Caso Ayotzinapa: La “verdad histórica”, basada en torturas

La “verdad histórica” presentada por el procurador Jesús Murillo Karam afirmaba que los 43 normalistas de Ayotzinapa habían sido incinerados en un basurero de Cocula, y para probarlo presentó confesiones de dos de los presuntos asesinos. Sin embargo, los dos supuestos halcones de Guerreros Unidos fueron torturados para que dieran la fantasiosa versión, como parte de una investigación conducida por un hombre inclinado a la invención de delitos y de testigos.

La investigación del ataque contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y la desaparición de 43 de ellos el 26 de septiembre de 2014 –pesquisas encabezadas por Víctor León Maldonado– estuvo viciada desde el comienzo.

Las irregularidades comenzaron cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJG, ahora Fiscalía General de Guerrero) detuvo, aparentemente al azar, a los dos primeros sospechosos, quienes presuntamente fueron torturados para obligarlos a firmar declaraciones que atribuían el ataque a policías municipales de Iguala y de Cocula y al entonces alcalde igualteco José Luis Abarca. Esos testimonios fueron el origen de la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR).

Los detenidos son Luis Alberto José Gaspar, de 18 años, y el entonces policía municipal Honorio Antúnez Osorio, de 51, aprehendidos en Iguala a principios de octubre de 2014.

Como consta en sus declaraciones preparatorias –de las cuales este semanario tiene copia–, el 25 de noviembre le dijeron al juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Tamaulipas, Guillermo Baltazar, que fueron torturados y obligados en la PGJG a firmar declaraciones prefabricadas.

León Maldonado, responsable de la investigación y quien estuvo en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, tiene antecedentes de haber fabricado cargos en otros casos.

En 2009, cuando era coordinador general en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, ahora SEIDO) y en vísperas de las elecciones estatales en Michoacán, con falsas acusaciones de delincuencia organizada arrestó a 30 funcionarios públicos. Todos salieron libres vía amparo o con sentencias absolutorias.


Este es un adelanto del número 2034 de Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ/ STEVE FISHER.

Hablan los Abarca: “Llamamos al Ejército y nada…”

La PGR los acusa de tener vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos y de haber ordenado el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. Son el exalcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, ambos presos desde noviembre de 2014. Y los dos, en sendas entrevistas con Proceso, se dicen inocentes, denuncian lo que consideran irregularidades en sus detenciones y sostienen que no se dedicaban a ninguna actividad ilícita.

La noche del 26 de septiembre de 2014 la policía municipal pidió el apoyo del Ejército y de la Policía Federal ante la situación de violencia que se estaba manifestando en Iguala, pero ni uno ni otra acudieron, asegura José Luis Abarca, exalcalde de esa localidad y quien lleva casi un año en la cárcel, acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos y de haber ordenado en esa fecha la agresión contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Aprehendido el 4 de noviembre de 2014, Abarca habla por primera vez ante un medio informativo en torno a los hechos de aquel 26 septiembre desde el penal federal El Altiplano, en Almoloya, Estado de México.

La entrevista con Proceso se realizó vía telefónica durante una de las llamadas que, por ley, puede hacer desde un teléfono en la prisión.

El exalcalde afirma que por miedo no salió esa noche a ver qué ocurría en la ciudad: “Si no salieron los que tenían las armas… pues yo me mantuve al margen. De verdad hay mucha seguridad policiaca en Iguala y ese trabajo era de ellos, no del presidente municipal”, señala refiriéndose al 27 Batallón de Infantería, a las policías Federal y Estatal y al Grupo de Operaciones Especiales de la PGR, todos los cuales tienen bases en el municipio igualteco.

Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, están acusados por la PGR de ser los principales responsables del ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y de la desaparición de 43 de ellos la noche del 26 de septiembre de 2014.

A más de un año de ese ataque, la Comisión Especial para el Caso Ayotzinapa de la Cámara de Diputados busca reunirse con Abarca para conocer su versión.


Este es un adelanto del número 2034 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNANDEZ, STEVE FISHER.

“Sí, a Televisa nos interesa que todos los mexicanos nos vean”

Una carta enviada a Reforma, desplegados en diarios y la lectura de ese mismo texto en sus noticiarios, es la respuesta de la televisora a una nota del rotativo que señaló cómo Emilio Azcárraga "dobló" a los senadores para posponer el apagón analógico hasta diciembre 2016.

Emilio Azcárraga sólo dio su punto de vista sobre el apagón analógico -el cual pidió posponer- y no “dobló” a los senadores que coinciden en posponerlo, manifestó Televisa en una carta enviada al diario Reforma.

Además, la televisora le dedica un desplegado en diarios nacionales, que titula “Reforma miente”, tras la portada del jueves en Reforma, titulada “Dobla televisora a los legisladores“.

El director de información de la televisora, Alejandro Olmos, se refirió a la nota y consideró que los partidos y sus legisladores, a los que supuestamente “dobló” Televisa, ya habían externado sus preocupaciones por los cientos de miles de personas que se quedaron sin televisión en Monterrey, Nuevo León.

“Que haya coincidencia en las opiniones de muchas personas sobre esta preocupación no extraña, pues nadie debiera estar a favor de dejar a cientos de miles, potencialmente a millones, de personas, sobre todo de escasos recursos, sin la posibilidad de ver televisión gratuita.

“Tan sólo en Monterrey, la primera gran ciudad donde ya se dio el apagón, cerca de medio millón de personas ya se quedaron sin poder ver la televisión”, estableció.

La concesionaría también rechazó que se beneficie al quedar bloqueada la liberación de la banda de 700 MHz.

“Eso es falso, pues esa banda está ya prácticamente liberada y el apagón no tendría mayor incidencia en ese sentido.

“Lo que falta para que esa banda se use en nuevos servicios es que haya una licitación pública, la cual aún se encuentra en una fase de estudio. No se anticipa que esa banda pueda usarse antes del 2018, independientemente del apagón”, consideró.

Para la empresa, lejos de beneficiar a las televisoras, si los legisladores deciden posponer el apagón analógico, todas tendrían que mantener dos operaciones que implican duplicidad de costos: la analógica y la digital.

Televisa asegura que en aquellas ciudades del país donde ya se dio el apagón digital, se ha ocupado de que las personas tengan toda la información para instalar las nuevas televisiones o los decodificadores digitales.

“Sí, a Televisa, como seguramente a todas las televisoras, nos interesa que nos vean. Producimos contenidos, damos información, generamos programas de entretenimiento con el propósito de que todos los mexicanos nos puedan ver, si así lo desean.

“Todas las televisoras privadas y las públicas -afiliadas a la RED- han manifestado su preocupación por un apagón que deje a la gente sin poder tomar esa decisión y han propuesto que se retrase”, destacó.

Para la empresa, todos los mexicanos deben poder ejercer su derecho a la información y tener la posibilidad de recibir contenidos de manera gratuita.


La televisora pagó desplegados en diarios de circulación nacional, como La Jornada y El Universal, además de que repite el mismo comunicado en sus programas:

El jueves, el senador Javier Lozano presentó una iniciativa para posponer el apagón analógico en todo el país -programado para concluir el 31 de diciembre de 2015- hasta diciembre de 2016. Senadores del PRI, PAN y PRD han anunciado que respaldarán esa propuesta.

Al respecto,  ex presidentes de la Asociación Méxicana de Derecho a la Información (AMEDI) coincidieron en que subordinar el apagón analógico a los intereses y caprichos de Televisa sería un retroceso “que nos llevaría a la época de preponderancia política de ese consorcio que los ciudadanos y el poder político habían superado”, y posterga la apertura de nuevas opciones en televisión.

El texto firmado por Aleida Calleja, Beatriz Solís Leree y  Raúl Trejo Delarbre señala que “diferir el apagón no resolvería ese problema que, por lo demás, esos medios no plantearon a tiempo”.


En el mismo sentido, el ex comisionado presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Mony de Swaan, tuiteó dos mensajes que resumían todo:

"El apagón para cuando ustedes manden y dispongan" - Senadores a Televisa

— Mony de Swaan (@Mony_de_Swaan) octubre 21, 2015

Si los senadores hubieran defendido nuestro #DerechodeRéplica como defienden su derecho a seguir viendo Laura Bozzo, otro gallo cantaría.

— Mony de Swaan (@Mony_de_Swaan) octubre 21, 2015

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ayotzinapa: Todos supieron lo que estaba ocurriendo

Una serie de grabaciones –en las que se escucha al exgobernador guerrerense Ángel Aguirre y al exfiscal Iñaki Blanco– y una tanda de declaraciones de legisladores federales destrozaron –por si aún quedaran dudas– la versión oficial acerca de la participación del Ejército, la Policía Federal y el Cisen en los ataques contra estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Todas esas dependencias supieron del ataque desde los primeros momentos, negaron la ayuda solicitada y mintieron cuando fueron cuestionadas al respecto.

MÉXICO, D.F: Las secretarías de Gobernación y de la Defensa, así como la Policía Federal –y eventualmente hasta la Presidencia de la República–, supieron desde la misma noche del 26 de septiembre de 2014 del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa. Incluso militares y policías federales negaron, en esos momentos, su apoyo al gobierno de Guerrero.

Lo anterior se desprende de las revelaciones hechas por Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, y por el exfiscal guerrerense Iñaki Blanco, el pasado lunes 12 a los ocho integrantes de la Comisión Especial Ayotzinapa de la Cámara de Diputados.

En sendas entrevistas, dos de los diputados de dicha comisión, Araceli Damián, de Morena, y Víctor Sánchez, de Movimiento Ciudadano (MC), detallan los testimonios de ambos exfuncionarios, quienes entre otras cosas reclamaron que “la Policía Federal hiciera mutis” y “no resguardara” las escenas de los crímenes.

Las declaraciones de ambos legisladores coinciden con una grabación que después se hizo llegar subrepticiamente a la revista Proceso.

Los exfuncionarios guerrerenses también sorprendieron a los legisladores al confesar, primero, que el delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en Guerrero “corroborara”, a las 23:00 horas del 26 de septiembre, “los ataques”; y segundo, que el comandante de la Zona Regional Militar correspondiente a Iguala “sí fue informado” de lo que ocurría, pero a las 22:30 horas.

Las versiones de Aguirre y Blanco contradicen lo dicho por el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien el lunes 5 sostuvo ante los legisladores que “no hubo negligencia” de parte de los militares porque “no recibieron solicitud de apoyo de ninguna autoridad civil”.

Cuando la presidenta de la Comisión Especial para el Caso Ayotzinapa, la panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez, invitó a comparecer al exgobernador, éste condicionó su participación a que el encuentro fuera en privado y no hubiera grabación “en audio, video y sin versión estenográfica”.

En esa conversación con Murguía, previa a la comparecencia, Aguirre Rivero confesó que la noche del 26 de septiembre de 2014 hizo dos llamadas telefónicas para informar lo que sucedía. Una de ellas, al presidente de la República, revela a este semanario un funcionario que pidió la reserva de su nombre. Sin embargo, durante la reunión con todos los legisladores, el exgobernador, “nervioso y con el rostro descompuesto, colorado, rojo, rojo”, rechazó tal versión.

Cienfuegos mintió

El lunes 5, en la reunión del general Cienfuegos con los integrantes de la comisión especial, en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el militar sostuvo que “no recibieron la solicitud de ninguna autoridad civil” para intervenir.

El encargado del área de Derechos Humanos del Ejército, general José Carlos Beltrán Benítez, secundó a su superior: “Hubiera sido muy dasafortunado haberse involucrado”, dijo a los legisladores. “¡Imagínese cómo lo hubiera recibido la sociedad: el Ejército resguarda estudiantes de la Normal de Ayotzinapa! Podría voltear la situación y en lugar de algo benéfico hubiera sido algo contra la imagen del Ejército”.

Diez días más tarde, el exgobernador y el exfiscal de Guerrero echaron por tierra la versión y justificación que dio el Ejército para no intervenir. Así lo revela una grabación subrepticia hecha llegar a esta revista.

En ella se escucha la intervención de la diputada Damián el pasado miércoles 14: “De lo que nos dijo el exgobernador, que a las 10:30 tuvo conocimiento por un subordinado ¿quién fue? (dirigiéndose a Aguirre Rivero)”.

“El secretario general de gobierno y el secretario de seguridad pública”, responde el exfuncionario.

“También nos dice –sigue la diputada– que usted le informó al comandante del regimiento de la zona regional militar…”.

“En Guerrero –interrumpe Aguirre Rivero– existen dos zonas militares y hay una de carácter regional. Me comuniqué con el comandante y le dije los hechos violentos que estaban ocurriendo.”

“¿Pero le pidió usted su apoyo?”, pregunta la legisladora.

“En ese momento que yo hablé con él le informé para que nos pudieran brindar su apoyo. Sí, sí se lo pedí”, responde Aguirre.

Aracely Damián le comenta entonces que el tema “es preocupante” porque el general secretario de la Sedena les aseguró que no hubo petición de ninguna autoridad civil.

La petición de apoyo por parte de las autoridades estatales no sólo se dio en ese primer momento, a las 10:30 de la noche, sino que siguió a lo largo de las horas, o así se desprende de la intervención del exfiscal Iñaki Blanco, quien revela que cerca del amanecer del 27 de septiembre, pasados los ataques contra los estudiantes, se recurrió de nuevo a miembros del Ejército.

En la grabación se escucha una batería de preguntas del diputado Víctor Sánchez de MC, recordándole que el Ejército sostuvo ante legisladores que no fue requerido.

“Requerimos el apoyo de otras instancias y autoridades. Hay cosas que no he podido ventilar porque son parte de la averiguación previa que aún se integra. Cosas que no se han dicho”, responde Blanco.

“Sí lo requerimos (al Ejército), pues estimé que no era oportuno y procedente juntar a las víctimas directas e indirectas con los hasta entonces aparentes victimarios. Instruí al procurador de control regional que concentrara a todas las víctimas y representantes legales en la fiscalía regional, y buscamos dónde concentrar todos los elementos de la policía…

“Yo estimaba que no había condiciones en el cuartel de la policía dado que el cuartel tiene cerca de malla ciclónica. Le pedí al Ejército que me facilitara las instalaciones del 27 Batallón para concentrar a los municipales y la respuesta fue en sentido negativo”, responde.

“¿A qué hora?”, se escucha que se le pregunta.

“En la madrugada del 27. La respuesta fue en ese sentido, negativo”, asienta.

Pero no sólo los militares rechazaron brindar apoyo. También la Policía Federal negó el respaldo al exfiscal, primero para custodiar a los policías en el cuartel civil (con el fin de que no huyeran) y luego para que no los trasladaran a las instalaciones militares.

“Consecuentemente le pedí al entonces encargado de la Coordinación de la Policía Federal, de apellido Cabral, que me facilitara las instalaciones de la PF; la respuesta fue en el mismo sentido: ‘No porque no hay condiciones’. No hay condiciones en cuanto a que no contaban con el número de elementos necesarios para resguardar esas instalaciones.”

La versión del exfiscal refuta la versión del general secretario Cienfuegos Zepeda, pero también la de Murillo Karam, quien el 7 de noviembre, cuando como procurador aseveró que los 43 estudiantes habían sido incinerados en un basurero y sus cenizas vertidas sobre el río de Cocula, a pregunta expresa de la reportera María Idalia Gómez de si ya citó a declarar a integrantes del Ejército y la Policía Federal, negó la participación de los primeros.

Al matadero, y el Cisen lo supo

En entrevistas a medios de comunicación y en su comparecencia ante las dos comisiones legislativas especiales, el general secretario ha sostenido que la participación del Ejército fue limitada y ocurrió cuando supo que había “jóvenes armados” en el hospital Cristina, que los soldados acudieron ahí y, respetando los derechos humanos de los estudiantes, les tomaron fotografías e incluso les ofrecieron una ambulancia para trasladar a uno de los heridos. Que se fueron y al regresar ya no estaban los muchachos.

En la entrevista, ambos legisladores, Damián y Sánchez, relatan que el exfiscal también se quejó del actuar de la Policía Federal: “Hay muchas cosas que no se saben y otras que por el GIEI hoy se saben, como el que la PF acudió con (los jugadores de futbol del equipo) Los Avispones (también heridos en las refriegas), también que elementos de la PF fueron a uno de los lugares (del ataque) e hicieron mutis, se retiraron del lugar en lugar de hacerlo del conocimiento de la autoridad correspondiente”.

En otro momento, Iñaki Blanco narra que a las 0:45 se enteraron por el (centro de control) C4 de los ataques en la carretera Chilpancingo-Iguala y frente al Palacio Municipal: “Cuando llegó el subprocurador ya había elementos de la PF, esto ocurrió posterior a las 0:45, que es cuando nosotros recibimos el reporte del C4. Ya había presencia de la PF y en ningún momento hubo resguardo y preservación del lugar de los hechos conforme al protocolo”.

En cuanto a la participación de la Secretaría de Gobernación, merced a las declaraciones de los exfuncionarios de Guerrero ahora se sabe que el Cisen estuvo plenamente enterado de los acontecimientos, por lo menos desde las 11 de la noche.

De acuerdo con la grabación, Iñaki Blanco –que es quien más habla durante las cuatro horas y media que duró el encuentro con legisladores–, revela que el Cisen le corroboró, desde las 11 de la noche del 26 de septiembre, las agresiones que estaban sufriendo los estudiantes.

Al pedirle el diputado de MC Víctor Sánchez que narrara cómo se enteró de los hechos y lo que hizo paso a paso, el exfiscal detalló que se enteró de lo que estaba pasando justo cuando iba de camino al Distrito Federal para atender un asunto médico familiar.

“Comencé a recibir reportes a las 11 de la noche a través del secretario particular y de otras personas como el secretario general de Gobierno. Hablé con el secretario de Seguridad Pública estatal, Genaro Vázquez, y hablé con el delegado del Cisen, quien me corroboró que tenía reportes de enfrentamientos y balaceras en Iguala. Lo que me inquietó y hace que me regrese es cuando me dicen que al parecer están involucrados en los hechos estudiantes de Ayotzinapa.”

Los miembros de la comisión especial se reunieron también con el titular de la secretaria de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz.

El pasado viernes 16, en un corto encuentro de apenas hora y media, el almirante les reveló que la participación de la dependencia a su cargo se dio a petición del entonces gobernador, Ángel Aguirre, quien el 28 de septiembre le solicitó apoyo.

En entrevista posterior al encuentro, la diputada Aracely Damián detalló que el secretario les explicó que el día de los acontecimientos el destacamento de la Marina más cercano estaba a 200 kilómetros de distancia, pues esa dependencia suele operar en la costa.

El secretario explicó que sólo participaron en actividades de búsqueda de los jóvenes, pero la instancia que los coordinaba era la PGR.

Incluso reveló que fue la Marina, a petición de la PGR, la que el 29 de octubre envió a sus buzos a explorar el río San Juan de Cocula. Recuerda la legisladora: “Nos dijo que localizaron a la orilla del río la bolsa con las cenizas y huesos (con los restos de los estudiantes, presuntamente), que al parecer tenía días de haber sido aventada, pues la mitad de ella estaba bajo el fango”.

El almirante aclaró que la bolsa fue entregada a personal de Infantería y quedó a resguardo en lo que llegó la PGR, “pues nunca les notificaron que debería estar el equipo de expertos forenses argentinos. “También nos dijo que el 29, 30, 31 de octubre encontraron en el talud del río huesos enterrados, pero no los tocaron y sólo lo informaron a la PGR”.


Su apoyo concluyó el 6 de noviembre, aseveró la diputada.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

CIDH ordena al Estado mexicano abatir rezagos de la etnia Yaqui

HERMOSILLO, Son: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ofreció un periodo de cuatro meses al Estado mexicano para acordar una “solución amistosa” con la etnia Yaqui.

De acuerdo con el portavoz “del pensamiento y vanguardia” de la tribu, Ernesto Argüelles, este fallo prevé que el “gobierno civil” defina políticas públicas para abatir los rezagos en materia de derechos de agua, territorio, educación y cultura que padece esta comunidad indígena sonorense.

“El Estado mexicano tiene un plazo de cuatro meses para atender esta recomendación e iniciar un diálogo amistoso con la etnia que lleve a una reconciliación histórica y verdadera”, detalló Argüelles.

De acuerdo con el informe de admisibilidad de la CIDH fechado el 28 de julio de este año, se encontraron argumentos –sin prejuzgar el fondo del asunto- que el estado mexicano violentó nueve artículos de la Convención Americana y siete de la Declaración Americana.

Establece que a partir del 29 de septiembre de 2015, cuando se envió las notificaciones a la etnia sonorense y al gobierno mexicano, se tiene un periodo perentorio de cuatro meses para resarcir de manera “amistosa” los daños ocasionados.

En caso que las partes no concurrieran en un acuerdo, añade el reporte de la Corte, se “proseguirá con el trámite de la petición”, de acuerdo al artículo 40 del reglamento de la CIDH.

La tribu expuso ante la CIDH 21 asuntos que suponen la violación de los derechos humanos en su territorio –aún sin delimitar-. En tanto el Estado mexicano en 11 puntos admite parcialmente los retrasos en los acuerdos tomados con la tribu, y en ningún momento se compromete a cumplirlos.

El portavoz Argüelles adelantó que existe una agenda conformada por la Corte para entregar avances de la relación entre ambas partes y las citas son programadas en Washington D.C.


Esta denuncia fue interpuesta ante la CIDH el 26 de enero de 2006; la Corte pidió ampliar los informes el 19 de julio de 2011; y conminó a una “solución amistosa” entre las partes el 28 de julio anterior, con efectos a partir del 29 de septiembre.

FUENTE: PROCESO.
AUTRO: MILTON MARTÍNEZ.

Elimina el IMSS comprobación de supervivencia presencial para pensionados

MÉXICO, D.F: Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya no deberán asistir a las oficinas delegacionales de la dependencia para comprobar su supervivencia cada año.

La dependencia publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la autorización del Programa de Mejora para la Comprobación de Supervivencia, propuesto por la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales que permitirá a los pensionados acreditar su existencia usar datos derivados de trámites y servicios del Estado y de otras fuentes de información.

Para que los pensionados y asignatarios del país puedan gozar del beneficio de no acudir presencialmente a comprobar supervivencia, deberán contar con sus datos actualizados ante el Instituto, señala el acuerdo publicado en el DOF.

El IMSS instruyó a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, para que de manera directa o por conducto de la Coordinación de Prestaciones Económicas, “dicte las instrucciones y emita los criterios que considere convenientes para la debida aplicación por parte de las Delegaciones, de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo y resuelvan las dudas o aclaraciones que con ese motivo éstas presenten”.

Además pidió a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, reportar semestralmente sobre los resultados y avances del programa autorizado.

El instituto recordó que en su sesión ordinaria celebrada el 22 de julio pasado, dictó el acuerdo ACDO.AS1.HCT.220715/148.P.DPES, del Programa de Mejora para la Comprobación de Supervivencia, propuesto por la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, que anula al Acuerdo ACDO-HCT-311007/454.P. (D.P.E.S.) publicado el 31 de octubre de 2007.


El acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su aprobación, es decir, este sábado 24.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Por cuarto día consecutivo, la PGR catea y asegura inmuebles en Sinaloa

MÉXICO D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó hoy que desde hace cuatro días realiza diversos cateos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en los que, subrayó, se han asegurado armas de fuego, vehículos e inmuebles.

En un escueto comunicado, la dependencia no detalla cuántos operativos ha realizado en aquella ciudad, en coordinación con personal de Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) y efectivos de la Policía Federal.

Sin embargo, extraoficialmente se sabe que hasta ahora llevan cateadas 11 residencias, entre ellas la de Emma Coronel Aispuro, la actual esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, y de algunos otras personas que le ayudar a fugarse de la prisión federal del Altiplano.

El boletín fue acompañado de fotografías que muestran el momento en el personal de la PGR coloca los sellos que indican que dicha propiedad quedó de bajo resguardo de la autoridad federal.

Estas acciones se iniciaron a principios de semana, después de la fallida recaptura del líder del Cártel de Sinaloa en la Sierra Madre, donde se encontraba oculto desde mediados de septiembre último.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Postergar “apagón” afectará competencia e internet para banda ancha móvil: expertos

MÉXICO, D.F: Postergar el “apagón analógico” hasta mediados o fines de 2016 afectará la competencia en televisión abierta, especialmente con la nueva cadena que licitó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y perjudicará la liberación del espectro de la banda 700 Mhz, conocida como el “dividendo digital”, y retrasará la adopción de tecnologías para banda ancha de cuarta generación, llamada 4G LTE.

Así expresaron diversos especialistas en estudios y comunicados en respuesta a la propuesta de senadores del PAN y del PRD para postergar el llamado “apagón analógico”, previsto para el 31 de diciembre de este año, en cumplimiento del artículo cinco transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.

“El apagón analógico requiere de fechas perentorias porque de otra manera no habría un tránsito uniforme al nuevo sistema digital. En ninguna parte del mundo ese apagón ha ocurrido con una completa cobertura de televisores digitales”, afirmaron Aleida Calleja, Raúl Trejo y Beatriz Solís, ex presidentes de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI).

En una declaración pública, los tres especialistas señalan cinco consecuencias de postergar el apagón analógico: afectará la diversidad de contenidos; perjudicará a la empresa que ganó una de las licitaciones para instalar una nueva cadena de televisión nacional; afectará el desarrollo de medios que ya han emprendido cambios frente a la digitalización, como son los casos del Canal Once, Canal 22 y TV UNAM, entre otras.

Sobre los medios públicos que han expresado su inconformidad por carecer de recursos económicos y técnicos, los expresidentes de la AMEDI propusieron “garantizar esos recursos ahora mismo”. “Diferir el apagón no resolvería ese problema que, por lo demás, esos medios no plantearon a tiempo”, subrayaron.

Advirtieron que los legisladores pretenden “subordinar el desarrollo de la televisión y de esa manera una decisión constitucional del Estado mexicano a los intereses y caprichos de una empresa privada, Televisa”.

Afectará Desarrollo De Banda Ancha Móvil en México

Por su parte, el director de Mediatelecom, Jorge Fernando Negrete, advirtió en un estudio divulgado este viernes que postergar el apagón analógico afectará la liberación de la banda 700 Mhz, ocupada para las señales de televisión analógica.

“La importancia de la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) y el apagón analógico no sólo radica en la mejor recepción de señales o el simple uso de mejores estándares de transmisión. El principal beneficio del apagón es proveer el espectro necesario para la instalación de redes de banda ancha móvil”, afirmó Negrete.

Si se retrasa el apagón analógico, también se afecta la inclusión digital del país. Consideró que en México se pueden generar beneficios para la asignación entre 1,330 a 1,995 millones de dólares, un impacto económico de 453 millones de dólares en la adquisición de bienes productivos, y 24 millones de dólares en la adquisición de servicios y de 29 millones de dólares en servicios comerciales, según estudio de las consultorías GSMA y AHSIET.

Negrete recordó que en Estados Unidos el apagón analógico concluyó en 2009, “no sin tropiezos y sin siquiera llegar a una penetración del 100 por ciento, lo que permitió que la banda 700 Mhz fuera licitada y desplegada en partes, incluso antes de concluir por completo el apagón”.

Televisa se Defiende

Por su parte, Grupo Televisa publicó un desplegado en el que niega que ellos hayan presionado a los legisladores que propusieron postergar el apagón analógico. Las declaraciones de Emilio Azcárraga Jean a Radio Fórmula sólo fueron un “punto de vista sobre el apagón con Ciro Gómez Leyva”.


Para la principal empresa televisiva del país, que concentra el 70 por ciento de las concesiones en este servicio, “nadie debiera estar a favor de dejar a cientos de miles, potencialmente a millones, de personas, sobre todo de escasos recursos, sin la posibilidad de ver televisión gratuita”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Tercera llamada a Laura Bozzo; Segob la investiga por violar la intimidad de menores

MÉXICO, D.F: Por tercera vez en menos de cuatro años, la Secretaría de Gobernación confirmó que investiga al talk show de Laura Bozzo que se transmite en Televisa por presunta violación a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, tras la aprobación el 17 de junio pasado de un punto de acuerdo en el Senado, propuesto por Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

El periódico El Universal hizo una solicitud de acceso a la información a la Secretaría de Gobernación y el oficio de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía confirmó que “se está haciendo de los elementos para determinar la procedencia de las acciones legales que en derecho correspondan dentro del ámbito de su competencia”.

El punto de acuerdo promovido por De la Peña, senadora del PRD, argumentó que el talk show de Bozzo denigra, expone, agravia y revictimiza a través de sus historias a niños y niñas, violando el artículo 76 de la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que establece la protección de los datos personales de los menores.

“Se entiende por violación a la intimidad de los niños, niñas y adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación que dañen su honra o reputación o los ponga en riesgo”, argumentó el punto de acuerdo de De la Peña.

La Secretaría de Gobernación aclaró que no se trata de una investigación para expulsar del país a la conductora de origen peruano, como ocurrió en julio pasado, tras otro punto de acuerdo promovido en la Cámara de Diputados por la legisladora Verónica Jiménez, del PRD, quien retomó una petición presentada por el profesor de Derecho, Manuel Alejandro Vázquez Flores.

En diciembre de 2011 la misma independencia investigó y emitió una sanción menor al programa vespertino por haber insultado como “putita” a una de sus invitadas.

En entrevista con Radio Fórmula, Bozzo afirmó el jueves 22 de octubre que sólo se retirará de Televisa “si me da un infarto y yo diga que pase el desgraciado”. Afirmó que mantiene un contrato por 10 años con la empresa dirigida por Emilio Azcárraga Jean.

Por si fuera poco, la conductora acostumbrada a vivir del escándalo y de las desgracias ajenas, afirmó que tiene un nuevo proyecto denominado La Historia Detrás de los Crímenes, que abordará el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

En diciembre de 2011, la Secretaría de Gobernación también afirmó que evaluaba le programa de Bozzo, denunciado por organizaciones feministas al haber insultado como “putita” a una de sus panelistas, en un programa transmitido en noviembre del mismo año.

También en esa ocasión, el escándalo no pasó a mayores. Y Bozzo continuó con su programa que se ha dedicado también a vender productos milagro y promover a gobernadores, como el mexiquense Eruviel Ávila.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Sedatu crea comité de emergencia por ‘Patricia’; evacuan a 50 mil en Jalisco

Lo anterior para atender las prioridades de atención a la población que vive en Colima, Jalisco y Nayarit.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó que se creará un Comité de Emergencia para atender las prioridades de atención a la población que se vive en Colima, Jalisco y Nayarit, tras el paso del huracán Patricia.

La titular de la dependencia federal, Rosario Robles Berlanga, se reunió este viernes con los subsecretarios y los titulares de los organismos sectorizados para evaluar y elaborar las acciones a seguir ante la emergencia por el fenómeno meteorológico.

La funcionaria explicó que las acciones del sector para atender la contingencia serán coordinadas por la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de Sedatu.

Esta dirección será responsable de planear las acciones inmediatas a emprender para evaluar posibles daños, realizar los censos en viviendas e implementar las labores para rehabilitar vialidades.

Robles Berlanga también instruyó crear un comité de emergencia para atender las prioridades de atención a la población que vive en estos cuatro estados del país, a fin de salvaguardarla vida de las personas, abastecer de víveres, agua, y enseres de limpieza.


Por cierto que Proceso informó que autoridades de Jalisco evacuaron a unas 50 mil personas que habitan en zonas de riesgo, y en diferentes municipios de Puerto Vallarta ante el inminente impacto del huracán Patricia, categoría 5, en la región Costa Sur. Además, dieron a conocer la apertura de 118 albergues.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Así sería la trayectoria del #HuracánPatricia

"Es altamente probable que el ojo de Patricia comience a pasar entre Playa Perula y Bahía de la Manzanilla (Jalisco) esta tarde, aproximadamente a las 18:30 horas", puntualizó Conagua.

El huracán “Patricia” de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, toca tierra esta tarde-noche en México, a través de Jalisco, y es “extremadamente peligroso”, indicó la Comisión Nacional del Agua.

En su reporte emitido a las 16:15 horas, precisa que mantiene “rachas de viento de 380 kilómetros/hora, por lo que los efectos de vientos fuertes y oleaje elevado han comenzado a presentarse en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco”.


El huracán “se desplaza hacia el nor-noreste y se prevé que el ojo de “Patricia” comience a pasar entre Playa Perula y Bahía de la Manzanilla (en Jalisco) esta tarde, aproximadamente a las 18:30 horas. Provocará lluvias intensas a puntuales torrenciales, violentas rachas de viento y oleaje elevado en los estados del Pacífico Centro”, alertó.

“En las costas de Jalisco se prevén vientos mayores a 150 km/h y rachas de 180 km/h, los cuales pudieran incrementarse conforme se aproxime el sistema; las costas de Colima con vientos de 100 km/h y en Nayarit vientos de 80 km/h con rachas de hasta 120 km/h; en las costas de Michoacán vientos de 80 km/h con rachas de 120 km/h; así como oleaje elevado en las costas del sur de Jalisco de 6 a 8 m, sin descartar superiores por efectos combinados de marea de tormenta, en las costas de Michoacán y Colima de 5 a 7 m; en la costa de Guerrero de 2.5 a 4.5 m; en la costa del occidente de Jalisco de 3.5 a 5.5 m; en la costa de Nayarit, sur del Golfo de California y costa sur-oriental de Baja California Sur de 3 a 4 m. En inmediaciones de Patricia, de hasta 8 m en zonas marítimas del Pacífico central mexicano, así como la posible formación de trombas marinas, torbellinos y tornados en las inmediaciones del ciclón, al momento de tocar tierra”, indicó la Conagua.

El Centro Nacional de Huracanes reporta también lo que ocurre:

Mapa de #TrayectoriaPronóstico del #Huracán #PATRICIA #categoría5 en el Océano #Pacífico de las 16 h pic.twitter.com/mxjcJO7Lt4

— CONAGUA Clima (@conagua_clima) octubre 23, 2015

#VigilanciaMeteorológica 16 h en: https://t.co/HAPwnEYzH7 pic.twitter.com/tS8bLYgWx9

— CONAGUA Clima (@conagua_clima) octubre 23, 2015

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2310/mexico/asi-seria-la-trayectoria-del-huracanpatricia/

Denuncias por tortura se duplicaron en México de 2013 a 2014

México D.F: Mientras el presidente Enrique Peña Nieto mantiene en suspenso la presentación de una iniciativa de ley sobre tortura, las denuncias por la comisión de ese delito presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) aumentaron el doble y no se ven avances en la consignación de los responsables, denuncia Amnistía Internacional.

En su informe “La epidemia de tortura en México continúa”, la organización radicada en Londres, Inglaterra, hace una revisión de denuncias presentadas ante la PGR y resalta que “los registros oficiales sobre tortura y malos tratos en el país son inexactos, contradictorios e incompletos, lo que socava el cumplimiento de la obligación del Estado de prevenir adecuadamente, investigar y castigar la práctica de la tortura y los malos tratos”.

De acuerdo con la información obtenida por el organismo a partir de solicitudes de información, a las que la dependencia respondió en junio pasado, “la PGR declaró que el número de denuncias presentadas por tortura a nivel federal se habían más que duplicado entre 2013 y 2014: de mil 165 a 2 mil 403”.

Al reconocer que a partir de una directriz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en diciembre de 2014, para que todos los jueces canalizaran de oficio las quejas por tortura presentadas por detenidos, Amnistía resalta que hasta el año pasado la PGR había acumulado 4 mil 55 denuncias por tortura, de las cuales mil 884 se encontraban en investigación, en tanto que los peritos especializados para determinar la tortura tenían pendientes de realizar mil 600 exámenes.

En cuanto a consignaciones, el documento agrega que el Subprocurador Especializado en Delitos Federales respondió a la organización que la dependencia no contaba “con una cifra dura”, sobre la presentación de cargos.

De acuerdo al documento, la PGR no pudo explicar si la cifra de 2 mil 403 denuncias presentadas en 2014, correspondía a casos registrados en ese año o de años anteriores, como tampoco fue capaz de proporcionar un desglose por género, edad y nacionalidad.

“La falta de estos datos desglosados socava seriamente el cumplimiento de la obligación de prevenir e investigar adecuadamente las denuncias de tortura y otros malos ratos, y en última instancia, impide a las autoridades elaborar políticas específicas para abordar sus causas y el impacto que la tortura y los malos tratos tienen sobre los distintos grupos afectados”.

En el documento se resalta que pese a que la tortura es un delito recurrente en México, recientemente la PGR ha capacitado personal para investigar los casos, y cuenta con agentes del Ministerio Publico encargados de atender las quejas, como parte de la Suprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, lo que significa que cada uno “tendría que llevar a cabo hasta 80 investigaciones de tortura cada año”, aparte de los casos sobre otros delitos de los que se ocupe su oficina”.

Amnistía muestra su preocupación por que en entrevistas con personal encargado de atender las quejas se advierte una predisposición a considerar que son presentadas como parte de una estrategia de defensa de los inculpados, para desacreditar las investigaciones en su contra.

Sin embargo, en entrevistas con reos, dice, la gran mayoría de quienes han denunciado tortura ante la organización refieren que no lo hicieron ante ninguna institución por miedo a represalias a ellos o sus familias.

A lo largo de sus investigaciones sobre este tema, Amnistía ha advertidos que con frecuencia “a la denuncia de tortura simplemente se le asigna un número de expediente, sin que lleguen a producirse avances claros en la investigación”, en tanto que los presuntos responsables “a menudo permanecen en sus puestos pese a que se hayan abierto investigaciones contra ellos y, en muchos casos, los agentes del ministerio público ni siquiera analizan pruebas más básicas, como los registros de la detención, las pruebas halladas en el lugar del crimen y los testimonios clave”.

Amnistía incluye en su informe dos casos emblemáticos, para ejemplificar la falta de diligencia de las autoridades para investigar casos de tortura, los de Enrique Guerrero Aviña y Damián Gallardo Martínez, activistas universitarios acusados de secuestro por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (Seido) en 2013 y recluidos en un penal de alta seguridad, cuyas denuncias apenas empezaron a indagarse en octubre de este año.

Para dar cuenta de que el primer encubrimiento de la tortura la ejercen los médicos legistas, en el documento se presenta el caso de Tailyn Wang, quien tenía siete semanas de embarazo en febrero de 2014 cuando fue detenida por policías federales, quienes la golpearon abusaron sexualmente de ella hasta que abortó. Pese a denunciar lo que le ocurría a distintos peritos que la revisaron no recibió atención médica, ni siquiera en el penal de alta seguridad donde fue trasladada acusada de delincuencia organizada.

El documento resalta que el incremento en el número de denuncias por tortura en la PGR no es proporcional a la aplicación del Dictamen Especializado o Protocolo de Estambul para verificar las lesiones, así mientras en 2013 los legistas llevaron a cabo 206 exámenes, en 2014 fueron 185, y sólo 22 casos se confirmó la tortura.

En el reporte, Amnistía Internacional resalta que en una reunión con personal de la PGR en agosto último se le informó que “había pendientes más de mil 600 solicitudes de Dictamen Especializado entre ellas algunas que contenían grupos de hasta 40 denuncias individuales de tortura”, en tanto que cada año los forenses de la dependencias “llevaban a cabo 140 mil exámenes médicos diferentes de los que el Dictamen Especializado constituía sólo una pequeña fracción”.

Para la organización ni el Dictamen Especializado ni los forenses cumplen con normas internacionales “y hacen caso omiso de la tortura y malos tratos, además, en ocasiones dan muestras de imparcialidad y encubrir a sus colegas”, y peor aún es que las directrices de la PGR obstaculizan “el acceso de las víctimas a expertos médicos y psicólogos independientes”.

La organización hizo ocho recomendaciones en el contexto de la discusión sobre la legislación sobre tortura, entre las que destacan la “obligación concreta, con un plazo determinado de que los agentes del ministerio público hagan un seguimiento de las denuncias de tortura que les hayan sido remitidas por los jueces, y la obligación de que médicos oficiales informen de inmediato sobre las señales de tortura que presenten los detenidos”.

Se sugiere un registro desglosado de las denuncias de tortura, por género, nacionalidad y edad; que se defina la tortura con los más elevados estándares internacionales, y no por nivel de gravedad; permitir la asistencia de médicos y psicólogos independientes y que sus conclusiones tengan el mismo valor probatorio que las oficiales.

También se recomienda que en la legislación se garanticen investigaciones exhaustivas, y no únicamente en los exámenes forenses oficiales, sino “entrevistar a testigos, posibles víctimas y torturadores superiores y realizar inspecciones del lugar del delito, así como investigaciones sobre otros informes relacionados de tortura y malos tratos para identificar patrones de conducta abusiva por parte de los funcionarios implicados”; garantizar la independencia de los forenses, tanto médicos como psicólogos, y crear un órgano de supervisión en el que intervengan autoridades y sociedad civil.


Para Amnistía Internacional además de la legislación, será importante “reconocer púbicamente la magnitud del problema de tortura y los malos tratos en México y transmitir un mensaje que indique claramente que estos actos ya no se tolerarán”, llevar a responsables ante la justicia y otorgar reparaciones adecuadas a las víctimas e implementar las recomendaciones formuladas por el relator especial de la ONU sobre tortura, y otras penas crueles inhumanos o degradantes y las observaciones preliminares de la visita del pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

El narco entre nosotros

El narcoterror acecha la Ciudad de México. Esta semana los capitalinos han sido testigos de escenas macabras como cuerpos colgados en puentes, hombres calcinados y ejecutados con narcomensajes para el Jefe de Gobierno. La premisa de que los cárteles de la droga no operan en la capital del país se desploma.

Un cuerpo colgado de un puente vehicular en Iztapalapa. Un asalto masivo perpetrado por un comando en la colonia Roma. Un hombre maniatado, calcinado y “entambado. Uno más ejecutado con un narcomensaje para el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

El narco acecha la Ciudad de México, la capital del país que por muchos años sus autoridades han presumido como una zona neutra sin presencia de los cárteles de la droga.

Esa premisa hoy está más que en entredicho.

Los hechos violentos “estilo narco” que han ocurrido esta semana en la Ciudad de México han generado zozobra entre los capitalinos tan ajenos a las balaceras y ejecuciones de alto impacto predominantes en los estados del norte del país.

La ola de violencia inició la madrugada del lunes cuando el cuerpo de un hombre –vendado y atado- fue colgado de un puente vehicular en la delegación de Iztapalapa con un mensaje para internos del Reclusorio Oriente.

Ese mismo día un comando irrumpió en un restaurante para robar a una veintena de comensales de un restaurante localizado en la colonia Roma de la delegación Cuauhtémoc. Se llevaron sus bolsas, carteras y celulares. 

Esos asaltos masivos eran comunes en ciudades como Monterrey cuando estaba bajo el asedio del Cártel de los Zetas.

El martes el cadáver de una persona maniatada, calcinada, con huellas de tortura, fue encontrado “entambado” en la misma delegación de Iztapalapa.

Ayer miércoles la racha violenta continuó en la capital del país. El cuerpo de un ejecutado fue encontrado con un mensaje dirigido al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera.

“Aquí le vamos a poner a quienes son los que nos an estado amenasando y an matado gente, estan protegidos por el cano e Israel, comandantes del reclusorio oriente, entre ellos protegen a los internos El Pulca, coyotes, esteban”, rezaba el escrito.

El narcomensaje fue firmado por un grupo denominado Gente Nueva del Avispa.

La presencia del narco en el Distrito Federal es cada vez más visible, pese a la decisión de las autoridades capitalinas de seguir negando la existencia de los cárteles de la droga en la capital del país.

El multihomicidio de cinco personas en la colonia Narvarte, la ejecución del dueño de un bar de la colonia Condesa y reporte de balaceras han sacudido a los capitalinos en los últimos meses.

Han ocurrido sucesos como  decomisos de droga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y balaceras en la terminal aérea, que ponen en duda la versión oficial de que el narco no opera en la capital del país.

Años antes habían ocurrido casos como el secuestro de 13 jóvenes en el bar Heaven de la Zona Rosa, encontrados muertos días después en una fosa en el Estado de México. O la detención de hijos de capos del narcotráfico como Vicente Carrillo Leyva, hijo de Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos”, líder del Cártel de Juárez, o de Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo, hijo del Mayo Zambada, socio y amigo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La PGR informó el año pasado que el Cártel Jalisco Nueva Generación tenía células en la Ciudad de México. Pero este año la dependencia federal retiró de su mapa de cárteles la capital del país.

“Hay una decisión política federal y local, por supuesto, de tener aunque sea de manera ficticia y, como ilusión, una zona neutra”, señala  Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro y una de las activistas más importantes en temas de inseguridad y delincuencia, considera que en el Distrito Federal sí hay presencia de la delincuencia organizada, aunque lo nieguen las autoridades.

“Yo creo que en el DF sí hay delincuencia organizada, creo que indirectamente el doctor Mancera ya lo aceptó y aquí yo creo que esa discusión ya está más que rebasada; si él tenía una duda, con el cartel que le dejaron ahí en la persona que apareció muerta, creo que ya no le queda ninguna duda.

El día de ayer Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno, aseguró que la Procuraduría capitalina dará con los autores de estas ejecuciones de alto impacto que se han registrado esta semana.

“Vamos a estar con una sobrevigilancia en todos los espacios, pero con estos ‘amigos’, vamos a dar con ellos”, aseguró el Jefe capitalino.

Una burbuja llamada DF

Es como un cuentito, una historia, una fábula... La Ciudad de México es una burbuja que no se contamina con el cochinero del crimen organizado. 

Es la versión oficial.

Así lo maneja la autoridad capitalina y la Procuraduría General de la República (PGR): en el Distrito Federal no operan los cárteles de la droga.

Así lo explica Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim): Todos los escenarios de violencia armada necesitan una zona neutra, al menos en el discurso oficial.

“Hay una decisión política federal y local, por supuesto, de tener aunque sea de manera ficticia y, como ilusión, una zona neutra. Todos los conflictos militares, de todo orden, necesitan una zona neutra, en todos los países, esto es un criterio de guerra”, afirma el experto en temas de violencia.

En México, esta ficción, esta ilusión, este oropel, esta fantasía, se llama Ciudad de México.


“En todos lados se requiere una zona neutra, que es donde guardas a tu familia, que es donde tienes la posibilidad de hacer pactos y la Ciudad de México, por estar aquí los Poderes de la Federación concentrados, se tiene que generar y sostener a toda costa esta ilusión de zona neutra, lo cual no es cierto”, asegura.

Es como conseguir una moneda de tres pesos o tapar el Sol con un dedo. A la Ciudad de México llegan cargas y cargas de droga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde apenas en septiembre encontraron una tonelada de cocaína negra, a la que se le pone un tratamiento químico para que se confunda con otra sustancia y luego se le procesa para que retome su color original.

“Hay una ficción necesaria de crear una zona neutra en este país, es decir, hay un incremento del dominio territorial del crimen organizado en todo el territorio, pero se necesita, como en todos los países donde hay violencia armada, un acuerdo político, a veces no necesariamente que se reúnan y lo definan. Es un acuerdo fáctico para tener una zona neutra”, afirma el especialista.

El asesinato de cinco personas en la colonia Narvarte estuvo vinculado en un principio con el cártel de Los Zetas. Luego dijeron que no.

Así es el análisis del crimen organizado en México, como dicen una cosa dicen otra. Alguna vez la PGR reconoció que en la Ciudad de México operaba el Cártel Jalisco Nueva Generación pero luego se desdijo. 

En los mapas del crimen de 2014 y 2015 -ambos en poder de Reporte Indigo- se aprecia que a la parte del cártel de Nemesio Oseguera “El Mencho” se lo tragó la tierra. Se esfumó.

En el año 2014 la Procuraduría General de la República reconoce que en el DF opera una parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación y que “no se identifican grupos o pandillas vinculadas con la organización”. Es decir, lo ubica entonces como un cártel sólido del que no se desprenden subgrupos y opera, además de en la capital de la República, en Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos y Veracruz.

En la última versión, otorgada hace un mes, el mapa del crimen ya no reconoce la operación del CJNG en la capital del país.

Ninguna de las otras ocho organizaciones delincuenciales reconocidas por la PGR operan en la capital de la República. En el mapa del crimen, el DF aparece como un punto en blanco.

“Es imposible que la Ciudad de México en una burbuja frente a un escenario de un país en el que el narcotráfico define los rumbos. Obviamente, tiene que ver con una ficción necesaria, políticamente cuidada, tan sólo imagínense el peso político que representaría para la Federación, además, para la Ciudad de México, reconocer que aquí los tenemos, que operan los corporativos de los distintos grupos criminales”, manifestó .

“La Ciudad de México, que es la capital de los Poderes, que es donde está la Federación, tendría un alto costo político de reconocer que aquí también mandan y administran los distintos grupos criminales”, afirmó el experto.

Solamente de algunos años a la fecha la presencia de los cárteles de la droga se ha hecho presente. En 2008, fueron detenidas 11 personas tras un operativo en tres casas de zonas residenciales del Distrito Federal, como Jardines del Pedregal y Romero de Terreros. 

La autoridad encontró tras una cacería de tres semanas, lanzagranadas, armas, máquinas para contar el dinero y droga. Los hombres, que supuestamente estaban al servicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán para el cártel de Sinaloa, vivían en esas casas con muebles estilo virreinal y televisores de 50 pulgadas, hasta que un operativo los agarró dormidos en enero de 2008 alrededor de las 4 de la mañana y unas horas después llegaron los reporteros.

Los detenidos conformaban tres grupos al servicio del Arturo Beltrán Leyva, quien entonces encabezaba a la organización criminal en la Ciudad de México. La policía encontró chalecos antibalas con la leyenda F.E.D.A. Eran las Fuerzas Especiales de Arturo.

El experto de la Redim, con base en la operación de calle que realiza con niños que son reclutados por las bandas del crimen organizado, afirma que hay un triángulo en donde se acentúa la incidencia de delitos del orden federal por parte de jóvenes, entre los territorios de Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Ciudad Nezahualcóyotl.


“Creo que sería muy importante reconocerlo, el que vivamos la ficción de que aquí es zona libre de narcotráfico deja en desprotección, como lo estamos viendo en las cifras, a las y los adolescentes”, asevera.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JULIO RAMÍREZ.

Pide SRE esclarecer muerte de mexicano

La embajada de México en Estados Unidos pide investigación para deslindar responsabilidades tras el asesinato de un mexicano ocurrido en un paso fronterizo de California.

La embajada de México en Estados Unidos y el consulado en California solicitaron una investigación transparente, imparcial y expedita para esclarecer la muerte de un mexicano por disparo de arma de fuego en el puerto de entrada de Calexico.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que el gobierno de México lamenta profundamente el incidente ocurrido la madrugada de este miércoles, por lo que confió en que se deslinden responsabilidades a la brevedad.

Portaba un cuchillo

El mexicano de 35 años, a quien no se le permitió ingresar a EU, conducía una bicicleta y parecía que no iba a detenerse, afirmó Pete Flores, director Aduanas y Protección Fronteriza en San Diego. 

El hombre empuñó un cuchillo de unos 20 centímetros de largo luego de que el inspector lo tomó del otro brazo y lo obligó a bajar de la bicicleta. 


El hombre levantó su cuchillo y se movió hacia el inspector, quien retrocedía al momento de los disparos, agregó Flores.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

Reunión de emergencia en Los Pinos por huracán “Patricia”

México, D.F: El presidente Enrique Peña Nieto encabezó esta madrugada una reunión de emergencia con su gabinete para ultimar detalles sobre las medidas preventivas que se aplicarán una vez que el huracán Patricia, el más intenso de los últimos 50 años, toque tierra en las costas de Jalisco.

En un comunicado, la presidencia de la República informó que la evaluación del fenómeno natural y los daños que podría causar en las próximas horas fueron expuestos al gabinete por el titular de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, quien calificó “graves” los efectos, según la proyección.

Para atender a las entidades que se verán más afectadas por el meteoro, Peña Nieto designó para el enlace del gobierno federal a los secretarios de Agricultura, José Calzada Rovirosa, como su enlace en Colima; de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para Jalisco, y al de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, para Nayarit.

Los funcionarios mencionados estarán al frente de las acciones definidas por el gobierno de la República, coordinarán las tareas de las dependencias del gobierno federal, y se comunicarán con las autoridades estatales y municipales para la atención de los daños.

Como se ha informado en las últimas horas, el huracán Patricia alcanza la categoría 5, esto es el más intenso de la escala Saffir-Simpson, la clasificación meteorológica estadunidense para determinar la fuerza de tormentas tropicales y huracanes. Conforme a los reportes, se prevé que además de las entidades mencionadas, las precipitaciones y vientos, afecten al estado de Michoacán.


La presidencia convocó a la población a mantenerse atenta y acatar las recomendaciones de las áreas de Protección Civil.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.