El debilitamiento del estado y la descomposición en las esferas de gobierno contribuyen de forma importante para que comunidades completas intenten hacer justicia de propia mano, considera el abogado y defensor de derechos humanos Raúl Rodríguez Guillén.
La principal causa de los linchamientos en México es la ausencia del estado como entidad rectora para la impartición de justicia. Si bien es cierto que México no repunta entre los países en donde el mayor número de linchamientos se dan, sí es cierto que es uno de los primeros del mundo en donde la impunidad cobija a los linchadores, dijo en entrevista con Reporte Indigo el abogado Raúl Rodríguez Guillén, defensor de derechos humanos y principal autoridad en el tema del estudio del linchamiento.
Sumado al debilitamiento del estado, el especialista estimó que también la corrupción en las esferas de gobierno contribuyen de forma importante para que los sucesos, en donde comunidades completas intentan hacer justicia de propia mano, sigan a la alza, evidenciando el estado de descomposición social.
El experto aseguró que en nuestro país, a causa de la corrupción reinante, el estado ha dejado de lado su función rectora para la impartición de justicia. “Pero lo más lamentable es que en la mayoría de los linchamientos, los perpetradores no son perseguidos, como no se persiguen la mayoría de los delitos”.
De acuerdo a lo plasmado en el estudio ‘El Linchamiento en México’, de Raúl Rodríguez Guillen y Norma Ilse Ávila, editado por la Universidad Autónoma Metropolitana, en nuestro país, de 1988 al 2014, se han registrado por lo menos 336 muertes por linchamiento. El factor común ha sido la ausencia del estado para atender reclamos de justicia de grupos sociales.
Un recuento de lo publicado en la mayoría de los medios locales de comunicación apunta que solo en lo que va de este año se han registrado 24 linchamientos, en tanto que al menos 49 quedaron solo en el intento. La mayor parte de esos linchamientos e intentos de ejecución colectiva se concentran en el Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
Solo en los estados de Colima, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí no se han registrado eventos de linchamiento en lo que va de este año. La entidad que mayor cantidad de linchamientos consumados ha registrado hasta la semana pasada es Puebla, en donde las ejecuciones públicas, sangrientas y masivas son consideradas con aspectos culturales e idiosincráticos.
La cultura del linchamiento en algunas entidades, como Puebla, Estado de México, Oaxaca y Chiapas, no solo es vista como un fenómeno cultural, sino que es tolerada por las instancias procuradoras de justicia, las que hacen poco o nada para dar con la detención y procesamiento judicial de los participantes en esos eventos, dijo el investigador Oaxaqueño, Nicolás Hernández.
No por nada, así lo revela la información de las procuradurías de justicia de Puebla, Estado de México, Oaxaca y Chiapas, menos del dos por ciento de los que intervienen en linchamientos son sometidos a procesos penales. En Chiapas, en donde en los últimos tres años se han registrado 11 linchamientos, solo hay una persona procesada por ese delito. En Oaxaca, con ocho linchamientos en dos años, solo se tienen procesados a dos detenidos. En tanto que en el Estado de México, con 19 linchamientos en 18 meses, solo hay seis procesados por ese delito.
De acuerdo a lo expresado por el abogado Raúl Rodríguez Guillen, la impunidad que se le ha otorgado a este delito, ha hecho que la figura de la justicia comunitaria -fincada en usos y costumbres, con métodos punitivos conciliadores- se tergiverse, para derivar en eventos de barbarie colectiva tolerados por el estado.
Es otra forma de autodefensa
Para el investigador y promotor de los derechos humanos en Puebla, Mirsha Herfer, los linchamientos, no es otra cosa que una forma de autodefensa. “Es la respuesta de la población, la que cansada de no ser escuchada por la autoridad en sus reclamos de justicia, decide hacer justicia por su propia mano”.
Las revueltas de linchamientos –explicó Herfer- son iguales que los movimientos de autodefensa, solo que no hay armas de grueso calibre de por medio, pero la intención es la misma: asumir el papel del estado en la impartición de justicia. Todo porque el estado ha quedado rebasado, a veces a causa de la corrupción.
Mirsha Herfer coincidió con el abogado Raúl Rodríguez Guillén, al considerar que las lonas colocadas en cientos de colonias populares, en donde los vecinos organizados anuncian el linchamiento de los ladrones que sean sorprendidos en sus inmediaciones, son una clara advertencia de la justicia por propia mano, tanto para los ladrones como para el mismo estado, que se manifiesta apacible ante esa intención.
Raúl Rodríguez Guillén, dijo que en el caso de los linchamientos el estado no solo es responsable por su omisión antes y durante los sucesos, o por la impunidad otorgada después de alguno de esos eventos, sino porque propicia a veces los linchamientos, “sobre todo cuando permite la presencia de agentes encubiertos para sus investigaciones”. Eso hace que comunidades completas se sientan agredidas y se mantengan en alerta.
En Michoacán, aun cuando no se registran como linchamiento los grupos de autodefensa que se mantienen armados –reconoció un funcionario de la Secretaría de gobierno del estado-, en lo que va de este año también se han registrado ejecución por mano propia, encabezadas por grupos sociales apoyados por lo civiles armados.
De acuerdo a los datos de la propia Secretaría de gobierno del estado, los grupos de autodefensas de Michoacán, sin recurrir a la escenificación de movilizaciones sociales en plazas públicas o a la escenificación de protestas colectivas, han realizado más de 20 ejecuciones por mano propia en lo que va del 2015. En la totalidad de esos casos la Procuraduría de justicia solo ha integrado las averiguaciones previas correspondientes, sin ahondar en el proceso de investigación para la detención de los responsables.
El robo y el PRI, lo que más enardece
La estadística nacional de linchamientos con la que México cerrará el presente año será récord. La sola cifra preliminar que se lleva a la fecha de 24 homicidios colectivos y 49 intentos de ejecución pública ya supera las estadísticas del 2014. El mayor número de linchamientos se ha registrado en comunidades municipales gobernadas por el PRI.
A ese dato se le debe agregar que el mayor número de homicidios resultados de la colérica turba fueron ejecutados por la masa a causa del delito del robo. El 78 por ciento de los ejecutados en los estados de Puebla, Chiapas, Estado de México, Michoacán, Oaxaca y Guerrero, fueron personas sorprendidas en el acto del robo. Después, siguen las estadísticas de los medios locales de esas entidades, fue el secuestro y la violación.
La forma preferida de la turba, para hacer justicia por su propia mano, es la horca. El 84 por ciento de los linchados en este año han muerto a mano de sus captores colgados de un árbol o poste frente a la plaza principal, para demostrar a la autoridad el poder de las masas. Otros métodos utilizados para las ejecuciones públicas son la lapidación, la laceración y la incineración, respectivamente.
En suma, en los estados de Puebla, Chiapas, Estado de México, Michoacán, Oaxaca y Guerrero, en donde se concentra el mayor número de personas linchadas e intentos de linchamiento, solo hay 12 personas sometidas a proceso penal por su probable participación. En Michoacán no hay un solo procesado pese a la existencia de 20 posibles linchamientos.
Para el abogado Manuel Fuentes Muñiz, defensor de derechos humanos, la falta de procesamiento de los involucrados en linchamientos también es una debilidad clara del estado. “No hay policía que responda de inmediato ni número suficiente (de policías) para enfrentar casos eventuales”.
Los ministerios públicos solo levantan actas, más no realizan investigaciones que permitan la detención de los que asumieron el papel del estado en la impartición de justicia, ello motiva estos actos graves y que deben ser castigados.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
GUANAJUATO, Gto: Asistentes a la explanada de la Alhóndiga de Granaditas sacaron cartulinas y mantas con la leyenda “Fuera Peña Nieto” y pasaron lista a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, al final del concierto de la orquesta rumana Taraf de Häidouks, la noche del sábado.
Fue un largo y exultante concierto de una de las orquestas más representativas de la música del Este, la cual ha recorrido el mundo y ha visitado México en más de una ocasión, y en el cual ofrecieron una sorpresa final a las miles de personas reunidas, al interpretar la Sandunga, pieza popular originaria de Oaxaca.
Cuando terminaba, de entre las miles de personas que se encontraban en la explanada aparecieron algunas mantas contra el presidente Peña Nieto.
Y mientras se apagaban las luces del escenario, decenas de personas corearon un pase de lista de los estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre del 2014, con el conteo del 1 al 43.
Mientras tanto, en el Teatro Juárez, la London Sinfonietta del Reino Unido presentó la pieza XLIII Memoriam vivere, de la compositora mexicana Marisol Jiménez, obra comisionada por el Festival Cervantino y que la autora dedicó también a los estudiantes de la normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
La composición fue estrenada el jueves, durante la primera presentación de la prestigiada orquesta en el Palacio de Bellas Artes.
El Festival Internacional Cervantino cerrará este domingo con la presentación del Ballet folclórico de Amalia Hernández en la Alhóndiga.
Pero a las 5 y media de la tarde, por las calles de la ciudad desfilarán universitarios y ciudadanos para acompañar a normalistas y padres de los desaparecidos en una marcha denominada “Estudiantzinapa”.
La marcha es encabezada por la Rondalla de la normal “Isidro Burgos” y se efectuará por el centro de la ciudad, al mismo tiempo de que, en el Teatro Juárez, autoridades estatales y el director del FIC, Jorge Volpi, harán el cierre oficial del festival y presentarán a España y a Jalisco como el país y el estado invitado para la próxima edición.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
MÉXICO, D.F: Eran las 4:30 horas cuando la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República, empezó la operación que, a lo largo del día, inundaría los medios de comunicación, las redes sociales y modificaría muchas veces la agenda presidencial para mantener los informes sobre el huracán ‘Patricia’.
Momentos antes, el presidente Enrique Peña Nieto había encabezado una reunión con su gabinete para evaluar “los graves efectos” previstos para cuando el meteoro tocara tierra, impactando con lluvias torrenciales y vientos poderosos la costa mexicana del Pacifico.
Como nunca, la operación comunicacional abundó en detalles sobre la catástrofe: el peor que se haya registrado en el hemisferio; el más intenso que se haya registrado en México y, ya en la carrera por difundir la información que tenía la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el presidente se animó a tuitear:
“Es el más peligroso que se haya registrado en el mundo”.
Ese fue el mensaje más difundido de los 21 que inusualmente se emitieron de la cuenta del mandatario en la red social Twitter, desde que la tarde del jueves inició la tanda de expresiones que iban de informar las órdenes giradas, a lo catastrófico:
“Ningún huracán de esta magnitud había impactado el Pacífico mexicano #Patricia”, se emitió a las 3:28 de la madrugada.
“El país enfrenta una amenaza de gran escala. La prioridad del @GobMX es proteger y salvar la vida de los mexicanos #HuracánPatricia”, se publicó a la 13:26 horas.
Enseguida:
“Llamo a las familias a extremar precauciones. Lo más importante, es estar en un lugar seguro #HuracánPatricia”.
Y uno más, a las 18:11:
“#HuracánPatricia ya está en la costa de México. No salgan. Protéjanse y sigan indicaciones de Protección Civil. Estoy al pendiente de Uds” (sic).
“Inundación” mediática
Mientras las redes sociales y los medios de comunicación hacían eco del tono presidencial, la agenda oficial se modificó una y otra vez, primero, al cancelar a media mañana el acto que encabezaría el mandatario al mediodía en el Centro Médico Siglo XXI, para celebrar el Día del Médico y, después, con las tres convocatorias a medios que terminarían cancelándose sucesivamente.
La invitación fue para que los reporteros que cubren las actividades del mandatario acudieran a la sala de prensa en la residencia oficial de Los Pinos, donde el vocero, Eduardo Sánchez, los atendería personalmente y coordinaría el enlace con Peña Nieto, quien se pondría al frente de las acciones en el Centro de Inteligencia del Consejo Nacional de Seguridad (CNS).
Sería primero a las 12:00. Luego, a las 17:00. Luego ya no, sólo se informaría conforme a los resultados del Centro de Inteligencia. Eras las 13:20 horas cuando se anunció la cancelación final y minutos después, iniciaría su entrevista con Joaquín López Dóriga, en radio Fórmula.
De acuerdo con el pronóstico difundido por la Conagua, el huracán ‘Patricia’ sería categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, la de mayor intensidad que los científicos estadunidenses que dieron nombre a la medición pudieron calcular.
Para el presidente Peña Nieto sería un huracán categoría 6. Rachas de viento a una velocidad superior a los 325 kilómetros por hora, cuando el ‘Gilberto’ (1988) y ‘Wilma’ (2005), no habían llegado ni a 300.
Para reforzar la idea, Peña Nieto citó al centro meteorológico de Miami, que lo consideró “un huracán extremadamente peligroso y potencialmente catastrófico”.
Ahí aprovechó para llamar a la unidad nacional, pues el país estaba por vivir momentos difíciles.
Las declaraciones y los tuits inundaron los medios de comunicaciones y las redes sociales a lo largo de la jornada.
Alrededor de las 22:30 horas, el presidente Peña Nieto dio un mensaje a medios de comunicación, y se informó que había presidido el Consejo de Seguridad.
Inició mencionando que el ojo del huracán tocó tierra a las 18:00 horas y siguió con una justificación:
“Por su intensidad, este huracán, de categoría 5, amenazaba con ser el más peligroso, fuerte y destructivo que se tuviera registro.
“Por eso, desde anoche, di indicaciones a todo el gabinete del Gobierno de la República para reforzar las acciones necesarias para enfrentar esta emergencia”.
Continuó informando que los daños eran menores pero pidió a los ciudadanos que continúen en los refugios pues el huracán sigue su curso.
Luego agradeció a los servidores públicos que trabajan en la atención de la contingencia, a la sociedad, a Protección Civil, a los mexicanos que participaron en redes sociales para difundir la alerta, a las tiendas de autoservicio, a quienes instalaron centros de acopio y, naturalmente, a los medios de comunicación:
“Mi especial reconocimiento también, a los medios de comunicación, por su labor informativa y profesional”.
Finalmente, concluyó llamando a “no bajar la guardia” y pidió mantenerse atentos a la información que surja en las próximas horas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
MÉXICO, D.F: Nunca un presidente de la República había sido tan vapuleado desde los organismos de derechos humanos. Todos los comisionados que vinieron se fueron después de hacer fuertes reclamos.
Otros recibieron al gobierno y a éste no le fue tampoco bien. Para completar el cuadro, el Departamento de Estado del vecino del norte ha dicho a las claras que no pudo acreditar ante el Congreso de su país que se estuviera mejorando el respeto a los derechos humanos en México, por lo cual no había podido obtener la autorización para ejercer unos cinco millones de dólares para el actual año fiscal estadunidense.
El gobierno de México declaró que no admitía calificaciones extranjeras pero no explicó que ya las había aceptado cuando firmó la Iniciativa Mérida y después la mantuvo vigente. Nomás le falto a Peña que se le acercara un can con propósitos nada edificantes.
Más allá de las incomodidades del gobierno mexicano, la cuestión estriba en la situación de los derechos humanos en el país. Una sucesión de hechos indica que el gobierno no sólo viola tales derechos sino que deja de cumplir con sus obligaciones para proteger a la gente, las cuales son elementos básicos de toda función gubernamental.
Uno de los voceros del gobierno, Campa Cifrián, ha dicho que la Procuraduría General de la República es la encargada de todo lo relacionado con el caso Iguala. Lo dijo como una forma de no dar importancia al hecho de que la SEIDO ya no seguirá con las pesquisas sino otra subprocuraduría, justamente la que tiene a su cargo el respeto a los derechos humanos. Pero el punto no estriba en esto. Campa se equivoca. El problema es que la policía que depende de la Secretaría de Gobernación no es interlocutor de nada relacionado con la violencia ni la crisis de derechos humanos en el país, a pesar de que la Constitución le permite investigar los delitos. ¿Dónde está la policía? La verdad es que no existe sino para vigilar, para patrullar, para perseguir delitos en flagrancia. México no tiene policía, esa es la verdad.
En tanto esta situación siga igual,la PGR no podrá hacer nada pues carece de fuerza, sólo tiene unos abogados en funciones de fiscales y unos investigadores que jamás podrán abarcar la función policial en toda su dimensión.
Mientras que Peña es señalado dentro y fuera del país como un presidente incapaz de brindar garantías y proteger los derechos humanos de la población mexicana, la policía a su cargo directo se esconde, no da la cara, es como un turista que se pasea por la Costera de Acapulco pero es incapaz de averiguar los asesinatos, secuestros y extorsiones que ocurren a dos cuadras de su perímetro de vigilancia. Lo mismo ocurre en todas las ciudades y zonas rurales.
La Policía Federal ha sido un fracaso rotundo. Si se debe perseguir al ‘Chapo’ Guzmán, es la DEA la que le localiza y la Armada la que le persigue sin éxito, quizá porque alguien le avisó antes. La policía federal y el comisionado de seguridad ni siquiera sabían que el tal Guzmán Loera era perseguido cuando la prensa de Estados Unidos ya había informado al mundo, no sólo de la persecución sino de la nueva evasión y de las lesiones del perseguido. Todo es una vergüenza.
Por todo esto y más se ha producido una “lluvia” de acusaciones y reclamaciones contra Peña Nieto en todo el ámbito de la lucha a favor de los derechos humanos. Por eso también mucha gente dentro de México espera alguna definición gubernamental al respecto. Pero nada. No hay ningún plan nuevo sino un seguir en las inercias y justificaciones. Cuando se le pregunta al gobierno mexicano cuándo retirará al Ejército y la Armada de la lucha contra los narcotraficantes, la respuesta es sencillamente que nunca porque no se le ve final a la crisis de violencia que azota al país. Pero Peña Nieto no intenta una explicación al respecto. En realidad, en lugar de tratar de dar alguna satisfacción a sus interlocutores en Washington y Nueva York, lo que tampoco hace bien, Peña debería ofrecer exactos razonamientos a los mexicanos y mexicanas que, dígase lo que se diga, viven la crisis de violencia como si la sintieran en carne propia por la sencilla circunstancia de que cualquiera puede ser víctima.
Sí, le ha llovido a Peña. El mayor problema sin embargo es que él ni siquiera lo siente. Sigue exactamente igual que antes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PABLO GÓMEZ (ANÁLISIS)
La propuesta de la OCDE perjudicará a quienes tienen entre 38 y 64 años, advierte experto. Cuestionan la viabilidad jurídica y el costo político que tendría cambiar el sistema actual.
La propuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para reformar el actual esquema de pensiones en México afectará los derechos de aproximadamente 9 millones de trabajadores que tienen entre 38 y 64 años de edad, advirtió Alejandro Turner Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores (AMAC).
En entrevista, consideró que el actual gobierno pretende impulsar esta propuesta porque están buscando por todos lados cómo incrementar el ingreso y no hay mucho espacio para conseguir recursos ni cómo bajar el gasto y esas son las opciones que han encontrado para hacerlo.
Rendimientos de Afore impactará prestación de jubilados
La propuesta de la OCDE presentada el pasado 15 de octubre plantea un esquema de prorrata, por medio del cual todos los trabajadores –incluso aquellos que empezaron a cotizar antes de la reforma a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en julio de 1997, y que podían escoger entre el sistema de beneficios definidos– migrarán a otro basado en la cuenta individual de contribución definida a cargo de las administradoras de fondos para el retiro (Afore).
Sin embargo, Alejandro Turner afirmó que habrá que ver sI esta propuesta de la OCDE es viable jurídicamente y además se deberá tomar en consideración el costo político porque sí habrá una afectación de los derechos de los trabajadores.
El problema, dijo, es para quienes siguen acumulando semanas con la ley anterior. Entonces los que serán afectados son los trabajadores de 38 a 64 años de edad, quienes no podrán acumular las 52 semanas adicionales que les permitirían cobrar una pensión al ciento por ciento. Indicó que pese a que no hay un cálculo todavía de cuánto sería el ahorro pero el pasivo se reduciría a más de la mitad.
Turner destacó que en el sistema actual de Afore una persona que haya elegido una administradora de fondos para el retiro que otorga buenos rendimientos puede obtener una pensión de 10 mil pesos y otro trabajador por estar en una mala Afore va a tener una pensión de 2 mil pesos. “Hay una diferencia de 400 por ciento porque hay Afore que en su balance histórico han dado 11 por ciento de rendimiento nominal y hay otras que han dado 5 por ciento.
Esa diferencia en el rendimiento puede hacer que una pensión baje de 10 mil a 2 mil pesos y ahí nadie está haciendo nada y es un punto muy importante, porque ya se vive esta situación, refirió el experto. Explicó que ha habido mal manejo de muchas Afore y son varias. “Si uno ve el rendimiento neto histórico que han dado. Hay algunas que han hecho bien su trabajo, independientemente de que el sistema sea bueno o malo, pero hay otras que han generado rendimiento muy bajos.
Por ejemplo Inbursa, Azteca y Coppel, que tienen rendimiento del orden de 5 por ciento, y hay otras como Pensionissste, Sura e Invercap que traen rendimientos arriba de 10 por ciento. Ese diferencial que nadie ve genera pensiones cinco veces mayores o cinco veces menores y eso debería de preocupar a la autoridad.
El presidente de la AMAC aseveró: Las Afore que lo están haciendo mal están comprometiendo la pensión del trabajador. Se está dejando a la libre competencia pero la libre competencia en las Afore no existe. El 60 por ciento de la gente históricamente se ha cambiado a peores Afore, porque no tiene conocimiento y los promotores la convence erróneamente y provoca esto que es muy grave, porque sigue siendo un sistema de seguridad social que debe estar respaldado, regulado y tutelado por el gobierno.
Turner instó a que se integre un grupo de expertos que analice el caso de México y no copiar esquemas de otros países.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ISRAEL RODRÍGUEZ.
Sin embargo, obtiene libertad bajo fianza, por deficiencias del Ministerio Público; en Yucatán la tortura es sistemática, tolerada por el gobierno estatal y por la propia Comisión de Derechos Humanos (Codhey) y encubierta por las instancias de justicia, afirman Equipo Indignación y Artículo 19.
Aunque tardíamente, un ex alcalde de Seyé, Ermilo Dzul, fue procesado en Yucatán por torturar a un periodista, informaron en un comunicado conjunto Article19 y Equipo Indignación, ésta organización local de derechos humanos.
“La justicia a medias fue responsabilidad del Ministerio Público Federal, que consignó como lesiones y abuso de autoridad un caso de tortura“, señalaron las organizaciones.
Añadieron que en Yucatán la tortura es sistemática y es tolerada por el gobierno estatal y por la propia Comisión de Derechos Humanos estatal (Codhey) y encubierta por las mismas instancias de justicia, tal como informó recientemente Indignación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su reciente visita in loco a México.
A continuación, el comunicado conjunto de Article19 y Equipo Indignación:
Justicia a medias y tardía: Ex alcalde procesado por torturar a periodista
Casi dos años después de torturar al periodista Edwin Canché, corresponsal del Diario de Yucatán, el ex alcalde de Seyé, Ermilo Dzul Huchim, fue llevado ante la justicia. La tardanza fue, en gran medida, “gentileza” de la LX Legislatura del Estado de Yucatán que se negó siquiera a calificar el juicio de procedencia que Article19 e Indignación interpusimos para retirar el fuero al alcalde.El ex alcalde está siendo procesado en el Juzgado Quinto de Distrito del Poder Judicial Federal. La justicia a medias fue responsabilidad del Ministerio Público Federal, que consignó como lesiones y abuso de autoridad un caso de tortura.Trivializado el hecho, el alcalde pudo salir en libertad bajo fianza. Sin embargo, tendrá que responder ante la justicia pues quedó ya sujeto a proceso, lo cual sienta un precedente en el país de la impunidad que tolera la tortura.El caso salió del ámbito estatal que tanto ha encubierto este crimen y fue atraído por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, de la PGR. En el ámbito estatal, lamentablemente, otros casos de tortura han sido reiteradamente encubiertos por la fiscalía estatal. En Yucatán la tortura es sistemática y es tolerada por el gobierno estatal y por la propia Codhey y encubierta por las propias instancias de justicia, tal como informó recientemente Indignación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante la visita in loco a México que realizó en septiembre esa organización internacional.Por la agresión contra Edwin Canché, ocurrida el primero de enero de 2014, cuando cubría un accidente ocasionado por un familiar del ex alcalde, también han sido detenidos 5 policías, pero han obtenido su libertad bajo fianza.El 1 de enero de 2014, Edwin Canché fue víctima de detención arbitraria, así como de tortura por parte de 5 policías municipales, entre ellos el director de la Policía Municipal, y del propio alcalde de Seyé, con motivo de la cobertura que dio a un choque automovilístico que involucraba al sobrino del edil.El periodista fue detenido y trasladado al Palacio Municipal sin ninguna causa legal que lo justificara, ya que únicamente se encontraba realizando su labor periodística. En el interior de ese lugar fue torturado, provocándole lesiones en las costillas y una contusión en la cabeza. Incluso el alcalde le advirtió: “Ya estoy hasta la madre, me tienen cansado de que estén criticando mi administración”.Por estos hechos se inició el proceso penal correspondiente, el cual han acompañado ARTICLE 19 y el Equipo INDIGNACIÓN. En dicho proceso, que hoy sigue en curso, se determinó la probable responsabilidad de los 5 policías agresores, incluido su director, así como del alcalde. Sin embargo, se había negado la orden de aprehensión en contra del este último, bajo el argumento de que por su cargo, gozaba de fuero constitucional.El Congreso del Estado SE NEGÓ SIQUIERA A CALIFICAR EL JUICIO DE PROCEDENCIA que interpuso en enero de este año el equipo Indignación junto con Article XIX para que se le retirase el fuero.El 1 de septiembre pasado Ermilo Dzul Huchim terminó su período de alcalde con varias acusaciones de abusos. Fue detenido el día de antier, 22 de octubre de 2015.El equipo Indignación y Article19 reconocen el valor del periodista que ha continuado su denuncia, así como de quienes han testificado.México vive una profunda crisis en materia de derechos humanos y, en medio de esta crisis, alarman los numerosos casos de tortura y agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El gobierno federal ha firmado varios acuerdos multimillonarios para promover a México en encuentros deportivos de primer nivel: pactó el regreso de la Fórmula 1 a cambio de 360 millones de dólares y decidió desembolsar 60 millones de pesos para difundir la “marca México” en peleas del Consejo Mundial de Boxeo. Pero hay tres problemas: los contratos son opacos, se acaban de anunciar grandes recortes presupuestales y no se han difundido estudios serios acerca de los beneficios que traerán esas inversiones.
MÉXICO, D.F: En el primer año del recorte presupuestal, al gobierno federal no le bastó gastar 360 millones de dólares para traer de regreso la Fórmula Uno (F1). También pagó 60 millones de pesos al Consejo Mundial de Boxeo (CMB) con el fin, supuestamente, de promover el país.
Con el argumento de impulsar la marca país/México, la administración de Enrique Peña Nieto celebró un contrato por medio del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM, que depende de la Secretaría de Turismo) con el CMB. Ahí se pacta que en 15 peleas –incluidos los combates entre Floyd Mayweather Jr., contra Manny Pacquiao y Saúl Canelo Álvarez contra James Kirkland– aparecería el logotipo Visit Mexico, impreso tanto en la lona como en las cuerdas del ring.
El contrato MTB/DRNA/005/2015 fue adjudicado de forma directa a World Boxing Council, Inc. (WBC), “empresa de nacionalidad puertorriqueña” –según se asienta en el documento. En realidad se trata de una compañía estrechamente vinculada con el propio CMB (con sede en la Ciudad de México) y dedicada a la comercialización, toda vez que los objetivos del consejo se concentran básicamente en regular las peleas, sancionarlas y realizar las clasificaciones de los boxeadores.
En dicho convenio de prestación de servicios, signado en Nueva York el pasado 11 de marzo, el gobierno se compromete a pagar al WBC 3 millones 950 mil dólares (59 millones 250 mil pesos).
No es un caso único. El CPTM también está detrás del Gran Premio (GP) de México de la F1, que en noviembre próximo retornará al país luego de 23 años de ausencia. En julio pasado, los gobiernos federal y capitalino, así como Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE, socia de Televisa), anunciaron la vuelta del GP de México, que se celebrará anualmente durante los próximos cinco años.
Para promover Visit Mexico en la F1, la administración peñanietista realizará un pago de 360 millones de dólares, de los que ya entregó una parte a CIE, responsable del contrato signado con Formula One Management, administradora de los derechos comerciales de la serie.
El GP de México obliga al gobierno federal a un desembolso anual de 72 millones de dólares. El presidente Enrique Peña, de hecho, celebró el pasado 23 de julio el regreso del evento en su cuenta de Twitter, al justificar: “Con la @F1 en nuestro país, México tendrá beneficios económicos por 2 mil millones de dólares, y se generarán cerca de 18 mil empleos”. Pero no ha difundido ningún análisis que respalde su dicho.
No es todo. En abril de 2012 la escudería Sauber de F1, en la que figuraban el piloto tapatío Sergio Checo Pérez y el japonés Kamui Kobayashi, anunció un acuerdo con el CPTM para lucir el logotipo de Visit Mexico.
Información solicitada por Proceso y entregada por el Sistema de Solicitudes de Información (Infomex) confirma que en noviembre de 2012 el CPTM avaló el patrocinio Visit Mexico con Sauber durante al menos 12 de los 18 Grandes Premios que restaban de la temporada de ese año.
El contrato –firmado con la empresa Make Pro S.A. de C.V. “con el objeto de posicionar la marca México/País en los vehículos de la escudería Sauber F1 Team”– acordó un pago de 2.9 millones de dólares. El convenio se celebró el 19 de mayo de 2011 por la representante legal del CPTM, Martha Verónica Estrada Díaz, y el representante legal de la empresa proveedora, Eduardo Mondragón Mora.
La marca apareció impresa en los alerones traseros de los dos monoplazas Ferrari C31 de Sauber, con la que el mexicano Pérez irrumpió en los grandes circuitos mundiales.
La oscuridad del box
La reciente alianza entre el CPTM y World Boxing Council, Inc., resulta costosa. Con 60 millones de pesos, por ejemplo, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, podría haberse comprado siete residencias como la que adquirió en Malinalco, Estado de México. El funcionario se hizo de la lujosa vivienda –que también perteneció al exdirector de la Conade, Nelson Vargas– tras un pago de 7.5 millones de pesos, en octubre de 2012.
Antes de verse inmiscuido en ese escándalo, en enero pasado Videgaray anunció un recorte al gasto público por 124 mil 300 millones de pesos para este año. El propósito, justificó, era estabilizar las finanzas públicas, afectadas por la caída en el precio del petróleo.
El contrato celebrado entre el CPTM y el CMB, vía World Boxing Council, Inc., y obtenido por este semanario a través de la solicitud a Infomex con número de folio 2135500008315, es poco claro.
El convenio de 20 páginas que entregó Infomex sólo se refiere a 15 peleas profesionales, pero no especifica el tipo de combates ni los escenarios en que aparecerá la marca promovida, de acuerdo con la hoja de respuesta que entregó el 17 de junio pasado la directora de Tecnologías de Información de Infomex, Laura Adriana Castillo Castro. A falta de Anexo Técnico, Castillo Castro tampoco sustenta los motivos para signar el millonario acuerdo.
En cambio, se consigna que, a la fecha de la firma, el CPTM cuenta con la asignación presupuestaria y la disponibilidad de recursos suficientes para el pago de los servicios pactados, conforme al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2015 y al calendario de gasto autorizado al CPTM, responsable de colocar toda la publicidad y propaganda del país en el mundo.
El contrato fue firmado, por una parte, por el CPTM, representado por el director regional para Norteamérica y representante legal, Rodrigo Esponda Cascajares, asistido por Yadira López Salas, directora general adjunta de Mercadotecnia y Promoción, y por el directivo ejecutivo de Mercadotecnia, Alberto Llanes Álvarez. Por la otra parte, la empresa World Boxing Council, Inc., rubricó el acuerdo a través de su representante legal, Miguel Ernesto López García, quien también funge como contador del CMB.
El proveedor, World Boxing Council, Inc., declara ser una empresa de “nacionalidad puertorriqueña, legalmente constituida conforme a las leyes de Puerto Rico”, con domicilio fiscal en calle Fortaleza número 260 en San Juan de Puerto Rico, como se hace constar en el Certificado de Incorporación con número de registro 21462-SF, de fecha 6 de mayo de 1991, pasado ante la fe del notario público Gabriel I. Peñagaricano, de aquel país.
Sin embargo, cuando se intenta acceder al sitio web de la citada compañía, el enlace remite directamente al portal oficial del CMB, que preside el mexicano Mauricio Sulaimán, quien heredó el cargo tras la muerte de su padre, José, en enero de 2014.
Las cláusulas del convenio únicamente refieren que el proveedor se obliga a prestar los servicios de promoción de la marca México en las veladas del CMB a realizarse en Estados Unidos durante 2015.
Entre las cláusulas se especifica que las cantidades a pagar “serán fijas durante toda la vigencia del contrato, y deberán ser atendidas con todos los impuestos que genere la prestación de los servicios contratados. Por lo tanto, cada una de las partes se obliga a dar cumplimiento a las obligaciones fiscales que le correspondan”.
World Boxing Council Inc., también será responsable de todo tipo de impuestos y otros gastos surgidos de su papel de contratista independiente o derivados del empleo entre el proveedor, su personal y la prestación de los servicios, así como de todas las obligaciones y responsabilidades patronales en materia fiscal, laboral y de seguridad social, “manifestando que cuenta con recursos suficientes y propios para cumplir con dichas obligaciones y responsabilidades, motivo por el cual se obliga a sacar en paz y a salvo al CPTM de cualquier conflicto individual de trabajo en contra de este último”.
El combate del pasado 2 de mayo entre el estadunidense Floyd Mayweather Jr. y el filipino Manny Pacquiao, en el MGM Grand de Las Vegas, fue el más esperado de los últimos años por los aficionados al pugilismo y, por ello, el duelo resultó el más lucrativo y de mayor impacto mediático en la historia. La contienda, sin embargo, resultó un fraude según la opinión mayoritaria de los analistas.
Según agencias de información, la cerveza mexicana Tecate, que también patrocina al club Barcelona y pertenece a Grupo Heineken, rotuló su logotipo en el centro del cuadrilátero de la llamada “Pelea del Siglo” a cambio de 5 millones de euros. En segundo término apareció Visit Mexico, marca que estuvo presente en dos de las cuatro esquinas y en uno de los encordados.
La esperada pelea protagonizada por Mayweather y Pacquiao arrojó cifras sin precedente en la historia del pugilismo profesional: fue la más vista por televisión de pago por evento, con un total de 4.4 millones de personas que adquirieron el servicio sólo en Estados Unidos. Por este rubro, los empresarios ingresaron 440 millones de dólares del total de 600 millones de dólares recaudados en la velada.
En total, el gobierno de Peña Nieto se comprometió a pagar 3 millones 950 mil dólares para la compra de espacios durante 15 peleas profesionales, lo que equivale a un desembolso real de 3 millones 950 mil pesos por función. No obstante, se desconoce hasta ahora el retorno de la inversión que se espera.
Los detalles
El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, confirma en entrevista que el paquete de promoción en 15 peleas también incluye la próxima contienda de Saúl Álvarez que, adelanta, probablemente será contra el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto en noviembre.
El convenio, explica Sulaimán, contempla peleas transmitidas por HBO, y busca colocar la marca México en el mercado estadunidense, “el principal cliente del turismo. Aproximadamente 80% de los turistas que visitan nuestro país provienen de allá”.
Según el presidente del CMB, el convenio con el CPTM ha sido “bien recibido” entre los televidentes y los medios: “Una pelea no sólo es subirse al cuadrilátero, y ahí se acaba todo. Hay muchas notas previas y repeticiones en fotografías, en videos, en películas, y la mancuerna que se ha logrado ha sido un éxito rotundo, porque continuamente (la marca) México se está viendo en todo el mundo”.
–¿Desde cuándo opera la empresa World Boxing Council, Inc., que firma el convenio con CPTM? –se le pregunta.
–Es el Consejo Mundial de Boxeo. Tenemos 53 años de operar a nivel mundial. El CMB garantiza los mejores eventos, que sea algo exclusivo, que la marca esté presente de manera exclusiva en las grandes peleas.
–¿Cuál fue la razón del CMB para acreditar su domicilio en San Juan de Puerto Rico?
–Es cuestión del comité correspondiente, pero el CMB está constituido en muchos países. (Fueron) cuestiones de la gente de la operación de la Tesorería y de los registros de los organismos.
–¿Técnicamente no era mejor registrar el mismo domicilio de la sede del CMB, en la Ciudad de México?
–No lo sé. Me involucro en garantizar que se den los mejores resultados (en relación con la marca México), hablar con los promotores… Ésas son cuestiones administrativas. De eso no tengo ni la menor idea de qué será, pero le estoy diciendo que el CMB está registrado en muchos países porque tenemos operaciones en 165 naciones afiliadas, y en 165 tenemos influencia. Ahí llega el organismo.
–¿Es decir que el contrato con el CPTM se pudo haber registrado en cualquiera de estos países?
–En cuestiones administrativas, con mucho gusto le puedo buscar los datos específicos, pero esto no lo manejo, no lo conozco a detalle, mucho menos en estos momentos que estoy viajando.
Los recursos derivados de este convenio, sostiene Sulaimán, son canalizados mediante un programa “muy complejo y global”, que incluye la participación de promotores de boxeo en las 15 funciones que comprende el convenio, publicidad en las sedes de las peleas, en campañas para la prevención de adicciones y la delincuencia, y “en rescatar espacios públicos, pláticas de concientización y entrenamientos públicos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAÚL OCHOA.
MORELIA, Mich., octubre 24: El paso del huracán “Patricia” en Michoacán dejó un saldo de dos personas heridas y 40 familias damnificadas en Lázaro Cárdenas.
La mañana de este sábado colapsó la carretera Peribán-Los Reyes. El hundimiento en dicho tramo carretero dejó saldo de al menos dos personas lesionadas, por lo que elementos de emergencia se trasladaron al lugar para brindarles atención médica.
El huracán también dejó inundaciones y deslaves en varios municipios michoacanos.
Sobre la carretera Uruapan-Los Reyes se registró el desgajamiento de un cerro. No hubo personas lesionadas, sin embargo obstruyó por completo el tránsito vehicular.
El derrumbe provocó que árboles cayeran sobre la ruta, impidiendo el paso de automovilistas, por lo que autoridades ya se encuentran trabajando en el lugar para liberar la vía.
El presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Armando Carrillo Barragán, informó que se presentaron inundaciones y encharcamientos en las cercanías del Río Acalpican, donde 40 familias de la comunidad del Habillal fueron afectadas y evacuadas.
En entrevista telefónica, el edil detalló que ante la amenaza que significaba la llegada de este fenómeno natural al puerto, fueron habilitados 21 albergues para atender alguna emergencia, así como elementos de protección civil preparados para auxiliar a la población, mismos que no fueron requeridos por el descenso de intensidad de la tormenta.
En este sentido, Armando Carillo Barragán indicó que dentro de la ciudad no hubo mayor afectación ni reporte de personas heridas o lesionadas durante el paso de la tormenta, así como la atención de los cuerpos de emergencia en hospitales y clínicas.
Sin embargo, señaló que dentro del sector turístico le llegaron reportes de enramadas y módulos de atención que fueron severamente afectados e incluso algunos que quedaron completamente devastados por el paso de la tormenta.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
CANCÚN, Q. Roo: La Red Positiva de Quintana Roo denunció que el gobernador de la entidad, Roberto Borge, está detrás de una campaña homofóbica en contra del abogado Francisco Villareal Escobedo, aspirante a consejero del Organismo Político Local Electoral (OPLE) y exdirector Jurídico del municipio de Benito Juárez (Cancún).
Esta campaña es antecedida por acciones legales emprendidas por el gobierno estatal y el actual ayuntamiento, que preside el priista Paul Carrillo, para clausurar el despacho JFK, del cual Villarreal Escobedo es socio.
Dicho despacho ha defendido a periodistas y medios independientes, entre quienes destacan el comunicador maya Pedro Canché y el semanario Luces del Siglo, así como la exdiputada Alicia Ricalde, opositora al gobierno estatal.
El activista Roberto Guzmán, presidente de la Red Positiva de Quintana Roo, difundió una carta dirigida a Borge en la que pide garantías para Francisco Villareal.
Una revista vinculada al gobernador publicó un texto y fotografías para denostar y humillar al abogado.
En su carta, Guzmán, excandidato a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, refiere también un supuesto mensaje que circula en teléfonos celulares en el que se difunden ataques homofóbicos contra Villarreal.
El activista señala que el gobernador quedó involucrado “en comentarios y declaraciones dirigidas a desprestigiar el honor, el trabajo y la dignidad” de Villareal Escobedo,
“…Le solicito que garantice la integridad física y psicológica del Lic. Francisco Villareal, teniendo en cuenta sus situación de riesgo; que se asegure que ningún funcionario público o particular estigmatice con declaraciones públicas o mediante cualquier otra forma, atente contra la dignidad de persona humana”.
Villarreal Escobedo y Ricardo Reyes Valencia presentaron ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación una queja formal por los ataques en su contra.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
(Viernes 23 Octubre 2015). Esta mañana el gobernado del estado, Graco Ramírez Abreu, acepto que no hay recursos para seguir atendiendo a personas que requieren hemodiálisis.
Explicó que es necesario que los diputados federales no quiten los impuestos al refresco y eso sea etiquetado para atender a enfermos con insuficiencia renal.
Después de que el mandatario ha organizado conciertos y eventos donde se han gastado millones de pesos ahora el gobernado pidió a los legisladores federales "No quitarles recursos para atender problemas de salud como insuficiencia renal y diabetes"
Explicó que la doctora Mercedes Juan siendo una servidora pública ha dicho con valentía que es un grave error que se reduzca el impuesto a los refrescos porque el daño a la salud será mayor.
FUENTE: ZONA CENTRO NOTICIAS.
DÍA: 23 OCTUBRE 2015
LINK: http://www.zonacentronoticias.com/2015/10/reconoce-graco-ramirez-que-no-hay-recursos-para-atender-a-pacientes-con-insuficiencia-renal/
México, DF. A casi tres meses de la emisión de la Alerta de Violencia de Género en los estados de México y Morelos por parte de la Secretaría de Gobernación (SG), el proceso de implementación de los mecanismos de protección es “lento y sin resultados”, aseguraron diversas organizaciones civiles y de derechos humanos, que han seguido el proceso del desde su inicio.
Señalaron que en medio de la grave crisis de derechos humanos que vive el país, el tema de la violencia contra la mujer está presente de manera permanente, incluso desde el ámbito institucional. “No dejamos de reconocer avances legales en materia para erradicar la discriminación y la violencia contra la mujer, pero la corrupción y la impunidad son factores de incremento de la violencia”.
Con poco más de un mes como gobernador, el priista Alejandro Moreno Cárdenas está consiguiendo lo que a otros les cuesta años: el estado entró en una espiral de violencia de raíz política inusitada, que incluye la toma de instalaciones públicas con rehenes, sabotaje a la infraestructura y presuntas provocaciones. Voces opositoras lo acusan de fomentar esos conflictos, sobre todo en municipios donde triunfaron alcaldes del PAN.
CAMPECHE, Camp: Mientras la inestabilidad política crece en los municipios donde perdió el PRI, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas se retrata para su cuenta de Facebook jugando con niños en el parque, comiendo tacos en la calle o informando de los logros alcanzados en sus primeros “100 días de gobierno” cuando apenas van 37.
Al respecto, Manuel Zavala Salazar, dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), comenta: “Ni 40 días han transcurrido desde que asumió el cargo y vemos ya a la entidad en una situación alarmante por la inseguridad, pero sobre todo el ambiente político se ve enrarecido”.
Como ejemplo, señala los “municipios donde han estallado conflictos que parecieran alentados o inducidos con un esquema porril”. Agrega que esto puede explicarse “si nos remontamos a los antecedentes políticos de quien hoy encabeza el Ejecutivo estatal”.
Se refiere a que Moreno Cárdenas inició su ascenso en la política en 1999, después de que por presuntas órdenes del entonces gobernador José Antonio González Curi encabezó una “rebelión estudiantil” –en la participaron líderes de colonos y policías vestidos de civil– en la Universidad Autónoma de Campeche para expulsar al rector José Abud Flores de manera violenta.
También se recuerda la ocasión en que irrumpió en el Congreso local para arrojar huevos al entonces diputado Luis Carlos Basto mientras hablaba en la tribuna.
“La situación en el estado no se va a calmar ni nos va a hacer creer que todo está bien, con fotografías (del gobernador) revisando a medianoche la construcción de un paso peatonal o cayendo de sorpresa en el hospital del IMSS para supervisar la atención a los pacientes. Necesitamos una situación real de tranquilidad que genere credibilidad”, dice el líder opositor.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSA SANTANA
Xalapa, Ver., 24 de octubre: La madre de la joven Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, desaparecida el 7 de septiembre de 2012 en la Ciudad de Orizaba, encaró al gobernador de Veracruz, Javier Darte de Ochoa, gritándole “¡Bienvenido señor Gobernador al pueblo mágico, donde desaparecen a las personas”.
Cuando Duarte se retiraba del conocido Cerro del Borrego, en la ciudad de Orizaba, después de grabar un spot con motivo de su quinto informe de gobierno, la señora Araceli Salcedo le reclamó por la inseguridad e impunidad que prevalece en la entidad.
El mandatario, quien iba acompañado de su familia, intentó seguirse de largo, pero la mujer lo interrumpió: “Usted viene con su familia, ¿Y la mía dónde está?
Javier Duarte sólo respondió “Yo lo veo”. Posteriormente sonrió y siguió su camino. La mujer le exigió respeto y no burlarse de su caso.
El gobernador iba acompañado de su esposa Karime Macías, quien tampoco se detuvo a escuchar a la preocupada y exaltada madre.
“- No, señor Gobernador. No se escuda, sus fiscalías no sirven de nada, nos ayudan en nada, señor. Aquí está su pueblo mágico donde nos desaparecen a nuestros hijos y usted como si nada.
“- No -responde Duarte-.
“- Claro que sí, señor. Y no se burle, quite su sonrisa porque yo no vivo desde ese tiempo”.
Cabe destacar que en la pasada Feria Nacional de Pueblos Mágicos, que se realizó en el estado de Puebla, los municipios de Coscomatepec, Orizaba y Zozocolco consiguieron este nombramiento por parte de la Secretaría de Turismo de la federación
Tras los hechos, Duarte explicó mediante su cuenta de Twitter: “En Orizaba coincidí con la mamá de la joven Fernanda Rubí, su caso está en la @PGR_mx, el @FGE_Veracurz la va a recibir el 4 de noviembre”.
Posteriormente, a través de un comunicado, el gobierno estatal dio a conocer que el mandatario veracruzano solicitó al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Luis Ángel Bravo Contreras, para que redoble esfuerzos en la colaboración de la investigación de la desaparición de la joven Fernanda Rubí Salcedo Jiménez.
Este caso lo atrajo la Procuraduría General de la República (PGR) por existir elementos de la participación de la delincuencia organizada, institución que inclusive ofreció una recompensa para quien proporcione informes de la joven desaparecida el 07 de septiembre de 2012, en Orizaba.
La desaparición de la joven de 21 años ocurrió en el antro Bulldog de la ciudad de Orizaba, cuando cuatro sujetos se la llevaron por la fuerza; ella pidió auxilio, pero nadie la socorrió.
Ese mismo fin de semana también fueron secuestradas en ese municipio veracruzano otras siete personas, y a la fecha ningún caso ha sido esclarecido.
El video del reclamo a Duarte fue replicado en redes sociales y portales locales, y se puede apreciar en este link: https://www.facebook.com/649152811884370/videos/vb.649152811884370/716466008486383/?type=2&theater.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
CHILPANCINGO, Gro: El gobernador interino Rogelio Ortega Martínez decidió entregar de última hora y en sigilo, seis patentes notariales a hijos de fedatarios en funciones, exfuncionarios y familiares del defenestrado exgobernador Ángel Aguirre Rivero.
Apenas la semana pasada Ortega aseguró públicamente que en su administración no entregaría notarías.
Proceso dio a conocer desde mediados de agosto que el gobernador habría solicitado el pago de 35 millones de pesos para otorgar siete patentes, de las cuales dos estaban vacantes y cinco se encontraban concesionadas a jueces de primera instancia que actúan por ministerio de ley.
Amparado en la noche de este viernes 23, el gobernador Ortega encabezó una reunión secreta realizada en las oficinas de la Protur, ubicadas en la zona Diamante del puerto de Acapulco, donde acompañado por el secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado consumaron el reparto de notarías, informaron fuentes oficiales.
La entrega de seis de las siete notarías disponibles, sintetiza los señalamientos de corrupción y la opacidad que caracterizó la administración de Ortega, a unas horas de que finalice su periodo como interino este lunes 26 y reafirma que la entrega de notarías se ha convertido en un negocio para los gobernantes en turno.
Los beneficiados con las patentes entregadas este fin de semana en la clandestinidad son: Francisco Aguirre Gutiérrez; Francisco Salgado Coronel; Ana García Ramírez; Brenda Deyanira Alarcón López; Rodrigo Ortiz D´Ora Ramos y Lázaro Vega Morales, indicaron las mismas fuentes consultadas por Proceso.
Aguirre Gutiérrez es sobrino de Aguirre Rivero e hijo del expresidente del Colegio de Notarios, Juan Aguirre Utrilla, y hermano de Ernesto Aguirre, considerado el súper asesor del exmandatario y ejemplo del nepotismo que éste ejerció durante su gobierno.
Salgado Coronel es hijo de Humberto Salgado Gómez, compadre de Aguirre Rivero, quien se desempeñó como secretario de Gobierno y coordinador de los proyectos emblemáticos de inversión que el exgobernador dejó truncos, como el Acabús y el macrotúnel en Acapulco.
Salgado Coronel fungió como subsecretario de Seguridad Pública, pero renunció tras el escándalo que exhibió el nepotismo de la administración aguirrista.
Los dos juniors presentaron el examen, pese a que no cumplieron con los requisitos de la Ley del Notariado estatal, debido a que no acreditaron el periodo de tres años de laborar por tiempo completo en una notaría y tampoco presentaron certificados de especialización en derecho notarial, ni la carta de antecedentes no penales estatal, ni federal, como tampoco la constancia de no haber sido servidor público por designación del Ejecutivo o electo por elección popular durante los últimos tres años antes de presentar el examen.
Ana García Ramírez, es hija del notario porteño y actual funcionario estatal, Miguel García Maldonado.
En tanto que los tres restantes, solo se conoce que han laborado en notarias de fedatarios del puerto de Acapulco que han sido beneficiados de la misma forma, mediante la decisión unilateral del gobernador en turno.
La historia del reparto de notarias
El pasado 19 de agosto, apro dio a conocer que Ortega Martínez habría solicitado el pago de 35 millones de pesos para otorgar siete patentes de notario, de las cuales dos están vacantes y cinco se encuentran concesionadas a jueces de primera instancia que actúan por ministerio de ley.
Además, fuentes oficiales informaron que a través de su personero Victoriano Sánchez Carvajal, subsecretario de Asuntos Jurídicos, el secretario de Gobierno, David Cienfuegos, cobró 20 mil pesos a cada uno de los 30 aspirantes para que de manera previa e irregular tuvieran acceso a los temas del examen que se realizó el 7 de agosto para obtener la patente.
Luego de desacreditar la información, mofarse y amenazar a este reportero con denunciarlo por daño moral, Ortega guardó silencio, y a través de su secretario de Gobierno operó los cambios de adscripción para beneficiar a notarios en funciones.
Dos meses después Ortega habló públicamente del caso de las notarías y anunció que no iba a entregar ninguna patente.
“En mi gobierno no se entregaron notarías, en mi gobierno no se va a entregar una sola notaría”, expresó durante un acto público realizado el lunes 12 en la ciudad de Taxco, donde señaló que en el tema del reparto de patentes “hay un error, porque alguien difundió una absoluta mentira y parece que la mentira es lo que más se escucha o se quiere escuchar”.
En el mismo evento, Ortega definió el cuestionado examen para obtener la patente de notario como un procedimiento “público, transparente y abierto”.
No obstante, dijo, corresponderá al nuevo gobierno estatal –que entra en funciones el próximo martes 27– continuar con este proceso, y “si considera le tocará entregar notarías”.
El gobernador Ortega, no solo entregó seis notarias a hijos de políticos y notarios, también autorizó cambios de adscripción para beneficiar a notarios en funciones con negro historial.
Premio a defraudadora fiscal
El miércoles 14, apro dio a conocer que Ortega había premiado a la notaria de Chilapa, Rosina Rojas Carrasco, con un cambio de adscripción a la notaría pública número dos –con sede en el puerto de Acapulco–, pese a que estuvo presa por el delito de defraudación fiscal.
De manera sigilosa y sin considerar los antecedentes penales y la falta de probidad de la mujer, el secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, autorizó el cambio de Rojas Carrasco y de otros dos notarios.
De acuerdo con documentos oficiales consultados por apro, Rosina Rojas estuvo presa en la Ciudad de México por el delito de defraudación fiscal equiparable, debido a que omitió el pago de impuestos por 750 mil pesos desde el año 2000.
La causa penal 36/2006 se encuentra radicada en el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en esta capital, donde se mantiene firme la responsabilidad penal contra la mujer, quien obtuvo la patente en la administración del exgobernador y actual senador priista, René Juárez Cisneros.
Durante un periodo prolongado, la notaría de Chilapa no tuvo responsable, hasta que Rojas Carrasco regresó a ejercer sin ningún impedimento, luego de salir bajo fianza, según fuentes oficiales.
Rosina Rojas fue premiada con el cambio de adscripción al puerto de Acapulco, no obstante que aún se encuentra sujeta a un proceso penal federal, indican los documentos consultados.
Los otros dos notarios beneficiados con el cambio de adscripción son Agustín Antonio Meza Bustos, quien se desempeñaba como notario público número uno en Tlapa y también fue cambiado al puerto de Acapulco, y el notario uno de Coyuca de Catalán, Aurelio Ortiz Gutiérrez, quien ahora despacha en el Distrito de Hidalgo, con sede en Iguala.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
México, DF. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió un grupo de visitadores al municipio de Cosalá, Sinaloa, con el objetivo de recibir y atender las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos que se presentan en ese lugar y poblaciones aledañas del estado de Durango, con motivo de operativos que realizan elementos de la Secretaría de Marina en la zona.
En un comunicado, el organismo nacional informó que su personal se trasladó al lugar desde el momento que tuvo conocimiento de los hechos, aunque no precisa la fecha exacta. Además, dijo, se establecerán los mecanismos de coordinación y apoyo necesario con las Comisiones Estatales de Derechos Humanos de Sinaloa y de Durango para el seguimiento y atención a posibles violaciones a derechos humanos.
La Secretaría de Marina confirmó que realiza acciones contra el crimen organizado en la zona conocida como “Triángulo Dorado”, que abarca a los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango desde hace unas semanas, cuando vecinos de la comunidad de El Verano, en Tamazula, Durango, reportaron disparos desde un helicóptero hacia su comunidad y posteriormente a los poblados cercanos, expuso. Las acciones de la dependencia se realizan en la búsqueda del narcotraficante prófugo Joaquín El Chapo Guzmán.
En el estado de Sinaloa, los visitadores adjuntos de la CNDH acudieron a los lugares donde se señalan ubican las casas que fueron abandonadas por sus propietarios para dirigirse a Cosalá; visitaron el albergue al que refieren fueron trasladadas las personas que por temor dejaron sus viviendas; recabaron el testimonio de diversos pobladores y han sostenido entrevistas con autoridades municipales y solicitado informes sobre los hechos.
La CNDH continuará dando seguimiento a los acontecimientos que se desarrollan en los Estados de Durango y Sinaloa y atenderá las quejas que por presuntas violaciones a derechos humanos se presenten, respecto de las cuales, una vez que haya concluido el estudio e investigación de las mismas, emitirá el pronunciamiento que corresponda, señala en su comunicado.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.
Inquiere Peña a Preciado en Playa Paraíso.
Playa Paraíso, Col. A unos metros de la destruida avenida principal de este pueblo pesquero, entre mujeres, niños y hombres suplicantes de apoyo para reconstruir sus casas y negocios, el presidente Enrique Peña Nieto fue en busca del senador panista Jorge Luis Preciado, quien observaba a escasa distancia la reunión con los pobladores afectados por el huracán Patricia.
–Jorge Luis, ¿tú andas haciendo campaña o estás ayudando? –preguntó Peña Nieto.
–¡Nooo! –replicó el ex candidato panista al gobierno del estado–, yo vine a acompañar al presidente de Tecomán, porque sus playas resultaron afectadas.
–Me da mucho gusto –repuso el Presidente–, ahora yo voy a llevar la labor de reconstrucción. Yo voy a ayudar en la reconstrucción; en la parte política, ¡en esa ni me meto!
Así, Enrique Peña se despidió de Preciado, una vez que el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, lo condujo hasta el panista, en medio de la tragedia de los de Playa Paraíso.
Antes, Preciado, rodeado de ayudantes y acompañado de una despampanante mujer, respondió con júbilo a quienes le gritaban: ¡Preciado, mi próximo gobernador, chingao!
–¡A güevo, putos! –replicaba gustoso.
Se le preguntó si pretendía hablar con Peña Nieto: No, el Presidente trae su propia agenda.
No obstante, la emprendió contra el gobernador Mario Anguiano Moreno. Se involucró en la campaña con todo. No esperaban el resultado, remontamos 26 puntos. Yo estoy esperando a que el Congreso convoque a elecciones y la elección se lleve a cabo. Voy a ser candidato.
Expuso que el gobernador saliente debe responder ante el Congreso. El artículo 59, fracción quinta, dice que sí hay causal de responsabilidad (por la intervención del gobierno en las elecciones), y el Congreso va a iniciar un proceso de responsabilidad, tanto a Rigoberto Salazar como al mismo gobernador. Por su culpa se perderán millones de pesos que se destinaron a la elección, como para que él lo eche a perder.
En esas estaba cuando Eduardo Sánchez se acercó a saludarlo. Se despidieron y minutos después Peña se acercaba a Preciado.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ROBERTO GARDUÑO.
