El abogado René Sánchez Galindo de la Colectividad del Maíz, conjunto de organizaciones y expertos que interpusieron una demanda para detener la siembra del maíz transgénico hace dos años, señaló que varios documentos no llegaron al tribunal de apelación, instancia que deberá decidir si se rechaza la decisión previa de un Juez de dar luz verde al maíz transgénico en México.
Si bien ya se había mandado a pedir el expediente completo en una primera ocasión, a finales de septiembre, nuevamente el Juzgado incumplió en mandar la documentación. “Esa vez faltaron tomos [del expediente], ahora faltaron anexos”, explicó el abogado.
Galindo acusó que entre los documentos faltantes estaba el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que declaró en marzo al glifosato, el plaguicida más común en el mundo, como cancerígeno.
Asimismo, “no llegó el anexo de la empresa Monsanto, donde reconoce que todas sus solicitudes de siembra de maíz transgénico van a utilizar glifosato, y tampoco llegó el estudio del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, donde reconoce que en los últimos diez años ha habido 89 casos de presencia ilícita de maíz transgénico, en terrenos de maíz nativo”, detalló.
Para solventar esta situación, la Colectividad del Maíz hizo un escrito al Magistrado del tribunal de apelación, para que éste vuelva a solicitar la documentación restante al Juzgado, que dirige el Juez Francisco Peñaloza Heras, quien antes resolvió dar luz verde al maíz transgénico, una decisión que se hubiera cumplido de no ser por la apelación de la Colectividad en agosto, forzando a que el futuro de la suspensión se resolviera en una instancia mayor, el Segundo Tribunal Unitario, que dirige el Magistrado Benjamín Soto Sánchez.
A la hora de buscar responsables por el envío reiterado de documentación incompleta, el abogado de la Colectividad insistió que estas diligencias no recaen sólo en el Juez Peñaloza Heras, sino en los funcionarios judiciales que trabajan bajo su orden.
“Es muy curioso porque habría que preguntar quién en el Juzgado integró esas copias. Ya entrando a detalle, ningún Juez se pone a sacar copias, hacer oficios, y después a integrar los expedientes. Sacan entre 100 y 150 acuerdos diarios, si es su responsabilidad supervisar, pero sería humanamente imposible revisarlo todo”, reconoció Galindo.
¿QUÉ SIGUE?
Dado que la demanda colectiva de las organizaciones argumenta que la siembra de esta semilla atenta contra la biodiversidad del maíz, será importante que se conceda la suspensión mientras se resuelve el juicio, de lo contrario el daño sería irreversible.
“El mejor ejemplo sería un juicio a alguien que puede ser fusilado. Se pide que se suspenda el fusilamiento mientras se lleva el juicio, de lo contrario ya qué sentido tendría que se llevara a acabo”, dijo Sánchez en declaraciones previas a este medio.
DAÑO A LA BIODIVERSIDAD
De tal suerte que las 59 especies nativas se perderían. Y las semillas campesinas pasarían a usurpar derechos de patente de grandes transnacionales.
“Esta cuestión tiene muchos niveles de impacto, uno de ellos, muy importante, es que las semillas serían controladas por un pequeño grupo de empresas como Monsanto, Syngenta y Dow Agrosciences, lo que estarían favoreciendo sus intereses económicos, más allá de buscar un interés en el bienestar de la gente”, dijo anteriormente a SinEmbargo, Sandra Laso Jácome, vocera de Greenpeace.
Asimismo, la organización ambiental Greenpeace ha advertido del daño que representa para la salud y el ambiente promover los transgénicos, ya que conllevan un uso exacerbado de plaguicidas.
En cuanto a la salud, Greenpeace advirtió: “Hemos publicado distintos documentos donde hablamos y comprobamos que el uso de estas semillas [transgénicas] no aumenta la producción de la siembra, tampoco genera una disminución en el uso de agrotóxicos. El más utilizado es el Glifosato, éste ha sido reclasificado como un probable cancerígeno, y sería el principal herbicida en este tipo de semillas”, dijo Jácome.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-10-2015/1534576
