“Boquete financiero” en Morelos alcanza los 464 mdp

CUERNAVACA, Mor: El gobierno estatal pretende incrementar en 71% el monto etiquetado al pago de deuda en 2016, según el documento de presupuesto para el próximo año, lo que serviría para tapar un “boquete financiero” por 464 millones de pesos generado por múltiples pagos no considerados en el presupuesto original presentado para el año que corre.

Y es que para este 2015 el gobierno que encabeza Graco Ramírez destinó 650 millones 554 mil pesos al pago de la deuda, sin embargo, para el próximo año la cifra creció de manera exponencial hasta llegar a mil 117.5 millones, es decir, 5.45% del presupuesto total para el estado, que es de casi 20 mil millones de pesos.

Esta diferencia se explica en el desglose de los pasivos que se proyectan liquidar para el 2016, que incluye un renglón constante de “deuda pública”, en la que se prevé la amortización, intereses, comisiones, gastos y coberturas de los créditos previamente contratados –por 653 millones 309 mil pesos–, más un nuevo concepto denominado “Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas)” por 464 millones 145 mil pesos.

Los Adefas enlistados en el proyecto de presupuesto para el próximo año no son otra cosa que adeudos millonarios extraordinarios generados exclusivamente a lo largo del ejercicio presupuestal 2015, erogaciones que el gobierno de Graco Ramírez realizó por encima del gasto que le habían asignado y que ahora pretende trasladar al pago de deuda de 2016.

Lo que no explica la iniciativa de presupuesto es en qué rubros invirtió el gobierno esos 464 millones de pesos y que se traducen en una nueva deuda generada en sólo un año, adicional a la previamente contratada por 2 mil 806 millones de pesos.

Resta facultades del Congreso

Algo que también llama la atención del paquete económico presentado hace tres semanas por el gobierno de Graco Ramírez es que se adjudica facultades que corresponden al Congreso, como la creación de fideicomisos y la contratación, sin pedir autorización, de más deuda pública.

En el artículo XIV del Presupuesto de Egresos, el gobernador se adjudica facultades exclusivas del Legislativo, al permitirse la constitución de fideicomisos públicos, cuyo fin sea lícito y determinado, para impulsar las áreas prioritarias o específicas de desarrollo del estado.

Y es que el gobernador oculta y omite dar a conocer el listado de proveedores a quienes se les adeudan recursos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas) y las áreas gubernamentales que cayeron en déficit o los rubros en los que se gastó más de lo previsible en presupuestos anteriores.

Graco Ramírez también oculta información a los legisladores sobre el tema de la deuda pública, en la que tiene previsto destinar 683 millones de pesos para disminuir los costos de los cinco créditos obtenidos en su gobierno por un monto global de 3 mil 465 millones de pesos.

Dentro del presupuesto estatal 2016 sólo se establece que de los 683 millones para el pago de la deuda pública, 346 millones de pesos se destinarían al pago de capital, mientras que 282 millones 488 mil pesos a pagar intereses bancarios.

Los 9 millones 260 mil pesos restantes se pagarían a las calificadoras financieras, a los instrumentos de cobertura, a la publicación de estados financieros y a los honorarios de fideicomisos.


No obstante oculta información sobre el monto total en la que quedaría la deuda a finales de diciembre de 2016, con los pagos de amortización y servicios de cada una de las líneas crediticias adquiridas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA.

Exige justicia familia de niño asesinado durante detención de Cemeí Verdía

COLIMA, Col: A tres meses del asesinato del niño Hildeberto Reyes García, ocurrido en el marco de un operativo militar posterior a la detención de Cemeí Verdía –comandante de las autodefensas de la Costa-Sierra de Michoacán–, sus familiares denunciaron que no han recibido el apoyo prometido por las autoridades estatales y federales, particularmente el pago de los servicios funerarios y una indemnización económica.

En rueda de prensa realizada en la sede estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en esta ciudad, Emilia García Cabrera, madre del menor de 12 años, exigió justicia porque hasta la fecha, dijo, no hay ninguna persona detenida por la muerte de Hildeberto.

Pocos días después de la muerte del niño, el procurador de Justicia de Michoacán, Jaime Rodríguez Aguilar, descartó que elementos del Ejército fueran los responsables de los hechos ocurridos el 19 de julio en la comunidad de Ixtapilla, municipio de Aquila, pues tanto los cuerpos de seguridad como los propios habitantes fueron agredidos por personas desconocidas, ya que se utilizaron calibres distintos a los que usan los militares, dijo.

No obstante, la mujer insistió en que fueron miembros del Ejército quienes realizaron los disparos que segaron la vida de Hildeberto Reyes y provocaron lesiones a cuatro personas más, entre ellas una sobrina del menor.

“Dicen que no fue el gobierno, sino la propia comunidad, pero eso no es cierto, porque los únicos que traían armas eran los soldados y hubo muchos testigos que los vieron disparar, mientras que la gente no estaba armada, sólo se defendía con piedras y palos”, indicó Emilia García.

La mujer dijo que las autoridades quieren hacerle creer a la familia que los militares sólo dispararon al aire. “¿Entonces quiere decir que mi hijo andaba en el aire o qué? Lo que quisiéramos es que el gobierno diga la verdad”, apuntó.

Según la versión ofrecida en su momento por la organización civil Equipo de Apoyo y Solidaridad con la Comunidad Indígena de Santa María Ostula, después de la detención de Cemeí Verdía, un grupo de simpatizantes instaló un bloqueo en la carretera costera Lázaro Cárdenas-Colima. En respuesta, elementos del Ejército trataron de detener a varios de los líderes, pero los manifestantes retuvieron a varios soldados y los llevaron a Ixtapilla, adonde después de las 15:00 horas llegó un contingente militar para liberarlos, y fue entonces cuando dispararon contra la gente provocando la muerte del menor.

Ante la falta de apoyo para los familiares del niño fallecido, los dirigentes estatales de Morena en Colima y Michoacán, Vladimir Parra Barragán y Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, respectivamente, dieron a conocer una campaña de solidaridad entre las poblaciones de ambos estados para exigir justicia por el asesinato de Hildeberto, y anunciaron que iniciarán una colecta de víveres, medicamentos, ropa y productos de primera necesidad para la familia del menor, así como para las comunidades indígenas de Michoacán que sufren un constante acoso por las fuerzas armadas y el crimen organizado.

Parra Barragán precisó que el caso del niño no es aislado, ya que en los últimos años se han cometido cientos de asesinatos contra habitantes y luchadores sociales de Ostula y la región.

Denunció que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, traicionó a las comunidades indígenas y a las autodefensas, porque “está intentando desarmarlos y eso es prácticamente entregarle al crimen organizado el territorio de Michoacán”.

Vladimir Parra exigió la liberación de Cemeí Verdía, cuyo encarcelamiento calificó como un acto más de represión por parte del gobierno federal para frenar la organización popular en las comunidades.

Para el dirigente de Morena en Michoacán, Miguel Ángel Sandoval, la situación de inseguridad y descomposición del tejido social, aparte de la violencia del crimen organizado, fue por la “guerra estúpida” iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, “un deshonroso michoacano” que, subrayó, no hizo más que traer “muertes y muertes”, provocando que más de 150 mil personas perdieran la vida y aproximadamente 30 mil estén en calidad de desaparecidas, considerándose “daños colaterales”.

Hizo un llamado a la solidaridad entre las poblaciones de Colima y Michoacán para exigir que se haga justicia ante la impunidad en el caso del asesinato de Hildeberto Reyes, así como castigo a los culpables.

Señaló, asimismo, que el gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene autoridad moral para pedir justicia a Egipto en el caso de los mexicanos asesinados en aquel país mientras no se erradique la impunidad en México.

Sandoval Rodríguez demandó que el gobierno de Michoacán ayude a la familia de Hildeberto a pagar la deuda de aproximadamente 25 mil pesos derivada de los gastos funerarios, y anunció que la jornada de apoyo a la familia se realizará del 19 de octubre al 4 de noviembre, y que el día 5 de este último mes se entregarán los apoyos en la comunidad de Ixtapilla.


Mientras tanto, se proporcionarán servicios de apoyo psicológico y orientación legal a los deudos del menor fallecido.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.

La próxima semana, la Suprema Corte definirá el futuro del Nevado de Toluca

En octubre de 2014, la Suprema Corte decidió ejercer su facultad de atracción sobre el juicio de amparo contra el decreto presidencial que legaliza la explotación de los recursos naturales de esta reserva. El juicio fue promovido por una ciudadana.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que el próximo 28 de octubre iniciará el análisis del decreto presidencial mediante el cual, en 2013, se retiró el estatus de Parque Nacional al Nevado de Toluca, legalizándose así la explotación de los recursos naturales de esta reserva natural.

La Segunda Sala de la SCJN analizará si esta medida –decretada por el presidente Enrique Peña Nieto en octubre de 2013– restringe los derechos humanos y ambientales de la ciudadanía, además de que discutirá si el gobierno federal faltó a su obligación de “garantizar y proteger la vida de las personas” al legalizar actividades productivas como la tala, la agricultura y la ganadería en esta reserva natural.

Hace un año, en octubre de 2014, la Suprema Corte decidió ejercer su facultad de atracción sobre el juicio de amparo contra el decreto presidencial promovido por la ciudadana Luz Emilia Aguilar Zinser, quien señaló en entrevista sus argumentos.

“La categorización del Nevado como Parque Nacional, en 1936 –explicó– forma parte de un modelo científico de conservación que privilegia las partes altas de las cuencas hidrográficas, y ese paradigma científico no puede modificarse por decreto. El agua sigue siendo vital y la deforestación sigue teniendo los mismos efectos negativos.”

Por ello, subrayó, “la legalización de las actividades que han destruido el Nevado de Toluca no hace más que acelerarlas, no las va a detener. Esto, más bien, es un estímulo para la deforestación”.

El Nevado de Toluca (o Xinantécatl) fue declarado Parque Nacional en 1936 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río debido a su valor estratégico. Sus afluentes, generados por la absorción y escurrimientos, abastecen de agua a dos de las cuencas más importantes del país, las de los ríos Lerma y Balsas, que surten de líquido a Toluca, su zona metropolitana, parte del valle de México y el norte de Guerrero.

Debido a la necesidad de preservar esta zona boscosa para la subsistencia de los asentamientos humanos de esta región del país, el presidente Lázaro Cárdenas decidió otorgarle el máximo estatus de protección al Nevado de Toluca, el de Parque Nacional, mediante el cual quedó prohibida toda actividad productiva, extractiva o de explotación de su vegetación, suelos, aguas, fauna y demás recursos.


Con el pasar de las décadas, sin embargo, los gobiernos del Estado de México y federal omitieron garantizar esta protección al Nevado de Toluca, por lo que este santuario natural se vio invadido por agricultores, talamontes, ganaderos, cazadores, mineros, así como por asentamientos irregulares que permanecieron en condición de ilegalidad hasta el pasado 1 de octubre de 2013, cuando el presidente Peña Nieto determinó que, más que perseguir estas conductas, lo que se debe hacer es “ordenar apropiadamente las actividades productivas y extractivas”, de tal forma que se “preserve nuestro patrimonio natural, al mismo tiempo que se genere “riqueza”, tal como señala su decreto.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.

Sin justificar motivo, Edomex y OHL pactan subir la cuota del Circuito Mexiquense

Es un aumento “adicional” al de la inflación anual y al del sistema de monitoreo que no se ha instalado… y podrían aplicarse más incrementos “si la situación financiera lo amerita”.

El Estado de México y la constructora española OHL acordaron que en los próximos seis años subirán progresivamente las cuotas del Circuito Exterior Mexiquense hasta alcanzar un incremento de casi el 35% de la tarifa, sin justificar el motivo de este aumento o el método que se utilizó para calcularlo.

Se trata de un incremento que es “adicional” al alza que ya pagan los automovilistas tanto por concepto de inflación, como por la instalación de unas cámaras que sustituirán un sistema de monitoreo que nunca se instaló.

La modificación sobre el título de concesión de esta autopista, que firmaron el Estado de México y OHL en enero de 2015 y que es el sexto cambio que realizan en 12 años, establece un tabulador en donde se plantean estos “incrementos adicionales” año por año, sin que se detalle la razón de los mismos.

El documento –que no se había revelado públicamente hasta que OHL lo tuvo que entregar a un juez el pasado 25 de septiembre, como parte de una demanda por daño moral contra Infraiber– evidencia cómo es que se programó el encarecimiento para circular en la autopista que recorre el área conurbada del Valle de México.

Por ejemplo, se estableció que cada fin de año OHL proponga al Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios y Conexos del gobierno mexiquense (SAASCAEM) un incremento anual del peaje en la autopista por concepto de inflación. Para hacer ese cálculo se toma como base la variación del Índice Nacional de precios al Consumidor (INPC) y se aplica una fórmula.

Pero en el caso de los referidos “incrementos adicionales” no se explica cómo se calculó el tabulador de aumento, ni cuál es la justificación del mismo.

El documento también revela que fue desde 2013 cuando se comenzó a aplicar este aumento “adicional” a las tarifas de la autopista.

“Adicionalmente a los ajustes anuales de tarifa conforme a las variaciones del Índice Nacional de Precios al Consumidor, a partir del año 2013 y hasta el año 2021 se aplicarán los siguientes INCREMENTOS ADICIONALES en los siguientes términos”, indica el documento.


Así, entre el 2016 y el 2021 la tarifa se elevará casi 35% con aumentos sostenidos de 6% cada año, con excepción del 2017, cuando el incremento será de 4%.

Incrementos ADICIONALES a tarifa del Cto mexiquense
Año	Incremento
2016	6%
2017	4%
2018	6%
2019	6%
2020	6%
2021	6%
TOTAL	34%

De acuerdo con el propio tabulador de la página web del Circuito Exterior Mexiquense, recorrer un solo tramo, como el de Jorobas–Zumpango, actualmente tiene un costo de 47 pesos. Para el 2021 dicho tramo costará 60 pesos por concepto de los “incrementos adicionales”, y eso sin tomar en cuenta lo que la tarifa suba año con año por la inflación y otros cargos.

Pero hay más. El título de concesión deja abierta la posibilidad para que además del incremento anual, de los incrementos adicionales y de otros cargos, el precio pueda subir aún más si la situación así lo amerita.

“En caso de que la situación del proyecto así lo requiera, la CONCESIONARIA (OHL) podrá solicitar al SAASCAEM incrementos a las tarifas, para lo cual deberá proporcionar los elementos de apoyo correspondientes”, dice el documento sin detallar a qué situaciones o elementos se refiere.

El Estado de México también autorizó a OHL para que aplique, bajo el criterio que la constructora defina, “promociones, ofertas o descuentos” en la tarifa de peaje, sin que esto signifique que en cualquier momento pueda volver a aplicar el importe de la tarifa máxima vigente o que renuncie a ella.

De monitoreo independiente a videocámaras

Desde 2013, el Estado de México pidió a OHL el cobro de 50 centavos extra en el peaje para la instalación del denominado Sistema Independiente de Verificación de Aforo Vehicular (SIVA), el cual tenía como objetivo medir el tránsito en el circuito y las ganancias estimadas por el mismo.

La empresa Infraiber sería la encargada de instalar estos sistemas; sin embargo, el contrato que se había firmado fue cancelado por el gobierno mexiquense. A pesar de ello, OHL continuó cobrando este cargo extra que además fue encarecido para 2014 en casi un 30%

Hasta marzo de este año, OHL y el Edomex habían acumulado más de 100 millones de pesos por el cobro del inexistente SIVA.

La sexta modificación al título de concesión revela que el Edomex facultó a la constructora para que dicho cobro continúe aplicándose con su respectivo aumento anual por la inflación, bajo el argumento de que ahora se utilizará para la instalación de videocámaras.

“La concesionaria (OHL) permitirá la instalación de equipos de seguridad y vigilancia dentro de la red carretera que el gobierno del estado de México implementará en la carretera, cuyo costo es de 50 centavos (…) importe que se aplicará al mismo tiempo que los INCREMENTOS ADICIONALES que surten efecto a partir del ejercicio de 2013”, se lee en el título de concesión.

Los representantes legales de Infraiber acusaron que este cobro es “ilegal y excesivo”, debido a que la tarifa de 50 centavos obedecía a un completo sistema de monitoreo con una central de supervisión incluida que instalaría esta empresa, y no sólo a un conjunto de cámaras de vigilancia.

Animal Político ya había solicitado al Estado de México, a través de transparencia, información sobre el uso y destino de los más de 100 millones de pesos que se han juntado hasta ahora por ese pago en específico, pero la respuesta oficial es que se trataba de información clasificada por nueve años.

Cambios que salen caros

En 2003, el gobierno del Estado de México –a través del SAASCAEM– otorgó a OHL el título de concesión para la construcción, operación y mantenimiento del Circuito Exterior Mexiquense. La constructora española mantendría la referida concesión hasta que concluyera la obra y recuperara una rentabilidad del 10%.

12 años después, la obra no está terminada pues sólo se han construido 110 de los 155 kilómetros pactados en el proyecto original. Además, se han realizado seis modificaciones al título de concesión, lo que ha significado un encarecimiento progresivo de la obra y del costo de los peajes.

Las justificaciones en los diferentes cambios a la concesión de la obra han sido variados. Por ejemplo, en la segunda modificación, el gobierno mexiquense reconoció que se presentaron “incrementos imprevisibles y extraordinarios en el precio del acero” lo que originó un desfasamiento de la obra.

En la tercera modificación, firmada en 2007, se consideró la necesidad de implementar “obras adicionales”, por lo que se volvieron a modificar los montos de la obra civil y fechas de entrega, y apenas unos meses más tarde volvió a hacerse otro cambio por supuestos “cambios en la lógica de mercado” que requirieron la emisión de nuevos créditos.

En 2012, el argumento para encarecer las tarifas fue la instalación del sistema de monitoreo independiente que nunca vio la luz y este año fue el cobro por las videocámaras además de lo ya mencionado.

Piden anular concesión

La empresa Infraiber presentó, a través de sus representantes regales, dos nuevas demandas en el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México para exigir “la invalidez” y “nulidad” de la sexta modificación del título de concesión del Circuito Exterior Mexiquense.

En un comunicado, el despacho legal subrayó que la primera demanda es por el cobro que se pretende seguir realizando del SIVA, que instalaría Infraiber y que ahora fue sustituido por cámaras de vigilancia.

“Pretenden seguir cobrando a los usuarios el costo del SIVA hasta (por lo menos) el año 2051, pero no para destinarlo a la auditoría independiente de los aforos vehiculares e ingresos generados en dicha autopista, sino para la compra e instalación de video cámaras”, señala el comunicado.

La otra demanda es por el incremento de más de cinco mil millones de pesos de inversión que el SAASCAEM le reconoció a OHL en un lapso de seis meses y que Infraiber estima como “irreal” y producto de un error o un acto de presunta corrupción para favorecer a la constructora española.


Sobre la demanda de daño moral que OHL interpuso contra Infraiber, a la que acusa de impulsar una “campaña de desprestigio” con desplegados y audios grabados de forma ilícito, el representante de la empresa rival de la constructora sostuvo que ya respondieron a la misma y esperarán la determinación del juzgado.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.

Secuestran a cirujano plástico en Nuevo Laredo

MONTERREY, N.L: Organizaciones de médicos de Tamaulipas denunciaron que el cirujano plástico Enrique Hambacuan Ríos fue secuestrado hace más de dos semanas en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo.

Entrevistados en esta ciudad señalaron que las autoridades estatales mantienen oculto el plagio, pero están enterados de que la Policía Federal ya realiza investigaciones sobre el caso.

De acuerdo con información extraoficial, Hambacuan Ríos –especializado en cirugía estética en la Universidad Autónoma de Nuevo León– fue plagiado por hombres armados en una avenida aledaña a su consultorio privado, localizado en la calle Mina número 3307 del centro de Nuevo Laredo.

La víctima es delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (ISSSTE) y miembro de la Junta Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, e integrante de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica.

El último mensaje en su página oficial de la red social Facebook fue escrito a las 11:37 horas del miércoles 7. Después de esa fecha dejó inactivas sus cuentas en las redes sociales y en su sitio oficial en Internet.

Los médicos, quienes hablaron con Apro bajo la condición del anonimato, señalaron que en Tamaulipas constantemente se sufre el acoso del crimen organizado, y destacaron que hay casos donde los sicarios arriban a los hospitales para ejecutar o rematar a miembros de grupos rivales heridos, o para llevarse a sus compañeros que resultaron lesionados por las fuerzas de seguridad.

Señalaron que hay otros médicos especializados que desde hace meses fueron secuestrados por organizaciones criminales, y los mantienen bajo cautiverio para curar a sus miembros heridos en los enfrentamientos. “Incluso los dejan comunicarse con sus familias”, apuntaron.

En Tamaulipas también está el caso de al menos una docena de ingenieros especializados en telecomunicaciones que fueron plagiados o desaparecidos por los cárteles del narcotráfico. Según sus familias, los obligan a levantar las redes de telecomunicaciones y las cámaras de video que el crimen organizado tiene en varias ciudades para vigilar los movimientos del Ejército, Marina y policiales federales y estatales.

De acuerdo con cifras oficiales del gobierno federal, el número de personas desaparecidas en Tamaulipas asciende a 5 mil 300 desde el 1 de enero de 2007 hasta diciembre 2014.


No obstante, para organizaciones defensoras de derechos humanos esa cifra está maquillada y habría que incluirle al menos otros dos mil casos de los desaparecidos en este año.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO.

En un mes, el plan de mejoramiento de escuelas, anuncia Nuño

México, DF. El programa Escuelas al cien arrancará dentro de un mes, informó el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, quien sostuvo que ya cuentan con un crédito puente por parte de Banobras para la puesta en marcha de este esquema implementado para mejorar las escuelas del país.

En conferencia de prensa apuntó que el primer paso se dio este lunes con la firma de los acuerdos con todas las entidades federativas, en reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Y esto “da arranque formal a este proceso para poder tener en marcha los certificados de infraestructura escolar, el programa que hemos titulado Escuelas al cien”.

Dijo que el siguiente proceso es que las autoridades educativas cuentan con 30 días para “poder conformar, junto con las autoridades estatales, un anexo a los convenios, que será una lista muy puntual de cuáles van a ser lo planteles por cada entidad que estaremos mejorando o construyendo”.

Afirmó que esto le dará gran transparencia al mecanismo, “ya que de manera previa se tendrá una lista completa de cuáles son las escuelas y, por supuesto, las razones de que vamos a intervenir o construir; esto se estará haciendo en los próximos 30 días”, precisó.

Nuño indicó que el crédito puente con que cuentan permitirá arrancar el programa o por lo menos una primera parte del mismo, “previo a emitir los bonos en la bolsa de valores, que estamos pensando puede hacerse a finales de noviembre, principios de diciembre”.

Respecto al anuncio de la CNTE de un nuevo paro de dos días para noviembre, el titular de la SEP expresó la plena disposición de las autoridades al diálogo con todos los maestros del país.

“Un diálogo que nos permita conocer de mejor forma sus inquietudes, saber cómo los podemos ayudar y sobre todo, que ellos puedan tener la información completa de los beneficios que tiene para todos los maestros de país la reforma educativa, como señaló ayer el presidente de República en la Conago”.

Asimismo, abundó, “derribar estos mitos de que la evaluación es para dañarlos; estos mitos de que perderán su empleo quienes se presenten a la evaluación”.

Resaltó lo dicho por el presidente Enrique Peña Nieto de que quienes lo hagan no perderán su empleo.


“Quienes no tengan un desempeño idóneo lo único que van a recibir, cosa que es en su beneficio, es capacitación, formación continua y profesional docente”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALMA E. MUÑOZ.

México rechaza medidas unilaterales tras recorte a Iniciativa Mérida

México, DF. El gobierno mexicano rechazó "cualquier práctica unilateral que juzgue la situación de los derechos humanos en un país", después de que Estados Unidos retuviera una parte de los fondos de la Iniciativa Mérida que están sujetos a avances en esa materia.

"El gobierno de México es consciente y reconoce los retos actuales que enfrenta el país en materia de derechos humanos y refrenda su indeclinable compromiso con la protección y promoción de los mismos", indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores la noche del lunes.

Este año el Congreso estadunidense asignó 148 millones de dólares a México como parte de este programa multianual puesto en marcha en 2008 para apoyar con equipamiento y capacitación el combate a las organizaciones criminales. Sin embargo, en esta ocasión bloqueó una parte.

En total se retuvieron cinco millones de dólares, un 15 por ciento de lo que corresponde a las fuerzas de seguridad.

La razón fue que el Departamento de Estado declinó enviar al Congreso un informe requerido para liberar los fondos, que acreditara avances en materia de derechos humanos en México.

Hace un año desaparecieron en el sur del país 43 estudiantes después de ser perseguidos y secuestrados por policías aliados con un grupo criminal, en un hecho que dejó, además, seis personas muertas en tiroteos previos.

"La forma en que el Departamento de Estado conduce sus relaciones con el Congreso obedece a procedimientos internos de Estados Unidos, que México observa con respeto", indicó la cancillería mexicana.

No obstante, dijo que México "rechaza cualquier práctica unilateral que juzgue la situación de los derechos humanos en un país y por el contrario, reitera su compromiso por continuar participando en mecanismos multilaterales y universales de examen, como el establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU".

El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Mark Toner, afirmó el lunes que, pese a que se ha logrado un "importante avance", el combate al crimen organizado en México "sigue siendo un reto difícil".

"Este año el Departamento de Estado no estuvo en condiciones de confirmar e informar al Congreso que México ha cumplido en su totalidad todos los criterios de la legislación de asignación de fondos del año fiscal 2014, y el 15 por ciento fue redireccionado fuera de México", afirmó.

El monto fue reasignado a Perú para la erradicación de cultivos de coca. Desde 2008, el Congreso estadunidense ha aprobado unos 2 mil 300 millones de dólares para México.


Pese a esta decisión, que en la práctica significa una reprobación a México en respeto a los derechos humanos, Toner dijo que Estados Unidos sigue apoyando los esfuerzos en marcha en México para reformar su sistema de seguridad y judicial.

FUENTE: LA JORNADA.

Defensa de los policías detenidos por la fuga del ‘Chapo’ acusa prácticas dilatorias

El abogado José Alberto de la Cruz informó que esta semana interpondrá una queja ante el Consejo de la Judicatura contra Víctor Octavio Luna, Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, por estar alargando el proceso.

Las familias de los 11 policías federales encargados de monitorear las celdas del Altiplano saben bien que Joaquín el Chapo Guzmán lleva 100 días fuera de la cárcel porque desde el 11 de julio de 2014 los papeles cambiaron. Mientras el narcotraficantes está libre, los policías están presos y, según su defensa, enfrentan un proceso con prácticas dilatorias.

El abogado José Alberto de la Cruz informó que esta semana interpondrá una queja ante el Consejo de la Judicatura contra Víctor Octavio Luna, Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México por estar alargando el proceso.

De acuerdo con De la Cruz, el juez debía remitir el recurso de apelación al Tribunal de Alzada en cinco días; sin embargo ya lleva 20,porque el expediente es extenso y “dice que están sacando copias”.

El juez también pidió que los 11 policías representados ratifiquen la continuidad de De la Cruz como abogado defensor porque “puede haber conflicto de intereses, pues unos a otros se pueden inculpar”, lo cual no es cierto, afirma el abogado a Animal Político.

El proceso también se está alargando porque mientras la defensa pide la declaración de testigos, estos no son localizados o resulta que están de comisión. “Este tipo de prácticas se deben de solventar, se tienen que agilizar porque las personas están presas”, advierte la defensa.

En tanto, por primera vez desde la aprehensión de los federales, sus esposas, hermanas y cuñadas fueron recibidas por el Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo, el viernes 16 de octubre durante dos horas.

Edith Mujica, cuñada de Jaime Galindo le preguntó: “¿Cree que hayan sido sus empleados, después de todos los controles de confianza que le aplican?”. El funcionario federal respondió que confía en ellos y espera que salgan bien librados, en beneficio de la institución, cuenta la familiar a Animal Político.

En dos horas, las familias expusieron su mayor preocupación: que los 11 policías estén seguros en el penal de máxima seguridad de Nayarit, al que fueron trasladados el miércoles 14 de octubre luego de permanecer en el Altiplano por poco más de un mes.

Según les explicaron, el cambio fue para preservar su seguridad porque serían al área de “población”, es decir, con el resto de reos del Altiplano y eso los ponía en riesgo de ser víctimas de alguna agresión por parte de los delincuentes a los que meses antes, ellos vigilaban.

De acuerdo con familiares que asistieron a la reunión, el comisionado Galindo, el titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Eduardo Guerrero, y el Jefe de la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, Alejandro Chanes, aseguraron que la integridad de los 11 está garantizada.

Galindo se comprometió a respetar el proceso que enfrentan los policías federales y a tomar “decisiones” una vez que se determine su responsabilidad en la fuga del narcotraficante más buscado de México.

“Queremos creer, queremos creer que son honestos”, dice Edith Mujica, porque ellos deben estar seguros de que sus empleados son inocentes. “Cada año les hacían exámenes de confianza, de antidoping, de todo, ¿cómo no van a saber que ellos no fueron?, dice la cuñada de Jaime Galindo, de 46 años.

“No tenemos lujos. Jaime vivía sólo de su trabajo”, asegura Alma, otra cuñada del monitorista quien salía de su casa en Pantitlán hacia el Altiplano a las 6 de la mañana todos los días.

“Mis suegros son diabéticos y están desechos por lo que está pasando. Jaime siempre fue responsable en su trabajo, nunca tuvo un problema, ningún reporte. Tiene un historial limpio”, agrega Alma.

El monitorista Jaime Galindo tenía 18 años en la Policía Federal. Había trabajado en los penales de Matamoros, Guadalajara, Tapachula y en los últimos ocho meses en el Altiplano de Toluca. “Si estuviéramos conscientes de que es mala persona, de que es cumpable mejor nos quedaríamos callados, pero él no fue cómplice. Esto es una injusticia”, afirma.

La noche del 11 de julio, Jaime vigilaba a través del monitor a Servando Gómez la Tuta. Se había sentido mal y por eso pidió que lo llevaran a la enfermería. En cuanto otro de sus compañeros perdió de vista al Chapo no podían creerlo.

Para cuando el jefe de monitoristas dio la orden a tres de los federales a ir a la celda y luego cuando la encontraron vacía, sabían que nada bueno podía pasar. Jaime “sintió que se partía en dos”, cuenta Alma.

Todo el equipo de monitoristas y el jefe fueron trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) donde declararon. Ahí los mantuvieron por cinco días. Jaime regresó a trabajar en las oficinas de la Policía Federal en avenida Constituyentes, después lo trasladaron al penal de Oaxaca y ahí lo reaprendieron en septiembre.

Con Luis Alberto Aguilar, de 42 años, otro monitorista, ocurrió lo mismo, pero a él lo detuvieron en su casa, muy cerca de Constituyentes, “sin orden de aprehensión”, dice su esposa Janet Castañeda.

Luis Alberto tiene ocho años de antigüedad en la Policía Federal y desde hacía dos años fue trasladado al Altiplano. Dejó a su familia en Tapachula, de donde son originarios. “Sacrificó todo por un trabajo digno y no es justo lo que le están haciendo”, dice la mujer que lleva dos meses en la Ciudad de México.

“Ganaba 14 mil pesos mensuales y sólo se dedicaba a su trabajo. Uno conoce a su esposo, si fuera culpable, no andaría aquí perdiendo el tiempo”, afirma Janet, que junto con su cuñada asistieron a la reunión con los funcionarios federales.

Los video difundidos en televisión donde se escucha el ruido de los taladros en la celda del Chapo minutos antes de su fuga y donde se observa que los monitoristas no lo reportan no es prueba de que sean culpables, coinciden las familias porque ellos no tenían audio en los monitores.


Los 11 monitoristas pueden hablar dos veces al mes con sus familiares. Apenas esta semana les permitieron que las llamadas duraran más de cinco minutos y, según dijeron a sus familiares, están tranquilos. En Nayarit les permiten al menos salir al patio y ver el sol.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

A finales de octubre abrirán 5 estaciones de la L12 si las certifican como seguras

Aunque la Línea 12 del Metro aún no está reabierta, se planea ampliarla con tres estaciones, es decir, 4.5 kilómetros subterráneos.

Cinco estaciones de la Línea 12 del Metro se abrirán al terminar este mes si son certificadas como seguras para los usuarios, dijo el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien afirmó que aunque “vestiría más” abrir las 11 estaciones en la fecha señalada, no se hará una “acumulación política”.


A finales de octubre serían reabiertas las estaciones Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas estrella, Calle 11 y Periférico Oriente.

En conferencia de prensa, Mancera dijo que solicitarán 171 millones de pesos para el presupuesto de 2016, año en que se prevé la sustitución de microbuses, la ampliación de los camiones del Sistema M1 (antes RTP) y de líneas de Metrobús, así como tres estaciones más de la Línea 12.
El mandatario capitalino explicó que en el caso de la ampliación de esa línea de Metro, se trabajará en 4.5 kilómetros subterráneos para las tres nuevas estaciones que concluirían en Observatorio.

El pasado 6 de septiembre, la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal (Sobse) informó que la fase de pruebas dinámicas para comprobar la correcta interacción de los trenes y las vías del viaducto elevado de la Línea 12 del Metro concluyó de manera satisfactoria.

Estas pruebas permitirán confirmar que cada uno de los trabajos de reparación es adecuado. Sobse dio a conocer que los resultados de estas pruebas serían dados a conocer en octubre, después de analizar todos los datos duros arrojados durante las tres jornadas de exámenes.

En marzo de 2014, el Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció que la Línea 12 suspendería servicios en 12 de sus estaciones por “problemas de construcción” durante por lo menos seis meses o hasta que se “realicen los estudios, correcciones y mantenimiento necesarios para resguardar la seguridad de los usuarios”.

Desde el martes 11 de marzo por la noche se cerraron las estaciones del tramo Tláhuac-Culhuacán y sólo quedaron funcionales las estaciones que van de Atlalilco a Mixcoac.


La conocida como “Línea dorada” se inauguró el 30 de octubre de 2012.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

En la opacidad y sin control, la “partida secreta” del Ejecutivo: ONG

MÉXICO, D.F: El recorte de 221 mil millones de pesos en el presupuesto “base cero” para 2016 no elimina la discrecionalidad con la que el Ejecutivo federal maneja el “presupuesto paralelo” de miles de millones de pesos de procedencia desconocida, denunció hoy Edna Jaime, directora de la organización México Evalúa.

En un acto conjunto llevado a cabo por representantes de organizaciones que integran Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Jaime recordó que en el país los diputados no ejercen su función de contrapeso para controlar el presupuesto, y precisó a Apro que lo anterior se explica por “asimetrías técnicas y porque muchos están comprados”.

“El ejercicio del gasto tiene vicios”, lamentó Jaime, al subrayar que en promedio el Ejecutivo federal suele gastar de manera opaca un presupuesto superior en 8.3% al que aprobaron los diputados a inicios del año, gracias a los “ingresos excedentes” recaudados por aprovechamientos.

De acuerdo con la directora de México Evalúa, se desconoce el origen de 70% de los ingresos por aprovechamientos –que se elevaron a 228 mil millones de pesos en 2013–, así como de poco menos de la mitad de los ingresos de origen no tributario ni petrolero –88 mil 482 millones de pesos el año pasado–, ya que las autoridades hacendarias registran su procedencia como “otros” y los subestiman de manera sistemática.

Gracias a este “presupuesto extra”, el Ejecutivo incrementa ciertos gastos en partidas poco transparentes, como es el caso del Ramo 23, al que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala cada año, explicó Jaime.

Por ejemplo, en 2013 México Evalúa documentó que los diputados dotaron con 3 mil millones de pesos al fondo regional del Ramo 23, el cual no contaba con programas definidos ni evaluaciones. A finales de ese año, el fondo había gastado 33 mil millones, once veces la cantidad atribuida meses antes.

“La partida secreta que usaba a su discreción el presidente hace años estaba en el Ramo 23, y ahí sigue, es como una carretera para dar vuelta a mucha regulación, pero abre la puerta a todo”, lamentó para luego considerar que los legisladores deberían exigir un mayor control sobre el “presupuesto paralelo”.

La directora de la organización insistió en que no basta con gastar una mayor cantidad de dinero para reducir la desigualdad, sino también ejercerla de mejor manera, pues recordó que a pesar del incremento de 35% en el gasto social entre 2011 y 2014, el número de pobres se incrementó dos millones en los primeros dos años de la presente administración.

De acuerdo con Mauricio Merino, investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y presidente de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), tres razones explican por qué en su forma actual el gasto público no reduce la pobreza y la desigualdad.

Primero, sostuvo, el presupuesto público no cuenta con mandatos claros, pues es producto de “negociaciones políticas, la inercia burocrática y de ciertos intereses”, en lugar de estar enfocado en problemas concretos que resolver. Por lo anterior, 94% del gasto programable no cuenta con objetivos que cumplir, matrices de indicadores o población definida.

Además, el gobierno no lleva a cabo evaluaciones precisas para redirigir los programas y mejorar sus políticas públicas, planteó. De acuerdo con el académico, 70% del gasto programable no llega a sus objetivos, y pese a ello “año con año lo van votando”.

Y cuando existen evaluaciones y datos confiables, concluyó Merino, se observa que los programas excluyen de manera inexplicable a grandes grupos vulnerables –como a la población indígena–, aun cuando integran los padrones únicos de beneficiarios. “Sin duda la equidad no es la prioridad del Estado”, sentenció.

José Woldenberg, académico y expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), recordó que en México el sistema fiscal incumple con su función de redistribuir las riquezas y reducir las desigualdades, ya que recauda la mayor parte de los ingresos entre todos los mexicanos a través de impuestos no progresivos, como el IVA.

En cambio, protege a las grandes fortunas, ya sea mediante una reducida recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) o en el nulo impuesto a los detentores de propiedades y capital.

En consecuencia, después de la redistribución del dinero recaudado por el sistema fiscal –a través de los programas, entre otros–, sólo se reduce la desigualdad en 2% contra el 20% en Alemania.

Woldenberg aseveró que “es necesario reducir los espacios de uso político de los programas”, pero advirtió que esto “será difícil”, pues “existen intereses duros y maduros” opuestos a la recaudación de las “grandes fortunas heredadas”.

Por su parte, el economista Enrique Provencio estimó que la decisión de destinar 70% los remanentes de operación del Banco de México al pago de la deuda –que aprobó hoy el Senado, a solicitud del Ejecutivo– es “cuestionable”, pues se podrían aprovechar las tasas de intereses bajas para invertir en proyectos productivos.

Provencio señaló que la inversión pública –alrededor de 3.5% del PIB– se encuentra en su nivel más bajo desde la década de los cuarenta, y exhortó a “no alimentar el círculo vicioso de recorte presupuestario y mal uso del gasto”.

El líder sindical Francisco Hernández Juárez añadió dos factores que merman el combate a la pobreza en México: el bajo costo de la mano de obra –vista como un incentivo para atraer inversiones– y la opacidad en los contratos colectivos, la cual fomenta el surgimiento de una “mafia sindical”.

Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), sostuvo que la implementación de las nuevas reglas de flexibilidad laboral debilitaron a los sindicatos y a los trabajadores más frágiles, lo que hace posible que el salario mínimo en México sea el más bajo entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).


“Con este salario, la economía formal produce pobres extremos todos los días”, resaltó para luego recordar que 7 millones de mexicanos reciben un salario mínimo a cambio de su trabajo –3 millones de ellos en el sector formal–, por lo que sentenció: “Es un país que no llega a la quincena”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Va México a juicio ante la CIDH por caso Ayotzinapa

WASHINGTON: Por violaciones a los derechos que van desde tortura hasta ejecuciones extrajudiciales y, en especial, por el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) someterá a juicio al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Este martes 20, en la sede de la CIDH y en el marco de su 156 periodo de sesiones en Washington DC, el gobierno de Peña Nieto tendrá que responder a varias acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.

En coincidencia a las cuatro audiencias que realizará la CIDH sobre México, el gobierno de Barack Obama decidió recortarle 15% de los 148 millones de dólares que destinó este año para apoyar a Peña Nieto en la lucha contra el narcotráfico, tras considerar que las fuerzas armadas cometen serias violaciones de derechos humanos.

El caso de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero, es de tal importancia y atención de la CIDH que determinó por su propia prerrogativa hacer una audiencia “de oficio” sobre el caso.

En la sesión se presentará el reporte sobre la desaparición de los 43 estudiantes llevado a cabo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos resultados de la investigación del caso Iguala contrastan totalmente con la pesquisa llevada a cabo por el gobierno mexicano.

En esta audiencia de oficio el GIEI tendrá la oportunidad de cotejar y cuestionar al gobierno de Peña Nieto respecto de sus conclusiones de la “verdad histórica”, y de lo que asegura ocurrió con los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Además de la participación del GIEI y de la CIDH, en la audiencia de oficio también estarán padres de algunos de los jóvenes desaparecidos y varios grupos defensores de los derechos humanos, por lo que se adelanta que el gobierno de Peña Nieto será ampliamente sometido a varias interrogantes a las que tendrá que responder.

La jornada de audiencias sobre México en la CIDH se inicia por la mañana de este martes con el caso Manuel Santiz Culebra y el de la masacre de Acteal, Chiapas.

En la segunda audiencia, la CIDH y grupos defensores de derechos humanos analizarán judicialmente el tema “derechos humanos y políticas de drogas en México”.

En esta sesión se espera que se aborde en detalle el papel del Ejército y la Marina de México en el combate al narcotráfico y al crimen organizado, tareas en las que se les acusa de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos.

La tercera audiencia será la de oficio sobre Ayotzinapa, y por la tarde la última, también de suma importancia para la CIDH, ya que se trata de “denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales”.

Para la última audiencia se adelanta que nuevamente la CIDH cuestionará al gobierno de Peña Nieto sobre el caso Ayotzinapa, en torno a la masacre de Tlatlaya, Tanhuato y varias más acusaciones que se han presentado ante el órgano jurídico interamericano.

Como no ocurría desde hace varios años, y esto como resultado de la lucha militarizada contra el narcotráfico que inició el expresidente Felipe Calderón, y a la que le dio continuidad Peña Nieto, a México se le considera uno de los países latinoamericanos en el que más se cometen violaciones a derechos humanos.


El Ejército, la Marina y todas las agencias policiales mexicanos han sido denunciados ante la CIDH por cometer todo tipo de violaciones a los derechos, acusaciones que además no han sido investigadas a fondo por parte del gobierno mexicano.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.

Otra fuga de “El Chapo”, otro ridículo de Peña

MÉXICO, D.F: Cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán se fugó del penal de alta seguridad del Altiplano, el sábado 11 de julio, Manuel Clouthier no tenía duda de donde se escondía: En Sinaloa.

“Es su terruño –me dijo Clouthier vía telefónica desde Culiacán–. Los animales son territoriales y la parte más animal del ser humano también es territorial. ¡No hay que andarlo buscando en Afganistán, caray!”

En efecto, tal como lo dijo el primer diputado federal independiente de la historia, “El Chapo” Guzmán se fue a Sinaloa, y allá, hace unos días, se le volvió a escapar al gobierno de Enrique Peña Nieto, colocado otra vez como hazmerreír del mundo.

Desde agosto Abel Barajas, colega de Reforma, informó que “El Chapo” huyó a Sinaloa: Tras salir por un túnel del penal de Almoloya de Juárez, se trasladó por carretera hasta la comunidad de Senegal de Palomas, en San Juan del Río, Querétaro –una distancia de 116 kilómetros–, para de ahí tomar un avión hasta el puerto de Mazatlán y luego internarse en la sierra.


Hay quien dice que este nuevo episodio del famoso criminal es en realidad un montaje para desviar la atención de la difusión del video de la fuga del Altiplano, el miércoles 14, que ya incluye sonido y que derrumba, como en el caso de Ayotzinapa, la otra “verdad histórica” de la autoridad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.

“Ya hay signos alentadores para la población”: Videgaray

"La casa es mía y de mi familia, y seguirá siendo mía", dijo el secretario sobre el inmueble en Malinalco, que adquirió a través de Grupo Higa, aunque dudó cuando se le preguntó si la volvería a comprar.

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aseveró que gracias a las reformas estructurales que concretó el gobierno de Enrique Peña Nieto, “ya hay signos alentadores para la población”. 

En entrevista para El País, aseguró que ”el precio de la electricidad ha descendido, la oferta del crédito ha aumentado, y se ha reducido el coste de la telefonía e internet. Aunque aún estemos lejos de los efectos plenos…”.

Además, dijo, ”México tiene la inflación más baja de su historia y, gracias a ello, ha repuntado el consumo”.

No obstante, reconoció un “contexto internacional adverso”, por la baja en los precios del petróleo. “El entorno externo no depende de nosotros, pero sí cómo respondemos a ese desafío. Y eso tiene que ver con la agenda de reformas”, atajó.

Y remató: “Más allá de las coyunturas, México va en la dirección correcta”.

¿Volvería a comprar su casa en Malinalco? 

-Su adquisición de una casa en Malinalco a un contratista del Gobierno (Grupo Higa) le ha erosionado políticamente. ¿Volvería a comprarla?-, le preguntaron dos periodistas de al secretario de Hacienda.

“No lo sé (si la compraría de nuevo). El hubiera no existe. La casa es mía y de mi familia, y seguirá siendo mía”, asentó.

“Ha sido un episodio complejo en lo personal, que ha afectado sobre todo a mi familia. Sobre el futuro político, eso lo dejo a los analistas y comentaristas”, abundó.

El 11 de diciembre de 2014, el Wall Street Journal publicó una nota sobre la compraventa de dicho inmueble, en términos inusuales, a la empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista del gobierno de Enrique Peña Nieto, primero en el Estado de México, y ahora del federal.

Los reporteros también le preguntaron hasta qué punto han afectado a la economía casos como Ayotzinapa, la fuga de El Chapo o la Casa Blanca. A lo que Videgaray respondió: “Un buen ánimo social conduce a un mejor entorno económico. No son esferas separadas. En México ha habido desánimo, frustración y enojo ante esos casos. Pero la mejor respuesta desde la política económica es insistir en aquello que genera resultados perceptibles para la gente. La confianza se gana con hechos”. 


Los periodistas insistieron en el tema de la falta de confianza en el gobierno, por lo que el funcionario consideró que ésta “no se construye con discursos ni con anuncios espectaculares. Es un proceso que se gana poco a poco y con consistencia. No hay un sustituto narrativo para los resultados en materia económica, sobre todo para aquellos que se notan en el bolsillo de las familias”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Concluye “apagón” en 7 estados; han entregado 6.2 millones de televisores

El próximo apagón analógico se llevará a cabo el 29 de octubre.

A la fecha se han apagado 57 señales analógicas en siete entidades del país. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) constataron que el reciente apagón analógico se llevó a cabo en forma ordenada y sin contratiempos en Monterrey y su zona metropolitana, como ha sucedido en otras ciudades del país.

Las entregas de televisores hechas por la SCT permitieron alcanzar un nivel de penetración de 97 por ciento de hogares de escasos recursos definidos por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por lo que el Ifetel pudo determinar que el apagón analógico se llevara a cabo el 24 de septiembre en Monterrey y su zona metropolitana.

De acuerdo con el Módulo de Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del INEGI, en 2014 el 33 por ciento de los hogares (436 mil) de Nuevo León dependía de la televisión analógica; en contraste con 10.3 que se observó en octubre de 2015.

Este dato resalta la importancia del proceso de apagón analógico y su difusión en el incremento de la penetración, como sucede en otras partes del mundo.

Así, el proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) continúa y el próximo apagón analógico se llevará a cabo el 29 de octubre e implicará el cese de transmisiones analógicas de seis señales en Cuernavaca, Morelos; siete en Torreón, Coahuila y Gómez Palacio, Durango, y una en San Luis Río Colorado, Sonora.

Asimismo, la SCT se encuentra integrando la información relativa a la penetración de televisores digitales en diversas áreas de cobertura en el Valle de México, entre otras, para ser notificada en breve al Ifetel.

Con el cese de estas transmisiones analógicas se alcanzará 75 por ciento de la población que se beneficiaría de recibir exclusivamente señales digitales.

Por lo que hace al programa de entrega de televisores del gobierno federal, la SCT cumple con el mandato legal de entregar equipos digitales al menos a 90 por ciento de los hogares de escasos recursos definidos por la Sedesol.

La dependencia ha establecido el listado de beneficiarios con base en los padrones de 12 programas de desarrollo social. En consecuencia, la SCT ha atendido puntualmente a los hogares de escasos recursos que ha definido la Secretaría.

A nivel nacional, la SCT ha entregado 6.2 millones de televisores digitales a igual número de hogares de escasos recursos y en este año se concluirá la entrega beneficiando a 9.4 millones de hogares, casi un tercio de los hogares del país.

Cabe recordar que la transición a la TDT no es un proceso reciente, 30 de 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya la han concluido y normalmente los hogares enfrentan los cambios tecnológicos con sus propios recursos.

Así, México echo a andar una política social sin precedentes en el mundo, que posiciona al país a la vanguardia en términos de inclusión social de la población de escasos recursos, ya que en otras naciones no ha habido apoyos de esta magnitud ante este cambio tecnológico.

Además, con el objetivo de dar seguimiento a todo el proceso de transición digital, se llevó a cabo una encuesta del 1 al 7 de octubre por parte de la empresa Planning Quant, que revela que 56.2 por ciento de los hogares tiene televisión de paga.

Señala que 89.4 por ciento de la población tuvo conocimiento del apagón analógico, siendo la televisión el principal medio por el que se informaron.

Una semana después del apagón únicamente 10.3 por ciento de los hogares no contaba con la posibilidad de recibir señales digitales, esto es, 472 mil 635 personas que representan 120 mil 795 hogares.

De acuerdo con la encuesta, 63 por ciento de los hogares tiene cuando menos un televisor digital en sus hogares, mientras que 3.4 por ciento de los hogares que sólo tienen televisores analógicos, los tienen conectados a un decodificador.


En ese sentido, el Ifetel y la SCT continuarán informando periódicamente sobre los avances en la Transición en la Televisión Digital Terrestre y ratifican su compromiso con el mandato establecido en la Constitución, de concluir este proceso el 31 de diciembre de 2015. 

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Toma el Ejército control de la seguridad en seis municipios de Michoacán

MORELIA, Mich: En coordinación con el gobierno estatal, el Ejército tomó bajo “resguardo” seis municipios de Michoacán para revertir “rebrotes” de inseguridad pública, revelaron fuentes oficiales.

Los primeros territorios que se encuentran en custodia de la milicia son: Morelia, Uruapan, Zitácuaro, Sahuayo, Huetamo y La Piedad, donde en meses recientes se han producido reiterados eventos delictivos del fuero común y federal.

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desarmó a elementos policiacos del municipio de Tuzantla, donde el gobernador Silvano Aureoles Conejo echó a andar el pasado 5 de octubre el Mando Unificado. Mientras se materializa la estrategia, los militares desempeñarán las funciones de policía municipal, encargándose de la seguridad de la localidad.

Habitantes se mostraron sorprendidos las primeras horas de este domingo cuando personal militar desarmó a una treintena de elementos de la policía municipal a quienes las autoridades locales les solicitaron su renuncia.

Desde el inicio del gobierno actual, alrededor de mil efectivos castrenses han sido desplegados en la geografía estatal, y en los próximos días “llegarán otros centenares para garantizar la paz y seguridad de las familias michoacanas”, explicaron los funcionarios consultados.

A Morelia llegaron 120 militares y a Uruapan 80, en tanto que los 800 restantes se distribuyeron en Zitácuaro, Huetamo, Sahuayo y La Piedad.

Además de militares también arribarán elementos de la Policía Federal. Según Aureoles Conejo, entre cuatro y cinco mil elementos de las fuerzas federales arribarán a Michoacán para hacerse cargo de la seguridad del estado y para blindar las fronteras con otras entidades, por donde intentan ingresar grupos delincuenciales.


“Están llegando ya los elementos de refuerzo, hoy (el domingo pasado) llegó un primer grupo de la Policía Federal incluyendo algún equipo aéreo y van a seguir llegando en los siguientes días”, recalcó Aureoles como lo adelantó en su toma de protesta.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.

Magistrado se baja de la contienda por el TSJDF; quedan Guerra Álvarez y Elías Azar

MÉXICO, D.F: La contienda por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) se redujo a dos candidatos, pues este lunes el magistrado Eduardo Alfonso Guerrero Martínez declinó su participación y dejó en la recta final a Rafael Guerra Álvarez y al actual presidente Edgar Elías Azar.

En la sesión del pleno de magistrados de este martes, los aspirantes a presidir el máximo órgano de justicia de la ciudad presentaron sus proyectos de trabajo en intervenciones de hasta 30 minutos, informó el Tribunal en un comunicado.

Durante el encuentro privado –que duró unas tres horas–, los magistrados cuestionaron a los candidatos sobre la manera en que llevarán a cabo sus propuestas en caso de ser electos para presidir el órgano en los próximos tres años.

Al final de su intervención, el magistrado Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, integrante de la Primera Sala Penal, informó a sus colegas que no participará en la elección del próximo 4 de noviembre.

Se trata del aspirante que más había manifestado de manera pública su inconformidad por la intención de Elías Azar de mantenerse en el puesto, tras dos periodos de cuatro años, y ante la polémica legal de que ésta pudiera ser una segunda reelección del funcionario.

Luego del decline de Guerrero Martínez, el único contendiente de Elías Azar es Rafael Guerra Álvarez, magistrado de la Séptima Sala Penal. Entre los casos que ha tenido en sus manos están: el secuestro y desaparición de los jóvenes de la discoteca News Divine.


La votación para el presidente del TSJDF será el próximo 4 de noviembre, en sesión pública del pleno de magistrados, mediante voto secreto de sus integrantes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.