Los delitos que se dicen fueron cometidos por los ahora encarcelados tuvieron lugar hace meses. Por lo visto el Ministerio Público averigua cuando quiere y concluye a la hora que se lo ordenan. El delito político de la acusación es motín, aunque en este caso se trata de manifestaciones a la entrada de una refinería de Pemex que no es una autoridad (el motín es una conducta tendiente a evitar el cumplimiento de la ley por parte de la autoridad). El motín no es un delito grave, pero la PGR ya lo declaró de esa manera.
Luego viene el robo pero de ejemplares de libros de texto gratuito, lo cual es algo absurdo. ¿Para qué robar algo que carece de precio en el mercado? Como todo es una puesta en escena, entonces aparecen otros delitos varios, pero jamás se afirma cuando fueron cometidos y de qué manera. El juez que concedió las órdenes de aprehensión será el mismo que declare la formal prisión (sujeción a proceso penal) y niegue la libertad bajo de fianza. Todo está ya resuelto.
Pero además de las patrañas antes referidas existe otra que no es menor: los acusados han sido conducidos a una cárcel de máxima seguridad, a la del Altiplano, en Almoloya, seguramente para volver a usar la celda que dejó vacía “El Chapo” Guzmán en su peliculesca huida. Pero esa clase de prisiones –se dijo antes y se dice ahora—funcionan para reos de la más alta peligrosidad acusados siempre del delito de delincuencia organizada. Ahora han sometido a la máxima seguridad a dirigentes sociales, uno de los cuales está acusado sólo de delitos del orden local de Oaxaca cuyo juez tendrá que enviar a su secretario hasta Almoloya para tomar la declaración preparatoria.
Esta puesta en escena nos está diciendo que el gobierno de Peña ya no tiene ningún límite para usar como antes se hacía todo el aparato de justicia y poner a ésta a su servicio político directo. La PGR no ha mejorado -por lo visto- sino que ha empeorado en estas últimas semanas. No es que esta forma de actuar sea nueva, sino que en los últimos años se había realizado con cierta cautela y sobre todo con enredos de tal manera que no fuera tan difícil negar el uso político de la justicia.
Con estas aprehensiones hemos regresado de lleno al descaro diazordacista. El secretario de Educación se ha referido a la conducta de los cuatro inculpados. El subprocurador federal ha dicho que se trata de personas contrarias a la reforma educativa (así llamada). Todos los periodistas del país dan cuenta del estrecho vínculo entre los procesos penales que se va a abrir y la actividad sindical y política de los acusados.
Se trata, sí, del uso de la prisión política como método político. El diálogo y las negociaciones se van a un plano secundario. Ante esto, el pronóstico es que en México habrá más violencia política procedente de todos lados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PABLO GÓMEZ (ANÁLISIS).
