Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Nacional

Estados

Politica

Violencia

En reunión secreta, gobernador de Guerrero reparte notarías a allegados

CHILPANCINGO, Gro: El gobernador interino Rogelio Ortega Martínez decidió entregar de última hora y en sigilo, seis patentes notariales a hijos de fedatarios en funciones, exfuncionarios y familiares del defenestrado exgobernador Ángel Aguirre Rivero.

Apenas la semana pasada Ortega aseguró públicamente que en su administración no entregaría notarías.

Proceso dio a conocer desde mediados de agosto que el gobernador habría solicitado el pago de 35 millones de pesos para otorgar siete patentes, de las cuales dos estaban vacantes y cinco se encontraban concesionadas a jueces de primera instancia que actúan por ministerio de ley.

Amparado en la noche de este viernes 23, el gobernador Ortega encabezó una reunión secreta realizada en las oficinas de la Protur, ubicadas en la zona Diamante del puerto de Acapulco, donde acompañado por el secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado consumaron el reparto de notarías, informaron fuentes oficiales.

La entrega de seis de las siete notarías disponibles, sintetiza los señalamientos de corrupción y la opacidad que caracterizó la administración de Ortega, a unas horas de que finalice su periodo como interino este lunes 26 y reafirma que la entrega de notarías se ha convertido en un negocio para los gobernantes en turno.

Los beneficiados con las patentes entregadas este fin de semana en la clandestinidad son: Francisco Aguirre Gutiérrez; Francisco Salgado Coronel; Ana García Ramírez; Brenda Deyanira Alarcón López; Rodrigo Ortiz D´Ora Ramos y Lázaro Vega Morales, indicaron las mismas fuentes consultadas por Proceso.

Aguirre Gutiérrez es sobrino de Aguirre Rivero e hijo del expresidente del Colegio de Notarios, Juan Aguirre Utrilla, y hermano de Ernesto Aguirre, considerado el súper asesor del exmandatario y ejemplo del nepotismo que éste ejerció durante su gobierno.

Salgado Coronel es hijo de Humberto Salgado Gómez, compadre de Aguirre Rivero, quien se desempeñó como secretario de Gobierno y coordinador de los proyectos emblemáticos de inversión que el exgobernador dejó truncos, como el Acabús y el macrotúnel en Acapulco.

Salgado Coronel fungió como subsecretario de Seguridad Pública, pero renunció tras el escándalo que exhibió el nepotismo de la administración aguirrista.

Los dos juniors presentaron el examen, pese a que no cumplieron con los requisitos de la Ley del Notariado estatal, debido a que no acreditaron el periodo de tres años de laborar por tiempo completo en una notaría y tampoco presentaron certificados de especialización en derecho notarial, ni la carta de antecedentes no penales estatal, ni federal, como tampoco la constancia de no haber sido servidor público por designación del Ejecutivo o electo por elección popular durante los últimos tres años antes de presentar el examen.

Ana García Ramírez, es hija del notario porteño y actual funcionario estatal, Miguel García Maldonado.

En tanto que los tres restantes, solo se conoce que han laborado en notarias de fedatarios del puerto de Acapulco que han sido beneficiados de la misma forma, mediante la decisión unilateral del gobernador en turno.

La historia del reparto de notarias

El pasado 19 de agosto, apro dio a conocer que Ortega Martínez habría solicitado el pago de 35 millones de pesos para otorgar siete patentes de notario, de las cuales dos están vacantes y cinco se encuentran concesionadas a jueces de primera instancia que actúan por ministerio de ley.

Además, fuentes oficiales informaron que a través de su personero Victoriano Sánchez Carvajal, subsecretario de Asuntos Jurídicos, el secretario de Gobierno, David Cienfuegos, cobró 20 mil pesos a cada uno de los 30 aspirantes para que de manera previa e irregular tuvieran acceso a los temas del examen que se realizó el 7 de agosto para obtener la patente.

Luego de desacreditar la información, mofarse y amenazar a este reportero con denunciarlo por daño moral, Ortega guardó silencio, y a través de su secretario de Gobierno operó los cambios de adscripción para beneficiar a notarios en funciones.

Dos meses después Ortega habló públicamente del caso de las notarías y anunció que no iba a entregar ninguna patente.

“En mi gobierno no se entregaron notarías, en mi gobierno no se va a entregar una sola notaría”, expresó durante un acto público realizado el lunes 12 en la ciudad de Taxco, donde señaló que en el tema del reparto de patentes “hay un error, porque alguien difundió una absoluta mentira y parece que la mentira es lo que más se escucha o se quiere escuchar”.

En el mismo evento, Ortega definió el cuestionado examen para obtener la patente de notario como un procedimiento “público, transparente y abierto”.

No obstante, dijo, corresponderá al nuevo gobierno estatal –que entra en funciones el próximo martes 27– continuar con este proceso, y “si considera le tocará entregar notarías”.

El gobernador Ortega, no solo entregó seis notarias a hijos de políticos y notarios, también autorizó cambios de adscripción para beneficiar a notarios en funciones con negro historial.

Premio a defraudadora fiscal

El miércoles 14, apro dio a conocer que Ortega había premiado a la notaria de Chilapa, Rosina Rojas Carrasco, con un cambio de adscripción a la notaría pública número dos –con sede en el puerto de Acapulco–, pese a que estuvo presa por el delito de defraudación fiscal.

De manera sigilosa y sin considerar los antecedentes penales y la falta de probidad de la mujer, el secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, autorizó el cambio de Rojas Carrasco y de otros dos notarios.

De acuerdo con documentos oficiales consultados por apro, Rosina Rojas estuvo presa en la Ciudad de México por el delito de defraudación fiscal equiparable, debido a que omitió el pago de impuestos por 750 mil pesos desde el año 2000.

La causa penal 36/2006 se encuentra radicada en el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en esta capital, donde se mantiene firme la responsabilidad penal contra la mujer, quien obtuvo la patente en la administración del exgobernador y actual senador priista, René Juárez Cisneros.

Durante un periodo prolongado, la notaría de Chilapa no tuvo responsable, hasta que Rojas Carrasco regresó a ejercer sin ningún impedimento, luego de salir bajo fianza, según fuentes oficiales.

Rosina Rojas fue premiada con el cambio de adscripción al puerto de Acapulco, no obstante que aún se encuentra sujeta a un proceso penal federal, indican los documentos consultados.


Los otros dos notarios beneficiados con el cambio de adscripción son Agustín Antonio Meza Bustos, quien se desempeñaba como notario público número uno en Tlapa y también fue cambiado al puerto de Acapulco, y el notario uno de Coyuca de Catalán, Aurelio Ortiz Gutiérrez, quien ahora despacha en el Distrito de Hidalgo, con sede en Iguala.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Atiende CNDH quejas por operativos de la Marina en Cosalá

México, DF. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió un grupo de visitadores al municipio de Cosalá, Sinaloa, con el objetivo de recibir y atender las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos que se presentan en ese lugar y poblaciones aledañas del estado de Durango, con motivo de operativos que realizan elementos de la Secretaría de Marina en la zona.

En un comunicado, el organismo nacional informó que su personal se trasladó al lugar desde el momento que tuvo conocimiento de los hechos, aunque no precisa la fecha exacta. Además, dijo, se establecerán los mecanismos de coordinación y apoyo necesario con las Comisiones Estatales de Derechos Humanos de Sinaloa y de Durango para el seguimiento y atención a posibles violaciones a derechos humanos.

La Secretaría de Marina confirmó que realiza acciones contra el crimen organizado en la zona conocida como “Triángulo Dorado”, que abarca a los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango desde hace unas semanas, cuando vecinos de la comunidad de El Verano, en Tamazula, Durango, reportaron disparos desde un helicóptero hacia su comunidad y posteriormente a los poblados cercanos, expuso. Las acciones de la dependencia se realizan en la búsqueda del narcotraficante prófugo Joaquín El Chapo Guzmán.

En el estado de Sinaloa, los visitadores adjuntos de la CNDH acudieron a los lugares donde se señalan ubican las casas que fueron abandonadas por sus propietarios para dirigirse a Cosalá; visitaron el albergue al que refieren fueron trasladadas las personas que por temor dejaron sus viviendas; recabaron el testimonio de diversos pobladores y han sostenido entrevistas con autoridades municipales y solicitado informes sobre los hechos.


La CNDH continuará dando seguimiento a los acontecimientos que se desarrollan en los Estados de Durango y Sinaloa y atenderá las quejas que por presuntas violaciones a derechos humanos se presenten, respecto de las cuales, una vez que haya concluido el estudio e investigación de las mismas, emitirá el pronunciamiento que corresponda, señala en su comunicado.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.

¿Vienes a ayudar o a hacer campaña?: Peña a Preciado

Inquiere Peña a Preciado en Playa Paraíso.

Playa Paraíso, Col. A unos metros de la destruida avenida principal de este pueblo pesquero, entre mujeres, niños y hombres suplicantes de apoyo para reconstruir sus casas y negocios, el presidente Enrique Peña Nieto fue en busca del senador panista Jorge Luis Preciado, quien observaba a escasa distancia la reunión con los pobladores afectados por el huracán Patricia.

–Jorge Luis, ¿tú andas haciendo campaña o estás ayudando? –preguntó Peña Nieto.

–¡Nooo! –replicó el ex candidato panista al gobierno del estado–, yo vine a acompañar al presidente de Tecomán, porque sus playas resultaron afectadas.

–Me da mucho gusto –repuso el Presidente–, ahora yo voy a llevar la labor de reconstrucción. Yo voy a ayudar en la reconstrucción; en la parte política, ¡en esa ni me meto!

Así, Enrique Peña se despidió de Preciado, una vez que el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, lo condujo hasta el panista, en medio de la tragedia de los de Playa Paraíso.


Antes, Preciado, rodeado de ayudantes y acompañado de una despampanante mujer, respondió con júbilo a quienes le gritaban: ¡Preciado, mi próximo gobernador, chingao!

–¡A güevo, putos! –replicaba gustoso.

Se le preguntó si pretendía hablar con Peña Nieto: No, el Presidente trae su propia agenda.

No obstante, la emprendió contra el gobernador Mario Anguiano Moreno. Se involucró en la campaña con todo. No esperaban el resultado, remontamos 26 puntos. Yo estoy esperando a que el Congreso convoque a elecciones y la elección se lleve a cabo. Voy a ser candidato.

Expuso que el gobernador saliente debe responder ante el Congreso. El artículo 59, fracción quinta, dice que sí hay causal de responsabilidad (por la intervención del gobierno en las elecciones), y el Congreso va a iniciar un proceso de responsabilidad, tanto a Rigoberto Salazar como al mismo gobernador. Por su culpa se perderán millones de pesos que se destinaron a la elección, como para que él lo eche a perder.


En esas estaba cuando Eduardo Sánchez se acercó a saludarlo. Se despidieron y minutos después Peña se acercaba a Preciado.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ROBERTO GARDUÑO.

“Peña Nieto va tras la UNAM”

El ex director de la Facultad de Ingeniería y ex miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM asegura que que ésta última "no permitirá injerencias externas; no se comportará con el sometimiento y la subordinación de los miembros del Legislativo".

Aún faltando meses para que la Junta de Gobierno de la UNAM iniciara formalmente el proceso de auscultación de la comunidad universitaria para la designación del Rector que sustituirá al Dr. José Narro, quien termina su segundo período al frente de nuestra Casa de Estudios, el presidente Peña Nieto empezó a mover sus peones, en forma por demás obvia, para “hacerse del control” de nuestra Casa de Estudios, prácticamente la única gran institución nacional que aún goza de credibilidad.

El Dr. Sergio Alcocer, ex Subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, renunció a ese cargo “para reintegrarse a la actividad académica”, léase, para buscar la Rectoría, con un alarde de publicidad en páginas completas patrocinadas en diarios nacionales, desayunos multitudinarios con organizaciones extrauniversitarias y comidas políticas, muy alejado de los usos y costumbres universitarios.

Al declarar su intención, se apresuró a señalar que no es “el candidato oficial”. “Explicación no pedida, aceptación manifiesta”, dice el adagio popular. Inició su campaña, con la formalidad de la mentira política y a la manera de la búsqueda de gubernaturas, alcaldías o diputaciones.

Este actuar, por sí sólo demuestra su falta de sensibilidad universitaria y el desconocimiento total de los sentimientos de la Comunidad.

Pero veamos, para entender y confirmar su campaña, su recorrido reciente: en 2011, el Doctor Alcocer se desempeñaba como Secretario General de la UNAM, la importante segunda posición en la administración de la UNAM, la que abandonó, con esa su invariable vocación por la formación de los mexicanos que hoy manifiesta, para apoyar la reforma energética, la entrega de nuestros recursos patrimoniales no renovables, que impulsaba Felipe Calderón con el hoy Secretario de Desarrollo Social José Antonio Meade, quien fungía entonces como Secretario de Energía.

Luego, cuando Meade fue enviado a la Secretaría de Hacienda, Alcocer, por asuntos ajenos a mi conocimiento, hubo de renunciar, siendo inmediatamente recogido por la UNAM como Coordinador de Innovación y Desarrollo, cargo que pronto abandonó, no sin antes dejar varios raspones y abolladuras en no pocos miembros de la comunidad y del que no se conoce logro alguno.

Se fue nuevamente con el Lic Meade, ahora a la SRE, como Subsecretario para Asuntos con Norteamérica, para reforzar la apertura energética –esa que se afirma promovió Hillary Clinton-, “garantizar la seguridad energética de Norteamérica”, y establecer “amarres” para la estrategia oficial de la entrega del petróleo y ahora, con ellos, aspirar a dirigir la UNAM; ¿para incorporarla al proyecto regional de Norteamérica?

Así es: la UNAM, luego la Secretaría de Energía en el gobierno del PAN, luego otra vez la UNAM, luego la Secretaría de Relaciones Exteriores en el gobierno del PRI, y ahora nuevamente a la UNAM. Cree que es también la UNAM –territorio puma-, “territorio de los chapulines”, que con tanto éxito maneja el Gobierno de la República.

Congruencia, convicción, principios, ética, ideología, valores universitarios que parecieran condiciones necesarias para dirigir la Universidad, aparentemente no son para el Dr. Alcocer, fundamentales; se puede “cambiar de piel”, como las serpientes, cada vez que sea necesario. “El teatro y el cambio de piel están ligados”, dice Pascal Quignard en ese su pequeño gran libro que es “La Lección de Música”. “El fin justifica los medios”, dicen que dijo Maquiavelo al Príncipe.

Dentro de esta estrategia, hace unos meses, en la Escuela Cockrell de Ingeniería de la Universidad de Texas, en la que hizo su posgrado y donde fue “invitado” –ya pergeñando su campaña para Rector- a ofrecer una conferencia que tituló “¿Qué está haciendo un ingeniero como Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México?”, Alcocer dijo entre otras cosas: “Hemos desarrollado una asociación muy colaborativa que define Norteamérica como la región más dinámica y emocionante del punto”. ¿Se refería a la ASPAN?

Señaló también: “Para responder a la pregunta de por qué se le pidió a un ingeniero ocupar esta posición crítica de política exterior de México, vuelvo a esos principios y enseñanza adquiridas en la Universidad de Texas - –no en la UNAM, sino en la Universidad de Texas, su verdadera Alma Mater-: la pasión y el compromiso de devolver a mi país la dedicación a la mejora de la realidad para las generaciones futuras y la integridad en el trabajo para avanzar en el mejor interés de mi país y de la región que compartimos con Estados Unidos y Canadá”. “A declaración de parte, relevo de pruebas”. Es el paradigma del estudiante de otras naciones, que propuso formar en las universidades norteamericanas –con enorme éxito- el Secretario de Estado norteamericano Robert Lansing, para conquistar al mundo sin necesidad de invadirlo territorialmente.

Se equivoca el presidente Peña Nieto, si toma a la UNAM como uno de los cuadros de su tablero de ajedrez; no puede ahí mover sus piezas como lo hace con los miembros de los tres Poderes de la Unión, sean o no idóneos para el cargo.

La Junta de Gobierno de la UNAM, única instancia –subrayo, única instancia responsable de la designación del Rector, está integrada por personas con dignidad, conscientes de la importancia de la Universidad, conscientes de la esencia de su autonomía y de los valores universitarios. No permitirá injerencias externas; no se comportará con el sometimiento y la subordinación de los miembros del Legislativo, ante las imposiciones del Presidente.

Y tampoco la comunidad universitaria aceptará imposición alguna. No permitirá la entrega de la Universidad, a intereses ajenos.

Coincide este momento con la celebración de los 100 años del nacimiento de Don Javier Barros Sierra, el último ingeniero en encabezar nuestra Casa de Cultura, quien con frecuencia recordaba con su palabra y con su actuar que “la Universidad es autónoma y su Rector también”.

Si el Dr. Alcocer, fuese designado Rector, tendría la comunidad universitaria que defender su autonomía, no con su Rector, como fue el caso con el Ingeniero Barros Sierra, sino contra el Rector.

Son evidentes e inapropiados los apoyos que ha tenido el Dr. Alcocer del Gobierno de Peña Nieto y desconozco con cuales cuenta dentro de la comunidad universitaria, pero sí sé que en la propia Facultad de Ingeniería, de la que egresó antes de irse a la Universidad de Texas a “adquirir sus principios y enseñanzas”, si bien algunos miembros de la comunidad verían con agrado su designación, más, según creo, por solidaridad gremial, que por convicción o simpatía hacia él; el resto de la comunidad de la Facultad de Ingeniería, es indiferente, o guarda en su memoria los agravios que la Institución ha recibido del Dr. Alcocer.


Su intención de ser Rector, desproporcionada frente a sus “méritos académicos”, que no le han permitido alcanzar, a sus 52 años de edad, el más alto nivel académico en la UNAM, no deja de ser una ambición muy personal o la necesidad de atender un compromiso político con objetivos distintos a los de nuestra Casa de Cultura y con valores distintos a los de los intereses nacionales.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JIMÉNEZ ESPRIÚ.

Demandan transparentar el proceso de selección para la Rectoría de la UNAM

Académicos exigen a la Junta de Gobierno transparentar su proceso deliberativo, transmitir en vivo las comparecencias de los aspirantes y explicar sus criterios de evaluación; descalificación y apoyo a Sergio Alcocer; respaldos a Rosaura Ruirz y Leonardo Lomelí.

El proceso para designar rector(a) de la Universidad Nacional Autónoma de México ha entrado en su recta final, en medio de solicitudes a la Junta de Gobierno para transparentar el proceso de selección y no permitir injerencias externas.

En tanto, ha habido pronunciamientos públicos en pro y en contra de algunos candidatos, entre ellos los del ingeniero Jiménez Espriú, quien se manifestó en contra de Sergio Alcocer, en un artículo publicado en Aristegui Noticias. Alcocer recibió de inmediato el apoyo del doctor René Drucker Colín, en una carta enviada a este Sitio noticioso.

Además, casi 150 mujeres universitarias, entre ellas Elena Poniatowska y Sara Sefchovich, manifestaron su adhesión a Rosaura Ruiz, directora de la Facultad de Ciencias.

Por su parte, el expresidente del IFE José Woldenberg hizo público su respaldo, en el diario Reforma, al director de la Facultad de Economía, Leonardo Lomelí.


Woldenberg, quien también planteó la necesidad de que la decisión se tome en las instancias universitarias, sin injerencias externas, escribió:
“La Universidad es autónoma y no por capricho. Se requiere que las decisiones de la institución se tomen en sus propios circuitos de deliberación y ejecución, sin injerencias externas. Y el hoy director de la Facultad de Economía ha probado en los hechos que tiene y sostiene un compromiso indeclinable con esa condición”.

En tanto, permanecen sin respuesta las preguntas que un nutrido grupo de académicos de la UNAM le dirigió a la Junta de Gobierno, a la cual le reprochan la “forma anti-democrática de procesar una decisión del más alto interés público para la Universidad y para la nación”.

Ante la opacidad con que consideran se está desarrolando el proceso de selección del próximo rector o rectora de la UNAM, los académicos, le recordaron a la Junta de Gobierno que “el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los actos de autoridad deben ser debidamente fundados y motivados. Asimismo, el Artículo 6 garantiza nuestro derecho ciudadano de acceso a la información pública y el Artículo 8 nuestro derecho de petición”.

Entre los académicos, quienes anteriormente firmaron el comunicado “Por la defensa de la universidad pública, de la UNAM”, figuran John Mill Ackerman, Jaime Cárdenas Gracia, Elvira Concheiro Bórquez, Gerardo de la Fuente Lora, Carmen Galindo, Juan Luis González Alcántara, Imanol Ordorika e Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

Además de formular nueve preguntas, los académicas demandan a la Junta transparentar su proceso deliberativo, transmitir en vivo las comparecencias de los aspirantes y explicar sus criterios de evaluación.


Por otra parte, desde las siete de la mañana de este viernes -informó La Jornada- fueron difundidos por Radio UNAM y TVUNAM, por orden alfabético, 10 mensajes de los candidatos “finalistas” a la Rectoría: Sergio Alcocer, Francisco Bolívar, Fernando Castañeda, Javier de la Fuente, Enrique Graue, Héctor Hernández Bringas, Juan Pedro Laclette, Leonardo Lomelí, Suemi Rodríguez y Rosaura Ruiz.

El posicionamiento de los académicos, hecho público el 20 de octubre, es el siguiente:

PREGUNTAS PARA LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA UNAM (20 de octubre, 2015).

Este jueves, 22 de octubre, la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dará a conocer públicamente su lista de “finalistas” en el proceso de selección del próximo rector o rectora de la UNAM.

A partir de ese día, los integrantes de la Junta ya no se reunirán con la comunidad académica para conocer sus opiniones, sino que solamente recibirán comunicaciones por escrito. Después de una serie de entrevistas privadas entre los aspirantes y los integrantes de la Junta, así como un proceso secreto de deliberación, se anunciará el nombre del nuevo rector o rectora que iniciará labores el 17 de noviembre de 2015.

Los y las firmantes del comunicado “Por la defensa de la universidad pública, de la UNAM” reiteramos nuestro desacuerdo con esta forma anti-democrática de procesar una decisión del más alto interés público para la Universidad y para la nación.

Recordamos que el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los actos de autoridad deben ser debidamente fundados y motivados. Asimismo, el Artículo 6 garantiza nuestro derecho ciudadano de acceso a la información pública y el Artículo 8 nuestro derecho de petición.

En el contexto actual de crisis política, económica, social, institucional y ambiental es particularmente importante tomar todas las medidas posibles para garantizar el fortalecimiento institucional de la Máxima Casa de Estudios así como defender su carácter público, autónomo y democrático.

Solicitamos a la Junta de Gobierno que transparente su proceso deliberativo, transmita en vivo las comparecencias de los aspirantes, explique sus criterios de evaluación, justifique plenamente sus decisiones, y se pronuncie públicamente a favor de una reforma a la Ley Orgánica de la UNAM para modificar definitivamente los próximos procesos de selección de directivos de la universidad. Ninguna de estas acciones violaría disposición alguna de la legislación universitaria.

En ejercicio de nuestro derecho constitucional de petición, también planteamos y esperamos la respuesta de la Junta de Gobierno a las siguientes preguntas:

1) ¿Cuáles pasos propondrían para incrementar la transparencia y la publicidad del funcionamiento de la Junta de Gobierno? ¿Por qué mantener en secreto las deliberaciones de la Junta y las entrevistas con los aspirantes?

2) ¿Qué elementos tomarán en cuenta para la designación del próximo Rector o Rectora? ¿Han establecido un rango cuantitativo y de validez para cada aspecto a considerar (formación académica, experiencia administrativa, experiencia laboral)? ¿O los criterios los van estableciendo sobre la marcha, al calor del proceso mismo?

3) ¿Tienen presente los miembros de la Junta que muchos de los universitarios que asisten a las entrevistas de “auscultación” lo hacen obligados por ser objeto de presiones institucionales o relaciones clientelares? Si los miembros de la Junta tienen conocimiento de que esto sucede, ¿consideran esas prácticas compatibles con el espíritu universitario?

4) ¿Cuál es la relación entre el proceso de “auscultación” y el proceso de toma de decisiones? ¿Estarían dispuestos a informar a detalle y de manera pública sobre el contenido de las opiniones que han recibido de la comunidad universitaria sobre los diferentes aspirantes?

5) ¿Cómo toma sus decisiones la Junta de Gobierno? ¿Resuelven siempre por consenso? Si se realizan rondas de votación, ¿Por qué no levantar actas e informar públicamente sobre los votos recibidos por cada aspirante en cada ronda?

6) ¿Cuentan ustedes con algún mecanismo institucional para prever y procesar los posibles conflictos de interés entre los integrantes de la Junta y los aspirantes a la rectoría? ¿Hay algún miembro de la Junta que debiera exentarse de participar en las deliberaciones actuales por tener demasiada cercanía, de algún tipo, con alguno de los aspirantes?

7) ¿Cuáles son los mecanismos concretos que ha implementado la Junta para blindarse en contra de la injerencia del gobierno federal? En el contexto del regreso del PRI a Los Pinos y las políticas privatizadoras del actual gobierno federal ¿No creen que la Junta de Gobierno debería tomar decisiones que no sólo sean autónomas, sino que lo parezcan así absolutamente al conjunto de la sociedad?

8) ¿Cuáles reformas concretas a la legislación universitaria propondrían para democratizar el proceso de designación de autoridades universitarias?

9) ¿Qué plan de trabajo desarrollará la Junta en conjunto con el futuro Rector o Rectora para ampliar la participación de la comunidad universitaria en el abordaje de los graves problemas nacionales y para revertir la tendencia hacia la privatización de los recursos y los servicios públicos?


www.democraciaunam.blogspot.com

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Gracias por pensar, rezar y actuar por México”: EPN tras huracán

En un recorrido por Colima, dijo a los pobladores que lo más importante fue que aunque los daños no fueron los que se esperaban, de acuerdo a la intensidad que pronosticaron instituciones nacionales e internacionales, fue preservada la vida.

El presidente Enrique Peña Nieto agradeció a los mexicanos por “pensar, rezar y actuar” ante la llegada del huracán Patricia, que para este sábado ya es sólo una baja remanente.


En su cuenta de Twitter, publicó:













Esta tarde, el mandatario encabezó un recorrido por las comunidades de Manzanillo, Colima que resultaron más afectadas por el paso del huracán Patricia.

Acompañado por los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Agricultura, José Calzada Rovirosa; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles; de Educación Pública, Aurelio Nuño, y de Desarrollo Social, José Antonio Meade, dialogó con habitantes de las comunidades de Armería y Paraíso.

En esas comunidades, ubicadas a unos 45 kilómetros de Manzanillo, el mandatario dio a conocer a los pobladores que ya inició un censo en esas poblaciones para cuantificar los daños ocasionados por ese meteoro, que impactó las costas del Pacífico Mexicano la tarde del viernes.

Informó que dejó como responsable de la zona al secretario de Agricultura, como su representante personal, para que supervise las labores de reconstrucción.

El mandatario federal reconoció que existen muchos daños en esta zona, pero que el primer paso es garantizar el abasto alimentario, que regrese la actividad económica y que los establecimientos puedan reanudar sus actividades.

Peña Nieto agradeció a los pobladores el apoyo para replicar las alertas sobre la llegada de este huracán que alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

Agregó que gracias a esta difusión realizada principalmente a través de redes sociales, casi mil personas pudieron resguardarse en los refugios.

Una de las tareas inmediatas será apoyar para la reconstrucción de vivienda; no obstante que en los tres estados afectados por el fenómeno meteorológico “hay daños o afectaciones de consideración”.

Regresa la luz 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó este sábado que el paso del huracán Patricia afectó a 235 mil 528 usuarios, de los cuales 119 mil 912 ya tienen luz nuevamente, lo que representa un 50 por ciento

“Actualmente se encuentra afectado el suministro de energía eléctrica de 115 mil 616 usuarios de la CFE en los estados de Colima, Jalisco y Michoacán”, precisó al mediodía.

E informó las afectaciones que sufrió su infraestructura de transmisión de energía eléctrica:

-3 líneas de transmisión de 400 kV en el estado de Colima resultaron con daños, de un total de 5 en ese estado. De estas, una ya está restablecida completamente.

-2 líneas de transmisión de 230 kV  en el estado de Colima también resultaron afectadas, de un total de 5 en ese estado. Estas se lograron restablecer durante la mañana de hoy. Finalmente, un banco de transformación, de 8 localizados en el estado de Colima, resultó afectado, pero este también ya se restableció.

-En cuanto a la infraestructura de distribución de energía eléctrica de la CFE, se informa que resultaron afectadas 7 subestaciones en Colima, de 19. Además, se dañaron 12 líneas de 115 kV en Colima, Jalisco y Querétaro de las 287 ubicadas en estos estados.

-Además, En Colima, Jalisco y Michoacán, resultaron afectados 95 circuitos de media tensión, de 841 totales. De los circuitos dañados, 63 ya están restablecidos. Así, en este rubro la CFE tiene un avance del 66 por ciento en el restablecimiento.

-En cuanto a las afectaciones a usuarios, la CFE informa que en Manzanillo, Colima, de un total de 101 mil usuarios, 69 mil resultaron afectados. Sin embargo, gracias a los trabajos de la CFE, se ha logrado restablecer el 74 por ciento de estas afectaciones. Así, hasta las 11:00 horas de hoy, tiempo del centro de México, se reportan interrupciones en el suministro de energía eléctrica para 17,802 mil usuarios.

-En tanto, en el municipio de Tecomán, también en Colima, el huracán Patricia afectó el suministro de 37 mil usuarios, de 50 mil totales que tiene el  municipio. Gracias a la respuesta de los trabajadores de la CFE durante el día de hoy, se le ha restablecido el servicio a 21 mil usuarios, es decir, hay un avance del 57 por ciento. Al corte de las 11:00 horas, hay 16 mil usuarios afectados.

-En la ciudad de Colima, el huracán Patricia sólo afectó el suministro eléctrico de 6 mil usuarios por 35 minutos el día de ayer. Actualmente, todos ellos ya tienen el servicio restablecido gracias a la pronta reacción de los trabajadores de la CFE.

-En tanto, en  la costa de Jalisco, no cuentan con energía eléctrica las poblaciones de Chamela, partes de Melaque, Cihuatlán, Tecomantes y La Huerta, así como 52 pequeñas poblaciones intermedias. Esto equivale a 45 mil 615 usuarios afectados tras el paso del huracán Patricia, esto es la totalidad de los usuarios ubicados en esas localidades.

-En la sierra de Jalisco, en las regiones de Autlán, el Tuito y la cercana a Ciudad Guzmán, 67 por ciento de los usuarios, es decir 64 mil 28 usuarios resultaron afectados. Sin embargo. De estos, 33 mil 829 ya tienen normalizado su servicio de energía eléctrica gracias a los trabajos de la CFE tras el paso del huracán Patricia.

-En Puerto Vallarta no se han presentado afectaciones en el servicio de energía eléctrica hasta las 11:00 hrs del día de hoy. Por su parte, en Tepic, Nayarit, 200 usuarios resultaron afectados, equivalentes al 0.1 por ciento de los usuarios totales en esa ciudad.

-Por lo que corresponde a Michoacán, en los municipios de Aquila y Chinicuila, la energía  eléctrica está interrumpida para 5 mil 800 usuarios, es decir, el 0.3 por ciento de los usuarios del estado.

-En resumen, en Colima hay 79 mil 417 usuarios con afectaciones, en Jalisco 30 mil 199, en Tepic 200, y en Michoacán 5 mil 800.


La CFE solicita a los usuarios que reporte cualquier anomalía sobre su suministro eléctrico al número telefónico 071 o a la cuenta de Twitter @CFEmx.





FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Se acabó la impunidad en Colima: Ricardo Anaya

México, DF. El Partido Acción Nacional consideró que el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que anuló la elección en Colima, sienta un precedente para los procesos electorales que se llevarán a cabo el año próximo.

El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, sostuvo que con esta medida, el Tribunal le dice a todos aquellos que desafían la ley, o que pretenden hacerlo, que se acabó la impunidad.

"Los tiempos cambiaron y ahora sí hay consecuencias. Celebramos que en México se respeten las instituciones, el voto de los ciudadanos y la democracia, y anunciamos que hoy más que nunca, lucharemos para que Acción Nacional obtenga la gubernatura de Colima, y se concrete la alternancia que sus ciudadanos han esperado durante décadas”.

Confió en que el nuevo proceso electoral que se llevará a cabo será ejemplo de transparencia y legalidad.

Jorge Luis Preciado, quien sería nuevamente el candidato, "se ha entregado de corazón a la lucha para sacar del poder a ese PRI que ha tenido dominado a Colima por más de 80 años; trabajaremos intensamente para que el sueño de los colimenses se haga realidad, para cumplirle a la gente desde abajo con trabajo”, concluyó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Recaptura de “El Chapo”: Otro show que se le cae a la PGR

Sobre el operativo fallido para atrapar a Joaquín Guzmán Loera en la sierra de Durango, pobladores de Tamazula aseguran a Proceso que en realidad los marinos llegaron a la zona desde mayo pasado e iban en busca de Adelmo Niebla González, un hombre cercano al Chapo; incluso realizaron un primer operativo en la región el 14 de junio. Pero todo falló y la PGR optó por hacer su espectacular anuncio el miércoles 21 y el jueves 22 para dar cuenta de la desarticulación del grupo que desde el exterior del penal del Altiplano coadyuvó en la fuga del capo sinaloense.

Tras su fallido operativo en el municipio de Tamazula, Durango, la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) montó un show mediático para difundir que el martes 6 estuvo a punto de reaprehender a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo…

En realidad, los marinos llegaron en mayo pasado e iban en busca de uno de los hombres de confianza del capo sinaloense llamado Adelmo Niebla González, oriundo de ese municipio.

Semanas antes de la fuga del Chapo, el 14 de junio pasado, elementos de Semar incursionaron por primera vez en la zona, lo que provocó desplazamientos de comunidades del llamado Triángulo Dorado del narcotráfico sin que nadie se enterara del terror que sembraron los marinos

Muchos pobladores de Los Medios, Chacoalt, Acachuane y Tobipa optaron por abandonar sus propiedades; en la última de ellas, murieron dos personas, una más resultó herida y cuatro menores –algunos de apellido Niebla– fueron detenidos, según relatan los lugareños.

Cuando inició la búsqueda de Niebla González, conocido como El Señor o El G 3, mayo pasado, la dependencia instaló dos bases de operación en Durango, en la frontera con Sinaloa: una en el municipio de Tamazula y otra en el de Canelas.

A finales de la década pasada, antes de convertirse en uno de los principales operadores del Chapo, Niebla González formó el grupo delictivo denominado Los Memos, que se estableció en Sonoyta, Sonora. Desde ahí controlaba el tráfico de armas y el traslado de cargamentos de droga hacia Estados Unidos; incluso dominaba los mercados de los condados de Maricopa y Casa Grande, en Phoenix, Arizona.


Este es un adelanto del número 2034 de Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.

Tribunal Electoral ordena al Consejo General del INE pronunciarse sobre la pérdida del registro del PT y Humanista

Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral revocó la decisión de la Junta General Ejecutiva del pasado 3 de septiembre que le quitaba el registro a ambos partidos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que es el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y no la Junta General Ejecutiva de este organismo, quien decide si el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Humanista deben perder o conservar el registro tras no reunir el 3% de la votación emitida el las pasada elecciones del 7 de junio.

Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral revocó la decisión de la Junta General Ejecutiva del pasado 3 de septiembre que le quitaba el registro a ambos partidos, pues resolvió, de acuerdo a un comunicado, “se trata de una situación que puede afectar los derechos fundamentales de votar, ser votado y asociación en materia político-electoral de los ciudadanos”.

Los magistrados Pedro Esteban Penagos López, Constancio Carrasco Daza, María del Carmen Alanis Figueroa y Salvador Nava Gomar votaron ordenar al Consejo General del INE que se pronuncie al respecto, por ser el único facultado.


Mientras que el magistrado Flavio Galván Rivera, se manifestó en contra del proyecto porque a su juicio, más allá de la letra, la Junta General Ejecutiva “sí está facultada para ejercer tal atribución (quitarle el registro a un partido político)”.





FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Caso Ayotzinapa: La “verdad histórica”, basada en torturas

La “verdad histórica” presentada por el procurador Jesús Murillo Karam afirmaba que los 43 normalistas de Ayotzinapa habían sido incinerados en un basurero de Cocula, y para probarlo presentó confesiones de dos de los presuntos asesinos. Sin embargo, los dos supuestos halcones de Guerreros Unidos fueron torturados para que dieran la fantasiosa versión, como parte de una investigación conducida por un hombre inclinado a la invención de delitos y de testigos.

La investigación del ataque contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y la desaparición de 43 de ellos el 26 de septiembre de 2014 –pesquisas encabezadas por Víctor León Maldonado– estuvo viciada desde el comienzo.

Las irregularidades comenzaron cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJG, ahora Fiscalía General de Guerrero) detuvo, aparentemente al azar, a los dos primeros sospechosos, quienes presuntamente fueron torturados para obligarlos a firmar declaraciones que atribuían el ataque a policías municipales de Iguala y de Cocula y al entonces alcalde igualteco José Luis Abarca. Esos testimonios fueron el origen de la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR).

Los detenidos son Luis Alberto José Gaspar, de 18 años, y el entonces policía municipal Honorio Antúnez Osorio, de 51, aprehendidos en Iguala a principios de octubre de 2014.

Como consta en sus declaraciones preparatorias –de las cuales este semanario tiene copia–, el 25 de noviembre le dijeron al juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Tamaulipas, Guillermo Baltazar, que fueron torturados y obligados en la PGJG a firmar declaraciones prefabricadas.

León Maldonado, responsable de la investigación y quien estuvo en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, tiene antecedentes de haber fabricado cargos en otros casos.

En 2009, cuando era coordinador general en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, ahora SEIDO) y en vísperas de las elecciones estatales en Michoacán, con falsas acusaciones de delincuencia organizada arrestó a 30 funcionarios públicos. Todos salieron libres vía amparo o con sentencias absolutorias.


Este es un adelanto del número 2034 de Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ/ STEVE FISHER.

Hablan los Abarca: “Llamamos al Ejército y nada…”

La PGR los acusa de tener vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos y de haber ordenado el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. Son el exalcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, ambos presos desde noviembre de 2014. Y los dos, en sendas entrevistas con Proceso, se dicen inocentes, denuncian lo que consideran irregularidades en sus detenciones y sostienen que no se dedicaban a ninguna actividad ilícita.

La noche del 26 de septiembre de 2014 la policía municipal pidió el apoyo del Ejército y de la Policía Federal ante la situación de violencia que se estaba manifestando en Iguala, pero ni uno ni otra acudieron, asegura José Luis Abarca, exalcalde de esa localidad y quien lleva casi un año en la cárcel, acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos y de haber ordenado en esa fecha la agresión contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Aprehendido el 4 de noviembre de 2014, Abarca habla por primera vez ante un medio informativo en torno a los hechos de aquel 26 septiembre desde el penal federal El Altiplano, en Almoloya, Estado de México.

La entrevista con Proceso se realizó vía telefónica durante una de las llamadas que, por ley, puede hacer desde un teléfono en la prisión.

El exalcalde afirma que por miedo no salió esa noche a ver qué ocurría en la ciudad: “Si no salieron los que tenían las armas… pues yo me mantuve al margen. De verdad hay mucha seguridad policiaca en Iguala y ese trabajo era de ellos, no del presidente municipal”, señala refiriéndose al 27 Batallón de Infantería, a las policías Federal y Estatal y al Grupo de Operaciones Especiales de la PGR, todos los cuales tienen bases en el municipio igualteco.

Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, están acusados por la PGR de ser los principales responsables del ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y de la desaparición de 43 de ellos la noche del 26 de septiembre de 2014.

A más de un año de ese ataque, la Comisión Especial para el Caso Ayotzinapa de la Cámara de Diputados busca reunirse con Abarca para conocer su versión.


Este es un adelanto del número 2034 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNANDEZ, STEVE FISHER.

“Sí, a Televisa nos interesa que todos los mexicanos nos vean”

Una carta enviada a Reforma, desplegados en diarios y la lectura de ese mismo texto en sus noticiarios, es la respuesta de la televisora a una nota del rotativo que señaló cómo Emilio Azcárraga "dobló" a los senadores para posponer el apagón analógico hasta diciembre 2016.

Emilio Azcárraga sólo dio su punto de vista sobre el apagón analógico -el cual pidió posponer- y no “dobló” a los senadores que coinciden en posponerlo, manifestó Televisa en una carta enviada al diario Reforma.

Además, la televisora le dedica un desplegado en diarios nacionales, que titula “Reforma miente”, tras la portada del jueves en Reforma, titulada “Dobla televisora a los legisladores“.

El director de información de la televisora, Alejandro Olmos, se refirió a la nota y consideró que los partidos y sus legisladores, a los que supuestamente “dobló” Televisa, ya habían externado sus preocupaciones por los cientos de miles de personas que se quedaron sin televisión en Monterrey, Nuevo León.

“Que haya coincidencia en las opiniones de muchas personas sobre esta preocupación no extraña, pues nadie debiera estar a favor de dejar a cientos de miles, potencialmente a millones, de personas, sobre todo de escasos recursos, sin la posibilidad de ver televisión gratuita.

“Tan sólo en Monterrey, la primera gran ciudad donde ya se dio el apagón, cerca de medio millón de personas ya se quedaron sin poder ver la televisión”, estableció.

La concesionaría también rechazó que se beneficie al quedar bloqueada la liberación de la banda de 700 MHz.

“Eso es falso, pues esa banda está ya prácticamente liberada y el apagón no tendría mayor incidencia en ese sentido.

“Lo que falta para que esa banda se use en nuevos servicios es que haya una licitación pública, la cual aún se encuentra en una fase de estudio. No se anticipa que esa banda pueda usarse antes del 2018, independientemente del apagón”, consideró.

Para la empresa, lejos de beneficiar a las televisoras, si los legisladores deciden posponer el apagón analógico, todas tendrían que mantener dos operaciones que implican duplicidad de costos: la analógica y la digital.

Televisa asegura que en aquellas ciudades del país donde ya se dio el apagón digital, se ha ocupado de que las personas tengan toda la información para instalar las nuevas televisiones o los decodificadores digitales.

“Sí, a Televisa, como seguramente a todas las televisoras, nos interesa que nos vean. Producimos contenidos, damos información, generamos programas de entretenimiento con el propósito de que todos los mexicanos nos puedan ver, si así lo desean.

“Todas las televisoras privadas y las públicas -afiliadas a la RED- han manifestado su preocupación por un apagón que deje a la gente sin poder tomar esa decisión y han propuesto que se retrase”, destacó.

Para la empresa, todos los mexicanos deben poder ejercer su derecho a la información y tener la posibilidad de recibir contenidos de manera gratuita.


La televisora pagó desplegados en diarios de circulación nacional, como La Jornada y El Universal, además de que repite el mismo comunicado en sus programas:

El jueves, el senador Javier Lozano presentó una iniciativa para posponer el apagón analógico en todo el país -programado para concluir el 31 de diciembre de 2015- hasta diciembre de 2016. Senadores del PRI, PAN y PRD han anunciado que respaldarán esa propuesta.

Al respecto,  ex presidentes de la Asociación Méxicana de Derecho a la Información (AMEDI) coincidieron en que subordinar el apagón analógico a los intereses y caprichos de Televisa sería un retroceso “que nos llevaría a la época de preponderancia política de ese consorcio que los ciudadanos y el poder político habían superado”, y posterga la apertura de nuevas opciones en televisión.

El texto firmado por Aleida Calleja, Beatriz Solís Leree y  Raúl Trejo Delarbre señala que “diferir el apagón no resolvería ese problema que, por lo demás, esos medios no plantearon a tiempo”.


En el mismo sentido, el ex comisionado presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Mony de Swaan, tuiteó dos mensajes que resumían todo:









FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ayotzinapa: Todos supieron lo que estaba ocurriendo

Una serie de grabaciones –en las que se escucha al exgobernador guerrerense Ángel Aguirre y al exfiscal Iñaki Blanco– y una tanda de declaraciones de legisladores federales destrozaron –por si aún quedaran dudas– la versión oficial acerca de la participación del Ejército, la Policía Federal y el Cisen en los ataques contra estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Todas esas dependencias supieron del ataque desde los primeros momentos, negaron la ayuda solicitada y mintieron cuando fueron cuestionadas al respecto.

MÉXICO, D.F: Las secretarías de Gobernación y de la Defensa, así como la Policía Federal –y eventualmente hasta la Presidencia de la República–, supieron desde la misma noche del 26 de septiembre de 2014 del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa. Incluso militares y policías federales negaron, en esos momentos, su apoyo al gobierno de Guerrero.

Lo anterior se desprende de las revelaciones hechas por Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, y por el exfiscal guerrerense Iñaki Blanco, el pasado lunes 12 a los ocho integrantes de la Comisión Especial Ayotzinapa de la Cámara de Diputados.

En sendas entrevistas, dos de los diputados de dicha comisión, Araceli Damián, de Morena, y Víctor Sánchez, de Movimiento Ciudadano (MC), detallan los testimonios de ambos exfuncionarios, quienes entre otras cosas reclamaron que “la Policía Federal hiciera mutis” y “no resguardara” las escenas de los crímenes.

Las declaraciones de ambos legisladores coinciden con una grabación que después se hizo llegar subrepticiamente a la revista Proceso.

Los exfuncionarios guerrerenses también sorprendieron a los legisladores al confesar, primero, que el delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en Guerrero “corroborara”, a las 23:00 horas del 26 de septiembre, “los ataques”; y segundo, que el comandante de la Zona Regional Militar correspondiente a Iguala “sí fue informado” de lo que ocurría, pero a las 22:30 horas.

Las versiones de Aguirre y Blanco contradicen lo dicho por el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien el lunes 5 sostuvo ante los legisladores que “no hubo negligencia” de parte de los militares porque “no recibieron solicitud de apoyo de ninguna autoridad civil”.

Cuando la presidenta de la Comisión Especial para el Caso Ayotzinapa, la panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez, invitó a comparecer al exgobernador, éste condicionó su participación a que el encuentro fuera en privado y no hubiera grabación “en audio, video y sin versión estenográfica”.

En esa conversación con Murguía, previa a la comparecencia, Aguirre Rivero confesó que la noche del 26 de septiembre de 2014 hizo dos llamadas telefónicas para informar lo que sucedía. Una de ellas, al presidente de la República, revela a este semanario un funcionario que pidió la reserva de su nombre. Sin embargo, durante la reunión con todos los legisladores, el exgobernador, “nervioso y con el rostro descompuesto, colorado, rojo, rojo”, rechazó tal versión.

Cienfuegos mintió

El lunes 5, en la reunión del general Cienfuegos con los integrantes de la comisión especial, en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el militar sostuvo que “no recibieron la solicitud de ninguna autoridad civil” para intervenir.

El encargado del área de Derechos Humanos del Ejército, general José Carlos Beltrán Benítez, secundó a su superior: “Hubiera sido muy dasafortunado haberse involucrado”, dijo a los legisladores. “¡Imagínese cómo lo hubiera recibido la sociedad: el Ejército resguarda estudiantes de la Normal de Ayotzinapa! Podría voltear la situación y en lugar de algo benéfico hubiera sido algo contra la imagen del Ejército”.

Diez días más tarde, el exgobernador y el exfiscal de Guerrero echaron por tierra la versión y justificación que dio el Ejército para no intervenir. Así lo revela una grabación subrepticia hecha llegar a esta revista.

En ella se escucha la intervención de la diputada Damián el pasado miércoles 14: “De lo que nos dijo el exgobernador, que a las 10:30 tuvo conocimiento por un subordinado ¿quién fue? (dirigiéndose a Aguirre Rivero)”.

“El secretario general de gobierno y el secretario de seguridad pública”, responde el exfuncionario.

“También nos dice –sigue la diputada– que usted le informó al comandante del regimiento de la zona regional militar…”.

“En Guerrero –interrumpe Aguirre Rivero– existen dos zonas militares y hay una de carácter regional. Me comuniqué con el comandante y le dije los hechos violentos que estaban ocurriendo.”

“¿Pero le pidió usted su apoyo?”, pregunta la legisladora.

“En ese momento que yo hablé con él le informé para que nos pudieran brindar su apoyo. Sí, sí se lo pedí”, responde Aguirre.

Aracely Damián le comenta entonces que el tema “es preocupante” porque el general secretario de la Sedena les aseguró que no hubo petición de ninguna autoridad civil.

La petición de apoyo por parte de las autoridades estatales no sólo se dio en ese primer momento, a las 10:30 de la noche, sino que siguió a lo largo de las horas, o así se desprende de la intervención del exfiscal Iñaki Blanco, quien revela que cerca del amanecer del 27 de septiembre, pasados los ataques contra los estudiantes, se recurrió de nuevo a miembros del Ejército.

En la grabación se escucha una batería de preguntas del diputado Víctor Sánchez de MC, recordándole que el Ejército sostuvo ante legisladores que no fue requerido.

“Requerimos el apoyo de otras instancias y autoridades. Hay cosas que no he podido ventilar porque son parte de la averiguación previa que aún se integra. Cosas que no se han dicho”, responde Blanco.

“Sí lo requerimos (al Ejército), pues estimé que no era oportuno y procedente juntar a las víctimas directas e indirectas con los hasta entonces aparentes victimarios. Instruí al procurador de control regional que concentrara a todas las víctimas y representantes legales en la fiscalía regional, y buscamos dónde concentrar todos los elementos de la policía…

“Yo estimaba que no había condiciones en el cuartel de la policía dado que el cuartel tiene cerca de malla ciclónica. Le pedí al Ejército que me facilitara las instalaciones del 27 Batallón para concentrar a los municipales y la respuesta fue en sentido negativo”, responde.

“¿A qué hora?”, se escucha que se le pregunta.

“En la madrugada del 27. La respuesta fue en ese sentido, negativo”, asienta.

Pero no sólo los militares rechazaron brindar apoyo. También la Policía Federal negó el respaldo al exfiscal, primero para custodiar a los policías en el cuartel civil (con el fin de que no huyeran) y luego para que no los trasladaran a las instalaciones militares.

“Consecuentemente le pedí al entonces encargado de la Coordinación de la Policía Federal, de apellido Cabral, que me facilitara las instalaciones de la PF; la respuesta fue en el mismo sentido: ‘No porque no hay condiciones’. No hay condiciones en cuanto a que no contaban con el número de elementos necesarios para resguardar esas instalaciones.”

La versión del exfiscal refuta la versión del general secretario Cienfuegos Zepeda, pero también la de Murillo Karam, quien el 7 de noviembre, cuando como procurador aseveró que los 43 estudiantes habían sido incinerados en un basurero y sus cenizas vertidas sobre el río de Cocula, a pregunta expresa de la reportera María Idalia Gómez de si ya citó a declarar a integrantes del Ejército y la Policía Federal, negó la participación de los primeros.

Al matadero, y el Cisen lo supo

En entrevistas a medios de comunicación y en su comparecencia ante las dos comisiones legislativas especiales, el general secretario ha sostenido que la participación del Ejército fue limitada y ocurrió cuando supo que había “jóvenes armados” en el hospital Cristina, que los soldados acudieron ahí y, respetando los derechos humanos de los estudiantes, les tomaron fotografías e incluso les ofrecieron una ambulancia para trasladar a uno de los heridos. Que se fueron y al regresar ya no estaban los muchachos.

En la entrevista, ambos legisladores, Damián y Sánchez, relatan que el exfiscal también se quejó del actuar de la Policía Federal: “Hay muchas cosas que no se saben y otras que por el GIEI hoy se saben, como el que la PF acudió con (los jugadores de futbol del equipo) Los Avispones (también heridos en las refriegas), también que elementos de la PF fueron a uno de los lugares (del ataque) e hicieron mutis, se retiraron del lugar en lugar de hacerlo del conocimiento de la autoridad correspondiente”.

En otro momento, Iñaki Blanco narra que a las 0:45 se enteraron por el (centro de control) C4 de los ataques en la carretera Chilpancingo-Iguala y frente al Palacio Municipal: “Cuando llegó el subprocurador ya había elementos de la PF, esto ocurrió posterior a las 0:45, que es cuando nosotros recibimos el reporte del C4. Ya había presencia de la PF y en ningún momento hubo resguardo y preservación del lugar de los hechos conforme al protocolo”.

En cuanto a la participación de la Secretaría de Gobernación, merced a las declaraciones de los exfuncionarios de Guerrero ahora se sabe que el Cisen estuvo plenamente enterado de los acontecimientos, por lo menos desde las 11 de la noche.

De acuerdo con la grabación, Iñaki Blanco –que es quien más habla durante las cuatro horas y media que duró el encuentro con legisladores–, revela que el Cisen le corroboró, desde las 11 de la noche del 26 de septiembre, las agresiones que estaban sufriendo los estudiantes.

Al pedirle el diputado de MC Víctor Sánchez que narrara cómo se enteró de los hechos y lo que hizo paso a paso, el exfiscal detalló que se enteró de lo que estaba pasando justo cuando iba de camino al Distrito Federal para atender un asunto médico familiar.

“Comencé a recibir reportes a las 11 de la noche a través del secretario particular y de otras personas como el secretario general de Gobierno. Hablé con el secretario de Seguridad Pública estatal, Genaro Vázquez, y hablé con el delegado del Cisen, quien me corroboró que tenía reportes de enfrentamientos y balaceras en Iguala. Lo que me inquietó y hace que me regrese es cuando me dicen que al parecer están involucrados en los hechos estudiantes de Ayotzinapa.”

Los miembros de la comisión especial se reunieron también con el titular de la secretaria de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz.

El pasado viernes 16, en un corto encuentro de apenas hora y media, el almirante les reveló que la participación de la dependencia a su cargo se dio a petición del entonces gobernador, Ángel Aguirre, quien el 28 de septiembre le solicitó apoyo.

En entrevista posterior al encuentro, la diputada Aracely Damián detalló que el secretario les explicó que el día de los acontecimientos el destacamento de la Marina más cercano estaba a 200 kilómetros de distancia, pues esa dependencia suele operar en la costa.

El secretario explicó que sólo participaron en actividades de búsqueda de los jóvenes, pero la instancia que los coordinaba era la PGR.

Incluso reveló que fue la Marina, a petición de la PGR, la que el 29 de octubre envió a sus buzos a explorar el río San Juan de Cocula. Recuerda la legisladora: “Nos dijo que localizaron a la orilla del río la bolsa con las cenizas y huesos (con los restos de los estudiantes, presuntamente), que al parecer tenía días de haber sido aventada, pues la mitad de ella estaba bajo el fango”.

El almirante aclaró que la bolsa fue entregada a personal de Infantería y quedó a resguardo en lo que llegó la PGR, “pues nunca les notificaron que debería estar el equipo de expertos forenses argentinos. “También nos dijo que el 29, 30, 31 de octubre encontraron en el talud del río huesos enterrados, pero no los tocaron y sólo lo informaron a la PGR”.


Su apoyo concluyó el 6 de noviembre, aseveró la diputada.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

CIDH ordena al Estado mexicano abatir rezagos de la etnia Yaqui

HERMOSILLO, Son: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ofreció un periodo de cuatro meses al Estado mexicano para acordar una “solución amistosa” con la etnia Yaqui.

De acuerdo con el portavoz “del pensamiento y vanguardia” de la tribu, Ernesto Argüelles, este fallo prevé que el “gobierno civil” defina políticas públicas para abatir los rezagos en materia de derechos de agua, territorio, educación y cultura que padece esta comunidad indígena sonorense.

“El Estado mexicano tiene un plazo de cuatro meses para atender esta recomendación e iniciar un diálogo amistoso con la etnia que lleve a una reconciliación histórica y verdadera”, detalló Argüelles.

De acuerdo con el informe de admisibilidad de la CIDH fechado el 28 de julio de este año, se encontraron argumentos –sin prejuzgar el fondo del asunto- que el estado mexicano violentó nueve artículos de la Convención Americana y siete de la Declaración Americana.

Establece que a partir del 29 de septiembre de 2015, cuando se envió las notificaciones a la etnia sonorense y al gobierno mexicano, se tiene un periodo perentorio de cuatro meses para resarcir de manera “amistosa” los daños ocasionados.

En caso que las partes no concurrieran en un acuerdo, añade el reporte de la Corte, se “proseguirá con el trámite de la petición”, de acuerdo al artículo 40 del reglamento de la CIDH.

La tribu expuso ante la CIDH 21 asuntos que suponen la violación de los derechos humanos en su territorio –aún sin delimitar-. En tanto el Estado mexicano en 11 puntos admite parcialmente los retrasos en los acuerdos tomados con la tribu, y en ningún momento se compromete a cumplirlos.

El portavoz Argüelles adelantó que existe una agenda conformada por la Corte para entregar avances de la relación entre ambas partes y las citas son programadas en Washington D.C.


Esta denuncia fue interpuesta ante la CIDH el 26 de enero de 2006; la Corte pidió ampliar los informes el 19 de julio de 2011; y conminó a una “solución amistosa” entre las partes el 28 de julio anterior, con efectos a partir del 29 de septiembre.

FUENTE: PROCESO.
AUTRO: MILTON MARTÍNEZ.