México, DF. En Comisiones, el Senado de la República aprobó modificar la minuta de Ley Federal de Ingresos y el Paquete Económico, echó abajo la reducción en 50 por ciento del impuesto a los refrescos, que habían incluido los diputados, aumentó de 10 a 15 por ciento el límite del monto total de deducciones personales y estableció candados para evitar el desvió de recursos públicos vía los llamados “moches”.
Los senadores reformaron la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), para regresar a un peso por litro el gravamen a las bebidas embotelladas, luego de un acuerdo entre PRI, PRD, PT y parte de los senadores del PAN. Por la mañana, el coordinador del PRD, Miguel Barbosa, acusó directamente al ex dirigente del PAN, y actual diputado federal, Gustavo Madero, de haber negociado con los empresarios de la industria embotelladora esa rebaja en el gravamen, que los senadores debieron cambiar.
Uno de los puntos que más se discutieron y que motivó que la sesión de comisiones comenzara después de los 18 horas, fue el de los 17 mil millones de pesos adicionales al presupuesto del 2016, que legisladores del PRD y PAN propusieron se destinaran al pago de la deuda externa, para evitar que se convirtiera en una bolsa de la que los diputados podría disponer para lucrar indebidamente.
Voces dentro del PAN y del PRI advirtieron que ello no es posible, que el Senado no tiene facultades en materia presupuestal. El PRD, a través de Armando Ríos Piter, propuso entonces adicionar una modificación al artículo noveno de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise directamente los proyectos de infraestructura de las entidades federativas.
Se trata, explicó, Ríos Piter, de que la ASF pueda realizar auditoría en tiempo real y evitar que recursos públicos excedentes se usen como botín político en la Cámara de Diputados. Igualmente, el senador Ernesto Cordero resaltó que es una modificación relevante ya que “tristemente las asignaciones de excedentes que se hacen sobre las rodillas son el principal motivo de corrupción , ya que permiten que en San Lázaro los impuestos de los mexicanos se usen como si fueran dinero de los legisladores.
“Es el primer artículo antimoches”, comentó a su vez el perredista Alejandro Encinas. Explicó que es una especie de candado para evitar el desvío recursos que llevaron a cabo diputados en la pasada legislatura, al promover partidas para obras municipales, por las que luego cobraban una comisión.
El panista Jorge Luis Lavalle, se manifestó a favor de esa modificación, pero pidió que no se generalizara, ya que no es correcto que los senadores juzguen a los diputados de manera generalizada como si fueran corruptos.
El único legislador que se manifestó en contra de establecer ese candado fue Marco Antonio Blázquez, del PT, quien consideró inapropiado mandar un mensaje a nivel de colegisladora de que “les vamos a amarrar las manos para que no se roben los dineros”.
La discusión el comisiones duró dos horas, y el dictamen esta por pasar al pleno del Senado. Se había decretado un receso, que está por concluir, con miras a aprobar la minuta y regresarla a la Cámara de Diputados.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ANDREA BECERRIL/ VÍCTOR BALLINAS.
La compañía dio a conocer una caída de 40.5% en su utilidad neta del tercer trimestre.
La embotelladora mexicana Coca-Cola FEMSA informó este miércoles 28 de octubre que en el tercer trimestre del año registró una caída del 40.5% de sus utilidades netas, a causa de mayores impuestos, menores ingresos y la volatilidad de las monedas.
La utilidad neta de la empresa mexicana, que es la marca más popular en el mundo, fue de mil 998 millones de pesos. Detalló que sus ingresos de desplomaron un 10%.
Coca Cola-FEMS opera en México, Centroamérica, Colombia, Brasil, Argentina, Venezuela y Filipinas.
El director de Finanzas de Coca-Cola, Héctor Treviño, dijo en una conferencia con analistas que se espera un débil crecimiento económico para el próximo año, pero el consumo seguiría mejorando los volúmenes.
“Estamos tratando de proteger esos márgenes”, agregó el ejecutivo, quién además recordó que los legisladores mexicanos discuten actualmente una propuesta para reducir el impuesto a las bebidas azucaradas, de acuerdo con la agencia Reuters.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
MÉXICO, D.F: El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) denunció que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, se alió con el PRI, PAN y PRD para conformar un bloque contra sus iniciativas y evitar su participación en las comisiones más importantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Morena denuncio que esta alianza impidió que su partido ejerciera su derecho a presidir la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y refrendó las bases para un anticonstitucional tercer periodo del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
“Más tarde colocaron a los personajes más corruptos y siniestros al frente de las comisiones económicas estratégicas de la ALDF. Finalmente, le han negado a Morena el derecho a presidir las comisiones legislativas dictaminatorias que le corresponden por ley”, denuncia el partido en un desplegado publicado hoy miércoles.
El partido liderado por Andrés Manuel López Obrador denunció que la alianza Mancera-PRD-PAN-PRI ha “llegado al colmo de crear comisiones ‘patito’ para que todos los diputados sean presidentes de alguna ‘comisión’, aunque estas no tengan funciones dictaminadoras y legislativas reales, con el propósito de disfrazar la exclusión de Morena en la asignación de las presidencias de las comisiones”.
El bloque Mancera-PRD-PAN-PRI pretende evitar que se aplique el Plan de Austeridad impulsado de Morena y que implicaría un ahorro de mil millones de pesos destinados a educación, atención de adultos mayores, vivienda, transporte y bienestar social.
Ayer, el grupo parlamentario de Morena de la ALDF se reunió para evaluar si acepta o rechaza presidir las comisiones que le propuso el bloque PRD-PAN-PRI.
César Cravioto, líder de Morena en la ALDF, explicó que sus correligionarios debaten si les conviene o no aceptar la propuesta y discutir una vía jurídica para impugnar la distribución de las comisiones.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La “guerra contra el narcotráfico” de Calderón y Peña Nieto ha dejado en tres estados –Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas– por lo menos 250 desapariciones forzadas atribuidas a miembros del Ejército, la Marina, la Policía Federal y cuerpos policiacos estatales. Familiares y defensores de derechos humanos integran los expedientes que entregarán a la CIDH y hacen acopio de las pruebas con el propósito de exigir el fin de la impunidad existente cuando se apruebe la nueva Ley sobre Desapariciones Forzadas.
SALTILLO, Coah: A raíz de la “guerra contra el narcotráfico” que decretó Felipe Calderón y que continúa con Enrique Peña Nieto, se han producido al menos 250 casos de desaparición forzada en el noreste del país a manos del Ejército, la Marina, la Policía Federal y cuerpos de seguridad estatales.
Así lo establecen organizaciones de familias con personas desaparecidas y grupos defensores de derechos humanos que preparan dicho número de expedientes relativos a Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila para comprobar los ilícitos cuando se apruebe la nueva Ley sobre Desapariciones Forzadas y para dar cuenta de los mismos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Uno de los expedientes que se está documentando es el relativo a la desaparición forzada de Víctor Manuel Guajardo Rivas, domiciliado en Piedras Negras, Tamaulipas. De acuerdo con los datos registrados, el 10 de julio de 2013, luego de que tres camionetas del cuerpo policial de élite Grupo de Armas y Tácticas Estratégicas (GATE) se estacionaron en calles de la colonia Los Montes, los efectivos entraron con lujo de violencia a la vivienda donde descansaba Víctor Manuel –de 37 años de edad entonces– en compañía de su esposa e hijos. Tras sacarlo de su habitación, lo golpearon frente a su familia y enseguida se lo llevaron con rumbo desconocido.
Después de estos hechos, su madre y un familiar se dirigieron a las instalaciones del GATE, y cuando arribaron la madre vio a Víctor Manuel inconsciente en la parte trasera de una patrulla que en ese momento se retiraba de la corporación. Sin embargo, los policías que la atendieron en la dependencia negaron que tuvieran detenido a su pariente.
Ella, Hortensia Rivas, inició entonces un tortuoso recorrido para buscar a su hijo en todas las instituciones oficiales posibles: la Marina, la Sedena, los gobiernos municipal y estatal, pero ninguna le proporcionó apoyo.
Hasta la fecha no existe una averiguación oficial contra el GATE por la desaparición de Víctor Manuel. En cambio, sí existen amenazas contra su familia procedentes de ese cuerpo policial. Una de ellas se produjo cuando los parientes de Víctor Manuel se manifestaban con pancartas afuera de la corporación. Un efectivo del cuerpo de élite se acercó a la madre para decirle: “Si usted hubiera visto (que nosotros nos lo llevamos), no estaría aquí”.
En la búsqueda de su hijo, Hortensia Rivas se encontró con otras 10 familias que trataban de localizar a igual número de desaparecidos por efectivos del GATE…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2034 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO.
MÉXICO, D.F: Las universidades públicas e instituciones afines de todo el país expresaron su preocupación por la “crítica situación financiera” que vive la Universidad Veracruzana y demandaron al gobierno de Javier Duarte entregar de inmediato los dos mil 251.6 millones de pesos que no le ha entregado por concepto de subsidio federal y estatal.
A través de un desplegado dirigido al gobernador veracruzano, todas las universidades integradas en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) señalan que injustificadamente la Universidad Veracruzana “transita por una complicada situación financiera”.
Esa situación, abundan, ha sido ocasionada por la demora en la entrega de los recursos que corresponde aportar al gobierno de Veracruz y advierten que de continuar la universidad no podrá solventar el pago de sus obligaciones laborales.
Además, dicen, limitará sus actividades docentes, de investigación y difusión cultural, “todo ello en detrimento de la calidad de sus servicios y en perjuicio de la comunidad estudiantil veracruzana, y el desarrollo social de la entidad”.
El desplegado suscrito entre muchos otros por los rectores de la UNAM, José Narro Robles; del IPN, Enrique Fernández Fassnatch, y de la UAM, Salvador Vega León, precisa que del total de recursos adeudados a la Universidad Veracruzana, mil 799.9 millones corresponden al subsidio estatal y 451.7 millones al federal.
Y afirman que muchos de ellos deben ser ejercidos antes del 31 de diciembre próximo o de lo contrario deberán ser devueltos a la Tesorería de la Federación.
Tras describir el fundamento legal que ampara la entrega de recursos a la Universidad Veracruzana, el Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines a la ANUIES, exigen que a Duarte que cumpla el compromiso de apoyar y contribuir al funcionamiento de la Universidad que atiende a 62 mil estudiantes.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Desde la 13 Cumbre de Negocios México, en Guadalajara, Jalisco, varias compañías reafirmaron su interés en invertir dentro del sector petrolero.
La cuarta licitación de campos petroleros incluidos en la Ronda Uno se realizará en noviembre, y la primer subasta eléctrica se efectuará entre noviembre y diciembre pese a que estaba planeado lanzarla en octubre, informó el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.
El titular de la Sener anunció este martes en la que la publicación de las bases de la cuarta licitación de la Ronda Uno se hará en la segunda quincena de noviembre, e incluirá aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México, aguas someras crudos extra-pesados de Campeche y los primeros “farm outs” de Pemex.
En la industria petrolera, un “farm out” es una asociación estratégica entre una empresa que tiene derechos de explotación y producción con un tercero, a quien le transfieren algunos de esos derechos.
Respecto a la reforma energética, el titular de la Secretaría de Energía (Sener) mencionó que será en enero de 2016 cuando inicie operaciones el mercado eléctrico mayorista mexicano, al que todos los generadores tendrán acceso de manera equitativa.
Expuso que se emitirá la primera subasta a largo plazo, “seguramente el próximo mes de noviembre o a más tardar a principios de diciembre, y el mercado eléctrico mayorista mexicano empezará a actuar en la segunda quincena de enero entrante”.
En agosto pasado, Coldwell había adelantado por medio de un comunicado de prensa que “en octubre de este año se publicará la convocatoria de la primera subasta eléctrica en el país, misma que se espera adjudicar en marzo de 2016″.
Compañías se alistan para invertir en el sector petrolero
Representantes de compañías afirmaron su interés por participar en el sector petrolero mexicano, al participar en el panel ¿Cómo la reforma energética impulsará la competitividad en México?, en el marco de la 13 Cumbre de Negocios Business Summit, que se realiza en Expo Guadalajara.
El presidente de Exxon Mobil Company, Estados Unidos, Stephen Greenlee, resaltó que con esta revolución energética que protagoniza México es la oportunidad para el crecimiento económico de México y también para que empresas privadas del sector petrolero participen en este camino.
Por ello, reiteró que muchas empresas, incluyendo la que representa, quieren invertir pero resaltó la importancia de analizar todavía más la estructura física para conocer los contratos que den condiciones que hagan permanecer esos proyectos.
Por su parte, el presidente del Consejo de Administración del Grupo Diavaz México, Luis Vázquez Sentíes, dio a conocer el interés de la compañía que representa de entrar a la siguiente licitación que será el próximo mes de diciembre y que abarca 25 campos.
“Nosotros desde 2003 somos productores de petróleo y gas, somos socios de compañías brasileñas y chinas de exploración, así como de Holanda, pero estamos abiertos de poderlo hacer para entrar en las rondas que vienen, porque en las primeras estábamos fuera de experiencia y no licitamos”, apuntó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
"¡Que alguien por favor le avise a Banobras que un quebranto anunciado empieza a aparecer en el horizonte!", manifestó el abogado de Infraiber, Paulo Díez.
Luego de que OHL aceptara que los montos que registra como “otros ingresos de operación” y “rentabilidad garantizada”, no corresponden a los montos de rentabilidad reconocidos y aprobados por el gobierno del Estado de México, por lo que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició procesos sancionadores en su contra, Infraiber aseguró que “en el mejor de los casos”, la constructora tendrá que “borrar el 40% de su rentabilidad garantizada”.
En un texto enviado por el abogado de Infraiber, Paulo Díez, acusó que tan sólo en el caso del Circuito Exterior Mexiquense, la diferencia no reconocida por el Estado en el período 2010-2013 era de $9,475.3 millones de pesos, equivalente al 40% del monto total registrado por OHL como “rentabilidad garantizada” en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2013.
Sobre ello, en una carta enviada al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, Infraiber expuso que la supuesta rentabilidad garantizada que OHL registra en sus estados financieros auditados por Deloitte, es sustancialmente superior a la rentabilidad reconocida y aprobada, pero la justifica porque considera que tiene un derecho “incondicional” de cobro.
Al registrar la supuesta rentabilidad garantizada como activo financiero en sus estados financieros auditados por Deloitte -señaló Infraiber- OHL inscribe datos falsos en contabilidad y difunde públicamente información falsa sobre sus valores y su situación financiera.
“El falso ingreso por 9 mil 475.3 millones de pesos no sólo genera una falsa utilidad en los estados financieros de OHL auditados por Deloitte, sino también un falso activo por supuesta rentabilidad garantizada… que se incorpora a la cuenta de “inversión en concesión, neto” de OHL en el estado de posición financiera.
“Y este falso activo que OHL… registra ilícitamente como una ‘cuenta por cobrar’ en contra del gobierno del Estado de México (es decir, como un activo financiero) forma parte del activo que OHL y su accionista mayoritario financian, refinancian y bursatilizan una y otra vez en el mercado mexicano de valores, en perjuicio del público inversionista, del mercado de valores en general y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos… que inexplicablemente emitió una garantía de pago inconstitucional, respecto de ciertos certificados bursátiles… con cargo a este falso activo“, apuntó.
Ante ello, pidió a Banobras revisar si “un quebranto anunciado empieza a aparecer en el horizonte”.
“La garantía, emitida por un Banco del Estado Mexicano cuyo Consejo Directivo es presidido por el Secretario de Hacienda, está afectada de nulidad absoluta y es inconstitucional“, aseveró Paulo Díez.
“Y lo que también es cierto es que Banobras no tiene una fuente de pago o reembolso suficiente, para el caso (altamente probable), de que se vea obligado a realizar el pago de la garantía”, agregó.
En la opinión de Díez, “sin rentabilidad garantizada, es decir, sin magia contable, OHL no puede siquiera pagar la deuda que OHL y su accionista mayoritario han contraído con cargo al Circuito Exterior Mexiquense”.
Documentos enviados por Paulo Díez, abogado de Infraiber:
Acuse1.pdf:
Hidalgo_ENGAÑA_al_State_Teachers_Retirement_System_of_Ohio.DOC:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Arely Gómez González, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), informó que un juez federal dictó órdenes de aprehensión contra diez agentes de la dependencia que presuntamente colocaron un arma de fuego y detuvieron ilegalmente al abogado de la empresa Infraiber Paulo Díez Gargari.
Durante su comparecencia ante diputados federales que integran la Comisión de Justicia, la funcionaria anunció que este día fueron emitidas las órdenes de aprehensión “por algunos hechos irregulares que cometieron servidores públicos de la institución”.
Ante cuestionamientos de legisladores, Gómez González defendió: “Se hizo cumplir la ley, ellos llevarán su proceso y deberán aclarar las causas. Tendrán todos los elementos para poder defenderse”.
El pasado 7 de septiembre, Diez Gargari fue detenido de manera irregular por agentes de la PGR. En un video de 14 minutos presentado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un hombre vestido de mezclilla, con chamarra y gorra negras ingresó a su automóvil y le “siembra” un arma.
Dicho operativo ocurrió el mismo día en que el presidente internacional de OHL, el español Juan Villar Mir, anunció en Madrid que la compañía estaba “en proceso” de llevar a cabo “las exigencias civiles y penales” contra Inraiber.
OHL acusó a Infraiber de ser la responsable de filtrar audios de sus directivos con funcionarios de los gobiernos federal y del Estado de México en los que incurren en presunto tráfico de influencias.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) reiteraron que hay condiciones para cumplir “en tiempo y forma” con la entrega de 3.2 millones de televisores digitales faltantes antes de la fecha límite del “apagón analógico” establecida para el 31 de diciembre de este año, en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.
A su vez, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) hizo pública una carta dirigida al senador panista Javier Lozano, principal promotor de posponer el apagón analógico, cuestionándole el por qué, si no estaba de acuerdo con la fecha límite, aprobó la reforma constitucional que estipuló este plazo.
En un comunicado, la SCT afirmó que hasta el 25 de octubre de este año se han entregado 6.5 millones de televisores digitales en todo el país y que faltan 3.2 millones por repartir de aquí al 31 de diciembre de este año. La Sedesol afirmó que se entregarán alrededor de 50 mil televisores diarios para cumplir con la norma constitucional.
Con esta posición, las dos principales dependencias responsables del reparto de televisores digitales rechazan la propuesta de senadores del PAN y del PRD, así como de Televisa y de diputados locales del Congreso de Morelos para aplazar hasta el próximo año el “apagón analógico”.
Por su parte, el vocero del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Édgar García, envió una carta pública al senador panista Javier Lozano, quien ha encabezado la propuesta para posponer el apagón analógico hasta el 31 de diciembre de 2016.
“Si no se querían apagones analógicos anticipados, ¿por qué los aprobó? Si se buscaba una mayor penetración de receptores digitales ¿por qué obligó en la ley al IFT a apagar las señales analógicas con el 90 por ciento de penetración en los hogares de más escasos recursos? Finalmente, si a su juicio el problema no es la ley que aprobó, ¿por qué insiste tan activamente en cambiarla?”, le pregunta el vocero del IFT a Lozano Alarcón.
“Si lo que se pretende es que el IFT viole su mandato constitucional con el argumento de que de no hacerlo es ‘insensible’, eso no va a suceder. En el IFT cumplimos con aquello que nos marca la ley, por un desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, en beneficio de los mexicanos”, remata la carta pública.
En sus primeros párrafos, la misiva advierte que el IFT ha sido respetuoso de las opiniones respecto al ejercicio de sus funciones, “incluso ahora que el senador Javier Lozano contradice el marco legal que aprobó y defendió no sin poco entusiasmo y acusa a esta institución de insensible por el hecho de cumplirlo a cabalidad, como es su obligación”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
MÉXICO, D.F: Por primera vez en su historia, México importará crudo ligero de Estados Unidos. El gobierno de Barack Obama concedió a Pemex Comercio Internacional (PMI) una licencia que le permitirá importar crudo ligero para su proceso en el Sistema Nacional de Refinación.
A cambio, México exportará de crudos mexicanos pesados para las refinerías de alta conversión de la costa norte del Golfo de México en Estado Unidos.
En un comunicado señaló que la licencia brinda a México la oportunidad de beneficiarse de las condiciones que tiene actualmente Norteamérica como región en el ámbito energético mundial.
De este modo, Pemex afirma que podrá importar crudos ligeros durante un año a partir de este mes y por un monto de hasta 75 mil barriles diarios.
“La utilización de estos crudos ligeros en refinerías mexicanas permitirá reducir la producción de combustóleo y favorecer la obtención de combustibles de mayor valor como las gasolinas y diesel, que contienen un menor contenido de azufre, lo cual generará mayores márgenes económicos para Petróleos Mexicanos”, señala la empresa productora en su comunicado.
Según José Manuel Carrera, director ejecutivo de Alianzas y Nuevos productos de Pemex, la importación de 75 mil barriles diarios implicarán ganancias por alrededor de 90 mil dólares diarios.
“Estamos hablando de importar 75 mil barriles por día para poderlos procesar en las refinerías. Eso es sólo una pequeña parte de la dieta. En un año, tendríamos hasta 27 millones de barriles de crudo importante.
“La ganancia es generar cerca de dos dólares por margen de refinación; hay un beneficio económico de 90 mil dólares diarios sin costo adicional para Pemex”, estimó en entrevista con Radio Fórmula.
Carrera abundó que el propósito de esta acción es dejar de producir combustóleo y obtener y generar más diésel y gasolinas.
“Desde hace algunos años, la CFE dejó de usar combustóleo, que producimos en Salamanca (Guanajuato), por lo que decidimos exportar. Con esta medida, podemos obtener crudos extraligeros para alimentar las refinerías y así dejar de hacer combustóleo y producir más gasolina y diésel.
“La importación está aprobada a partir de hoy. Estamos preparándonos para tener el primer embarque de crudo americano en las cosas mexicanas en noviembre. Vamos pronto a tener un nuevo cargamento y veremos cómo se comporta la refinería”, explicó el funcionario.
En su comunicado expone que entre los beneficios que esperan lograr con el intercambio de crudo están: la integración de un mercado energético en Norteamérica y el fortalecimiento de las relaciones comerciales México–Estados Unidos.
También tener una mayor eficiencia logística al reducir costos de transporte mediante el uso preferente de transporte marítimo hacia México y la maximización del margen de refinación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El coordinador de los senadores del PRD exhorta al Presidente para que envíe esta misma semana las ternas, a fin de que el Senado tenga un mes para analizarlas y votarlas.
Al señalar que debe darse celeridad al proceso para elegir a dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el senador Miguel Barbosa Huerta afirmó que el gobierno de Enrique Peña Nieto y la dirigencia del Partido Acción Nacional están negociando las dos ternas que se enviarán al Senado.
“Tenemos información de que está en curso la conformación de un acuerdo entre el gobierno y el Partido Acción Nacional, no entre las bancadas del PRI y del PAN en el Senado”, precisó Barbosa, de acuerdo con un comunicado del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado.
Barbosa Huerta exhortó al Presidente de la República para que envíe esta misma semana las dos ternas de candidatos para integrar la SCJN, a fin de que el Senado de la República tenga un mes para analizar sus propuestas.
En conferencia de prensa, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD recordó que el proceso para nombrar a los dos integrantes de la SCJN que sustituirán a los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza tendría que estar desahogado a más tardar el 30 de noviembre.
Sin embargo, “la no llegada de las dos ternas para ministros de la Suprema Corte deforma el proceso; se pone en evidencia el manejo del tiempo para intentar arrinconar al Congreso y que éste no disponga del tiempo necesario para analizar a fondo las propuestas que nos envíe el Presidente de la República”.
En ese sentido, hizo un llamado al Presidente a enviar la última semana de octubre las ternas para integrar los dos lugares que quedarán vacantes a final de noviembre y que el Senado pueda desahogar de manera cabal su obligación constitucional.
Barbosa Huerta consideró la posibilidad de que, ante la tentación de llevar este proceso hasta el año siguiente, se puedan enviar las ternas la última semana de noviembre para que se diga que ya no hay tiempo o provocar una situación para que el Senado desahogue este procedimiento tan importante en un lapso corto.
Por otro lado, sostuvo que, para la conformación de las ternas, “tenemos información de que está en curso la conformación de un acuerdo entre el gobierno y el Partido Acción Nacional, no entre las bancadas del PRI y del PAN en el Senado, que no se confunda, entre Gobierno y el Partido Acción Nacional”.
Añadió que el acuerdo consiste en que “una propuesta venga con un nombre consensado a favor del PAN y otra propuesta venga con un nombre consensado a favor del PRI, hombres o mujeres; se puede hablar inclusive que hay un acuerdo para que sea a favor de mujeres”.
El senador poblano compartió reflexiones sobre el proceso de integración de la SCJN y puntualizó que la denuncia de un intento por partidizar la Corte significa la intención de hacer a dos conocidos ex dirigentes partidarios, integrantes de la misma.
“No significa lo que a lo largo de la historia ha ocurrido cuando el modelo constitucional, de acuerdo con el modelo constitucional, son las bancadas partidistas en la Cámara de Senadores las que participan en el proceso legislativo de la ratificación de las ternas que envía el Ejecutivo”, aclaró.
También aseveró que los actuales integrantes de la Corte son juristas que por su destacado desempeño se vincularon al Poder y lo que ha afectado la independencia y autonomía de los órganos del Estado no es el modelo de su designación sino la debilidad individual de sus integrantes.
“Cuando, después de ser nombrados, se quedan ligados a los hombres que influyeron en su designación; de ahí la existencia de los traficantes de influencias en todas las áreas del ejercicio público”, añadió.
Barbosa Huerta subrayó que el gobierno sabe que puede conseguir la mayoría para elegir a los ministros entre las bancadas del PRI y el PAN, pues Acción Nacional “se ha vuelto especialista en condicionar su apoyo a cambio de canjes en cargos”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El impuesto ya existe desde hace tiempo y "se encuentra desde la iniciativa presentada en el Paquete Económico a la Cámara de Diputados".
El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Miguel Messmacher Linartas, rechazó que se prepare un aumento al precio de las gasolinas: “Esto es totalmente falso, también es falso que se esté proponiendo un nuevo impuesto” a lo que se ya se tiene actualmente.
Al reunirse con las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, recordó que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas ya existe desde hace tiempo y lo que en realidad se propone es pasar de un IEPS variable a uno fijo, donde este último se establezca para que sea igual al promedio esperado al de este año.
Explicó que como parte del proceso de liberación de los precios de las gasolinas para 2018, se propuso cambiarlos gradualmente, mediante un esquema como el que se observa en otros países donde “pasemos de tener un impuesto variable, a uno fijo y donde el precio se mueva con los precios de referencia internacional”.
Precisó que para tener una transición ordenada se planteó establecer un rango de precios máximo y mínimo, y que el precio final al consumidor no se ubique fuera de este margen, a fin de evitar fluctuaciones extremas.
Messmacher dijo que para hacer más transparente el cambio en los precios de las gasolinas, la Cámara de Diputados estableció una actualización mensual y cuando ésta se realice se deberá informar sobre su estimación.
Y rechazó que la aprobación del impuesto se diera con poca transparencia, “como lo refieren algunos medios”.
En tanto el gobierno federal emprendió la siguiente campaña, titulada “que no te engañen”:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
CHILPANCINGO. Gro: El gabinete del gobernador Héctor Astudillo Flores, presentado ayer en Acapulco, refleja a un mandatario acotado por el poder de caciques de negro historial como Elba Esther Gordillo, Manuel Añorve Baños, René Juárez Cisneros y Ángel Aguirre Rivero.
El exgobernador y senador priista René Juárez, junto con el exalcalde de Acapulco, Manuel Añorve –acusado de presuntos nexos con el narcotráfico–, colocaron a sus hijos en la administración pública y acapararon puestos claves en las secretarías de Finanzas, Desarrollo Social, Salud y Turismo.
René Juárez Albarrán fue nombrado representante del gobierno estatal en la Ciudad de México, y el hijo de Añorve Baños, Manuel Añorve Aguayo, se convirtió en subsecretario de Desarrollo Social de la entidad.
El único mérito de ambos es ser hijos de los principales operadores de la campaña del gobernador Héctor Astudillo.
Por su parte, el defenestrado exgobernador Ángel Aguirre Rivero, quien presuntamente rompió con el PRI para ser postulado por el PRD a la gubernatura, colocó al exdiputado federal Jorge Salgado Parra en el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEJAG).
Salgado Parra es hijo de Jorge Salgado Leyva, exsecretario de Finanzas y compadre de Aguirre Rivero.
Entre los nombramientos del gabinete de Astudillo también destaca el regreso de José Luis González de la Vega Otero, quien fungió como encargado de la Educación durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, y ahora regresa a la misma posición.
En ese entonces, el funcionario local –cercano a Elba Esther Gordillo, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), actualmente presa– se dio a conocer por diversos escándalos de corrupción y acusaciones por desvío de recursos.
Entre los casos documentados destaca la venta de varias toneladas de libros de texto gratuito a un reciclador de papel, en diciembre de 2005, y la adjudicación directa de un contrato por 100 millones de pesos que benefició a 12 empresas constructoras presuntamente vinculadas a amigos y familiares de Torreblanca Galindo en 2008.
Además, González de la Vega mantuvo una confrontación directa con la Coordinadora estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y normalistas de Ayotzinapa, a quienes acusó de pertenecer a la guerrilla.
José Luis es hermano de Jorge González de la Vega, quien durante años fungió como secretario particular de Gordillo y en su curriculum se indica que trabajó para Televisa Organización Editorial Mexicana y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Así, un reducido grupo de caciques del PRI colocó sus piezas en la administración del gobernador Astudillo, quien únicamente nombró a Tulio Pérez Calvo –considerado un hombre de toda su confianza– en una subsecretaría de Finanzas, a su gran amigo Pedro Campos Solís como secretario privado, y a César Armenta en la secretaría particular del Ejecutivo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Washington: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue autorizado para que durante seis meses más continúe con la investigación de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Al concluir el 156 Periodo de Sesiones de audiencias de la CIDH, el órgano jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA) indicó que el GIEI continuará con el caso hasta el 30 de abril de 2016.
“La decisión adoptada por la CIDH se basa en sus facultades de monitoreo de la situación de derechos humanos conforme al artículo 106 de la Carta de la OEA, articulo 41 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y artículo 18 de su estatuto, y el numeral 10 del Acuerdo de Asistencia Técnica firmado con el Estado mexicano”, destaca el comunicado en el que se notifica la prolongación de las labores del GIEI.
Precisa que la autorización de la prórroga por otros seis meses de asistencia técnica en la investigación, que correrá a partir del próximo sábado 31, también obedece a los argumentos que ese grupo presentó la semana pasada a la misma CIDH, a los representantes de los beneficiarios de la medida cautelar MC 409/14 (familiares de los 43 jóvenes desaparecidos) y al gobierno de México.
Con ello, los expertos Carlos Martín Beristáin, Ángela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz, y Alejandro Valencia Villa, en coordinación con la Subprocuraduría de Derechos Humanos de México, seguirán averiguando lo que ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
La CIDH destacó que bajo el acuerdo firmado con el gobierno de Enrique Pena Nieto, el GIEI “elaborará planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas, análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos ocurridos” hace más de un año.
El pasado lunes 19, el GIEI y el gobierno de Enrique Peña Nieto firmaron un acuerdo donde se desechan las conclusiones emitidas a principios de año por la Procuraduría General de la República (PGR), elaboradas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Con ello, el gobierno mexicano se comprometió a relanzar la búsqueda de los 43 normalistas y reiniciar la investigación, asumiendo como base el informe que elaboró el GIEI, en el que demiente la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam, quien afirmo que un grupo de narcotraficantes coludidos con policías municipales quemaron a los estudiantes en el basurero de Cocula y después lanzaron las cenizas a un río.
“La CIDH destaca la importancia del informe del GIEI y de sus acciones en los próximos meses, a fin de fortalecer la capacidad institucional del Estado mexicano para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como para la investigación de otros casos de desaparición forzada”, concluye el comunicado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
MÉXICO, D.F: El imaginario colectivo ha responsabilizado a Televisa de que el “apagón analógico” (la “muerte” de la televisión como se ha conocido hasta hoy y la adopción de la televisión digital como medio único para ver televisión abierta y para suscriptores) no se vaya a realizar en la fecha prevista: el último día de diciembre de 2015. Pero existen otros elementos para explicar este fallido proceso de transición. Veamos.
Primero. El artículo quinto transitorio, tercer párrafo, de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013 dispone: “La transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015”. Se trata, pues, de un mandato constitucional con una fecha puntual. Esta fecha no ha sido la primera establecida para tal efecto, y podría no ser la última.
En 2004, mediante un acuerdo entre el gobierno federal y los concesionarios de la radio y televisión, se estableció que el apagón analógico ocurriría, previsiblemente, en el año 2021. En 2010, sin embargo, un decreto presidencial programó la transición para el 31 de diciembre de 2015, y tres años más tarde esa fecha se incluyó en los artículos transitorios de la reforma constitucional comentada.
Tanto antes como ahora ha sido evidente la dificultad para cumplir el apagón analógico. Y, de hecho, llama la atención que, para fijar el día para “bajar el switch” no se hayan encargado y difundido estudios de factibilidad. O, si se hicieron, estuvieron mal elaborados.
Esto es grave porque hasta ahora se han destinado más de 30 mil millones de pesos a la entrega de adaptadores y televisores que supuestamente tendrían internet –lo que fue una mentira más del secretario de comunicaciones y transportes, Gerardo Ruiz Esparza.
Segundo. La ausencia de condiciones razonables para el apagón analógico implica responsabilidad política y administrativa del presidente Enrique Peña Nieto y de Ruiz Esparza, por dolo o, en el mejor de los casos, por negligencia.
Ambos hechos están previstos como causales de responsabilidad administrativa, de acuerdo con el artículo 8, fracción I de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y de responsabilidad política, por incumplir los artículos 7, fracciones VI y VII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que regula el juicio político.
Además podrían configurarse otros ilícitos o delitos. Los servidores públicos federales tienen doble responsabilidad: a) Por presentar una iniciativa de reforma constitucional sin estudios de factibilidad o mal elaborados, y b) Por incumplir lo dispuesto en la reforma constitucional, lo que cierra el círculo del desaseo político y administrativo.
La responsabilidad no sólo abarca al Poder Ejecutivo federal, sino también a los diputados y senadores federales y diputados locales que aprobaron sin el debido estudio la iniciativa presentada. Este hecho pone de relieve la necesidad de introducir en la ley la figura de “la responsabilidad de los legisladores”, para que no aprueben disposiciones sin antes haber hecho un análisis ponderado de sus consecuencias.
Tercero. En la lógica del absurdo, los mismos senadores que en 2013 aprobaron la reforma constitucional y la fecha del apagón analógico, ahora sostienen la postura contraria y hablan de una nueva reforma constitucional para postergar la transición digital. Arguyen que “no hay condiciones” para concretarla este diciembre.
¿Cómo pudo haber condiciones en 2013 y no en 2015? El problema es un agravio al derecho a la información de la sociedad, puesto que afecta a su posibilidad de ver o no la televisión comercial y pública. A la fecha, el Canal 22 y el 11 están plenamente digitalizados y podrán hacer frente al apagón analógico, pero casi ningún otro canal público se encuentra en esa circunstancia. Por esta razón, el apagón significará, en los hechos, que esos canales públicos desaparecerán de la pantalla.
Paralelamente, la reforma constitucional de 2013 dejó claro que no debería haber partida presupuestal alguna para que esos canales alcanzaran la digitalización de sus contenidos, dándole el tiro de gracia a la televisión pública a lo largo y ancho del país. Mal y de malas en este sector, donde la ocurrencia ganó la partida al estudio racional.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA (ANÁLISIS).
La División de Inteligencia de la Policía Federal obtuvo, en febrero, información de que Joaquín "El Chapo" Guzmán tenía la intención de escapar del Penal Federal del Altiplano.
A pesar de los antecedentes e informes de inteligencia, Joaquín “El Chapo” Guzmán logró materializar su fugra.
Desde febrero, la División de Inteligencia de la Policía Federal obtuvo información de que Joaquín “El Chapo” Guzmán tenía la intención de escapar del Penal Federal del Altiplano.
Mauricio Enríquez, integrante de dicha división y uno de los responsables de los monitores con audio que vigilaban a Guzmán desde el DF, declaró a la PGR que en ese mes captaron a un preso hablando del objetivo que el capo tenía en mente.
“En febrero de 2015 se captó información de inteligencia en la cual el interno que se ubica en el área de Tratamientos Especiales de nombre José Jorge Balderas Garza, “El JJ”, refirió que ‘El Chapo’ Guzmán tenía la intención de evadirse, circunstancia que se le hizo del conocimiento al director, Valentín Cárdenas Lerma, mediante informe escrito, mismo que acusó de recibido”, informó el agente.
Ninguna autoridad llevó a cabo alguna acción preventiva para evitar la fuga.
Desde entonces, algunos presuntos líderes criminales, como Omar Treviño, “El 42″, de Los Zetas y Mario Casarrubias Salgado, de Guerreros Unidos, estaban molestos porque “El Chapo” tenía privilegios como visitas anticipadas, escuchar televisión a volumen alto y nunca ser cambiado de celda.
Cuando se dio el aviso, el plan de Guzmán había avanzado más de 50 por ciento, pues la PGR estima que el túnel fue construido en 374 o 375 días y acreditó que el terreno fue adquirido en mayo de 2014.
La PGR afirma en la acusación que a “El Chapo” le daban permiso para que escuchara los programas de televisión a alto volumen, para que disimulara los sonidos inusuales que ocasionaba la construcción del subterráneo.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Comunidades indígenas totonacas y nahuas de Puebla denunciaron esta mañana que están siendo hostigados por representantes de la empresa Deselec-Comexhidro y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con la supuesta liberación de 14 órdenes de aprehensión, para tratar de legitimar la instalación de un proyecto hidroeléctrico Puebla 1.
En rueda de prensa, Valentín Díaz Bustamante informó que existen versiones que fueron liberadas 14 órdenes de aprehensión contra el mismo número de integrantes de la Organización Tutunaku en Defensa del Territorio de los Pueblos.
Expuso que los acusan supuestamente de amenazas de muerte y linchamientos en contra de personas de la empresa Comexhidro, que trabaja con inversión extranjera.
El indígena señaló que detrás de las denuncias también están los alcaldes de los tres municipios directamente afectados.
“El hostigamiento también lo recibimos del alcalde de San Felipe Tepatlan, Ramón Dávila Santos, quien ya despidió a seis personas que laboran en el ayuntamiento y que están apoyando el movimiento”, sostuvo.
Los pobladores dejaron en claro que a base de engaños fueron consultadas sólo dos de 30 comunidades, como fue el caso de Tlapacoya y Tepatlán, para validar la creación del proyecto hidroeléctrico.
Esta situación –sostuvieron- está causando división y confrontación entre los pueblos que se verán afectados por esta obra, como es el caos de Tlapacoya, Tepatlán y Ahuacatlán, donde el 90 por ciento de sus habitantes se opone a la hidroeléctrica.
FUENTE: LA JORNADA DE ORIENTE.
AUTOR: YADIRA LLAVEN ANZURES.
AYALA, Mor: El ejido de San Juan Ahuehueyo obtuvo un amparo para evitar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) utilice agua del río Cuautla para completar el ciclo de la termoeléctrica de Huexca, en Yecapixtla.
En conferencia de prensa, el abogado José Felipe Franco Neri señaló que “el agua va a ser respetada. No sabemos qué va a hacer ahora el gobierno, pero tiene que obedecer la orden de un juez federal”.
Indicó que Ahuehueyo es el segundo ejido de este municipio que obtiene un amparo –el primero fue Anenecuilco– para frenar la construcción del acueducto, y todo parece indicar que los ejidatarios de Moyotepec ganarán el tercero frente a los abusos de la CFE y del gobierno estatal.
Por su parte, el comisariado ejidal Ausencio Medina Flores informó a los campesinos sobre los avances legales del trámite para evitar que el gobierno del estado y la CFE utilicen aguas aprovechables vertidas al río Cuautla para el enfriamiento de turbinas de la termoeléctrica de Huexca.
Indicó que un juez federal concedió la suspensión para que cesen de inmediato los efectos de la minuta de trabajo del 7 de septiembre pasado, es decir, “que al Ejido de Ahuehueyo no se le prive total, ni parcialmente, de forma temporal ni definitiva, del disfrute y goce de sus derechos sobre el agua requerida para el riego de sus cultivos”.
Por tanto, agregó, “las autoridades responsables deberán respetar esta medida y abstenerse de llevar a cabo actos que materialmente tengan o puedan tener por efecto el menoscabo de los derechos agrarios que defiende el ejido quejoso, específicamente aquellos que pudieran realizarse en las aguas destinadas para el riego del núcleo solicitante del amparo”.
El pasado jueves 15, los representantes del ejido de Anenecuilco, cuna del general Emiliano Zapata, anunciaron que obtuvieron una “suspensión de plano” en el amparo indirecto 1822/2015 contra la extracción de agua del río Cuautla, para cualquier fin que no sea el de la producción de alimentos.
Ese amparo protege a los campesinos de al menos 17 ejidos de los municipios de Ayala y Tlaltizapán, quienes dependen del riego del río Cuautla para sus cultivos.
Para la termoeléctrica de Huexca se requieren alrededor de 500 litros de agua por segundo, que sólo podrían obtenerse de la planta de tratamiento de Apatlaco, en Ayala, o del río Cuautla, medida a la que se opusieron los campesinos de 20 ejidos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)
FECHA: 27 OCTUBRE 2015.
CHILPANCINGO, Gro: Con la sombra del caso Ayotzinapa y en un contexto de crisis político-social generada por la impunidad, inseguridad y violencia, el priista Héctor Astudillo Flores rindió protesta como gobernador del estado, en medio de un impresionante cerco policiaco militar.
Este hecho marca el regreso del PRI en Guerrero, tras casi una década de administraciones encabezadas por políticos postulados por partidos de “izquierda” como Zeferino Torreblanca Galindo, Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez, cuyos gobiernos se caracterizaron por escándalos de corrupción, opacidad y señalamientos constantes de presuntos nexos con el narco.
Alrededor de las 9 de la mañana inició la sesión solemne en el Congreso local, ubicado al sur de esta capital, donde se congregaron diputados, políticos de todas las filiaciones y la plana mayor priista encabezada por el exdiputado federal acusado de nexos con la delincuencia, Manuel Añorve Baños, y el senador René Juárez Cisneros, ambos considerados como los principales operadores y beneficiados de la nueva administración estatal.
Previamente, un grupo criminal colocó varias narcomantas en distintos puntos de la ciudad donde advierte al gobierno entrante: “Hagan su trabajo o nosotros lo hacemos”.
El acto oficial transcurrió sin incidente alguno pero horas más tarde se desataron las protestas cuando el gobernador Astudillo ya se había retirado al puerto de Acapulco donde se realizó otra ceremonia en la Zona Diamante.
Padres de los 43 marcharon junto a normalistas de Ayotzinapa rumbo al Congreso, donde se registró un choque con policías estatales que resguardaban el edificio público donde no se reportaron hechos graves.
Por separado, miembros del magisterio disidente también protestaron contra la reforma educativa frente a la sede del Ejecutivo.
Durante la ceremonia de toma de protesta de Astudillo en el Congreso, la diputada por Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, dijo en tribuna que la asunción de Astudillo no es legítima porque en el pasado proceso electoral prevaleció la compra y coacción del voto; la militarización en urnas y el uso de programas sociales.
La legisladora, madre de un joven desaparecido, dedicó su mensaje a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y criticó el despliegue militar y policiaco para reguardar la ceremonia, además de advertir que Astudillo se ha caracterizado por su actitud intolerante y por no concluir el periodo de los diferentes cargos de elección popular que ha ocupado como la alcaldía de Chilpancingo, la diputación federal y local, así como en el Senado.
Enseguida, reprochó el hecho de que sus homólogos hayan aprobado una Ley de Administración Pública a la medida de Astudillo, ahora gobernador constitucional, al considerar que va a provocar un aumento en la burocracia, más privilegios para la clase política y “nada de austeridad republicana, ni reducir los altos sueldos”, indicó.
Cisneros Martínez denunció en tribuna que en el Congreso, cada diputado tiene un seguro de gastos médicos de 50 mil pesos y un seguro de vida de 20 mil pesos, canongías a las que dijo, ella ya renunció.
“Rechacen a esos privilegios que deberían darles vergüenza tenerlos, en un estado con tanta pobreza y marginación al que dicen representar”, expresó la diputada.
Luego recordó que el gobernador Astudillo formó parte de la anterior legislatura que encabezó el ex diputado local perredista vinculado al narco, Bernardo Ortega Jiménez y que se caracterizó por su vocación a la corrupción y de realizar, aseguró, acuerdos por encima del pueblo y aprobar la reforma educativa.
Decenas de priistas, amigos y miembros del gabinete del gobernador Astudillo, que abarrotaron la tribuna del pleno legislativo, abuchearon la postura de la diputada por Morena frente a la actitud pasiva del presidente de la mesa directiva, el diputado local del PRD señalado también por sus nexos con el narco, Carlos Reyes Torres.
Posteriormente, fijó postura el diputado por MC, Ricardo Mejía Berdeja, quien consideró que la sociedad está cansada de la falta de oportunidades, injusticias, inseguridad, pobreza y “el derroche gubernamental que ofende”.
Luego remató: “Hoy menos que nunca se puede gobernar con las viejas formas de hacer política. No queremos nunca más un gobierno frívolo. Nunca más un gobierno autoritario, caciquil o de ocurrencias. La voz de la ciudadanía fue para la alternancia en el poder, no para la restauración autoritaria”.
Por su parte, los representantes del PRI y Verde fueron condescendientes con el gobernador postulado por ambos partidos.
En tanto que el diputado perredista Sebastián de la Rosa Peláez, conocido por ser el principal impulsor del exalcalde de Iguala vinculado al narco, José Luis Abarca Velázquez, anunció un pacto con el PRI para acordar “estrategias estructurales” para garantizar la seguridad pública en la entidad.
Luego, criticó en tribuna el caso de los presos políticos, y demandó “ni un encarcelado más por disentimiento político” para luego exigir la libertad de los mismos a través de una ley de amnistía.
“Hoy más que nunca el diálogo, el entendimiento político y la tolerancia, deben prevalecer para lograr la armonía entre autoridades y ciudadanía”, expresó Sebastián de la Rosa, quien omitió decir que los actuales presos políticos fueron encarcelados durante las administraciones perredistas.
En su primer discurso como gobernador, Héctor Astudillo convocó a la reconciliación social en la entidad y calificó la crisis político-social privadas por el caso Ayotzinapa como una “herida abierta”.
También criticó a la administración de Rogelio Ortega y a sus antecesores, al señalar que la crisis económica en la entidad asciende a más de 18 mil millones de pesos, y destacó que detectó “gastos inadecuados” en la Secretaría de Educación, así como adeudos pendientes y desvío de recursos para cubrir la nómina del sector central.
Al respecto, dijo que esta crisis ha crecido con la nómina burocrática a la que calificó de “discutible eficacia y eficiencia”, ante el desvío de recursos de programas sociales, para cumplir con los gastos de los trabajadores del sector central.
Por ello, anunció un paquete de iniciativas legales y la transformación en la administración pública para “construir un gobierno honesto, que estimule la cultura de la legalidad, que erradique la impunidad y los privilegios de unos cuantos”.
También, anunció la conformación de un gabinete con personas de alta solvencia ética y moral comprometidos con “la rendición de cuentas, la transparencia y los derechos humanos”.
Astudillo se retiró de la sede del Congreso en medio de aplausos de sus colaboradores y se dirigió al puerto de Acapulco donde encabezó otro acto acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y dio a conocer una nueva estrategia de seguridad en la entidad que consiste en el mismo protocolo que hasta el momento se ha implementado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
FECHA 27 OCTUBRE 2015
