Además de ser las más caras de América Latina, el sistema de Afores en México no garantiza a los trabajadores recibir su dinero al final de su vida laboral. El exdiputado federal Miguel Alonso Raya sostiene que aún hay tiempo para evitar un desastre que dejaría a millones de pensionados en la calle.
La curva generacional, la baja aportación de los trabajadores, el cúmulo de requisitos –como las mil 250 semanas de cotización– y las afores han creado un caldo de cultivo que deja entrever la posibilidad de que millones de mexicanos que hoy trabajan lleguen a su retiro como mendigos. Y es que el sistema de ahorro para el retiro está a nada de caer al vacío, de acuerdo con el perredista Miguel Alonso Raya, exdiputado federal y creador de iniciativas en materia de pensiones en el Congreso de la Unión. Ya desde el 2005, un análisis elaborado en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados había revelado que sólo 5.7 por ciento de los empleados registrados en las Afore podrán recibir su pensión completa, y el resto perderán su dinero u obtendrán una cantidad menor a lo esperado. “De los 52 millones de cuentas, solamente 5.7 por ciento estaría cumpliendo los requisitos para poner derecho a la pensión, en el mejor de los casos tendrán una tercera parte de lo que reciban en el momento de pensionarse”, confirma Alonso Raya, quien promueve una revisión al actual sistema de pensiones en el que se involucre a demógrafos, académicos, actuarios, y otros expertos en el tema para replantear el actual esquema. El legislador dice que aún hay a tiempo para evitar un desastre que perjudicaría a millones de personas que son trabajadoras y están en riesgo de quedarse “solas y en la mendicidad”. “La pensión, en general, es para la gente que ya no puede trabajar, para eso es la pensión, cuando las condiciones no te dan para seguir trabajando, tienes que tener la pensión. “Eso implica revisar la parte de los requisitos que hay que cubrir en las pensiones por invalidez o por algún accidente de trabajo, de tal manera que tú compenses hoy una pensión por invalidez, empiezan dándote 50 por ciento pero terminas llevándote la tercera parte del salario que tienes, entonces no es justa”, comenta. Alonso Raya afirma que en la problemática de las pensiones inciden muchos factores que se deben abordar desde diferentes perspectivas, incluso desde el ámbito cultural, al prever, por ejemplo, que hay una tendencia en que los adultos mayores ya no son cuidados por sus propios familiares y son llevados a los asilos a que pasen la última parte de su vida. El crecimiento de la cantidad de gente de la tercera edad a mediados de este siglo creará la necesidad de tener más personal de enfermería y no serán tan necesarios los pediatras como los geriatras, refiere. Y no se ve la mano de las políticas públicas en una decisión de hoy que incidirá, dice el legislador, en el panorama del futuro. “(En el 1997) se planteó que el sistema de reparto, el sistema solidario intergeneracional, no era viable. Desde mi punto de vista, ese sistema de pensiones sí, si desde hace 35 o 40 años se le hubiese empezado a hacer ajustes a la edad, a las aportaciones, pues podría ser viable. El problema no era en sí el sistema”, comenta. El negocio del retiro Si bien para los trabajadores no está garantizada una pensión –pues tienen que cubrir ciertos requisitos, como las mil 250 semanas de cotización– para las administradoras de fondos para el retiro (Afores) el asunto de las pensiones ha sido un gran negocio. “Tenemos casi 3 billones del ahorro manejado por estas 10 intermediarias (Afores) para efectos de invertir todos los recursos. Las Afores indiscutiblemente han ganado, esas, llueve, truene o relampaguee, ganan, sacan su comisión, obtienen ganancias de las cuentas que manejan. Para ellas nunca fue la exigencia que diseñaran un esquema en el que la gente reciba pensiones”, afirma el diputado Miguel Alonso Raya. Las Afores, remarca, sólo se preocupan por obtener ganancias del manejo del ahorro de los trabajadores. “Mientras tú introduzcas en el sistema de pensiones el negocio no va a haber esquema que te dé, porque siempre estará distorsionado, porque quienes manejan tus recursos estarán privilegiando el negocio, no la pensión”, expone. Los recursos de las pensiones se utilizan en compra de deuda gubernamental, es decir, son títulos que se le compran al gobierno y el dinero termina en sus manos a cambio de un mínimo rendimiento en beneficio del trabajador. Por ello, comenta el legislador, es necesario debatir si es la mejor manera de emplear los recursos, ya que bien podrían invertirse de manera segura y con ello generar beneficios para los trabajadores. Una buena manera, piensa el exlegislador federal, es invertirlo en carreteras. “La mayor parte del ahorro, al menos el 50 por ciento de lo que usan las administradoras (Afores), lo usa el gobierno como deuda, llegó a usar prácticamente 90 por ciento del ahorro de retiro para efectos de financiar su deuda. “El 50 por ciento del dinero que usan las afores están invertidos en papeles gubernamentales. El gobierno es el principal deudor, el principal usuario de los recursos que tienen las afores para efectos de financiarse”, comenta Esa inversión es de las más conservadoras, agrega, para que den mejores rendimientos los ahorros de los trabajadores requieres diversificar y requieres crear inversiones en otras cosas. “¿Por qué no has abierto la posibilidad de invertir el dinero de los trabajadores para que tengan más ganancias? En la bronca de carreteras, en la bronca de infraestructura”, asegura. Requieren análisis
Miguel Alonso Raya considera que hay tres movimientos básicos que se deberían hacer para atender el sistema de pensiones: sacar el negocio millonario de las Afores del esquema de ahorro para el retiro, contemplar factor de la estabilidad en el empleo y que hacer que todas las partes implicadas -trabajadores, empleadores y el Estado- participen en las aportaciones para obtener una pensión digna. Las Afores generan que las pensiones de los trabajadores pasen a un segundo término y las empresas se preocupen más por obtener beneficios y cubrir sus gastos de operación que en pensar en un beneficio para los asalariados. “Quienes manejan tus recursos están privilegiando el negocio, no la pensión”, considera el exdiputado. En las reformas de 1997, a decir del especialista, no se consideró que existen trabajadores que no tienen empleo todo el año, lo que dificulta cumplir con el requisito del tiempo de cotización. Por ejemplo, en el ramo de la construcción, los albañiles trabajan en obras bajo contrato alrededor de seis meses por año. Si un trabajador debe cubrir casi 25 años de trabajo, un albañil debería tener el doble y en caso de que viva lo suficiente cuando obtenga la pensión el disfrute de ésta sería mínimo. “Un problema clave es el asunto del trabajo. Si hay trabajo formal entonces el trabajador tiene condiciones de poder estar aportando permanentemente y de cumplir más o menos los requisitos que establecen para garantizar la pensión. Si tú no tienes un trabajo permanente, pues no tienes posibilidades de cumplir los requisitos”, considera Alonso Raya. “Si antes eran 10 años de cotización, eran 500 semanas, y la elevas a 25 años, mil 250 semanas de cotización de un trancazo, partes de una premisa: deberías de garantizar que la gente va a tener empleo estable y va a poder aportar para garantizar para tener la densidad de cotización adecuada y por lo tanto cubrir el requisito para tener derecho a pensión”, añade. De los 52 millones de cuentas que están hoy, ese requisito de la densidad de cotización, de acuerdo con la Consar, sólo lo cumplen 5.7 por ciento de los trabajadores. Asimismo, se debió involucrar en este sistema de pensiones la aportación de los trabajadores junto con la de los patrones y el Estado. “Desde el principio debía haberse planteado un asunto en donde ‘todos ponen’, como en la perinola, y eso implicaba que pusieran los trabajadores, pusieran los patrones más aportaciones y pusiese el Estado más aportaciones para poder asegurar la pensión”, comenta. El tema además se agrava, remarca, porque son muy pocos los trabajadores que aportan dinero extra a su cuenta, que es alrededor de uno por ciento. “Se requiere reconocer la necesidad de que los sistemas de lo que se reformó en el 95 y que se empezó en el 97 con cuentas individuales, con una aportación definida sin que puedas tener certeza o claridad de con cuánto te puedes jubilar al final o te puedas pensionar cuando terminas de cumplir tus requisitos, porque tu aportación, primero, es baja.
“Una de las cosas que se critica en el país es que la aportación en total es de 6.5 por ciento (del salario base), tanto lo que aportan trabajadores como patrones”, finaliza. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: JULIO RAMÍREZ.
Los militares confundieron el vehículo de Saida de la Torre con el de presuntos delincuentes, al cual persiguieron y le dispararon, hiriendo en la espalda a la niña, que fue operada y ya fue dada de alta.
Una bebé estadounidense fue herida de bala en la espalda por soldados mexicanos que perseguían un vehículo de presuntos delincuentes, al cual confundieron con la camioneta de Saida De La Torre, madre de la niña, quien se encontraba de visita con su familia en Camargo, Tamaulipas. Los hechos ocurrieron la semana pasada, pero fueron confirmados hasta el miércoles 28 de octubre y difundidos en medios locales como Canal 5 KRGV. La bebé herida fue dada de alta de un hospital en San Antonio, Texas, el lunes 26. “Iba a recoger a mi hija mayor y estaba en en camino cuando escuché disparos. Le dije a mi primo que necesitábamos regresar a la casa de mis padres porque parecía que algo iba a pasar. Cuando di una vuelta vi un vehículo con soldados pasar realmente rápido”, relató De La Torre a KRGV. La mujer indicó que observó también un automóvil negro acelerando, similar a su camioneta Dodge Nitro. Esperó a que el camino estuviera despejado y se dirigió a casa de sus padres. De la nada, los soldados reaparecieron. Estaban justo detrás de De La Torre, publicó el medio local texano. “Todo parecía ser normal mientras manejaba de vuelta, pero entonces escuché disparos de nuevo. Sonaron un poco más cerca. Me di cuenta que los soldados me estaban siguiendo. Pensé que estaban siguiendo a la camioneta que había visto acelerar. Creo que se confundieron y pensaron que mi camioneta era la que ellos perseguían al principio. Comenzaron a dispararnos“, contó la mujer. “Llegué a la casa (de mis padres). Me bajé de la camioneta y corrí hacia mi papá que estaba afuera. Le grité que nos estaban disparando. Los soldados se detuvieron y se estacionaron justo detrás de mi auto. Se bajaron con sus armas desenfundadas. Mi papá les habló y les preguntó por sus motivos”, continúa el testimonio. En ese momento De La Torre se dio cuenta de que su hija estaba herida pues una bala rozó su espalda. El padre de la mujer discutió con los militares y les dijo que tenían que llevar a la niña al hospital. Los uniformados revisaron el vehículo pero no encontraron nada. Uno de ellos dijo que era tiempo de irse y De La Torre los vio partir “con sonrisas en sus rostros”,. Posteriormente autoridades locales le ofrecieron una disculpa y tomaron su reporte. Le explicaron que los miembros del Ejército encontraron después a los sospechosos que buscaban inicialmente.
Autoridades castrenses informaron al Canal 5 que están investigando el caso. De acuerdo con la víctima del tiroteo, Los oficiales se comprometieron a reparar la camioneta dañada o a ayudarle a comprar una nueva. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes afirmaron que las fechas marcadas para la transición a la televisión digital son un mandato constitucional y cumplirán con ello.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) afirmó que el apagón analógico es un mandato constitucional que no violará y cumplirá (debe concluir el 31 de diciembre de este año) y cuestionó al senador panista Javier Lozano por haber aprobado la transición digital que ahora pretende modificar. “De lo único que se puede responsabilizar al Instituto es de cumplir con la ley, esa ley que el senador votó a favor“, aseveró el IFT en un comunicado emitido este miércoles. El instituto aseguró que “trabaja en el marco de la ley y con los elementos que la ley le da. Este es el deber de todas las instituciones en un Estado de Derecho”. “Si no se quería que terminara la transición a la Televisión Digital Terrestre el 31 de diciembre de 2015, ¿por qué lo aprobó así?“, cuestionó a Lozano. “Si se buscaba un mayor nivel de penetración de receptores digitales ¿por qué obligó en la ley al IFT a apagar las señales analógicas con el 90% de penetración en los hogares de más escasos recursos?”, continuó. El instituto planteó que si a juicio del panista el problema no es “la ley que aprobó” ¿por qué insiste “tan activamente” en cambiarla? Lozano propuso junto a 12 legisladores del PAN propusieron el jueves 22 de octubre posponer el apagón analógico hasta el 31 de diciembre de 2016.
“Si lo que se pretende es que el Instituto viole su mandato constitucional con el argumento de que de no hacerlo es “insensible”, eso no va a suceder“, advirtió el IFT refiriéndose al panista, quien se refirió en esos términos al organismo en su cuenta de Twitter y entrevistas radiofónicas.
Cumpliremos con apagón: SCT La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cumple conforme a la Constitución y las leyes lo establecido en el Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), para que el 31 de diciembre de 2015 el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pueda concretar el apagón analógico en todo el territorio nacional. En un comunicado de prensa emitido la noche del martes, la dependencia indicó que los avances respecto a la Transición a la TDT permitirán cumplir, en tiempo y forma, con reforma en materia de telecomunicaciones.
La SCT concluirá este año la entrega de 9.4 millones de televisores digitales, atendiendo a un tercio de todos los hogares del país, precisó. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Las cuentas no salen en las escuelas públicas del país, cada vez son más alumnos pero menos recursos. En la mayoría de los casos de sobrepoblación escolar en México, los maestros y padres de familia palian la situación con recursos propios.
El hacinamiento que se vive en las escuelas de los estados más pobres del país es peor que el que se vive en las cárceles. Un estudio del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) revela que en Puebla, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, existen los salones más pequeños y sobrepoblados de América Latina. En Amozoc, Puebla, por ejemplo, existe una escuela secundaria –la telesecundaria Xicoténcatl-, donde el espacio territorial por alumno es de apenas medio metro cuadrado, cuando la norma internacional marca por lo menos una superficie de 3.5 metros cuadrados en el salón de clases, para que los alumnos puedan potencializar sus capacidades. El problema de sobrecupo escolar, que ha detonado en los últimos 10 años en México, no cuenta con ningún tipo de programa oficial que busque su solución. Las partidas económicas de las Secretaría de Educación a nivel federal y de los estados están dirigidas a otras áreas, menos a la de ampliación de espacios educativos. En la mayoría de los casos de sobrepoblación escolar, son los maestros, en coordinación con los padres de familia, los que tienen que paliar la situación con recursos propios, dando como resultado la construcción de salones provisionales que invariablemente entran en la calificación de “escuelas de palitos”. En México, de acuerdo al propio censo de la Secretaría de Educación Pública, existen cerca de 7 mil 694 “escuelas de palitos”. Morelia, Michoacán, es la localidad que mantiene el récord de salones provisionales para paliar el problema del sobrecupo. En ese municipio existen un total de 265 “escuelas de palitos”, donde el magisterio intenta alcanzar la educación de calidad propuesta en la Reforma Educativa. De acuerdo a datos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en Oaxaca existen por lo menos 678 “escuelas de palitos”, en donde el promedio de alumnos que reciben clases alcanza los 40 estudiantes por grupo cuando las Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que pertenece México, propone que el cupo ideal sea de 20 alumnos. En México, más del 17 por ciento de las escuelas rebasan la cifra establecida por la OCDE, al tener un promedio de 26 alumnos por grupo en los niveles de primaria y secundaria. Pero en los estados de Puebla, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, el promedio de alumnos por grupo alcanza la cifra de 39 estudiantes. El sobrecupo registrado en los cinco estados más pobres del país, conlleva a un problema secundario: la falta de mobiliario e instalaciones cómodas. Frente a esas condiciones de estudio, explicó Luis Daniel González, investigador del Instituto Michoacano de Ciencias de las Educación (Imced), no hay programas pedagógicos que resulten eficientes para la formación de los educandos. Las “escuelas de palitos” y el sobrecupo en las instituciones de formación básica de los estados más pobres, chocan con otra realidad: en ninguna de las entidades federativas con esos problemas se cuenta con programas oficiales encaminados a superar el rezago de infraestructura. La mayor parte de los presupuestos estatales los consume el pago de las nóminas de maestros. Sobrecupo a la alza De acuerdo a las cifras de la Secretaría de Educación Pública, el sobrecupo en las escuelas de nivel básico ha ido a la alza en los últimos siete años. Para algunos especialistas, como el doctor Luis Daniel González, el repunte del sobrecupo no es otra cosa que la respuesta natural de la sociedad a la crisis económica que se vive en el país, en donde cada vez es más difícil pagar una escuela particular. Muchos padres de familia –explica Daniel González- tienen que voltear a ver el sistema educativo público, lo que conlleva al sobrecupo de las de por sí saturadas escuelas que no han crecido en infraestructura en proporción al crecimiento de la población de alumnos. “Hay escuelas que fueron construidas para una población de 600 alumnos y a la fecha mantienen una matrícula del doble”. Michoacán es líder en crecimiento del sobrecupo. Son las escuelas urbanas –primarias y secundarias- las que en los últimos años han tenido que absorber a la población estudiantil que ha dejado de asistir a las escuelas privadas. Las cifras de la Secretaría de Educación en ese estado revelan que al menos mil 200 escuelas, en su mayoría de nivel primaria, tienen sobrepoblación, y de esas saturadas instituciones, son más de 890 las que tienen instalaciones de palitos o salones provisionales para atender la demanda. En el estado de Chiapas también el sobrecupo agudiza las condiciones de estudio para miles de alumnos, solo que a diferencia de Michoacán, el mayor problema se concentra en las comunidades indígenas, en donde no se conoce la inversión oficial para construir instituciones educativas. Ni el SNTE ni la CNTEA un cuando el problema de las “escuelas de palitos” es reconocido por las dirigencias estatales de las corrientes sindicales de la CNTE y del SNTE, ninguna de esas dos centrales de los trabajadores de la educación hace nada para solucionarlo. Ninguno de los sindicatos ha sido capaz de encaminar acciones de inversión para remontar las condiciones de hacinamiento de los alumnos. Las millonarias partidas económicas que manejan los dos sindicatos son encausadas a cualquier rubro, menos al equipamiento de los espacios educativos, se han quejado algunos padres de familia, que observan las inversiones que se hacen para movilizaciones y diversos eventos sindicales.
Con lo que los maestros invierten en una movilización –dijo Josefina Sánchez, de Michoacán- se podría construir un salón de clases. Estimó que el costo de un aula puede llegar a ser de 200 mil pesos y que “el doble de eso se lo gastan algunas secciones sindicales al salir a las calles a reclamar mejoras para la educación”. Oídos sordos La burocracia reinante en las secretarías de educación de los estados afectados por las “escuelas de palitos” y el sobrecupo estudiantil, ha hecho que los directivos y padres de familia -que intentan remontar la condición de abandono en que se encuentran sus planteles educativos- busquen otras instancias de solución. El principal destino de las demandas de inversión para ampliar espacios educativos en Puebla, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, ha sido la Cámara de Diputados y el Senado de la República, en donde los legisladores a los que se les aduce el problema, hacen oídos sordos para gestionar la ayuda. En puebla, los padres de familia de al menos 10 “escuelas de palitos” han buscado la gestión del senador Javier Lozano, pero no han tenido respuesta, pese a que las peticiones con “carácter urgente” se han hecho por escrito desde hace al menos tres meses, exponiendo las condiciones bajo las que se encuentran los estudiantes de los planteles con sobrecupo. Reporte Indigo tiene documentos en su poder que revelan las peticiones de los maestros de instituciones educativas hechas al senador Lozano Alarcón, en donde se explica que el hacinamiento estudiantil es tal que se estima que a cada alumno le corresponde un espacio de movilidad de 0.78 metros cuadrados, el espacio inferior al que registra el hacinamiento de algunas cárceles.
Aun cuando las oficialías de partes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados no supieron explicar la cantidad de peticiones recibidas por los legisladores para gestionar fondos para ampliar espacios educativos en los estados de Puebla, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, padres de familia y maestros estiman que han sido cientos de oficios dirigidos a sus legisladores en los últimos cinco meses, sin tener respuesta alguna a sus reclamos. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
Amnistía Internacional revela en su último informe que las denuncias por tortura en México aumentaron 106% en comparación con 2013 y hasta 737% con 2012. Sin embargo, denuncia que el gobierno de México aún “no ha reconocido la magnitud del problema” ni ha emprendido “de verdad” acciones para poner fin a la tortura.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que sólo cuenta con 30 elementos especializados del Ministerio Público dedicados a la investigación de más de 2 mil 400 denuncias de tortura que, a nivel federal, se registraron el país sólo en el año 2014. O en otras palabras: la fiscalía del Estado tiene a un agente para investigar 80 casos de tortura al año. Además, a pesar de que las denuncias por tortura aumentaron 106% en comparación con 2013 y hasta 737% con 2012 –de 287 denuncias en el último año de la administración Calderón se pasó a mil 165 con Peña Nieto, y a 2 mil 403 en 2014-, la Procuraduría informó que no tiene una “cifra dura” sobre el número de cargos de tortura presentados contra probables responsables a nivel federal en 2014, ni de sentencias condenatorias. Es decir, que no sabe a cuántas personas se investiga por tortura, ni cuántos están en prisión por este ilícito. Aunado a lo anterior, la PGR tampoco cuenta con información desglosada por género, nacionalidad y edad respecto a los casos denunciados, ni tiene un análisis por entidades federativas que permita elaborar políticas específicas para atacar el fenómeno a nivel federal y en cada uno de los estados de la República.
Este es el panorama de la tortura en México que Amnistía Internacional (AI) expone en su más reciente informe Promesas en el papel, impunidad diaria. La epidemia de tortura en México continúa; elaborado a partir de documentos que PGR le proporcionó mediante transparencia pública, además de entrevistas con funcionarios de esta dependencia. Denuncias Por Tortura:
Detección médica de la tortura: encubrimiento desde el primer momento En el informe de AI, en el que critica que el gobierno mexicano, más allá del papel, “no ha reconocido la magnitud del problema” ni ha emprendido “de verdad” acciones para poner fin a la tortura, otra de las problemáticas que recalca es que los médicos no documentan adecuadamente las señales de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, tras el arresto de una persona. Chasel Colorado, vocera de incidencia de Amnistía, explica en entrevista con Animal Político que las normas existentes en México permiten a los médicos oficiales clasificar, “a partir de un dictamen preliminar que consiste básicamente en una simple inspección ocular”, las lesiones de los detenidos en tres categorías: sin señales de lesión, lesiones no graves que sanarán en menos de 15 días, y lesiones que ponen en riesgo la vida y tardarán más de 15 días en sanar. “Pero estas clasificaciones no captan en toda su extensión los daños causados a las víctimas”, advierte Colorado, quien argumenta que en el informe hay documentados casos en los que a las víctimas se les somete a métodos que no dejan lesiones visibles, “tales como la asfixia, las descargas eléctricas y la tortura psicológica”. “El sistema está diseñado para impedir que las víctimas de tortura realicen una defensa de sus derechos –critica la vocera-. Porque las autoridades dan muchísimo valor a ese primer dictamen médico muy superficial. En cambio, tenemos documentados casos en los que se infligieron lesiones internas que han llevado a una persona al hospital, y sin embargo el dictamen dijo que se encontraba en excelentes condiciones porque no presentaba lesiones externas”. Por ello, Amnistía pide al gobierno mexicano que defina por ley que la tortura “no se limite a actos que causan únicamente lesiones graves”, sino que también pueda contemplar otras lesiones que a simple vista no se perciben, como la tortura psicológica. “Exámenes forenses siguen alimentando la impunidad” Otra preocupación que expone la organización internacional de derechos humanos, es que los exámenes forenses siguen alimentando la impunidad debido las deficiencias en la manera en que los médicos y psicólogos de la PGR llevan a cabo el Dictamen Especializado; un instrumento que sirve de guía para todos los exámenes forenses, tanto médicos como psicológicos, sobre tortura. “Se supone que este Dictamen Especializado sigue normas internacionales tales como el Protocolo Estambul, pero en la práctica su aplicación suele sufrir fuertes demoras y adolece de claras deficiencias”, denuncia el informe. Por otra parte, AI apunta que aunque las denuncias presentadas por tortura en 2014 aumentaron más del doble, el número de dictámenes especializados llevados a cabo por forenses de la PGR para determinar casos de tortura disminuyó: el año pasado, la Fiscalía realizó 185 de esos dictámenes médico/psicológicos, en comparación con los 206 de 2013. Además, Amnistía indica que la PGR le informó en una reunión en agosto de 2015 que “había pendientes más de mil 600 solicitudes de Dictamen Especializado”. “Dada la clara falta de capacidad de la PGR para responder adecuadamente a la demanda de exámenes forenses –alerta el informe-, nos resulta preocupante que los marcos jurídicos y las directrices de la PGR sigan obstaculizando el acceso de las víctimas a expertos médicos y psicológicos independientes”. Sólo 7 condenas en 23 años En cuanto a la creación de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura que anunció ayer la PGR, y cuyo acuerdo en el Diario Oficial de la Federación -que puedes leer aquí- entra en vigor este miércoles 28 de octubre, Chasel Colorado considera la medida como “un paso adelante”, aunque aclara que seguirán de cerca su funcionamiento para que la iniciativa no se quede en la creación de otra fiscalía especializada más. “Amnistía estará impulsando que una de las primeras labores de esta Unidad sea contar con información actualizada y desagregada sobre el fenómeno de la tortura en México. Y sobre todo –remarca-, que gran parte de la labor esté enfocada en procesar investigaciones, abrir otras y sancionar a los funcionarios que sean responsables por este delito”.
“Porque nos parece muy grave que a 23 años de la legislación en México contra la tortura, sólo haya siete condenas a nivel federal. Esto habla mucho del gran margen de impunidad que existe en el país”, concluye la vocera de Amnistía Internacional. informe amnistía internacional tortura:
México, DF. Para tener una “pensión cómoda”, los trabajadores mexicanos deben ahorrar un promedio de 100 pesos diarios durante por lo menos 18 años continuos para aspirar a conformar un fondo de retiro de 1 millón 157 mil 166 pesos, afirmó la Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro (Consar). El próximo sábado se celebra mundialmente el Día del Ahorro mediante el cual se busca, dijo el organismo, “remarcar a nivel mundial la importancia que tiene el ahorro en la economía de las familias y de manera personal”. Para tal efecto la Consar realizó un ejercicio de cálculo sobre cómo el ahorro voluntario impacta favorablemente en las pensiones que recibirán los trabajadores al final de su vida laboral. De acuerdo con el ejercicio, en los 18 años que lleva el nuevo sistema de pensiones en México, un trabajador con un ingreso de 3 salarios mínimos y una densidad de cotización de 100 por ciento, es decir, haber cotizado al IMSS ininterrumpidamente, “habría acumulado de ahorro obligatorio en su cuenta para el retiro 152 mil 358 pesos, de los cuales 83 mil 505 pesos corresponden a las aportaciones obligatorias y 68 mil 854 pesos a los rendimientos obtenidos”. Con un ahorro adicional de 10 pesos diarios el mismo trabajador tendría al final del periodo 252 mil 839 pesos; con 50 pesos por día, alcanzaría 654 mil 762 pesos y sólo con 100 pesos diariamente rebasaría 1.1 millones para su jubilación.
“En este sentido, el ahorro voluntario para mejorar el nivel de las pensiones debe iniciarse a la brevedad, es decir, a una edad temprana (porque) posponer este tipo de ahorro y dejarlo para una edad madura o en la víspera de la tercera edad, no es una buena estrategia, si se desea contar con un retiro cómodo al final de la vida laboral”, advirtió la Consar. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: VICTOR CARDOSO.
XALAPA, Ver: El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ofreció una disculpa pública a través de su cuenta de Twitter a Araceli Salcedo, quien el pasado sábado lo enfrentó en Orizaba y le exigió una audiencia para tratar la desaparición de su hija hace más de tres años. “Ofrezco una disculpa pública a la Sra Araceli Salcedo por no haberle dado la atención debida cuando coincidí con ella en la Cd de Orizaba”, escribió en su cuenta @Javier_Duarte. En un segundo tuit, agregó: “El próximo viernes recibiré a la Sra Araceli Salcedo en una cita formal, dándole la importancia que merece su caso”.
La madre de Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, desaparecida en septiembre de 2012 en Orizaba, encaró al mandatario estatal y le gritó: “¡Bienvenido señor gobernador al pueblo mágico donde desaparecen a las personas!”.
Acompañado de su esposa Karime Macías e hijos, Duarte de Ochoa grababa un spot para su quinto informe de gobierno cuando fue abordado por Salcedo Jiménez. La mujer le mostró un cartel con la foto de su hija, y el ofrecimiento de una recompensa para quien le dé informes sobre su paradero. “Usted viene con su familia, ¿Y la mía dónde está?”, le preguntó a gritos. Luego del reclamo, el gobernador veracruzano fue exhibido y criticado por el video que circuló en redes sociales y noticieros locales y nacionales. Las imágenes mostraron la poca atención que prestó a la madre desesperada.
Colectivos y organizaciones nacionales e internacionales exigieron en la Ciudad de México que el mandatario veracruzano se disculpara públicamente con Araceli Salcedo y avanzara en la investigación del caso. ANTECEDENTE: Exigen disculpa pública a Duarte por trato a madre de joven desaparecida
Organizaciones de familiares de desaparecidos se solidarizaron con Araceli Salcedo, madre de una joven desaparecida en Orizaba, Veracruz, tras ser víctima de “una campaña de criminalización y revictimización” luego de que encarar al gobernador priista Javier Duarte, el viernes anterior.
En rueda de prensa, la madre de Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, desaparecida en 2012, recordó el momento en que increpó a Duarte de Ochoa, de visita en Orizaba, luego de ignorar su reclamo por la falta de diligencia de su gobierno para localizar a su hija y esbozar únicamente una sonrisa ante la tragedia. A la escena, que fue profusamente difundida en redes sociales, le siguió una “campaña de desprestigio” en medios de comunicación de Veracruz, donde se vincula a la joven desaparecida con la delincuencia organizada. Arropada por decenas de organizaciones de familiares de desaparecidos en todo el país, así como las 75 que integran la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para todas y todos (Red TDT), Araceli Salcedo Jiménez denunció que la actitud de Duarte es “ejemplo” de la actitud de los servidores públicos en todo el país frente a los reclamos. Tras señalar que no existe una base de datos clara sobre los desaparecidos en Veracruz, porque “muchas familias no ponen denuncias debido a que han recibido amenazas”, Salcedo Jiménez dijo que el lunes 26 recibió una llamada de Duarte para invitarla a una reunión, que “exigimos que sea pública y en la que no sólo se revise el caso de mi hija sino los de otros desaparecidos en el estado”. Araceli Salcedo apuntó que desconfía de la palabra de Duarte, toda vez que en ocasiones anteriores ha faltado a las citas que ha fijado con familiares de desaparecidos. María Herrera, madre de cuatro jóvenes desaparecidos entre 2008 y 2010, e integrante de la Red de Enlaces Nacionales y Familiares en Búsqueda María Herrera, sostuvo que en la “burla” de Duarte de Ochoa al dolor de Salcedo Jiménez se refleja una afrenta para las madres de los miles de desaparecidos en el país. Activista en todo el país, Herrera resaltó que la estrategia de “desprestigio y criminalización” es asumida en todo México “para acallar a las madres y cerrar los expedientes”. También recordó que la revictimización comienza en el momento mismo en que los familiares de los desaparecidos acuden a las agencias del MP para presentar una denuncia. “Nos dicen que tal vez estaban en malos pasos; en el caso de mis hijos, incluso me dijeron que era seguro porque estaban pelones, y mientras no hacen nada por buscar a nuestros hijos”, acusó. Araceli Rodríguez, del Colectivo Colibrí, exigió a Duarte y a su esposa Karina Macías, quien presenció la escena del viernes en Orizaba, “una disculpa pública” por el trato dado a Salcedo Jiménez. Sobre las recurrentes campañas de desprestigio, Rodríguez señaló que, “buenos o malos, nuestros hijos no están por culpa del gobierno que incumple con su deber de proteger a los ciudadanos y porque no los busca”. En la conferencia también participaron Nancy Rosete y Maricela Orozco, quienes coincidieron en que si sus hijos estaban involucrados en delitos, como las autoridades argumentan “para no buscar”, deberían ser presentados para ser juzgados. Las madres de familia responsabilizaron al gobierno de Javier Duarte de la seguridad de Araceli Salcedo y su familia, y de las represalias por haber sido exhibido en redes sociales.
Entre las decenas de organizaciones sociales que se solidarizaron con Salcedo Jiménez destacan el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Madres Buscando a sus Hijos, I(dh)eas , Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Red por los Derechos de la Infancia, Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, Cauce Ciudadano, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Los otros desaparecidos de Iguala. FUENTE: PROCESO. AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
MÉXICO, D.F: Una vez que la Reserva Federal (Fed) decidiera mantener sin cambio las tasas de interés en Estados Unidos, el peso se depreció 0.48% frente al dólar al cerrar la jornada en el mercado cambiario. En ventanillas bancarias, el billete verde se cotizó hasta en 16.90 pesos a la venta; mientras que a nivel interbancario se intercambió en 16.61 unidades, el máximo nivel de los últimas cinco jornadas, según datos del Banco de México (Banxico). Este día, la Fed encabezada por Janet Yellen mantuvo la tasa de interés del principal socio comercial de nuestro país en un rango de 0% a 0.25%, derivado de la inflación que se mantiene en un nivel inferior a la meta de largo plazo, es decir, de 2%; además de que el mercado laboral y la actividad económica no avanzan con solidez. Esta vez, la Reserva Federal no hizo hincapié en los riesgos globales, como la desaceleración de la economía china. Sin embargo, dicho factor afecta al mercado cambiario que, junto con la caída del precio del petróleo, golpea a las monedas emergentes como el peso. Por lo pronto, el dólar cumple casi un mes de situarse por debajo de los 17 pesos, no obstante, en lo que va del año nuestra moneda se ha depreciado más de 11%. Para contrarrestar los efectos de la volatilidad cambiaria, el Banxico inyecta 200 millones de dólares al mercado y, en caso de que el peso se deprecie más de 1% de un día a otro, activa su mecanismo para ofertar otros 200 mdd.
De acuerdo con los especialistas, el aplazamiento del ajuste de las tasas por parte de la Fed sólo prolonga la volatilidad en el tipo de cambio. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
MÉXICO, D.F: Con un costo de rehabilitación que ya rebasa los mil millones de pesos, según el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y luego de un año y siete meses de permanecer cerradas, este miércoles fueron reabiertas cinco estaciones de la Línea 12 del Metro; las seis restantes operarán hasta finales de noviembre. Pasadas las 11 de la mañana, Mancera Espinosa encabezó el acto de reapertura en la estación Culhuacán, a la que se siguen San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11 y Periférico Oriente. Igual que cuando se inauguró toda la línea -el 30 de octubre de 2012 con Marcelo Ebrard-, el actual mandatario local recibió minutos antes del acto oficial los certificados de las empresas Systra y TÜV Rheinland para garantizar los trabajos de rehabilitación. La garantía incluye el mantenimiento sólo por seis meses. Al cumplirse ese lapso, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) y las empresas francesa y alemana realizarán una evaluación del comportamiento de las vías y los trenes y conformarán un programa de atención integral, según explicó el director del organismo, Jorge Gaviño. Para las estaciones restantes: Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac, autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) continuarán con el servicio provisional gratuito, aunque con costo para el GDF de un millón de pesos diarios. Mancera Espinosa presumió al decir que la rehabilitación de la Línea 12 será “un ejemplo; estoy seguro que con todos los grandes trenes y metros del mundo se va a tomar cómo se realizó esta rehabilitación como un caso para analizar”. Luego, reconoció que su administración no realizará compensación alguna a los miles de pasajeros afectados. Sólo este miércoles el servicio fue gratuito, mañana ya cobrará los cinco pesos correspondientes. El 12 de marzo de 2014, Joel Ortega, entonces director del STC, anunció que la línea tenía un desgaste ondulatorio en vías y trenes que ponían en riesgo la seguridad de los pasajeros. Por ello, 11 de las 20 estaciones de la línea de Tláhuac a Mixcoac serían cerradas. En ese momento dijo que los miles de pasajeros serían compensados. Sobre su antecesor, Marcelo Ebrard -señalado mediáticamente como responsable del cierre parcial de la línea-, Miguel Ángel Mancera sólo dijo: “No tengo en este momento ningún tema con el licenciado Ebrard”.
Y respecto a los procesos legales en contra de presuntos responsables, agregó: “Todavía vamos en los procesos, vamos en los ritmos que marcan los procedimientos legales, obviamente continúan los anuncios que hará tanto Contraloría como Procuraduría, pues siguen en cursos de preparación”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
La organización con sede en Nueva York es el segundo organismo internacional en pedir a las autoridades de México aclarar lo que sucedió el 6 de enero en Apatzingán y el 22 de mayo en Tanhuato, ambas localidades del estado occidental de Michoacán.
Human Rights Watch aseguró este miércoles 28 de octubre que algunas evidencias sugieren la ejecución extrajudicial a manos de policías federales de civiles y presuntos criminales que huían o se habían rendido en Apatzingán y Tanhuato, en Michoacán. La organización con sede en Nueva York es el segundo organismo internacional en pedir a las autoridades de México aclarar lo que sucedió el 6 de enero en Apatzingán y el 22 de mayo en Tanhuato, ambas localidades del estado occidental de Michoacán. En los dos episodios murieron un total de 50 personas. En Tanhuato, 42 presuntos criminales fallecieron en un supuesto enfrentamiento y sólo un policía federal murió. En Apatzingán, ocho civiles murieron por disparos en la calle, algunos cuando intentaban protegerse bajo una camioneta. El grupo internacional, conocido por sus siglas HRW, señaló que hay declaraciones de testigos que sugieren que las muertes no fueron resultado de un enfrentamiento, como el gobierno sostiene. “Sobre la base de la evidencia disponible, pareciera que estamos ante otras dos graves atrocidades cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas”, dijo Daniel Wilkinson, director de la división de las Américas de HRW, citado en un comunicado. Agregó que “si bien el gobierno insiste en que la policía actuó correctamente en ambos casos, los hechos relatados por los testigos claramente sugieren que hubo ejecuciones extrajudiciales”. El gobierno mexicano ha negado cualquier ejecución en ambos casos y sostiene que la policía federal respondió tras ser atacada. En una visita a México hace unas semanas, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron que el país enfrentaba una “crisis” en esa materia y también pidió a las autoridades investigar los mismos dos incidentes. La Comisión no hizo ninguna investigación pero señaló que había irregularidades en las indagatorias del gobierno y que las escenas del crimen fueron alteradas para sustentar la versión oficial de un enfrentamiento. En el caso de Apatzingán, testigos dijeron en aquel momento a The Associated Press que los fallecidos eran ex integrantes de grupos de autodefensa que protestaban porque la policía federal había arrestado a 44 de sus compañeros. Aseguraron que sólo estaban armados con palos y que quienes murieron salieron de sus camionetas entre gritos de que estaban desarmados. HRW señaló que entrevistó a un hombre de 19 años herido en el ataque que aseguró que dos de las víctimas recibieron disparos en la cabeza cuando estaban en el piso. La organización añadió que otros dos testigos corroboraron el dicho, aunque no identificó a ninguno. En el caso de Tanhuato, un investigador de derechos humanos ajeno a HRW entrevistó a tres sobrevivientes que afirmaron que la policía disparó a personas que huían o que ya se habían rendido. HRW señaló que mantiene en secreto la identidad de los declarantes y el entrevistador por protección. Los dos casos traen a la memoria una masacre de junio de 2004 en el Estado de México, cuando militares dijeron que 22 presuntos criminales murieron en un enfrentamiento en el que sólo un soldado resultó herido. Una investigación de AP indicó que algunos de ellos los colocaron frente a una pared y les dispararon.
El gobierno negó inicialmente las ejecuciones extrajudiciales, pero una sobreviviente decidió hablar y dijo que los soldados dispararon a la mayoría de ellos cuando ya se habían rendido. Las autoridades acusaron a siete soldados, pero cuatro fueron exculpados por un juez a principios de este mes por falta de evidencias. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
La dependencia precisó que en la primera quincena de noviembre se aplicarán descuentos a 85 mil 296 profesores que no asistieron a clases el 12 de octubre pasado.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) aplicó en la segunda quincena de octubre, descuentos a 72 mil 648 maestros que faltaron a sus labores el pasado 2 de octubre, y que totalizan un monto de 38 millones 377 mil 794 pesos. La dependencia precisó que en la primera quincena de noviembre se aplicarán descuentos a 85 mil 296 profesores que no asistieron a clases el 12 de octubre pasado, con un monto en total de 43.4 millones de pesos. Detalló que el 2 de octubre faltaron: *13 mil profesores en Michoacán. Se les descontaron 5 millones 30 mil 440 pesos. *58 mil maestros en Oaxaca. Descuento de 32 millones 480 mil pesos. *797 profesores en Tabasco. Descuento de 640 mil 604 pesos. *61 maestros en Colima, con descuento de 33 mil 550 pesos. *60 profesores en Zacatecas, con descuento de 21 mil pesos en total. En Guerrero no hubo suspensión de clases, por lo que no se aplicarán descuentos, señaló la SEP en un comunicado. Los recursos no erogados serán utilizados conforme a la normatividad aplicable y en particular se utilizarán para reforzar el trabajo de maestros que cumplen funciones de tutoría, asesoría técnico pedagógica y evaluación de profesores, como parte del Servicio Profesional Docente (SPD). En un comunicado, la dependencia subrayó que los tutores son maestros que fuera de su horario escolar apoyan el desempeño de maestros de nuevo ingreso; los asesores técnico pedagógicos son profesores que reciben formación adicional, fuera de su horario de trabajo, para apoyar el desempeño en los planteles, y los evaluadores son mentores que se certifican para evaluar a otros maestros, lo que está considerado en el SPD. Los descuentos son aplicados con base en la información validada por los gobiernos estatales. La SEP precisó que dará vista al Órgano Interno de Control sobre las autoridades de las entidades federativas que no cumplan con su deber de informar las inasistencias de las fechas señaladas.
A partir de ello, podrán ser iniciados los procedimientos correspondientes, y, en su caso, aplicarse sanciones administrativas, independientemente de las denuncias que procedan por la mala aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE). FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
La decisión de los ministros de la Primera Sala se debe a que uno de ellos, José Ramón Cosío, solicitó analizar con más detenimiento el proyecto elaborado por el ministro Arturo Saldívar.
La discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acerca del destino de un amparo que pretende permitir el consumo personal de la mariguana con fines lúdicos o recreativo quedó suspendido para la próxima semana. La decisión de los ministros de la Primera Sala se debe a que uno de ellos, José Ramón Cosío, solicitó analizar con más detenimiento el proyecto elaborado por el ministro Arturo Saldívar. Así, el tema queda en la lista de temas a tratar. Animal Político publicó esta mañana que al menos uno de los ministros solicitaría que, “por la importancia y trascendencia” del asunto, éste sea enviado al pleno de la Corte. De aceptarse esta propuesta, el debate quedaría detenido varios meses y estaría en manos no de cinco ministros, que son los que están la primera sala, sino de los 11 que integran el pleno. Además, incluso en el escenario de que se acepte el amparo, sólo beneficiaría a los que presentaron la solicitud, que podrían consumir mariguana con fines lúdicos. A pesar de que en la Corte se insistió que existe la posibilidad de enviar el tema al Pleno, el director de México Unido contra la Delincuencia, Juan Francisco Torres Landa, y fundador de la organización SMART que promovió el amparo, dijo que este escenario no es probable, porque desde que llegó el asunto a la Primera Sala, los ministros que la integran decidieron que no ameritaba ser discutido por todos los integrantes de la SCJN. Pero lo cierto es que hace un año no existía el proyecto del ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, que considera que prohibir el consumo personal de mariguana con fines lúdicos y recreativos es contrario al libre desarrollo de la personalidad. El ministro también considera que aprobar este tipo de consumo no tendría que estar acompañado de una autorización para la comercialización de mariguana, ni para el consumo de otros estupefacientes y psicotrópicos. El proyecto está listado para ser discutido este miércoles, pero a diferencia del pleno, en las salas se sesiona primero en privado, por la cantidad de asuntos que tienen que resolver. Esto abre la puerta para que pueda ocurrir cualquiera de cuatro escenarios dibujados por funcionarios de la Corte: que este asunto se vea en privado y se vote este mismo miércoles. De ser así, se anunciaría el veredicto y los ministros solo saldrían a fijar posturas y a dar a conocer sus votos individuales. El segundo escenario es que se quede en la lista para la siguiente sesión. El tercero, que el proyecto se deseche o se retire de manera indefinida para que se replantee el proyecto. Y cuarto y más probable por la información que obtuvo Animal Político es que un ministro pida que por su importancia el caso se envíe al pleno, donde no habría fecha para que sea revisado. El proyecto se originó debido a que diversas personas solicitaron a la COFEPRIS una autorización para consumir mariguana de forma regular y personal, con fines lúdicos o recreativos y realizar las actividades correlativas al auto-consumo (sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar y en general todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de mariguana), en el entendido de que su petición excluía expresamente “los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma”. La solicitud les fue negada en una primera instancia por un juez, por lo que promovieron amparo indirecto, en el cual señalaron que el libre desarrollo de la personalidad da cobertura a la decisión de consumir mariguana para fines lúdicos. El amparo también les fue negado, por lo que fue nuevamente recurrido y es ahora objeto de análisis por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La ponencia considera que efectivamente el derecho fundamental en cuestión permite que las personas mayores de edad decidan sin interferencia alguna qué tipo de actividades recreativas o lúdicas desean realizar, al tiempo que también permite llevar a cabo todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar esa elección. Lo que no significa que tal derecho no pueda ser limitado con la finalidad de perseguir objetivos protegidos por la Constitución mexicana, como la salud y el orden público.
Oposición al descubierto El documento del proyecto del ministro Zaldívar, sobre el amparo en revisión 237/2014, deja el descubierto que en los tribunales el gobierno federal ya ha combatido la posibilidad de permitir el consumo. Y es que durante los procesos que ha recorrido este amparo, el Subdirector de Recursos Administrativos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, “en representación del Presidente de la República”, se manifestó en contra de quitar cualquier tipo de prohibición a la mariguana. “Las autoridades responsables (el funcionario en representación del presidente) argumentaron que debían declararse infundados e inoperantes los agravios de los quejosos, en tanto que la prohibición del cannabis (mariguana) establecida por la legislación impugnada constituye un control legal válido para la protección del derecho a la salud, sin que las pruebas de los quejosos demuestren lo contrario”, se lee en la página 14 del proyecto de Zaldivar. El gobierno también argumentó que los estudios presentados por los particulares, entre ellos el de la Fundación Beckley, que evidencia el mínimo impacto en la salud que tiene esta droga, era “información sin valor científico alguno”. Además, hizo énfasis en que “de hecho no existe una prohibición respecto al consumo” de la mariguana, pues la Ley General de Salud permite que las personas tengan consigo una cantidad mínima de la droga para su uso personal, por lo que era innecesario solicitar tal autorización. El proyecto elaborado por Arturo Zaldívar, de 88 páginas, califica como “infundada” esta posición, ya que la ley es realidad no permite el uso recreativo, sino sólo elude criminalizar la portación en cantidades mínimas. Tampoco permite su cultivo para uso personal. El ministro de la Corte también sostiene que, con la ley como hoy está redactada, afecta derechos fundamentales y no explora alternativas menos extremas para regular el consumo y prevenir las afectaciones que generan.
El que se permita tener cantidades mínimas, según Zaldívar, “no consagra de ninguna manera una autorización o un derecho al consumo personal en los términos en los que lo solicitan los quejosos, puesto que además de que únicamente se limitan a despenalizar el consumo en una cantidad muy pequeña, dichos preceptos no permiten la realización de las otras actividades correlativas al consumo, como siembra, cultivo, cosecha, preparación, transporte, etcétera”. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: ARTURO ANGEL.
OAXACA, Oax: Zineb El Rhazoui, periodista del semanario Charlie Hebdo, se dijo impresionada por el coraje y valentía de los reporteros que trabajan “en un país catastrófico” para ejercer la libertad de expresión, “porque yo no creo que el Estado Islámico (EI) sea más peligroso que la mafia y la clase política” de México, subrayó. La también activista en pro de los derechos humanos manifestó que mucha gente le dice que es muy valiente porque es una periodista amenazada por Al Qaeda y el EI, “pero yo, al ver el contexto en el que trabaja la gran mayoría de los periodistas mexicanos, me pregunto si yo tendría el mismo coraje que ellos”. Prosiguió: “Yo no sé qué sería trabajar en un país donde las amenazas son muy difusas: pueden ser políticos, el cártel de drogas, puede ser de cualquier cosa, y no solamente estamos hablando de amenazas, sino de ejecuciones”. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO) 2015, Rhazoui resaltó que México es el país del mundo que tiene más periodistas asesinados, y “lo que yo sé es que cada vez que un país está enfermo, cada vez que una enfermedad toca a una país, siempre son los periodistas en pagar el precio”. Lo contradictorio, agregó, es que a sabiendas de que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, su capital abrió sus puertas para los escritores y periodistas perseguidos del mundo. “Muchas personas dicen: cómo puede haber una casa de refugiados en un país donde la situación de persecuciones de escritores y periodistas es de las más catastróficas del mundo, o cómo Estambul, la capital de Turquía, que ha querido reintegrarse con refugios sabiendo que el régimen turco es de los que tienen la cantidad más elevada de periodistas que han sido encarcelados. Son aproximadamente 70 periodistas encarcelados”, precisó. En la 35 edición de la FILO, que tiene como temática “¡Expresiones de Libertad!”, la periodista francesa reconoció que hay otras personas que opinan que justamente en países como México el trabajo de los periodistas no es tan fácil como en Suecia, Noruega o Canadá, entonces, justamente con ese tipo de iniciativas de crear refugios –puntualizó–, los gobiernos buscan reivindicar su imagen. Y evidentemente éste no es un signo que reglamente la situación periodística en México, pero puede crear una dinámica con otros periodistas de otros países y justamente contribuir a que se dé a conocer lo que está pasando en México, recomendó. De acuerdo con Zineb El Rhazoui, es bueno que se hagan estas iniciativas, incluso en un país donde la situación no sea muy buena, aunque con una condición: tener cuidado en un nivel de discurso mediático para que estas iniciativas no sirvan como excusa y decir que todo está bien. Asimismo, recordó que en Marruecos aprendió que a los periodistas el régimen les toleraba ciertas expresiones de libertad “antes de que nos aplastaran a todos, y eso le sirvió para decirle al mundo: ‘miren, tenemos libertad de expresión’. Entonces debemos tener cuidado para que eso no pase y no sirvamos como una excusa”. Remató: “No debemos ceder a la amenaza ni al miedo, porque mientras seamos más y estemos juntos para poder expresar nuestra opinión, serán menos las represiones. Si somos más personas el precio será más bajo. Seremos más para compartir este precio y la amenaza”.
El pasado 7 de enero, dos hombres enmascarados (los hermanos Saïd y Chérif Kouachi ) atacaron el semanario Charlie Hebdo. El saldo fue de 11 muertos e igual número de heridos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PEDRO MATÍAS.
