice Edith Mujica, porque ellos deben estar seguros de que sus empleados son inocentes. “Cada año les hacían exámenes de confianza, de antidoping, de todo, ¿cómo no van a saber que ellos no fueron?, dice la cuñada de Jaime Galindo, de 46 años. “No tenemos lujos. Jaime vivía sólo de su trabajo”, asegura Alma, otra cuñada del monitorista quien salía de su casa en Pantitlán hacia el Altiplano a las 6 de la mañana todos los días. “Mis suegros son diabéticos y están desechos por lo que está pasando. Jaime siempre fue responsable en su trabajo, nunca tuvo un problema, ningún reporte. Tiene un historial limpio”, agrega Alma. El monitorista Jaime Galindo tenía 18 años en la Policía Federal. Había trabajado en los penales de Matamoros, Guadalajara, Tapachula y en los últimos ocho meses en el Altiplano de Toluca. “Si estuviéramos conscientes de que es mala persona, de que es cumpable mejor nos quedaríamos callados, pero él no fue cómplice. Esto es una injusticia”, afirma. La noche del 11 de julio, Jaime vigilaba a través del monitor a Servando Gómez la Tuta. Se había sentido mal y por eso pidió que lo llevaran a la enfermería. En cuanto otro de sus compañeros perdió de vista al Chapo no podían creerlo. Para cuando el jefe de monitoristas dio la orden a tres de los federales a ir a la celda y luego cuando la encontraron vacía, sabían que nada bueno podía pasar. Jaime “sintió que se partía en dos”, cuenta Alma. Todo el equipo de monitoristas y el jefe fueron trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) donde declararon. Ahí los mantuvieron por cinco días. Jaime regresó a trabajar en las oficinas de la Policía Federal en avenida Constituyentes, después lo trasladaron al penal de Oaxaca y ahí lo reaprendieron en septiembre. Con Luis Alberto Aguilar, de 42 años, otro monitorista, ocurrió lo mismo, pero a él lo detuvieron en su casa, muy cerca de Constituyentes, “sin orden de aprehensión”, dice su esposa Janet Castañeda. Luis Alberto tiene ocho años de antigüedad en la Policía Federal y desde hacía dos años fue trasladado al Altiplano. Dejó a su familia en Tapachula, de donde son originarios. “Sacrificó todo por un trabajo digno y no es justo lo que le están haciendo”, dice la mujer que lleva dos meses en la Ciudad de México. “Ganaba 14 mil pesos mensuales y sólo se dedicaba a su trabajo. Uno conoce a su esposo, si fuera culpable, no andaría aquí perdiendo el tiempo”, afirma Janet, que junto con su cuñada asistieron a la reunión con los funcionarios federales. Los video difundidos en televisión donde se escucha el ruido de los taladros en la celda del Chapo minutos antes de su fuga y donde se observa que los monitoristas no lo reportan no es prueba de que sean culpables, coinciden las familias porque ellos no tenían audio en los monitores.
Los 11 monitoristas pueden hablar dos veces al mes con sus familiares. Apenas esta semana les permitieron que las llamadas duraran más de cinco minutos y, según dijeron a sus familiares, están tranquilos. En Nayarit les permiten al menos salir al patio y ver el sol. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
Aunque la Línea 12 del Metro aún no está reabierta, se planea ampliarla con tres estaciones, es decir, 4.5 kilómetros subterráneos.
Cinco estaciones de la Línea 12 del Metro se abrirán al terminar este mes si son certificadas como seguras para los usuarios, dijo el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien afirmó que aunque “vestiría más” abrir las 11 estaciones en la fecha señalada, no se hará una “acumulación política”.
A finales de octubre serían reabiertas las estaciones Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas estrella, Calle 11 y Periférico Oriente.
En conferencia de prensa, Mancera dijo que solicitarán 171 millones de pesos para el presupuesto de 2016, año en que se prevé la sustitución de microbuses, la ampliación de los camiones del Sistema M1 (antes RTP) y de líneas de Metrobús, así como tres estaciones más de la Línea 12. El mandatario capitalino explicó que en el caso de la ampliación de esa línea de Metro, se trabajará en 4.5 kilómetros subterráneos para las tres nuevas estaciones que concluirían en Observatorio. El pasado 6 de septiembre, la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal (Sobse) informó que la fase de pruebas dinámicas para comprobar la correcta interacción de los trenes y las vías del viaducto elevado de la Línea 12 del Metro concluyó de manera satisfactoria. Estas pruebas permitirán confirmar que cada uno de los trabajos de reparación es adecuado. Sobse dio a conocer que los resultados de estas pruebas serían dados a conocer en octubre, después de analizar todos los datos duros arrojados durante las tres jornadas de exámenes. En marzo de 2014, el Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció que la Línea 12 suspendería servicios en 12 de sus estaciones por “problemas de construcción” durante por lo menos seis meses o hasta que se “realicen los estudios, correcciones y mantenimiento necesarios para resguardar la seguridad de los usuarios”. Desde el martes 11 de marzo por la noche se cerraron las estaciones del tramo Tláhuac-Culhuacán y sólo quedaron funcionales las estaciones que van de Atlalilco a Mixcoac.
La conocida como “Línea dorada” se inauguró el 30 de octubre de 2012. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
MÉXICO, D.F: El recorte de 221 mil millones de pesos en el presupuesto “base cero” para 2016 no elimina la discrecionalidad con la que el Ejecutivo federal maneja el “presupuesto paralelo” de miles de millones de pesos de procedencia desconocida, denunció hoy Edna Jaime, directora de la organización México Evalúa. En un acto conjunto llevado a cabo por representantes de organizaciones que integran Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Jaime recordó que en el país los diputados no ejercen su función de contrapeso para controlar el presupuesto, y precisó a Apro que lo anterior se explica por “asimetrías técnicas y porque muchos están comprados”. “El ejercicio del gasto tiene vicios”, lamentó Jaime, al subrayar que en promedio el Ejecutivo federal suele gastar de manera opaca un presupuesto superior en 8.3% al que aprobaron los diputados a inicios del año, gracias a los “ingresos excedentes” recaudados por aprovechamientos. De acuerdo con la directora de México Evalúa, se desconoce el origen de 70% de los ingresos por aprovechamientos –que se elevaron a 228 mil millones de pesos en 2013–, así como de poco menos de la mitad de los ingresos de origen no tributario ni petrolero –88 mil 482 millones de pesos el año pasado–, ya que las autoridades hacendarias registran su procedencia como “otros” y los subestiman de manera sistemática. Gracias a este “presupuesto extra”, el Ejecutivo incrementa ciertos gastos en partidas poco transparentes, como es el caso del Ramo 23, al que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala cada año, explicó Jaime. Por ejemplo, en 2013 México Evalúa documentó que los diputados dotaron con 3 mil millones de pesos al fondo regional del Ramo 23, el cual no contaba con programas definidos ni evaluaciones. A finales de ese año, el fondo había gastado 33 mil millones, once veces la cantidad atribuida meses antes. “La partida secreta que usaba a su discreción el presidente hace años estaba en el Ramo 23, y ahí sigue, es como una carretera para dar vuelta a mucha regulación, pero abre la puerta a todo”, lamentó para luego considerar que los legisladores deberían exigir un mayor control sobre el “presupuesto paralelo”. La directora de la organización insistió en que no basta con gastar una mayor cantidad de dinero para reducir la desigualdad, sino también ejercerla de mejor manera, pues recordó que a pesar del incremento de 35% en el gasto social entre 2011 y 2014, el número de pobres se incrementó dos millones en los primeros dos años de la presente administración. De acuerdo con Mauricio Merino, investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y presidente de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), tres razones explican por qué en su forma actual el gasto público no reduce la pobreza y la desigualdad. Primero, sostuvo, el presupuesto público no cuenta con mandatos claros, pues es producto de “negociaciones políticas, la inercia burocrática y de ciertos intereses”, en lugar de estar enfocado en problemas concretos que resolver. Por lo anterior, 94% del gasto programable no cuenta con objetivos que cumplir, matrices de indicadores o población definida. Además, el gobierno no lleva a cabo evaluaciones precisas para redirigir los programas y mejorar sus políticas públicas, planteó. De acuerdo con el académico, 70% del gasto programable no llega a sus objetivos, y pese a ello “año con año lo van votando”. Y cuando existen evaluaciones y datos confiables, concluyó Merino, se observa que los programas excluyen de manera inexplicable a grandes grupos vulnerables –como a la población indígena–, aun cuando integran los padrones únicos de beneficiarios. “Sin duda la equidad no es la prioridad del Estado”, sentenció. José Woldenberg, académico y expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), recordó que en México el sistema fiscal incumple con su función de redistribuir las riquezas y reducir las desigualdades, ya que recauda la mayor parte de los ingresos entre todos los mexicanos a través de impuestos no progresivos, como el IVA. En cambio, protege a las grandes fortunas, ya sea mediante una reducida recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) o en el nulo impuesto a los detentores de propiedades y capital. En consecuencia, después de la redistribución del dinero recaudado por el sistema fiscal –a través de los programas, entre otros–, sólo se reduce la desigualdad en 2% contra el 20% en Alemania. Woldenberg aseveró que “es necesario reducir los espacios de uso político de los programas”, pero advirtió que esto “será difícil”, pues “existen intereses duros y maduros” opuestos a la recaudación de las “grandes fortunas heredadas”. Por su parte, el economista Enrique Provencio estimó que la decisión de destinar 70% los remanentes de operación del Banco de México al pago de la deuda –que aprobó hoy el Senado, a solicitud del Ejecutivo– es “cuestionable”, pues se podrían aprovechar las tasas de intereses bajas para invertir en proyectos productivos. Provencio señaló que la inversión pública –alrededor de 3.5% del PIB– se encuentra en su nivel más bajo desde la década de los cuarenta, y exhortó a “no alimentar el círculo vicioso de recorte presupuestario y mal uso del gasto”. El líder sindical Francisco Hernández Juárez añadió dos factores que merman el combate a la pobreza en México: el bajo costo de la mano de obra –vista como un incentivo para atraer inversiones– y la opacidad en los contratos colectivos, la cual fomenta el surgimiento de una “mafia sindical”. Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), sostuvo que la implementación de las nuevas reglas de flexibilidad laboral debilitaron a los sindicatos y a los trabajadores más frágiles, lo que hace posible que el salario mínimo en México sea el más bajo entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
“Con este salario, la economía formal produce pobres extremos todos los días”, resaltó para luego recordar que 7 millones de mexicanos reciben un salario mínimo a cambio de su trabajo –3 millones de ellos en el sector formal–, por lo que sentenció: “Es un país que no llega a la quincena”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
WASHINGTON: Por violaciones a los derechos que van desde tortura hasta ejecuciones extrajudiciales y, en especial, por el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) someterá a juicio al gobierno de Enrique Peña Nieto. Este martes 20, en la sede de la CIDH y en el marco de su 156 periodo de sesiones en Washington DC, el gobierno de Peña Nieto tendrá que responder a varias acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. En coincidencia a las cuatro audiencias que realizará la CIDH sobre México, el gobierno de Barack Obama decidió recortarle 15% de los 148 millones de dólares que destinó este año para apoyar a Peña Nieto en la lucha contra el narcotráfico, tras considerar que las fuerzas armadas cometen serias violaciones de derechos humanos. El caso de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero, es de tal importancia y atención de la CIDH que determinó por su propia prerrogativa hacer una audiencia “de oficio” sobre el caso. En la sesión se presentará el reporte sobre la desaparición de los 43 estudiantes llevado a cabo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos resultados de la investigación del caso Iguala contrastan totalmente con la pesquisa llevada a cabo por el gobierno mexicano. En esta audiencia de oficio el GIEI tendrá la oportunidad de cotejar y cuestionar al gobierno de Peña Nieto respecto de sus conclusiones de la “verdad histórica”, y de lo que asegura ocurrió con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Además de la participación del GIEI y de la CIDH, en la audiencia de oficio también estarán padres de algunos de los jóvenes desaparecidos y varios grupos defensores de los derechos humanos, por lo que se adelanta que el gobierno de Peña Nieto será ampliamente sometido a varias interrogantes a las que tendrá que responder. La jornada de audiencias sobre México en la CIDH se inicia por la mañana de este martes con el caso Manuel Santiz Culebra y el de la masacre de Acteal, Chiapas. En la segunda audiencia, la CIDH y grupos defensores de derechos humanos analizarán judicialmente el tema “derechos humanos y políticas de drogas en México”. En esta sesión se espera que se aborde en detalle el papel del Ejército y la Marina de México en el combate al narcotráfico y al crimen organizado, tareas en las que se les acusa de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos. La tercera audiencia será la de oficio sobre Ayotzinapa, y por la tarde la última, también de suma importancia para la CIDH, ya que se trata de “denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales”. Para la última audiencia se adelanta que nuevamente la CIDH cuestionará al gobierno de Peña Nieto sobre el caso Ayotzinapa, en torno a la masacre de Tlatlaya, Tanhuato y varias más acusaciones que se han presentado ante el órgano jurídico interamericano. Como no ocurría desde hace varios años, y esto como resultado de la lucha militarizada contra el narcotráfico que inició el expresidente Felipe Calderón, y a la que le dio continuidad Peña Nieto, a México se le considera uno de los países latinoamericanos en el que más se cometen violaciones a derechos humanos.
El Ejército, la Marina y todas las agencias policiales mexicanos han sido denunciados ante la CIDH por cometer todo tipo de violaciones a los derechos, acusaciones que además no han sido investigadas a fondo por parte del gobierno mexicano. FUENTE: PROCESO. AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
MÉXICO, D.F: Cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán se fugó del penal de alta seguridad del Altiplano, el sábado 11 de julio, Manuel Clouthier no tenía duda de donde se escondía: En Sinaloa. “Es su terruño –me dijo Clouthier vía telefónica desde Culiacán–. Los animales son territoriales y la parte más animal del ser humano también es territorial. ¡No hay que andarlo buscando en Afganistán, caray!” En efecto, tal como lo dijo el primer diputado federal independiente de la historia, “El Chapo” Guzmán se fue a Sinaloa, y allá, hace unos días, se le volvió a escapar al gobierno de Enrique Peña Nieto, colocado otra vez como hazmerreír del mundo. Desde agosto Abel Barajas, colega de Reforma, informó que “El Chapo” huyó a Sinaloa: Tras salir por un túnel del penal de Almoloya de Juárez, se trasladó por carretera hasta la comunidad de Senegal de Palomas, en San Juan del Río, Querétaro –una distancia de 116 kilómetros–, para de ahí tomar un avión hasta el puerto de Mazatlán y luego internarse en la sierra.
Hay quien dice que este nuevo episodio del famoso criminal es en realidad un montaje para desviar la atención de la difusión del video de la fuga del Altiplano, el miércoles 14, que ya incluye sonido y que derrumba, como en el caso de Ayotzinapa, la otra “verdad histórica” de la autoridad. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
"La casa es mía y de mi familia, y seguirá siendo mía", dijo el secretario sobre el inmueble en Malinalco, que adquirió a través de Grupo Higa, aunque dudó cuando se le preguntó si la volvería a comprar.
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aseveró que gracias a las reformas estructurales que concretó el gobierno de Enrique Peña Nieto, “ya hay signos alentadores para la población”. En entrevista para El País, aseguró que ”el precio de la electricidad ha descendido, la oferta del crédito ha aumentado, y se ha reducido el coste de la telefonía e internet. Aunque aún estemos lejos de los efectos plenos…”. Además, dijo, ”México tiene la inflación más baja de su historia y, gracias a ello, ha repuntado el consumo”. No obstante, reconoció un “contexto internacional adverso”, por la baja en los precios del petróleo. “El entorno externo no depende de nosotros, pero sí cómo respondemos a ese desafío. Y eso tiene que ver con la agenda de reformas”, atajó. Y remató: “Más allá de las coyunturas, México va en la dirección correcta”. ¿Volvería a comprar su casa en Malinalco? -Su adquisición de una casa en Malinalco a un contratista del Gobierno (Grupo Higa) le ha erosionado políticamente. ¿Volvería a comprarla?-, le preguntaron dos periodistas de al secretario de Hacienda. “No lo sé (si la compraría de nuevo). El hubiera no existe. La casa es mía y de mi familia, y seguirá siendo mía”, asentó. “Ha sido un episodio complejo en lo personal, que ha afectado sobre todo a mi familia. Sobre el futuro político, eso lo dejo a los analistas y comentaristas”, abundó. El 11 de diciembre de 2014, el Wall Street Journal publicó una nota sobre la compraventa de dicho inmueble, en términos inusuales, a la empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista del gobierno de Enrique Peña Nieto, primero en el Estado de México, y ahora del federal. Los reporteros también le preguntaron hasta qué punto han afectado a la economía casos como Ayotzinapa, la fuga de El Chapo o la Casa Blanca. A lo que Videgaray respondió: “Un buen ánimo social conduce a un mejor entorno económico. No son esferas separadas. En México ha habido desánimo, frustración y enojo ante esos casos. Pero la mejor respuesta desde la política económica es insistir en aquello que genera resultados perceptibles para la gente. La confianza se gana con hechos”.
Los periodistas insistieron en el tema de la falta de confianza en el gobierno, por lo que el funcionario consideró que ésta “no se construye con discursos ni con anuncios espectaculares. Es un proceso que se gana poco a poco y con consistencia. No hay un sustituto narrativo para los resultados en materia económica, sobre todo para aquellos que se notan en el bolsillo de las familias”. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
El próximo apagón analógico se llevará a cabo el 29 de octubre.
A la fecha se han apagado 57 señales analógicas en siete entidades del país. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) constataron que el reciente apagón analógico se llevó a cabo en forma ordenada y sin contratiempos en Monterrey y su zona metropolitana, como ha sucedido en otras ciudades del país. Las entregas de televisores hechas por la SCT permitieron alcanzar un nivel de penetración de 97 por ciento de hogares de escasos recursos definidos por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por lo que el Ifetel pudo determinar que el apagón analógico se llevara a cabo el 24 de septiembre en Monterrey y su zona metropolitana. De acuerdo con el Módulo de Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del INEGI, en 2014 el 33 por ciento de los hogares (436 mil) de Nuevo León dependía de la televisión analógica; en contraste con 10.3 que se observó en octubre de 2015. Este dato resalta la importancia del proceso de apagón analógico y su difusión en el incremento de la penetración, como sucede en otras partes del mundo. Así, el proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) continúa y el próximo apagón analógico se llevará a cabo el 29 de octubre e implicará el cese de transmisiones analógicas de seis señales en Cuernavaca, Morelos; siete en Torreón, Coahuila y Gómez Palacio, Durango, y una en San Luis Río Colorado, Sonora. Asimismo, la SCT se encuentra integrando la información relativa a la penetración de televisores digitales en diversas áreas de cobertura en el Valle de México, entre otras, para ser notificada en breve al Ifetel. Con el cese de estas transmisiones analógicas se alcanzará 75 por ciento de la población que se beneficiaría de recibir exclusivamente señales digitales. Por lo que hace al programa de entrega de televisores del gobierno federal, la SCT cumple con el mandato legal de entregar equipos digitales al menos a 90 por ciento de los hogares de escasos recursos definidos por la Sedesol. La dependencia ha establecido el listado de beneficiarios con base en los padrones de 12 programas de desarrollo social. En consecuencia, la SCT ha atendido puntualmente a los hogares de escasos recursos que ha definido la Secretaría. A nivel nacional, la SCT ha entregado 6.2 millones de televisores digitales a igual número de hogares de escasos recursos y en este año se concluirá la entrega beneficiando a 9.4 millones de hogares, casi un tercio de los hogares del país. Cabe recordar que la transición a la TDT no es un proceso reciente, 30 de 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya la han concluido y normalmente los hogares enfrentan los cambios tecnológicos con sus propios recursos. Así, México echo a andar una política social sin precedentes en el mundo, que posiciona al país a la vanguardia en términos de inclusión social de la población de escasos recursos, ya que en otras naciones no ha habido apoyos de esta magnitud ante este cambio tecnológico. Además, con el objetivo de dar seguimiento a todo el proceso de transición digital, se llevó a cabo una encuesta del 1 al 7 de octubre por parte de la empresa Planning Quant, que revela que 56.2 por ciento de los hogares tiene televisión de paga. Señala que 89.4 por ciento de la población tuvo conocimiento del apagón analógico, siendo la televisión el principal medio por el que se informaron. Una semana después del apagón únicamente 10.3 por ciento de los hogares no contaba con la posibilidad de recibir señales digitales, esto es, 472 mil 635 personas que representan 120 mil 795 hogares. De acuerdo con la encuesta, 63 por ciento de los hogares tiene cuando menos un televisor digital en sus hogares, mientras que 3.4 por ciento de los hogares que sólo tienen televisores analógicos, los tienen conectados a un decodificador.
En ese sentido, el Ifetel y la SCT continuarán informando periódicamente sobre los avances en la Transición en la Televisión Digital Terrestre y ratifican su compromiso con el mandato establecido en la Constitución, de concluir este proceso el 31 de diciembre de 2015. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
MORELIA, Mich: En coordinación con el gobierno estatal, el Ejército tomó bajo “resguardo” seis municipios de Michoacán para revertir “rebrotes” de inseguridad pública, revelaron fuentes oficiales. Los primeros territorios que se encuentran en custodia de la milicia son: Morelia, Uruapan, Zitácuaro, Sahuayo, Huetamo y La Piedad, donde en meses recientes se han producido reiterados eventos delictivos del fuero común y federal. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desarmó a elementos policiacos del municipio de Tuzantla, donde el gobernador Silvano Aureoles Conejo echó a andar el pasado 5 de octubre el Mando Unificado. Mientras se materializa la estrategia, los militares desempeñarán las funciones de policía municipal, encargándose de la seguridad de la localidad. Habitantes se mostraron sorprendidos las primeras horas de este domingo cuando personal militar desarmó a una treintena de elementos de la policía municipal a quienes las autoridades locales les solicitaron su renuncia. Desde el inicio del gobierno actual, alrededor de mil efectivos castrenses han sido desplegados en la geografía estatal, y en los próximos días “llegarán otros centenares para garantizar la paz y seguridad de las familias michoacanas”, explicaron los funcionarios consultados. A Morelia llegaron 120 militares y a Uruapan 80, en tanto que los 800 restantes se distribuyeron en Zitácuaro, Huetamo, Sahuayo y La Piedad. Además de militares también arribarán elementos de la Policía Federal. Según Aureoles Conejo, entre cuatro y cinco mil elementos de las fuerzas federales arribarán a Michoacán para hacerse cargo de la seguridad del estado y para blindar las fronteras con otras entidades, por donde intentan ingresar grupos delincuenciales.
“Están llegando ya los elementos de refuerzo, hoy (el domingo pasado) llegó un primer grupo de la Policía Federal incluyendo algún equipo aéreo y van a seguir llegando en los siguientes días”, recalcó Aureoles como lo adelantó en su toma de protesta. FUENTE: PROCESO. AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
MÉXICO, D.F: La contienda por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) se redujo a dos candidatos, pues este lunes el magistrado Eduardo Alfonso Guerrero Martínez declinó su participación y dejó en la recta final a Rafael Guerra Álvarez y al actual presidente Edgar Elías Azar. En la sesión del pleno de magistrados de este martes, los aspirantes a presidir el máximo órgano de justicia de la ciudad presentaron sus proyectos de trabajo en intervenciones de hasta 30 minutos, informó el Tribunal en un comunicado. Durante el encuentro privado –que duró unas tres horas–, los magistrados cuestionaron a los candidatos sobre la manera en que llevarán a cabo sus propuestas en caso de ser electos para presidir el órgano en los próximos tres años. Al final de su intervención, el magistrado Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, integrante de la Primera Sala Penal, informó a sus colegas que no participará en la elección del próximo 4 de noviembre. Se trata del aspirante que más había manifestado de manera pública su inconformidad por la intención de Elías Azar de mantenerse en el puesto, tras dos periodos de cuatro años, y ante la polémica legal de que ésta pudiera ser una segunda reelección del funcionario. Luego del decline de Guerrero Martínez, el único contendiente de Elías Azar es Rafael Guerra Álvarez, magistrado de la Séptima Sala Penal. Entre los casos que ha tenido en sus manos están: el secuestro y desaparición de los jóvenes de la discoteca News Divine.
La votación para el presidente del TSJDF será el próximo 4 de noviembre, en sesión pública del pleno de magistrados, mediante voto secreto de sus integrantes. FUENTE: PROCESO. AUTOR: SARA PANTOJA.
Xalapa, Ver: El gobernador priista Javier Duarte de Ochoa anunció esta mañana el despido de dos mil 173 “aviadores” de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), quienes –dijo– “causaban un agravio” a las finanzas públicas del estado por 815 millones 300 mil pesos al año. En rueda de prensa matutina, a un año y 15 días de que concluya su polémico sexenio, el mandatario estatal omitió señalar si habrá sanciones contra los extitulares de la SEV, Flavino Ríos (hoy secretario de Gobierno) y Adolfo Mota (diputado federal), o contra la actual secretaria, Xóchitl Osorio, por haber sido permisivos en la contratación de aviadores. Duarte anunció esos ceses como parte del proceso de implementación de la reforma educativa en Veracruz, y también presentó un “decálogo” para mejorar la educación en la entidad. Entre las aristas más destacadas está la eliminación del exceso de plazas y la inversión de 3 mil 560 millones de pesos en infraestructura escolar. En un comunicado, el gobierno estatal dio a conocer que entre las medidas para poner en marcha la reforma educativa destaca “el despido de 2 mil 173 personas que ostentan plazas de la Secretaría de Educación (SEV) sin desempeñar en forma efectiva su jornada de trabajo –conocidos comúnmente como ‘aviadores’–, quienes causan un agravio a las finanzas públicas de 815.3 millones de pesos anuales”. De acuerdo con el texto, el gobernador anunció “su cese inmediato y la cancelación definitiva de estas plazas”. Minutos antes, en conferencia de prensa, el priista anunció que de los 3 mil millones de pesos que se ocuparán para mejorar la infraestructura educativa, destacan las “escuelas de excelencia”, donde habrá nuevas construcciones, o el mejoramiento y ampliación de las instalaciones que ya existen. “(El) gobierno tomará medidas que “debieron haberse tomado hace décadas”, puntualizó Duarte. Entre los puntos del decálogo dado a conocer hoy también resalta la distribución de la plantilla de personal de la SEV, porque según el gobierno hay un excedente de mil 585 plazas estatales que no son necesarias, por lo que se implementará un programa de jubilación anticipada a los trabajadores que tengan entre 25 y 29 años de servicio. Dentro del Plan de Contención del Gasto del Sector Educativo, Duarte también señaló que se acabará con la dualidad en la nómina, es decir que aquellos servidores públicos con plaza en la SEV y que ocupen cargos de elección popular o laboren en otra área de gobierno, no podrán cobrar en ambas dependencias. “Además se intensificará la verificación de las estructuras ocupacionales establecidas para los planteles educativos y centros de trabajo del sector, teniendo como elemento central de análisis la relación del número de alumnos por maestro”, concluyó el priista. En la SEV era “vox populi” que los empleados en nómina que cobraban sin trabajar fueron contratados por recomendación de Duarte. Se trataba de periodistas afines al gobierno, esposas y concubinas de políticos de oposición (PRD y PAN) y militantes de partidos políticos cooptados por el propio gobernador.
En 2014 el entonces secretario de Educación de Veracruz, Adolfo Mota, armó una estructura paralela dentro de la dependencia para crear un “equipo alterno de campaña” que trabajara en el distrito de Xalapa rural, donde este año fue ungido como diputado federal. Todos los empleados de Mota devengaban salario en la SEV. FUENTE: PROCESO. AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
Pactos de no agresión, la protección constitucional y la debilidad institucional impiden que gobernadores corruptos vayan a juicio durante sus mandatos.
Cuando era candidato a la Presidencia de la República, Vicente Fox Quesada, decía un día sí y el otro también que si llegaba a Los Pinos, sacaría de ahí a todas las “tepocatas, alimañas y víboras prietas”. Esa era su particular forma de decir que se encargaría de acabar con la corrupción de los gobiernos priistas. También tenía una frase para referirse a los políticos que se habían enriquecido de manera ilícita, los llamaba “peces gordos”. Fox llegó a Los Pinos y su sexenio se caracterizó por incumplir su promesa de llevar ante la justicia a las “tepocatas”. “Vicente Fox prometió que los peces gordos estarían en la cárcel y al final ni a charales llegamos”, recordó Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa. Prácticamente Fox inauguró una nueva forma de comunicarse con el elector al incluir el discurso anticorrupción en los mensajes de las campañas electorales. De Vicente Fox a Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, Gobernador de Nuevo León, cada día es más socorrido que un candidato a cualquier puesto de elección popular utilice alguna consigna para advertir que castigará a los políticos corruptos de administraciones pasadas, generalmente, de partidos políticos distintos al suyo. En su mensaje ante el Congreso luego de rendir protesta como el primer Gobernador independiente de Nuevo León, “El Bronco” arremetió contra su predecesor Rodrigo Medina de la Cruz: “Hoy les digo claro y fuerte: se les acabó la fiesta a los bandidos. Que ni se hagan ilusiones los manos largas: a partir de hoy, se acabaron los moches y las transas”.
Medina de la Cruz dejó un gobierno pintado por la corrupción y distintas acusaciones por enriquecimiento ilícito, en el que habría participado su padre Humberto Medina, dueño de por lo menos siete predios en el municipio de San Pedro Garza García con valor de 300 millones de pesos.
“El discurso de la transparencia, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción son muy redituables porque hacen contacto con lo que indigna a la sociedad, entonces resulta un discurso muy redituable para que lo usen como argumentos electorales, pero de allí a llevarlo a la realidad hay un tramo muy largo”, consideró Óscar Arredondo Pico, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Información.
Políticos de todos los niveles de gobierno, de todos los colores partidistas, de todas las ideologías partidistas, han utilizado en su discurso alguna alusión para castigar la corrupción y el enriquecimiento ilícito del pasado. Sin embargo, en la inmensa mayoría de los casos ha reinado la impunidad, lo cual ha generado un sentimiento de indignación entre la ciudadanía y finalmente de frustración porque existen hombres intocables para la justicia mexicana. Los ex Gobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrigton Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores han sido señalados por su presunta colusión con el crimen organizado, principalmente con el grupo delictivo “Los Zetas”, y por sumir a su entidad en un clima de violencia e inseguridad. El ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, ha sido acusado de dejar a los coahuilenses una deuda cercana a los 34 mil millones de pesos, sin rendir cuentas sobre el uso y destino de esos recursos. Fausto Vallejo Figueroa, ex Gobernador de Michoacán, tuvo un polémico sexenio en donde sus colaboradores políticos cercanos, e inclusive su hijo Rodrigo Vallejo Mora, estuvieron acusados de colusión con el crimen organizado y de brindar protección a Servando Gómez Martínez “La Tuta”, líder de la “Familia Michoacana” y posteriormente de “Los Caballeros Templarios”. Tampoco son excepcionales los ex Gobernadores acusados de enriquecimiento ilícito y sus familiares han disfrutado sus fortunas en Estados Unidos y últimamente en sitios tan lejanos como Dubai, en Emiratos Árabes Unidos. Basta recordar las fotos que los propios familiares de algunos polémicos políticos suben a las redes sociales, como es el caso de Graciela Reynoso López, hija del ex Gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, ya que ella misma ha subido a Fecebook o Instagram fotos de sus viajes a la zona turística de Dubai, donde la familia del ex mandatario posee un departamento.
¿SE PUEDE CASTIGAR A LOS GOBERNADORES CORRUPTOS?
En su primer discurso como Gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, el ex priista que acabó con 83 años de gobiernos del tricolor, fue contundente, advirtió a quienes se dedicaron a robar a la población que “no les espera el disfrute de rentas, sino la cárcel”. El mensaje estaba dedicado a su predecesor Andrés Granier Melo, acusado de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos federales. Granier Melo fue detenido y permanece preso en el penal de Tepepan desde mediados de 2013. Aunque recientemente fue exonerado de delitos de orden federal, no ha salido libre pues se mantienen las acusaciones del orden del fuero común. Actualmente continúan en libertad varios ex gobernadores de Tamaulipas, Morelos, Coahuila, Michoacán y otros estados, acusados de colusión con el crimen organizado, desvíos millonarios de recursos públicos y enriquecimiento ilícito. LO POLÍTICAMENTE CORRECTO Especialistas consultados por SinEmbargo explicaron que son múltiples los factores que permiten que prevalezca la impunidad. El primero de ellos y el más evidente es la falta de voluntad política. “La tendencia es ‘yo no te piso los callos y tú me dejas gobernar tranquilo’”, afirmó Héctor Tejera Gaona, profesor investigador de la División de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Para el doctor en antropología social, las campañas electorales son en esencia “estrategias para ganar votos”, pero una vez que terminan, los ganadores deben luchar contra el reacomodo de los grupos políticos, poderes fácticos e incluso disputas por el control político entre grupos del crimen organizado. El problema tiene que ver con la fortaleza de los grupos políticos que dejan el poder y la debilidad de los nuevos. En ocasiones, los gobernadores salientes tienen grupos políticos muy fuertes que pueden poner en riesgo la estabilidad del nuevo gobierno. “Lo que sucede, muchas veces, es que el Gobernador entra en una situación de debilidad porque el Gobernador anterior, que gobernó seis años, tiene redes e influencias. Puede hacer que los próximos cinco meses [el nuevo Gobernador] se la pase negociando con manifestantes que le van a cerrar las calles”, explicó Héctor Tejera Gaona, investigador de la UAM Unidad Iztapalapa. Subrayó que es difícil que los nuevos Gobernadores actúen contra los grupos contrarios porque desatarían las venganzas políticas. Sin embargo, a veces es imposible no actuar contra los predecesores porque dejan enormes faltantes de recursos públicos en las arcas de la administración pública, que no les queda otra. Pero hasta en estos casos es difícil que se actúe en contra de “peces gordos”, pues sólo funcionarios de menor rango son quienes llegan a pisar la cárcel por los delitos de políticos de mayor envergadura. “Así que usualmente, a la larga sí pueden agarrar a alguien que sea vergonzoso, pero en general no se mueve demasiado el agua”, detalló el académico.
DEBILIDAD INSTITUCIONAL MÁS QUE FALTA DE VOLUNTAD
En muchas ocasiones, la impunidad no es fruto solo de la falta de voluntad política del candidato convertido en Gobernador, sino de su desconocimiento del andamiaje institucional y de las propias fallas de los mecanismos para combatir una corrupción enquistada en las estructuras administrativas.
“No es solamente asunto de falta de voluntad política, en algunos casos puede que esta sea la razón, pero en otros se trata de una debilidad de las instituciones que los nuevos gobernadores heredan y que son incapaces para poder corregir y aplicar el Estado de Derecho en sus demarcaciones”, explicó Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
Después del escándalo mediático de las denuncias públicas ya sea en campaña electoral o recién iniciado un gobierno, se avanza muy poco en la verdadera aplicación del Estado de Derecho y esto refleja el problema institucional que tiene el país en su conjunto. “Mientras no se rompan estos círculos perversos de debilidad institucional y por lo tanto incapacidad para la aplicación de la ley, continuará la impunidad; y por lo tanto, nuevos incentivos para violarla”, afirmó el investigador de México Evalúa. Detalló que si a los mecanismos de transparencia no se les acompaña de capacidad técnica de investigación de las instituciones, pues difícilmente se van a documentar correctamente los casos de corrupción, por lo tanto, cuando se presenten a los jueces, los casos se caerán por sí mismos. Así que sin capacidad de formar fortaleza institucional junto con capacidad de investigación fiscal, financiera y penal, los gobernantes corren el peligro de caer en el descredito por lanzar solo “discursos de bravuconería” sin castigar a los verdaderos responsables de los quebrantos de las finanzas públicas. “Ese es el peligro de muchos candidatos que buscan hacer promesas simplistas en esta materia, que para poder avanzar en esta lucha frontal sí es fundamental hacer dos cosas: por un lado adecuar muchas de las leyes que tiene resquicios por los cuales se cuelan problemas impunidad”, explicó Marco Fernández. LA TENTACIÓN ES MUCHA Y NO TIENE CONTROLES
Para Óscar Arredondo, investigador de Fundar, la corrupción está tan enquistada en la administración pública de los tres niveles de gobierno que trasciende a los grupos que entran o salen de un periodo a otro.
“Es muy grave, es como si al llegar al poder tuvieras una garantía de impunidad absoluta gracias al propio fuero. Desde el principio, las leyes ni siquiera te sujetan a ningún principio de investigación, sabes que estás absuelto sobre todo si eres el titular del Ejecutivo y de su grupo de poder”, detalló el investigador de Fundar.
Esto, sumado a que muchas veces hay también un acuerdo tácito de impunidad porque entre una administración y otra también se heredan estos andamiajes de corrupción. GOBERNADORES SE EMBARRAN DE LODO En otros casos, los gobernantes que en campaña expresaron su deseo de combatir la corrupción, terminaron inmersos en el lodo que prometieron limpiar. En campaña, el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa dijo que su gobierno sería uno de “manos limpias,” es decir, honrado, honesto, transparente y alejado de corruptelas, sin embargo, durante su sexenio encumbró a personajes como la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo –ahora presa- o Carlos Romero Deschamps, Senador priista y líder de los trabajadores petroleros. En otro caso, el ex Gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías llegó al poder con una amplia aceptación social por su proyecto denominado “Nuevo Sonora” que incluía, además del combate a la corrupción, llegar al fondo en el incendio que cobró la vida de 49 niños en la Guardería ABC de Hermosillo, el 5 de junio de 2009. Padrés Elías no hizo la una ni la otra, incluso tiene tras de sí varias sospechas de enriquecimiento ilícito, ejemplificadas en la construcción de una presa en el rancho “Pozo Nuevo”, propiedad de su familia. Seis años después la nueva Gobernadora, la priista Claudia Pavlovich Arellano, afirmaba que Sonora “no volverá a ser tierra fértil para quienes abusaron de la confianza de los sonorenses y en lugar de servir se sirvieron con la cuchara grande”. El investigador Óscar Arredondo explicó que en otros casos no existe la posibilidad de coordinar acciones entre el órgano de fiscalización de la fFderación y los órganos de fiscalización estatales y con esto se evita que las investigaciones lleguen más lejos. Otras veces sucede que cuando llega al poder una persona que en su campaña electoral tenía el discurso la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, pero cuando llega a la Casa de Gobierno empieza a conocer la verdadera dimensión de los grupos de poder o se da cuenta cómo las organizaciones criminales se han infiltrado en los órganos de gobierno. Para el investigador Marco Fernández, el verdadero peligro de la impunidad radica en que cuando los políticos no cumplen sus promesas de castigo para los corruptos, se generan niveles de frustración y de desilusión muy altos. “Es como un bumerán que se regresa contra el que prometió el estado de derecho y cuando eso ocurre en el imaginario del público inevitablemente tiene explicaciones de falta de voluntad política o incluso de complicidad”, detalló.
El especialista mencionó muchos de los problemas que hay en la impunidad no es por complicidad, es por falta de capacidad institucional. “La impunidad se mantendrá mientras las autoridades de investigación no tengan la capacidad de documentar adecuadamente los hechos”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: DAVID MARTÍNEZ HUERTA. LINK: http://www.sinembargo.mx/19-10-2015/1521355.
El Administrador de CAPUFE en Camargo, Tamaulipas, fue secuestrado de sus oficinas y llevado a un rancho. De acuerdo con nuevos testimonios, elementos del Ejército mexicano entraron al lugar y “ejecutaron a Jorge Antonio Parral Rabadán a corta distancia”. Después, el funcionario federal fue presentado como uno entre los sicarios.
El 24 de abril de 2010, en Camargo, Tamaulipas, Jorge Antonio Parral Rabadán fue privado de su libertad por un comando de la delincuencia organizada en las instalaciones de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), donde laboraba. Dos días más tarde fue ejecutado en el Rancho “El Puerto”, en Nuevo León, por militares que incursionaron en el lugar. Después, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) declaró que su muerte sucedió durante un “enfrentamiento entre elementos del Ejército y sicarios”. Y entre esos últimos fue enlistado Parral, dice un reportaje de la revista VICE publicado en Estados Unidos. La nota firmada por el periodista Daniel Hernández está basada en las denuncias que ha realizado la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Indica que la asociación civil fundada en 1989 exige al gobierno mexicano que “es imprescindible el esclarecimiento de los hechos, la consignación de quienes resulten responsables, así como la redignificación del honor y dignidad de Jorge Antonio Parral Rabadán”, de 38 años de edad, y quien se desempeñaba como Administrador General del Puente Internacional de CAPUFE en Camargo. Su hermana Jesica, en un video realizado por la CMDPDH, narra que su hermano estaba preocupado por el clima de inseguridad y la serie de sucesos violentos suscitados en su lugar de trabajo, por lo que solicitó a sus superiores en CAPUFE tomaran cartas en el asunto y les brindaran protección con autoridades federales. Cuando a Jorge se lo llevaron, narra su hermana, CAPUFE no levantó una denuncia sino hasta dos días después, a exigencia de sus padres. Camargo, Tamaulipas, es una población asolada por la violencia. Cuando el entonces Presidente Felipe Calderón declaró la guerra a las drogas, la ciudad vivió combates diarios, lo que provocó una migración de habitantes pocas veces vista en México.
La familia dice la tardanza de CAPUFE para denunciar los hechos contribuyó a la muerte de Parral Rabadán. “Se perdió tiempo valioso para rescatar a Jorge con vida. Independendientemente de que era responsabilidad de CAPUFE el proporcionarle un lugar de trabajo seguro. Tuvieron que pasar 10 meses para que finalmente con nuestra labor familiar de búsqueda supiéramos que dos días después del secuestro, es decir, el 26 de abril de 2010. Jorge fue víctima mortal de los abusos extraordinarios de la fuerza y del poder por parte del Ejército mexicano, quienes sin ninguna estrategia irrumpieron en el lugar donde se encontraba privado ilegalmente de su libertad, y le dispararon a una muy corta distancia”, narra la hermana de Jorge Antonio.
“…a pesar de que se encontraba vulnerable, lo ejecutaron. Asimismo, en el afán de ocultar la verdad, el Ejército alteró la escena del crimen y alteró los hechos, e injustamente se refirieron a él como un sicario, ante los medios de comunicación nacionales e internacionales. Su paradero fue ocultado por los militares, en contubernio con las autoridades de Nuevo León, quienes en su informe cambiaron sus características personales y no le notificaron a la familia que ahí se encontraba mi hermano, no obstante que en el lugar en que Jorge fue privado de la vida, fue recuperada su identificación de CAPUFE”, aseguró la hermana de Parral en la misma grabación publicada en la plataforma YouTube.
VIDEO: Los años negros de Camargo.
“La verdad y la justicia, son las principales formas de reparación”, señala la CMDPDH, que cuenta con estatus consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y que también es miembro de la Federación Internacional de los Derechos Humanos y de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas. Tras la insistencia continua de la familia Parral Rabadán, la investigación del secuestro y desaparición de Jorge A. Parral fue atraída en junio de 2010 por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (entonces, SIEDO, hoy SEIDO). Sin embargo, denuncia la CMDPDH, no ha habido avances significativos, y nadie ha sido consignado por las violaciones cometidas en contra de Parral, con excepción de los cuatro civiles detenidos por el Ejército en el lugar de los hechos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió una Recomendación el 21 de noviembre de 2013, la cual no incluyó a autoridades que vulneraron seriamente los derechos humanos de Parral y su familia, como CAPUFE y la Procuraduría General de la República (PGR), asegura la asociación civil.
“CAPUFE, no sólo al incumplir con su deber de prevención y protección de los derechos de Jorge Antonio Parral, sino que además en uso de su carácter oficial y con recursos otorgados por el Estado, cometió y sigue cometiendo violaciones en contra de la familia Parral. La PGR por su parte ha incurrido en una serie de irregularidades en la integración de la averiguación previa desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos y hasta el día de hoy no ha mostrado avances reales en la investigación”, denuncia la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
La CMDPDH asegura también que a más de cuatro años de la privación arbitraria de la libertad, ejecución extrajudicial y posterior desaparición forzada de Jorge A. Parral, la familia Parral Rabadán “continúa siendo revictimizada durante el proceso de búsqueda de justicia y verdad”. LA HISTORIA CONTADA POR VICE
“La última vez que la familia de Jorge Antonio Parral Rabadán lo vio con vida, fue unos cuatro meses antes de su desaparición”, dice la crónica publicada hoy por VICE y firmada por Daniel Hernández. Ellos lo visitaban en su trabajo la administración de un puente fronterizo mexicano en la línea internacional con los Estados Unidos, alrededor de la Navidad de 2009, narra la publicación estadounidense. “En medio del empeoramiento de violencia de los cárteles en el noreste de México, se oyeron disparos durante la noche en el pequeño pueblo fronterizo de Ciudad Camargo, Tamaulipas, a pocos kilómetros del puente internacional, donde trabajó el joven Parral, justo al otro lado del Río Grande, Texas”, dice la nota firmada por Hernández. La familia de Jorge le pidió renunciar a su trabajo, para volver a su ciudad natal, Cuernavaca. Pero él les dijo que no se preocuparan. “Nunca olvidaré la expresión de su cara,”, narró a VICE, Jesica Parral Rabadán. “Fue como, ‘Yo sé que tienes razón’. Pero él me decía, ‘tengo que pagar mi casa… vamos a ver’”. El 24 de abril de 2010, alrededor de las 9:30 de la mañana, un comando de hombres armados entró en la instalación del puente fronterizo de Camargo. Era un sábado, y Jorge Parral estaba descansando en las habitaciones del administrador, donde vivió la travesía de asistir a los usuarios las 24 horas del día, indica VICE, que también narra cómo un grupo de hombres armados irrumpieron en su cuarto, arrancaron a Parral de la cama, y lo secuestraron. Dos días después del secuestro, soldados del Ejército entraron en un rancho en el vecino estado de Nuevo León para investigar las denuncias de un grupo del crimen organizado escondido allí, y para liberar “a varias personas retenidas contra su voluntad”, según lo informó la propia institución de seguridad.
VIDEO: Los años negros de Camargo.
“Fue uno de varios de estos enfrentamientos que el Ejército de México informó en 2010, después de que fuerzas de seguridad se vertieran en el estado de Tamaulipas, en un intento por sofocar la guerra entre los cárteles de los Zetas y del Golfo”.
Un tiroteo se produjo con hombres no identificados armados en un rancho llamado “El Puerto” en Nuevo León, cerca de la frontera de Tamaulipas, y tres “sicarios” murieron por el fuego militar, dijo el Ejército. Al principio, los dos incidentes no tenían ninguna conexión aparente, señala VICE, que abunda en que en un país que sufre “olas de violencia relacionadas con las drogas desde que el ex Presidente Felipe Calderón envió a los militares a las calles en 2006, Tamaulipas -como Jalisco, Guerrero y Michoacán- se habían convertido en más que otro perpetuo “punto caliente”, en la que los tiroteos, secuestros, y ejecuciones, eran comunes. Pero a través de una presión persistente, la familia de Parral descubrió que los soldados mexicanos mataron a Jorge en el rancho y lo hicieron pasar como un sicario. Desde que han estado pidiendo justicia, este caso poco conocido “refleja la cifra preocupante que ha tomado a la la sociedad mexicana como rehén desde que el gobierno comenzó a emplear las fuerzas armadas para combatir el crimen organizado”. VICE narra que Jorge Parral estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de las Américas (UDLA) en Puebla, y que practicaba kung fu “con avidez”. Que además consiguió su trabajo en CAPUFE superando a otros más de mil solicitantes, en una convocatoria abierta que tuvo lugar en 2003. La publicación internacional narra también el vía crucis por el que pasó la familia Parral, buscando a Jorge casi sin ninguna ayuda de las autoridades, en un laberinto burocrático, tanto en el gobierno de Calderón, cuyo mandato terminó en 2012, y en el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
LA EJECUCIÓN DE JORGE PARRAL
La familia encontró que el arma que le quitó la vida a Jorge Parral pertenecía a un soldado mexicano que participó en la incursión militar de el rancho “El Puerto”, de acuerdo con un informe de noviembre de 2013, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH). Parral, evidentemente, había sido llevado al rancho por sus captores. Cuando la patrulla del Ejército llegó, le dispararon en repetidas ocasiones mientras sostenía los brazos en una posición defensiva. Pruebas de balística demostraron que también fue baleado a quemarropa. La familia de Parral, aseguran que una funcionaria de Capufe admitió más tarde que los soldados habían hecho nada para reducir al mínimo las muertes de las víctimas de secuestro cuando entraron en el rancho. “Ella dejó escapar que [los soldados] básicamente se apresuraron, disparando a lo loco”, dijo Jesica, en referencia a la funcionaria de la cual no reveló el nombre. Casi seis años después de que Jorge Parral fuera secuestrado y sin avances concretos, la familia Parral Rabadán decidieron hacer público su caso. En octubre de 2013, la SEDENA cedió su jurisdicción sobre la investigación de los homicidios ocurridos en el rancho “El Puerto”, y le entregó el caso a las autoridades civiles durante un empujón a nivel nacional para tratar los casos de abusos militares en tribunales civiles. “Pero desde entonces, el asunto ha languidecido en el sistema judicial en Nuevo León”, asegura VICE. El Ejército ha dicho que hizo cuatro detenciones en relación con el caso y liberó a siete cautivos, pero ninguno de estos individuos han sido identificados públicamente. VICE realizó una solicitud de información a la SEDENA, pero esto no fue respondida. “Y aunque los documentos del gobierno identificaron el arma que mató a Parral y el único soldado autorizado para portarla, ese soldado, cuyo nombre tampoco se nombra en los informes, aún tiene que enfrentar cargos en relación con el asesinato”. Aunado a esto, la familia Parra Rabadán aseguran que oficiales militares también se han acercado a su casa para ofrecerles dinero, con una solicitud implícita de silencio. LA INSENSIBILIDAD DE CAPUFE Por otra parte, la familia también está demandando que Capufe podría pague último cheque de Jorge Parral, después de que descubrieron que la institución gubernamental había descontado su salario durante el resto del mes de abril 2010, mientras que su paradero era aún desconocido, muestran los registros. Antes de su secuestro, ante el “derramamiento de sangre” por el conflicto en aumento del narcotráfico en Tamaulipas, Jorge Parral había pedido a sus jefes en CAPUFE para que otorgaran más seguridad en el puente de Camargo. Pero la respuesta fue negativa: no había suficiente presupuesto en CAPUFE para proteger el puente de Camargo y a sus empleados, le dijeron. VICE dice que CAPUFE, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), no devolvió las llamadas en busca de comentarios. Hoy en día, la familia sigue siendo firme en su búsqueda de justicia para Jorge, un proceso que describieron está “plagado de incidentes de crueldad”. La familia dijo que, por ejemplo, durante una reunión con Marisela Morales, ex Procuradora General de la República con Calderón, ella cuestionó por qué la familia Parral “no iba a Monterrey y se enfrentaba a los presuntos secuestradores de Jorge por sí mismos”. En enero de 2013, el actual presidente Peña Nieto firmó Ley General para las Víctimas. La familia Parral Rabadán estuvo presente en la firma. Alicia Rabadán dijo que tuvo la oportunidad de saludar a Peña Nieto y entregarle los documentos sobre el caso de su hijo.
El Presidente dijo a la afligida madre que él “personalmente” tomaría las riendas del asunto y encontraría algunas respuestas para su familia. Un portavoz de Peña Nieto confirmó el intercambio, pero no ofreció más detalles. Los Parral dijeron que no han oído hablar nada de Peña Nieto desde entonces. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/19-10-2015/1523417
MORELIA, Mich: La Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado identificó a los presuntos responsables del asesinato de cuatro personas ocurrido el pasado fin de semana en un bar del municipio de Huetamo, informó el secretario de Gobierno, Adrián López.. Los hechos se registraron la madrugada del domingo pasado, cuando un sujeto que portaba un arma larga ingresó al bar “El Palomo” y sin mediar palabra disparó en repetidas ocasiones contra cuatro sujetos que ocupaban una de las mesas. Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil quienes confirmaron el fallecimiento de las cuatro personas y atendieron a varias personas que sufrieron crisis nerviosa. Luego llegaron elementos del Ejército, Policía Federal y municipal, estos últimos acordonaron el área y se implementó un operativo de búsqueda para dar con los responsables del crimen. El agente del Ministerio Público acompañado de peritos especialistas en criminalística llevaron a cabo las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento y traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense local, donde este lunes fueron identificados como: Héctor G., Florentino L., Francisco G. y Vitalino P. vecinos del rancho Cuchalalates. Entrevistado en el marco del 45 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río, el secretario de Gobierno, Adrián López reconoció que las condiciones de inseguridad prevalecientes en esa región aún permiten este tipo de sucesos violentos. López Solís confió en que el arribo de contingentes militares a ese municipio inhiba la actividad criminal y la ola de violencia generada durante las últimas semanas.
“Los hechos violentos son lamentables pero suceden y seguirán sucediendo por la propia dinámica delincuencial del estado”, reconoció el funcionario estatal. FUENTE: PROCESO. AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS.
MÉXICO, D.F: El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, confesó que su encuentro con el Papa Francisco en Roma fue gestionado por el cardenal Norberto Rivera. En entrevista radiofónica, indicó que hizo la petición en la nunciatura, donde le respondieron muy rápido que decidiera ir a la audiencia pública papal de los miércoles y el tabasqueño aprovechó la ocasión porque tenía ya programada la visita a la Casa de América Latina en París. “Nos colocaron en un lugar cercano al Papa y, cuando terminó su mensaje, pues es una audiencia general, estuvieron los mineros que quedaron atrapados 70 días en un socavón de Chile. Termina la audiencia, baja a saludar, va a la parte donde estábamos nosotros y saluda. Al principio el pontífice pensó que debía bendecir la medalla (de Bartolomé de las Casas, protector de indígenas en Chiapas), y le aclaré que era para él. Le entregué la carta y un saludo. “El sábado nos regresamos. Fue el objetivo de este viaje. La importancia que tiene la labor como dirigente moral que está llevando a cabo el Papa Francisco. Tenía yo interés de entregarle un presente, una medallita de fray Bartolomé de las Casas. Se trata de un Papa verdaderamente cristiano”, aclaró López Obrador. Aunque no descartó una posible reunión en el marco de la visita de Francisco en 2016, recordó que cuando fue jefe de Gobierno capitalino recibió al papa Juan Pablo II en la Basílica de Guadalupe, y se encontró con Benedicto XVI en una misa en Guanajuato, cuando era el tabasqueño era candidato presidencial. En cuanto a su visita a París, López Obrador aclaró que no se reunió con Marcelo Ebrard, también exjefe de Gobierno capitalino y quien reside en ese país. “No hubo encuentro con Marcelo… Me preguntaron en la conferencia. No vi a Marcelo, lo único que dije es que está siendo acosado por Peña porque le achacan que fue quien dio la información de la Casa Blanca que supuestamente vendió el contratista de Higa a Peña y su esposa, fue un moche”, denunció.
Y no descartó reunirse “sin problemas” con Ebrard, pues él también padeció la “persecución política” desde su desafuero en 2004. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
