"Es altamente probable que el ojo de Patricia comience a pasar entre Playa Perula y Bahía de la Manzanilla (Jalisco) esta tarde, aproximadamente a las 18:30 horas", puntualizó Conagua.
El huracán “Patricia” de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, toca tierra esta tarde-noche en México, a través de Jalisco, y es “extremadamente peligroso”, indicó la Comisión Nacional del Agua.
En su reporte emitido a las 16:15 horas, precisa que mantiene “rachas de viento de 380 kilómetros/hora, por lo que los efectos de vientos fuertes y oleaje elevado han comenzado a presentarse en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco”.
El huracán “se desplaza hacia el nor-noreste y se prevé que el ojo de “Patricia” comience a pasar entre Playa Perula y Bahía de la Manzanilla (en Jalisco) esta tarde, aproximadamente a las 18:30 horas. Provocará lluvias intensas a puntuales torrenciales, violentas rachas de viento y oleaje elevado en los estados del Pacífico Centro”, alertó.
“En las costas de Jalisco se prevén vientos mayores a 150 km/h y rachas de 180 km/h, los cuales pudieran incrementarse conforme se aproxime el sistema; las costas de Colima con vientos de 100 km/h y en Nayarit vientos de 80 km/h con rachas de hasta 120 km/h; en las costas de Michoacán vientos de 80 km/h con rachas de 120 km/h; así como oleaje elevado en las costas del sur de Jalisco de 6 a 8 m, sin descartar superiores por efectos combinados de marea de tormenta, en las costas de Michoacán y Colima de 5 a 7 m; en la costa de Guerrero de 2.5 a 4.5 m; en la costa del occidente de Jalisco de 3.5 a 5.5 m; en la costa de Nayarit, sur del Golfo de California y costa sur-oriental de Baja California Sur de 3 a 4 m. En inmediaciones de Patricia, de hasta 8 m en zonas marítimas del Pacífico central mexicano, así como la posible formación de trombas marinas, torbellinos y tornados en las inmediaciones del ciclón, al momento de tocar tierra”, indicó la Conagua.
El Centro Nacional de Huracanes reporta también lo que ocurre:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2310/mexico/asi-seria-la-trayectoria-del-huracanpatricia/
México D.F: Mientras el presidente Enrique Peña Nieto mantiene en suspenso la presentación de una iniciativa de ley sobre tortura, las denuncias por la comisión de ese delito presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) aumentaron el doble y no se ven avances en la consignación de los responsables, denuncia Amnistía Internacional.
En su informe “La epidemia de tortura en México continúa”, la organización radicada en Londres, Inglaterra, hace una revisión de denuncias presentadas ante la PGR y resalta que “los registros oficiales sobre tortura y malos tratos en el país son inexactos, contradictorios e incompletos, lo que socava el cumplimiento de la obligación del Estado de prevenir adecuadamente, investigar y castigar la práctica de la tortura y los malos tratos”.
De acuerdo con la información obtenida por el organismo a partir de solicitudes de información, a las que la dependencia respondió en junio pasado, “la PGR declaró que el número de denuncias presentadas por tortura a nivel federal se habían más que duplicado entre 2013 y 2014: de mil 165 a 2 mil 403”.
Al reconocer que a partir de una directriz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en diciembre de 2014, para que todos los jueces canalizaran de oficio las quejas por tortura presentadas por detenidos, Amnistía resalta que hasta el año pasado la PGR había acumulado 4 mil 55 denuncias por tortura, de las cuales mil 884 se encontraban en investigación, en tanto que los peritos especializados para determinar la tortura tenían pendientes de realizar mil 600 exámenes.
En cuanto a consignaciones, el documento agrega que el Subprocurador Especializado en Delitos Federales respondió a la organización que la dependencia no contaba “con una cifra dura”, sobre la presentación de cargos.
De acuerdo al documento, la PGR no pudo explicar si la cifra de 2 mil 403 denuncias presentadas en 2014, correspondía a casos registrados en ese año o de años anteriores, como tampoco fue capaz de proporcionar un desglose por género, edad y nacionalidad.
“La falta de estos datos desglosados socava seriamente el cumplimiento de la obligación de prevenir e investigar adecuadamente las denuncias de tortura y otros malos ratos, y en última instancia, impide a las autoridades elaborar políticas específicas para abordar sus causas y el impacto que la tortura y los malos tratos tienen sobre los distintos grupos afectados”.
En el documento se resalta que pese a que la tortura es un delito recurrente en México, recientemente la PGR ha capacitado personal para investigar los casos, y cuenta con agentes del Ministerio Publico encargados de atender las quejas, como parte de la Suprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, lo que significa que cada uno “tendría que llevar a cabo hasta 80 investigaciones de tortura cada año”, aparte de los casos sobre otros delitos de los que se ocupe su oficina”.
Amnistía muestra su preocupación por que en entrevistas con personal encargado de atender las quejas se advierte una predisposición a considerar que son presentadas como parte de una estrategia de defensa de los inculpados, para desacreditar las investigaciones en su contra.
Sin embargo, en entrevistas con reos, dice, la gran mayoría de quienes han denunciado tortura ante la organización refieren que no lo hicieron ante ninguna institución por miedo a represalias a ellos o sus familias.
A lo largo de sus investigaciones sobre este tema, Amnistía ha advertidos que con frecuencia “a la denuncia de tortura simplemente se le asigna un número de expediente, sin que lleguen a producirse avances claros en la investigación”, en tanto que los presuntos responsables “a menudo permanecen en sus puestos pese a que se hayan abierto investigaciones contra ellos y, en muchos casos, los agentes del ministerio público ni siquiera analizan pruebas más básicas, como los registros de la detención, las pruebas halladas en el lugar del crimen y los testimonios clave”.
Amnistía incluye en su informe dos casos emblemáticos, para ejemplificar la falta de diligencia de las autoridades para investigar casos de tortura, los de Enrique Guerrero Aviña y Damián Gallardo Martínez, activistas universitarios acusados de secuestro por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (Seido) en 2013 y recluidos en un penal de alta seguridad, cuyas denuncias apenas empezaron a indagarse en octubre de este año.
Para dar cuenta de que el primer encubrimiento de la tortura la ejercen los médicos legistas, en el documento se presenta el caso de Tailyn Wang, quien tenía siete semanas de embarazo en febrero de 2014 cuando fue detenida por policías federales, quienes la golpearon abusaron sexualmente de ella hasta que abortó. Pese a denunciar lo que le ocurría a distintos peritos que la revisaron no recibió atención médica, ni siquiera en el penal de alta seguridad donde fue trasladada acusada de delincuencia organizada.
El documento resalta que el incremento en el número de denuncias por tortura en la PGR no es proporcional a la aplicación del Dictamen Especializado o Protocolo de Estambul para verificar las lesiones, así mientras en 2013 los legistas llevaron a cabo 206 exámenes, en 2014 fueron 185, y sólo 22 casos se confirmó la tortura.
En el reporte, Amnistía Internacional resalta que en una reunión con personal de la PGR en agosto último se le informó que “había pendientes más de mil 600 solicitudes de Dictamen Especializado entre ellas algunas que contenían grupos de hasta 40 denuncias individuales de tortura”, en tanto que cada año los forenses de la dependencias “llevaban a cabo 140 mil exámenes médicos diferentes de los que el Dictamen Especializado constituía sólo una pequeña fracción”.
Para la organización ni el Dictamen Especializado ni los forenses cumplen con normas internacionales “y hacen caso omiso de la tortura y malos tratos, además, en ocasiones dan muestras de imparcialidad y encubrir a sus colegas”, y peor aún es que las directrices de la PGR obstaculizan “el acceso de las víctimas a expertos médicos y psicólogos independientes”.
La organización hizo ocho recomendaciones en el contexto de la discusión sobre la legislación sobre tortura, entre las que destacan la “obligación concreta, con un plazo determinado de que los agentes del ministerio público hagan un seguimiento de las denuncias de tortura que les hayan sido remitidas por los jueces, y la obligación de que médicos oficiales informen de inmediato sobre las señales de tortura que presenten los detenidos”.
Se sugiere un registro desglosado de las denuncias de tortura, por género, nacionalidad y edad; que se defina la tortura con los más elevados estándares internacionales, y no por nivel de gravedad; permitir la asistencia de médicos y psicólogos independientes y que sus conclusiones tengan el mismo valor probatorio que las oficiales.
También se recomienda que en la legislación se garanticen investigaciones exhaustivas, y no únicamente en los exámenes forenses oficiales, sino “entrevistar a testigos, posibles víctimas y torturadores superiores y realizar inspecciones del lugar del delito, así como investigaciones sobre otros informes relacionados de tortura y malos tratos para identificar patrones de conducta abusiva por parte de los funcionarios implicados”; garantizar la independencia de los forenses, tanto médicos como psicólogos, y crear un órgano de supervisión en el que intervengan autoridades y sociedad civil.
Para Amnistía Internacional además de la legislación, será importante “reconocer púbicamente la magnitud del problema de tortura y los malos tratos en México y transmitir un mensaje que indique claramente que estos actos ya no se tolerarán”, llevar a responsables ante la justicia y otorgar reparaciones adecuadas a las víctimas e implementar las recomendaciones formuladas por el relator especial de la ONU sobre tortura, y otras penas crueles inhumanos o degradantes y las observaciones preliminares de la visita del pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
El narcoterror acecha la Ciudad de México. Esta semana los capitalinos han sido testigos de escenas macabras como cuerpos colgados en puentes, hombres calcinados y ejecutados con narcomensajes para el Jefe de Gobierno. La premisa de que los cárteles de la droga no operan en la capital del país se desploma.
Un cuerpo colgado de un puente vehicular en Iztapalapa. Un asalto masivo perpetrado por un comando en la colonia Roma. Un hombre maniatado, calcinado y “entambado. Uno más ejecutado con un narcomensaje para el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
El narco acecha la Ciudad de México, la capital del país que por muchos años sus autoridades han presumido como una zona neutra sin presencia de los cárteles de la droga.
Esa premisa hoy está más que en entredicho.
Los hechos violentos “estilo narco” que han ocurrido esta semana en la Ciudad de México han generado zozobra entre los capitalinos tan ajenos a las balaceras y ejecuciones de alto impacto predominantes en los estados del norte del país.
La ola de violencia inició la madrugada del lunes cuando el cuerpo de un hombre –vendado y atado- fue colgado de un puente vehicular en la delegación de Iztapalapa con un mensaje para internos del Reclusorio Oriente.
Ese mismo día un comando irrumpió en un restaurante para robar a una veintena de comensales de un restaurante localizado en la colonia Roma de la delegación Cuauhtémoc. Se llevaron sus bolsas, carteras y celulares.
Esos asaltos masivos eran comunes en ciudades como Monterrey cuando estaba bajo el asedio del Cártel de los Zetas.
El martes el cadáver de una persona maniatada, calcinada, con huellas de tortura, fue encontrado “entambado” en la misma delegación de Iztapalapa.
Ayer miércoles la racha violenta continuó en la capital del país. El cuerpo de un ejecutado fue encontrado con un mensaje dirigido al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera.
“Aquí le vamos a poner a quienes son los que nos an estado amenasando y an matado gente, estan protegidos por el cano e Israel, comandantes del reclusorio oriente, entre ellos protegen a los internos El Pulca, coyotes, esteban”, rezaba el escrito.
El narcomensaje fue firmado por un grupo denominado Gente Nueva del Avispa.
La presencia del narco en el Distrito Federal es cada vez más visible, pese a la decisión de las autoridades capitalinas de seguir negando la existencia de los cárteles de la droga en la capital del país.
El multihomicidio de cinco personas en la colonia Narvarte, la ejecución del dueño de un bar de la colonia Condesa y reporte de balaceras han sacudido a los capitalinos en los últimos meses.
Han ocurrido sucesos como decomisos de droga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y balaceras en la terminal aérea, que ponen en duda la versión oficial de que el narco no opera en la capital del país.
Años antes habían ocurrido casos como el secuestro de 13 jóvenes en el bar Heaven de la Zona Rosa, encontrados muertos días después en una fosa en el Estado de México. O la detención de hijos de capos del narcotráfico como Vicente Carrillo Leyva, hijo de Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos”, líder del Cártel de Juárez, o de Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo, hijo del Mayo Zambada, socio y amigo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La PGR informó el año pasado que el Cártel Jalisco Nueva Generación tenía células en la Ciudad de México. Pero este año la dependencia federal retiró de su mapa de cárteles la capital del país.
“Hay una decisión política federal y local, por supuesto, de tener aunque sea de manera ficticia y, como ilusión, una zona neutra”, señala Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro y una de las activistas más importantes en temas de inseguridad y delincuencia, considera que en el Distrito Federal sí hay presencia de la delincuencia organizada, aunque lo nieguen las autoridades.
“Yo creo que en el DF sí hay delincuencia organizada, creo que indirectamente el doctor Mancera ya lo aceptó y aquí yo creo que esa discusión ya está más que rebasada; si él tenía una duda, con el cartel que le dejaron ahí en la persona que apareció muerta, creo que ya no le queda ninguna duda.
El día de ayer Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno, aseguró que la Procuraduría capitalina dará con los autores de estas ejecuciones de alto impacto que se han registrado esta semana.
“Vamos a estar con una sobrevigilancia en todos los espacios, pero con estos ‘amigos’, vamos a dar con ellos”, aseguró el Jefe capitalino.
Una burbuja llamada DF
Es como un cuentito, una historia, una fábula... La Ciudad de México es una burbuja que no se contamina con el cochinero del crimen organizado.
Es la versión oficial.
Así lo maneja la autoridad capitalina y la Procuraduría General de la República (PGR): en el Distrito Federal no operan los cárteles de la droga.
Así lo explica Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim): Todos los escenarios de violencia armada necesitan una zona neutra, al menos en el discurso oficial.
“Hay una decisión política federal y local, por supuesto, de tener aunque sea de manera ficticia y, como ilusión, una zona neutra. Todos los conflictos militares, de todo orden, necesitan una zona neutra, en todos los países, esto es un criterio de guerra”, afirma el experto en temas de violencia.
En México, esta ficción, esta ilusión, este oropel, esta fantasía, se llama Ciudad de México.
“En todos lados se requiere una zona neutra, que es donde guardas a tu familia, que es donde tienes la posibilidad de hacer pactos y la Ciudad de México, por estar aquí los Poderes de la Federación concentrados, se tiene que generar y sostener a toda costa esta ilusión de zona neutra, lo cual no es cierto”, asegura.
Es como conseguir una moneda de tres pesos o tapar el Sol con un dedo. A la Ciudad de México llegan cargas y cargas de droga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde apenas en septiembre encontraron una tonelada de cocaína negra, a la que se le pone un tratamiento químico para que se confunda con otra sustancia y luego se le procesa para que retome su color original.
“Hay una ficción necesaria de crear una zona neutra en este país, es decir, hay un incremento del dominio territorial del crimen organizado en todo el territorio, pero se necesita, como en todos los países donde hay violencia armada, un acuerdo político, a veces no necesariamente que se reúnan y lo definan. Es un acuerdo fáctico para tener una zona neutra”, afirma el especialista.
El asesinato de cinco personas en la colonia Narvarte estuvo vinculado en un principio con el cártel de Los Zetas. Luego dijeron que no.
Así es el análisis del crimen organizado en México, como dicen una cosa dicen otra. Alguna vez la PGR reconoció que en la Ciudad de México operaba el Cártel Jalisco Nueva Generación pero luego se desdijo.
En los mapas del crimen de 2014 y 2015 -ambos en poder de Reporte Indigo- se aprecia que a la parte del cártel de Nemesio Oseguera “El Mencho” se lo tragó la tierra. Se esfumó.
En el año 2014 la Procuraduría General de la República reconoce que en el DF opera una parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación y que “no se identifican grupos o pandillas vinculadas con la organización”. Es decir, lo ubica entonces como un cártel sólido del que no se desprenden subgrupos y opera, además de en la capital de la República, en Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos y Veracruz.
En la última versión, otorgada hace un mes, el mapa del crimen ya no reconoce la operación del CJNG en la capital del país.
Ninguna de las otras ocho organizaciones delincuenciales reconocidas por la PGR operan en la capital de la República. En el mapa del crimen, el DF aparece como un punto en blanco.
“Es imposible que la Ciudad de México en una burbuja frente a un escenario de un país en el que el narcotráfico define los rumbos. Obviamente, tiene que ver con una ficción necesaria, políticamente cuidada, tan sólo imagínense el peso político que representaría para la Federación, además, para la Ciudad de México, reconocer que aquí los tenemos, que operan los corporativos de los distintos grupos criminales”, manifestó .
“La Ciudad de México, que es la capital de los Poderes, que es donde está la Federación, tendría un alto costo político de reconocer que aquí también mandan y administran los distintos grupos criminales”, afirmó el experto.
Solamente de algunos años a la fecha la presencia de los cárteles de la droga se ha hecho presente. En 2008, fueron detenidas 11 personas tras un operativo en tres casas de zonas residenciales del Distrito Federal, como Jardines del Pedregal y Romero de Terreros.
La autoridad encontró tras una cacería de tres semanas, lanzagranadas, armas, máquinas para contar el dinero y droga. Los hombres, que supuestamente estaban al servicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán para el cártel de Sinaloa, vivían en esas casas con muebles estilo virreinal y televisores de 50 pulgadas, hasta que un operativo los agarró dormidos en enero de 2008 alrededor de las 4 de la mañana y unas horas después llegaron los reporteros.
Los detenidos conformaban tres grupos al servicio del Arturo Beltrán Leyva, quien entonces encabezaba a la organización criminal en la Ciudad de México. La policía encontró chalecos antibalas con la leyenda F.E.D.A. Eran las Fuerzas Especiales de Arturo.
El experto de la Redim, con base en la operación de calle que realiza con niños que son reclutados por las bandas del crimen organizado, afirma que hay un triángulo en donde se acentúa la incidencia de delitos del orden federal por parte de jóvenes, entre los territorios de Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Ciudad Nezahualcóyotl.
“Creo que sería muy importante reconocerlo, el que vivamos la ficción de que aquí es zona libre de narcotráfico deja en desprotección, como lo estamos viendo en las cifras, a las y los adolescentes”, asevera.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JULIO RAMÍREZ.
La embajada de México en Estados Unidos pide investigación para deslindar responsabilidades tras el asesinato de un mexicano ocurrido en un paso fronterizo de California.
La embajada de México en Estados Unidos y el consulado en California solicitaron una investigación transparente, imparcial y expedita para esclarecer la muerte de un mexicano por disparo de arma de fuego en el puerto de entrada de Calexico.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que el gobierno de México lamenta profundamente el incidente ocurrido la madrugada de este miércoles, por lo que confió en que se deslinden responsabilidades a la brevedad.
Portaba un cuchillo
El mexicano de 35 años, a quien no se le permitió ingresar a EU, conducía una bicicleta y parecía que no iba a detenerse, afirmó Pete Flores, director Aduanas y Protección Fronteriza en San Diego.
El hombre empuñó un cuchillo de unos 20 centímetros de largo luego de que el inspector lo tomó del otro brazo y lo obligó a bajar de la bicicleta.
El hombre levantó su cuchillo y se movió hacia el inspector, quien retrocedía al momento de los disparos, agregó Flores.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
México, D.F: El presidente Enrique Peña Nieto encabezó esta madrugada una reunión de emergencia con su gabinete para ultimar detalles sobre las medidas preventivas que se aplicarán una vez que el huracán Patricia, el más intenso de los últimos 50 años, toque tierra en las costas de Jalisco.
En un comunicado, la presidencia de la República informó que la evaluación del fenómeno natural y los daños que podría causar en las próximas horas fueron expuestos al gabinete por el titular de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, quien calificó “graves” los efectos, según la proyección.
Para atender a las entidades que se verán más afectadas por el meteoro, Peña Nieto designó para el enlace del gobierno federal a los secretarios de Agricultura, José Calzada Rovirosa, como su enlace en Colima; de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para Jalisco, y al de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, para Nayarit.
Los funcionarios mencionados estarán al frente de las acciones definidas por el gobierno de la República, coordinarán las tareas de las dependencias del gobierno federal, y se comunicarán con las autoridades estatales y municipales para la atención de los daños.
Como se ha informado en las últimas horas, el huracán Patricia alcanza la categoría 5, esto es el más intenso de la escala Saffir-Simpson, la clasificación meteorológica estadunidense para determinar la fuerza de tormentas tropicales y huracanes. Conforme a los reportes, se prevé que además de las entidades mencionadas, las precipitaciones y vientos, afecten al estado de Michoacán.
La presidencia convocó a la población a mantenerse atenta y acatar las recomendaciones de las áreas de Protección Civil.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
MÉXICO, D.F: Tras ver el documental dramatizado La noche de Iguala –dirigido por Raúl Quintanilla–, Omar García Velásquez, uno de los estudiantes de Ayotzinapa que el 26 de septiembre de 2014 escapó de ser asesinado, dijo desencajado y molesto: “¡Es una mentira! ¡Una mentira histórica!”.
El largometraje del director del Centro de Formación Actoral de TV Azteca se proyectó el 16 de octubre a las 18:30 horas en la Cineteca Nacional. Había más de 100 personas en la sala 10. En su introducción se señala que es una investigación de Jorge Fernández Meléndez, conductor de Todo personal en Proyecto 40 y de Imagen Informativa.
La película deduce que el director de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, José Luis Hernández Rivera, está coludido con el grupo criminal Los Rojos, enemigo de Guerreros Unidos, y que recibió dinero para que 17 de los primeros se infiltraran con los estudiantes en los camiones.
Igual infiere que uno de los normalistas, Julio César Mondragón, pertenecía a Los Rojos (“aunque aún no está comprobado”, resalta la voz en off) y por eso los de Guerreros Unidos se ensañaron con él, desollándolo.
Durante un repaso histórico de la escuela, la misma voz en off acusa que ha estado coludida con grupos criminales.
De acuerdo con su investigación, aquel 26 de septiembre los normalistas querían secuestrar 25 camiones para llevarlos a Iguala “a reventar un acto político”. Además, se asegura que la Policía Municipal entregó a los estudiantes a Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y los incineraron en el basurero de Cocula.
Al negar su pertenencia a Los Rojos, Omar García Velásquez levantó la voz: “No somos parte del crimen organizado, lo hemos dicho miles de veces. Y el director de la escuela no tiene nada que ver”.
También indignado, Alberto Arnaut, de la Comunidad Cinematográfica con Ayotzinapa, reforzó: “La película es una mentira a todas luces. Ya existe evidencia de que los normalistas no fueron incinerados en ese basurero, y la película oculta que la Policía Federal también participó en los enfrentamientos, hay testimonios de taxistas. Ni menciona que el Ejército estuvo al tanto de todo. Además, sabemos que Jorge Fernández Meléndez se presta al régimen, es chayotero. Nada le podemos creer”.
En entrevista, García Velásquez denunció que La noche de Iguala “sí viola la Ley General de Víctimas, y le vamos a exigir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que tome acciones contra los responsables de la cinta”.
Una de las disposiciones de esta ley dice: “Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse”.
Dice a Proceso que a más de un año de los hechos ya se han investigado otros aspectos, “por lo tanto no tendría por qué ser definitiva la versión que se da en la película”. Recordó también que están los estudios del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI).
Cineteca muda
Al normalista le llamó la atención que La noche de Iguala se exhiba en la Cineteca Nacional: “No esperábamos que se pasara aquí, ya que es una institución de gobierno y, por lo tanto, sería la que menos se prestaría a difundirla, y los documentales que se han estrenado aquí sobre Ayotzinapa han donado su taquilla al movimiento y padres de familia”.
Este semanario pidió entrevista con el cineasta Alejandro Pelayo, responsable de la Cineteca Nacional, y en la oficina de prensa se argumentó que “el propio doctor Pelayo nos ha dicho no tener ningún comentario sobre este tema”.
Al preguntarles por qué decidieron exhibirla ahí, respondieron que la razón “es la de dar cabida a otro filme más acerca del tema, como anteriormente se hizo con Ayotzinapa. Crónica de un crimen de Estado, de Xavier Robles, y Un día en Ayotzinapa 43, de Rafael Rangel. Este nuevo filme ofrece otra perspectiva del tema y, de acuerdo con el comité de programación de la Cineteca, cumple con los estándares de proyección”.
Respecto a la página www.change.org, donde hay una carta dirigida a las exhibidoras Cinépolis y Cinemex para que retiraran la publicidad de La noche de Iguala, se buscó al director de Programación de Cinépolis, Miguel A. Rivera, para explicar el criterio de inclusión en cartelera, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
También a José Leonardo Martí, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma (Canacine), debido a que en las redes se exigía que el filme no se estrenara, y externó a través de su responsable de prensa:
“Por disposición de la Ley Federal de Cinematografía, estamos obligados a estrenar todas las películas mexicanas. Para mayor referencia transcribo el segundo párrafo del artículo 19 de dicha ley: ‘Toda película nacional se estrenará en salas por un periodo no inferior a una semana, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en el Registro Público correspondiente, siempre que esté disponible en los términos que establezca el Reglamento’.”
Y sobre la pregunta de qué pasa si la cinta violara la Ley General de Víctimas, no hubo respuesta.
Témoris Grecko, productor y guionista de otro filme sobre el tema, Mirar morir. El ejército en la noche de Iguala, próximo a estrenarse (Proceso 2032), califica así a La noche de Iguala: “Si tuviera una intención honesta, se dejaría constancia de que se manejan hipótesis que subsisten frente a otras, e hipótesis que en este caso han sido severamente cuestionadas por informes oficiales sustentados en investigaciones sólidas.
“Ese no es un documental, es una ficción que no se detiene antes de cometer transgresiones éticas, como presentar abusivamente como criminales a personas que no se pueden defender, y como lanzar a los rostros de los padres la certeza de que sus hijos fueron hechos polvo y echados al agua, a pesar de que no hay pruebas de ello y de que a los padres nadie les puede pedir que renuncien a encontrarlos con vida, mientras no haya certeza de que ya no están vivos.”
Para él hay una campaña lanzada desde instancias oficiales para defender la “verdad histórica” de la PGR:
“El gobierno de Enrique Peña Nieto está haciendo agua por todos lados y trata de tapar los hoyos con las manos. Hay columnistas y periódicos tratando de destruir reputaciones, de envolverse en la bandera para denunciar a los expertos del GIEI por ser extranjeros y de quitársela para descalificar a Emilio Álvarez Icaza (de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) por ser mexicano. Y tratan de presentar algunos argumentos para defender el dogma del exprocurador Jesús Murillo Karam, aunque sean tan débiles como hacer un “capítulo Cocula” de La Rosa de Guadalupe.”
Rafael Rangel, realizador de Un día en Ayotzinapa 43, opina:
“La libertad es el elemento vital del cine, una libertad que también le otorga al mentiroso, al manipulador, al torpe, al cínico, sólo que estos son tiempos diferentes: la hipercomunicación de hoy difícilmente permite el engaño. Cuando quienes nos dedicamos a formas de expresiones sensibles decidimos abordar temas tan delicados, nuestra primera obligación es hacerlo bajo una visión periférica y objetiva, considerando el lugar del otro, entender de qué modo impactará a los afectados.
“Lo que sucedió en septiembre de 2014 trasciende, con mucho, lo que es considerado, y no sin razón, un crimen de Estado, un despropósito, una barbarie, un acto salvaje, digno de depredadores y no de humanos. A quien intente minimizar o distorsionar lo anterior, le saldrá el tiro por la culata, llámese cineasta, periodista o político.”
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: COLUMBIA VÉRTIS DE LA FUENTE.
MÉXICO. D.F: Valentín Cárdenas, exdirector del penal del Altiplano, y Celina Oseguera, excoordinadora general de penales federales, actuaron con dolo en la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, pues siempre estuvieron al tanto del plan de fuga, afirmó Gustavo Salas, subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada.
“La omisión admite dos formas la culposa y dolosa. En este caso no fue culposa, es una omisión consciente a sabiendas de lo que iba a ocurrir”, afirmó hoy en entrevista con Radio Fórmula.
En el caso de Valentín Cárdenas y Celina Oceguera, dijo, “teniendo conocimiento del hecho, de las vulnerabilidades que tenían los sistemas de seguridad, lo aceptaron e incrementaron el riesgo cuando autorizaron la realización de obras cosméticas para disfrazar los ruidos” durante la construcción del túnel por el que escapó El Chapo.
Salas afirmó que quienes participaron en la fuga diseñaron un buen plan de fuga.
“Estamos convencidos que esto no fue una acción de manera aleatoria ni por supuesto tampoco se trató de una suma de casualidades que favorecieron la evasión.
“Se advierte la ejecución de un plan perfectamente diseñado en donde todos los intervenientes, tanto de adentro como del exterior, tuvieron una participación y, debo decirlo, que quienes tuvieron una conducta ‘omisiva’, fue evidentemente dolosa y consciente para favorecer la evasión del señor Guzmán”
El funcionario refirió que al menos 34 personas participaron en la fuga de Guzmán Loera, la segunda en su carrera delictiva. De ese total, dijo, 29 ya fueron consignados ante un juez y los cinco restantes “algunos están arraigados y otros los estamos buscando”.
“En total, como ayer se informó, hay 34 personas consignadas, de las cuales hay 28 órdenes de aprehensión cumplidas con autos de formal prisión. Ayer por la tarde se ingresó a uno más, entonces tendríamos que agregar a la lista a este”, explicó.
Según Salas el juez que lleva la causa ya otorgó órdenes de captura por los elementos de prueba que ha entregado la autoridad.
Respecto de las seis detenciones anunciadas este miércoles por la procuradora general, Arely Gómez, que corresponden a personas que contribuyeron con la fufa del Chapo desde el exterior del penal, salas afirmó que se dieron en diferentes momentos y en varios estados de la república.
“No tengo las fechas exactas de las detenciones, fue en diferentes momentos y lugares de la república mexicana, pero conforme fueron llegando fueron puestos a disposición del Ministerio Público, algunos en posesión de drogas o armas de fuego”, dijo y explicó que no se dieron a conocer sus nombre debido a las nuevas disposiciones que impiden a la autoridad revelar datos.
“Sin embargo en una obligación de transparencia se tomó la decisión de decir de los hechos y perfiles de las personas que participaron para garantizar la presunción de inocencia”, comentó.
El miércoles pasado, la procuradora reveló que el principal operador y organizador de la huida de El Chapo fue uno de sus abogados quien ingresaba constantemente al penal para entrevistarse con el capo “para recibir instrucciones e informar de los avances de la fuga, así como contactar y transmitir órdenes a todos los participantes”.
Al parecer se trata de Óscar Manuel Gómez Núñez, cabeza del grupo de abogados del narcotraficante, quien habría aprovechado su profesión para fungir como enlace con los responsables de la construcción del túnel e incluso, habría realizado los pagos a los trabajadores.
El día de la fuga, el pasado 11 de julio, El Chapo se reunió con él a las 17:11 horas y la charla se prolongó durante una hora y 40 minutos. Casi cuatro horas después se fugó.
Además del abogado fueron detenidas cinco personas más, entre ellas un cuñado de Guzmán Loera, dos de sus pilotos, un amigo del Chapo que compró el predio donde se construyó la casa de escape y el dueño anterior del predio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El aire de Ajalpan se rasgó en punto de las seis de la tarde. Las campanas del templo de San Juan Bautista doblaron y convocaron a los nerviosos vecinos, que desde hacía varias horas ya se agitaban. La presencia de dos extraños alentó a la turba. “Somos encuestadores”, dijo uno de los detenidos. Alguien desde el manojo humano replicó: “Son secuestradores”. Nunca un error de semántica había sido tan grave. Dos horas después, los dos detenidos, linchados, ardían en un amasijo negro frente al Palacio Municipal de esa población al poniente del estado de Puebla.
Apenas 24 horas antes, los hermanos José Abraham y Rey David Copado Molina habían salido de Coyoacán para encarar su destino: iban contratados por la empresa Marketing Research & Servicios S.A. de C.V. para hacer una encuesta sobre tortillerías y la comercialización del maíz en la zona de Ajalpan. Cariñosos como eran, se despidieron de su madre. José Abraham tuvo el tiempo de abrazar a sus dos gemelos y se despidió con un beso en la frente.
En Tehuacán, a solo unos kilómetros de su destino, todavía se reportaron por whatsapp para informar de su llegada con bien. Comenzaron a levantar sus encuestas apenas pisaron el municipio de Ajalpan, bastión del más viejo y recalcitrante priismo que aún pervive en la zona de la Sierra Negra de Puebla. Los hermanos fueron ajenos a los ojos de decenas de Halcones que vigilan las calles. Las fotos de ellos, levantando las encuestas comenzaron a circular a través de los teléfonos celulares.
El alcalde de Ajalpan, Gustavo Lara Torres, estaba a la espera de una manifestación en su contra. Grupos priistas ajenos a su gestión intentarían una toma de la alcaldía, eso fue lo que le indicaron sus informantes. La Policía municipal de Lara Torres detectó el arribo de cientos de personas de otros municipios. El edil se apoltronó en su despacho y dictó la orden: que nadie intervenga para disuadir los disturbios esperados. Ordenó a sus policías salir de las calles y replegarse en la Presidencia Municipal. Les ordenó no portar armas para no provocar a los manifestantes. Se dijo dispuesto a dejarlos hacer lo que quisieran. Que quemen el pueblo si quieren, le confió a su director de policía.
Los encuestadores recorrieron las calles. Sus pasos fueron seguidos por algunos de los que habían llegado para incendiar Ajalpan. Buscaban un pretexto para los disturbios. A los hermanos Copado Molina los miraron como enviados de la Presidencia Municipal. Una suposición malhecha los ubicó como halcones del presidente. La consigna fue clara: seguirlos y acorralarlos para evitar que informaran de la movilización que se gestaba y que tenía como objeto la toma de la Presidencia Municipal.
Los movilizados contra el alcalde Gustavo Lara Torres se fueron congregando entorno a los hermanos Copado Molina. Los siguieron de cerca. Fueron cerrando el paso a los encuestadores. Antes de las 5 de la tarde el animal decidió lanzarse contra los hermanos. A la voz de “deténganlos” decenas de manos se abalanzaron contra ellos. Los muchachos, con el miedo en sus rostros, no se opusieron.
–Somos encuestadores– dijo José Abraham, a la vez que mostraba su credencial de identificación colgada al cuello-, hablen a la oficina de la empresa.
–¡Son secuestradores!– gritó una voz anónima escondida entre la turba. La falsa aseveración fue replicada al unísono de los que los rodearon.
Con la perversidad de la manipulación, una niña, de entre la multitud, aseguró que uno de los detenidos la había jaloneado. Que intentó llevársela. Que la había perseguido por varias calles con la intención de llevársela. La niña lloró entre la gente y dijo que tenía mucho miedo. Fue el combustible que necesitaba aquel incendio para que sus llamas se extendieran. Fue un acto de psicosis colectiva la que empujó a los más cercanos a los detenidos a comenzar a golpearlos.
Los más cercanos a los detenidos se turnaban para escupirlos y golpearlos en la cara. Los amarraron de las manos. Los gemidos y gritos de clemencia de los dos hermanos no fueron escuchados por nadie. Alguien ordenó que los llevaran a la plaza principal de Ajalpan. Cuetes y campanas comenzaron a romper el aire que para esas horas ya era frío y anunciaba un desenlace dramático. Los pobladores de Ajalpan se sumaron a la turba.
Con una varilla metálica, a veces a puño limpio, los dos detenidos fueron castigados hasta dejarlos bañados en sangre. Las voces anónimas seguían cuestionando a los hermanos. Les pedían que dijeran en dónde tenían a todos los que habían secuestrado. Solo gemidos y llanto era la respuesta de los dos lacerados en el suelo. Su defensa fue siempre la misma. Se decían encuestadores. La turba sorda solo escuchaba que se reconocían como secuestradores. Las amenazas fueron subiendo de tono: o decían en donde tenían a los secuestrados o los matarían allí mismo. José Abraham, fue el primero que perdió el conocimiento.
En el aire seguían locas doblando las campanas. No era la primera vez que convocaban a la ira. En Ajalpan se mantiene una tradición de justicia por propia mano. Los dueños de las empresas maquiladoras son los principales promotores de la ira colectiva. Cada vez que es detenido un ladrón dañando el patrimonio de las empresas, las campanas de San Juan Bautista llaman a insurrección. Apenas hacía unos días en la comunidad de Altepexi, también habían convocado a un linchamiento. En esa ocasión el presunto ladrón pudo ser rescatado por la Policía estatal. No fue el mismo desenlace para los de Ajalpan.
Los gemidos de Rey David, que balbuceaba en el suelo algo parecido a la clemencia, incendiaban aún más los ánimos de la turba. A la fuerza querían arrancar una confesión inexistente. Los policías de Ajalpan ante los cientos de enardecidos optaron por mantenerse a la distancia, dentro de la comandancia de policía. Optaron por ponerse a salvo ellos mismos. Fueron saliendo de forma discreta para retirarse de la escena en donde las voces de muerte iban en aumento. Para entonces los dos detenidos, sangrando y semidesnudos, ya estaban inconscientes.
–¡Mátenlos!– gritó una voz anónima.
La turba se arremolinó sobre los cuerpos caídos. Los turnos para patearlos fueron interminables. De la nada surgieron palos, varillas, piedras. Como si el festejo de sangre no fuera suficiente para la masa, surgió el morbo. Los celulares saltaron a la escena. Los tenues flashes apenas iluminaban los cuerpos caídos. La morbosidad se desbordó cuando en las redes sociales en tiempo real comenzaron a circular fotografías del linchamiento.
Los gritos y el frenesí hicieron que algunos curiosos se retirara asustados de la plaza principal de Ajalpan. Los dos encuestadores fueron de pronto dos bultos inertes que fofamente respondían -como en un eco macabro- a los golpes recibidos. De alguna parte llegaron dos garrafas con gasolina. Los cuerpos fueron rociados y ardieron en una pira. La turba no se consoló al ver ardiendo los cuerpos. Como si respondieran a una misma intuición, grupos de hombres corrieron hacia la Presidencia Municipal para incendiarla. Otros entraron a la comandancia de policía y sustrajeron las armas municipales.
Las oficinas de correos, Prospera, biblioteca municipal, Instituto Estatal de Educación, Registro Civil y las de Servicios Municipales fueron incendiadas. Otro grupo fue a la oficina del Agente del Ministerio Público y sustrajo algunos expedientes. Al alcalde le preocupó más el incendio de una de las patrullas de Seguridad pública. Los cuerpos de los encuestadores ya estaban calcinados cuando el alcalde Gustavo Lara Torres decidió notificar a la secretaría de gobierno de Puebla sobre lo que estaba ocurriendo. Por alguna razón, los cuerpos de la Policía estatal, acuartelados a menos de un kilómetro de distancia no fueron movilizados.
En el aire, anunciando la culminación del macabro evento, surcaron la noche tres cuetones. Con el aire inundado a olor de carne quemada poco a poco se fue quedando sola la plaza principal. Ya destellaba el alba cuando los cuerpos de Seguridad pública del estado de Puebla arribaron al municipio. Las puertas y ventanas se remacharon. El animal enfurecido de la turba arrastró la cola hasta su guarida. El festín sació su hambre. Se mantiene en reguardo hasta que otra vez se le despierte el apetito. Solo es cuestión de tiempo.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
Los magistrados determinaron que hubo intervención en el proceso del gobierno estatal, a través del secretario de Gobierno.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió anular la elección para gobernador en Colima al considerar que el gobierno actual influyó en el proceso.
Con esta resolución, José Ignacio Peralta perdió su calidad de gobernador electo.
Con cuatro votos a favor y dos en contra, los magistrados del TEPJF resolvieron que el proceso se vio afectado por la actuación de funcionarios locales que operaron para apoyar al PRI en la elección.
El dictamen de anulación fue realizado por el magistrado Manuel González Oropeza, quien en las últimas horas cambió la resolución que, hasta el martes, iba en el sentido de reconocer el triunfo de Peralta.
Sin embargo, este miércoles, el candidato panista Jorge Luis Preciado entregó una prueba contundente.
Se trata de un video proporcionado por la diputada local panista Julia Licet Jiménez Angulo, donde se escucha -en una reunión con el Congreso de Colima- al secretario de Desarrollo Social, Rigoberto Salazar, reconocer una conversación con una extrabajadora en la que le pidió apoyar al PRI con programas sociales a nombre del gobernador, Mario Anguiano.
El audio de la conversación de Salazar con la extrabajadora ya se había denunciado ante el TEPJF; sin embargo, con la aceptación del funcionario de los hechos, el Tribunal decidió tomarlo como prueba.
Así, con una votación a favor de González Oropeza, Constancio Carrasco, María del Carmen Alanís y Salvador Nava, prosperó el proyecto para declarar la nulidad de la elección por la intervención indebida en el proceso.
En contra votaron los magistrados Flavio Galván y Esteban Penagos.
Minutos más tarde, al conocer el fallo del TEPJF, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, aplaudió la decisión y afirmó que se trata de un llamado muy fuerte para todos los gobernadores del país, para que no intervengan en los procesos electorales.
“Hoy ha triunfado la justicia, hoy ha triunfado la democracia”, celebró Anaya.
Jorge Luis Preciado, candidato del PAN al gobierno de Colima, se declaró listo para ir de nuevo a la competencia electoral.
El TEPJF decidió que sea el INE quien organice el proceso electoral en Colima y, además, que dará vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) para que investigue si hay responsables por las irregularidades cometidas en la elección.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
MÉXICO, D.F: Un narcotúnel de unos 800 metros de longitud y 10 de profundidad fue descubierto en la frontera entre Tijuana y San Diego California el miércoles pasado por elementos de la Policía Federal y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
En el operativo, los efectivos detuvieron en flagrancia a 16 presuntos narcotraficantes, uno de Tijuana y el resto de Sinaloa, que operaban para un cártel en Jalisco y pretendían transportar unas 10 toneladas de mariguana empaquetada a Estados Unidos.
El descubrimiento, señaló la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) en un comunicado, fue producto de semanas de trabajos de investigación de gabinete y de campo.
El narcotúnel, aunque no lo señala la CNS es similar al que presuntamente uso “El Chapo” Guzmán para fugarse del penal del Altiplano en julio pasado.
Los elementos federales ubicaron una bodega en la calle Fray Junípero Serra de la colonia Garita de Otay, Tijuana, donde advirtieron intenso movimiento de camiones y camionetas de carga que entraban y salían, aparentemente para dejar la droga y luego trasladarla a Estados Unidos.
Con orden judicial en mano, el miércoles pasado intervinieron en el predio y “sin realizar un solo disparo, sorprendieron a los presuntos distribuidores de droga”, señala el comunicado.
En el lugar fueron detenidos 16 hombres cuyas edades oscilan entre los 21 y 50 años, y quienes al ser presentados ante el Ministerio Público de la Federación admitieron dedicarse al embalaje y envío de droga. Además reconocieron tener vínculos con un grupo criminal con operación en el estado de Jalisco, al parecer el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Al revisar el predio, los federales hallaron en el fondo un acceso a un pasadizo subterráneo que conduce a territorio estadounidense. El túnel tiene una profundidad aproximada de 10 metros y unos 800 metros de longitud, 600 en subsuelo mexicano y 200 en territorio estadunidense.
El pasaje estaba habilitado con vigas metálicas para evitar su derrumbe, un sistema de iluminación y ventilación a base de baterías de automóvil, así como un mecanismo de rieles para mover una plataforma con la carga.
Tras el operativo, las fuerzas federales aseguraron 873 paquetes con mariguana envuelta en plástico y cinta adhesiva, con un peso total de cercano a las 10 toneladas. También incautaron vehículos de carga y particulares que fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial federal, junto con la droga y los detenidos, informó la CNS.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El gobierno de Puebla informó que asumirá la seguridad pública del municipio de Ajalpan durante seis meses para garantizar el orden público y el esclarecimiento de los hechos ocurridos el pasado lunes 19, fecha en que dos encuestadores fueron linchados en ese lugar.
En un comunicado, precisó que dicha facultad se ejercerá a través del director general de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Alfonso Sánchez Montiel, a quien se nombra delegado para tales efectos.
Destacó que el municipio de Ajalpan enfrenta un caso de alteración grave del orden público por los hechos ocurridos el lunes. En esa localidad, subrayó, “se perdió la paz, el orden y la seguridad en los bienes e incluso la vida de dos personas”.
Ante esos hechos de violencia, las propias autoridades municipales se vieron rebasadas por la población, admitió.
El gobierno de Rafael Moreno Valle puntualizó que el mando de la seguridad pública municipal que asumirá la PEP comprenderá todo el territorio del municipio de Ajalpan y durará el tiempo que sea necesario, “hasta que se restablezca el orden público y se pueda garantizar la seguridad de las personas, sus bienes y derechos, y no excederá de 180 días naturales”.
De igual manera, manifestó que la autoridad municipal acatará las órdenes que se le transmitan en cumplimiento del resolutivo primero del acuerdo.
Por separado, el procurador de Justicia del estado, Víctor Carrancá, reconoció que eran pocos los elementos de la Policía Municipal y por eso no pudieron hacer frente a la turba que atacó la presidencia y sacó por la fuerza a los dos detenidos.
Sin embargo, no explicó las razones por las cuales, pese a saber que había pocos elementos de seguridad pública municipal, no se autorizó de inmediato el ingreso de la Policía Estatal.
Mientras tanto, Felipe Copado Molina, hermano de los dos encuestadores que fueron linchados en Ajalpan la noche del lunes, demandó “que el gobernador actúe y nos dé la cara”.
Asimismo, exigió la detención de quienes participaron en el linchamiento, porque –dijo– existen todas las evidencias para identificarlos.
La acción de los pobladores de Ajalpan, subrayó, fue “un acto de barbarie”, e informó que los abogados de la empresa para la que laboraban José Abraham y Rey David llegaron a Tehuacán –donde acudieron para reclamar los cuerpos– para apoyar en los trámites obligados en estos casos.
Indignado por lo que sufrieron sus hermanos, Felipe manifestó que si los responsables del crimen pedían que se aplicara la ley, ahora es la familia de las víctimas la que solicita que se cumpla con la legalidad, se detenga a los asesinos y se les castigue.
Una cuñada de Rey David responsabilizó directamente a las autoridades del doble homicidio porque, subrayó, era su deber protegerlos, sobre todo porque sabían que no habían cometido ningún delito, pese a lo cual no cumplieron con su deber y permitieron que la turba los linchara.
Y adelantó que iniciarán denuncias contra los gobiernos municipal y estatal por no actuar correctamente.
En tanto, el presidente municipal Gustavo Lara Torres se negó a dar datos sobre quiénes iniciaron la agresión en contra de los encuestadores, pero dijo que están bien identificados y ya proporcionó esa información a la Procuraduría General de Justicia del estado.
En las fotografías y videos de lo ocurrido esa noche aparece un joven con playera roja, de manga larga, pantalón blanco, un casco negro y el rostro cubierto, quien prendió fuego a los cuerpos, acción que fue aplaudida por decenas de espectadores, entre ellos una mujer de la tercera edad que porta un mandil y varios jóvenes que igualmente se cubrieron el rostro.
La mayoría de los participantes, tanto en el linchamiento como en el saqueo del Palacio Municipal, fueron jóvenes, incluso menores de edad, a quienes el alcalde Gustavo Lara relaciona con pandillas que operan en el municipio y que a su parecer fueron contratados para cometer los disturbios, aunque se negó a señalar a los supuestos contratistas.
Por otra parte, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo dio a conocer que las credenciales exhibidas con el logotipo y nombre de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, que portaban los dos jóvenes linchados, son falsas.
A través de un comunicado detalló que después de que se tuvo conocimiento de que había credenciales con el logotipo y nombre de dicha institución, el departamento de servicios escolares realizó una revisión de sus expedientes para poder ubicar a Rey David y Abraham Copado Molina, con lo que pudieron confirmar que los jóvenes no eran estudiantes pues no tenían registro de ellos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MONTERREY, N.L: Hace cinco años y medio fueron asesinados a balazos dentro del campus central del Tecnológico de Monterrey los jóvenes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo sin que hasta ahora se les haga justicia.
Ambos eran estudiantes de esa institución, según admitió el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa; incluso se les rindió tributo con un minuto de silencio en el Congreso de la Unión.
A contracorriente, el general Cuauhtémoc Antúnez Pérez, comandante de la Séptima Zona Militar en ese tiempo, redactó un informe obtenido por el grupo de periodistas de la plataforma Mexicoleaks, de la que forma parte Proceso, según el cual Jorge Antonio y Javier Francisco cayeron durante “un enfrentamiento del Ejército con delincuentes” la madrugada del 19 de marzo de 2010.
Hoy, ese militar es secretario de Seguridad Pública estatal en la administración de Jaime Rodríguez, El Bronco. Organismos civiles de la región protestaron al enterarse de su designación y señalaron sus implicaciones en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura que nunca fueron aclarados y cuyas víctimas no recibieron justicia (Proceso 2032).
Según la versión del documento extraurgente que el general Antúnez Pérez dirigió “a la superioridad” en papel membretado de la Secretaría de la Defensa Nacional el 5 de abril de 2010 (folio 08739), varias personas dispararon a las tropas desde una camioneta Yukón aquella madrugada de marzo.
Del vehículo “descendieron dos personas más que, ahora se sabe, respondían a los nombres de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, quienes comenzaron a correr a la entrada del Tecnológico de Monterrey, ubicada en la confluencia de las avenidas Garza Sada y Luis Elizondo, lugar en el que cayeron muertos, resultado del enfrentamiento referido”, escribió el militar.
Antúnez Pérez escribió su reporte interno luego de recibir el mensaje numerado como DH-IV-3665 fechado el 29 de marzo de ese año en el que se le informa que el ómbudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, abrió de oficio la queja CNDH/2/2010/1508/Q “en agravio de los extintos Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso”.
El propósito del militar fue reforzar la versión emitida por el mando territorial de la Séptima Zona Militar, con sede en el municipio metropolitano de General Escobedo, el 19 de marzo de ese año en un boletín en el que asentó:
“Una persona se acercó para manifestar (a las tropas) que en la avenida Garza Sada cruce con avenida Jesús Elizondo (sic) de dicho municipio se encontraban varias personas a bordo de diferentes vehículos con armas largas y en actitud sospechosa.
“De este evento resultaron muertos dos individuos que hasta el momento no han sido identificados… Cabe hacer mención que durante el enfrentamiento resultó herido un elemento militar, mismo que fue trasladado de inmediato para su atención médica, encontrándose estable.”
En su informe del 5 de abril, Antúnez Pérez expuso: “Por lo anterior, se desprende que el personal militar actuó repeliendo una agresión real, inminente, violenta y sin derecho, actuando en legítima defensa, resguardando su integridad personal, adecuando su conducta al marco de la legalidad establecido en nuestra legislación interna, protegiendo los intereses de la sociedad al enfrentar a miembros de la delincuencia organizada”.
Meses después, en agosto de 2010, el ómbudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva emitió la recomendación 45/2010 y concluyó que el Ejército disparó a los estudiantes y que la escena del crimen fue manipulada para sembrarles armas.
La recomendación 45/2010 de la CNDH concluyó: “Esta Comisión Nacional observó que Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso no portaban armas ni viajaban en la camioneta que agredió a los elementos militares ni eran miembros de la delincuencia organizada, como de manera inconducente sostuvo la Secretaría de la Defensa Nacional en el informe que rindió ante este organismo nacional.
“Además, Jorge Antonio Mercado Alonso presentó seis heridas producidas por proyectil de arma de fuego, dos de las cuales fueron realizadas a corta distancia, en tanto que Javier Francisco Arredondo Verdugo presentó siete heridas generadas por proyectil de arma de fuego, de acuerdo con el acta de fe ministerial e inspección cadavérica.”
El ómbudsman pidió también que se limpiara el nombre de los dos estudiantes: “Resulta necesario aclarar con toda energía que Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso eran estudiantes de excelencia del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, no viajaban en la camioneta que agredió a los elementos militares, no portaban armas ni eran miembros de la delincuencia organizada”.
Confusión, solapamiento e
impunidad
El 22 de marzo de 2010, tres días después del presunto ataque a los militares, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, viajó a esta ciudad donde se entrevistó con el gobernador Rodrigo Medina, y funcionarios del tec de Monterrey. Se comprometió a esclarecer la muerte de Jorge Antonio y Javier Francisco.
“Reconozco que los dos estudiantes estuvieron en la línea de fuego del lado donde los soldados eran agredidos por criminales –dijo el funcionario calderonista en conferencia de prensa–. Ofrezco que se profundizará una investigación que saque a todos la verdad y deje a todos un aprendizaje sobre esta triste tragedia para evitar este tipo de situaciones en el futuro, sin menguar en nada el ánimo de la autoridad para proteger a la gente.”
A su vez, el rector del tec, Rafael Rangel Sostmann, admitió que, inicialmente, los guardias del campus se confundieron en identificar a las personas abatidas, lo que dificultó el reconocimiento de los cadáveres. Reveló también que su error fue confiar en la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, encabezada por Alejandro Garza, que le entregó información errónea que él divulgó.
El 20 de marzo, el presidente Calderón y su esposa, Margarita Zavala dieron sus condolencias a los familiares de los estudiantes en un comunicado; Gobernación emitió un comunicado en torno al incidente, ocurrido “en las inmediaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en el que desafortunadamente perdieron la vida los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo”.
El boletín no señaló cómo murieron los estudiantes. Sólo menciona que una vez controlada la situación, “arribó al lugar del enfrentamiento el AMPFC, personal de peritos en balística y del Semefo para recabar evidencias, levantar los cuerpos y dar fe de los hechos”.
Cinco años y medio después de aquel supuesto “enfrentamiento de tropas del Ejército con delincuentes”, luego de las aclaraciones de las autoridades estatales y federales, de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las protestas de organizaciones civiles de Nuevo León, no se ha hecho justicia a las víctimas. Y el general que emitió un reporte interno a “la superioridad” en el cual, según el ómbudsman nacional, alternó los hechos, es parte del gabinete del controvertido gobernador independiente Jaime Rodríguez, El Bronco.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA (REPORTAJE ESPECIAL).
