A principios de mes, la Secretaría de Marina desplegó a sus tropas en la sierra de Tamazula para que peinaran la zona en busca de Joaquín El Chapo Guzmán, pero no pudieron localizarlo, según el semanario Ríodoce, que comparte su información con Proceso. Lo único que causaron los marinos fue pavor en las comunidades aledañas y desplazamientos, dicen los afectados, quienes ya presentaron cargos contra las tropas y exigen indemnización.
MÉXICO, D.F: Desde la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad de El Altiplano en julio pasado no se había registrado ningún operativo de las fuerzas federales en el llamado Triángulo Dorado que indicara la presencia del capo en la serranía. Pero a principios de mes, ante el rumor de que Guzmán se encontraba en la zona, fuerzas especiales de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) comenzaron a desplegar sus tropas en los poblados aledaños, aunque desde mediados de septiembre los pobladores detectaron que un dron monitoreaba el entorno. Los marinos que peinan la sierra de Tamazula provocan irritación entre los habitantes de la comunidad El Limón, quienes se sienten intimidados y se quejan porque las tropas disparan contra algunas viviendas y mantienen en virtual estado de sitio varios poblados. Según los reportes oficiales del DIF de Tamazula, 180 habitantes de El Verano, El Águila, La Piedrosa, Las Coloradas, Rancho Viejo, Las Carreras, Jaqueme, Los Jacales, Lagunita y Barraganes abandonaron sus casas y se refugiaron en Cosalá, luego de que desde un helicóptero los marinos balearon algunas casas en El Limón, el martes 6. Ríodoce recorrió la zona y entrevistó a varios marinos, quienes aseguran que un grupo delictivo utiliza uniformes apócrifos de la Armada para hacer sus tropelías. Eso, dijeron, es lo que provoca las acusaciones contra la Semar…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2033 de la revista Proceso, actualmente en circulación. FUENTE: PROCESO. AUTOR: CRISTIAN DÍAZ (REPORTAJE ESPECIAL)
MÉXICO, D.F: El exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, negó tener responsabilidad en la huida del jefe de la policía municipal de Iguala, Felipe Flores, y afirmó que gracias a su actuación en el ataque a los normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre del año pasado fueron detenidos 22 policías involucrados en el caso. En entrevista con Radio Fórmula, la primera tras su renuncia al cargo en noviembre del año pasado, Blanco dijo vivir “tranquilo” y pidió, de entrada, no politizar el caso y hacer un análisis sobre el trabajo que realizó como fiscal, sin el cual no se habría logrado la detención de los 22 policías municipales ni avanzado en las pruebas periciales que integraron el expediente entregado a la Procuraduría General de la República (PGR). Y en el caso específico del exdirector de seguridad municipal, acusado de haber ordenado el ataque a los estudiantes y quien está prófugo a la fecha, Blanco negó tajante haberlo dejado escapar. Según él, cuando el jefe policiaco se presentó a declarar aún no había señalamientos en su contra. Felipe Flores “comparece en dos distintos momentos, facilita algunas cosas, pero hasta ese momento no existían señalamientos en contra de este personaje”, afirmó. Las acusaciones, abundó, surgieron 10 días después de los hechos, cuando dos elementos de Protección Civil declararon que escucharon cómo Flores daba instrucciones a los policías sobre los normalistas. Al momento de esas declaraciones el jefe policiaco ya se había fugado. El exfiscal contó que tras el arresto de los 22 policías municipales, señalados por los normalistas como sus agresores, varios comandos amagaron con liberarlos por lo que debieron ser trasladados a Acapulco. Recordó que la del 26 de septiembre “fue una noche por demás complicada y nos sentimos muy solos, aunque sí contamos con el apoyo de algunas autoridades, como el Ejército”. Blanco destacó también que la Fiscalía de Guerrero fue la primera institución en iniciar una investigación contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, a quien se acusa de tener vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos y diversos delitos cometidos antes de los ataques a los normalistas y afirmó que también fue la primera en dar a conocer el hallazgo de ropa en el basurero de Cocula. El exfiscal guerrerense afirmó además que no compareció ni colaboró con los especialistas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque nunca fue requerido por ellos y aseguró que sí ha colaborado con las autoridades mexicanas que lo han requerido.
Actualmente, dijo el exfiscal, se encuentra “tranquilo” y litiga en casos particulares. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
HERMOSILLO, Son., 20 de octubre: El Instituto de Transparencia Informativa estatal (ITIES) ordenó que los nueve expedientes reservados por el gobierno de Sonora se liberaren para su acceso público. El estudio y resolución a cargo de la presidenta del ITIES, Arely López Navarro, fue aprobado por unanimidad por los vocales de este órgano de transparencia en el estado durante la sesión del pleno en donde se resolvieron otros 21 recursos de revisión. Como se publicó el 2 de noviembre, en exclusiva para Apro, la administración estatal que encabezó Guillermo Padrés Elías decidió dejar información pública fuera del alcance de los ciudadanos sonorenses hasta 2024. Se trata de nueve expedientes, llamados Acuerdos de Reserva, que la oficina del Ejecutivo estatal evitó que sean analizados por la opinión pública por los próximos 10, 6 y 5 años, respectivamente. Estos acuerdos están relacionados con los servicios de asesoría que ha recibido el mandatario sonorense, la logística en materia de seguridad que se sigue en sus giras estatales y el recurso entregado, desde 2009, a los padres de los 49 niños fallecidos y los más de 70 lesionados durante el incendio de la guardería ABC. De acuerdo con la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 00162614, el titular del Poder Ejecutivo en Sonora elaboró estos nueve Acuerdos de Reserva a fin de proteger “datos personales” del Estado. En el documento firmado por Óscar Francisco Rodríguez Miranda, extitular de la Unidad de Enlace de la Gubernatura, se argumenta que el contenido de estos acuerdos se deja fuera del alcance de los sonorenses debido a que: “(De darse a conocer) se estaría poniendo en riesgo la vida, seguridad y salud de cualquier persona. Se arriesgaría la estabilidad de las instituciones del estado de Sonora y sus municipios; o la integridad de las máximas autoridades de los tres poderes de la entidad”. No obstante, en nada se vulnera la seguridad de la entidad si se transparentan en 2014 -y no hasta el 2024- los montos que recibe cada uno de los padres de las víctimas por lo ocurrido en la Guardería ABC. Hasta 2020 se protegió la información para que los sonorenses conozcan los contratos que firmó el Ejecutivo estatal con los asesores que lo asistieron en la comunicación social de 2009 a 2015. En ese mismo año podrá ser consultado el uso de vehículos oficiales asignados a secretarios y subsecretarios que colaboraron directamente con el gobernador, así como del personal y los vehículos que se utilizan en Casa de Gobierno. Este último Acuerdo de Reserva se contrapone con el decreto de austeridad que dictó el propio Guillermo Padrés el 6 de mayo de 2013, sobre todo en lo correspondiente al capítulo de “Economía Presupuestal”: “Las dependencias deberán suspender de forma definitiva la celebración de contratos por honorarios, por honorarios asimilables a sueldos, o cualquier otra cosa que sea de su denominación”. También en 2020 se podrán conocer las transacciones bancarias y financieras realizadas por la oficina del Ejecutivo a lo largo del sexenio, pese a que el 17 y el 29 de octubre de 2014 se interpusieron sendas demandas contra el gobernador sonorense por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero luego de darse a conocer las dimensiones de su rancho Pozo Nuevo, valuado en 99 millones de pesos, sin contabilizar las 300 hectáreas de nogal, que por cada una de ellas se paga 20 mil dólares anuales en gastos de mantenimiento. En 2019 también será posible conocer el contrato celebrado con el despacho “Grupo RSS S.C.” para implementar este año los juicios orales en la entidad. Asimismo se conocerá el contrato contraído con el despacho Falcon Expertos en Opinión Pública S. de R.L. de C.V. para difundir y analizar los avances los juicios orales en Sonora. La solicitud antes citada argumenta que la decisión gubernamental de resguardar estos nueve expedientes se fundamenta en el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. En entrevista realizada en aquella ocasión, el gobernador Guillermo Padrés Elías dijo desconocer el origen de los nueve expedientes que desde su oficina se ordenó fueran resguardados para no ser conocidos hasta dentro de 10 años. “La verdad es que es un tema que no conozco, lo reviso y lo informo”, justificó. Cabe mencionar que la solicitud de acceso a la información pública 00162614 precisa que estos Acuerdos de Reserva fueron elaborados por el titular del Ejecutivo.
Ante esto, el ITIES ordenó a la oficina del Ejecutivo estatal entregar versiones públicas de los nueve expedientes antes citados, en las que sólo se excluyan los datos que pudieran afectar la privacidad de las personas involucradas, principalmente en los casos socialmente sensibles, como es el caso ABC. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
La Cámara de Diputados aprobó en votación económica el calendario y el formato de las comparecencias ante comisiones de funcionarios de la administración pública federal, con motivo del análisis del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República. El acuerdo, presentado por la Junta de Coordinación Política, establece que las comparecencias tienen el objeto de continuar con el análisis del Tercer Informe de Gobierno, así como enriquecer el diálogo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. Para ello, se acordó citar a los titulares de las secretarías de Economía, de Educación Pública y Gobernación. El documento detalla que el Secretario de Economía, Ildelfonso Guajardo Villarreal, se presentará ante el órgano legislativo este 20 de octubre, a las 18:00 horas. En tanto, Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaría de Educación Pública, lo hará ante las comisiones unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, el 21 de octubre, a las 18:00 horas. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, se presentará ante las comisiones unidas de Gobernación, y de Seguridad Pública, el 22 de octubre, a las 17:00 horas. Las comparecencias se desahogarán conforme al siguiente formato: el funcionario rendirá protesta de decir verdad y se realizará una presentación a cargo del secretario de Estado, hasta por 15 minutos. Posteriormente, habrá una ronda de posicionamientos de los grupos parlamentarios y del diputado independiente, hasta por cinco minutos cada uno, en orden creciente; a) Diputado independiente; b) Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; c) Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; d) Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; e) Grupo Parlamentario de Morena; f) Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; g) Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; h) Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y i) Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Al término, se realizarán dos rondas de sucesivas preguntas y respuestas, en orden creciente, con base en los siguientes lineamientos: a) Pregunta del grupo parlamentario, hasta por tres minutos. b) Respuesta del funcionario, hasta por tres minutos. Finalmente, habrá una ronda final para preguntas, respuestas y comentarios, en orden creciente, de conformidad con las siguientes características: a) Pregunta del grupo parlamentario, hasta por tres minutos. b) Respuesta del funcionario, hasta por tres minutos. c) Comentarios del grupo parlamentario, un minuto.
Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para el miércoles 21 de octubre, a las 11:00 horas. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
A 14 años de su muerte, la familia de Digna Ochoa Plácido reitera que la defensora de derechos humanos fue asesinada y aún espera que el Estado mexicano cumpla lo ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que lo condenaba a reparar la imagen y decir que ella no tenía problemas emocionales como para suicidarse, además están en espera del resolutivo que dé, puesto que ya dio entrada al caso. Ignacio Ochoa y Plácido, hermano de Digna, señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio entrada al caso para su análisis y la familia aún está en espera de la postura oficial de la CIDH, “esperamos y confiamos que se pronuncie sobre el caso de Digna y que todas las irregularidades son con el fin de simular un suicidio. Pero todos sabemos que fue manipulada la averiguación, Digna fue traicionada y tras su muerte hay responsables”. El hermano menor de Digna comentó que la familia considera que la defensora de derechos humanos fue sometida, asesinada y hubo simulación de un suicidio porque las instancias lo orquestaron, “todo el historial de Digna de amenaza y persecución fue constante, tan fue así que estuvo de refugiada en Washington y si ella misma fue quien se amenazaba, ella era quien se perseguía y secuestraba sola, entonces tendría un gran equipo o banda delictiva, Digna Ochoa fue asesinada”, expresó. Así, dijo que no sólo no se le ha hecho justicia a su hermana, sino que el Estado mexicano ha desacatado lo ordenado por la Comisión Interamericana que pidió restaurar la imagen de Digna cosa que tampoco cumplió, precisamente el ordenamiento fue cuando “la fiscal Margarita Guerra que Digna se había suicidado, cuando manifestaron que tenía problemas emocionales, que tenía esos problemas desde niña en fin (…). “Digna fue una mujer con principios y valores cristianos bien cimentados –sostuvo su hermano– por el hecho de estar en una congregación religiosa renovó sus votos y compromiso de servicio a quien lo necesitaba, Digna pensaba diferente y tenía la esperanza que las cosas sí pueden ser diferentes, que esa lucha sí vale la pena y para ello ahora se cuenta su historia”.
A través de instancias a las que ellos han acudido, dijo, “México es un país donde se violan derechos humanos, así se hable de avances, de cambios pero la situación es crítica tanto para defensores y periodistas que buscan justicia y hablan con la verdad”. FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ.
CUERNAVACA, Mor: Sin ningún argumento, la delegación estatal de la Procuraduría General de la República se negó a aceptar una denuncia interpuesta por el activista Jaime Domínguez Pérez contra elementos del Mando Único Policial por tortura, entre otros delitos. El inconforme es miembro del Frente en Defensa del Agua, el Aire y la Tierra en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala y es uno de los principales opositores a la construcción y funcionamiento de la termoeléctrica en Huexca y del gasoducto que cruza las tres entidades. En rueda de prensa, en los portales del Palacio de Gobierno, junto a la ofrenda de las víctimas, integrantes del frente y del Comité contra la Tortura denunciaron la negativa federal a tomar en cuenta la denuncia, misma que sería la base para la intervención de organismos internacionales de defensa y promoción de los derechos humanos. Domínguez Pérez no participó en la conferencia de prensa por razones de seguridad, debido a que en las últimas semanas ha sufrido persecución y acoso policiaco, incluso en su propio domicilio, según contó Samir Flores Soberanes, de los opositores al gasoducto en Amilcingo, municipio de Temoac. De acuerdo con un comunicado leído en la conferencia, luego de la segunda sesión del Congreso de los Pueblos celebrada en la comunidad de Huexca, el pasado 10 de octubre, y hechas públicas las intenciones de denunciar la tortura en su contra y las afectaciones que ha tenido en su persona, el acoso y la persecución se incrementaron. Camionetas y automóviles lo siguen a todas horas del día, además de que la PGR lo ha citado a declarar al menos en una ocasión, con el temor de que sea aprehendido, pues existe una denuncia en su contra por ataque a las vías federales de comunicación. Laura Ozuna Oropeza, abogada de Domínguez Pérez, informó que desde las primeras horas de este martes acudieron a las oficinas de la delegación de la PGR en esta entidad para presentar la denuncia por tortura en contra de elementos del Mando Único, quienes en 2013 lo golpearon en todo el cuerpo y le infringieron severos daños y lesiones irreversibles en los oídos, durante las sesiones de tortura. La abogada refirió que la PGR se declaró incompetente para atender la denuncia y los remitió a las instancias estatales, es decir, ante la Fiscalía General de Morelos. “Nos dijeron que sólo atienden casos graves o de personas que tengan trascendencia, aun cuando Jaime es un activista social”. El caso ha sido llevado a instancias nacionales e incluso internacionales, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). También fue presentada ante el relator de las Naciones Unidas para la tortura, durante su reciente visita al país. No obstante, para que ambas instancias actúen en consecuencia, es necesario que exista una denuncia por tortura, lo que no se ha podido presentar, dados los argumentos de la PGR. La denuncia por tortura alcanzaría no sólo a los 80 elementos del Mando Único que participaron en el operativo del 21 de septiembre del 2013 en Huexca, sino al Ministerio Público, al Médico Legista que omitió la situación física de Domínguez y, en su caso, a la cadena de altos mandos, que termina con el gobernador Graco Ramírez. La resistencia y la represión El 21 de septiembre de 2013, Jaime Domínguez Pérez fue detenido por elementos del Mando Único durante una protesta de habitantes de la comunidad de Huexca, quienes intentaron detener las obras de construcción del acueducto para llevar agua a la termoeléctrica que se construyó en esa comunidad. Los activistas realizaban el bloqueo a los camiones y máquinas en la colonia Gabriel Tepepa de Cuautla, misma que colinda con las comunidades de Apatlaco, en Ayala y otras de Yecapixtla, donde se construye la planta productora de energía eléctrica. Cerca del mediodía, unos 80 policías del Mando Único arremetieron contra los inconformes y en la refriega, detuvieron a Domínguez Pérez, y por más de 10 horas fue sometido a tortura por parte de la policía, lo que le ocasionó secuelas en sus oídos, perdiendo capacidad para escuchar. A partir de ahí, se logró su liberación, pero se inició un proceso ante la Procuraduría General de la República (PGR) por ataques a las vías federales de comunicación, por lo que ha sido citado a declarar. Jaime Domínguez Pérez decidió junto con sus abogados presentar una denuncia ante la PGR contra los elementos del Mando Único de Morelos, sin embargo, la instancia federal se declaró incompetente.
Al tiempo de presentar la denuncia, el activista ha sido objeto de acoso y persecución policiaca, por ello, decidió dejar su domicilio, pues teme por su seguridad e integridad, denunciaron sus abogados y compañeros activistas. FUENTE: PROCESO. AUTOR: CORRESPONSALÍA
MÉXICO, D.F: Con un pronunciamiento por estrechar la relación con la ciudadanía y que ésta conozca más a las fuerzas armadas, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Gaytán, dio una serie de elementos sobre su apertura a la sociedad civil: El titular de la Sedena aseguró que se debe discutir, analizar y debatir, “sin distraer la lealtad”, y consideró que esa relación debe darse en el ámbito académico. En semanas recientes, la postura de Cienfuegos se ha caracterizado por la resistencia al escrutinio público, señaladamente de observación extranjera; en negativa total a abrir los cuarteles y a que el personal militar sea interrogado sin la presencia de mandos castrenses. Hoy, al inaugurar el foro “Fuerza Aérea Mexicana en la defensa del Estado mexicano”, aseguró que las fuerzas armadas deben conocerse por la sociedad “más y mejor”, poniendo como ejemplo la actividad convocada por la Universidad Anáhuac. Durante su mensaje, Cienfuegos Gaytán aseveró, como ha hecho desde el inicio de su encargo en diferentes oportunidades, que “las fuerzas armadas son uno de los soportes del progreso de México”. Ante el secretario de Marina, Vidal Soberón Sanz; el gobernador mexiquense Eruviel Ávila, y autoridades de la mencionada casa de estudios, Cienfuegos hasta separó a las fuerzas armadas del gobierno: “Juntos, sociedad, gobierno y fuerzas armadas estamos construyendo intercambios de ideas”, expresó en específico sobre la realización del foro.
Según el titular de Sedena, la Universidad Anáhuac realiza por tercer año consecutivo el mencionado foro. La casa de estudios –que pertenece a la orden católica de los Legionarios de Cristo– tiene estudios superiores para personal militar y un programa de becas para hijos de militares, cuyos egresados fueron destacados por el mando castrense. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
GUANAJUATO, Gto: El gobernador Miguel Márquez Márquez desestimó la denuncia interpuesta ante la Secretaría de la Transparencia en contra de funcionarios que no cumplen el perfil para los cargos directivos que ocupan, entre ellos su cuñado Luis Alberto Carreño Tovar, director de Inclusión en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. “Yo no lo contraté… No me detengo en estos temas, vamos por cuestiones más importantes para el estado”, señaló. Integrantes de la organización Ciudadanos Hartos entregaron en la Secretaría de la Transparencia una lista de funcionarios que no cumplen con el perfil y requisitos establecidos para los cargos que ocupan, de acuerdo con datos obtenidos a través de la Unidad de acceso a la información pública del Ejecutivo. Señalaron que Luis Alberto Carreño Tovar, hermano de la esposa del gobernador Márquez, tiene el cargo de director de área en la dependencia referida, pero no cuenta con la licenciatura que se pide, según indica el área de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración. Carreño aparece en el tabulador del gobierno en el nivel 14 y recibe casi 72 mil pesos mensuales como salario. Otro funcionario señalado es el director del Instituto de la Tenencia de la Tierra en el estado, Adalberto Rodríguez Moctezuma, quien como director general gana 110 mil pesos mensuales, pero según su currículum oficial no tiene la licenciatura solicitada para el puesto, sólo el certificado de secundaria otorgado por el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA). Este martes, el gobernador precisó que su cuñado trabaja en el gobierno del estado desde hace “12 ó 14 años”, por lo que no fue él quien decidió su contratación. “Lo digo con toda claridad: si estoy fuera de la ley, que se me sancione y punto. Igual va a ser, cualquier otro familiar que tenga, si ya ellos estaban trabajando con años de anticipación, fueron contratados por otras administraciones, no los contraté yo de manera personal. Sería lamentable para ellos que entrando yo los tenga que despedir, cuando la ley laboral los protege”, explicó. Márquez aseguró que en el caso específico de su cuñado, éste no tiene privilegios sobre otros funcionarios, y defendió el hecho de que ocupe un cargo de director, pese a no contar con el perfil oficialmente establecido. “Es como cualquier trabajador, tiene ya 12, 13 años trabajando. En este caso, este chavo (su cuñado) es director de área, si cumple, adelante; si no cumple, adelante”, subrayó. Márquez habló esta mañana ante egresados de la especialidad en Procuración de Justicia Penal, en la Procuraduría General de Justicia del estado, y los felicitó por su empeño en capacitarse para prestar servicios en esa área. Incluso les ofreció que buscaría la manera de que se colocaran con una plaza de trabajo segura. Ya afuera, en entrevista, el mandatario soslayó el tema del nivel profesional para los puestos públicos. “Yo les voy a decir una cosa: los resultados son los que hablan ahí, con toda la tranquilidad y la paz de mi conciencia, se los digo. Con todo gusto haré lo que esté dentro de la ley si protesté cumplirla”. –¿Entonces avala que estén en esos cargos (los funcionarios) aunque no cumplan el perfil requerido? –se le preguntó. –Está hasta por ley ya la evaluación al desempeño, es por resultados, insisto, ya es por resultados –respondió. –Pero se pide un perfil, para su cuñado y para los otros funcionarios. –Estamos hablando de una excepción, si así fuese, pero hablan de familiares que no cubren… Se están refiriendo a esta persona, pero yo no quiero entrar en polémicas ni en detalles. –Es un ejercicio de transparencia, gobernador.
–Por eso, tan transparente lo digo yo, dentro de la ley. Si no estoy siendo transparente, no estoy dentro de la ley, que se me sancione, de ese tamaño. Yo les he dicho siempre, igual en mi patrimonio, en todo, no tengo bronca. Al contrario, yo no me detengo en estos temas, vamos por cuestiones más importantes para el estado, cómo generar más infraestructura, cómo trabajar más en el tema de seguridad, cómo fomentar más los valores en las escuelas, para mí es fundamental, de veras, hay muchas tareas… Yo voy a trabajar, yo tengo mi conciencia muy tranquila –concluyó. FUENTE: PROCESO. AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
Padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa respaldaron al grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual continuará 6 meses más en México para profundizar su investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes.
Dos de ellos son: sacar de la SEIDO la investigación sobre los normalistas desaparecidos, así como un nuevo peritaje en el basurero de Cocula.
Durante la audiencia pública este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el grupo de expertos que investigan el caso Ayotzinapa dio a conocer que firmó con el gobierno mexicano diez compromisos que se concretarían en las próximas semanas. Los expertos señalaron que se trata de “acuerdos básicos” para continuar, por 6 meses más, su investigación sobre los normalistas desaparecidos. Entre ellos se encuentra uno ya anunciado previamente por la titular de la PGR, Arely Gómez; el documento firmado indica que se habrá de “sacar la investigación de la SEIDO de forma inmediata, proporcionando toda la información existente a un nuevo equipo de investigación en la Subprocuraduría de derechos humanos, el cual llevará la segunda parte de investigación de forma exclusiva“. Otro compromiso es sobre el nuevo peritaje en el basurero de Cocula, del que se acordó que: “a) se establezcan de común acuerdo los objetivos y condiciones para llevarlo a cabo, b) se tome de forma conjunta la decisión sobre los perfiles y la elección definitiva de los peritos, c) se consensúe el modo en que se realizará el estudio”. Un compromiso más del gobierno con los expertos establece una planificación “de forma conjunta” de una ruta de investigación, además de establecer “un mecanismo de coordinación periódico, incluyendo: a) la información sobre diligencias a realizar que sean relevantes para el caso y las líneas de investigación acordadas, b) la observancia o participación del GIEI en las cuestiones que estime relevantes y que decrete la PGR, según el marco legal y el papel de coadyuvancia en algunas de ellas, c) la evaluación del conjunto de las nuevas diligencias, peritos y peritajes y declaraciones para establecer los nuevos hechos probados o las hipótesis del caso y los pasos a dar en nuevas consignaciones”. Además, acordaron “relanzar la búsqueda (de los normalistas)… con una estrategia basada en las líneas señaladas por el GIEI, incluyendo el uso de la tecnología y el mapa de fosas y otros lugares identificados, estableciendo una ruta de acciones acordada con los familiares”. Por parte del Estado mexicano firmaron: Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República y Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Del grupo de expertos, lo firmaron Claudia Paz y Paz, Alejandro Valencia Villa, Ángela Buitrago y Carlos Martín Beristain.
MÉXICO, D.F: Al votar ayer la disminución de 50% en el impuesto a refrescos y aguas procesadas que contienen cinco gramos o menos de azúcar por 100 mililitros, los diputados de PRI, PAN y Verde atentaron contra la salud de los mexicanos, y particularmente contra los niños, denunciaron hoy las organizaciones reunidas en la Alianza para la Salud Alimentaria. Los legisladores de PRI y PAN se opusieron a las reservas de la oposición –que planteaba argumentos basados en la salud– y rebajaron el impuesto a las “agüitas”, “néctares” y otras bebidas saturadas de azúcar destinadas a los niños, las cuales incentivan la adicción a los dulces y sustituyen el consumo de leche y jugos naturales, aseveraron las organizaciones, al denunciar un “acto contra la niñez”. Una tercera parte de los niños mexicanos ya sufre de sobrepeso y, de acuerdo con las ONG, uno de cada tres niños nacidos después de 2010 se enfermará de diabetes en su vida –enfermedad que, a la fecha, ya cobra 24 mil vidas al año–. Por primera vez, esta generación de niños vivirá menos tiempo que sus padres, se alarmaron. “Hasta hace poco no existía presión arterial infantil y diagnosticar una diabetes de tipo 2 en los jóvenes y la población activa era muy raro; ahora ya no”, explicó el doctor Abelardo Ávila, integrante del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, al sostener que “está comprobado que estas bebidas tienen efectos sobre todo el ciclo metabólico y generarán daños a largo plazo”. De acuerdo con las organizaciones, las refresqueras dedican grandes cantidades de dinero en mercadotecnia –ya sea a través de la publicidad o en el diseño de las botellas y etiquetas– y en la ingeniería de productos –con colorantes, azucares y endulzantes– para acostumbrar a los niños a consumir estas bebidas y a volverse adictos a los alimentos dulces y ultraprocesados. “La adicción a la azúcar inicia desde temprana edad, existen estudios que revelaron que el azúcar es altamente adictiva, incluso más que la cocaína”, recordó Alejandro Calvilla, director de El Poder del Consumidor, organización que denuncia con frecuencia los métodos que utilizan las industrias refresquera y de comida chatarra para engañar a los consumidores sobre el valor nutricional de sus productos. Según Calvilla, a raíz de la implementación del impuesto las refresqueras aumentaron los precios de sus productos. Ahora que los diputados les condonaron la mitad de este gravamen, es poco probable que disminuyan sus precios. Por lo que, en comparación con el año pasado, las refresqueras ingresarán 50 centavos más por litro de refresco. “La industria de la comida chatarra vulneró la alimentación tradicional, como el consumo de productos naturales, y destruyó los sistemas productivos como la agricultura familiar y la producción local” Indignados, los representantes de la Alianza para la Salud Alimentaria no tuvieron palabras suficientes para condenar esta decisión “totalmente regresiva” e “ilógica”, pues la bancada del PRI derrumbó el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que contemplaba un impuesto de un peso por litro de bebidas azucaradas. Este IEPS formaba parte de la reforma fiscal que presentó Enrique Peña Nieto el 8 de septiembre de 2013. Las organizaciones lo consideraban insuficiente, pues la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó un impuesto de al menos 20% para reducir de manera efectiva el consumo de refrescos, lo que representaba un sobrecosto de alrededor de 2 pesos por litro. En aquel entonces, Peña Nieto explicó que el impuesto serviría para “desincentivar el consumo (de bebidas azucaradas) y, con ello, reducir índices de obesidad, especialmente en nuestros niños”. Las organizaciones señalaron a las refresqueras y embotelladoras –Coca Cola y sus socias; Pepsico, Nestlé o Danone, entre otras– de haber cabildeado en las altas esferas del poder para tumbar parte del IEPS, que Jorge Terrazas, el director de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac), intentó frenar. La industria se encuentra muy satisfecha de sus operaciones en el primer país consumidor de Coca Cola por habitante –los mexicanos consumen en promedio 728 productos de la refresquera al año, equivalente a dos cada día–, donde reporta ganancias multimillonarias. En su reporte anual de 2014, la Coca Cola Company –sede mundial de Coca Cola– se felicitó de que México, Brasil, Japón y China sean sus mayores clientes a escala mundial, después de Estados Unidos, ya que estos cuatro países suman 31% de sus ventas globales, que sumaron 12 mil 156 millones de dólares en el segundo trimestre del año. Las embotelladoras mexicanas Femsa y Arca forman parte de las cinco socias más importante de Coca Cola en el mundo. De acuerdo con su información corporativa, Femsa Coca vendió más de 36 mil 550 millones de pesos de sus productos en el segundo trimestre de 2015, a través de sus cerca de 3 millones de puntos de venta y sus más de 351 millones de consumidores en varios países de América Latina. Si bien Coca Cola reportó un incremento de 1% en sus ventas en América Latina, reconoció una disminución de 1% del volumen vendido en México, “debido al impacto de un nuevo impuesto que entró en vigor el 1 de enero de 2014”. PepsiCo afirmó en su informe financiero del 2014 que México forma parte de sus mejores clientes –aportó 4 mil 414 millones de dólares de ingresos–, y resaltó que “nuestras operaciones fuera de Estados Unidos, en particular en Rusia, México, Canadá, Gran Bretaña y Brasil, contribuyen de manera significativa a nuestras ganancias”, las cuales se elevaron, en total, en 66 mil 683 millones de dólares el año pasado. Pero PepsiCo también lamentó en su informe un declive de 2% de volumen de ventas –pero un incremento del 1% en ingresos netos– en América Latina, “lo que refleja un 0.5% de disminución en México debido a un impuesto sobre ciertos productos”.
En víspera de arrancar el 2016 con un “presupuesto base cero” y ciertas medidas de austeridad, los legisladores “amputaron” al IEPS de una recaudación que se elevaría en al menos 522 millones de pesos, destinados en un principio a incentivar el consumo de agua natural y a la atención a las personas afectadas por la diabetes. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
México, D.F: Académicos y defensores de derechos humanos lamentaron la “nula existencia del Estado de derecho que tanto pregonan las autoridades mexicanas”, ya que han decidido no someter a las fuerzas armadas a investigaciones relacionadas con desaparición forzada, aunque exista una orden judicial de por medio. Gilberto López y Rivas, Santiago Corcuera Cabezut, Miguel Concha Malo, Luis Daniel Vázquez Valencia, Miguel Álvarez Gándara, Dolores González Saravia y Pablo Romo Cedano, integrantes de la Comisión Civil de Seguimiento y Verificación de la Búsqueda, Localización y Presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gilberto Cruz Sánchez –dos milicianos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos en Oaxaca el 27 de mayo de 2007–, criticaron la resolución de los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes se negaron a ejercitar su facultad de atracción para revisar una sentencia de un tribunal colegiado que había sido solicitada por el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales. En un comunicado, los integrantes de la Comisión Civil, junto con los abogados Augusto César Sandino Rivero Espinosa y Leonel Rivero Rodríguez, así como Margarita Cruz Sánchez y Nadin Reyes Maldonado, familiares de los desaparecidos, resaltaron que el pasado miércoles 7, en una audiencia privada, el pleno de la Primera Sala determinó no atender el recurso de queja 29/2014 del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sobre el incumplimiento de una orden judicial al Ministerio Público Federal para interrogar a mandos militares y policiales, así como revisar instalaciones militares de Oaxaca, Guerrero y Distrito Federal. Lo anterior, apuntaron, “cierra la posibilidad de que el máximo Tribunal pueda establecer criterios que permitan determinar las acciones que un juez de Distrito puede realizar cuando conoce de un juicio de amparo indirecto como medio de defensa para reclamar la desaparición forzada de personas”. Para los firmantes, la decisión de no revisar la queja “exhibe la incapacidad y falta de voluntad de los órganos jurisdiccionales para hacer cumplir sus resoluciones, convirtiendo en una ficción el derecho de acceso a la justicia”. Lo que en el fondo se resolvió el miércoles 7, señalaron, es que la investigación sobre la desaparición forzada de Reyes Amaya y Cruz Sánchez “no aborde con la debida profundidad la línea de investigación relativa a la participación de las fuerzas armadas en la desaparición de ambas personas”. Recordaron que la decisión de los ministros contraviene “la decisión del Tribunal Colegiado, que en su sentencia determinó que el Ministerio Público Federal debía citar a declarar a los mandos castrenses, mandos policiacos federales y funcionarios de inteligencia, y ordenar la realización de labores de búsqueda dentro de las instalaciones militares de Oaxaca, Guerrero y Distrito Federal”. Al no atraer el recurso de queja, “es evidente que la decisión de la Primera Sala es concordante con la postura establecida por el Estado mexicano de no someter a las fuerzas armadas a investigaciones relacionadas con hechos de desaparición forzada, sin importar que medie una resolución judicial que obligue a los integrantes de la milicia a comparecer ante la autoridad ministerial, evidenciando en los hechos la nula existencia del Estado de derecho que tanto pregonan las autoridades”.
La Comisión Civil reiteró su compromiso “indeclinable de continuar en la exigencia del cumplimiento cabal de esta resolución hasta dar con el paradero de ambos luchadores sociales, así como lograr el juicio y castigo a los responsables”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
MÉXICO, D.F: Rodolfo Ríos Garza, titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), indicó que el caso de la persona colgada en un puente ayer en Iztapalapa podría estar relacionado con un conflicto al interior del Reclusorio Oriente. “Podría ser un tema interno en este reclusorio, esto no implica que desestimemos alguna otra línea sino, me refiero exactamente, por este mensaje que se dejó, es una de las línea más fuerte que tenemos en este momento”, recalcó en entrevista con Primero Noticias, de Televisa. El funcionario indicó que la investigación de la PGJDF se enfoca en el contenido de la cartulina colocada junto al cadáver y “con hechos que han sucedido este año en el mismo lugar”. Ríos Garza insistió en rechazar que el caso esté relacionado con el crimen organizado, como también recalcó ayer Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal. Ayer a las cinco de la mañana fue colgado el cuerpo de un hombre en el puente La Concordia, en la delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal. En un comunicado, la PGJDF precisó que la víctima tenía dos disparos de arma de fuego en la cabeza. La víctima estaba vendada, sin zapatos, vestía pantalón de mezclilla y playera oscura. Tenía el rostro cubierto y algunos transeúntes percibieron que se trataba de una máscara de Halloweeen.
En su edición 2030, la revista Proceso publicó un reportaje que evidenciaba el crecimiento del narcotráfico en la capital del país. La investigación presentaba una radiografía de ejecuciones, mantas, extorsiones y demás huellas del paso del crimen organizado en el Distrito Federal. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Por incumplir México en materia de derechos humanos, Estados Unidos retiene el 15 por ciento de la ayuda anual de la Iniciativa Mérida.
Estados Unidos bloqueó 15 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida por faltas en materia de protección a los derechos humanos, indicó The Washington Post. El diario calificó este recorte como una seña de frustración por parte de Estados Unidos. El Congreso de EU destinó para apoyar la batalla de México contra los cárteles de la droga 2.3 miles de millones de dólares desde 2008 para equipos como helicópteros y sensores de frontera, así como programas de capacitación para los miles de funcionarios mexicanos. El 15 por ciento del dinero proporcionado por el Ejército mexicano y la policía está sujeto a las disposiciones de que el país avance en la protección de los derechos humanos, incluida la aplicación de las normas contra la tortura y el enjuiciamiento de los acusados por desaparición forzada. En 2010, Estados Unidos retuvo fondos por esta causa, pero fueron proporcionados después de que México tomó medidas. “Este año, no hemos sido capaces de confirmar que México cumple totalmente con los criterios especificados”, explicó la decisión una fuente del Departamento de Estado para el diario español El País, bajo condición de anonimato, consultada. El diario indicó, con base en la fuente oficial, que “de los 148 millones de dólares reservados este año para la Iniciativa Mérida, cinco han sido ‘reprogramados’ y destinados al “apoyo de erradicación de coca en Perú”. Responde la SRE a la decisión La Cancillería mexicana respondió a la medida implementada por Estados Unidos. “México reitera su apertura al escrutinio y a la cooperación internacional en favor del fortalecimiento del régimen de los derechos humanos. No obstante, rechaza cualquier práctica unilateral que juzgue la situación de los derechos humanos en un país y por el contrario, reitera su compromiso por continuar participando en mecanismos multilaterales y universales de examen, como el establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, indicó. La forma en que el Departamento de Estado conduce sus relaciones con el Congreso obedece a procedimientos internos de Estados Unidos, que México observa con respeto, expresó la Secretaría de Relaciones Exteriores. “No obstante, México y Estados Unidos mantienen una relación bilateral madura y profunda y uno de los diálogos más sólidos en materia de combate a la delincuencia transnacional organizada que se expresa en iniciativas de cooperación bilateral exitosas, como la Iniciativa Mérida”, dijo.
El gobierno de México es consciente y reconoce los retos actuales que enfrenta el país en materia de derechos humanos. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF.
El secretario de Educación dijo que la reforma educativa no es una reforma laboral y que, lejos de afectar los derechos del magisterio, los incrementa.
El descuento que se hará a los maestros que no laboraron los días 2 y 12 de octubre es por respeto a los docentes que no faltaron a clases, dijo Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública. “Lo hacemos en respeto y en justicia de ustedes, de la gran inmensa mayoría de los maestros que sí cumplen con su responsabilidad, y que no es justo que quienes no la cumplan, no se les sea aplicada la ley”, dijo. Acompañado del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, el funcionario federal visitó ayer la Secundaria 4 de Cuernavaca “Valentín Gómez Farías”, donde participó en la ceremonia cívica. ‘No es laboral’ Antes de concluir la visita, el secretario declaró ante los medios de comunicación que la reforma educativa no es una reforma laboral y que, lejos de afectar los derechos del magisterio, los incrementa. “Reiterar, la reforma que es lo que expliqué, sé que es una inquietud y es precisamente ahorita lo que expliqué a los maestros, en primer lugar no es una reforma exclusivamente laboral, es una reforma que toca de fondo los temas educativos y la transformación educativa”, dijo.
“En segundo lugar es una reforma que no viola, bajo ningún sentido, los derechos laborales de los maestros, al contrario, no sólo los respeta, sino que les da aún más derechos, como éste, por ejemplo, de que si les va bien en la evaluación van a poder ganar más, así es que yo aquí reitero que la reforma educativa es una reforma que está hecha no para afectar a los maestros, al contrario, para ayudarlos, que garantiza sus derechos, y que incluso les puede dar más derechos y les otorga mayores beneficios a partir de su mérito”. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF.
MÉXICO, D.F: Hugo Aboites, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) denunció robos, actos de intimidación y amenazas de exmilitares y presuntos elementos de seguridad en contra de académicos de la institución que además son integrantes del colectivo H.I.J.O.S. México. Esta última, señaló el rector en un desplegado, es una organización de derechos humanos “que lucha contra el terrorismo de Estado y por la recuperación de la memoria colectiva e histórica”. El caso más reciente de intimidación fue el de Tania Paloma Hernández Ramírez, “conocida luchadora social”, profesora e investigadora de la UACM quien el pasado 15 de octubre, alrededor de las 13:30 horas fue atacada en su domicilio por sujetos armados. “Después de insultarla y robar equipo de cómputo, video, teléfonos celulares, un proyector y unas bocinas, los sujetos dijeron: ‘sabemos muchas cosas de ustedes, los tenemos vigilados, sabemos qué hacen’”, denunció Aboites. La agresión, abundó el rector, se suma a otras recientemente sufridas por otras académicas de la institución como Beatriz Torres Abelaira, coordinadora del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (CAMeNA) a quien han llamado vía telefónica presuntos exmilitares preguntando por personas que no laboran en la UACM. Otra, Bettina Teresa Gómez Oliver, coordinadora de proyectos de CAMeNA, encontró el pasado 18 de septiembre un auto manejado por un hombre vestido como guardia de seguridad privado que le obstruía el paso a la salida de su domicilio. Días después, el 23 de septiembre, ella misma recibió una llamada de un hombre que sólo le dijo: “Cuide a su cachorra”. “El mensaje es tan claro como ominoso: “ella tiene una hija, María Fernanda Giordano Gómez”, quien igual que su madre ha sido solidaria con las familias de los 43 normalistas desaparecidos y ambas son integrantes de H.I.J.O.S. México, apuntó el rector de la UACM. Además las amenazas, señaló Aboites, el pasado 17 de septiembre la oficina de rectoría de UACM fue víctima de robo de equipo de cómputo y recursos del fondo revolvente. Según Aboites estos son sólo algunos casos documentados pero existen más que no han sido denunciados por las víctimas por temor a represalias. En su desplegado, dirigido a autoridades locales y federales, el rector hizo énfasis en señalar que no se trata de hechos aislados sino de “un intento de amedrentar a quienes se comprometen con la defensa de los derechos humanos y la denuncia de causas justas que agobian a nuestro país”.
Por ello piden a las autoridades locales y federales impedir que continúen situaciones como estas que “vulneran la seguridad y el quehacer de los integrantes de esta comunidad universitaria”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Las televisoras públicas del país advirtieron que el apagón analógico pondrá en riesgo la difusión de sus contenidos, “pues a la gran mayoría de nosotras no nos fueron asignados los recursos suficientes, oportunamente, para llevar a cabo de manera exitosa la transición a la televisión digital”. El proceso de evolución a la televisión digital requiere de inversión en la infraestructura de las televisoras y “el no hacerlo implicaría dejar a millones de personas sin su derecho a información objetiva”. Este martes los integrantes de la red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México firmaron un comunicado en el que exigen al gobierno federal otorgar recursos suficientes para enfrentar los altos costos de la digitalización y que se prorroguen las transmisiones en sus señales análogas hasta finales de 2016. “De no actuar de esta manera se estaría dejando a las audiencias mexicanas sólo a expensas de la televisión privada y comercial y de sus intereses”, cita el desplegado. Entre los firmantes se encuentran el Sistema Quintanarroense de Radio y Televisión, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, Radiotelevisión de Veracruz, Universidad Juárez del Estado de Durango y el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
Todas estas televisoras transmiten contenidos culturales, en lenguas originarias, de derechos humanos, discapacidad e igualdad de género. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL.
OAXACA, Oax: Con armas 9 milímetros fueron asesinadas dos personas y otras dos mujeres resultaron heridas durante un ataque perpetrado en la avenida 16 de Septiembre del municipio El Espinal, confirmó la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. De acuerdo con las primeras indagatorias, el atentado fue perpetrado el pasado domingo alrededor de las 21:00 horas por dos individuos que dieron muerte a Jovanny Sobreira Cristóbal, de 26 años de edad, y a su madre, María Teresa Cristóbal Ruiz, de 48. En el ataque también resultaron heridas María Soledad Hernández Pineda, de 28 años de edad, y Johana Reyna Cristóbal, de 23, quienes fueron internadas en el Hospital Civil de Juchitán. María Soledad narró que junto con Jovanny Sobreira, su pareja sentimental, se trasladó a El Espinal para visitar a su suegra, María Teresa Cristóbal, y a su cuñada, Joanna Reyna, y cuando se encontraban cenando, dos individuos irrumpieron y comenzaron a dispararles. En el ataque murió su pareja sentimental y su suegra, ella y su cuñada resultaron heridas.
Hizo hincapié que su cónyuge fue detenido el sábado 17 por un robo que cometieron al dueño del restaurante ”El Rincón del Meño”, en ciudad Ixtepec, sin embargo, llegaron al acuerdo de pagar 16 mil pesos a la parte ofendida, según consta en un documento levantado ante el jurídico de la policía municipal de esa localidad. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PEDRO MATÍAS.
