Además, el subprocurador Betanzos confirmó la ampliación, por seis meses más, de los trabajos de la CIDH en este caso.
El director de la Escuela Normal de Ayotzinapa, José Luis Hernández Rivera, comparecerá formalmente la próxima semana ante la Procuraduría General de la Republica (PGR) por la desaparición de 43 normalistas en septiembre de 2014.
El subprocurador de derechos humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos, informó que el director acudió esta semana a la delegación de la procuraduría en Chilpancingo, Guerrero, en donde dio a conocer su interés por declarar sobre el tema.
Precisó que se tomó la decisión de que Hernández Rivera comparezca ante el agente del Ministerio Público Federal en la Ciudad de México en las instalaciones de la PGR.
En conferencia de prensa, el funcionario también confirmó que se extenderá seis meses más el trabajo del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Iguala.
En este sentido, dijo que no se ha determinado cuánto tiempo tomará el nuevo estudio en el basurero de Cocula, pero la PGR colabora en la generación de nuevas líneas de investigación en el caso Ayotzinapa y se plantea el uso de drones para la nueva búsqueda.
Precisó que aún no se ha definido el plan de trabajo que realizará el grupo de expertos que llevará a cabo nuevos peritajes para establecer qué sucedió con los normalistas, a más de un año de su desaparición.
En este sentido, precisó que el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya extendido seis meses más la presencia de los integrantes del denominado Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), no significa que en ese tiempo se cerrara la investigación de este caso.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La demanda fue interpuesta por Aristegui Noticias el pasado 29 de septiembre, en coordinación con la organización Artículo 19, luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) negó la información solicitada vía transparencia y de que el INAI ratificó la reserva por dos años en su resolución del 25 de junio de 2015, con decisión dividida.
El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa admitió un juicio de amparo, para analizar la resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), que había aceptado reservar la averiguación previa militar sobre el caso Tlatlaya, en el Estado de México, cuando militares ejecutaron a civiles de manera extrajudicial.
La demanda de amparo -interpuesta por Aristegui Noticias, en coordinación con la organización Artículo 19-, argumenta que el INAI violó los artículos 1, 6, 14 y 16 constitucionales, pues el instituto no fundó ni motivó debidamente su decisión de ratificar la reserva de información; además que, por tratarse de hechos relacionados con violaciones graves de derechos humanos, la información debería tener la máxima publicidad y debió privilegiarse el interés público:
“El INAI reconoce que los hechos que dieron origen a la información solicitada son violaciones graves a derechos humanos. No obstante, en total incongruencia, determina que dicha información no está relacionada con violaciones graves a derechos humanos y deja de aplicar la excepción de reserva de información”, dice la demanda.
El instrumento judicial también señala que el INAI, aunque disminuyó el periodo de reserva de 12 a 2 años, ratificó la secrecía de la información sin haber accedido al expediente, con lo cual podría determinar si los hechos que se juzgan en la corte militar constituyeron o no violaciones graves a los derechos humanos:
“A pesar de que en reiteradas ocasiones el INAI solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional acceso a la información solicitada y sujeta de clasificación, la última nunca dio acceso a la misma.”
“En consecuencia, al no tener la información materia del recurso de revisión a la vista era imposible que la responsable determinara el daño que se pudiera causar de no divulgarse la información y justificar que la divulgación de la misma representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional”.
Al principio, el juez admnisitrativo, Gabriel Regis López, había declarado incompetencia y lo turnó al ámbito penal, diciendo que el asunto se había originado en hechos de ese orden, a pesar que la acción a impugnar era la de un órgano como el INAI. Pero el juez penal regresó el expediente.
El Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el DF, Juan Mateo Brieba de Castro, también declaró incompetencia al decir:
“El citado acto (la resolución del INAI) tiene existencia autónoma y no depende de la averiguación previa o el juicio de orden militar de las cuales versa la solicitud del quejoso. por su naturaleza, el acto reclamado es un acto administrativo”.
El mismo juez administrativo recibió de regreso la demanda de amparo y declinó insistir en la incompetencia, con lo que admitió el juicio de amparo para su análisis el 7 de octubre.
El 26 de octubre, la Sedena se presentó en el Juzgado Primero Administrativo para apersonarse como tercero interesado.
La audiencia constitucional, o de fondo del asunto, está prevista para el 3 de noviembre de 2015, cuando se desahogarán las pruebas para luego recibir los alegatos finales. El juez Regis López puede postergar esta audiencia o estudiar el fondo del asunto y dar una sentencia, la cual aún puede apelarse ante un tribunal colegiado.
En otras solicitudes, el INAI ya ha ordenado transparentar partes militares y peritajes de la Procuraduría General de la República relacionados con el tema. Hoy, cuatro de los ocho militares juzgados en tribunales civiles ya quedaron libres y la investigación militar permanece en la opacidad.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTRO: IRVING HUERTA.
CHILPANCINGO, Gro: Nueve agentes de la Policía Federal (PF) y un presunto ‘halcón’ de Guerreros Unidos, retenidos ayer por habitantes de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, fueron entregados esta madrugada a elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y trasladados a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en esta capital.
Los marinos recibieron a los 10 sujetos alrededor de la 1.30 de este jueves, luego de que los pobladores se negaron a entregarlos al Ejército y a autoridades federales y estatales.
Según los vecinos de Carrizalillo, los elementos de la PF se confabularon con miembros de Guerreros Unidos para detener al comisario ejidal Ricardo López, a quien posteriormente llevarían a Iguala para entregarlo “a un grupo armado que estaba esperando en la plaza Tamaridos”.
No obstante, el comisionado de la PF, Enrique Galindo, atribuyó los señalamientos a la “indiosincrasia” de los pobladores de esa comunidad ubicada a orillas del río Balsas, conocido como El cinturón de oro de la entidad, donde opera la minera canadiense Gold Corp.
La zona es codiciada por grupos delincuenciales que mantienen una confrontación por el control de la ruta de trasiego de drogas y las millonarias ganancias que obtienen a través del cobro de piso a la empresa extranjera.
El representante de la Comisión Nacional de los Derechos (CNDH), Hipólito Lugo Cortés, precisó que los nueve federales y el civil, Modesto Peña Celso –acusados de pertenecer al grupo delictivo Guerreros Unidos–, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público (MP) federal, donde rindieron su declaración.
Peña Celso forma parte de una familia de ejidatarios de Carrizalillo que hace unos meses dejó el poblado y se refugió en Iguala, luego de que varios sus integrantes fueron asesinados.
Ayer, Modesto Peña y los agentes federales fueron retenidos en Carrizalillo después de que intentaron llevarse por la fuerza al comisario Ricardo López García, quien maneja los recursos que entrega la minera a los ejidatarios por el pago de renta de sus tierras.
Los habitantes impidieron el hecho y retuvieron durante más de 14 horas a los 10 inculpados que se desplazaban en dos patrullas oficiales.
A la delegación de la PGR también acudieron pobladores de Carrizalillo, encabezados por sus autoridades locales, para ratificar sus acusaciones contra los federales y Modesto Peña.
Uno de los vecinos refirió que en el teléfono móvil de Peña encontraron mensajes de texto donde se precisa el plan para llevarse al comisario ejidal y entregarlo a sujetos desconocidos en la plaza Tamarindos, justo frente a las instalaciones del 27 batallón de Infantería.
Se espera que en las próximas horas las autoridades ministeriales determinen la situación jurídica de los inculpados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
MÉXICO, D.F: La Comisión Especial de Ayotzinapa de la Cámara de Diputados solicitará a la PGR la bitácora de llamadas telefónicas realizadas la trágica noche de Iguala, tanto por el exgobernador Ángel Aguirre como por mandos de la Zona Regional Militar, confirmó la presidenta de la comisión, la panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez.
Entrevistada luego de la reunión ordinaria de la comisión, la legisladora detalló que ante las declaraciones contradictorias respecto de la ayuda solicitada al Ejército, entre la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, es que se acordó corroborar si tales comunicaciones existieron o no, y a partir de ahí poder determinar omisiones o inacciones de las autoridades federales.
Murguía Gutiérrez explicó que, durante su comparecencia ante los legisladores, Aguirre Rivero aseguró haber llamado a la Zona Militar Regional para pedir apoyo al Ejército y detener así la refriega contra los normalistas.
Según la versión del exfuncionario, la respuesta castrense fue un rotundo no.
Además, el exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, dijo a los diputados que la madrugada del 27 de septiembre pidió apoyo al 27 Batallón de Infantería, así como al encargado de la Policía Federal, un comandante de apellido Cabral, y ambas instancias también les negaron el apoyo.
En tanto, el titular de Sedena, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, aseguró que nunca recibió petición alguna de parte de una autoridad civil, razón por la que no intervinieron.
De igual manera, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo a los diputados en su encuentro del pasado miércoles realizado en las oficinas del Palacio de Covián, que nunca se pidió apoyo a los militares, con lo que buscó desvirtuar la versión de los exfuncionarios guerrerenses.
En las reuniones sostenidas con los implicados, alertó la presidenta de la comisión, “hay discrepancias entre algunas personas que dicen ‘Yo llamé por teléfono y solicité apoyo’, y hay quienes dicen que no, como el exgobernador Aguirre y la Zona Militar en la Región 27”.
Ante la pregunta directa de si tales bitácoras las solicitarán a la Procuraduría General del a República (PGR), la presidenta dijo que por lo menos es a dicha instancia a quien “correspondería esta información”.
Murguía Gutiérrez también adelantó que la comisión hará un primer corte sobre el trabajo realizado, por ello presentarán el 7 de diciembre un preinforme donde detallen el resultado de sus encuentros con diversas autoridades.
Los miembros de la comisión tienen aún pendiente un encuentro con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la CIDH, y con los padres de familia.
Además, solicitarán un encuentro con el exalcalde Iguala, José Luis Abarca, y con los otros detenidos; respecto de estos últimos, la presidenta de la comisión dijo que la CNDH aún no ha determinado si efectivamente fueron sometidos a tortura para que se declararan culpables, como en su momento reveló en la revista Proceso la reportera Anabel Hernández.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
XALAPA, Ver: El pleno del Congreso local aprobó al gobierno de Javier Duarte la contratación de un nuevo crédito por 21 mil millones de pesos para pagar parte de la deuda que le heredó Fidel Herrera, estimada en 44 mil millones de pesos.
El préstamo se pagaría con dos fondos federales y el impuesto de 3% a la nómina de burócratas y prestadores de servicios.
El legislativo también dejó una rendija crediticia para que el mandatario veracruzano pueda contratar, en su último año de gestión, nuevos empréstitos hasta por 21 mil 700 millones de pesos.
Aprobado con 34 votos a favor (PRI y partidos satélites) y nueve en contra (ocho del PAN y uno del PRD), el dictamen permitirá a la Tesorería estatal comprometer 25% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y otro 25% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), así como la totalidad del impuesto sobre la erogación de personal.
El objetivo: pagar 90% de la deuda pública heredada del gobierno de Fidel Herrera, para lo cual la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) recaudará alrededor de 3 mil millones de pesos anuales.
Además, el Congreso local permitirá a la administración duartista contratar un tercer crédito por hasta 15 mil millones de pesos, a un plazo de 20 años, que pagaría con los ingresos provenientes del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP), “para amortizar anticipadamente deuda pública a cargo del gobierno del estado y obtener mejores condiciones económicas”.
De acuerdo con los legisladores, en Veracruz este impuesto se ajustó de 2% a 3%, con lo que se brinda mayor garantía de pago.
El dictamen destaca que “conforme el saldo de la deuda pública actual se vaya liquidando, la Sefiplan podrá contratar endeudamiento por un plazo de hasta 25 años, por igual monto, que se destinará a inversiones público-productivas, la constitución de fondos de reserva, la contratación de operaciones de cobertura y el pago de gastos y comisiones generados por el diseño, instrumentación y celebración de esta operación”.
Para el panista Julen Rementería, integrante de la Comisión de Hacienda, hay una “ilusión” y diversas mentiras en la reestructuración de la deuda. “Hay mucha opacidad en lo que vamos a pagar, los beneficios que se van a obtener y los empréstitos a futuro, pareciera que la deuda no se va a pagar, solo se va a sustituir”.
De acuerdo con Rementería, en el dictamen para avalar nuevos préstamos crediticios se incluyó la creación de diversos Fideicomisos, en los cuales “por experiencias anteriores” –dijo– ha quedado demostrado que sólo sirven para fomentar la opacidad y desviar recursos.
“Los créditos no son malos, el problema es cómo son ocupados… La deuda crece, y pareciera que al próximo gobernador, del color que sea, le viene la tormenta perfecta”, dijo.
Por su parte, la diputada priista Mariela Tovar Lorenzo se apegó al guión de los boletines del gobierno de Duarte emitidos con anterioridad y justificó que ya se podrá “contratar financiamiento” para fortalecer la Hacienda y consolidar las finanzas de la entidad (sic).
“Se permite contratar un financiamiento de 5 mil millones de pesos, se avala un segundo financiamiento de un mil 700 millones de pesos, que tendrá como fuente de pago el derecho y los ingresos de hasta 25% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y deberá destinarse a inversiones público-productivas en materia de obras y acciones sociales básicas que beneficien a la población en pobreza extrema o a localidades con alto rezago social”, apuntó.
El diputado del Partido Verde, Jesús Vázquez, admitió que el tema de la reestructuración es por demás “sensible”, y resaltó qué el voto a favor de su bancada es en aras de “detonar la economía” del estado.
“Finanzas públicas deterioradas impactan a la población y causan más problemas, como inseguridad y baja generación de empleos. El compromiso es fiscalizar esos recursos y revisar que las metas se cumplan”, subrayó.
En las cuatro horas que duró el debate, empleados medios de la Sefiplan se encargaron de llevar unos 350 “acarreados” de Antorcha Campesina y de la propia institución financiera, para que abuchearan e insultaran a los diputados de oposición.
Incluso una militante del PRI agredió a un fotógrafo que le obstruía la vista para aplaudir al diputado priista José Ramón Gutiérrez cuando subía a tribuna. Iracunda, la mujer le gritó al comunicador: “Estorbas, deberías hacerte a un lado… Luego por eso los matan”.
No obstante que la tensión aumentaba en el recinto legislativo y los acarreados subían de tono sus insultos, llegó un momento en que los diputados se relajaron en la discusión.
José Ramón Gutiérrez de Velasco, diputado del PRI y exmilitante del PAN, subió a tribuna con un enorme ábaco multicolor, en el que se apoyó para comparar la deuda pública con el crédito hipotecario de una casa o automóvil.
En esa misma tónica, el panista Hugo Fernández pidió imaginarse una “perinola” para jugar los pasivos públicos del estado, donde a los ciudadanos les tocaría el “todos ponen” y al gobierno él “toma todo”.
Y el diputado priista Marco del Ángel –famoso por desnudarse en plazas públicas, junto con miembros de la organización de los 400 pueblos– subió a tribuna para interactuar con los acarreados como si se tratará de un reality show.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
Human Rights Watch sostiene que hay evidencia de que la Policía Federal cometió ejecuciones extrajudiciales de al menos 50 civiles, en dos masacres distintas cometidas en Michoacán en 2015: una el 6 de enero en Apatzingán y la otra el 22 de mayo en los límites entre Tanhuato y Ecuandureo.
Tras señalar las evidencias que apuntan a que en Apatzingán y Tanhuato, Michoacán, hubo ejecuciones extrajudiciales y “clarísimos abusos” por parte de la Policía Federal, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, indicó que propondrá al gobierno que un grupo de expertos indague y esclarezca ambos hechos, repitiendo lo que sucede en el caso Ayotzinapa, donde interviene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En entrevista para Aristegui CNN -programa en el que también fue entrevistada la periodista Laura Castellanos, quien investigó a fondo y reveló la masacre en Apatzingán-, Vivanco planteó:
“Nuestra propuesta, y vamos a formulársela al actual gobernador de Michoacán (Silvano Aureoles) es que se busque colaboración internacional, que exista la participación de un pequeño grupo de expertos y que repitamos la experiencia de Ayotzinapa y que esos expertos puedan tener acceso a todas las evidencias, a todos las investigaciones, a los testigos que existen, algunos protegidos, para dictaminar qué es lo que se ha hecho hasta ahora, por qué no hay ningún policía consignado, qué ocurre con la investigación, y hacer unas recomendaciones muy concretas tanto a las autoridades del estado de Michoacán como a las autoridades federales”.
Recordó que en el informe de HRW, que dio a conocer esta semana, se expone el “fracaso, falta de credibilidad del sistema de justicia en México, donde da la impresión de ser incapaz o realmente no quiere que miembros de las fuerzas de seguridad rindan cuentas por los abusos que cometen”.
Por ello, “es que el próximo paso es proponerle tanto al gobierno federal como al estado de Michoacán que se conforme una comisión similar al grupo de expertos que evaluó el caso Ayotzinapa”.
Vivanco aseguró que “las evidencias que nosotros hemos podido recopilar, en Apatzingán y Tanhuato, ambos en Michoacán y ambos ocurridos durante el curso de este año, nos permiten asegurar que allí se cometieron ejecuciones extrajudiciales, por parte de policías federales, en estos dos casos murieron al menos 50 civiles y no cabe duda alguna que hubo participación y responsabilidad en estos casos de policías federales”.
Lo grave, dijo, “es que han transcurrido varios meses de la comisión de estos hechos y hasta ahora ningún policía ha sido consignado por actuación indebida, por exceso del uso de la fuerza en relación con estos incidentes… (pese a que) las evidencias muestran que en estos 2 casos se produjeron clarísimos abusos”.
El director de HRW expuso que han revisado “con mucho cuidado las versiones oficiales, hemos tenido reuniones al más alto nivel con el gobierno federal, por ejemplo en el caso de Apatzingán luego de ocurridos los incidentes”.
Rememoró cómo “apenas había arrancado la investigación oficial, el comisionado para la seguridad de Michoacán, designado por la Presidencia, el señor Alfredo Castillo, sostuvo que la mayoría de los 8 civiles que perdieron la vida habían muerto a raíz de fuego cruzado provocado por las armas de los mismos civiles, y mostró para ello un video que según afirmaba o demostraba que los policías habían sido atacados por civiles”.
Empero, “posteriormente, la Secretaría de Gobernación difundió el video a los medios de comunicación, que pudimos revisar… lo cierto es que en el mismo video que se utiliza para justificar el argumento de la legítima defensa por parte de los policías, no proporciona evidencia en ese sentido, en el video no se ve que civiles ataquen a policías, y los civiles que aparecen en él no portan armas de fuego, de tal modo que la famosa evidencia, que hasta ahora ha existido, que consiste fundamentalmente en estos videos, no permiten mínimamente siquiera avalar la tesis del gobierno”.
El ex comisionado Castillo siempre ha negado la masacre en Apatzingán.
José Miguel Vivanco dijo lo que, en el sentido contrario de la versión oficial, se han encontrado: “Testimonios de personas que nos señalan que se abrió fuego contra civiles que no estaban armados, que dispararon a dos de ellos en la cabeza, mientras se encontraban en el suelo, intentando resguardarse, y luego colocaron armas junto a sus cuerpos, son declaraciones que nosotros hemos recogido directamente, y otras que hemos podido recibir de testigos presenciales de los hechos, incluyendo un médico que atendió a las personas heridas durante los incidentes en Apatzingán y declaró a los medios de comunicación que algunos de los policías no permitieron que los heridos recibieran atención médica, y por ello habrían muerto”.
“Estos dos hechos (las masacres en Apatzingán y Tanhuato) sumados a las masacres anteriores, Tlatlaya y Ayotzinapa, muestran que aquí pareciera que estamos ante otras dos graves atrocidades cometidas por fuerzas de seguridad mexicanas, en este caso policías federales, pero si bien el gobierno insiste en que la policía actuó correctamente, de acuerdo a la ley en ambos casos los hechos, las evidencias con las que se cuenta, que han recabado Laura Castellanos y otras entidades, el trabajo periodístico y el trabajo nuestro y otras entidades, demuestra que estamos ante más violaciones a derechos humanos, que si no existe atención y debate público, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, estos hechos pueden quedar impunes”, alertó.
En el caso de lo ocurrido en Tanhuato, en mayo pasado, “el sólo aceptar que existan 42 civiles muertos de un lado y un policía del otro, la desproporción, cuenta creer que allí se dio un enfrentamiento y lo cierto es que existe un informe elaborado por la procuraduría local, del estado de Michoacán, de más de 80 páginas con fotografías, al que ha tenido acceso Carlos Loret de Mola, corrobora además lo que nosotros hemos conocido por fuentes independientes, y que demuestra que allí efectivamente se habría producido un ajusticiamiento y no enfrentamiento”.
Masacres merecen atención: Castellanos
La periodista Laura Castellanos reconoció la importancia de que “finalmente una organización internacional de derechos humanos visibilice estas 2 masacres porque desafortunadamente no han tenido la atención que merecen”. Mencionó que la ONU envió una misión a Apatzingán para conocer los hechos, y ellos decidieron no hacer público su informe.
“La gravedad del tema de Ayotzinapa ha llamado la atención de organizaciones internacionales que han arropado esta exigencia justa de los padres de familia, de que se aclare el paradero de los normalistas, sin embargo en este país ha habido otras masacres, aparte de Tlatlaya, la de Apatzingán, Tanhuato-Villa Purificación (Ecuandureo) y no han tenido la misma atención o arropamiento, por eso es tan importante que este informe de esta organización internacional visibilice estas dos”.
Recordó que el gobierno dijo que investigaba presuntos abusos de la policía federal en Apatzingán, “eso se dijo en abril (horas antes de la investigación ‘Fueron los Federales‘) y no sucedió absolutamente nada. No hay un solo policía detenido“.
Además, mencionó lo que evidenció una investigación de Univision, sobre que la ex subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) y actual diputada federal priista, Mariana Benítez Tiburcio, mintió al anunciar en enero pasado la destitución de Alfredo Becerril, delegado de esa dependencia en Michoacán, debido a su conducta irregular en la masacre de 16 civiles ocurrida en Apatzingán, Michoacán, el 16 de enero.
Un reportaje realizado por Peniley Ramírez para Univision Investiga muestra que Becerril no fue destituido, sino que renunció con un saludo de agradecimiento a la PGR, y luego fue nombrado como fiscal para los Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE). Castellanos apuntó que este mismo funcionario como fiscal de delitos de alto impacto fue ratificado por el actual gobierno de Silvano Aureoles.
ENTREVISTA:
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, dijo el miércoles que respeta la investigación realizada por Human Rights Watch (HRW) en la que que asegura tener evidencia de que elementos de la Policía Federal ejecutaron a civiles en Apatzingán y Tanhuato, Michoacán.
Aureoles Conejo se pronunció a favor de que se deslinden responsabilidades, a la vez de que pidió que dichos sucesos no deben denostar a las fuerzas federales, quienes han coadyuvado al restablecimiento del orden y de la paz social del estado.
El gobernador michoacano mostró disposición de su administración para que la investigación se realicen de forma profesional, y remarcó que se debe combatir al crimen organizado con respeto a los derechos humanos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
También criticaron la campaña mediática en contra de Fernanda Rubí, la joven desaparecida cuya madre encaró al gobernador el domingo pasado.
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, carece de interés y voluntad política para exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) que dé seguimiento a los casos de desaparición de personas en la entidad, en particular el de Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, cuya madre encaró a Duarte el domingo 25, aseguraron organizaciones sociales.
En conferencia de prensa, colectivos de familiares de personas desaparecidas, junto con Araceli Salcedo -madre de Fernanda Rubí-, criticaron la actitud “burlona e insensible” que Duarte exhibió ante la mujer que lo increpó públicamente, informó La Jornada.
También exigieron una disculpa pública del mandatario estatal priista y de su esposa, pues los dos se burlaron de Salcedo, acusaron.
En un comunicado informaron que reuniones previas con la madre de Fernanda Rubí, se suspendieron por falta de interés y voluntad política por parte del gobernador.
“Hacemos un llamado enérgico para que las autoridades federales y estatales den seguimiento puntual a éste y todos los casos de desaparición en el estado de Veracruz sin más pretextos ni dilaciones y con apego a la justicia y la verdad. Es imperante en este y en todos los casos que la sociedad mexicana esté enterada de lo que sucede y de los avances que existan”, afirmaron.
También exigieron que se garanticen las condiciones de seguridad necesarias para Araceli Salcedo y todos los familiares de desaparecidos en Veracruz.
“Lo anterior por que es un hecho comprobado que los disensos en un ambiente donde prevalece la impunidad y la indiferencia por parte de las autoridades son eventualmente violentados“, dijeron.
De la misma forma reprobaron “de forma absoluta (cualquier) campaña mediática“, por pequeña que parezca, que criminalice o intente criminalizar a las víctimas haciendo creer a la opinión pública (sobre la existencia) de nexo alguno con el crimen organizado, pues esto viola flagrantemente los derechos de las víctimas y de sus familias”.
El lunes 26 circuló una nota en diarios locales, entre ellos El Buen Tono, titulada como “Fernanda Rubí ligada a zetas”, en la que se consignaba que de acuerdo con “reportes de la investigación” la joven desaparecida era pareja sentimental del “fundador de la banda criminal de los Zetas, Raúl Lucio Hernández Lechuga, El Lucky”.
“Ninguna madre de una hija normal, se iba a esperar tres años para irle a gritar al Gobernador. Obvio que es mandada por los adversarios políticos de Duarte. Sin embargo, el Gobernador es el principal responsable en garantizar la seguridad de sus ciudadanos, pero si la hija era la amante del líder de plaza de los delincuentes, que ahora no exija justicia“, publicó El Buen Tono, en lo que ha sido denunciado como una campaña mediática en represalia al reclamo que la madre de Fernanda Rubí le hiciera a Duarte el domingo pasado.
Critican falta de interés de Javier Duarte por resolver desapariciones:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
MONTERREY, N.L: Burócratas se manifestaron esta noche en la presidencia municipal para demandar a la alcaldesa panista Margarita Arellanes Cervantes el pago de adeudos por retenciones laborales, primas y ahorros, entre otros, que suman 13 millones de pesos.
Arellanes terminará su trienio este sábado 31 y, de acuerdo con los inconformes, espera dejarle estos problemas al nuevo edil, el priista Adrián de la Garza.
Unos mil burócratas marcharon esta tarde por las calles de la localidad y se concentraron en la parte baja de la sede municipal para exigir que los recursos retenidos sean liberados.
Horacio Reyes, dirigente de los trabajadores regiomontanos, demandó a la alcaldesa que responda a la fuerza laboral las razones por las que los deja sin recursos y en el desamparo.
“Exijo a la administración municipal que baje a dar una respuesta a la manifestación. Que tomen en cuenta que las mujeres y hombres que estamos aquí reunidos sí trabajamos y que tenemos la obligación de ir a nuestras casas y ver a nuestros hijos. Entre los sindicalizados no hay aviadores, como sabemos hay muchos en todas las áreas del municipio”, dijo el líder.
Por la noche, Reyes Santos dialogó con la alcaldesa, quien le aseguró que el jueves por la mañana liberaría el recurso para entregárselo a los trabajadores.
Sin embargo, los 4 mil 200 sindicalizados anunciaron que no reanudarán labores hasta que no vean el depósito en sus cuentas.
La retención de las prestaciones de los sindicalizados coincide con la intención de Arellanes de Cervantes de adquirir dos camionetas blindadas para su servicio, una erogación municipal de 3.8 millones de pesos que busca saldar de contado, según ha trascendido.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
AGUASCALIENTES, Ags: El exmandatario panista Luis Armando Reynoso Femat reapareció públicamente la tarde de ayer para señalar como “traidor” al gobernador priista Carlos Lozano de la Torre, y emplazar al locutor José Luis Morales -acusado ante la Conapred por discriminación- para que deje de denostarlo en su programa.
Reynoso Femat apareció en la sede del Comité Ejecutivo Estatal del PAN, a donde también acudió para reclamar los dichos del presidente del partido a escala local, Paulo Martínez, quien la víspera había llamado “traidor” a Reynoso Femat.
La nueva aparición mediática del exgobernador se dio luego de que publicara en su cuenta de Facebook un anuncio sobre el cambio de su página personal a una fan page, debido al supuesto exceso de seguidores de esa red social.
Reynoso aprovechó para de pasada dar su apoyo moral al senador Martín Orozco y al exdiputado federal José Ángel González, conocido en Aguascalientes como “Paquín”, para gobernador y alcalde de la capital de Aguascalientes, respectivamente, rumbo a la elección del año entrante.
“Yo voy por Martín Orozco, (José Ángel) “Paquín” González, David Romo Garza para diputado y otros más según alianzas y equidad de género. Todo a su tiempo… Y Alianza con PRD y Nueva Alianza con mis amigos… los Maestros de Aguascalientes !!! VIVA Aguascalientes… que sus maestros son un primor pero los Panistas…MÁS !!! Jaja”, escribió Reynoso en Facebook.
Al día siguiente, el locutor José Luis Morales aseguró en su programa “Infolínea” que Reynoso Femat había anunciado que financiaría la campaña de Orozco Sandoval a la gubernatura, lo que provocó la reacción del presidente del comité estatal de ese partido Paulo Martínez.
Martínez dijo que Reynoso era panista por mandato de ley, pero que en 2010 la dirigencia del partido había intentado expulsarlo por traición, tras el presunto apoyo otorgado desde el gobierno que encabezaba al hoy mandatario priista Lozano de la Torre. Sin embargo, Reynoso ganó un juicio federal por el que se le tuvieron que respetar sus derechos políticos.
En 2010 fue candidato Orozco Sandoval, a quien ahora Reynoso dice públicamente apoyar rumbo a la gubernatura en 2016.
Una vez que rindió protesta en 2010, el priista Lozano empezó varias averiguaciones en contra de Reynoso, destacando una por la simulación de la compra de un tomógrafo, otra por el robo de dos aparatos de espionaje de la Procuraduría local y varias más por la compra y venta de varios terrenos propiedad de gobierno a precios distintos a los del mercado para, presuntamente, obtener ganancias a su favor y a provecho de varios sus colaboradores.
Las investigaciones derivaron en varios juicios por los que Reynoso ha recurrido a amparos y sus correspondientes fianzas, además de dos detenciones en contra del exgobernador, una por uso indebido del servicio público por cesión irregular de terrenos de gobierno a Conacyt y otra federal por un desfalco a la Secretaría de Hacienda por 27 millones de pesos.
Además, se le giró orden de aprehensión por la compra simulada de un tomógrafo con valor de 13 millones de pesos, recursos que tuvo que depositar como fianza para no ser detenido.
Ayer por la mañana Reynoso Femat concedió una entrevista colectiva afuera del CDE del PAN local, donde arremetió contra su examigo, Carlos Lozano.
A pregunta expresa sobre si consideraba que Lozano de la Torre lo había traicionado, Reynoso respondió que hasta los perros son agradecidos.
“Yo creo que el bien nacido, bien nacido, es agradecido, no han visto ustedes que hasta los perros a la hora de alimentar agradecen, yo creo que es necesario que tengamos un humilde gesto de humildad cuando se nos dan ciertas oportunidades… sin malas interpretaciones”, dijo Reynoso.
Con respecto del locutor Morales, quien el mes pasado protagonizó un escándalo al pedirle a una mujer, al aire, que se suicidara, y que además aceptó públicamente haber hecho negocios con Reynoso Femat, el exgobernador le pidió apertura para poder defenderse sobre los señalamientos hechos en su contra.
“Quiero ser enfático, yo mando un mensaje a José Luis Morales que por favor deje de denostarme porque no tiene fundamentos, yo no me he escudado en algún medio ni me he escondido detrás de un micrófono, a José Luis Morales que ya le baje, por favor se lo pido, porque estamos en desigualdad de condiciones, hay muchas incongruencias en lo que él dice y, si no, pregúntenle a muchos actores”, sentenció.
La reaparición de Reynoso se da justo cuando el gobernador Lozano se encuentra de gira por Japón.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
Además de ser las más caras de América Latina, el sistema de Afores en México no garantiza a los trabajadores recibir su dinero al final de su vida laboral. El exdiputado federal Miguel Alonso Raya sostiene que aún hay tiempo para evitar un desastre que dejaría a millones de pensionados en la calle.
La curva generacional, la baja aportación de los trabajadores, el cúmulo de requisitos –como las mil 250 semanas de cotización– y las afores han creado un caldo de cultivo que deja entrever la posibilidad de que millones de mexicanos que hoy trabajan lleguen a su retiro como mendigos.
Y es que el sistema de ahorro para el retiro está a nada de caer al vacío, de acuerdo con el perredista Miguel Alonso Raya, exdiputado federal y creador de iniciativas en materia de pensiones en el Congreso de la Unión.
Ya desde el 2005, un análisis elaborado en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados había revelado que sólo 5.7 por ciento de los empleados registrados en las Afore podrán recibir su pensión completa, y el resto perderán su dinero u obtendrán una cantidad menor a lo esperado.
“De los 52 millones de cuentas, solamente 5.7 por ciento estaría cumpliendo los requisitos para poner derecho a la pensión, en el mejor de los casos tendrán una tercera parte de lo que reciban en el momento de pensionarse”, confirma Alonso Raya, quien promueve una revisión al actual sistema de pensiones en el que se involucre a demógrafos, académicos, actuarios, y otros expertos en el tema para replantear el actual esquema.
El legislador dice que aún hay a tiempo para evitar un desastre que perjudicaría a millones de personas que son trabajadoras y están en riesgo de quedarse “solas y en la mendicidad”.
“La pensión, en general, es para la gente que ya no puede trabajar, para eso es la pensión, cuando las condiciones no te dan para seguir trabajando, tienes que tener la pensión.
“Eso implica revisar la parte de los requisitos que hay que cubrir en las pensiones por invalidez o por algún accidente de trabajo, de tal manera que tú compenses hoy una pensión por invalidez, empiezan dándote 50 por ciento pero terminas llevándote la tercera parte del salario que tienes, entonces no es justa”, comenta.
Alonso Raya afirma que en la problemática de las pensiones inciden muchos factores que se deben abordar desde diferentes perspectivas, incluso desde el ámbito cultural, al prever, por ejemplo, que hay una tendencia en que los adultos mayores ya no son cuidados por sus propios familiares y son llevados a los asilos a que pasen la última parte de su vida.
El crecimiento de la cantidad de gente de la tercera edad a mediados de este siglo creará la necesidad de tener más personal de enfermería y no serán tan necesarios los pediatras como los geriatras, refiere.
Y no se ve la mano de las políticas públicas en una decisión de hoy que incidirá, dice el legislador, en el panorama del futuro.
“(En el 1997) se planteó que el sistema de reparto, el sistema solidario intergeneracional, no era viable. Desde mi punto de vista, ese sistema de pensiones sí, si desde hace 35 o 40 años se le hubiese empezado a hacer ajustes a la edad, a las aportaciones, pues podría ser viable. El problema no era en sí el sistema”, comenta.
El negocio del retiro
Si bien para los trabajadores no está garantizada una pensión –pues tienen que cubrir ciertos requisitos, como las mil 250 semanas de cotización– para las administradoras de fondos para el retiro (Afores) el asunto de las pensiones ha sido un gran negocio.
“Tenemos casi 3 billones del ahorro manejado por estas 10 intermediarias (Afores) para efectos de invertir todos los recursos. Las Afores indiscutiblemente han ganado, esas, llueve, truene o relampaguee, ganan, sacan su comisión, obtienen ganancias de las cuentas que manejan. Para ellas nunca fue la exigencia que diseñaran un esquema en el que la gente reciba pensiones”, afirma el diputado Miguel Alonso Raya.
Las Afores, remarca, sólo se preocupan por obtener ganancias del manejo del ahorro de los trabajadores.
“Mientras tú introduzcas en el sistema de pensiones el negocio no va a haber esquema que te dé, porque siempre estará distorsionado, porque quienes manejan tus recursos estarán privilegiando el negocio, no la pensión”, expone.
Los recursos de las pensiones se utilizan en compra de deuda gubernamental, es decir, son títulos que se le compran al gobierno y el dinero termina en sus manos a cambio de un mínimo rendimiento en beneficio del trabajador.
Por ello, comenta el legislador, es necesario debatir si es la mejor manera de emplear los recursos, ya que bien podrían invertirse de manera segura y con ello generar beneficios para los trabajadores.
Una buena manera, piensa el exlegislador federal, es invertirlo en carreteras.
“La mayor parte del ahorro, al menos el 50 por ciento de lo que usan las administradoras (Afores), lo usa el gobierno como deuda, llegó a usar prácticamente 90 por ciento del ahorro de retiro para efectos de financiar su deuda.
“El 50 por ciento del dinero que usan las afores están invertidos en papeles gubernamentales. El gobierno es el principal deudor, el principal usuario de los recursos que tienen las afores para efectos de financiarse”, comenta
Esa inversión es de las más conservadoras, agrega, para que den mejores rendimientos los ahorros de los trabajadores requieres diversificar y requieres crear inversiones en otras cosas.
“¿Por qué no has abierto la posibilidad de invertir el dinero de los trabajadores para que tengan más ganancias? En la bronca de carreteras, en la bronca de infraestructura”, asegura.
Requieren análisis
Miguel Alonso Raya considera que hay tres movimientos básicos que se deberían hacer para atender el sistema de pensiones: sacar el negocio millonario de las Afores del esquema de ahorro para el retiro, contemplar factor de la estabilidad en el empleo y que hacer que todas las partes implicadas -trabajadores, empleadores y el Estado- participen en las aportaciones para obtener una pensión digna.
Las Afores generan que las pensiones de los trabajadores pasen a un segundo término y las empresas se preocupen más por obtener beneficios y cubrir sus gastos de operación que en pensar en un beneficio para los asalariados.
“Quienes manejan tus recursos están privilegiando el negocio, no la pensión”, considera el exdiputado.
En las reformas de 1997, a decir del especialista, no se consideró que existen trabajadores que no tienen empleo todo el año, lo que dificulta cumplir con el requisito del tiempo de cotización.
Por ejemplo, en el ramo de la construcción, los albañiles trabajan en obras bajo contrato alrededor de seis meses por año. Si un trabajador debe cubrir casi 25 años de trabajo, un albañil debería tener el doble y en caso de que viva lo suficiente cuando obtenga la pensión el disfrute de ésta sería mínimo.
“Un problema clave es el asunto del trabajo. Si hay trabajo formal entonces el trabajador tiene condiciones de poder estar aportando permanentemente y de cumplir más o menos los requisitos que establecen para garantizar la pensión. Si tú no tienes un trabajo permanente, pues no tienes posibilidades de cumplir los requisitos”, considera Alonso Raya.
“Si antes eran 10 años de cotización, eran 500 semanas, y la elevas a 25 años, mil 250 semanas de cotización de un trancazo, partes de una premisa: deberías de garantizar que la gente va a tener empleo estable y va a poder aportar para garantizar para tener la densidad de cotización adecuada y por lo tanto cubrir el requisito para tener derecho a pensión”, añade.
De los 52 millones de cuentas que están hoy, ese requisito de la densidad de cotización, de acuerdo con la Consar, sólo lo cumplen 5.7 por ciento de los trabajadores.
Asimismo, se debió involucrar en este sistema de pensiones la aportación de los trabajadores junto con la de los patrones y el Estado.
“Desde el principio debía haberse planteado un asunto en donde ‘todos ponen’, como en la perinola, y eso implicaba que pusieran los trabajadores, pusieran los patrones más aportaciones y pusiese el Estado más aportaciones para poder asegurar la pensión”, comenta.
El tema además se agrava, remarca, porque son muy pocos los trabajadores que aportan dinero extra a su cuenta, que es alrededor de uno por ciento.
“Se requiere reconocer la necesidad de que los sistemas de lo que se reformó en el 95 y que se empezó en el 97 con cuentas individuales, con una aportación definida sin que puedas tener certeza o claridad de con cuánto te puedes jubilar al final o te puedas pensionar cuando terminas de cumplir tus requisitos, porque tu aportación, primero, es baja.
“Una de las cosas que se critica en el país es que la aportación en total es de 6.5 por ciento (del salario base), tanto lo que aportan trabajadores como patrones”, finaliza.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JULIO RAMÍREZ.
Los militares confundieron el vehículo de Saida de la Torre con el de presuntos delincuentes, al cual persiguieron y le dispararon, hiriendo en la espalda a la niña, que fue operada y ya fue dada de alta.
Una bebé estadounidense fue herida de bala en la espalda por soldados mexicanos que perseguían un vehículo de presuntos delincuentes, al cual confundieron con la camioneta de Saida De La Torre, madre de la niña, quien se encontraba de visita con su familia en Camargo, Tamaulipas.
Los hechos ocurrieron la semana pasada, pero fueron confirmados hasta el miércoles 28 de octubre y difundidos en medios locales como Canal 5 KRGV. La bebé herida fue dada de alta de un hospital en San Antonio, Texas, el lunes 26.
“Iba a recoger a mi hija mayor y estaba en en camino cuando escuché disparos. Le dije a mi primo que necesitábamos regresar a la casa de mis padres porque parecía que algo iba a pasar. Cuando di una vuelta vi un vehículo con soldados pasar realmente rápido”, relató De La Torre a KRGV.
La mujer indicó que observó también un automóvil negro acelerando, similar a su camioneta Dodge Nitro. Esperó a que el camino estuviera despejado y se dirigió a casa de sus padres.
De la nada, los soldados reaparecieron. Estaban justo detrás de De La Torre, publicó el medio local texano.
“Todo parecía ser normal mientras manejaba de vuelta, pero entonces escuché disparos de nuevo. Sonaron un poco más cerca. Me di cuenta que los soldados me estaban siguiendo. Pensé que estaban siguiendo a la camioneta que había visto acelerar. Creo que se confundieron y pensaron que mi camioneta era la que ellos perseguían al principio. Comenzaron a dispararnos“, contó la mujer.
“Llegué a la casa (de mis padres). Me bajé de la camioneta y corrí hacia mi papá que estaba afuera. Le grité que nos estaban disparando. Los soldados se detuvieron y se estacionaron justo detrás de mi auto. Se bajaron con sus armas desenfundadas. Mi papá les habló y les preguntó por sus motivos”, continúa el testimonio.
En ese momento De La Torre se dio cuenta de que su hija estaba herida pues una bala rozó su espalda. El padre de la mujer discutió con los militares y les dijo que tenían que llevar a la niña al hospital.
Los uniformados revisaron el vehículo pero no encontraron nada. Uno de ellos dijo que era tiempo de irse y De La Torre los vio partir “con sonrisas en sus rostros”,.
Posteriormente autoridades locales le ofrecieron una disculpa y tomaron su reporte. Le explicaron que los miembros del Ejército encontraron después a los sospechosos que buscaban inicialmente.
Autoridades castrenses informaron al Canal 5 que están investigando el caso. De acuerdo con la víctima del tiroteo, Los oficiales se comprometieron a reparar la camioneta dañada o a ayudarle a comprar una nueva.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes afirmaron que las fechas marcadas para la transición a la televisión digital son un mandato constitucional y cumplirán con ello.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) afirmó que el apagón analógico es un mandato constitucional que no violará y cumplirá (debe concluir el 31 de diciembre de este año) y cuestionó al senador panista Javier Lozano por haber aprobado la transición digital que ahora pretende modificar.
“De lo único que se puede responsabilizar al Instituto es de cumplir con la ley, esa ley que el senador votó a favor“, aseveró el IFT en un comunicado emitido este miércoles.
El instituto aseguró que “trabaja en el marco de la ley y con los elementos que la ley le da. Este es el deber de todas las instituciones en un Estado de Derecho”.
“Si no se quería que terminara la transición a la Televisión Digital Terrestre el 31 de diciembre de 2015, ¿por qué lo aprobó así?“, cuestionó a Lozano.
“Si se buscaba un mayor nivel de penetración de receptores digitales ¿por qué obligó en la ley al IFT a apagar las señales analógicas con el 90% de penetración en los hogares de más escasos recursos?”, continuó.
El instituto planteó que si a juicio del panista el problema no es “la ley que aprobó” ¿por qué insiste “tan activamente” en cambiarla? Lozano propuso junto a 12 legisladores del PAN propusieron el jueves 22 de octubre posponer el apagón analógico hasta el 31 de diciembre de 2016.
“Si lo que se pretende es que el Instituto viole su mandato constitucional con el argumento de que de no hacerlo es “insensible”, eso no va a suceder“, advirtió el IFT refiriéndose al panista, quien se refirió en esos términos al organismo en su cuenta de Twitter y entrevistas radiofónicas.
Comunicado íntegro del IFT.
IFT cuestiona a Javier Lozano y advierte que apagón analógico es mandato constitucional:
Cumpliremos con apagón: SCT
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cumple conforme a la Constitución y las leyes lo establecido en el Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), para que el 31 de diciembre de 2015 el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pueda concretar el apagón analógico en todo el territorio nacional.
En un comunicado de prensa emitido la noche del martes, la dependencia indicó que los avances respecto a la Transición a la TDT permitirán cumplir, en tiempo y forma, con reforma en materia de telecomunicaciones.
La SCT concluirá este año la entrega de 9.4 millones de televisores digitales, atendiendo a un tercio de todos los hogares del país, precisó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Las cuentas no salen en las escuelas públicas del país, cada vez son más alumnos pero menos recursos. En la mayoría de los casos de sobrepoblación escolar en México, los maestros y padres de familia palian la situación con recursos propios.
El hacinamiento que se vive en las escuelas de los estados más pobres del país es peor que el que se vive en las cárceles.
Un estudio del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) revela que en Puebla, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, existen los salones más pequeños y sobrepoblados de América Latina.
En Amozoc, Puebla, por ejemplo, existe una escuela secundaria –la telesecundaria Xicoténcatl-, donde el espacio territorial por alumno es de apenas medio metro cuadrado, cuando la norma internacional marca por lo menos una superficie de 3.5 metros cuadrados en el salón de clases, para que los alumnos puedan potencializar sus capacidades.
El problema de sobrecupo escolar, que ha detonado en los últimos 10 años en México, no cuenta con ningún tipo de programa oficial que busque su solución.
Las partidas económicas de las Secretaría de Educación a nivel federal y de los estados están dirigidas a otras áreas, menos a la de ampliación de espacios educativos.
En la mayoría de los casos de sobrepoblación escolar, son los maestros, en coordinación con los padres de familia, los que tienen que paliar la situación con recursos propios, dando como resultado la construcción de salones provisionales que invariablemente entran en la calificación de “escuelas de palitos”.
En México, de acuerdo al propio censo de la Secretaría de Educación Pública, existen cerca de 7 mil 694 “escuelas de palitos”.
Morelia, Michoacán, es la localidad que mantiene el récord de salones provisionales para paliar el problema del sobrecupo. En ese municipio existen un total de 265 “escuelas de palitos”, donde el magisterio intenta alcanzar la educación de calidad propuesta en la Reforma Educativa.
De acuerdo a datos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en Oaxaca existen por lo menos 678 “escuelas de palitos”, en donde el promedio de alumnos que reciben clases alcanza los 40 estudiantes por grupo cuando las Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que pertenece México, propone que el cupo ideal sea de 20 alumnos.
En México, más del 17 por ciento de las escuelas rebasan la cifra establecida por la OCDE, al tener un promedio de 26 alumnos por grupo en los niveles de primaria y secundaria. Pero en los estados de Puebla, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, el promedio de alumnos por grupo alcanza la cifra de 39 estudiantes.
El sobrecupo registrado en los cinco estados más pobres del país, conlleva a un problema secundario: la falta de mobiliario e instalaciones cómodas. Frente a esas condiciones de estudio, explicó Luis Daniel González, investigador del Instituto Michoacano de Ciencias de las Educación (Imced), no hay programas pedagógicos que resulten eficientes para la formación de los educandos.
Las “escuelas de palitos” y el sobrecupo en las instituciones de formación básica de los estados más pobres, chocan con otra realidad: en ninguna de las entidades federativas con esos problemas se cuenta con programas oficiales encaminados a superar el rezago de infraestructura. La mayor parte de los presupuestos estatales los consume el pago de las nóminas de maestros.
Sobrecupo a la alza
De acuerdo a las cifras de la Secretaría de Educación Pública, el sobrecupo en las escuelas de nivel básico ha ido a la alza en los últimos siete años. Para algunos especialistas, como el doctor Luis Daniel González, el repunte del sobrecupo no es otra cosa que la respuesta natural de la sociedad a la crisis económica que se vive en el país, en donde cada vez es más difícil pagar una escuela particular.
Muchos padres de familia –explica Daniel González- tienen que voltear a ver el sistema educativo público, lo que conlleva al sobrecupo de las de por sí saturadas escuelas que no han crecido en infraestructura en proporción al crecimiento de la población de alumnos. “Hay escuelas que fueron construidas para una población de 600 alumnos y a la fecha mantienen una matrícula del doble”.
Michoacán es líder en crecimiento del sobrecupo. Son las escuelas urbanas –primarias y secundarias- las que en los últimos años han tenido que absorber a la población estudiantil que ha dejado de asistir a las escuelas privadas.
Las cifras de la Secretaría de Educación en ese estado revelan que al menos mil 200 escuelas, en su mayoría de nivel primaria, tienen sobrepoblación, y de esas saturadas instituciones, son más de 890 las que tienen instalaciones de palitos o salones provisionales para atender la demanda.
En el estado de Chiapas también el sobrecupo agudiza las condiciones de estudio para miles de alumnos, solo que a diferencia de Michoacán, el mayor problema se concentra en las comunidades indígenas, en donde no se conoce la inversión oficial para construir instituciones educativas.
Ni el SNTE ni la CNTEA
un cuando el problema de las “escuelas de palitos” es reconocido por las dirigencias estatales de las corrientes sindicales de la CNTE y del SNTE, ninguna de esas dos centrales de los trabajadores de la educación hace nada para solucionarlo. Ninguno de los sindicatos ha sido capaz de encaminar acciones de inversión para remontar las condiciones de hacinamiento de los alumnos.
Las millonarias partidas económicas que manejan los dos sindicatos son encausadas a cualquier rubro, menos al equipamiento de los espacios educativos, se han quejado algunos padres de familia, que observan las inversiones que se hacen para movilizaciones y diversos eventos sindicales.
Con lo que los maestros invierten en una movilización –dijo Josefina Sánchez, de Michoacán- se podría construir un salón de clases. Estimó que el costo de un aula puede llegar a ser de 200 mil pesos y que “el doble de eso se lo gastan algunas secciones sindicales al salir a las calles a reclamar mejoras para la educación”.
Oídos sordos
La burocracia reinante en las secretarías de educación de los estados afectados por las “escuelas de palitos” y el sobrecupo estudiantil, ha hecho que los directivos y padres de familia -que intentan remontar la condición de abandono en que se encuentran sus planteles educativos- busquen otras instancias de solución.
El principal destino de las demandas de inversión para ampliar espacios educativos en Puebla, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, ha sido la Cámara de Diputados y el Senado de la República, en donde los legisladores a los que se les aduce el problema, hacen oídos sordos para gestionar la ayuda.
En puebla, los padres de familia de al menos 10 “escuelas de palitos” han buscado la gestión del senador Javier Lozano, pero no han tenido respuesta, pese a que las peticiones con “carácter urgente” se han hecho por escrito desde hace al menos tres meses, exponiendo las condiciones bajo las que se encuentran los estudiantes de los planteles con sobrecupo.
Reporte Indigo tiene documentos en su poder que revelan las peticiones de los maestros de instituciones educativas hechas al senador Lozano Alarcón, en donde se explica que el hacinamiento estudiantil es tal que se estima que a cada alumno le corresponde un espacio de movilidad de 0.78 metros cuadrados, el espacio inferior al que registra el hacinamiento de algunas cárceles.
Aun cuando las oficialías de partes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados no supieron explicar la cantidad de peticiones recibidas por los legisladores para gestionar fondos para ampliar espacios educativos en los estados de Puebla, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, padres de familia y maestros estiman que han sido cientos de oficios dirigidos a sus legisladores en los últimos cinco meses, sin tener respuesta alguna a sus reclamos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
