Ante las múltiples dudas de usuarios de este sitio, revisamos lo aprobado por diputados. Los consumidores deberán cubrir una tasa fija adicional de 4.16 pesos por litro de gasolina Magna; de 3.52 pesos por litro de Premium; y de 4.58 pesos por cada litro de diésel. Pero esto no significa necesariamente que aumenten los precios.
En la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, aprobada en la Cámara de Diputados y actualmente en revisión en el Senado, se incluyó un impuesto a las gasolinas para el próximo año, que ha causado diversas críticas en las redes sociales.
Sin embargo, esto no representa una novedad, pues lo encontramos al menos desde el 2013. No obstante, llama la atención cómo ha aumentado este impuesto.
Para el próximo año se espera que las cuotas del IEPS sean fijas para gasolinas y diésel, quedando de la siguiente forma: gasolina menor a 92 octanos (Magna), 4.16 pesos por litro. Gasolina mayor o igual a 92 octanos (Premium) en 3.52 pesos por litro. Diesel 4.58 pesos por litro. Combustibles no fósiles 3.52 por litro, de acuerdo con el Dictamen que modifica la Ley del IEPS.
Un comparativo de lo que se pagaba en 2013 (primero) y lo que se pagaría en 2016 (después)
Este impuesto no significa como tal que la gasolina aumente, pues el monto ya está incluido en lo que cobran los operadores y así seguirá ocurriendo. Lo que sí podría significar es que los precios no bajen tanto en comparación a como se encuentran actualmente: Magna: 13.57, Premiun: 14.38, diésel: 14.20.
El impuesto se sumará el costo del combustible, cuya venta ya no será exclusiva de Pemex, después de la reforma energética.
Plantea la liberación del precio de los combustibles a la oferta y la demanda y el establecimiento –por parte del gobierno– de un costo de referencia mensual al cual se sumaría dicho gravamen.
En entrevista para Publimetro, Raúl Feliz, especialista del Centro de Investigación y Docencia Económicas, explicó que dichos montos se cobrarían durante todo el año sin importar si el costo de referencia que publique el gobierno suba o baje.
Además, señaló que, de acuerdo a lo aprobado por los diputados, la Secretarías de Hacienda y Energía harían un análisis del precio internacional de los combustibles para fijar un precio de referencia, al cual se le aplicarían los impuestos antes mencionados.
“Si baja el el precio internacional, tendremos precios más bajos –independiente del impuesto especial por el tipo de gasolina que compremos–, pero si suben por factores externos como una baja en los inventarios por un crudo invierno, podríamos llegar hasta el doble del costo actual”, dijo el investigador del CIDE.
El problema, apuntó, es que los consumidores de nuestro país no están preparados para lidiar con la volatilidad internacional de los energéticos, porque están acostumbrados a un precio fijo; lo cual podría generar conflictos sociales.
En el caso de que bajaran los precios al menos en algún lapso de 2016, Raymundo Tenorio Aguilar, director de las Carreras de Economía de la Escuela de Negocios del Tec de Monterrey, campus Santa Fe, reconoció que no ”existe la garantía de que los transportistas (de pasajeros o de carga) reduzcan sus tarifas cuando baje el valor de los combustibles y, por el contrario, no se tocarán corazón para subirlas si se dispara el precio de las gasolinas“.
Lo que sí garantiza el gobierno federal es la recaudación del impuesto especial al combustible y deja una eventual reducción en el precio de las gasolinas en manos del mercado y de la participación de las empresas que importen energéticos para competir con Pemex.
En el mismo sentido, el líder de la Canacintra Yucatán, Mario Can Marín, refirió que el “nuevo impuesto” a las gasolinas, no es otra cosa más que fijar el gravamen del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (IEPS), lo que se traduce en que para el próximo año se adelante la liberación del precio del combustible.
El dirigente de los industriales expuso que “actualmente el IEPS se le va sumando, pero con estas modificaciones ya aparecerá fijo, sobre todo porque el próximo año el precio de las gasolinas ya variará con la entrada de nuevas compañías gasolineras”.
Gobierno niega aumento
Los precios de las gasolinas y el diésel no se modificarán de aquí al 31 de diciembre de 2015, aseveró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Subrayó que para 2016, el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) aplicable a las gasolinas y el diésel, que existe desde hace más de dos décadas, pasará de un esquema variable a un monto fijo durante todo el año.
Con ello, es incluso probable que los precios de las gasolinas y el diésel se reduzcan al inicio del año de acuerdo al comportamiento de los precios internacionales de dichos combustibles, resaltó la dependencia.
Por su parte, el subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher, negó que el gobierno o la minuta aprobada por la Cámara de Diputados contemplen un aumento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de los combustibles.
Reunido con senadores de las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos, el funcionario aseguró que se trata de información totalmente falsa.
“Es falso que se esté proponiendo un nuevo impuesto. El IEPS a la gasolina ya tiene muchísimo tiempo de existir. Lo que en realidad se está proponiendo es que nos movamos de un impuesto variable a un impuesto fijo, donde el fijo se está estableciendo para que sea exactamente igual al promedio esperado para este año 2015″, dijo.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Asociaciones de salud, alimentación y agricultura publicaron un desplegado este lunes para exigirle al Senado rechazar la reducción al impuesto de bebidas azucaradas.
“Bajar el impuesto a las bebidas azucaradas, en vez de subirlo al 20% recomendado por expertos nacionales e internacionales, representa un riesgo inaceptable para la salud de las niñas, niños y adolescentes de México”, cita el desplegado.
Esta semana el Senado votará la Ley de Ingresos para 2016, que incluye la propuesta de recortar los impuestos a las bebidas azucaradas.
En el desplegado de este día, las organizaciones firmantes advierten que la reducción al impuesto promoverá el consumo de bebidas endulzantes dirigidas a niños, lo que provocaría que uno de cada tres menores desarrolle diabetes a lo largo de su vida.
Los firmantes proponen incrementar el impuesto a dos pesos por litro para todas las bebidas azucaradas y exigieron a las autoridades garantizar el destino de dicho tributo a bebederos y dispensarios de agua en todas las escuelas y espacios públicos.
Entre los firmantes se encuentran: Al Consumidor, Asociación Mexicana de Diabetes, El Barzón, El Poder del Consumidor, Red de Acción por el Agua, Fundación Mídete, Oxfam, Greenpeace, Fundar y Vía Orgánica.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El gobierno de Oaxaca renta una oficina en la colonia Polanco, en el Distrito Federal, con un precio de 200 mil pesos mensuales.
En dicha oficina, ubicada en la Torre Omega, el gobernador Gabino Cué atiende a funcionarios, empresarios y políticos.
La renta de la oficina se paga a pesar de que el gobierno de Oaxaca cuenta con una representación oficial en el Distrito Federal.
El periódico Reforma publica este lunes que la oficina tiene 300 metros cuadrados. El diario pidió una explicación al gobierno de Oaxaca por esta decisión; no obstante, la administración estatal se negó a emitir una respuesta.
“La empresa que paga la renta de todo ese piso, donde las oficinas del Gobernador son sólo una parte del espacio ocupado, es Gasoductos de Chihuahua, según indicaron en la Administración de Torre Omega”, cita el diario.
Gasoductos de Chihuahua es una filial de Petróleos Mexicanos vendida en agosto a IEnova, dirigida por Carlos Ruiz Sacristán, extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y exconsejero de la empresa OHL.
La decoración de la oficina fue responsabilidad de la arquitecta Renata Elizondo, quien también diseñó la mansión habitada por Cué, con valor de siete millones de dólares.
El pasado 9 de octubre, el pintor oaxaqueño Sergio Hernández denunció que la mansión está ubicada en la calle Puente del Obispado s/n, en el Fraccionamiento Puente de Piedra, la zona residencial más cara de Oaxaca.
La residencia cuenta con tres pisos: en el primero hay un recibidor con baño, en el segundo está situada una sala y un comedor largo y en el tercero dos habitaciones con baño, una sala de entretenimiento y un largo palco.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
OAXACA, Oax: Pese a que la Policía Federal cercó las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO), la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) cumplió su amenaza de “acordonar” esas oficinas para exigir al gobierno federal y estatal la instalación de una mesa de negociación.
La dirigencia magisterial ordenó a los maestros de la Sierra y el Istmo bloquear el estacionamiento del IEEPO que colinda con el Banco del Ejército Mexicano, aunque les pidió no confrontarse con las fuerzas castrenses.
A los docentes de la región de Valles Centrales se les comisionó impedir el acceso en la puerta principal del IEEPO, los de las regiones de Cañada y Papaloapan se apostaron a los costados de las instalaciones del Instituto; a los de la Costa y Mixteca se les encomendó cerrar el segundo estacionamiento de funcionarios y mandos medios.
Ante la amenaza, desde temprana hora, la Policía Federal inició un operativo de resguardo en el IEEPO, retiró sus autobuses que estaban estacionados en los alrededores y los elementos se apostaron en el interior de las instalaciones. Las actividades en la dependencia se suspendieron.
El vocero de la Sección 22, Mohamed Otaqui Toledo, precisó que las demandas son: instalación de una mesa de diálogo, abrogación de la reestructuración del IEEPO y la evaluación docente; exigencia de pagos, plazas automáticas para normalistas y respeto a los derechos de los trabajadores.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
México, DF. Padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa iniciaron a las 16:45 horas una marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, a 13 meses de los hechos de Iguala, Guerrero.
El contingente, que es muy discreto en número, es custodiado por decenas de elementos de policía vial y muchos más apostados por la mayor parte de la ruta que recorrerán, Paseo de la Reforma.
La marcha es en exigencia de la localización de sus hijos y que el gobierno cumpla las recomendaciones del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha pedido replantear la investigación.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.
El estado del Pacífico está marcado por los tentáculos de la narcopolítica, el atentado en contra de un exgobernador, la disputa de los cárteles de la droga por Manzanillo y ahora la anulación de la elección por la gubernatura.
No hay quizá en México un estado donde se reflejen más los tentáculos de la narcopolítica como Colima, el pequeño estado del Pacífico mexicano.
En dos semanas ocurrió lo impensable en esta entidad: un atentado contra un exgobernador, la anulación de la elección por la gubernatura y el embate del huracán más poderoso en la historia del país.
Colima sobrevivió al paso de “Patricia”, que dejó solo daños en infraestructura y viviendas, pero probablemente no tenga la misma suerte en la disputa que existe por el poder político y la guerra que libran los cárteles de la droga por el puerto de Manzanillo.
Estos “huracanes” de Colima son más devastadores que los naturales.
Esta semana concluye su sexenio el gobernador priista Mario Anguiano, que deja un estado inmerso en una crisis por la violencia y la inestabilidad política.
Anguiano tendrá que cargar con los dos ataques que sufrieron durante su gobierno dos exgobernadores. Uno, Silverio Cavazos, quien fue acribillado hace cinco años. Y hace dos semanas Fernando Moreno Peña sobrevivió a un ataque a balazos.
En este contexto violento se anunció la semana pasada otro ciclón: la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de anular la elección por la gubernatura de Colima por la intervención del gobierno del estado a favor del candidato priista Ignacio Peralta, que había ganado por menos de mil votos la contienda al senador del PAN, Jorge Luis Preciado.
La anulación de la elección de Colima despierta sospechas por una posible concertacesión del gobierno federal con el PAN, acuerdos como los que hubo durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari.
En el salinato se negoció con el PAN la gubernatura de Baja California, a favor del panista Ernesto Ruffo Appel, y otras elecciones como la Alcaldía de Monterrey para el primer alcalde albiazul.
No hay duda que Colima enfrenta sus propios huracanes, más temibles, más devastadores que incluso “Patricia”.
Diez días antes de que tomara posesión como nuevo gobernador de Colima, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió anular la elección y quitarle el triunfo al priista José Ignacio Peralta.
La anulación en Colima llega en un momento políticamente complicado. La cercanía de la elección de dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una baja en la credibilidad de las instituciones, han llevado a algunos sectores a denunciar que se trata de una negociación entre el PAN y el PRI para obtener beneficios mutuos.
Es la tercera vez que el máximo tribunal electoral del país decide anular una elección a gobernador. En todas, el común denominador ha sido la intervención del gobierno estatal.
La primera vez ocurrió en el año 2000, cuando el Tribunal anuló la elección a gobernador de Tabasco por la intervención del priista Roberto Madrazo, entonces mandatario de la entidad.
Ocurrió después en el 2003, también en Colima, donde se comprobó la intervención del priista Fernando Moreno Peña, entonces gobernador -quien fue herido por un ataque a balazos el 12 de octubre pasado en la capital estatal-.
Ahora, el TEPJF comprobó la intervención del gobernador priista Mario Anguiano.
El Congreso local deberá nombrar a un gobernador interino, que tome protesta este 1 de noviembre, y convocar a nuevas elecciones.
Otra vez, los ciudadanos de Colima vivirán la campaña política y acudirán a las urnas para elegir a su nuevo gobernador. Esta vez, idealmente, sin la intervención de ninguna autoridad para coaccionar el voto.
José Ignacio Peralta negó que haya habido intervención del gobernador y afirmó que los votos los obtuvo limpiamente.
Jorge Luis Preciado, senador y candidato del PAN a la gubernatura, afirmó que no sabe si volverá a ser el abanderado de su partido porque eso lo decidirán los panistas en los próximos meses.
Preciado fue declarado perdedor por apenas 503 votos.
La elección más contada
Luego de las elecciones del 7 de junio pasado, la de Colima fue la única que se complicó.
El Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE) llevó a cabo el procedimiento del conteo voto por voto y, ocurrió algo que levantó la sospecha de los panistas.
El 11 de junio, cuando se dio a conocer el cómputo final de la elección, la consejera presidenta del IEE, Felicitas Alejandra Valladares, dio el triunfo al panista Jorge Luis Preciado. Sin embargo, minutos más tarde, anunció que no se le había proporcionado el resultado de una casilla en Manzanillo y la tendencia era favorable a José Ignacio Peralta.
La diferencia entre ambos candidatos era de 547 votos.
Vino entonces el recuento del voto por voto. Una vez que éste terminó, la diferencia de votos se redujo a 503, con ventaja para el priista.
El PAN comenzó la batalla legal para defender el triunfo.
La defensa recayó en Javier Jiménez Corzo, representante del PAN ante el IEE, y en Eduardo Aguilar, coordinador jurídico del PAN.
Se presentaron casi 500 pruebas ante el TEPJF sobre irregularidades en el proceso de elección. Como que 16 personas ya fallecidas habían emitido su voto.
Se demostró también que 100 personas que viven en el extranjero, supuestamente votaron. Los propios familiares de estas personas dieron fe, ante Notario Público, de que estaban fuera del país ese día.
Esas pruebas, sin embargo, fueron desechadas por el TEPJF; incluso, acusaron al PAN de hacer mal uso del padrón electoral para presentarlas.
Dentro del cúmulo de pruebas, los panistas presentaron también una grabación donde se escucha al secretario de Desarrollo Social estatal, Rigoberto Salazar, coaccionando a una persona para que dé su apoyo a Ignacio Peralta.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
MÉXICO, D.F: El grupo español OHL expresó su inconformidad con el proceso sancionador iniciado en mayo pasado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV) que detectó irregularidades en su filial de México.
El proceso fue notificado a la filial mexicana el 23 de octubre y versa sobre el incumplimiento de la normativa del mercado de valores mexicano a raíz del escándalo por presunta corrupción en contratos con el gobierno del Estado de México.
La propia OHL dio a conocer la investigación de la CNBV y sus resultados, a través de un comunicado dirigido a sus inversionistas en España.
En dicho comunicado, expresa su desacuerdo con los alegatos formulados por la autoridad mexicana y adelanta que presentará los suyos contra las imputaciones de la CNBV.
“La resolución que finalmente dicte la CNBV estará sujeta a recurso de revisión ante el citado organismo y, en su caso, a recurso ante los tribunales de justicia mexicano”, señaló OHL, al indicar también que no puede predecir el impacto que tendrá el proceso en la “reputación, negocio, condición financiera, resultados de operaciones o estimaciones” de la filial o la matriz.
La CNBV, cuestiona OHL en su comunicado, consideró que OHL México debía haber contabilizado de manera distinta sus concesiones, que no informó debidamente al mercado y que incurrió en incumplimientos de la “normativa aplicable a las operaciones con partes vinculadas” y de “determinados requisitos de índole formal y procedimental” en las mencionadas operaciones.
Sin embargo, sostiene, “en la mayoría de materias que son objeto de investigación por la CNBV ha contado en todo momento con la opinión favorable de los asesores externos de OHL México, incluidos abogados y auditores”.
Las autoridades mexicanas “han recibido siempre una opinión de auditoría limpia y sin salvedades”, subraya OHL.
Y agrega que la CNBV también realiza alegaciones sobre ciertas inversiones no verificables, que OHL considera “no relevantes”.
A mediados de este año OHL México se ubicó en medio del escándalo tras la filtración de grabaciones de llamadas telefónicas sobre presuntas irregularidades entre ejecutivos de la empresa y funcionarios mexicanos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) detuvo a un expreso del Reclusorio Oriente como uno de los responsables de secuestrar y asesinar a un hombre que posteriormente fue colgado en el puente de La Concordia, en la delegación Iztapalapa.
El detenido es Alejandro Gutiérrez Herrera o Alejandro Gutiérrez Vasconcelos, preso en 2013 por robo agravado.
El titular de la PGJDF, Rodolfo Ríos, informó que el detenido fue capturado como parte de una investigación orientada a encontrar una camioneta Chrysler Voyager que había sido abandonada en la carretera México-Puebla, en el municipio de Chalco, Estado de México.
Dicha camioneta tenía residuos de sangre, dos casquillos percutidos y guantes de látex usados. Estas pruebas están relacionadas directamente con el homicidio referido, indicó el funcionario.
Alejandro Gutiérrez Herrera o Alejandro Gutiérrez Vasconcelos participó junto con al menos dos personas más en el secuestro y homicidio de la persona que fue colgada en el puente de “La Concordia”, cuya identidad aún no ha sido precisada.
El cadáver, colgado el pasado 19 de octubre, tenía un mensaje: “Esto les va a pasar a todos los que estén apollando (sic) al ‘Andueza Velázquez Ricardo’, ‘El Miraviones’ internos y custodios del Reclusorio Oriente y sigo cumpliendo”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
GUANAJUATO, Gto: En el día de cierre del Festival Internacional Cervantino, padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos encabezaron una marcha y desde aquí enviaron un mensaje al Secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos: “seguiremos protestando una y otra vez, protestaremos donde se nos antoje y no nos va a meter miedo”.
Las madres se dijeron amenazadas públicamente por el Secretario de la Defensa, debido a su insistencia para entrar a los cuarteles del Ejército en busca de sus hijos.
“El general (Cienfuegos) ha dicho que no permitirá que entremos a los cuarteles, entonces le queremos decir que no tenemos miedo”; “¿por qué se hace Peña Nieto, qué, el Ejército está por encima de él? Estamos encabronados”, dijo otro padre en la protesta.
“Les pedimos que no nos dejen solos, que sigan protestando, que tampoco tengan miedo”, solicitaron a profesores, estudiantes, ciudadanos y activistas de Amnistía Internacional que los recibieron y participaron en la marcha.
Presentes estuvieron familiares del estudiante Ricardo Esparza Villegas, alumno de la Universidad de Guadalajara que viajó con compañeros a esta ciudad el año pasado para asistir al Festival Internacional Cervantino y que fue encontrado muerto en el patio de una casa, horas después de que se supo que había sido retenido por elementos de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
“En esta ciudad que yo tanto amaba le fue arrebatada la vida a mi hijo Ricardo. He sufrido en carne propia el dolor de perder un hijo, por eso sé lo que sienten ustedes… Yo también pido justicia, a las autoridades les pido que hallen a su asesino”, dijo la madre del alumno de Mecatrónica del campus Lagos de la UG, entre gritos de “¡Lo mató la policía!”.
La marcha comenzó a las seis de la tarde en el jardín Embajadoras y, junto con las consignas, se escuchó a los integrantes de la rondalla de la normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa interpretar varias canciones, algunas dedicadas a sus compañeros desaparecidos:
“En mi jacal alguien llora/mi madrecita querida/no pierde las esperanzas/que me regresen con vida”.
En el recorrido se hizo un alto afuera del Teatro Juárez, en cuyo interior el gobernador Miguel Márquez, el director del Cervantino Jorge Volpi y otras autoridades ofrecían una conferencia de prensa sobre el cierre del FIC y anunciaban la próxima edición.
Así, mientras se daba la intervención del Embajador de España en México, se alcanzó a escuchar desde afuera el pase de lista, nombre por nombre, de los 43.
Al final, en la Plaza de San Roque, los padres recorrieron una exposición con las imágenes de los rostros de sus hijos, enviadas por moneros de México y otros países, con un mensaje solidario para ellos.
A unos metros, en la explanada de la Alhóndiga, iniciaba el último espectáculo de la edición 43 del Cervantino.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
Un reporte de la Procuraduría General de la República indica que se incrementan los operativos federales para buscar puntos de venta de droga en 14 delegaciones.
La versión oficial de la autoridad local y federal es que no operan los cárteles de la droga en el Distrito Federal, pero hay incursiones policiacas por parte de la PGR en 14 de las 16 delegaciones.
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene reportadas 463 operativos contra la delincuencia organizada en el Distrito Federal del 2009 hasta septiembre pasado.
La Gustavo A. Madero, con 87 operativos, y la delegación Álvaro Obregón -con 83 incursiones- son las demarcaciones que más actividad en el combate contra el crimen organizado reportan en la Ciudad de México.
Le sigue la delegación Cuauhtémoc, en donde se reportan 61 incursiones de la Policía Federal Ministerial, y con una cifra muy cercana está Iztapalapa, con 60 operaciones, de acuerdo con el recuento histórico.
Iztacalco tiene el cuarto sitio de las delegaciones en materia de combate contra el tráfico de drogas, con 36 operativos de la PGR de 2009 a septiembre pasado. Le sigue Magdalena Contreras -33 operaciones policiacas-, Miguel Hidalgo -con 26 operativos-, en la Venustiano Carranza se reportan 22 operativos, Azcapotzalco reporta 21 operaciones, y 15 en Coyoacán.
Además, en el reporte entregado por la PGR se reconocen una decena de operaciones en Tlalpan, cuatro en la Benito Juárez, tres en Cuajimalpa y dos en Xochimilco.
En el recuento de 2009 a los primeros nueve meses de este año sólo aparecen dos demarcaciones políticas de la Ciudad de México en las que no han habido operaciones federales contra el tráfico de droga: Milpa Alta y Tláhuac.
Se perfila incremento
El recuento de estos nueve meses del año indica que se han suscitado 49 operativos federales en la Ciudad de México y el año pasado se reportaron 95 operaciones.
Solicitudes de información otorgadas a Reporte Indigo revelan que la operación federal contra la venta de droga en la capital de la República se ha visto incrementada en los últimos meses.
En 2013 fueron 81 operativos para localización de drogas, en 2012 fueron 55, en 2011 se reportan 59, otros 71 en 2010 y 53 en 2009.
En promedio, de 2009 a 2014 se efectuaron 69 operativos por parte de la PGR en las 14 demarcaciones de la Ciudad de México en que hubo operaciones contra la delincuencia organizada.
La información actualizada al 15 de septiembre de este año indica que las incursiones federales de la Procuraduría a través de la Policía Federal Ministerial suman 49 operativos en 2015.
Las delegaciones en que se realizan más operativos son Gustavo A. Madero -11 operaciones en el reporte de este año- y le sigue Álvaro Obregón, donde se reportan 10 incursiones policiacas.
En la delegación Iztapalapa se realizaron ocho operativos y en la Cuauhtémoc se reportaron siete incursiones federales en este último año. Todas las operaciones para los decomisos de drogas se realizaron en casas habitación.
No hay reporte de incursiones en establecimientos comerciales.
En Iztacalco sucedieron cuatro operativos antidroga este año, tres en Magdalena Contreras, dos en Azcapotzalco y uno en Coyoacán, y otro en Venustiano Carranza.
Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta, Cuajimalpa, y Benito Juárez no reportan operativos policiacas federales de PGR en estos nueve meses que reporta la PGR.
Reconocer su presencia
El informe, denominado “Puntos de narcomenudeo desmantelados en el Distrito Federal”, fue proporcionada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), explicó en entrevista con Reporte Indigo que la autoridad necesita crear una ficción oficial respecto a que en la Ciudad de México no hay actividad del crimen organizado
“Todos los conflictos militares, de todo orden, necesitan una zona neutra, en todos los países, esto es un criterio de guerra”, afirma el experto en temas de violencia.
Con base en la operación de calle que realiza con niños que son reclutados por las bandas del crimen organizado, afirma que hay un triángulo en donde se acentúa la incidencia de delitos del orden federal, entre los territorios de Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Ciudad Nezahualcóyotl.
“Creo que sería muy importante reconocerlo, el que vivamos la ficción de que aquí es zona libre de narcotráfico deja en desprotección, como lo estamos viendo en las cifras, a las y los adolescentes”, afirma.
En el mapa del crimen que maneja la PGR se explica, en la versión de 2014, que en la Ciudad de México opera únicamente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y que carece de células y opera en nueve estados de la república mexicana.
En esa versión se explica que existen nueve organizaciones criminales en el país divididas en 43 subgrupos.
Sólo el CJNG y Los Caballeros Templarios carecen de células o pandillas y operan cada uno en nueve estados.
En la versión del mapa criminal de septiembre de 2015, el Cártel Jalisco Nueva Generación ya no opera -oficialmente- en la Ciudad de México, de acuerdo con el informe, y ya es la única organización criminal en el país que carece de subdivisiones y presenta operación en ocho estados: Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos y Veracruz.
“No se identifican grupos o células o pandillas vinculadas con la organización”, se lee en el informe oficial.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JULIO RAMÍREZ.
El debilitamiento del estado y la descomposición en las esferas de gobierno contribuyen de forma importante para que comunidades completas intenten hacer justicia de propia mano, considera el abogado y defensor de derechos humanos Raúl Rodríguez Guillén.
La principal causa de los linchamientos en México es la ausencia del estado como entidad rectora para la impartición de justicia. Si bien es cierto que México no repunta entre los países en donde el mayor número de linchamientos se dan, sí es cierto que es uno de los primeros del mundo en donde la impunidad cobija a los linchadores, dijo en entrevista con Reporte Indigo el abogado Raúl Rodríguez Guillén, defensor de derechos humanos y principal autoridad en el tema del estudio del linchamiento.
Sumado al debilitamiento del estado, el especialista estimó que también la corrupción en las esferas de gobierno contribuyen de forma importante para que los sucesos, en donde comunidades completas intentan hacer justicia de propia mano, sigan a la alza, evidenciando el estado de descomposición social.
El experto aseguró que en nuestro país, a causa de la corrupción reinante, el estado ha dejado de lado su función rectora para la impartición de justicia. “Pero lo más lamentable es que en la mayoría de los linchamientos, los perpetradores no son perseguidos, como no se persiguen la mayoría de los delitos”.
De acuerdo a lo plasmado en el estudio ‘El Linchamiento en México’, de Raúl Rodríguez Guillen y Norma Ilse Ávila, editado por la Universidad Autónoma Metropolitana, en nuestro país, de 1988 al 2014, se han registrado por lo menos 336 muertes por linchamiento. El factor común ha sido la ausencia del estado para atender reclamos de justicia de grupos sociales.
Un recuento de lo publicado en la mayoría de los medios locales de comunicación apunta que solo en lo que va de este año se han registrado 24 linchamientos, en tanto que al menos 49 quedaron solo en el intento. La mayor parte de esos linchamientos e intentos de ejecución colectiva se concentran en el Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
Solo en los estados de Colima, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí no se han registrado eventos de linchamiento en lo que va de este año. La entidad que mayor cantidad de linchamientos consumados ha registrado hasta la semana pasada es Puebla, en donde las ejecuciones públicas, sangrientas y masivas son consideradas con aspectos culturales e idiosincráticos.
La cultura del linchamiento en algunas entidades, como Puebla, Estado de México, Oaxaca y Chiapas, no solo es vista como un fenómeno cultural, sino que es tolerada por las instancias procuradoras de justicia, las que hacen poco o nada para dar con la detención y procesamiento judicial de los participantes en esos eventos, dijo el investigador Oaxaqueño, Nicolás Hernández.
No por nada, así lo revela la información de las procuradurías de justicia de Puebla, Estado de México, Oaxaca y Chiapas, menos del dos por ciento de los que intervienen en linchamientos son sometidos a procesos penales. En Chiapas, en donde en los últimos tres años se han registrado 11 linchamientos, solo hay una persona procesada por ese delito. En Oaxaca, con ocho linchamientos en dos años, solo se tienen procesados a dos detenidos. En tanto que en el Estado de México, con 19 linchamientos en 18 meses, solo hay seis procesados por ese delito.
De acuerdo a lo expresado por el abogado Raúl Rodríguez Guillen, la impunidad que se le ha otorgado a este delito, ha hecho que la figura de la justicia comunitaria -fincada en usos y costumbres, con métodos punitivos conciliadores- se tergiverse, para derivar en eventos de barbarie colectiva tolerados por el estado.
Es otra forma de autodefensa
Para el investigador y promotor de los derechos humanos en Puebla, Mirsha Herfer, los linchamientos, no es otra cosa que una forma de autodefensa. “Es la respuesta de la población, la que cansada de no ser escuchada por la autoridad en sus reclamos de justicia, decide hacer justicia por su propia mano”.
Las revueltas de linchamientos –explicó Herfer- son iguales que los movimientos de autodefensa, solo que no hay armas de grueso calibre de por medio, pero la intención es la misma: asumir el papel del estado en la impartición de justicia. Todo porque el estado ha quedado rebasado, a veces a causa de la corrupción.
Mirsha Herfer coincidió con el abogado Raúl Rodríguez Guillén, al considerar que las lonas colocadas en cientos de colonias populares, en donde los vecinos organizados anuncian el linchamiento de los ladrones que sean sorprendidos en sus inmediaciones, son una clara advertencia de la justicia por propia mano, tanto para los ladrones como para el mismo estado, que se manifiesta apacible ante esa intención.
Raúl Rodríguez Guillén, dijo que en el caso de los linchamientos el estado no solo es responsable por su omisión antes y durante los sucesos, o por la impunidad otorgada después de alguno de esos eventos, sino porque propicia a veces los linchamientos, “sobre todo cuando permite la presencia de agentes encubiertos para sus investigaciones”. Eso hace que comunidades completas se sientan agredidas y se mantengan en alerta.
En Michoacán, aun cuando no se registran como linchamiento los grupos de autodefensa que se mantienen armados –reconoció un funcionario de la Secretaría de gobierno del estado-, en lo que va de este año también se han registrado ejecución por mano propia, encabezadas por grupos sociales apoyados por lo civiles armados.
De acuerdo a los datos de la propia Secretaría de gobierno del estado, los grupos de autodefensas de Michoacán, sin recurrir a la escenificación de movilizaciones sociales en plazas públicas o a la escenificación de protestas colectivas, han realizado más de 20 ejecuciones por mano propia en lo que va del 2015. En la totalidad de esos casos la Procuraduría de justicia solo ha integrado las averiguaciones previas correspondientes, sin ahondar en el proceso de investigación para la detención de los responsables.
El robo y el PRI, lo que más enardece
La estadística nacional de linchamientos con la que México cerrará el presente año será récord. La sola cifra preliminar que se lleva a la fecha de 24 homicidios colectivos y 49 intentos de ejecución pública ya supera las estadísticas del 2014. El mayor número de linchamientos se ha registrado en comunidades municipales gobernadas por el PRI.
A ese dato se le debe agregar que el mayor número de homicidios resultados de la colérica turba fueron ejecutados por la masa a causa del delito del robo. El 78 por ciento de los ejecutados en los estados de Puebla, Chiapas, Estado de México, Michoacán, Oaxaca y Guerrero, fueron personas sorprendidas en el acto del robo. Después, siguen las estadísticas de los medios locales de esas entidades, fue el secuestro y la violación.
La forma preferida de la turba, para hacer justicia por su propia mano, es la horca. El 84 por ciento de los linchados en este año han muerto a mano de sus captores colgados de un árbol o poste frente a la plaza principal, para demostrar a la autoridad el poder de las masas. Otros métodos utilizados para las ejecuciones públicas son la lapidación, la laceración y la incineración, respectivamente.
En suma, en los estados de Puebla, Chiapas, Estado de México, Michoacán, Oaxaca y Guerrero, en donde se concentra el mayor número de personas linchadas e intentos de linchamiento, solo hay 12 personas sometidas a proceso penal por su probable participación. En Michoacán no hay un solo procesado pese a la existencia de 20 posibles linchamientos.
Para el abogado Manuel Fuentes Muñiz, defensor de derechos humanos, la falta de procesamiento de los involucrados en linchamientos también es una debilidad clara del estado. “No hay policía que responda de inmediato ni número suficiente (de policías) para enfrentar casos eventuales”.
Los ministerios públicos solo levantan actas, más no realizan investigaciones que permitan la detención de los que asumieron el papel del estado en la impartición de justicia, ello motiva estos actos graves y que deben ser castigados.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
GUANAJUATO, Gto: Asistentes a la explanada de la Alhóndiga de Granaditas sacaron cartulinas y mantas con la leyenda “Fuera Peña Nieto” y pasaron lista a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, al final del concierto de la orquesta rumana Taraf de Häidouks, la noche del sábado.
Fue un largo y exultante concierto de una de las orquestas más representativas de la música del Este, la cual ha recorrido el mundo y ha visitado México en más de una ocasión, y en el cual ofrecieron una sorpresa final a las miles de personas reunidas, al interpretar la Sandunga, pieza popular originaria de Oaxaca.
Cuando terminaba, de entre las miles de personas que se encontraban en la explanada aparecieron algunas mantas contra el presidente Peña Nieto.
Y mientras se apagaban las luces del escenario, decenas de personas corearon un pase de lista de los estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre del 2014, con el conteo del 1 al 43.
Mientras tanto, en el Teatro Juárez, la London Sinfonietta del Reino Unido presentó la pieza XLIII Memoriam vivere, de la compositora mexicana Marisol Jiménez, obra comisionada por el Festival Cervantino y que la autora dedicó también a los estudiantes de la normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
La composición fue estrenada el jueves, durante la primera presentación de la prestigiada orquesta en el Palacio de Bellas Artes.
El Festival Internacional Cervantino cerrará este domingo con la presentación del Ballet folclórico de Amalia Hernández en la Alhóndiga.
Pero a las 5 y media de la tarde, por las calles de la ciudad desfilarán universitarios y ciudadanos para acompañar a normalistas y padres de los desaparecidos en una marcha denominada “Estudiantzinapa”.
La marcha es encabezada por la Rondalla de la normal “Isidro Burgos” y se efectuará por el centro de la ciudad, al mismo tiempo de que, en el Teatro Juárez, autoridades estatales y el director del FIC, Jorge Volpi, harán el cierre oficial del festival y presentarán a España y a Jalisco como el país y el estado invitado para la próxima edición.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
MÉXICO, D.F: Eran las 4:30 horas cuando la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República, empezó la operación que, a lo largo del día, inundaría los medios de comunicación, las redes sociales y modificaría muchas veces la agenda presidencial para mantener los informes sobre el huracán ‘Patricia’.
Momentos antes, el presidente Enrique Peña Nieto había encabezado una reunión con su gabinete para evaluar “los graves efectos” previstos para cuando el meteoro tocara tierra, impactando con lluvias torrenciales y vientos poderosos la costa mexicana del Pacifico.
Como nunca, la operación comunicacional abundó en detalles sobre la catástrofe: el peor que se haya registrado en el hemisferio; el más intenso que se haya registrado en México y, ya en la carrera por difundir la información que tenía la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el presidente se animó a tuitear:
“Es el más peligroso que se haya registrado en el mundo”.
Ese fue el mensaje más difundido de los 21 que inusualmente se emitieron de la cuenta del mandatario en la red social Twitter, desde que la tarde del jueves inició la tanda de expresiones que iban de informar las órdenes giradas, a lo catastrófico:
“Ningún huracán de esta magnitud había impactado el Pacífico mexicano #Patricia”, se emitió a las 3:28 de la madrugada.
“El país enfrenta una amenaza de gran escala. La prioridad del @GobMX es proteger y salvar la vida de los mexicanos #HuracánPatricia”, se publicó a la 13:26 horas.
Enseguida:
“Llamo a las familias a extremar precauciones. Lo más importante, es estar en un lugar seguro #HuracánPatricia”.
Y uno más, a las 18:11:
“#HuracánPatricia ya está en la costa de México. No salgan. Protéjanse y sigan indicaciones de Protección Civil. Estoy al pendiente de Uds” (sic).
“Inundación” mediática
Mientras las redes sociales y los medios de comunicación hacían eco del tono presidencial, la agenda oficial se modificó una y otra vez, primero, al cancelar a media mañana el acto que encabezaría el mandatario al mediodía en el Centro Médico Siglo XXI, para celebrar el Día del Médico y, después, con las tres convocatorias a medios que terminarían cancelándose sucesivamente.
La invitación fue para que los reporteros que cubren las actividades del mandatario acudieran a la sala de prensa en la residencia oficial de Los Pinos, donde el vocero, Eduardo Sánchez, los atendería personalmente y coordinaría el enlace con Peña Nieto, quien se pondría al frente de las acciones en el Centro de Inteligencia del Consejo Nacional de Seguridad (CNS).
Sería primero a las 12:00. Luego, a las 17:00. Luego ya no, sólo se informaría conforme a los resultados del Centro de Inteligencia. Eras las 13:20 horas cuando se anunció la cancelación final y minutos después, iniciaría su entrevista con Joaquín López Dóriga, en radio Fórmula.
De acuerdo con el pronóstico difundido por la Conagua, el huracán ‘Patricia’ sería categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, la de mayor intensidad que los científicos estadunidenses que dieron nombre a la medición pudieron calcular.
Para el presidente Peña Nieto sería un huracán categoría 6. Rachas de viento a una velocidad superior a los 325 kilómetros por hora, cuando el ‘Gilberto’ (1988) y ‘Wilma’ (2005), no habían llegado ni a 300.
Para reforzar la idea, Peña Nieto citó al centro meteorológico de Miami, que lo consideró “un huracán extremadamente peligroso y potencialmente catastrófico”.
Ahí aprovechó para llamar a la unidad nacional, pues el país estaba por vivir momentos difíciles.
Las declaraciones y los tuits inundaron los medios de comunicaciones y las redes sociales a lo largo de la jornada.
Alrededor de las 22:30 horas, el presidente Peña Nieto dio un mensaje a medios de comunicación, y se informó que había presidido el Consejo de Seguridad.
Inició mencionando que el ojo del huracán tocó tierra a las 18:00 horas y siguió con una justificación:
“Por su intensidad, este huracán, de categoría 5, amenazaba con ser el más peligroso, fuerte y destructivo que se tuviera registro.
“Por eso, desde anoche, di indicaciones a todo el gabinete del Gobierno de la República para reforzar las acciones necesarias para enfrentar esta emergencia”.
Continuó informando que los daños eran menores pero pidió a los ciudadanos que continúen en los refugios pues el huracán sigue su curso.
Luego agradeció a los servidores públicos que trabajan en la atención de la contingencia, a la sociedad, a Protección Civil, a los mexicanos que participaron en redes sociales para difundir la alerta, a las tiendas de autoservicio, a quienes instalaron centros de acopio y, naturalmente, a los medios de comunicación:
“Mi especial reconocimiento también, a los medios de comunicación, por su labor informativa y profesional”.
Finalmente, concluyó llamando a “no bajar la guardia” y pidió mantenerse atentos a la información que surja en las próximas horas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
MÉXICO, D.F: Nunca un presidente de la República había sido tan vapuleado desde los organismos de derechos humanos. Todos los comisionados que vinieron se fueron después de hacer fuertes reclamos.
Otros recibieron al gobierno y a éste no le fue tampoco bien. Para completar el cuadro, el Departamento de Estado del vecino del norte ha dicho a las claras que no pudo acreditar ante el Congreso de su país que se estuviera mejorando el respeto a los derechos humanos en México, por lo cual no había podido obtener la autorización para ejercer unos cinco millones de dólares para el actual año fiscal estadunidense.
El gobierno de México declaró que no admitía calificaciones extranjeras pero no explicó que ya las había aceptado cuando firmó la Iniciativa Mérida y después la mantuvo vigente. Nomás le falto a Peña que se le acercara un can con propósitos nada edificantes.
Más allá de las incomodidades del gobierno mexicano, la cuestión estriba en la situación de los derechos humanos en el país. Una sucesión de hechos indica que el gobierno no sólo viola tales derechos sino que deja de cumplir con sus obligaciones para proteger a la gente, las cuales son elementos básicos de toda función gubernamental.
Uno de los voceros del gobierno, Campa Cifrián, ha dicho que la Procuraduría General de la República es la encargada de todo lo relacionado con el caso Iguala. Lo dijo como una forma de no dar importancia al hecho de que la SEIDO ya no seguirá con las pesquisas sino otra subprocuraduría, justamente la que tiene a su cargo el respeto a los derechos humanos. Pero el punto no estriba en esto. Campa se equivoca. El problema es que la policía que depende de la Secretaría de Gobernación no es interlocutor de nada relacionado con la violencia ni la crisis de derechos humanos en el país, a pesar de que la Constitución le permite investigar los delitos. ¿Dónde está la policía? La verdad es que no existe sino para vigilar, para patrullar, para perseguir delitos en flagrancia. México no tiene policía, esa es la verdad.
En tanto esta situación siga igual,la PGR no podrá hacer nada pues carece de fuerza, sólo tiene unos abogados en funciones de fiscales y unos investigadores que jamás podrán abarcar la función policial en toda su dimensión.
Mientras que Peña es señalado dentro y fuera del país como un presidente incapaz de brindar garantías y proteger los derechos humanos de la población mexicana, la policía a su cargo directo se esconde, no da la cara, es como un turista que se pasea por la Costera de Acapulco pero es incapaz de averiguar los asesinatos, secuestros y extorsiones que ocurren a dos cuadras de su perímetro de vigilancia. Lo mismo ocurre en todas las ciudades y zonas rurales.
La Policía Federal ha sido un fracaso rotundo. Si se debe perseguir al ‘Chapo’ Guzmán, es la DEA la que le localiza y la Armada la que le persigue sin éxito, quizá porque alguien le avisó antes. La policía federal y el comisionado de seguridad ni siquiera sabían que el tal Guzmán Loera era perseguido cuando la prensa de Estados Unidos ya había informado al mundo, no sólo de la persecución sino de la nueva evasión y de las lesiones del perseguido. Todo es una vergüenza.
Por todo esto y más se ha producido una “lluvia” de acusaciones y reclamaciones contra Peña Nieto en todo el ámbito de la lucha a favor de los derechos humanos. Por eso también mucha gente dentro de México espera alguna definición gubernamental al respecto. Pero nada. No hay ningún plan nuevo sino un seguir en las inercias y justificaciones. Cuando se le pregunta al gobierno mexicano cuándo retirará al Ejército y la Armada de la lucha contra los narcotraficantes, la respuesta es sencillamente que nunca porque no se le ve final a la crisis de violencia que azota al país. Pero Peña Nieto no intenta una explicación al respecto. En realidad, en lugar de tratar de dar alguna satisfacción a sus interlocutores en Washington y Nueva York, lo que tampoco hace bien, Peña debería ofrecer exactos razonamientos a los mexicanos y mexicanas que, dígase lo que se diga, viven la crisis de violencia como si la sintieran en carne propia por la sencilla circunstancia de que cualquiera puede ser víctima.
Sí, le ha llovido a Peña. El mayor problema sin embargo es que él ni siquiera lo siente. Sigue exactamente igual que antes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PABLO GÓMEZ (ANÁLISIS)
La propuesta de la OCDE perjudicará a quienes tienen entre 38 y 64 años, advierte experto. Cuestionan la viabilidad jurídica y el costo político que tendría cambiar el sistema actual.
La propuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para reformar el actual esquema de pensiones en México afectará los derechos de aproximadamente 9 millones de trabajadores que tienen entre 38 y 64 años de edad, advirtió Alejandro Turner Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores (AMAC).
En entrevista, consideró que el actual gobierno pretende impulsar esta propuesta porque están buscando por todos lados cómo incrementar el ingreso y no hay mucho espacio para conseguir recursos ni cómo bajar el gasto y esas son las opciones que han encontrado para hacerlo.
Rendimientos de Afore impactará prestación de jubilados
La propuesta de la OCDE presentada el pasado 15 de octubre plantea un esquema de prorrata, por medio del cual todos los trabajadores –incluso aquellos que empezaron a cotizar antes de la reforma a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en julio de 1997, y que podían escoger entre el sistema de beneficios definidos– migrarán a otro basado en la cuenta individual de contribución definida a cargo de las administradoras de fondos para el retiro (Afore).
Sin embargo, Alejandro Turner afirmó que habrá que ver sI esta propuesta de la OCDE es viable jurídicamente y además se deberá tomar en consideración el costo político porque sí habrá una afectación de los derechos de los trabajadores.
El problema, dijo, es para quienes siguen acumulando semanas con la ley anterior. Entonces los que serán afectados son los trabajadores de 38 a 64 años de edad, quienes no podrán acumular las 52 semanas adicionales que les permitirían cobrar una pensión al ciento por ciento. Indicó que pese a que no hay un cálculo todavía de cuánto sería el ahorro pero el pasivo se reduciría a más de la mitad.
Turner destacó que en el sistema actual de Afore una persona que haya elegido una administradora de fondos para el retiro que otorga buenos rendimientos puede obtener una pensión de 10 mil pesos y otro trabajador por estar en una mala Afore va a tener una pensión de 2 mil pesos. “Hay una diferencia de 400 por ciento porque hay Afore que en su balance histórico han dado 11 por ciento de rendimiento nominal y hay otras que han dado 5 por ciento.
Esa diferencia en el rendimiento puede hacer que una pensión baje de 10 mil a 2 mil pesos y ahí nadie está haciendo nada y es un punto muy importante, porque ya se vive esta situación, refirió el experto. Explicó que ha habido mal manejo de muchas Afore y son varias. “Si uno ve el rendimiento neto histórico que han dado. Hay algunas que han hecho bien su trabajo, independientemente de que el sistema sea bueno o malo, pero hay otras que han generado rendimiento muy bajos.
Por ejemplo Inbursa, Azteca y Coppel, que tienen rendimiento del orden de 5 por ciento, y hay otras como Pensionissste, Sura e Invercap que traen rendimientos arriba de 10 por ciento. Ese diferencial que nadie ve genera pensiones cinco veces mayores o cinco veces menores y eso debería de preocupar a la autoridad.
El presidente de la AMAC aseveró: Las Afore que lo están haciendo mal están comprometiendo la pensión del trabajador. Se está dejando a la libre competencia pero la libre competencia en las Afore no existe. El 60 por ciento de la gente históricamente se ha cambiado a peores Afore, porque no tiene conocimiento y los promotores la convence erróneamente y provoca esto que es muy grave, porque sigue siendo un sistema de seguridad social que debe estar respaldado, regulado y tutelado por el gobierno.
Turner instó a que se integre un grupo de expertos que analice el caso de México y no copiar esquemas de otros países.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ISRAEL RODRÍGUEZ.
Sin embargo, obtiene libertad bajo fianza, por deficiencias del Ministerio Público; en Yucatán la tortura es sistemática, tolerada por el gobierno estatal y por la propia Comisión de Derechos Humanos (Codhey) y encubierta por las instancias de justicia, afirman Equipo Indignación y Artículo 19.
Aunque tardíamente, un ex alcalde de Seyé, Ermilo Dzul, fue procesado en Yucatán por torturar a un periodista, informaron en un comunicado conjunto Article19 y Equipo Indignación, ésta organización local de derechos humanos.
“La justicia a medias fue responsabilidad del Ministerio Público Federal, que consignó como lesiones y abuso de autoridad un caso de tortura“, señalaron las organizaciones.
Añadieron que en Yucatán la tortura es sistemática y es tolerada por el gobierno estatal y por la propia Comisión de Derechos Humanos estatal (Codhey) y encubierta por las mismas instancias de justicia, tal como informó recientemente Indignación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su reciente visita in loco a México.
A continuación, el comunicado conjunto de Article19 y Equipo Indignación:
Justicia a medias y tardía: Ex alcalde procesado por torturar a periodista
Casi dos años después de torturar al periodista Edwin Canché, corresponsal del Diario de Yucatán, el ex alcalde de Seyé, Ermilo Dzul Huchim, fue llevado ante la justicia. La tardanza fue, en gran medida, “gentileza” de la LX Legislatura del Estado de Yucatán que se negó siquiera a calificar el juicio de procedencia que Article19 e Indignación interpusimos para retirar el fuero al alcalde.El ex alcalde está siendo procesado en el Juzgado Quinto de Distrito del Poder Judicial Federal. La justicia a medias fue responsabilidad del Ministerio Público Federal, que consignó como lesiones y abuso de autoridad un caso de tortura.Trivializado el hecho, el alcalde pudo salir en libertad bajo fianza. Sin embargo, tendrá que responder ante la justicia pues quedó ya sujeto a proceso, lo cual sienta un precedente en el país de la impunidad que tolera la tortura.El caso salió del ámbito estatal que tanto ha encubierto este crimen y fue atraído por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, de la PGR. En el ámbito estatal, lamentablemente, otros casos de tortura han sido reiteradamente encubiertos por la fiscalía estatal. En Yucatán la tortura es sistemática y es tolerada por el gobierno estatal y por la propia Codhey y encubierta por las propias instancias de justicia, tal como informó recientemente Indignación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante la visita in loco a México que realizó en septiembre esa organización internacional.Por la agresión contra Edwin Canché, ocurrida el primero de enero de 2014, cuando cubría un accidente ocasionado por un familiar del ex alcalde, también han sido detenidos 5 policías, pero han obtenido su libertad bajo fianza.El 1 de enero de 2014, Edwin Canché fue víctima de detención arbitraria, así como de tortura por parte de 5 policías municipales, entre ellos el director de la Policía Municipal, y del propio alcalde de Seyé, con motivo de la cobertura que dio a un choque automovilístico que involucraba al sobrino del edil.El periodista fue detenido y trasladado al Palacio Municipal sin ninguna causa legal que lo justificara, ya que únicamente se encontraba realizando su labor periodística. En el interior de ese lugar fue torturado, provocándole lesiones en las costillas y una contusión en la cabeza. Incluso el alcalde le advirtió: “Ya estoy hasta la madre, me tienen cansado de que estén criticando mi administración”.Por estos hechos se inició el proceso penal correspondiente, el cual han acompañado ARTICLE 19 y el Equipo INDIGNACIÓN. En dicho proceso, que hoy sigue en curso, se determinó la probable responsabilidad de los 5 policías agresores, incluido su director, así como del alcalde. Sin embargo, se había negado la orden de aprehensión en contra del este último, bajo el argumento de que por su cargo, gozaba de fuero constitucional.El Congreso del Estado SE NEGÓ SIQUIERA A CALIFICAR EL JUICIO DE PROCEDENCIA que interpuso en enero de este año el equipo Indignación junto con Article XIX para que se le retirase el fuero.El 1 de septiembre pasado Ermilo Dzul Huchim terminó su período de alcalde con varias acusaciones de abusos. Fue detenido el día de antier, 22 de octubre de 2015.El equipo Indignación y Article19 reconocen el valor del periodista que ha continuado su denuncia, así como de quienes han testificado.México vive una profunda crisis en materia de derechos humanos y, en medio de esta crisis, alarman los numerosos casos de tortura y agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
