El expediente fue subido en formato PDF, lo que impide que se hagan búsquedas entre las 50 mil hojas, y está plagado de párrafos u hojas enteras tachonadas de negro (testeadas), supuestamente para no violar la ley de transparencia. Pero se ocultó más allá de lo que la ley pide omitir.
Entre lo eliminado por la PGR están los resultados de los dictámenes de integridad física que se realizaron el 28 de octubre de 2014 al detenido Patricio Reyes Landa, alias El Pato; Jonathan Osorio Gómez, El Jona; Agustín García Reyes, El Chereje, y a Darío Morales Sánchez, los principales inculpados en las confesiones en que se basaba la “verdad histórica”. No sólo fueron omitidos los datos personales, como mandata la ley: también fue borrada la declaración de El Pato donde afirma que fue torturado por agentes federales para que declarara.
La PGR no cuidó del todo la privacidad de las personas: publicó la declaración de Jonathan Osorio Cortés sin ninguna reserva (no quitó nombre ni datos personales), quien involucra a uno de los 43 desaparecidos con la banda delictiva.
Borró también sin razón los lugares de las detenciones de todos los presuntos culpables, lo cual debía haber sido público.
Asimismo, contrario a la ley, testó los nombres de los funcionarios públicos que estuvieron involucrados como responsables, a pesar de que muchos de los nombres fueron mencionados en conferencia de prensa por Murillo Karam cuando presentó lo que él llamó la “verdad histórica”.
Otro error es la publicación de fotos como la de Adán Abraham de la Cruz.
La PGR publicó únicamente 86 expedientes, que contienen las actuaciones ministeriales realizadas por la PGR hasta el 12 de febrero de este año, que es cuando se resuelve la pregunta folio 0001700020915, mediante la que se pidió la versión pública del expediente. La gente no tendrá acceso a los 130 tomos de los que consta el expediente; 43 no se hicieron públicos.
En marzo comenzó el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que, al revisar el expediente encontró los vacíos, las omisiones en las investigaciones, los peritajes que nunca se practicaron, y ordenó hacerlos hasta encontrar que la teoría que Murillo Karam presentó como “la verdad histórica” no se sostenía.
El abogado Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que junto con el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan de La Montaña lleva la defensa de las víctimas del caso Ayotzinapa, menciona en entrevista que la apertura al público de los expedientes tuvo sus aciertos, pero aún deja mucho que desear.
El montaje se refuerza
La publicación del expediente sobre el caso Ayotzinapa por parte de la PGR es un arma de doble filo.
Por un lado ha ayudado a que los medios buceen en las primeras averiguaciones previas sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Esto ha polarizado las versiones: algunos han publicado información que refuerza la “verdad histórica” de la PGR; otros han revelado los montajes de los que se valió el gobierno para tergiversar los hechos.
En la revisión de los tomos es posible notar que la PGR no confirmó la veracidad de las denuncias anónimas que mencionaban lugares donde los estudiantes supuestamente habían sido vistos. En cambio se concentró en la línea que apuntaba a que todo había ocurrido en el basurero de Cocula, aunque las versiones de los presuntos victimarios no coincidían.
Son muchas las denuncias anónimas. Un ejemplo es la constancia ministerial del 8 de octubre de 2014, en la que se menciona una llamada telefónica que asentó: “En el Rancho Montoya se encuentran los estudiantes que están desaparecidos”.
La mayoría de las notas periodísticas no son contrastadas con los hallazgos del grupo de expertos de la CIDH.
Por ejemplo, la semana pasada, medios publicaron la declaración del médico que la noche del 26 de septiembre laboró en el Hospital Cristina –donde soldados del 27 Batallón de Infantería, con el capitán José Martínez Crespo al mando, llegaron a investigar lo ocurrido con 25 normalistas–, quien ante la PGR reveló que la Procuraduría de Justicia Militar lo interrogó en dos ocasiones sobre la escena que presenció.
En el Informe Ayotzinapa el GIEI había informado que, antes de declarar, el médico había sido citado al 27 Batallón por el general Alejandro Saavedra –se desconoce el sentido de la conversación– y el propio capitán Crespo dio instrucciones para que su nombre no quedara registrado en la entrada. Las declaraciones que posteriormente dio el médico a Proceso y a la PGR son favorables al papel que el Ejército tuvo esa noche en Iguala.
Otros descubrimientos han permitido establecer la manipulación de la investigación por parte de peritos de la PGR, la negligencia, los vacíos que antes habían mencionado el Equipo Argentino de Antropología Forense, los abogados del caso y el GIEI.
El portal Animal Político encontró que la PGR tardó cinco meses en pedir la captura del jefe prófugo de la Policía de Iguala, a pesar de que la participación de la Policía Municipal quedó establecida desde el inicio, y tardó lo mismo para preguntar a Migración si el aludido había salido del país.
Halló también que el Equipo Argentino de Antropología Forense (que colabora en la investigación de la desaparición de los normalistas), alertó en enero pasado a Murillo Karam de “graves fallas” en el trabajo pericial del caso, entre ellas la infiltración de policías como falsos peritos hasta la siembra de “evidencias” y cartuchos en el basurero de Cocula, y la contaminación de la supuesta escena del crimen por la falta de vigilancia.
A su vez, el diario El Universal publicó que seis meses antes de que desaparecieran los estudiantes de Ayotzinapa y se pusiera en evidencia el control de Guerreros Unidos en Iguala y Cocula, la Fiscalía de Guerrero investigaba a este grupo criminal por estar implicado en ocho averiguaciones previas por homicidio y desaparición de personas.
Por su parte, La Jornada encontró que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) recibió en octubre de 2014 al menos seis llamadas anónimas en las cuales se advertía que integrantes de Guerreros Unidos que participaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa estaban ocultos en el estado de Morelos y en las comunidades Apetlanca y Tianquizolco, en Guerrero.
Sinembargo encontró que en el ataque a los estudiantes participaron policías de Pilcaya –a tres horas y media de camino desde el lugar del ataque y no sólo los basados en Iguala o Cocula. Y ya el “Informe Ayotzinapa” había deslizado que en las declaraciones también se mencionaba la participación de agentes de Huitzuco y, tal vez, de otros municipios.
De dicho expediente el diario Reforma resalta que la PGR supo que el alcalde de Cocula era de Guerreros Unidos, pero incluso así la procuraduría lo liberó en diciembre, luego de llamarlo a declarar.
Y las confesiones de sicarios revelaron al menos tres sitios de incineración, halló El Economista.
Diversos medios resaltaron la noticia, que ya mencionaba el Informe del GIEI, de que las personas que Murillo Karam presentó como los perpetradores del multiasesinato revelaron que los normalistas fueron ultimados en lugares distintos al basurero de Cocula, y no todos corrieron la misma suerte.
El portal sinembargo detectó que los expedientes desclasificados tienen pasajes contradictorios, como que 10 personas de las supuestamente incineradas en el basurero de Cocula no eran normalistas.
El diario unomásuno publicó que el Servicio Médico Forense de Guerrero recogió cadáveres frente al Palacio de Justicia de Iguala la madrugada del 27 de septiembre de 2014, según establece un parte informativo del Ejército mexicano.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.
