MÉXICO, D.F: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció en contra del aislamiento en centros penitenciarios, práctica que, dijo, “es utilizada de manera excesiva en cuanto a la aplicación de su duración”, además de que puede causar “daños a la integridad física y psicológica de la población interna”. De acuerdo con la recomendación general 22 –dirigida a los 32 mandatarios del país, a las secretarías de Gobernación y Defensa, y al titular de la Comisión Nacional de Seguridad–, debe homologarse la medida de aislamiento a estándares internacionales de derechos humanos y aplicarla “como internamiento cotidiano” a reos vinculados a “delincuencia organizada y aquellos que requieran medidas especiales de seguridad”. La recomendación general se basó en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) de 2011 a 2014, en informes sobre la situación de las mujeres en cárceles, así como en el documento titulado “Sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana”, elaborados por el mismo organismo, y en cifras oficiales contenidas en el Cuaderno Mensual de Información Penitenciara Nacional, entre otras fuentes. Del cúmulo de información y visitas realizadas, la CNDH constató que en el último año “la práctica de aislamiento como corrección disciplinaria o como medida de protección fue aplicada a 20 mil 774 internos”. Al señalar que el Sistema Penitenciario Nacional está integrado por 387 centros de reclusión, de los cuales 285 son estatales, 74 municipales, 11 del Gobierno del Distrito Federal y 17 del gobierno federal, incluidas tres prisiones militares, “observándose en 10 estados de la República el uso del aislamiento, está establecido como un instrumento de sanción en sus leyes de ejecución, mientras que en 22 entidades se encuentra en el reglamento” de los centros penitenciarios. Sobre los tiempos de aislamiento, la investigación de la CNDH confirmó que el tiempo mínimo establecido en las leyes de ejecución de sanciones en las 32 entidades es de ocho días en Michoacán y de 30 en Colima, Distrito Federal, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Sonora, Tabasco y Veracruz. En una revisión de los reglamentos internos de los penales en las entidades, el organismo identificó que el tiempo más corto de aislamiento es de cinco días en el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Tabasco y Tamaulipas, mientras que el de mayor tiempo de encierro se registra en las cárceles de Colima, reglamento que está por encima de la ley. El organismo señala que de los 130 centros penitenciarios revisados en el DNSP de 2014, en 85 subsisten irregularidades en la imposición de correcciones disciplinarias, entre ellas la falta de respeto al derecho de audiencia, y “no siempre se realiza la certificación de integridad física”. Destaca que “durante el cumplimiento de la corrección disciplinaria, el trato a los internos no se apega a condiciones de vida digna; se suspende la visita, así como cualquier tipo de comunicación, sin notificación a los familiares, de la corrección disciplinaria impuesta, violentando el derecho de la legalidad contenido en la Regla 30.2 de la Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos”. Al afirmar que la mayoría de los centros de reclusión “no cumplen con lo señalado en el artículo 18” de la Constitución, el organismo pudo comprobar que “lo derechos de la población interna que se vulneran como resultado de su aplicación o práctica excesiva” son “los de la salud, la seguridad jurídica, la legalidad y el trato digno”, además de que la “vida y desarrollo se ven trastocados por la falta de servicios, estímulos y contactos con el exterior”. En el caso de los cárceles femeniles, la CNDH encontró que “en 66 centros se presentan irregularidades en la aplicación de correctivos disciplinarios; específicamente existen casos en los que las sanciones no son impuestas por la autoridad competente, sino por personal de seguridad y custodia, incluso por internas que conforman el autogobierno, y no se respeta el derecho de audiencia o no se notifica la sanción impuesta”. En su recomendación general 22, la CNDH sugiere homologar las leyes y reglamentos del Sistema Penitenciario Nacional sobre la figura del aislamiento, para que se aplique por un tiempo máximo de 15 días y “siempre y cuando se hayan agotado otras medidas que resulten menos lesivas para las personas privadas de la libertad y de conformidad con lo determinado por el Consejo Técnico Interdisciplinario de la Institución”. El organismo considera la medida de aislamiento “como internamiento cotidiano, cuando se trate de delincuencia organizada y de aquellos que requieran medidas especiales de seguridad”, en tanto que deben ajustarse los presupuestos y medidas administrativas a nivel federal y estatal, para que “se destinen los recursos humanos, materiales y financieros suficientes” para que el personal penitenciario sea el necesario y cumpla con sus funciones de “reinserción social de los internos y la seguridad del centro”. La CNDH recomienda la instalación de centros de control de confianza especializados y garantizar que las sanciones de aislamiento garanticen “el derecho a la salud, a la seguridad, a la integridad personal y a la reinserción” de los reos.
De igual manera, sugiere la impartición de cursos de capacitación sobre derechos humanos al personal penitenciario, y que los sitios en los que se aplique la sanción de aislamiento “como sanción, como protección y como internamiento cotidiano”, garanticen “una estancia digna, en lugares adecuados y en condiciones de habitabilidad, donde se les brinde las atenciones debidas por parte de las diferentes áreas técnicas”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
MORELIA, Mich: Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán se manifestaron este lunes para exigir el pago atrasado de dos meses de sueldo a personal operativo y de coordinaciones de comunicación, entre otros. El grupo de alrededor de 200 inconformes, que lleva poco más de dos meses exigiendo el pago de compensaciones y viáticos, inició un paro de labores a las afueras de la Dirección de Seguridad Pública para expresar su descontento ante dicha situación. Los manifestantes advirtieron que sólo se retirarán del sitio y retomarán sus labores hasta que sean atendidos por las autoridades estatales y les sean depositados los pagos correspondientes. La autoridad ha informado el pago será cubierto la próxima semana, pero los manifestantes exigen que les sea depositado este mismo día.
En días pasados, los policías inconformes han reclamado su pago mediante bloqueos y la toma de la Secretaría de Finanzas y también han criticado al exgobernador Salvador Jara Guerrero, actual secretario de Educación Superior, porque nunca se comprometió a regularizar la situación. FUENTE: PROCESO. AUTOR: FRANCISCO CASTELLANO. FECHA: 26 OCTUBRE 2015.
Una de las coincidencias de opacidad es que si un ciudadano de cualquier país de Latinoamérica quisiera saber cuáles, cuántos y de parte de quién, los legisladores reciben obsequios, no obtendría la información en ningún documento público. Éste es el aspecto más opaco, pues todos los países obtuvieron 0% en este indicador.
El Congreso mexicano tiene bajos niveles de transparencia en materia de normatividad, presupuesto, gestión y rendición de cuentas, por lo que ocupa el sexto lugar entre los nueve países evaluados en el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2015. El estudio, elaborado por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, evaluó a Perú, Chile, Ecuador, Guatemala, Colombia, México, Argentina, Bolivia y Venezuela y fue presentado este lunes 26 de octubre en el Seminario “Transparencia y Actividad Legislativa en México: ¿cómo evaluar?”. Una de las coincidencias de opacidad es que si un ciudadano de cualquier país de Latinoamérica quisiera saber cuáles, cuántos y de parte de quién, los legisladores reciben obsequios, no obtendría la información en ningún documento público. Éste es el aspecto más opaco, pues todos los países obtuvieron 0% en este indicador. Además existe muy poca información respecto a las asesorías externas que se realizan a los legisladores y pocas veces se registran versiones estenográficas de las sesiones de comisión. Aunque hay avances de algunos países, los Congresos no producen la información en formatos accesibles, ni datos abiertos para la producción, sistematización y publicación de información parlamentaria, presupuestaria y administrativa. “Esto demuestra que el problema de los Congresos Nacionales, en materia de transparencia, radica no tanto en sus funciones legislativa, fiscalizadora y representativa, sino en la forma en que funcionan y se rinden cuentas de la gestión en estas instituciones”, detalla el estudio presentado por María del Carmen Nava, directora de Visión Legislativa. El Índice propone una serie de estándares mínimos de transparencia en lo político, administrativo y legislativo de los Congresos de la región, para conseguir una medición que pude comparar los avances de los países. La evaluación incluyó cuatro indicadores: Normatividad; Labor del Congreso o Asamblea; Presupuesto y Gestión Administrativa; y Mecanismos de Participación, Atención Ciudadana y Rendición de Cuentas. En promedio, los Congresos de Latinoamérica obtuvieron un 40% de Transparencia. Perú (55%) y Chile (53%) tienen niveles de transparencia superiores a 50%, mientras Venezuela (21%) y Bolivia (24%) son los países que se encuentran más rezagados, con cifras inferiores al 25%. Es de destacar que ningún país obtuvo resultados sobre el 70% y México alcanzó un nivel de 37%. El Legislativo con avances, pero aún opaco El primer criterio evaluado fue la “normatividad”, es decir, mide la existencia de una normativa referente a la transparencia legislativa y sus alcances. Sólo Perú (59%) y Ecuador (51%) lograron un índice mayor a 50%, por tener dispositivos legales que fomentan ciertos niveles de transparencia; mientras que Bolivia (30%) y Venezuela (32%) presentan los mayores rezagos respecto del resto de los países Latinoamericanos. Sobre la obligatoriedad de presentar un registro de intereses, Bolivia y Guatemala no tienen regulación y Perú lo hace en el reglamento del Congreso. Argentina y Venezuela poseen una Ley Nacional para la materia y sólo Chile, Colombia y México lo hacen de forma Constitucional. Entre los países de la región, sólo Chile, Ecuador y Guatemala obligan por Ley a sus legisladores a informar sobre sus gastos, aunque Guatemala no estipula plazos para esto, y Chile establece ambiguamente “en la época que correspondan”. El estudio recomienda la existencia de una norma que regule la publicidad y publicación de información y explicite procedimientos y mecanismos estandarizados para el acceso a la información. Así se permite un conocimiento más eficaz sobre el funcionamiento del Congreso. La segunda dimensión evaluada es “la labor del Congreso o Asamblea”, referente a los mecanismos para que los legisladores publiquen información sobre sus labores en materia legislativa (debates, votaciones), de control político (a las diferentes ramas del poder) y elección de autoridades (selección de altos dignatarios). Uruguay –que sólo participó en este indicador- obtuvo 67% de transparencia, seguido por Perú(60%), Argentina (57%) y Guatemala (52%). Bolivia (24%) y Venezuela (12%) los más opacos. Más de la mitad de los países medidos no cuenta con mecanismos para registrar lo sucedido en las comisiones de forma textual. Sólo Argentina (76%), Guatemala (63%), Perú y Uruguay (ambos con 68%) cuentan con versiones estenográficas de las reuniones de comisión. Este aspecto, dice el estudio, es de suma importancia, ya que es en ellas donde suceden la mayor cantidad de modificaciones a los proyectos. Sobre las versiones textuales de los debates legislativos y las posiciones de los legisladores, Argentina y México se encuentran en la mejor posición con un 80% y 77% respectivamente. Casi ningún Congreso publica información sobre las asesorías externas que reciben los congresistas (remuneradas o no) por parte de externos. Sólo Uruguay (75%) donde las versiones taquigráficas recuentan todo lo que sucede con fecha, tema, dependencia; Chile (50%), donde se publican en la web el listado con la entidad asesora, solicitante, título, costo y fecha de comienzo y fin. A todos los Congresos carecen de formatos abiertos y reutilizables para que la información allí producida pueda ser trabajada y analizada por quien lo desee de forma rápida y oportuna. Sobre Presupuesto y Gestión Administrativa hubo un menor rendimiento pues los países obtuvieron un promedio de transparencia de 26%. El Congreso chileno fue le único que alcanzó 50% de transparencia. Cuatro países evaluados publican las propuestas técnicas para el ejercicio presupuestal durante la discusión del presupuesto (Chile, Guatemala, Perú y Venezuela); mientras que en otros cinco no se hacen públicas (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y México). El ejercicio presupuestal se publica en la mayoría de los países evaluados (excepto Bolivia y Venezuela) mediante informes periódicos publicados en sus páginas web o documentos impresos. Sin embargo, en Guatemala esta información no puede conocerse por los ciudadanos, y en Chile sólo se hace público en el informe anual. También se evaluó la transparencia de los recursos asignados a las bancadas o bloques parlamentarios y su ejecución. En Chile, Colombia y Ecuador no poseen un presupuesto propio; mientras que en Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela y la Cámara de Diputados de México esta información no se conoce. Guatemala y el Senado mexicano publican el gasto de las fracciones parlamentarias. Sobre los Mecanismos de Participación, Atención Ciudadana y Rendición de Cuentas, Perú (68%), Ecuador (68%) y Chile (65%) obtuvieron los mejores porcentajes. En tanto, Argentina (23%) y Venezuela (27%) no alcanzaron el 30% de transparencia en esta dimensión. Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú cuentan con medios electrónicos para la solicitud de información pública. Sin embargo, en más de la mitad de los países no existe un mecanismo –interno o externo- mediante el cual se resuelvan los conflictos de acceso a la información. En cuanto a la existencia de un mandato de consultar a los ciudadanos sobre proyectos de ley o actividades de los legisladores, sólo cuatro países poseen una reglamentación específica al respecto (Ecuador, Guatemala y Venezuela en la Constitución Política, y Perú en un Acuerdo de Consejo).
En tanto, Argentina, Chile, Colombia y México no lo hacen. Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú los ciudadanos pueden solicitar intervención en las comisiones legislativas para emitir su opinión, mientras que en Argentina y Colombia esta posibilidad está abierta, depende en realidad de l presidente de la comisión. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
Un juez federal había concedido la orden solo para localizar al dueño de Infraiber sin embargo los agentes, entre ellos varios ya consignados, se llevaron casi 20 computadoras, teléfonos, papeles y hasta el iPad de un vendedor de vinos de las oficinas (y no preguntaron por el testigo). La empresa afectada ya interpuso una demanda de amparo.
La Procuraduría General de la República (PGR) utilizó una orden de cateo de un juez que era sólo para ubicar a un testigo, para vaciar las oficinas de la empresa Infraiber –empresa que sostiene una disputa legal con OHL– y apoderarse de casi 20 equipos de cómputo, teléfonos celulares y hasta una tableta electrónica de un vendedor de vinos. Para justificar ese aseguramiento, la PGR dijo públicamente en un comunicado que lo que había cateado era un departamento particular (y no una oficina) en donde encontró múltiples equipos de cómputo, discos compactos y teléfonos que, “al parecer”. eran para intervenir comunicaciones privadas. Todo era material de oficina. En la operación participaron agentes ministeriales y federales pertenecientes a un área denominada Dirección de Asuntos Especiales de la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR, varios de los cuales ya están consignados por haber sembrado un arma durante la detención de un abogado de Infraiber. Animal Político tuvo acceso a la orden de cateo que emitió el titular de Juzgado Primero Especializado en Cateos, Arraigos e Intervenciones, Roberto Antonio Domínguez Muñoz. El documento revela las condiciones y limitantes que puso el juez para conceder esta orden que de entrada, la cual ya había sido negada antes por otro juzgado. Cabe señalar que por este cateo, la empresa Infraiber ya interpuso una demanda de amparo en contra del cateo y su ejecución, y será este miércoles 28 de octubre cuando se realice la audiencia de presentación de pruebas del caso. ¿Qué ordenó el juez? A principios de septiembre la PGR solicitó formalmente a un juez federal que le concediera una orden de cateo en un domicilio de la colonia Polanco, en la Ciudad de México, que correspondía a la empresa Infraiber. El objetivo era ubicar al dueño de esa empresa, Pedro Topete Vargas, para que rindiera declaración en calidad de testigo. La PGR argumentó que tenía una orden de localización número 702/UEIDAPLE/I/2015 que no había podido cumplimentar en contra de Topete, relacionada con una denuncia que interpuso OHL por espionaje ilegal a sus directivos con la finalidad de desacreditarlos. El contenido de esas llamadas se hizo público en videos en internet, con señalamientos de posibles actos de corrupción de la constructora española y servidores públicos. Además, la Procuraduría solicitó al juez que en la orden le diera luz verde para el aseguramiento de computadoras, teléfonos, memorias informáticas de todo tipo, y cualquier equipo bajo el argumento de que pudieran haber sido utilizados en las actividades de espionaje. El 11 de septiembre, el juez concedió la orden de cateo con la finalidad de que se ubicara a Topete Vargas para que rindiera declaración; sin embargo, no autorizó el decomiso exprofeso de bienes del domicilio, a menos que estos estuvieran relacionados con un delito que se estuviera cometiendo en flagrancia. “No es necesario que este juzgado autorice la búsqueda y aseguramiento de instrumentos, objeto o producto de delito, así como de bienes que pudieran tener relación con este, y detenga a personas que se encuentren en flagrancia pues cuando esto suceda es obligación del Ministerio Público actuar en consecuencia”, señala la orden revisada por Animal Político. En la resolución el juez subrayó que los bienes que no tuvieran relación con alguna actividad delictiva debían ser respetados. ¿Qué hizo la PGR? El mismo 11 de septiembre, aproximadamente a la una de la tarde, una decena de agentes y peritos de la PGR acompañados de la misma cantidad de elementos de la Policía Federal Ministerial fuertemente armados ingresaron a las oficinas de Infraiber, ubicadas en un despacho del edificio ubicado en el 223 de Capos Elíseos, en Polanco. Fueron cerca de 16 horas el tiempo en que los agentes permanecieron en el edificio. Algunos empleados fueron retenidos más de seis horas en el lugar. Nueve días después del cateo, la PGR publicó un comunicado titulado “Catea PGR un apartamento en la colonia Polanco y asegura equipo para intervenir comunicaciones privadas”. La dependencia hizo referencia al sitio del cateo solo como un apartamento sin detallar que era el despacho u oficina de empresa alguna. En el texto del comunicado, la PGR dijo que intervino el lugar por una orden de cateo pero no mencionó cual era el objetivo de la misma; es decir, buscar a un testigo. Por el contrario, dijo que en cumplimiento de la orden aseguró equipos que “al parecer constituyen objetos de la comisión del delito previsto en el artículo 117 del Código Penal Federal (intervención de comunicaciones privadas)”. La PGR describió lo asegurado como 10 equipos de cómputo portátiles, cuatro computadoras de escritorio, dos grabadoras de audio y video, cinco teléfonos celulares, tres CPU, cinco equipos de radio comunicación, siete tablets, 43 memorias USB, discos compactos, entre otros. Además hizo referencia a un “dispositivo móvil de alta tecnología”. La PGR no explicó en el comunicado por qué los equipos señalados eran utilizados para trabajos de espionaje o cómo es que estaban relacionados con el mismo. Jesús Moreno, abogado penalista de Infraiber, dijo en entrevista que los agentes que intervinieron en la oficina nunca preguntaron por el empresario Topete Vargas, motivo principal del cateo. En cambio, subrayó el litigante, se llevaron equipos de cómputo y comunicación como los que hay en cualquier oficina. “Con tener a simple vista un equipo no puedes determinar que es instrumento de un delito y no había ningún indicio de que estos se utilizaran para algo negativo. Se llevaron hasta teléfonos personales de gente que estaba ahí y que ni siquiera era de la empresa”, dijo el litigante. El dispositivo “de alta tecnología”, reveló Jesús Moreno, era en realidad un iPad de un vendedor de vino francés que alquila un espacio en el despacho de Infraiber. Amparo en puerta Infraiber, a través de su despacho jurídico, interpuso una demanda de amparo en contra del cateo que se realizó en sus instalaciones. El juicio quedó radicado en el expediente 867/2015 del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal. Moreno explicó que la demanda es, primero, contra la orden de cateo que se concedió ya que si bien el artículo 61 del Código federal de Procedimientos Penales faculta solicitar este recurso para buscar a testigos, en la Constitución se establece que la localización de una persona a través de un cateo solo puede proceder si existe una orden de aprehensión, que no era el caso. “La otra parte del amparo es contra la ejecución que hizo la PGR. Lo que debió ocurrir es que los agentes llegaran a preguntar por el testigo que buscaban, verificaran que no estaba y se fueran. Pero lo que hicieron fue asegurar todo lo que encontraron pese a que no había delito en flagrancia alguno”, subrayó el abogado. Hasta ahora la PGR no ha devuelto los equipos asegurados. Infraiber, dijeron sus abogados, tuvo que reemplazar todas las computadoras para que su oficina continuara trabajando. Además, la dependencia se llevó documentos relacionados con la contabilidad de la compañía, lo que también ocasionó que esta tuviera que informar al SAT que no podía cumplir con los informes mensuales. La averiguación previa que inició la PGR por el presunto espionaje cometido en contra de OHL, y que sirvió de sustento para el cateo, hasta ahora no ha sido consignada. En el cateo realizado el 11 de septiembre recordó el penalista, participaron agentes y policías adscritos a la Dirección de Operaciones Especiales de la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR. De acuerdo con los representantes de Infraiber, dichos agentes son los mismos que participaron en la detención de otro abogado de la empresa, Paulo Díez. Un video reveló que durante esa detención los policías le sembraron un arma al litigante. La procuradora Arely Gómez dijo que se consignó a los servidores públicos involucrados en el caso. El miércoles 28 de octubre está programada la audiencia en la que se presentarán las pruebas correspondientes ante el juez de amparo con las que días después se resolverá si el cateo que se realizó violó o no la constitución. Piden denunciar a OHL La empresa Infraiber solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Secretaría de Hacienda que interpongan denuncias penales en contra de la constructora OHL por las irregularidades relacionadas con la contabilidad en la Bolsa de su concesión sobre el Circuito Exterior Mexiquense, Esto luego de que ayer se hiciera público que la CNBV inició un proceso sancionatorio en contra de la constructora española tras confirmarse mediante auditorias que hay anomalías en los estados financieros de OHL. Dichas auditorias fueron impulsadas con Infraiber que mantiene una disputa legal con OHL. El origen fue la cancelación de sistemas de monitoreo que Infraiber instalaría en el Circuito Exterior mexiquense, autopista concesionada a la firma española. “Las irregularidades detectadas por la CNBV no solo generan responsabilidad civil y administrativa, sino que constituyen ilícitos penales que deben ser perseguidos a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público” señaló Infraiber en un comunicado.
OHL por su parte rechazó que existan irregularidades en su contabilidad como le notificó la CNBV. La empresa cuenta con un plazo de diez días para responder al proceso iniciado y presentar argumentos sobre sus operaciones financieras. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: ARTURO ANGEL.
NUEVO COAHUAYANA, Mich: La gira que realizó el gobernador Silvano Aureoles a la Costa-Sierra Nahua para brindar ayuda a los pobladores de la zona, luego del paso del huracán ‘Patricia’, no dejó satisfecho a nadie: sólo entrego unas cuantas cobijas y despensas, y un paquete de láminas de cartón, y dejó plantados a los alcaldes de este municipio y de Aquila, a quienes había ofrecido recorrer las comunidades afectadas. “Fue una gira de trabajo insatisfactoria que no cumplió las expectativas de la gente”, reclamaron los pobladores, y aseguraron que el perredista recorrió de manera apresurada los lugares dañados, “sólo para tomarse la foto”. A las 2 de la tarde de ayer, el mandatario estatal arribó al aeropuerto de El Ranchito y, luego de los saludos de rigor, subió junto con su comitiva a los vehículos para recorrer a toda velocidad la brecha de El Zapotal, con cultivos de plátanos destrozados por ‘Patricia’. Sin detenerse, el gobernador arribó minutos después al pueblo El Ticuiz. En esa localidad coahuayanense, Silvano Aureoles entró rápido a la casa de una familia damnificada que perdió parte del techo de la vivienda, y le entregó unas láminas, cobijas y una despensa. Cuando intentaba retirarse, la gente del pueblo lo rodeó y obligó a que escuchara sus peticiones de ayuda para remediar los daños. El perredista se comprometió a enviar gente de diversas dependencias estatales para evaluar las afectaciones y determinar los apoyos. Enseguida abordó su vehículo y otra vez, a toda velocidad, se dirigió a Boca de Apiza, donde realizó un recorrido para ver las afectaciones en las ramadas. A las 3:30 de la tarde se tomó un tiempo para comer mariscos en La Conchita. Ahí mismo, a petición de periodistas que lo acompañaban, dijo que “afortunadamente los daños son menores”, y subrayó que los medios de comunicación exageraron la nota sobre el fenómeno meteorológico. También negó que los albergues no hubieran estado listos y afirmó que todas las dependencias de su gobierno, desde antes y a la hora de la emergencia, atendieron a los más de 300 damnificados albergados. Aureoles destacó que su administración promoverá el empleo temporal para apoyar a las familias que se vieron afectadas, con el fin de que se ayuden mientras se normaliza la situación. Posteriormente entregó, a mitad de calle, algunas colchonetas y agua purificada donada por Liconsa, y de inmediato partió hacia el crucero de este municipio, donde las fuerzas policiales ya tenían bloqueado el paso. Ahí, debajo de un árbol, el gobernador platicó con los plataneros, quienes demandaron apoyo, y Aureoles prometió que las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y Desarrollo Rural (Sedru), se coordinarán para evaluar las afectaciones y apoyarlos. Por aproximadamente media hora, la policía mantuvo cerrada la carretera federal México 200, en la costera de Michoacán, para que ahí bajaran los helicópteros en los que viajaba Silvano Aureoles con su equipo. El mandatario dejó plantados a los alcaldes de Aquila, José Luis Arteaga Olivares, y de este municipio, Porfirio Mendoza Zambrano. En esos lugares, decenas de viviendas se vinieron abajo y resultaron inundadas cientos de hectáreas de plátano, limón, chile, aguacate y otros productos.
En tanto, la carretera Coalcomán-Chinicuila-Aquila se encuentra cerrada por rocas de hasta de tres toneladas que cayeron sobre la cinta asfáltica, que en muchos tramos quedó cortada a la mitad. FUENTE: PROCESO. AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS.
XALAPA, Ver: El diputado panista Miguel Ángel Yunes presentó una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra del gobernador Javier Duarte y una veintena de funcionario y exservidores públicos de la Tesorería y de la Secretaría de Educación estatal por presuntamente haber desviado más de 9 mil millones de pesos en la contratación de 2 mil 173 “aviadores”. Yunes Linares entregó su denuncia en la recepción de la FGE, pero no fue recibido por su titular, Luis Ángel Bravo Contreras. Irritado, el legislador cuestionó: “¿Qué el fiscal nada más recibe a los denunciantes que son afines al PRI?, ¿estará muy ocupado?, o ¿estará despachando en el Cacharrito? (un restaurante de lujo)”. En su queja, Yunes Linares insta a la FGE a indagar el destino de los 9 mil millones de pesos que “se robaron” de recursos para la educación y se sancione a los responsables. Una hora y media después de que presentó la querella, el dirigente estatal del PRI y legislador federal, Alberto Silva Ramos, reviró que el propio Yunes Linares es un “indiciado” de la PGR, pues tiene dos averiguaciones previas abiertas: una por enriquecimiento ilícito cuando fue director general del ISSSTE y otra más por lavado de dinero. “Él, siendo presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso de la Unión, es un indiciado de la PGR; si el PAN quiere que funcione el sistema anticorrupción, tiene en Yunes Linares una buena pieza para comenzar a investigar y sancionar”, fustigó Silva Ramos. En su querella, Yunes recriminó que aunque el gobernador priista Javier Duarte admitió la existencia de 2 mil 173 empleados en el sector educación que “cobraban sin trabajar”, esos “aviadores” no fueron sancionados ni tampoco fueron investigados los funcionarios que los reclutaron. “Hay un hecho delictivo, y Duarte está involucrado, de acuerdo con el artículo 108 de nuestra Constitución, los servidores públicos que fueron permisivos con los aviadores deberían alcanzar hasta diez años de cárcel”, expuso Yunes Linares En la querella, Yunes asegura que hay un desfalco de más de 9 mil millones, lo que equivaldría a cuatro veces el presupuesto total de la Universidad Veracruzana. “Es una denuncia sólida, hay una confesión de culpa de parte de Duarte, él lo admitió ante los medios, pero no dio los nombres de esos aviadores, y es muy sencillo por qué no los dio, porque sólo son nombres y no hombres, es decir, hay una expedición de cheques de nómina que sólo se los quedaron unos cuantos, expuso Yunes. Luego advirtió que no debe haber “borrón y cuenta nueva” de este ilícito, pues dijo que el MP investigador debió haber iniciado de inmediato una averiguación previa en contra tanto de los responsables de haber permitido y encubierto esta desviación multimillonaria, como a quienes indebidamente cobraron sueldo sin devengarlo. La demanda pide sancionar a los extitulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de los dos últimos sexenios, Rafael Murillo Pérez, Javier Duarte de Ochoa ( 2008), Salvador Sánchez Estrada, Antonio Ferrari Cazarín, Tomás Ruiz González –hoy titular de Obras Públicas– Salvador Manzur Díaz –destituido por “mapache” electoral, pero restituido luego como delegado federal de Banobras–, Carlos Aguirre Morales, Fernando Charleston Salinas, Mauricio Martín Audirac Murillo y Antonio Gómez Pelegrín. La querella involucra a funcionarios menores cuya fama de adinerados es conocida en Veracruz: Edgar Spinoso Carrera, subsecretario de Finanzas y Administración; Gabriel Deantes Ramos, secretario del Trabajo y Previsión Social, y Juan Manuel del Castillo González. Alude también a los exsecretarios de Educación estatal, entre ellos Víctor Arredondo Álvarez, Edgar Spinoso Carrera –como oficial mayor de la SEV–, Adolfo Mota Hernández –hoy diputado federal–, Flavino Ríos Alvarado –hoy titular de la Secretaría de Gobierno– y a la actual titular de la dependencia Xóchitl Adela Osorio Martínez. Los priistas afines al gobierno de Duarte y los panistas de la familia Yunes entraron en una vorágine de denuncias y contrademandas por desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, propiedades no justificadas con el salario devengado, fraude y malversación de fondos. Desde que Yunes Linares renunció al PRI en 2004, ha demandado a los tres gobernadores en turno: Miguel Alemán, Fidel Herrera y Javier Duarte, y las querellas han sido turnadas a PGR, a la Procuraduría General de Justicia y a la Fiscalía General del Estado; al día de hoy, aunque se han abierto averiguaciones previas, ninguna querella ha procedido satisfactoriamente. Fernando Yunes, senador panista y vástago de Yunes Linares también demandó al gobierno de Duarte en marzo dl 2013 por una presunta malversación de 5 mil millones de pesos de la cuenta pública federal 2011 y 2012, precisamente en el rubro educativo, además del de salud y seguridad pública. Incluso, la querella del senador del PAN fue sustentada con observaciones financieras de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En contraparte, diputados federales y locales del PRI han demandado ante PGR y ante la FGE tanto a Yunes Linares, como al alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, ambas querellas por enriquecimiento ilícito. Al día de hoy, ambas averiguaciones previas continúan abiertas. Sobre este tema, el propio líder estatal del PRI, Alberto Silva, hoy arremetió: “Tendríamos que dejarnos de dimes y diretes, la ciudadanía necesita resultados, pero quien hoy está demandando al gobierno de Veracruz es un indiciado”, acusó. Aunque el tema de los “aviadores” causo polémica a escala nacional, en la SEV era “vox populi” que quienes cobraban sin trabajar eran empleados del SNTE (sección 32 y 56), periodistas y columnistas afines al gobierno, esposas y concubinas de políticos de oposición (PRD y PAN), amigos de líderes regionales de panistas y perredistas, así como militantes de partidos políticos de reciente creación y cooptados por el propio aparato oficial.
Otro claro ejemplo de “aviadores” se dio a finales de 2014, cuando el entonces secretario de Educación estatal Adolfo Mota armó una estructura paralela dentro de la dependencia para crear un “equipo alterno de campaña” que trabajara en el distrito de Xalapa rural, donde este año fue ungido como diputado federal. Todos los empleados de Mota devengaban salario en la SEV. FUENTE: PROCESO. AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
Al gobierno no le interesa prohibir contenidos sexistas, explicó a Aristegui Noticias la exdiputada federal y feminista Martha Lucía Micher, quien propuso una reforma al respecto en la pasada legislatura.
Enrique Tovar, conductor de Televisa en Ciudad Juárez, Chihuahua, acosó sexualmente a su compañera Tania Reza al aire, durante la emisión del programa “ATM!”, de acuerdo con un video publicado en la página de Facebook del propio show televisivo. Tovar toco las piernas y los senos de su compañera al menos en dos ocasiones, pese a la molestia de la conductora, quien abandonó el programa diciendo “yo no puedo trabajar así”. El hombre pidió perdón no por lo sucedido, sino por la actitud de Tania: “ok muchísimas, gracias, ahí una disculpa mi gente creo que mi compañera anda un poquito hormonal“. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) inició una queja de oficio en contra del conductor Enrique Tovar por “presuntos actos de discriminación en contra de su compañera conductora”.
El presentador “acosó sexualmente a Tania Reza, mediante actitudes que pueden ser consideradas discriminatorias y contrarias a los derechos de las mujeres, entre ellos, a una vida libre de violencia”, aseveró en un comunicado el Conapred.
Al gobierno no le interesa eliminar contenidos sexistas: Martha Lucía Micher “En principio es una vergüenza, es un acto de violencia sexual contra la locutora, contra las mujeres”, dijo en entrevista para Aristegui Noticias la exdiputada federal y feminista Martha Lucía Micher. “Lo que es lamentable es lo que hay detrás de este conductor machista, y producto de lo que la sociedad ha estado produciendo. Es decir, que los hombres creen que el cuerpo de las mujeres les pertenece”. Comentó que durante su periodo como diputada en el PRD, propuso una reserva a la Ley de Telecomunicaciones que fue rechazada por más de 450 diputados -incluyendo el PRD- para que se “eliminaran contenidos sexistas y no se fomentara la violencia contra de las mujeres y las niñas”. “Fue muy relevante para mí ver cómo este tema no es importante para telecomunicaciones” pues “seguimos con contenidos sexistas, que legitiman, que normalizan la violencia contra las mujeres, el abuso sexual y las prácticas (sexuales) que denigran a las mujeres”, señaló. “Entre contenidos de telenovelas, entre conductores a los que dejan contar chistes que dan vergüenza y que ponen en riesgo la dignidad de las mujeres, entre una serie de programas en las que un conductor puede referirse al busto de la mujer, a su cuerpo, sin que a nadie asombre y que cause, además, risa… como algo normal. Y eso es exactamente lo que no se puede permitir en una ley de telecomunicaciones”. “Vean lo que estamos aceptando: que un conductor toca el cuerpo de una mujer sin su consentimiento, en cadena nacional o en un programa de televisión, abusando, practicando el sexo y la violencia en contra de las mujeres.” Además, esto envía un mensaje en favor de los hombres “que pueden hacer lo que quieran con las mujeres”, consideró. “Detrás de todo esto hay una televisora que no ha incorporado en los términos del contrato una serie de conductas que no pueden permitirse de un conductor”, detalló. “Si en ese momento se hubiera dado cuenta el productor, inmediatamente mandan a comerciales, pero seguramente el productor estaba ‘tirado’ de risa y los camarógrafos también”, añadió. “Hay un equipo de gente que está promoviendo esto (…) hay todo un equipo y hay toda una estructura nacional y mundial que favorecen ese tipo de comportamientos en un conductor”, dijo la feminista. La ex diputada celebró la actitud de la conductora pues se dio cuenta de que “estaba en riesgo su dignidad” y su seguridad, “identificó en ese momento que no podía continuar con esa violencia”
“Gobernación tiene la autoridad, pero no está en una norma en donde explícitamente se hable de eliminar contenidos sexistas, discriminatorios o que atenten contra la dignidad y que favorezcan la violencia contra las mujeres y las niñas, no está así. A ver si ahora sí actúa Gobernación y a ver si ahora sí lo aprueban porque esto es una vergüenza”, concluyó. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
A inicios de este mes se dio a conocer que diferentes países del Pacífico, entre ellos México, concretaron un pacto que busca reducir barreras arancelarias y establecer estándares para las naciones firmantes.
“La aprobación del TPP (Acuerdo de Asociación Transpacífico) entre Estados Unidos y Japón con otras 10 naciones puede crear un desempleo más alto en México, porque supone una vuelta a la situación previa al NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte en inglés). Por ejemplo, piezas para coches fabricados en China podrían acabar en Japón y competir así con México. Por tanto, el TPP supone una amenaza”, aseguró Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, en entrevista con la revista Vanity Fair España y México. “Creo que el gobierno ha tenido mucho éxito en esto, pero hacen falta todavía más reformas, ha habido mucha resistencia. En la educación (…) en el sector energético, están introduciendo la competencia en las telecomunicaciones (…) Así que lo han estado haciendo muy bien pero es evidente que aún tienen un déficit en infraestructuras y lo malo es que todos los beneficios de lo que las reformas ya han conseguido no se verán de inmediato y las consecuencias del desplome del precio del petróleo se notarán pronto”, alertó el economista La entrevista completa con Joseph Stiglitz se publicará en Vanity Fair. A inicios de este mes, la Secretaría de Economía dio a conocer un “resumen ejecutivo” del TPP en el que sólo destacó beneficios de éste. Por ejemplo, que la mayor parte de la eliminación arancelaria para bienes industriales se implementará de manera inmediata. En el capítulo correspondiente a “Textiles y prendas de vestir”, sobresale que los países del TPP acuerdan eliminar aranceles en textiles y prendas de vestir. Cabe destacar que la mayoría de estos aranceles serán eliminados de manera inmediata, excepto en productos sensibles, en donde serán eliminados durante plazos de mayor duración. En el capítulo de “inversión” se establecen políticas no discriminatorias a la inversión, que aseguren la protección elemental del Estado de Derecho y de la capacidad de los gobiernos de las partes para alcanzar objetivos legítimos de política pública. Para lograr dicho objetivo, el TPP proporciona las protecciones básicas de inversión, incluidas en otros acuerdos relacionados a la inversión; incluyendo trato nacional, trato de nación y trato de nación más favorecida, entre otras. El capítulo también incluye un mecanismo de arbitraje internacional neutral y transparente para disputas de inversión, con fuertes medidas de salvaguardia para evitar reclamaciones frívolas y abusivas, y garantizar el derecho de los gobiernos a regular con base en el interés público, incluyendo la protección a la salud, la seguridad y el medio ambiente. En el capítulo 18, correspondiente a la Propiedad Intelectual, el TPP facilitará a las empresas a identificar, registrar y proteger los derechos de propiedad intelectual en nuevos mercados, lo que es particularmente importante para las pequeñas empresas. Los países integrantes acordaron establecer sistemas sólidos de observancia, incluidos, por ejemplo, procedimientos civiles, medidas provisionales, medidas en frontera, así como procedimientos y sanciones penales para la falsificación de marcas y derechos de autor o relacionados. En particular, las partes proveerán de medios legales para prevenir la apropiación ilegal de secretos comerciales, establecerán procedimientos y sanciones penales para el robo de secretos, inclusive por medio de robo cibernético y para la videograbación en salas de cine. En materia de Comercio y Trabajo, los 12 miembros se comprometen a no renunciar o derogar leyes que implementen los derechos laborales fundamentales para atraer comercio o inversión. Asimismo, a no dejar de aplicar efectivamente su legislación laboral conforme a un patrón sostenido o recurrente, que pudiera afectar el comercio o la inversión entre los países parte. En el capítulo sobre Pequeñas y Medianas empresas, se establece un comité que se reunirá periódicamente para revisar los avances del acuerdo, hacer mejoras y supervisar las actividades de cooperación o de fomento de capacidades. Ello, a través de asesorías de exportación, asistencia y programas de capacitación para las Pequeñas y Medianas empresas, compartir información y financiamiento del comercio, entre otras actividades. En el capítulo 30, se asegura que el TPP puede ser modificado con el acuerdo de todas las partes, y después de que cada una concluya con sus procedimientos legales aplicables y notifique por escrito a los miembros. Se especifica que el TPP está abierto a la adhesión de los integrantes del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) y de otros Estados o territorios aduaneros distintos.
Lo anterior, según lo acordado por las partes, después de haber concluido los procedimientos legales aplicables para cada país, y también se especifica los procedimientos bajo los cuales un país parte puede retirarse del TPP. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
México, D.F. Legalmente, el caso de la residencia conocida como Casa Blanca está cerrado, pero si los diputados tienen preguntas adicionales “estaremos para responderlas, en el sanísimo ejercicio de la pluralidad”, sostuvo el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade. Después de asistir a la instalación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, esta noche, y cuestionado respecto de que la residencia de Angélica Rivera será uno de los temas en su comparecencia del jueves, ante comisiones, dijo:
“Es obligación y responsabilidad de cualquier secretario presentar, informar y rendir cuentas y dar una opinión sobre las expectativas y necesidades que se presentan en el tema que cada quien maneja. Estamos sujetos al escrutinio público, y en este caso de los diputados”.
México, DF. Luego de casi hora y media de recorrido, la marcha de los padres de familia de Ayotzinapa arribó al Hemiciclo a Juárez, sin incidentes y custodiados por decenas de elementos policíacos. El contingente, en el que participaron estudiantes de diferentes escuelas Normales del país, maestros de la CNTE, y estudiantes de diversas instituciones de escuelas públicas se educación media superior y supieror, hizo una pequeña parada frente "anti monumento de los 43", en el cruce de Avenida Bucareli y Paseo de la Reforma. En esta breve escala se pasó lista a los jóvenes desaparecidos desde el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014 Los padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa iniciaron a las 16:45 horas una marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, a 13 meses de los hechos de Iguala, Guerrero. El contingente, que es muy discreto en número, es custodiado por decenas de elementos de policía vial y muchos más apostados por la mayor parte de la ruta que recorrerán, Paseo de la Reforma. La marcha es en exigencia de la localización de sus hijos y que el gobierno cumpla las recomendaciones del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha pedido replantear la investigación. En el mitin frente al Hemiciclo a Juárez, los padres de familia de los 43 normalistas exigieron que el gobierno federal acepte la entrevista del Grupo de Expertos con los elementos y mandos militares que estuvieron durante los hechos de Iguala. Uno a uno los diez oradores del acto que recordó los 13 meses de la desaparición de los estudiantes normalistas, destacaron y agradecieron el trabajo realizado por el Grupo de Expertos enviados por la CIDH, y que ha evidenciado la "mentira histórica" de la versión oficial de los hechos, la cual indicaba que los jóvenes habían sido ejecutados y sus cuerpos incinerados en el basurero de Cocula.
Durante el mitin, de casi 40 minutos, los padres de familia expresaron el inmenso dolor se desconoce me paradero de sus hijos, y afirmaron que no descansarán hasta conocer su paradero. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN
MÉXICO, D.F: En la batalla jurídica que encabezan comunidades mayas para prohibir la siembra de soya transgénica en Campeche y Yucatán, representantes de apicultores y organizaciones solidarias entregaron hoy a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dos cajas de cartón que contenían más de 63 mil 900 firmas ciudadanas en rechazo a los permisos otorgados al gigante de biotecnologías Monsanto. Este miércoles 28, los ministros de la Segunda Sala de la SCJN decidirán sobre los amparos de revisión que interpusieron autoridades mayas en 2012, cuyos argumentos fueron reconocidos por jueces federales el año pasado pero impugnados por Monsanto y el gobierno federal. Las comunidades aseveraron que, al permitir a Monsanto la comercialización de semillas transgénicas en la región, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) pisoteó sus derechos a la consulta libre, previa e informada; se vulneró su derecho a la salud y a un medio ambiente sano, y omitió tomar en cuenta el principio precautorio. Hace un mes, el apicultor Gustavo Huchín Cauich –quien lleva toda su vida produciendo miel en el municipio de Hopelchén, en Campeche– subió una petición en la plataforma Change.org en la que pidió a los ministros cancelar los permisos de siembra en 253 mil hectáreas en la Península de Yucatán, la planicie huasteca y Chiapas, ante la afectación a “más de 15 mil familias campesinas de origen indígena maya que viven de la apicultura, una actividad económica sustentable”. Huchín denunció hoy que a la par de la instalación de productores de soya transgénica en la región, inició la deforestación de la selva maya, el uso excesivo del herbicida Roundup, el producto estrella de Monsanto –cuyo principio activo, el glifosato, fue catalogado por los científicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como probable causante de cáncer– y la fumigación aérea de plaguicidas. “Los mayas existimos, hace años que estamos aquí, cuidando por nuestros hijos, nuestros nietos, y no es justo que gente extranjera, extraña, terminen con el bosque”, denunció Angélica Ek, una de las demandantes en los juicios de amparo. Pero una de las mayores afectaciones a los pobladores de la región recae en los apicultores, quienes observaron una caída en la producción de miel en los últimos años y se alarman ante la posible contaminación de la miel por transgénicos, lo cual les cerraría las puertas del mercado europeo. “Los apicultores dependemos de la floración de los árboles para que las abejas picoreen. Son miles y miles de familias que dependemos de la apicultura. Por esto pedimos al gobierno que ya, por favor, detenga la deforestación, detenga la siembra de soya transgénica”, exhortó Huchín. “Nosotros intentamos proteger estos bosques, esta selva que están acabando de manera indiscriminada (…) los mayas solos no vamos a poder. Si se acaba la selva maya, rompemos el pulmón de México”, insistió. La decisión que asumirán los ministros el próximo miércoles revierte una importancia nacional, según el abogado Jorge Fernández, integrante de la organización Indignación. “Estamos ante una posibilidad histórica de que la SCJN decida proteger al patrimonio biocultural de la nación”, subrayó, al precisar que una resolución a favor de los mayas abriría el camino “para muchas comunidades de norte a sur que enfrentan megaproyectos que ponen en riesgo sus culturas y su entorno ambiental”.
“Antes de la invasión los mayas hacían miel. Nadie mejor que ellos sabe qué importancia tiene la miel, cómo producirla y comercializarla”, enfatizó el abogado. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
MÉXICO, D.F: Cumplidos 13 meses de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos acudieron a las oficinas de la revista Proceso. María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, entregó al subdirector de información, Salvador Corro, el posicionamiento del grupo de padres contra la estrategia de “descalificación a las víctimas, a sus representantes legales y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, impulsada por algunos “medios de comunicación oficiales y al servicio de la autoridad”. Tlatempa estuvo acompañada por Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González; Margarito Guerrero y Ezequiel Mora, padres de Joshivany Guerrero de la Cruz y Alexander Mora Venancio, respectivamente, cuyos restos fueron identificados por la Universidad de Innsbruck. También acudieron a las instalaciones del semanario los normalistas Marco Antonio Núñez y Alexis Morales Zarco. Durante el encuentro, los padres de las víctimas de desaparición forzada enfatizaron que en la búsqueda de sus hijos y por el cuestionamiento a la llamada “verdad histórica”, han sido objeto de una campaña de desprestigio que también ha sido dirigida hacia el GIEI y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Tlatempa refrendó su confianza en los integrantes del GIEI, que confirmaron la imposibilidad de que los 43 jóvenes hubiesen sido quemados en el basurero de Cocula, versión que “nosotros como campesinos sabíamos que eso era mentira, porque toda la noche del 26 de septiembre estuvo lloviendo”. Como padres de los desaparecidos, dijo, “no podemos dejar que lo ocurrido hace 13 meses quede impune, como quedó la matanza del 68. Si se hubiera resuelto el 68, no hubiera pasado lo de Iguala”. A su vez, Emiliano Navarrete destacó que en estos 13 meses los padres de familia dejaron sus labores en el campo por buscar a sus hijos, y han corroborado las versiones que les han llegado sobre los posibles sitios donde podrían encontrarse. Reprochó que el presidente Enrique Peña Nieto no haya dispuesto “todo el poder del Estado, Ejército, Marina y Policía Federal” para buscar a los 43 normalistas desaparecidos, situación que para ellos es “prueba de que el gobierno los tiene, porque si fuera un grupo de delincuentes, qué le costaba al presidente decir: ‘traigan a los muchachos y castiguen a esos delincuentes que nos están haciendo quedar mal en el mundo”. Ezequiel Mora se quejó de que en un intento más por desprestigiar el movimiento de los padres de los desaparecidos, se exhiba la película “La noche de Iguala”, que respalda la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR). “Nos duele en el corazón lo que se dice ahí, difundiendo la ‘verdad del chisme’, jugando con nuestros sentimientos, diciendo mentiras de nuestros hijos que el mismo grupo de expertos ya comprobó que eran inocentes”, puntualizó Mora en torno de la versión manejada en el filme sobre la supuesta implicación de algunos de los estudiantes con el crimen organizado, lo que fue descartado por el GIEI. Y Margarito Guerrero aprovechó la oportunidad para preguntar a Peña Nieto: “¿Quién manda en este país? ¿Los militares o el presidente? Porque si son ellos los que tienen el poder de decir quién declara y quién no, (entonces) para hablar con el secretario y pedirle a él y ya no a Peña Nieto que busque a los muchachos”.
Alexis Morales Zarco reiteró la demanda de los padres de familia y de los normalistas de Ayotzinapa: presentación de los estudiantes; castigo a los responsables materiales e intelectuales de los hechos; cese a la “criminalización, hostigamiento y descalificación en contra de los estudiantes de Ayotzinapa y padres de familia”, así como el cumplimiento del convenio de colaboración firmado en Washington y el acatamiento de los recomendaciones del GIEI. FUENTE: PROCESO. AUTOR: GLORIA LETICA DÍAZ.
La cuota mínima será de 0.50 centavos y no de 1 peso, como se cobra actualmente.
Como consecuencia de la baja al impuesto en bebidas azucaradas, el próximo año se dejarían de recaudar 522.5 millones de pesos, indicó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). Diputados aprobaron, la semana pasada, disminuir 50% el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas que contienen cinco gramos o menos de azúcar por cada 100 mililitros, pese al rechazo de diferentes organizaciones que aseguran que esta reducción fue impulsada por la industria refresquera. “La población más afectada por esta reducción serán las niñas y niños pequeños, ya que las bebidas que tendrán un menor impuesto son aquellas dirigidas a la infancia, como son las agüitas saborizadas y bebidas sabor fruta. Estas bebidas, comercializadas por Nestlé, Coca Cola, Danone y Pepsico contienen una cantidad de azúcar cercana a los 5 gramos por 100 ml, en su presentación más común (botellita de 300 ml) por lo que al consumirlas, los niños ingieren hasta 15 gramos de azúcares añadidos (3 cucharadas cafeteras). Esta cifra es cercana a la cantidad máxima recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para proteger la salud en los niños pequeños que es de 19 gramos al día (aproximadamente 4 cucharadas cafeteras)”, indicó la Alianza por la Salud Alimentaria. La disminución de ese impuesto ahora se encuentra en manos de los senadores, quienes decidirán si se queda como tal o se da un revés a las refresqueras y diputados.
El martes 27, el Poder del Consumidor “presentará pruebas y un análisis de que la iniciativa para disminuir el IEPS a bebidas azucaradas en un 50%, provino de la industria refresquera, decisión que afecta sobre todo a los niños de nuestro país. Asimismo se dará a conocer el daño que hacen en los niños los edulcorantes, adicionales a los azúcares añadidos”. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
"Los resultados de las auditorías de la CNBV confirman la veracidad de lo que Infraiber ha denunciado una y otra vez, desde hace por lo menos 2 años, en relación con la manipulación contable que practican OHL y OHLMEX (OHL México)", asegura Infraiber.
El Circuito Exterior Mexiquense significa para Grupo OHL -al que fue concesionada esta obra en el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México- el 25 por ciento del valor de todos los activos de ese grupo a nivel mundial, lo que lo convierte en “el activo más valioso del Grupo OHL y el que más contribuye a la generación de su mágico e improbable EBITDA (Utilidad Antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones)”, aseguró Infraiber, empresa a la que se le revocó el contrato para auditar los aforos vehiculares en dicho circuito. En un comunicado, luego de que se diera a conocer que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México alista sanciones contra OHL por varias irregularidades, Infraiber sostuvo que habrá un impacto “demoledor” sobre OHL España por la eliminación de los “otros ingresos de operación” y la “rentabilidad garantizada” en los estados financieros de la constructora. “Infraiber coadyuvará con la CNBV y con las autoridades mexicanas y españolas que lo soliciten (y aún si no lo solicitan), a fin de poner un alto en definitiva a este lamentable caso de OHL (el ENRON de nuestros días) y el Circuito Exterior Mexiquense (el caso de corrupción más grave de la historia reciente de México)”, indicó. “OHL tiene una única manera de acreditar que tiene un derecho incondicional de cobro en contra del Estado de México por el monto de su supuesta ‘rentabilidad garantizada’: que presente a la CNBV un escrito firmado por el Gobernador del Estado de México, en el que reconozca el adeudo”, precisó. “Las irregularidades detectadas por la CNBV no solo generan responsabilidad civil y administrativa, sino que constituyen ilícitos penales que deben ser perseguidos a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, advirtió.
Al respecto, Infraiber presentó el siguiente escrito ante la Secretaría de Hacienda: Acuse1.pdf by Aristegui Noticias:
MÉXICO, D.F: A más tardar el próximo viernes, cinco de las 11 estaciones de la Línea 12 cerradas hace 19 meses podrían ser reabiertas para el uso de los pasajeros, informó el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera. Se trata de las estaciones Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11 y Periférico Oriente. El resto -Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac- serán reabiertas a finales de noviembre. Luego de inaugurar el Laboratorio de Electrónica Digital Avanzada del Sistema de Transporte Colectivo (STC), el mandatario local dio como un hecho la reapertura de estas estaciones, tras las pruebas con los trenes que se hicieron el fin de semana pasado. Aunque aclaró: “Dependemos de los trabajos técnicos de las empresas que están haciendo las certificaciones porque no queremos adelantarnos y que haya un cabo suelto. En el momento en que ellos nos den la luz verde, vamos a echarlo a andar, pero estamos confirmados ya que es esta semana”. Mancera Espinosa añadió que las empresas que harán la supervisión y certificación de las estaciones rehabilitadas realizan recorridos de prueba sobre el tramo en cuestión para observar la interacción de los trenes con las vías y ver si el problema del desgaste ondulatorio –principal causante del cierre– disminuyó. “Va a ser una prueba de fuego”, reconoció. Y dijo que habrá un “rediseño” con los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) “la gente yo creo que va a estar más cómoda”.
El viernes pasado, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) entregó al Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) las cinco estaciones rehabilitadas. Ese mismo día, el Metro comenzó las pruebas correspondientes con los trenes. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
