México, D.F: El presidente Enrique Peña Nieto encabezó esta madrugada una reunión de emergencia con su gabinete para ultimar detalles sobre las medidas preventivas que se aplicarán una vez que el huracán Patricia, el más intenso de los últimos 50 años, toque tierra en las costas de Jalisco. En un comunicado, la presidencia de la República informó que la evaluación del fenómeno natural y los daños que podría causar en las próximas horas fueron expuestos al gabinete por el titular de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, quien calificó “graves” los efectos, según la proyección. Para atender a las entidades que se verán más afectadas por el meteoro, Peña Nieto designó para el enlace del gobierno federal a los secretarios de Agricultura, José Calzada Rovirosa, como su enlace en Colima; de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para Jalisco, y al de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, para Nayarit. Los funcionarios mencionados estarán al frente de las acciones definidas por el gobierno de la República, coordinarán las tareas de las dependencias del gobierno federal, y se comunicarán con las autoridades estatales y municipales para la atención de los daños. Como se ha informado en las últimas horas, el huracán Patricia alcanza la categoría 5, esto es el más intenso de la escala Saffir-Simpson, la clasificación meteorológica estadunidense para determinar la fuerza de tormentas tropicales y huracanes. Conforme a los reportes, se prevé que además de las entidades mencionadas, las precipitaciones y vientos, afecten al estado de Michoacán.
La presidencia convocó a la población a mantenerse atenta y acatar las recomendaciones de las áreas de Protección Civil. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
MÉXICO, D.F: Tras ver el documental dramatizado La noche de Iguala –dirigido por Raúl Quintanilla–, Omar García Velásquez, uno de los estudiantes de Ayotzinapa que el 26 de septiembre de 2014 escapó de ser asesinado, dijo desencajado y molesto: “¡Es una mentira! ¡Una mentira histórica!”. El largometraje del director del Centro de Formación Actoral de TV Azteca se proyectó el 16 de octubre a las 18:30 horas en la Cineteca Nacional. Había más de 100 personas en la sala 10. En su introducción se señala que es una investigación de Jorge Fernández Meléndez, conductor de Todo personal en Proyecto 40 y de Imagen Informativa. La película deduce que el director de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, José Luis Hernández Rivera, está coludido con el grupo criminal Los Rojos, enemigo de Guerreros Unidos, y que recibió dinero para que 17 de los primeros se infiltraran con los estudiantes en los camiones. Igual infiere que uno de los normalistas, Julio César Mondragón, pertenecía a Los Rojos (“aunque aún no está comprobado”, resalta la voz en off) y por eso los de Guerreros Unidos se ensañaron con él, desollándolo. Durante un repaso histórico de la escuela, la misma voz en off acusa que ha estado coludida con grupos criminales. De acuerdo con su investigación, aquel 26 de septiembre los normalistas querían secuestrar 25 camiones para llevarlos a Iguala “a reventar un acto político”. Además, se asegura que la Policía Municipal entregó a los estudiantes a Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y los incineraron en el basurero de Cocula. Al negar su pertenencia a Los Rojos, Omar García Velásquez levantó la voz: “No somos parte del crimen organizado, lo hemos dicho miles de veces. Y el director de la escuela no tiene nada que ver”. También indignado, Alberto Arnaut, de la Comunidad Cinematográfica con Ayotzinapa, reforzó: “La película es una mentira a todas luces. Ya existe evidencia de que los normalistas no fueron incinerados en ese basurero, y la película oculta que la Policía Federal también participó en los enfrentamientos, hay testimonios de taxistas. Ni menciona que el Ejército estuvo al tanto de todo. Además, sabemos que Jorge Fernández Meléndez se presta al régimen, es chayotero. Nada le podemos creer”. En entrevista, García Velásquez denunció que La noche de Iguala “sí viola la Ley General de Víctimas, y le vamos a exigir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que tome acciones contra los responsables de la cinta”. Una de las disposiciones de esta ley dice: “Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse”. Dice a Proceso que a más de un año de los hechos ya se han investigado otros aspectos, “por lo tanto no tendría por qué ser definitiva la versión que se da en la película”. Recordó también que están los estudios del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI). Cineteca muda Al normalista le llamó la atención que La noche de Iguala se exhiba en la Cineteca Nacional: “No esperábamos que se pasara aquí, ya que es una institución de gobierno y, por lo tanto, sería la que menos se prestaría a difundirla, y los documentales que se han estrenado aquí sobre Ayotzinapa han donado su taquilla al movimiento y padres de familia”. Este semanario pidió entrevista con el cineasta Alejandro Pelayo, responsable de la Cineteca Nacional, y en la oficina de prensa se argumentó que “el propio doctor Pelayo nos ha dicho no tener ningún comentario sobre este tema”. Al preguntarles por qué decidieron exhibirla ahí, respondieron que la razón “es la de dar cabida a otro filme más acerca del tema, como anteriormente se hizo con Ayotzinapa. Crónica de un crimen de Estado, de Xavier Robles, y Un día en Ayotzinapa 43, de Rafael Rangel. Este nuevo filme ofrece otra perspectiva del tema y, de acuerdo con el comité de programación de la Cineteca, cumple con los estándares de proyección”. Respecto a la página www.change.org, donde hay una carta dirigida a las exhibidoras Cinépolis y Cinemex para que retiraran la publicidad de La noche de Iguala, se buscó al director de Programación de Cinépolis, Miguel A. Rivera, para explicar el criterio de inclusión en cartelera, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. También a José Leonardo Martí, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma (Canacine), debido a que en las redes se exigía que el filme no se estrenara, y externó a través de su responsable de prensa: “Por disposición de la Ley Federal de Cinematografía, estamos obligados a estrenar todas las películas mexicanas. Para mayor referencia transcribo el segundo párrafo del artículo 19 de dicha ley: ‘Toda película nacional se estrenará en salas por un periodo no inferior a una semana, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en el Registro Público correspondiente, siempre que esté disponible en los términos que establezca el Reglamento’.” Y sobre la pregunta de qué pasa si la cinta violara la Ley General de Víctimas, no hubo respuesta. Témoris Grecko, productor y guionista de otro filme sobre el tema, Mirar morir. El ejército en la noche de Iguala, próximo a estrenarse (Proceso 2032), califica así a La noche de Iguala: “Si tuviera una intención honesta, se dejaría constancia de que se manejan hipótesis que subsisten frente a otras, e hipótesis que en este caso han sido severamente cuestionadas por informes oficiales sustentados en investigaciones sólidas. “Ese no es un documental, es una ficción que no se detiene antes de cometer transgresiones éticas, como presentar abusivamente como criminales a personas que no se pueden defender, y como lanzar a los rostros de los padres la certeza de que sus hijos fueron hechos polvo y echados al agua, a pesar de que no hay pruebas de ello y de que a los padres nadie les puede pedir que renuncien a encontrarlos con vida, mientras no haya certeza de que ya no están vivos.” Para él hay una campaña lanzada desde instancias oficiales para defender la “verdad histórica” de la PGR: “El gobierno de Enrique Peña Nieto está haciendo agua por todos lados y trata de tapar los hoyos con las manos. Hay columnistas y periódicos tratando de destruir reputaciones, de envolverse en la bandera para denunciar a los expertos del GIEI por ser extranjeros y de quitársela para descalificar a Emilio Álvarez Icaza (de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) por ser mexicano. Y tratan de presentar algunos argumentos para defender el dogma del exprocurador Jesús Murillo Karam, aunque sean tan débiles como hacer un “capítulo Cocula” de La Rosa de Guadalupe.” Rafael Rangel, realizador de Un día en Ayotzinapa 43, opina: “La libertad es el elemento vital del cine, una libertad que también le otorga al mentiroso, al manipulador, al torpe, al cínico, sólo que estos son tiempos diferentes: la hipercomunicación de hoy difícilmente permite el engaño. Cuando quienes nos dedicamos a formas de expresiones sensibles decidimos abordar temas tan delicados, nuestra primera obligación es hacerlo bajo una visión periférica y objetiva, considerando el lugar del otro, entender de qué modo impactará a los afectados.
“Lo que sucedió en septiembre de 2014 trasciende, con mucho, lo que es considerado, y no sin razón, un crimen de Estado, un despropósito, una barbarie, un acto salvaje, digno de depredadores y no de humanos. A quien intente minimizar o distorsionar lo anterior, le saldrá el tiro por la culata, llámese cineasta, periodista o político.” FUENTE: PROCESO. AUTOR: COLUMBIA VÉRTIS DE LA FUENTE.
MÉXICO. D.F: Valentín Cárdenas, exdirector del penal del Altiplano, y Celina Oseguera, excoordinadora general de penales federales, actuaron con dolo en la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, pues siempre estuvieron al tanto del plan de fuga, afirmó Gustavo Salas, subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada. “La omisión admite dos formas la culposa y dolosa. En este caso no fue culposa, es una omisión consciente a sabiendas de lo que iba a ocurrir”, afirmó hoy en entrevista con Radio Fórmula. En el caso de Valentín Cárdenas y Celina Oceguera, dijo, “teniendo conocimiento del hecho, de las vulnerabilidades que tenían los sistemas de seguridad, lo aceptaron e incrementaron el riesgo cuando autorizaron la realización de obras cosméticas para disfrazar los ruidos” durante la construcción del túnel por el que escapó El Chapo. Salas afirmó que quienes participaron en la fuga diseñaron un buen plan de fuga. “Estamos convencidos que esto no fue una acción de manera aleatoria ni por supuesto tampoco se trató de una suma de casualidades que favorecieron la evasión. “Se advierte la ejecución de un plan perfectamente diseñado en donde todos los intervenientes, tanto de adentro como del exterior, tuvieron una participación y, debo decirlo, que quienes tuvieron una conducta ‘omisiva’, fue evidentemente dolosa y consciente para favorecer la evasión del señor Guzmán” El funcionario refirió que al menos 34 personas participaron en la fuga de Guzmán Loera, la segunda en su carrera delictiva. De ese total, dijo, 29 ya fueron consignados ante un juez y los cinco restantes “algunos están arraigados y otros los estamos buscando”. “En total, como ayer se informó, hay 34 personas consignadas, de las cuales hay 28 órdenes de aprehensión cumplidas con autos de formal prisión. Ayer por la tarde se ingresó a uno más, entonces tendríamos que agregar a la lista a este”, explicó. Según Salas el juez que lleva la causa ya otorgó órdenes de captura por los elementos de prueba que ha entregado la autoridad. Respecto de las seis detenciones anunciadas este miércoles por la procuradora general, Arely Gómez, que corresponden a personas que contribuyeron con la fufa del Chapo desde el exterior del penal, salas afirmó que se dieron en diferentes momentos y en varios estados de la república. “No tengo las fechas exactas de las detenciones, fue en diferentes momentos y lugares de la república mexicana, pero conforme fueron llegando fueron puestos a disposición del Ministerio Público, algunos en posesión de drogas o armas de fuego”, dijo y explicó que no se dieron a conocer sus nombre debido a las nuevas disposiciones que impiden a la autoridad revelar datos. “Sin embargo en una obligación de transparencia se tomó la decisión de decir de los hechos y perfiles de las personas que participaron para garantizar la presunción de inocencia”, comentó. El miércoles pasado, la procuradora reveló que el principal operador y organizador de la huida de El Chapo fue uno de sus abogados quien ingresaba constantemente al penal para entrevistarse con el capo “para recibir instrucciones e informar de los avances de la fuga, así como contactar y transmitir órdenes a todos los participantes”. Al parecer se trata de Óscar Manuel Gómez Núñez, cabeza del grupo de abogados del narcotraficante, quien habría aprovechado su profesión para fungir como enlace con los responsables de la construcción del túnel e incluso, habría realizado los pagos a los trabajadores. El día de la fuga, el pasado 11 de julio, El Chapo se reunió con él a las 17:11 horas y la charla se prolongó durante una hora y 40 minutos. Casi cuatro horas después se fugó.
Además del abogado fueron detenidas cinco personas más, entre ellas un cuñado de Guzmán Loera, dos de sus pilotos, un amigo del Chapo que compró el predio donde se construyó la casa de escape y el dueño anterior del predio. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
El aire de Ajalpan se rasgó en punto de las seis de la tarde. Las campanas del templo de San Juan Bautista doblaron y convocaron a los nerviosos vecinos, que desde hacía varias horas ya se agitaban. La presencia de dos extraños alentó a la turba. “Somos encuestadores”, dijo uno de los detenidos. Alguien desde el manojo humano replicó: “Son secuestradores”. Nunca un error de semántica había sido tan grave. Dos horas después, los dos detenidos, linchados, ardían en un amasijo negro frente al Palacio Municipal de esa población al poniente del estado de Puebla.
Apenas 24 horas antes, los hermanos José Abraham y Rey David Copado Molina habían salido de Coyoacán para encarar su destino: iban contratados por la empresa Marketing Research & Servicios S.A. de C.V. para hacer una encuesta sobre tortillerías y la comercialización del maíz en la zona de Ajalpan. Cariñosos como eran, se despidieron de su madre. José Abraham tuvo el tiempo de abrazar a sus dos gemelos y se despidió con un beso en la frente. En Tehuacán, a solo unos kilómetros de su destino, todavía se reportaron por whatsapp para informar de su llegada con bien. Comenzaron a levantar sus encuestas apenas pisaron el municipio de Ajalpan, bastión del más viejo y recalcitrante priismo que aún pervive en la zona de la Sierra Negra de Puebla. Los hermanos fueron ajenos a los ojos de decenas de Halcones que vigilan las calles. Las fotos de ellos, levantando las encuestas comenzaron a circular a través de los teléfonos celulares. El alcalde de Ajalpan, Gustavo Lara Torres, estaba a la espera de una manifestación en su contra. Grupos priistas ajenos a su gestión intentarían una toma de la alcaldía, eso fue lo que le indicaron sus informantes. La Policía municipal de Lara Torres detectó el arribo de cientos de personas de otros municipios. El edil se apoltronó en su despacho y dictó la orden: que nadie intervenga para disuadir los disturbios esperados. Ordenó a sus policías salir de las calles y replegarse en la Presidencia Municipal. Les ordenó no portar armas para no provocar a los manifestantes. Se dijo dispuesto a dejarlos hacer lo que quisieran. Que quemen el pueblo si quieren, le confió a su director de policía. Los encuestadores recorrieron las calles. Sus pasos fueron seguidos por algunos de los que habían llegado para incendiar Ajalpan. Buscaban un pretexto para los disturbios. A los hermanos Copado Molina los miraron como enviados de la Presidencia Municipal. Una suposición malhecha los ubicó como halcones del presidente. La consigna fue clara: seguirlos y acorralarlos para evitar que informaran de la movilización que se gestaba y que tenía como objeto la toma de la Presidencia Municipal. Los movilizados contra el alcalde Gustavo Lara Torres se fueron congregando entorno a los hermanos Copado Molina. Los siguieron de cerca. Fueron cerrando el paso a los encuestadores. Antes de las 5 de la tarde el animal decidió lanzarse contra los hermanos. A la voz de “deténganlos” decenas de manos se abalanzaron contra ellos. Los muchachos, con el miedo en sus rostros, no se opusieron. –Somos encuestadores– dijo José Abraham, a la vez que mostraba su credencial de identificación colgada al cuello-, hablen a la oficina de la empresa. –¡Son secuestradores!– gritó una voz anónima escondida entre la turba. La falsa aseveración fue replicada al unísono de los que los rodearon. Con la perversidad de la manipulación, una niña, de entre la multitud, aseguró que uno de los detenidos la había jaloneado. Que intentó llevársela. Que la había perseguido por varias calles con la intención de llevársela. La niña lloró entre la gente y dijo que tenía mucho miedo. Fue el combustible que necesitaba aquel incendio para que sus llamas se extendieran. Fue un acto de psicosis colectiva la que empujó a los más cercanos a los detenidos a comenzar a golpearlos. Los más cercanos a los detenidos se turnaban para escupirlos y golpearlos en la cara. Los amarraron de las manos. Los gemidos y gritos de clemencia de los dos hermanos no fueron escuchados por nadie. Alguien ordenó que los llevaran a la plaza principal de Ajalpan. Cuetes y campanas comenzaron a romper el aire que para esas horas ya era frío y anunciaba un desenlace dramático. Los pobladores de Ajalpan se sumaron a la turba. Con una varilla metálica, a veces a puño limpio, los dos detenidos fueron castigados hasta dejarlos bañados en sangre. Las voces anónimas seguían cuestionando a los hermanos. Les pedían que dijeran en dónde tenían a todos los que habían secuestrado. Solo gemidos y llanto era la respuesta de los dos lacerados en el suelo. Su defensa fue siempre la misma. Se decían encuestadores. La turba sorda solo escuchaba que se reconocían como secuestradores. Las amenazas fueron subiendo de tono: o decían en donde tenían a los secuestrados o los matarían allí mismo. José Abraham, fue el primero que perdió el conocimiento. En el aire seguían locas doblando las campanas. No era la primera vez que convocaban a la ira. En Ajalpan se mantiene una tradición de justicia por propia mano. Los dueños de las empresas maquiladoras son los principales promotores de la ira colectiva. Cada vez que es detenido un ladrón dañando el patrimonio de las empresas, las campanas de San Juan Bautista llaman a insurrección. Apenas hacía unos días en la comunidad de Altepexi, también habían convocado a un linchamiento. En esa ocasión el presunto ladrón pudo ser rescatado por la Policía estatal. No fue el mismo desenlace para los de Ajalpan. Los gemidos de Rey David, que balbuceaba en el suelo algo parecido a la clemencia, incendiaban aún más los ánimos de la turba. A la fuerza querían arrancar una confesión inexistente. Los policías de Ajalpan ante los cientos de enardecidos optaron por mantenerse a la distancia, dentro de la comandancia de policía. Optaron por ponerse a salvo ellos mismos. Fueron saliendo de forma discreta para retirarse de la escena en donde las voces de muerte iban en aumento. Para entonces los dos detenidos, sangrando y semidesnudos, ya estaban inconscientes.
–¡Mátenlos!– gritó una voz anónima. La turba se arremolinó sobre los cuerpos caídos. Los turnos para patearlos fueron interminables. De la nada surgieron palos, varillas, piedras. Como si el festejo de sangre no fuera suficiente para la masa, surgió el morbo. Los celulares saltaron a la escena. Los tenues flashes apenas iluminaban los cuerpos caídos. La morbosidad se desbordó cuando en las redes sociales en tiempo real comenzaron a circular fotografías del linchamiento. Los gritos y el frenesí hicieron que algunos curiosos se retirara asustados de la plaza principal de Ajalpan. Los dos encuestadores fueron de pronto dos bultos inertes que fofamente respondían -como en un eco macabro- a los golpes recibidos. De alguna parte llegaron dos garrafas con gasolina. Los cuerpos fueron rociados y ardieron en una pira. La turba no se consoló al ver ardiendo los cuerpos. Como si respondieran a una misma intuición, grupos de hombres corrieron hacia la Presidencia Municipal para incendiarla. Otros entraron a la comandancia de policía y sustrajeron las armas municipales. Las oficinas de correos, Prospera, biblioteca municipal, Instituto Estatal de Educación, Registro Civil y las de Servicios Municipales fueron incendiadas. Otro grupo fue a la oficina del Agente del Ministerio Público y sustrajo algunos expedientes. Al alcalde le preocupó más el incendio de una de las patrullas de Seguridad pública. Los cuerpos de los encuestadores ya estaban calcinados cuando el alcalde Gustavo Lara Torres decidió notificar a la secretaría de gobierno de Puebla sobre lo que estaba ocurriendo. Por alguna razón, los cuerpos de la Policía estatal, acuartelados a menos de un kilómetro de distancia no fueron movilizados.
En el aire, anunciando la culminación del macabro evento, surcaron la noche tres cuetones. Con el aire inundado a olor de carne quemada poco a poco se fue quedando sola la plaza principal. Ya destellaba el alba cuando los cuerpos de Seguridad pública del estado de Puebla arribaron al municipio. Las puertas y ventanas se remacharon. El animal enfurecido de la turba arrastró la cola hasta su guarida. El festín sació su hambre. Se mantiene en reguardo hasta que otra vez se le despierte el apetito. Solo es cuestión de tiempo. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
Los magistrados determinaron que hubo intervención en el proceso del gobierno estatal, a través del secretario de Gobierno.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió anular la elección para gobernador en Colima al considerar que el gobierno actual influyó en el proceso. Con esta resolución, José Ignacio Peralta perdió su calidad de gobernador electo. Con cuatro votos a favor y dos en contra, los magistrados del TEPJF resolvieron que el proceso se vio afectado por la actuación de funcionarios locales que operaron para apoyar al PRI en la elección. El dictamen de anulación fue realizado por el magistrado Manuel González Oropeza, quien en las últimas horas cambió la resolución que, hasta el martes, iba en el sentido de reconocer el triunfo de Peralta. Sin embargo, este miércoles, el candidato panista Jorge Luis Preciado entregó una prueba contundente. Se trata de un video proporcionado por la diputada local panista Julia Licet Jiménez Angulo, donde se escucha -en una reunión con el Congreso de Colima- al secretario de Desarrollo Social, Rigoberto Salazar, reconocer una conversación con una extrabajadora en la que le pidió apoyar al PRI con programas sociales a nombre del gobernador, Mario Anguiano. El audio de la conversación de Salazar con la extrabajadora ya se había denunciado ante el TEPJF; sin embargo, con la aceptación del funcionario de los hechos, el Tribunal decidió tomarlo como prueba. Así, con una votación a favor de González Oropeza, Constancio Carrasco, María del Carmen Alanís y Salvador Nava, prosperó el proyecto para declarar la nulidad de la elección por la intervención indebida en el proceso. En contra votaron los magistrados Flavio Galván y Esteban Penagos. Minutos más tarde, al conocer el fallo del TEPJF, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, aplaudió la decisión y afirmó que se trata de un llamado muy fuerte para todos los gobernadores del país, para que no intervengan en los procesos electorales. “Hoy ha triunfado la justicia, hoy ha triunfado la democracia”, celebró Anaya. Jorge Luis Preciado, candidato del PAN al gobierno de Colima, se declaró listo para ir de nuevo a la competencia electoral.
El TEPJF decidió que sea el INE quien organice el proceso electoral en Colima y, además, que dará vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) para que investigue si hay responsables por las irregularidades cometidas en la elección. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: IMELDA GARCÍA.
MÉXICO, D.F: Un narcotúnel de unos 800 metros de longitud y 10 de profundidad fue descubierto en la frontera entre Tijuana y San Diego California el miércoles pasado por elementos de la Policía Federal y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). En el operativo, los efectivos detuvieron en flagrancia a 16 presuntos narcotraficantes, uno de Tijuana y el resto de Sinaloa, que operaban para un cártel en Jalisco y pretendían transportar unas 10 toneladas de mariguana empaquetada a Estados Unidos. El descubrimiento, señaló la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) en un comunicado, fue producto de semanas de trabajos de investigación de gabinete y de campo. El narcotúnel, aunque no lo señala la CNS es similar al que presuntamente uso “El Chapo” Guzmán para fugarse del penal del Altiplano en julio pasado. Los elementos federales ubicaron una bodega en la calle Fray Junípero Serra de la colonia Garita de Otay, Tijuana, donde advirtieron intenso movimiento de camiones y camionetas de carga que entraban y salían, aparentemente para dejar la droga y luego trasladarla a Estados Unidos. Con orden judicial en mano, el miércoles pasado intervinieron en el predio y “sin realizar un solo disparo, sorprendieron a los presuntos distribuidores de droga”, señala el comunicado. En el lugar fueron detenidos 16 hombres cuyas edades oscilan entre los 21 y 50 años, y quienes al ser presentados ante el Ministerio Público de la Federación admitieron dedicarse al embalaje y envío de droga. Además reconocieron tener vínculos con un grupo criminal con operación en el estado de Jalisco, al parecer el Cartel Jalisco Nueva Generación. Al revisar el predio, los federales hallaron en el fondo un acceso a un pasadizo subterráneo que conduce a territorio estadounidense. El túnel tiene una profundidad aproximada de 10 metros y unos 800 metros de longitud, 600 en subsuelo mexicano y 200 en territorio estadunidense. El pasaje estaba habilitado con vigas metálicas para evitar su derrumbe, un sistema de iluminación y ventilación a base de baterías de automóvil, así como un mecanismo de rieles para mover una plataforma con la carga.
Tras el operativo, las fuerzas federales aseguraron 873 paquetes con mariguana envuelta en plástico y cinta adhesiva, con un peso total de cercano a las 10 toneladas. También incautaron vehículos de carga y particulares que fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial federal, junto con la droga y los detenidos, informó la CNS. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El gobierno de Puebla informó que asumirá la seguridad pública del municipio de Ajalpan durante seis meses para garantizar el orden público y el esclarecimiento de los hechos ocurridos el pasado lunes 19, fecha en que dos encuestadores fueron linchados en ese lugar. En un comunicado, precisó que dicha facultad se ejercerá a través del director general de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Alfonso Sánchez Montiel, a quien se nombra delegado para tales efectos. Destacó que el municipio de Ajalpan enfrenta un caso de alteración grave del orden público por los hechos ocurridos el lunes. En esa localidad, subrayó, “se perdió la paz, el orden y la seguridad en los bienes e incluso la vida de dos personas”. Ante esos hechos de violencia, las propias autoridades municipales se vieron rebasadas por la población, admitió. El gobierno de Rafael Moreno Valle puntualizó que el mando de la seguridad pública municipal que asumirá la PEP comprenderá todo el territorio del municipio de Ajalpan y durará el tiempo que sea necesario, “hasta que se restablezca el orden público y se pueda garantizar la seguridad de las personas, sus bienes y derechos, y no excederá de 180 días naturales”. De igual manera, manifestó que la autoridad municipal acatará las órdenes que se le transmitan en cumplimiento del resolutivo primero del acuerdo. Por separado, el procurador de Justicia del estado, Víctor Carrancá, reconoció que eran pocos los elementos de la Policía Municipal y por eso no pudieron hacer frente a la turba que atacó la presidencia y sacó por la fuerza a los dos detenidos. Sin embargo, no explicó las razones por las cuales, pese a saber que había pocos elementos de seguridad pública municipal, no se autorizó de inmediato el ingreso de la Policía Estatal. Mientras tanto, Felipe Copado Molina, hermano de los dos encuestadores que fueron linchados en Ajalpan la noche del lunes, demandó “que el gobernador actúe y nos dé la cara”. Asimismo, exigió la detención de quienes participaron en el linchamiento, porque –dijo– existen todas las evidencias para identificarlos. La acción de los pobladores de Ajalpan, subrayó, fue “un acto de barbarie”, e informó que los abogados de la empresa para la que laboraban José Abraham y Rey David llegaron a Tehuacán –donde acudieron para reclamar los cuerpos– para apoyar en los trámites obligados en estos casos. Indignado por lo que sufrieron sus hermanos, Felipe manifestó que si los responsables del crimen pedían que se aplicara la ley, ahora es la familia de las víctimas la que solicita que se cumpla con la legalidad, se detenga a los asesinos y se les castigue. Una cuñada de Rey David responsabilizó directamente a las autoridades del doble homicidio porque, subrayó, era su deber protegerlos, sobre todo porque sabían que no habían cometido ningún delito, pese a lo cual no cumplieron con su deber y permitieron que la turba los linchara. Y adelantó que iniciarán denuncias contra los gobiernos municipal y estatal por no actuar correctamente. En tanto, el presidente municipal Gustavo Lara Torres se negó a dar datos sobre quiénes iniciaron la agresión en contra de los encuestadores, pero dijo que están bien identificados y ya proporcionó esa información a la Procuraduría General de Justicia del estado. En las fotografías y videos de lo ocurrido esa noche aparece un joven con playera roja, de manga larga, pantalón blanco, un casco negro y el rostro cubierto, quien prendió fuego a los cuerpos, acción que fue aplaudida por decenas de espectadores, entre ellos una mujer de la tercera edad que porta un mandil y varios jóvenes que igualmente se cubrieron el rostro. La mayoría de los participantes, tanto en el linchamiento como en el saqueo del Palacio Municipal, fueron jóvenes, incluso menores de edad, a quienes el alcalde Gustavo Lara relaciona con pandillas que operan en el municipio y que a su parecer fueron contratados para cometer los disturbios, aunque se negó a señalar a los supuestos contratistas. Por otra parte, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo dio a conocer que las credenciales exhibidas con el logotipo y nombre de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, que portaban los dos jóvenes linchados, son falsas.
A través de un comunicado detalló que después de que se tuvo conocimiento de que había credenciales con el logotipo y nombre de dicha institución, el departamento de servicios escolares realizó una revisión de sus expedientes para poder ubicar a Rey David y Abraham Copado Molina, con lo que pudieron confirmar que los jóvenes no eran estudiantes pues no tenían registro de ellos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MONTERREY, N.L: Hace cinco años y medio fueron asesinados a balazos dentro del campus central del Tecnológico de Monterrey los jóvenes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo sin que hasta ahora se les haga justicia. Ambos eran estudiantes de esa institución, según admitió el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa; incluso se les rindió tributo con un minuto de silencio en el Congreso de la Unión. A contracorriente, el general Cuauhtémoc Antúnez Pérez, comandante de la Séptima Zona Militar en ese tiempo, redactó un informe obtenido por el grupo de periodistas de la plataforma Mexicoleaks, de la que forma parte Proceso, según el cual Jorge Antonio y Javier Francisco cayeron durante “un enfrentamiento del Ejército con delincuentes” la madrugada del 19 de marzo de 2010. Hoy, ese militar es secretario de Seguridad Pública estatal en la administración de Jaime Rodríguez, El Bronco. Organismos civiles de la región protestaron al enterarse de su designación y señalaron sus implicaciones en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura que nunca fueron aclarados y cuyas víctimas no recibieron justicia (Proceso 2032). Según la versión del documento extraurgente que el general Antúnez Pérez dirigió “a la superioridad” en papel membretado de la Secretaría de la Defensa Nacional el 5 de abril de 2010 (folio 08739), varias personas dispararon a las tropas desde una camioneta Yukón aquella madrugada de marzo. Del vehículo “descendieron dos personas más que, ahora se sabe, respondían a los nombres de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, quienes comenzaron a correr a la entrada del Tecnológico de Monterrey, ubicada en la confluencia de las avenidas Garza Sada y Luis Elizondo, lugar en el que cayeron muertos, resultado del enfrentamiento referido”, escribió el militar. Antúnez Pérez escribió su reporte interno luego de recibir el mensaje numerado como DH-IV-3665 fechado el 29 de marzo de ese año en el que se le informa que el ómbudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, abrió de oficio la queja CNDH/2/2010/1508/Q “en agravio de los extintos Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso”. El propósito del militar fue reforzar la versión emitida por el mando territorial de la Séptima Zona Militar, con sede en el municipio metropolitano de General Escobedo, el 19 de marzo de ese año en un boletín en el que asentó: “Una persona se acercó para manifestar (a las tropas) que en la avenida Garza Sada cruce con avenida Jesús Elizondo (sic) de dicho municipio se encontraban varias personas a bordo de diferentes vehículos con armas largas y en actitud sospechosa. “De este evento resultaron muertos dos individuos que hasta el momento no han sido identificados… Cabe hacer mención que durante el enfrentamiento resultó herido un elemento militar, mismo que fue trasladado de inmediato para su atención médica, encontrándose estable.” En su informe del 5 de abril, Antúnez Pérez expuso: “Por lo anterior, se desprende que el personal militar actuó repeliendo una agresión real, inminente, violenta y sin derecho, actuando en legítima defensa, resguardando su integridad personal, adecuando su conducta al marco de la legalidad establecido en nuestra legislación interna, protegiendo los intereses de la sociedad al enfrentar a miembros de la delincuencia organizada”. Meses después, en agosto de 2010, el ómbudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva emitió la recomendación 45/2010 y concluyó que el Ejército disparó a los estudiantes y que la escena del crimen fue manipulada para sembrarles armas. La recomendación 45/2010 de la CNDH concluyó: “Esta Comisión Nacional observó que Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso no portaban armas ni viajaban en la camioneta que agredió a los elementos militares ni eran miembros de la delincuencia organizada, como de manera inconducente sostuvo la Secretaría de la Defensa Nacional en el informe que rindió ante este organismo nacional. “Además, Jorge Antonio Mercado Alonso presentó seis heridas producidas por proyectil de arma de fuego, dos de las cuales fueron realizadas a corta distancia, en tanto que Javier Francisco Arredondo Verdugo presentó siete heridas generadas por proyectil de arma de fuego, de acuerdo con el acta de fe ministerial e inspección cadavérica.” El ómbudsman pidió también que se limpiara el nombre de los dos estudiantes: “Resulta necesario aclarar con toda energía que Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso eran estudiantes de excelencia del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, no viajaban en la camioneta que agredió a los elementos militares, no portaban armas ni eran miembros de la delincuencia organizada”. Confusión, solapamiento e impunidad El 22 de marzo de 2010, tres días después del presunto ataque a los militares, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, viajó a esta ciudad donde se entrevistó con el gobernador Rodrigo Medina, y funcionarios del tec de Monterrey. Se comprometió a esclarecer la muerte de Jorge Antonio y Javier Francisco. “Reconozco que los dos estudiantes estuvieron en la línea de fuego del lado donde los soldados eran agredidos por criminales –dijo el funcionario calderonista en conferencia de prensa–. Ofrezco que se profundizará una investigación que saque a todos la verdad y deje a todos un aprendizaje sobre esta triste tragedia para evitar este tipo de situaciones en el futuro, sin menguar en nada el ánimo de la autoridad para proteger a la gente.” A su vez, el rector del tec, Rafael Rangel Sostmann, admitió que, inicialmente, los guardias del campus se confundieron en identificar a las personas abatidas, lo que dificultó el reconocimiento de los cadáveres. Reveló también que su error fue confiar en la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, encabezada por Alejandro Garza, que le entregó información errónea que él divulgó. El 20 de marzo, el presidente Calderón y su esposa, Margarita Zavala dieron sus condolencias a los familiares de los estudiantes en un comunicado; Gobernación emitió un comunicado en torno al incidente, ocurrido “en las inmediaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en el que desafortunadamente perdieron la vida los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo”. El boletín no señaló cómo murieron los estudiantes. Sólo menciona que una vez controlada la situación, “arribó al lugar del enfrentamiento el AMPFC, personal de peritos en balística y del Semefo para recabar evidencias, levantar los cuerpos y dar fe de los hechos”.
Cinco años y medio después de aquel supuesto “enfrentamiento de tropas del Ejército con delincuentes”, luego de las aclaraciones de las autoridades estatales y federales, de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las protestas de organizaciones civiles de Nuevo León, no se ha hecho justicia a las víctimas. Y el general que emitió un reporte interno a “la superioridad” en el cual, según el ómbudsman nacional, alternó los hechos, es parte del gabinete del controvertido gobernador independiente Jaime Rodríguez, El Bronco. FUENTE: PROCESO. AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA (REPORTAJE ESPECIAL).
En la grave crisis de derechos humanos que vive México, señalada por la comunidad internacional, los infantes y los adolescentes son los que tienen más probabilidades de padecer y perecer, afirma Juan Martín Pérez García, director de REDIM.
En México cuando se habla de víctimas de violaciones a sus derechos humanos, se piensa en adultos. Nada más equivocado, dice en esta entrevista Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). Son los niños, niñas y adolescentes los más afectados por la falta de acción del Estado, pare detener la maquinaria de muerte y corrupción que día a día sacude a los mexicanos, asegura a SinEmbargo el activista.
Siete de cada 10 personas ya no salen a la calle, o no dejan salir a sus hijos, afirma Juan Martín. El motivo principal es el miedo.
“Miedo a la inseguridad a la que estamos expuestos muchos de nosotros. Esto nos da cuenta de que el Estado no está cumpliendo con ese rol de garantizar nuestra integridad. Hay una ruptura en el contrato social. El Estado no es capaz de respetar este contrato, sus instituciones no respetan el acuerdo social que significa tratados internacionales, leyes mexicanas y demás. No respeta la integridad de sus ciudadanos, por eso es que hablamos de una grave crisis de derechos humanos”, dice.
Para el director de REDIM el país podría tocar fondo y convertirse en un narco-estado, si es que ya lo es, acota, gracias a gobiernos simuladores, “engañabobos”, que firman tratados, se abren a la crítica y a la evaluación, pero al final rechazan las observaciones de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Recomendaciones van y vienen. También excusas. Es la infancia mexicana la más desprotegida y vulnerada, argumenta –¿Cuál es la situación de los derechos humanos en el caso de la infancia en México?
–La violencia tiene entre sus peores expresiones impactos negativos en niños, niñas y adolescentes. Digamos creo, que hay un elemento contextual para entenderlo y tiene que ver con las condiciones de desigualdad. Las niñas, niños y adolescentes viven en la invisibilidad, están considerados como objetos de la propiedad familiar. Eso lleva a que el Estado no realice acciones preventivas, sino que decida generalmente actuar siempre cuando los niños son víctimas o se les considera victimarios. Ese esquema de carecer de una política de Estado para atender de manera apropiada a niños y niñas, lleva a que sean vulnerables o frágiles a todo lo que pasa en el país. Hay que tener presente que los niños y niñas representan el 36 por ciento de la población, cualquier cosa que pase en este país, les toca en gran medida a ellos. Muchos datos rondan a ese impacto de 36 por ciento. En el ámbito de desapariciones, en los registros disponibles de parte del Estado mexicano hay 23 mil casos registrados de desaparición de los cuales 6 mil 700 son de personas menores de 18 años. En el segmento de 15 a 17 años, siete de cada 10 son mujeres adolescentes. Los estados donde hay un número importante de desapariciones son Estado de México, Tamaulipas, Distrito Federal y Guerrero. Cuando nos muestran estos datos es que pensamos en la grave crisis de derechos humanos y hablamos de desaparición. Todo el mundo piensa en adultos, pero no están reconociendo que en muchos casos los niños y las niñas son víctimas. Hay varios casos que se han encontrado que desaparecen a la familia completa o que es asesinada la familia completa. Niños y niñas van en este escenario de sangre y desaparición, siendo estas víctimas constantes, pero invisibles.
–De los resultados de la llamada guerra contra el narco, de los casi 30 mil desaparecidos y los muertos, ¿qué tanto por viento serían niños o menores? –Hay una situación compleja en los datos, pero los disponibles, los datos oficiales nos dan cuenta de que las tasas de homicidios, el número de homicidios de niños y niñas frente a adultos, creció. Ahora mismo hay dos tipos de datos: los poblacionales, estadísticos, que se ve como las tasas de homicidios han ido creciendo de manera alarmante a partir de 2007, obviamente vas a notar que los datos van creciendo y que coinciden plenamente con la confrontación entre el Estado y los grupos criminales, pero el segmento más grave, es el de adolescentes de 15 a 17 años. Entidades como Chihuahua en 2012 tenía una tasa de homicidios de 45 por cada 100 mil habitantes. En el el país eran 14 casos por cada 100 mil. México ha invertido mucho dinero en armas, policías. Esta confrontación de fuego obliga en un principio a requerir soldados. Esto originó a que detonara de parte del gobierno la contratación de jóvenes para la Policía Federal y el Ejército. Denunciamos ante el Comité de los Derechos del Niño que aumentó el reclutamiento de adolescentes a partir de 15 años en el Ejército. Pero también por los grupos criminales. Nosotros hicimos un recuento hemerográfico, no es oficial, pero lo que logramos tener evidencia, lo tenemos en un mapa y nos dio cerca de 2000 casos, entre 2006 hasta 2014. Todos ellos vinculados a escenarios de crimen organizado. –Hay quienes dicen que los adolescentes no son niños… –Nuestras leyes reconocen que se es niño en este concepto jurídico, hasta antes de cumplir 18 años. En términos psicológicos tenemos entonces los recién nacidos; los de primera infancia antes de los ocho años; la niñez de nueve a 12 y la adolescencia que inicia a los 13 hasta los 17. Hasta antes de los 18 años están protegidos por los convenios internacionales y por las leyes mexicanas. El que asesinen adolescentes de 15 a 17 años, nos da cuenta del estado de abandono en el que se encuentra este segmento. Precisamente por esta representación social de que ya no son niños, pero al mismo tiempo tampoco están con posibilidades; por ejemplo, un adolescente de 15 años de edad, no puede registrar un equipo de fútbol solo, no puede tener un proyecto y acceso a crédito, tampoco puede votar, pero sí puede ser privado de la libertad. Hay una incoherencia en la forma que tratamos a nuestros adolescentes, porque ni les vamos incorporando al mundo laboral, ni educativo, pero tampoco les permitimos condiciones legales y sociales para un desarrollo diferente. Así como subieron las tasas de los homicidios, los de los adolescentes estuvieron a veces 100 por ciento por arriba de los adultos. La tasa de homicidio a nivel nacional de 2014 era de 11.3 casos por cada 100 mil habitantes y en el segmento de 15 a 17 años de 14.3 por cada 100 mil, hay un 30 por ciento de probabilidad mayor que asesinen a un adolescente que a un adulto. –¿Cuántos convenios internacionales en materia de infancia ha firmado México?
–Los tratados internacionales en infancia son complementarios. El corazón del sistema universal de derechos humanos, es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, hace ya 60 años, sobre eso hay nuevos instrumentos. El 20 de noviembre de 1989 se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, este sería el instrumento especializado en infancia, pero es importante tener en cuenta que se complementa con los otros tratados, por ejemplo los tratados para la violencia contra las mujeres, personas con discapacidad, indígenas, se entremezclan. Hay condiciones que llevan a que se entienda que el sistema universal crea una especie de entramado, de red. Cuando estamos hablando de niños y niñas están protegidos no solo por la Convención y sus protocolos que hay tres: el de Venta, Pornografía y Prostitución Infantil, Conflicto Armado y un tercero que México no ha firmado que son denuncias individuales de niños frente al Comité. Todos esto permite tener un mecanismo de protección. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene otros mecanismos, tiene una Relatoría Sobre los Derechos de la Niñez. –¿Cómo calificarías a México con los tratados que ha firmado a nivel internacional con respecto a los derechos del niño? ¿Se puede decir que está al nivel de los países desarrollados, en teoría? –México es un Estado complejo. No es un Estado monolítico. Es un Estado que tiene una gran diversidad dentro del Estado. Hay aquellos gobiernos que son grandes simuladores, firman todo, hablan con discurso de derechos humanos, pero en su espíritu, su corazón, no está en los derechos humanos, sino en otros tipo de intereses. El ejemplo más burdo y básico es la simulación en el Distrito Federal: se mencionan los derechos, pero es la ciudad es donde mantenemos un número muy importante de graves violaciones a los derechos humanos, en lo cotidiano. Hay otros gobiernos, como Coahuila, con un descrédito impresionante, pero que han decidido abrirse al mundo. La primera Ley la tenemos en Coahuila, la más avanzada. En marzo se conocieron datos sobre maltrato infantil, se manejó que se incrementó y entre las entidades con más casos, está Coahuila, con 200 por ciento más. Esto podría significar que está muy grave o que hay más registro de maltrato infantil. Tienen una policía especializada para la infancia. Son policías jóvenes, preparados y sensibilizados. Tenemos otros gobiernos como Chihuahua, retrogradas, violatorios, que no queden saber nada del escrutinio interno, mucho menos el internacional. Entonces, por eso digo que el Estado mexicano no es monolítico y que tiene tal nivel de porosidad, que no puede controlar o generar un acuerdo con las entidades federativas. No tenemos un Estado fuerte, sino sistemas feudales en las entidades federativas y que son como [Javier] Duarte que manda matar a periodistas. Tratando de redondear, toda esta crisis tiene que ver en tres cosas básicas con la infancia: uno, hay incertidumbre en torno al futuro, para niñas y niños no saben qué harán en el futuro. Segundo, tienen miedo. Son las cosas que van reportando las encuestas. El tercer elemento son estos casos de desaparición, homicidio, feminicidio. Lo preocupante, lo grave es que el Estado rechace la crítica, la observación internacional, en un diálogo esquizofrénico. Todas estas visitas han sido por invitación. Es una especie de engañabobos, de decir: “vean qué tan abiertos somos, que hasta invitamos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas a que venga a vernos, que nos hagan una revisión y, como nosotros lo invitamos, tiene que ser cortés y decir que estamos bien”. –Y dice lo contrario: que hay una grave crisis y el Estado lanza una maquinaria de descrédito, ¿por qué? –La respuesta básica, burda, pobre que han hecho, es que ya lo tienen controlado y distraen con temas por un lado, y por el otro empiezan a generar la duda razonable. Entonces el grupo de expertos [GIEI] demuestra jurídicamente, judicial y técnicamente que es imposible lo que están planteando en el tema Ayotzinapa y el Estado se consigue a otras personas que pueden decir que es posible. Es lamentable y pobre. Lo hemos hablado mucho con funcionarios. Lo que les explicamos es que hay que tener presente que los derechos humanos en el mundo han servido para fortalecer la democracia. Los gobiernos que han incluido los derechos humanos en su agenda, tienen democracias fuertes. Pensemos en Europa e incluso América Latina. – Para el mundo de los adultos el caso más emblemático que retrata la grave crisis de derechos humanos es Ayotzinapa, para el caso de la infancia, ¿cuáles serían los casos emblemáticos que han llegado a nivel internacional, donde hay recomendaciones que México no acató? –De manera reciente el Comité de los Derechos del Niño emitió 150 recomendaciones a México, el 10 de junio pasado. Del examen que tuvo yo diría que la mitad las destinaron a graves violaciones de derechos humanos: desaparición, feminicidios, homicidios, reclutamiento forzado y casos paradigmáticos que el Comité recomendó hacer investigación y justicia como el de la Guardería ABC, el de Mamá Rosa, el del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, asesinado en la represión de Puebla, y Tlatlaya, donde de las 22 personas ejecutadas presuntamente de forma extra judicial, cuatro eran menores de edad.
–Aún no ocurría lo de Ostula [Michoacán]. El niño de ocho años que fue asesinado.
–Así es. Además se agrega Tanhuato, Michoacán. De los 43 asesinados, uno de ellos era de 17 años de edad; un adolescente que le pasaron encima un vehículo de la policía federal. Está La Calera, en Zacatecas. De los siete jornaleros, cuatro menores de edad. Tenemos una larga lista de agravios a la infancia en estas violaciones a los derechos humanos que el Estado mexicano no está reconociendo. En el caso de Tlatlaya la necesidad es reconocer la presencia de niños, niños y adolescentes. No lo ha hecho y, eso obliga y debe forzar a tener una respuesta distinta para la atención. En Desaparición, el 30 por ciento son de menores de edad, en el segmento de adolescentes de 15 a 17 años, donde siete de cada 10 son mujeres adolescentes. El crimen organizado se está robando adolescentes para convertirlas en esclavas sexuales o sicarias, es decir, hay toda una maquinaria que está operando, que además agrego, que el padre [Alejandro] Solalinde y el Comisionado para Michoacán, reconocieron tráfico de órganos. Esto no se ha investigado y con esto seguimos fragilizando al Estado y nos exponemos a que se repitan los acontecimientos. Se convierte en una especie de maquinaria que se para, se oxida y se pudre.
–Hay quien dice que el Estado mexicano no se compromete, porque no puede, porqué está sobrepasado en sus instituciones. ¿Qué tiene que hacer el Estado? –Cada vez más personas que nos dedicamos a los derechos humanos vamos mirando que experiencias como la guatemalteca y una Comisión Internacional de Naciones Unidas contra la Impunidad, pudiera ser una salida. Comparto que el Estado mexicano está atrapado en su propia dinámica de corrupción, en el pacto de impunidad, ya reconocido cínicamente por la clase política. En los muchos compromisos internacionales donde ha fallado, en el descrédito y falta de legitimidad. La única manera es que tengamos apoyo internacional. La experiencia guatemalteca es una posibilidad. No son cosas mágicas, no es de la noche a la mañana, no tienen que terminar dos Presidentes presos, pero es un agente externo que ayuda a que se movilice la maquinaria interna. El Presidente [Enrique Peña Nieto] hace acuerdos con los padres de Ayotzinapa que no puede cumplir. El Secretario de Gobernación [Miguel Ángel Osorio Chong] hace acuerdos con todo el mundo , que tampoco puede cumplir, porque los gobernadores no le hacen caso, son señores feudales y entonces hacen lo que quieren. Una Comisión sería de gran ayuda y sería de rentabilidad política para esta administración, porque podría afrontar la crisis de derechos humanos con temas serios; porque muy pronto, si no es que ya nos está pasando, vamos a tener un narco-estado. El Estado no puede mantenerse con los ojos cerrados. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SHAILA ROSAGEL. LINK: http://www.sinembargo.mx/22-10-2015/1526109.
El grupo que tiene en jaque al gobierno de la capital mexicana (un colgado, un calcinado, otro con narcomensaje) se formó y fortaleció mientras Miguel Ángel Mancera negaba la existencia de crimen organizado. Y se hizo en sus prisiones, como Santa Martha, desde donde opera una red de extorsión que cruza el país (de Chihuahua a Cancún) y llega a Sudamérica.
Si a usted le han hablado durante los últimos diez años desde un teléfono con clave de larga distancia del Distrito Federal para exigirle dinero y advertirle del inminente asesinato que sufrirá usted o alguien de su familia; si recibió esta llamada y vive en el DF, en Cancún, en Guadalajara, en Monterrey o cualquiera otra parte de México e incluso en Sudamérica, entonces tiene algo en común con Miguel Ángel Mancera Espinosa. Tanto usted como él están, o han estado en la agenda de un asesino que vive bajo la responsabilidad del Gobierno del Distrito Federal: Paulo Sergio “El Avispa” Contreras Hernández.
El martes pasado, dos eventos se desarrollaron en la capital mexicana apenas separados por algunas horas de diferencia y pocos kilómetros de distancia.
En la primera escena, Miguel Ángel Mancera sonrió bajo el sol del mediodía y ofreció un apretón de manos al golfista Eldrick “Tiger” Woods, alguna vez el mejor del mundo, y lo reconoció como visitante distinguido de la ciudad ni más ni menos que en el Altar a la Patria, en el Bosque de Chapultepec.
En la otra escena, un hombre murió atravesado por las balas en la Unidad Habitacional Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa.
Los gatilleros colocaron una cartulina a su lado y hablaron directamente al Jefe de Gobierno del DF. No se corrigen faltas de ortografía:
“¡JEFE MANSERA! “Aquí le vamos a poner a quienes son los que nos an estado amenasando y an matado gente, estan protegidos por el cano e Israel, comandantes del reclusorio oriente, entre ellos protegen a los internos El Pulca, coyotes, esteban. “Internos del oriente traen el control de la droga del penal con apoyo del Eusevio Dulce reyes, recluido en el penal de Chihuahua y suele tener celular en la carcel estatal de Chihuahua. “El ordena las ejecuciones con los cabecillas del reclu oriente y otros como el diamante, el Alex y el nieves. “No me meto con nadie por eso me apoyan, nada mas muevanlos de los centros y esto se acabara… “ATT. GENTE NUEVA DEL AVISPA VAMOS POR TI DULCE REYES”.
Este evento fue una de varias cerezas en un rebosado pastel que desde hace tiempo se cocina en la capital del país. El pastel que exhibió a un hombre colgado en un puente de Iztapalapa y otro quemado en un tambo no tan lejos de allí.
Entre la situación que vive hoy la Ciudad de México y la que de cierta manera le dio origen, han transcurrido dos décadas.
Porque Paulo Sergio “El Avispa” Contreras Hernández —a quien el Gobierno del Distrito Federal bien podría tener como el habitante menos distinguible— es un viejo conocido del sistema de justicia capitalino, en el que hizo carrera Miguel Ángel Mancera Espinosa.
La reunión ocurrió hace 20 años, en 1995, en un dormitorio de la Penitenciaría del Distrito Federal, una de las cárceles más duras del mundo.
Los hombres, todos ellos con alma de cementerio, se dijeron conscientes de su poder: Sí, no cualquiera asesina a quien sea y pocos asesinan asesinos, pero es más importante matar sin importar las consecuencias.
Se preguntaron qué diferencia existe entre una condena a 300 años de prisión y una sentencia a mil años. Cuarenta y dos hombres, asesinos y secuestradores, encontraron que ninguna.
Se erigieron en cofradía y se hicieron llamar a sí mismos La Familia (ninguna relación genealógica con el cártel michoacano, al que precede).
Veinticinco de ellos se conocían casi desde la infancia. Poco tiempo atrás coincidieron en el entonces llamado Consejo Tutelar para Menores, la cárcel para adolescente de San Fernando. Sabían exactamente qué significa “poliana”: juego de mesa similar al parqués o al parchís; “chicha”: el trapo con que se limpia el piso de rodillas; “pocito”: la cubeta llena de excremento en que se les hundía la cabeza a manera de castigo, y “niño rostizado”: niño violado, muchas veces por los mismos guardias.
La Familia asumió que ellos eran de la cárcel y la cárcel de ellos. Y en adelante, ellos administrarían la extorsión interna y externa y el narcotráfico al interior de la Penitenciaría, también conocida como la Cárcel de Santa Martha.
Los detalles del nacimiento de la orden de los matones están contenidos en un documento interno del sistema penitenciario cuya copia posee SinEmbargo. El estudio, denominado “Redes delincuenciales”, es un auténtico diccionario enciclopédico de la actividad criminal al interior de la prisión y fue elaborado en 2006.
Se lee en el informe:
“La Familia ha sido el grupo de poder más importante conformado dentro de la Penitenciaria y en el sistema penitenciario del DF. Estuvo integrada por un grupo de internos de altas sentencias, dedicados a la extorsión y al homicidio, (que) controlaron la Penitenciaria por el período comprendido de 1995 hasta el año de 2005. Se alquilaban en un principio para los internos de alto poder económico los cuales, a través de ellos, ejercían un control en todos los dormitorios de la Penitenciaria e inclusive en los diferentes reclusorios preventivos”.
Alfredo Ornelas es un criminólogo con más de 30 años de experiencia en psicología forense. Posee la trayectoria más sólida en la investigación del sistema penitenciario en México y él mismo ha dirigido centros federales estatales y locales en Tamaulipas, Morelos y el Distrito Federal. También fungió como subdirector de la Penitenciaría.
—¿Qué condiciones crearon la oportunidad de que se creara un sicariato gobernante de una cárcel y luego del conjunto de cárceles en el Distrito Federal? —se pregunta a Ornelas en entrevista.
—Los sicariatos siempre han existido. El homicidio ha sido un negocio tradicional en la historia de las cárceles, desde la antigua cárcel de la Acordada, la cárcel de Belem luego, la primera penitenciaría del Distrito Federal, Lecumberri y ahora Santa Martha Acatitla. En sus inicios no existían sicariatos. El asunto fue más o menos aséptico, paradójicamente, porque a la penitenciaría iban a enviar a una parte de los más terribles delincuentes y otra parte fueron canalizados hacia las Islas Marías, literalmente un destierro a la muerte. Luego, con la construcción de los reclusorios preventivos en el DF, el sicariato se erigió como una forma obligada de funcionamiento y operatividad entre los internos.
—¿Cómo fue que los integrantes de La Familia adquieren sentido de identidad y de grupo?
—Por una serie de características que los hermanaban, que los igualaban, que los identificaban: en las cárceles hay, como los criminales los llaman, familias: la familia de los defraudadores; de los multihomicidas, es decir, no cualquier homicida, sino de quienes entienden el asesinato como un modus vivendi. Entre los internos, el asesinato otorga cierta importancia cualitiva en la identificación entre los homicidas. Algunos participan en eventos comunes y se reconocen sus capacidades para matar y así es como se arman las sociedades, las hermandades, que tiene que ver con una serie como asuntos de solidaridad, de apoyo, de entendimiento de sus carencias, de sus necesidades. Me refiero a la empatía y la existencia de cierta transferencia y contratransferencia respecto de lo que cada uno de ellos son en lo particular y ya en lo general.
De acuerdo con testimonios recabados de dos ex presidiarios y dos ex custodios, el líder más prominente de la banda fue José Luis Martínez Zavaleta, un asesino con menos vidas adeudadas que varios de sus sobordinados, pero mayor capacidad de organización.
“Era una especie de cerebro ahí. Si La Familia era un pulpo, él era la cabeza y los demás eran los tentáculos”, ejemplifica uno.
Otro recuerda que “El Zavaleta” —con frecuencia, el apellido funciona como apodo— era un criminal “justo”, un jefe confiable que repartía de acuerdo a los méritos de quienes participaban en un “trabajo”.
“Si alguien mataba e iba a la celda de castigo [aún se habla de la existencia de un calabozo llamado ZO o Zona de Olvido, un encierro hecho con soldadura autógena], ‘El Zavaleta’ enviaba indicaciones a otros internos y a custodios para que lo respetaran y mandaba que la motita, que el chocho, que la piedra. Cuando alguien tenía algún problema económico en su casa, él decía: ‘A ver, mi chavo, te mataron a tu hermano, y para pagar el sepelio todos te vamos a cooperar.
“Eso hacía que toda la banda atendiera las instrucciones de este canijo y era el único que no despertaba envidias, lo que no pasaba con algunos otros cuando decidían crecer o tomar decisiones por sí mismos y terminaban traicionando a los demás. Entonces se iba con ‘El Zavaleta’:
—A ver, carnal, qué onda, ¿qué vas a hacer?, que fulanito de tal ya se pasó de pendejo —le decíamos–. “El Vallecillos” [apodo de Santiago Melgoza Vallecillos, asesinado el 29 de septiembre de 2002] se pasó de pendejo con nosotros, nos ganó se quedó con la droga y hay que darle pa’bajo.
—Ustedes dicen —autorizó porque estábamos en lo correcto.
—No, pues hay que darle palanca.
—¡Órale! —entonces ya nos organizábamos y todos lo cuidábamos—. Y entonces, a ver, ¿quién lo mata?
—Lo mata “El Simpa”, lo mata “El Alemán” [Lorenzo Chávez Morán], lo mata “El Flavio” —y no me acuerdo del otro y así se hizo: ma-sa-cre.
Un guardia describe a “El Zavaleta”: “Es inteligente, que no culto ni instruido. Creo que ‘El Zavaleta’ estudió hasta el segundo año de primaria y en la calle era albañil, pero asimiló el asunto de la cárcel y entendió sus dinámicas y aprendió a vivir ahí dentro. Tuvo maestrazos: ‘El Cuervo’ y ‘El Lemus’. Luego se fue a los centros federales”.
—¿Y qué me dice del Avispa?
—De ellos mismos… Cabrón y muy culero también.
En las 344 páginas del reporte aparece, destacadamente, “La Avispa”, como jefe en 2006 de una de las dos bandas delictivas identificadas en el dormitorio uno de la Penitenciaría. Al grupo se le refirió como conformando por homicidas y secuestradores y se le clasificó como de “alta peligrosidad institucional”. Malo entre los malos, pues.
“En un principio, Paulo Sergio Contreras y Carlos Alberto Terreros estuvieron integrados a la banda conocida como La Familia, la más peligrosa, extensa y sanguinaria que existió en la Penitenciaría”.
En ese tiempo, Contreras estaba asociado con un secuestrador llamado Jesús Solórzano Martínez y un comerciante de drogas y armas egresado del ejército mexicano, Nicéforo Varela Palma.
“Paulo Sergio, Jesús y Nicéforo poseen un alto nivel intelectual. Se dedican a activar microchips de teléfonos celulares en la frontera norte del país y con ellos extorsionan vía telefónica a cualquier parte del DF, interior de la República, Centro y Sudamérica. Al momento de rastrear las llamadas, los números registrados sugieren que son realizadas desde el norte del país”.
Una característica del crimen organizado es su tendencia a la fragmentación. Las bandas se fracturan por discrepancias en los negocios y por razones más mundanas y quizá más importantes.
El 9 de enero de 2006, “La Avispa” y otros dos miembros de la banda cosieron a cuchilladas a Jesús Solórzano Martínez y sentenciaron a muerte a Nicéforo Varela Palma pues estaban seguros que sus socios de negocios lo querían ser de cama y quisieron seducir a sus esposas.
Una vez más, “La Avispa” debía organizar su banda y, dentro del sistema penitenciario del DF, lo hizo.
Personas que laboran en cárceles y en la Policía Judicial confirmaron a este medio que “La Avispa” mencionado en la cartulina dejada junto al muerto del martes pasado es Paulo Sergio Contreras Hernández, quien delinque en complicidad de uno de sus cuñados, Andueza Velázquez, preso desde hace dos años por el robo a un banco en Iztapalapa.
Hay algo más que decir a propósito documento “Redes Delincuenciales”.
Pocos meses después de su elaboración, el abogado Miguel Ángel Mancera Espinosa se integraría como subprocurador de Procesos de la Procuraduría del DF y luego como subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales: varios de los delitos cometidos por las pandillas de Santa Martha habrían de pasar por su escritorio.
Hoy, sin lugar a dudas, Miguel Ángel Mancera vuelve a tener noticias de “La Avispa”, quien se sentiría con la confianza para amenazar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien dice que aquí, en la capital del país, tal cosa no existe.
Aunque a usted le hablen por teléfono desde una cárcel y le adviertan que si no da dinero, a usted o a alguien de su familia lo van a asesinar.
MÉXICO, D.F: El Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito rechazó en definitiva suspender la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), porque supuestamente afectaría el interés social y el orden público en grado mucho mayor que el beneficio que obtendrían los quejosos. El pasado jueves 15, el magistrado Fernando Casasola Méndez, quien dictó la sentencia, confirmó el fallo de un juez, que consideró improcedente frenar por tiempo indefinido el proyecto de infraestructura más importante de este sexenio, como pretendía un grupo de residentes inconformes de varios municipios aledaños. La negativa de suspensión definitiva, que no ha sido publicada, fue acordada por unanimidad del tribunal en el amparo en revisión 177/2015. En septiembre pasado, ningún ministro de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quiso hacer suya una solicitud de los quejosos para atraer este recurso, por lo que el expediente volvió al tribunal colegiado, con sede en Ciudad Nezahualcóyotl. Según registros oficiales, las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) litigaron intensamente ante el Poder Judicial para lograr la negativa de suspensión, medida que hubiera sido devastadora para el NAICM, que contempla 21 paquetes de licitaciones por 95 mil millones de pesos. El amparo del que derivó la solicitud de suspensión fue promovido en enero por al menos 76 vecinos de San Salvador Atenco, San Francisco Acuexcomac, San Miguel Tocuila, San Felipe, San Luis Huexotla, San Cristóbal Nexquipayac, La Magdalena Panoaya y Zapotlán. De acuerdo con la demanda, el proyecto para el NAICM viola derechos humanos de no discriminación, consulta previa a las comunidades sobre obras públicas de infraestructura, acceso a un medio ambiente sano y al agua, vivienda digna e integridad personal, entre otros. El juez Noveno de Distrito en el Estado de México, Jorge Arredondo Gallegos, había negado la suspensión en abril, pero aún no ha dictado sentencia de fondo en el juicio, y ha aplazado varias veces la audiencia final. Las posibilidades de que este amparo sea concedido en cuanto a sus argumentos de fondo son mínimas, porque las más de 4 mil 700 hectáreas donde será construido el NAICM son propiedad federal, es decir, no se expropiaron terrenos ejidales. En el desglose del Segundo Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la SCT detalló en septiembre pasado que desde su inicio esta administración se planteó como uno de sus principales objetivos dar una respuesta de largo plazo a la demanda creciente de servicios aeroportuarios en el Valle de México y centro del país. Añadió que el gobierno de la República, con la participación de empresas altamente especializadas y de la Organización de Aviación Civil Internacional, hizo estudios aeronáuticos, hidrológicos, ambientales, de uso del suelo, de ingeniería y arquitectónicos, que ayudaron a determinar que el lugar más adecuado para las nuevas instalaciones del Aeropuerto se sitúa en la zona contigua de la actual terminal (Lago de Texcoco).
“Esta obra de infraestructura no requerirá terrenos adicionales a los actualmente disponibles, que son propiedad del gobierno federal, y exigirá el concurso de los mejores especialistas para ejecutar una inversión pública calculada en 120 mil millones de pesos”, apuntó. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
