Una serie de grabaciones –en las que se escucha al exgobernador guerrerense Ángel Aguirre y al exfiscal Iñaki Blanco– y una tanda de declaraciones de legisladores federales destrozaron –por si aún quedaran dudas– la versión oficial acerca de la participación del Ejército, la Policía Federal y el Cisen en los ataques contra estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Todas esas dependencias supieron del ataque desde los primeros momentos, negaron la ayuda solicitada y mintieron cuando fueron cuestionadas al respecto.
MÉXICO, D.F: Las secretarías de Gobernación y de la Defensa, así como la Policía Federal –y eventualmente hasta la Presidencia de la República–, supieron desde la misma noche del 26 de septiembre de 2014 del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa. Incluso militares y policías federales negaron, en esos momentos, su apoyo al gobierno de Guerrero.
Lo anterior se desprende de las revelaciones hechas por Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, y por el exfiscal guerrerense Iñaki Blanco, el pasado lunes 12 a los ocho integrantes de la Comisión Especial Ayotzinapa de la Cámara de Diputados.
En sendas entrevistas, dos de los diputados de dicha comisión, Araceli Damián, de Morena, y Víctor Sánchez, de Movimiento Ciudadano (MC), detallan los testimonios de ambos exfuncionarios, quienes entre otras cosas reclamaron que “la Policía Federal hiciera mutis” y “no resguardara” las escenas de los crímenes.
Las declaraciones de ambos legisladores coinciden con una grabación que después se hizo llegar subrepticiamente a la revista Proceso.
Los exfuncionarios guerrerenses también sorprendieron a los legisladores al confesar, primero, que el delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en Guerrero “corroborara”, a las 23:00 horas del 26 de septiembre, “los ataques”; y segundo, que el comandante de la Zona Regional Militar correspondiente a Iguala “sí fue informado” de lo que ocurría, pero a las 22:30 horas.
Las versiones de Aguirre y Blanco contradicen lo dicho por el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien el lunes 5 sostuvo ante los legisladores que “no hubo negligencia” de parte de los militares porque “no recibieron solicitud de apoyo de ninguna autoridad civil”.
Cuando la presidenta de la Comisión Especial para el Caso Ayotzinapa, la panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez, invitó a comparecer al exgobernador, éste condicionó su participación a que el encuentro fuera en privado y no hubiera grabación “en audio, video y sin versión estenográfica”.
En esa conversación con Murguía, previa a la comparecencia, Aguirre Rivero confesó que la noche del 26 de septiembre de 2014 hizo dos llamadas telefónicas para informar lo que sucedía. Una de ellas, al presidente de la República, revela a este semanario un funcionario que pidió la reserva de su nombre. Sin embargo, durante la reunión con todos los legisladores, el exgobernador, “nervioso y con el rostro descompuesto, colorado, rojo, rojo”, rechazó tal versión.
Cienfuegos mintió
El lunes 5, en la reunión del general Cienfuegos con los integrantes de la comisión especial, en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el militar sostuvo que “no recibieron la solicitud de ninguna autoridad civil” para intervenir.
El encargado del área de Derechos Humanos del Ejército, general José Carlos Beltrán Benítez, secundó a su superior: “Hubiera sido muy dasafortunado haberse involucrado”, dijo a los legisladores. “¡Imagínese cómo lo hubiera recibido la sociedad: el Ejército resguarda estudiantes de la Normal de Ayotzinapa! Podría voltear la situación y en lugar de algo benéfico hubiera sido algo contra la imagen del Ejército”.
Diez días más tarde, el exgobernador y el exfiscal de Guerrero echaron por tierra la versión y justificación que dio el Ejército para no intervenir. Así lo revela una grabación subrepticia hecha llegar a esta revista.
En ella se escucha la intervención de la diputada Damián el pasado miércoles 14: “De lo que nos dijo el exgobernador, que a las 10:30 tuvo conocimiento por un subordinado ¿quién fue? (dirigiéndose a Aguirre Rivero)”.
“El secretario general de gobierno y el secretario de seguridad pública”, responde el exfuncionario.
“También nos dice –sigue la diputada– que usted le informó al comandante del regimiento de la zona regional militar…”.
“En Guerrero –interrumpe Aguirre Rivero– existen dos zonas militares y hay una de carácter regional. Me comuniqué con el comandante y le dije los hechos violentos que estaban ocurriendo.”
“¿Pero le pidió usted su apoyo?”, pregunta la legisladora.
“En ese momento que yo hablé con él le informé para que nos pudieran brindar su apoyo. Sí, sí se lo pedí”, responde Aguirre.
Aracely Damián le comenta entonces que el tema “es preocupante” porque el general secretario de la Sedena les aseguró que no hubo petición de ninguna autoridad civil.
La petición de apoyo por parte de las autoridades estatales no sólo se dio en ese primer momento, a las 10:30 de la noche, sino que siguió a lo largo de las horas, o así se desprende de la intervención del exfiscal Iñaki Blanco, quien revela que cerca del amanecer del 27 de septiembre, pasados los ataques contra los estudiantes, se recurrió de nuevo a miembros del Ejército.
En la grabación se escucha una batería de preguntas del diputado Víctor Sánchez de MC, recordándole que el Ejército sostuvo ante legisladores que no fue requerido.
“Requerimos el apoyo de otras instancias y autoridades. Hay cosas que no he podido ventilar porque son parte de la averiguación previa que aún se integra. Cosas que no se han dicho”, responde Blanco.
“Sí lo requerimos (al Ejército), pues estimé que no era oportuno y procedente juntar a las víctimas directas e indirectas con los hasta entonces aparentes victimarios. Instruí al procurador de control regional que concentrara a todas las víctimas y representantes legales en la fiscalía regional, y buscamos dónde concentrar todos los elementos de la policía…
“Yo estimaba que no había condiciones en el cuartel de la policía dado que el cuartel tiene cerca de malla ciclónica. Le pedí al Ejército que me facilitara las instalaciones del 27 Batallón para concentrar a los municipales y la respuesta fue en sentido negativo”, responde.
“¿A qué hora?”, se escucha que se le pregunta.
“En la madrugada del 27. La respuesta fue en ese sentido, negativo”, asienta.
Pero no sólo los militares rechazaron brindar apoyo. También la Policía Federal negó el respaldo al exfiscal, primero para custodiar a los policías en el cuartel civil (con el fin de que no huyeran) y luego para que no los trasladaran a las instalaciones militares.
“Consecuentemente le pedí al entonces encargado de la Coordinación de la Policía Federal, de apellido Cabral, que me facilitara las instalaciones de la PF; la respuesta fue en el mismo sentido: ‘No porque no hay condiciones’. No hay condiciones en cuanto a que no contaban con el número de elementos necesarios para resguardar esas instalaciones.”
La versión del exfiscal refuta la versión del general secretario Cienfuegos Zepeda, pero también la de Murillo Karam, quien el 7 de noviembre, cuando como procurador aseveró que los 43 estudiantes habían sido incinerados en un basurero y sus cenizas vertidas sobre el río de Cocula, a pregunta expresa de la reportera María Idalia Gómez de si ya citó a declarar a integrantes del Ejército y la Policía Federal, negó la participación de los primeros.
Al matadero, y el Cisen lo supo
En entrevistas a medios de comunicación y en su comparecencia ante las dos comisiones legislativas especiales, el general secretario ha sostenido que la participación del Ejército fue limitada y ocurrió cuando supo que había “jóvenes armados” en el hospital Cristina, que los soldados acudieron ahí y, respetando los derechos humanos de los estudiantes, les tomaron fotografías e incluso les ofrecieron una ambulancia para trasladar a uno de los heridos. Que se fueron y al regresar ya no estaban los muchachos.
En la entrevista, ambos legisladores, Damián y Sánchez, relatan que el exfiscal también se quejó del actuar de la Policía Federal: “Hay muchas cosas que no se saben y otras que por el GIEI hoy se saben, como el que la PF acudió con (los jugadores de futbol del equipo) Los Avispones (también heridos en las refriegas), también que elementos de la PF fueron a uno de los lugares (del ataque) e hicieron mutis, se retiraron del lugar en lugar de hacerlo del conocimiento de la autoridad correspondiente”.
En otro momento, Iñaki Blanco narra que a las 0:45 se enteraron por el (centro de control) C4 de los ataques en la carretera Chilpancingo-Iguala y frente al Palacio Municipal: “Cuando llegó el subprocurador ya había elementos de la PF, esto ocurrió posterior a las 0:45, que es cuando nosotros recibimos el reporte del C4. Ya había presencia de la PF y en ningún momento hubo resguardo y preservación del lugar de los hechos conforme al protocolo”.
En cuanto a la participación de la Secretaría de Gobernación, merced a las declaraciones de los exfuncionarios de Guerrero ahora se sabe que el Cisen estuvo plenamente enterado de los acontecimientos, por lo menos desde las 11 de la noche.
De acuerdo con la grabación, Iñaki Blanco –que es quien más habla durante las cuatro horas y media que duró el encuentro con legisladores–, revela que el Cisen le corroboró, desde las 11 de la noche del 26 de septiembre, las agresiones que estaban sufriendo los estudiantes.
Al pedirle el diputado de MC Víctor Sánchez que narrara cómo se enteró de los hechos y lo que hizo paso a paso, el exfiscal detalló que se enteró de lo que estaba pasando justo cuando iba de camino al Distrito Federal para atender un asunto médico familiar.
“Comencé a recibir reportes a las 11 de la noche a través del secretario particular y de otras personas como el secretario general de Gobierno. Hablé con el secretario de Seguridad Pública estatal, Genaro Vázquez, y hablé con el delegado del Cisen, quien me corroboró que tenía reportes de enfrentamientos y balaceras en Iguala. Lo que me inquietó y hace que me regrese es cuando me dicen que al parecer están involucrados en los hechos estudiantes de Ayotzinapa.”
Los miembros de la comisión especial se reunieron también con el titular de la secretaria de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz.
El pasado viernes 16, en un corto encuentro de apenas hora y media, el almirante les reveló que la participación de la dependencia a su cargo se dio a petición del entonces gobernador, Ángel Aguirre, quien el 28 de septiembre le solicitó apoyo.
En entrevista posterior al encuentro, la diputada Aracely Damián detalló que el secretario les explicó que el día de los acontecimientos el destacamento de la Marina más cercano estaba a 200 kilómetros de distancia, pues esa dependencia suele operar en la costa.
El secretario explicó que sólo participaron en actividades de búsqueda de los jóvenes, pero la instancia que los coordinaba era la PGR.
Incluso reveló que fue la Marina, a petición de la PGR, la que el 29 de octubre envió a sus buzos a explorar el río San Juan de Cocula. Recuerda la legisladora: “Nos dijo que localizaron a la orilla del río la bolsa con las cenizas y huesos (con los restos de los estudiantes, presuntamente), que al parecer tenía días de haber sido aventada, pues la mitad de ella estaba bajo el fango”.
El almirante aclaró que la bolsa fue entregada a personal de Infantería y quedó a resguardo en lo que llegó la PGR, “pues nunca les notificaron que debería estar el equipo de expertos forenses argentinos. “También nos dijo que el 29, 30, 31 de octubre encontraron en el talud del río huesos enterrados, pero no los tocaron y sólo lo informaron a la PGR”.
Su apoyo concluyó el 6 de noviembre, aseveró la diputada.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Lo anterior se desprende de las revelaciones hechas por Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, y por el exfiscal guerrerense Iñaki Blanco, el pasado lunes 12 a los ocho integrantes de la Comisión Especial Ayotzinapa de la Cámara de Diputados.
En sendas entrevistas, dos de los diputados de dicha comisión, Araceli Damián, de Morena, y Víctor Sánchez, de Movimiento Ciudadano (MC), detallan los testimonios de ambos exfuncionarios, quienes entre otras cosas reclamaron que “la Policía Federal hiciera mutis” y “no resguardara” las escenas de los crímenes.
Las declaraciones de ambos legisladores coinciden con una grabación que después se hizo llegar subrepticiamente a la revista Proceso.
Los exfuncionarios guerrerenses también sorprendieron a los legisladores al confesar, primero, que el delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en Guerrero “corroborara”, a las 23:00 horas del 26 de septiembre, “los ataques”; y segundo, que el comandante de la Zona Regional Militar correspondiente a Iguala “sí fue informado” de lo que ocurría, pero a las 22:30 horas.
Las versiones de Aguirre y Blanco contradicen lo dicho por el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien el lunes 5 sostuvo ante los legisladores que “no hubo negligencia” de parte de los militares porque “no recibieron solicitud de apoyo de ninguna autoridad civil”.
Cuando la presidenta de la Comisión Especial para el Caso Ayotzinapa, la panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez, invitó a comparecer al exgobernador, éste condicionó su participación a que el encuentro fuera en privado y no hubiera grabación “en audio, video y sin versión estenográfica”.
En esa conversación con Murguía, previa a la comparecencia, Aguirre Rivero confesó que la noche del 26 de septiembre de 2014 hizo dos llamadas telefónicas para informar lo que sucedía. Una de ellas, al presidente de la República, revela a este semanario un funcionario que pidió la reserva de su nombre. Sin embargo, durante la reunión con todos los legisladores, el exgobernador, “nervioso y con el rostro descompuesto, colorado, rojo, rojo”, rechazó tal versión.
Cienfuegos mintió
El lunes 5, en la reunión del general Cienfuegos con los integrantes de la comisión especial, en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el militar sostuvo que “no recibieron la solicitud de ninguna autoridad civil” para intervenir.
El encargado del área de Derechos Humanos del Ejército, general José Carlos Beltrán Benítez, secundó a su superior: “Hubiera sido muy dasafortunado haberse involucrado”, dijo a los legisladores. “¡Imagínese cómo lo hubiera recibido la sociedad: el Ejército resguarda estudiantes de la Normal de Ayotzinapa! Podría voltear la situación y en lugar de algo benéfico hubiera sido algo contra la imagen del Ejército”.
Diez días más tarde, el exgobernador y el exfiscal de Guerrero echaron por tierra la versión y justificación que dio el Ejército para no intervenir. Así lo revela una grabación subrepticia hecha llegar a esta revista.
En ella se escucha la intervención de la diputada Damián el pasado miércoles 14: “De lo que nos dijo el exgobernador, que a las 10:30 tuvo conocimiento por un subordinado ¿quién fue? (dirigiéndose a Aguirre Rivero)”.
“El secretario general de gobierno y el secretario de seguridad pública”, responde el exfuncionario.
“También nos dice –sigue la diputada– que usted le informó al comandante del regimiento de la zona regional militar…”.
“En Guerrero –interrumpe Aguirre Rivero– existen dos zonas militares y hay una de carácter regional. Me comuniqué con el comandante y le dije los hechos violentos que estaban ocurriendo.”
“¿Pero le pidió usted su apoyo?”, pregunta la legisladora.
“En ese momento que yo hablé con él le informé para que nos pudieran brindar su apoyo. Sí, sí se lo pedí”, responde Aguirre.
Aracely Damián le comenta entonces que el tema “es preocupante” porque el general secretario de la Sedena les aseguró que no hubo petición de ninguna autoridad civil.
La petición de apoyo por parte de las autoridades estatales no sólo se dio en ese primer momento, a las 10:30 de la noche, sino que siguió a lo largo de las horas, o así se desprende de la intervención del exfiscal Iñaki Blanco, quien revela que cerca del amanecer del 27 de septiembre, pasados los ataques contra los estudiantes, se recurrió de nuevo a miembros del Ejército.
En la grabación se escucha una batería de preguntas del diputado Víctor Sánchez de MC, recordándole que el Ejército sostuvo ante legisladores que no fue requerido.
“Requerimos el apoyo de otras instancias y autoridades. Hay cosas que no he podido ventilar porque son parte de la averiguación previa que aún se integra. Cosas que no se han dicho”, responde Blanco.
“Sí lo requerimos (al Ejército), pues estimé que no era oportuno y procedente juntar a las víctimas directas e indirectas con los hasta entonces aparentes victimarios. Instruí al procurador de control regional que concentrara a todas las víctimas y representantes legales en la fiscalía regional, y buscamos dónde concentrar todos los elementos de la policía…
“Yo estimaba que no había condiciones en el cuartel de la policía dado que el cuartel tiene cerca de malla ciclónica. Le pedí al Ejército que me facilitara las instalaciones del 27 Batallón para concentrar a los municipales y la respuesta fue en sentido negativo”, responde.
“¿A qué hora?”, se escucha que se le pregunta.
“En la madrugada del 27. La respuesta fue en ese sentido, negativo”, asienta.
Pero no sólo los militares rechazaron brindar apoyo. También la Policía Federal negó el respaldo al exfiscal, primero para custodiar a los policías en el cuartel civil (con el fin de que no huyeran) y luego para que no los trasladaran a las instalaciones militares.
“Consecuentemente le pedí al entonces encargado de la Coordinación de la Policía Federal, de apellido Cabral, que me facilitara las instalaciones de la PF; la respuesta fue en el mismo sentido: ‘No porque no hay condiciones’. No hay condiciones en cuanto a que no contaban con el número de elementos necesarios para resguardar esas instalaciones.”
La versión del exfiscal refuta la versión del general secretario Cienfuegos Zepeda, pero también la de Murillo Karam, quien el 7 de noviembre, cuando como procurador aseveró que los 43 estudiantes habían sido incinerados en un basurero y sus cenizas vertidas sobre el río de Cocula, a pregunta expresa de la reportera María Idalia Gómez de si ya citó a declarar a integrantes del Ejército y la Policía Federal, negó la participación de los primeros.
Al matadero, y el Cisen lo supo
En entrevistas a medios de comunicación y en su comparecencia ante las dos comisiones legislativas especiales, el general secretario ha sostenido que la participación del Ejército fue limitada y ocurrió cuando supo que había “jóvenes armados” en el hospital Cristina, que los soldados acudieron ahí y, respetando los derechos humanos de los estudiantes, les tomaron fotografías e incluso les ofrecieron una ambulancia para trasladar a uno de los heridos. Que se fueron y al regresar ya no estaban los muchachos.
En la entrevista, ambos legisladores, Damián y Sánchez, relatan que el exfiscal también se quejó del actuar de la Policía Federal: “Hay muchas cosas que no se saben y otras que por el GIEI hoy se saben, como el que la PF acudió con (los jugadores de futbol del equipo) Los Avispones (también heridos en las refriegas), también que elementos de la PF fueron a uno de los lugares (del ataque) e hicieron mutis, se retiraron del lugar en lugar de hacerlo del conocimiento de la autoridad correspondiente”.
En otro momento, Iñaki Blanco narra que a las 0:45 se enteraron por el (centro de control) C4 de los ataques en la carretera Chilpancingo-Iguala y frente al Palacio Municipal: “Cuando llegó el subprocurador ya había elementos de la PF, esto ocurrió posterior a las 0:45, que es cuando nosotros recibimos el reporte del C4. Ya había presencia de la PF y en ningún momento hubo resguardo y preservación del lugar de los hechos conforme al protocolo”.
En cuanto a la participación de la Secretaría de Gobernación, merced a las declaraciones de los exfuncionarios de Guerrero ahora se sabe que el Cisen estuvo plenamente enterado de los acontecimientos, por lo menos desde las 11 de la noche.
De acuerdo con la grabación, Iñaki Blanco –que es quien más habla durante las cuatro horas y media que duró el encuentro con legisladores–, revela que el Cisen le corroboró, desde las 11 de la noche del 26 de septiembre, las agresiones que estaban sufriendo los estudiantes.
Al pedirle el diputado de MC Víctor Sánchez que narrara cómo se enteró de los hechos y lo que hizo paso a paso, el exfiscal detalló que se enteró de lo que estaba pasando justo cuando iba de camino al Distrito Federal para atender un asunto médico familiar.
“Comencé a recibir reportes a las 11 de la noche a través del secretario particular y de otras personas como el secretario general de Gobierno. Hablé con el secretario de Seguridad Pública estatal, Genaro Vázquez, y hablé con el delegado del Cisen, quien me corroboró que tenía reportes de enfrentamientos y balaceras en Iguala. Lo que me inquietó y hace que me regrese es cuando me dicen que al parecer están involucrados en los hechos estudiantes de Ayotzinapa.”
Los miembros de la comisión especial se reunieron también con el titular de la secretaria de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz.
El pasado viernes 16, en un corto encuentro de apenas hora y media, el almirante les reveló que la participación de la dependencia a su cargo se dio a petición del entonces gobernador, Ángel Aguirre, quien el 28 de septiembre le solicitó apoyo.
En entrevista posterior al encuentro, la diputada Aracely Damián detalló que el secretario les explicó que el día de los acontecimientos el destacamento de la Marina más cercano estaba a 200 kilómetros de distancia, pues esa dependencia suele operar en la costa.
El secretario explicó que sólo participaron en actividades de búsqueda de los jóvenes, pero la instancia que los coordinaba era la PGR.
Incluso reveló que fue la Marina, a petición de la PGR, la que el 29 de octubre envió a sus buzos a explorar el río San Juan de Cocula. Recuerda la legisladora: “Nos dijo que localizaron a la orilla del río la bolsa con las cenizas y huesos (con los restos de los estudiantes, presuntamente), que al parecer tenía días de haber sido aventada, pues la mitad de ella estaba bajo el fango”.
El almirante aclaró que la bolsa fue entregada a personal de Infantería y quedó a resguardo en lo que llegó la PGR, “pues nunca les notificaron que debería estar el equipo de expertos forenses argentinos. “También nos dijo que el 29, 30, 31 de octubre encontraron en el talud del río huesos enterrados, pero no los tocaron y sólo lo informaron a la PGR”.
Su apoyo concluyó el 6 de noviembre, aseveró la diputada.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
