El caso de Karla Pontigo llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, por unanimidad, en julio pasado, decidió atraerlo para verificar si el Ministerio Público cumplió con los estándares ya establecidos para investigar un feminicidio y verificar también si se cumplieron los estándares nacionales e internacionales para la atención a familiares de víctimas y el acceso a la justicia.

“El análisis que hará la Corte será en dos ámbitos muy importantes para la investigación de feminicidios y para la atención a víctimas en todo el país, no sólo en el caso de Karla, ayudará a sentar jurisprudencia”, explica el abogado Marco Barrera.

¿Accidente?

Karla tenía 22 años, había terminado las carreras de estilista y sistemas computacionales y estudiaba masaje terapéutico, que practicaba en un spa. En agosto del 2012 entró a trabajar como edecán a la discoteca Play.

Todos los domingos su hermano Fernando la recogía en la discoteca al salir del trabajo. Esa madrugada del día 28 de octubre él le llamó para avisarle que había llegado, pero no contestó. Los empleados no lo dejaron entrar al lugar hasta que escuchó que Karla había tenido un accidente y entró a la fuerza, llegó hasta el tercer piso —ahí estaba la cocina, la oficina del jefe y no había acceso a clientes— donde la encontró tirada en el piso, en un charco de sangre. Karla alcanzó a decirle sus últimas palabras: “Ayúdame”, después fue trasladada al hospital por paramédicos.

Esperanza Lucciotto, mamá de Karla, recuerda que al hospital su hija llegó inconsciente y de inmediato fue sometida a una operación para amputarle una pierna por la profundidad de una lesión. Karla murió a las 1:15 horas del lunes.

“Cuando llegué al hospital pedí explicaciones, nadie me decía nada, pasaban los segundos, las horas y nadie me decía nada, sólo ‘está estable’. Luego me dijeron que tenían que operar de emergencia por la herida en su pierna, un médico del hospital, el que la operó, me dijo que había sido herida con un arma punzocortante porque le había cercenado hasta el hueso”, recuerda la señora Esperanza.

Cuando Karla murió, los doctores le dijeron a Esperanza que Karla era candidata a donar órganos.

El abogado Barrera explica que el Ministerio Público llegó al hospital para insistir y presionar que aceptaran la donación de los órganos de su hija, a pesar de que ella y su esposo insistían en querer presentar una denuncia por homicidio.

“Querían sepultar cualquier posibilidad futura de revivir el caso”, dice el abogado Barrera.

Durante varios meses la familia intentó aportar pruebas y acceder a la averiguación previa, pero no se lo permitieron. Cuando lograron revisar el documento, gracias a un juicio de amparo, encontraron irregularidades. La historia creada ahí, dice el abogado Barrera, fue que Karla corrió en la noche a oscuras por su mochila que dejó en la oficina del dueño, que no vio la puerta de 6 centímetros de espesor, que se estrelló con ella y murió.

En abril del año 2013, la PGJ de San Luis Potosí exhumó el cuerpo de Karla, a la familia le avisaron 5 horas antes y no accedió a los resultados. La Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato aportó una valoración, que determinó que Karla no murió en un accidente, como decían las autoridades locales.

En la revisión del cuerpo y del expediente, se encontraron 39 lesiones, la más grande de quince centímetros en la cabeza, la de la pierna y otras que se pueden considera defensivas, palmas de la mano, a hombros antebrazo, cuello, punzo cortantes y tiene heridas de índole sexual interior y exterior vaginal.

“La forense de Guanajuato le dice a la de San Luis Potosí que la muerte de Karla no pudo ocurrir por accidente, pues es imposible que habiendo chocado con una superficie plana, tuviera heridas en zonas cóncavas como el cuello, las partes genitales. Si hubiera sido así, tendría heridas en la frente, en la nariz, en las rodillas o las manos”, explicó Marco Barrera.

Investigación alterada ante la Corte

Entre los errores de la PGJ de San Luis, además de llegar 38.5 horas después de la muerte, está el no preservar la escena de la muerte, el no investigar el acoso laboral que Karla sufría por parte de su jefe Jorge Pedro Vasilakos Reyes, que ella denunciaba incluso en Facebook, no indagar las heridas que pudieron ser intencionadas, no permitir a la familia de la víctima aportar pruebas ni acceder a la averiguación previa.

Este es el segundo caso de un probable feminicidio que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el primero es el de Mariana Lima que fue asesinada por su esposo, un policía federal, en el Estado de México.

“Este caso le permitirá a la Suprema Corte seguir desarrollando su jurisprudencia sobre los protocolos que el Ministerio Público debe atender al investigar un caso de feminicidio y decidirá hasta dónde llega la protección para las víctimas cuando se violan derechos humanos en la etapa de la investigación”, señala un escrito de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho que coadyuva la defensa de la familia de Karla.

La SCJN decidirá en su discusión, que aún no tiene fecha, si la PGJ de San Luis Potosí debe abrir una nueva investigación y hacerlo con los estándares de feminicidio.

La señora Lucciotto reconoce que el logro de su familia servirá para que muchas víctimas no sean ignoradas cuando se investiguen crímenes, y no se viole su derecho a la justicia, la verdad y la reparación integral.

“Para nosotros ha sido una batalla muy dura. Al dolor hay que cargarle además la impunidad. No es justo que las muchachas en edad de ir a una disco, quieran ir y nomás porque le gusta a un hombre él cree que tiene derecho a hacer lo que quiera. No, que sepan los que las lastiman que también serán castigados, que no tienen el poder de hacer y deshacer a quien quieran”.